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Proceso No 29207
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado ponente
AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN
Aprobado acta No. 28.
Bogotá, D.C., febrero trece (13) de dos mil ocho (2008).
VISTOS:
Se pronuncia la Sala en relación con el impedimento manifestado por la doctora Betty María del Pilar Lima Azuero, Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, para conocer de la apelación del auto en virtud del cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Rionegro, negó la exclusión de un elemento material probatorio dentro del proceso que se adelanta contra Juan Camilo Cano Guerra, acusado de la conducta punible de homicidio agravado.
ANTECEDENTES:
1. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Ceja con funciones de control de garantías, ante solicitud presentada por la Fiscalía 41, impartió la legalización de la captura de Cano Guerra, así mismo, le formuló imputación como presunto coautor del delito de homicidio agravado, cargos frente a los cuales el imputado no se allanó; en la misma audiencia preliminar se solicitó imponerle medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión, petición que fue acogida por parte del juzgado.
2. La mencionada Fiscalía el 16 de agosto de 2007, presentó escrito de acusación contra el indiciado, como coautor de homicidio agravado, artículos 103 y 104.4.6.7 del Código Penal, modificados por el artículo 14 Ley 890 de 2004.
3. El Juez Segundo Penal del Circuito de Rionegro, quien fue trasladado transitoriamente al municipio de La Ceja ante impedimento de la Juez Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esa localidad, asumió el trámite del juicio y llevó a cabo la audiencia de acusación al igual que la preparatoria, celebrada esta última el 23 de octubre de 2007, diligencia en la que se concedió el recurso de apelación instaurado por el defensor contra el auto que negó la exclusión de un elemento material probatorio presentado por la fiscalía, por tanto, se suspendió la audiencia y se dispuso el envío del proceso al Tribunal Superior de Antioquia, Sala de Decisión Penal, para que definiera el recurso interpuesto.
4. Al arribar el proceso a la Sala Penal del Tribunal Superior mencionado, las Magistradas Yacira Elena Palacio Obando y Nancy Ávila de Miranda expresaron la imposibilidad de integrar la Sala correspondiente, por hallarse incursas en la causal de impedimento de que trata el numeral 4° del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, al haber manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso, impedimento declarado fundado por esta corporación en auto del 23 de enero de 2008, radicación 28907.
5. El doctor Edilberto Antonio Arenas Correa, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia por auto del 31 de enero siguiente llamó a la doctora Betty María del Pilar Lima Azuero, para conformar la nueva Sala de Decisión.
La doctora Lima Azuero en proveído del 1° de febrero de 2008 expresó encontrarse incursa en la causal de impedimento prevista en el numeral 4° del artículo 56 de la ley 906 de 2004, porque al igual que las Magistradas Yacira Elena Palacio Obando y Nancy Ávila de Miranda, como integrantes de la Sala de Decisión que le correspondió conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto contra el auto en virtud el cual el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Rionegro, denegó la exclusión de un elemento material probatorio en la actuación que se adelanta contra Luz Ángela Zapata Hernández, también acusada como coautora del delito de homicidio agravado en su compañero permanente Darío de Jesús Restrepo Fernández, estima hallarse impedida para resolver la impugnación en cuestión, por haber manifestado opinión sobre el asunto materia de la apelación en el asunto que aquí se sigue contra Juan Camilo Cano Guerra.
Por lo anterior, dispuso el envío de la actuación a esta Sala de la Corte para que se resuelva el impedimento planteado.
CONSIDERACIONES DE LA SALA:
1. De acuerdo con lo previsto en los artículos 57 y 341 de la ley 906 de 2004, esta Corporación es competente para resolver el impedimento propuesto por tratarse de un proceso adelantado bajo el trámite del sistema penal acusatorio y por corresponder a la manifestación que hace una Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia.
2. Las instituciones de los impedimentos y las recusaciones están fijadas constitucional y legalmente para la preservación y defensa del derecho a ser juzgado por funcionarios imparciales, alcanzando la categoría de derecho fundamental porque hace parte del derecho a un proceso con todas las garantías y previsto así mismo en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos como en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de New York.
3. En esta materia rige el principio de taxatividad según el cual solo constituye motivo de excusa o de recusación aquel que de manera expresa se señala en la ley, lo que hace exclusión de la analogía, además que a los jueces les está vedado separarse por su propia voluntad de sus funciones jurisdiccionales y a los sujetos procesales no les está permitido escoger a su arbitrio la persona del juez, de manera que las causas que dan lugar a separar del conocimiento de un determinado asunto a un funcionario judicial no pueden deducirse por similitud ni ser objeto de interpretaciones subjetivas, en tanto se trata de reglas de garantía de la independencia judicial y de vigencia del principio de imparcialidad del juez.
4. Este axioma -o derecho a un tribunal imparcial- derivado de los artículos 209 y 13 de la Constitución Política en cuanto la función pública de administrar justicia así lo reclama lo mismo que el trato igual para todas las personas de parte de las autoridades, se ha concebido como esencial del debido proceso en el sentido que junto a dos partes parciales, tiene que existir un tercero imparcial, extraño a la causa y ajeno a las posiciones de intereses de ellas -el juez-, principio de alcance general puesto que tiene aplicación en todos los tipos de procesos y sistemáticas procesales1.
5. La causal de impedimento invocada en el presente caso, está prevista en el artículo 56 numeral 4° del Código de Procedimiento Penal, en los siguientes términos:
Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso. (Se subraya)
6. Le asiste razón a la doctora Betty María del Pilar Lima Azuero al considerar estar incursa en la causal de impedimento que se acaba de evocar, por las mismas razones expuestas por sus compañeras de Sala de Decisión doctoras Yacira Elena Palacio Obando y Nancy Ávila de Miranda, manifestaciones que fueran aceptadas por esta Sala bajo los siguientes argumentos que aquí cobran actualidad y se reiteran:
Para el caso en estudio se tiene que las Magistradas que manifiestan el impedimento se pronunciaron sobre el mismo asunto al resolver un recurso de apelación presentado por la Fiscalía en el proceso que se adelanta en el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Rionegro contra Luz Ángela Zapata Hernández, compañera del occiso Darío de Jesús Restrepo, al decidir en audiencia celebrada el 26 de septiembre de 2007, confirmar el auto que excluyó el documento llamado sábana link, que como en este caso, pretendió introducirse a través del testimonio del investigador Jorge Eduardo Macías Álvarez, quien efectuó el seguimiento de contactos entre líneas telefónicas, determinación en la cual las integrantes de la Sala mantuvieron la exclusión de la sábana aportada, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 29 de la Constitución Nacional, 14, 244, 23 y 360 de la Ley 906 de 2004, en concordancia con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C- 336 de 2007, bajo el entendido que si bien es cierto que la Fiscalía estaba autorizada legalmente para obtener del celular de la víctima datos relacionados con llamadas entrantes y salientes, no lo estaba para realizar los análisis cruzados que surgieren de esa información, pues en tal evento se configuraba el supuesto contemplado en el artículo 244, inciso 2°, del Procedimiento Penal de 2004, que requería autorización previa del fiscal investigador y control de su legalidad por el juez de garantías.
(…) La circunstancia de actuar ahora como Magistradas del Tribunal Superior e integrar la Sala de Decisión que ha de definir el recurso de apelación del auto que no excluyó el citado documento denominado sábana link para ser presentado como prueba a través del ya mencionado testigo y que en esta oportunidad fuera impugnado por la defensa del acusado, precisándose que a Luz Ángela Zapata Hernández se le acusa de ser coautora del mismo delito que se le imputa a Juan Camilo Cano Guerra, configura de manera objetiva e inequívoca la causal impeditiva puesta de manifiesto, pues es sumamente claro que sobre el punto ya manifestaron su opinión en la actuación que se adelanta contra la compañera sentimental del occiso.
(…) En esa oportunidad con argumentos constitucionales, legales y jurisprudenciales, de manera razonable y adecuada dejaron expuesta su posición respecto de por qué debía ser excluido el mentado documento y no ser incorporado como prueba en el juicio oral, por ello, resulta conveniente que se separen del conocimiento del asunto cuando se trata de decidir si el mencionado documento en este proceso no ha de ser objeto de exclusión.
(…) Y, ello debe ser así, para salvaguardar la imparcialidad que deben observar los funcionarios judiciales, protegiéndose de contera el interés del conglomerado social para que se administre una recta justicia.2
A mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE:
1. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por la doctora Betty María del Pilar Lima Azuero, Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, para conocer del recurso de apelación interpuesto y sustentado por el defensor de Juan Camilo Cano Guerra, contra el auto proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Rionegro (Antioquia), que denegó la exclusión de un medio de prueba.
2. ADVERTIR que contra la presente providencia no proceden recursos.
Cópiese, devuélvase la actuación al Tribunal de origen y cúmplase.
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
Permiso
JAVIER ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 Art. 73, Ley 94 de 1938; art. 78, Decreto 409 de 1971; art. 103, Decreto 050 de 1987; art. 103,
Decreto 2700 de 1991, modificado por el art. 15 de la Ley 81 de 1993; art. 99, Ley 600 de 2000; y art. 56, Ley 906 de 2004. Y, provs. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, 20 de agosto de 1992, rad. 5044, 23 de marzo de 2000, rad. 14536, 8 de noviembre de 2000, rad. 14078, 7 de mayo de 2002, rad. 19300, 18 de febrero de 2004, rad. 21921, 16 de marzo de 2005, rad. 23374, 30 de noviembre de 2006, rad. 26453, entre otras.
2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Auto enero 28 de 2008, rad. 28907.