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Proceso No 25724
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
MAGISTRADO PONENTE
ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
Aprobado: Acta No. 119
Bogotá, D. C., diecinueve de octubre de dos mil seis (2006).
MOTIVO DE LA DECISIÓN
Mediante sentencia del 14 de diciembre del 2005, el Juzgado 28 Penal del Circuito de Bogotá declaró al señor Jorge Efraín Berdugo Barragán penalmente responsable de la conducta de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir agravada. Le impuso 59 meses de prisión y de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y le negó la condena de ejecución condicional y la prisión domiciliaria.
El fallo fue recurrido por el defensor, con la pretensión de que la sanción fuera reducida y concedida la prisión domiciliaria.
0El 17 de febrero del 2006, el Tribunal Superior de la misma ciudad ratificó la decisión.
El nuevo apoderado del acusado acudió a la casación, que fue otorgada.
Por medio de auto del 3 de agosto anterior, la Corte admitió el segundo cargo y, a pesar de que el casacionista estaba deslegitimado en relación con el primero pues el tema no lo discutió en las instancias, se dispuso la superación de los defectos técnicos, para que la Sala se pronunciara en relación con los incrementos punitivos de la Ley 890 del 2004.
Escuchadas las partes que comparecieron a la audiencia de sustentación, la Corte resuelve de fondo.
HECHOS
En horas de la mañana del 17 de febrero del 2005, la joven Claudia Lorena Berdugo Páez, de 18 años de edad, salió a cumplir una cita previamente convenida con José Efraín Berdugo Barragán, médico cirujano de 52 años, a quien siempre ha tenido como su progenitor1
, con el fin de realizar varias diligencias.
Hicieron algunos recorridos en el vehículo del doctor Berdugo Barragán, en cuyo transcurso éste le insistió en que la notaba enferma, a pesar de que con anterioridad la joven se encontraba en buen estado de salud y así se sentía.
Para aliviar el supuesto malestar, el médico le suministró una pastilla, que la adormeció un poco. Le hizo saber que posiblemente se hallaba embarazada, no obstante que Claudia Lorena nada le había dicho al respecto. Pero con esa premisa, el galeno le afirmó que la iba a examinar, se detuvo en una farmacia, hizo algunas compras y luego la inyectó en dos oportunidades.
La joven perdió el sentido y cuando lo recobró constató que en compañía de su “padre” se encontraba en un motel, en las afueras de Fontibón (Bogotá), con rasgos evidentes de haber sido accedida carnalmente por éste.
ACTUACIÓN PROCESAL
Previa solicitud de la fiscalía, el 23 de mayo del 2005 el Juez 3° Penal Municipal de Bogotá ordenó la captura del indiciado, que se hizo efectiva el 16 de junio siguiente.
Con fundamento en las previsiones del nuevo Código de Procedimiento Penal -Ley 906 del 2004-, el 16 de junio el Juez 33 Penal Municipal, en función de Control de Garantías, realizó audiencia preliminar de legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento.
La fiscalía formuló cargos por la conducta punible de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir, prevista en el artículo 210 del Código Penal, con la circunstancia de agravación establecida en el numeral 2° del artículo 211, porque la víctima tenía la condición de hija del imputado, hecho que condujo a que depositara su confianza en éste. Por inconformidad del doctor Berdugo Barragán y con la intervención del juez, se aclaró que se deducía por la relación existente y no por el parentesco.
Previa intervención del defensor de confianza, explicaciones del juez, y un receso, el imputado, con la asistencia del letrado, aceptó los cargos de manera libre y voluntaria, esto es, se allanó a ellos.
En la misma audiencia, el juez impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, que sustituyó por domiciliaria.
Con fundamento en lo anterior, el 11 de julio del mismo año la fiscalía presentó escrito de acusación ante el Juez de Conocimiento.
En audiencia realizada en el Juzgado 28 Penal del Circuito, la fiscalía postuló su retractación del acto de allanamiento, porque se había equivocado en la tipificación de la conducta.
El juez decidió negativamente, determinación que, recurrida, fue ratificada por el Tribunal Superior el 27 de septiembre.
Luego fueron proferidas las sentencias ya indicadas.
LA DEMANDA
El impugnante formula dos cargos. Así los desarrolla:
Primero: causal primera. Violación directa del artículo 14 de la Ley 890 del 2004 y del principio de favorabilidad, toda vez que de conformidad con la sentencia T-091 del 2006, emanada de la Corte Constitucional, los aumentos punitivos previstos en esa norma fueron establecidos exclusivamente para cuando la fiscalía y el imputado llegan a un acuerdo, más no para los casos de allanamiento a los cargos, como sucedió en el presente evento.
Concluye que, sin la agravación señalada, la pena imponible al procesado sería de 42 meses. Solicita a la Corte que decida de esa manera.
Segundo (subsidiario). Causal primera. Violación directa de los artículos 310, 311 y 314 del Código de Procedimiento Penal, porque el Tribunal negó la sustitución de la detención preventiva por la domiciliaria con argumentos especulativos sobre hechos futuros, que nadie puede predecir, relacionados con la posibilidad de que en el devenir el procesado pudiera atentar contra la comunidad.
Afirma que tratándose de un delincuente ocasional, sin antecedentes penales, es viable el reemplazo. Agrega que no es aplicable un antecedente de la Corte referido a que no es aconsejable la concesión del sustituto frente a delitos sexuales, pues en ese entonces se trataba de un niño, mientras en el asunto analizado la víctima es mayor de edad.
Pide se case la sentencia para que se cambie la prisión intramuros por la domiciliaria.
LA AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN
1. El defensor se remite a los cargos de la demanda.
2. El delegado especial de la fiscalía pide no acceder a las pretensiones del demandante, con base en las siguientes razones:
Primer cargo.
Hace un recuento de la normatividad aplicable y de varias decisiones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, para concluir que el allanamiento a los cargos es una forma de acuerdo.
Explica que la sentencia T-091 sólo surte efectos inter partes y, por tanto, no es admisible en este asunto, además de que lo allí resuelto se relacionaba con la aplicación favorable del artículo 351 de la Ley 906 del 2004, de tal forma que lo relativo a la Ley 890 del mismo año no formaba parte del “tema de decisión”, por lo cual solo se debe considerar como una “obiter dicta” no vinculante.
Añade que la interpretación de la Sala de Revisión resultaría discriminatoria porque a la persona que se allane a los cargos no se le efectuaría el aumento, al paso que a quien negocia con la fiscalía, sí.
Afirma que la Ley 890 del 2004 es general, esto es, aplicable a todos los hechos cometidos luego del 1° de enero del 2005.
Segundo cargo.
Se remite a la providencia del 1° de junio del 2006, emitida por la Corte, que concluyó que la Ley 906 del 2004 no modificó el artículo 38 del Código Penal, que regla las exigencias para otorgar la prisión domiciliaria, que es diferente a la detención domiciliaria, y que es viable si el mínimo legal del delito no excede de 5 años, tope superado en este caso, como acertadamente dedujo el juez A quo. Culmina diciendo que el Tribunal acertó en cuanto la gravedad de la conducta impedía su concesión por el factor subjetivo.
3. La señora Procuradora 3ª Delegada para la Casación Penal realiza similar pedido. Afirma:
Primer cargo.
Con el artículo 14 de la Ley 906 del 2004 el legislador quiso, con un aumento generalizado de las penas, motivar la negociación para evitar un desgaste de la justicia. Por tanto, la norma tiene carácter general y es aplicable tanto para allanamientos como para acuerdos.
Comparte los criterios de la fiscalía respecto de la sentencia de tutela.
Segundo cargo.
En providencia del 3 de agosto del 2006, la Sala se pronunció en relación con la necesidad de considerar el elemento objetivo del artículo 38 del Código Penal, pero es necesario insistir, porque los jueces consideran que la Ley 906 del 2004 derogó esa norma.
Tratándose del numeral 1° del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal se debe considerar el requisito punitivo del artículo 38 de la Ley 599 del 2000, pero en los restantes no hay lugar a verificar ningún monto.
Considera oportuno que la Corte se pronuncie sobre la retractación de la fiscalía cuando quiso agregar un segundo delito (incesto) al inicialmente imputado. La Sala debe precisar, agrega, aquellos supuestos en donde se presenta un concurso ideal (un solo acto que genera dos delitos) y la fiscalía solo imputa un comportamiento.
4. El representante de la víctima no se pronunció.
CONSIDERACIONES
La Sala no casará la sentencia impugnada por los siguientes motivos:
Sobre el interés jurídico del demandante.
En principio, como bien se dijo en el auto del pasado 3 de agosto proferido por la Corte, el defensor se encuentra deslegitimado, carece de interés para reclamar en sede de casación la disminución de la pena deducida por las instancias, con el argumento de la aplicación indebida de los incrementos de la Ley 890 del 2004.
En efecto, cuando fue dosificada la sanción no hizo reclamo alguno ante los jueces. Así, no tiene interés en la causa por la que aboga, porque si en esencia el recurso de casación es un juicio contra la sentencia del Tribunal, en la medida de su ilegalidad, mal se le puede acusar de incurrir en irregularidad sobre un asunto que no le fue propuesto.
Al sustentar las razones de la impugnación interpuesta contra el fallo de primera instancia, si bien el defensor razonó sobre la posibilidad de que el castigo fuera menor, ni tácita ni expresamente hizo alusión alguna a la inaplicabilidad de los incrementos de la normatividad señalada.
Además, se observa que al procesado y a su defensor expresamente les fue puesto de presente el aumento punitivo aludido, y prevalido de ese conocimiento, el primero, con la asistencia del togado, voluntariamente se allanó a los cargos así expuestos.
En la audiencia de formulación de la imputación, la fiscalía formuló el cargo por la conducta punible de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir, que ubicó en el artículo 210 de la Ley 599 del 2000.
Si bien no se refirió expresamente al artículo 14 de la Ley 890 del 2004, lo cierto es que el acusador precisó que en el caso del artículo 210 la pena imponible discurría entre 5 años y 4 meses y 12 años, montos que solamente se explican si se tiene en cuenta el artículo 14 de la Ley 890 del 2004, pues sin ellos esos límites serían 4 y 8 años.
Si el imputado, con la concurrencia de su defensor, se allanó a los cargos hechos, es claro que admitió la punibilidad deducible de los topes -5 años y 4 meses a 12 años-, así no se hubiera citado el artículo 14 de la ley citada.
Se concluye, entonces, que su pretensión ahora es ilegítima y que, por ilación, se busca simplemente una retractación, por supuesto inadmisible.
Sin embargo, como desde el pasado 3 de agosto se anunció, la Corte se ocupará del fondo del asunto.
Sobre los incrementos punitivos de la Ley 890 del 2004
Los aumentos sancionatorios establecidos en la ley 890 del 2004 cobijan tanto a los allanamientos como a los acuerdos. Las razones de la afirmación son las siguientes:
1. El artículo 14 de la Ley 890 del 7 de julio del 2004 (Diario Oficial número 45.602), dice:
Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la presente ley. Los artículos 230 A, 442, 444, 444 A, 453, 454 A, 454 B y 454 C del Código Penal tendrán la pena indicada en esta ley.
El carácter general de la disposición, “Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal”, dimana de su propia redacción. De su gramática y de su letra se desprende que no fue pensada y confeccionada para regular algunos casos –los de negociaciones-, dejando por fuera otros –los de allanamiento a los cargos imputados-, sino para todas aquellas conductas que, por razón de la temporalidad determinada por el constituyente y el legislador, se deben regir, para su investigación y juzgamiento, por el nuevo Código de Procedimiento Penal, implementado por la Ley 906 del 2004.
2. Se afirma que como una Sala de Revisión de la Corte Constitucional en su sentencia de tutela 091 del 10 de febrero del 2006 distinguió entre acuerdos y allanamientos para decir que en los primeros había negociación entre la fiscalía y el imputado, mientras en los segundos la persona simplemente se acogía a los cargos imputados, el incremento de la ley 890 del 2004 se circunscribe a los acuerdos y excluye los allanamientos. Se parte, entonces, de que la intención del legislador fue la de forzar al autor de la infracción a pactar con el acusador la admisión de responsabilidad, lo que no sucede en materia de allanamientos.
Sobre este punto, la Sala precisa:
a) De los antecedentes legislativos del nuevo Código de Procedimiento Penal resulta que los significativos aumentos punitivos no estuvieron signados exclusivamente por la finalidad de forzar las negociaciones, sino también por el ánimo de incentivar al responsable de la conducta punible a colaborar con la administración de justicia. Y como es evidente, el allanamiento es una nítida postura de cooperación, que, así, se enmarca dentro de los lineamientos que inspiraron el artículo 14 de la Ley 890 del 2004.
b) El fallo de la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, como atinadamente lo ponen de presente los delegados de la fiscalía y del Ministerio Público, exclusivamente surte efectos inter partes. Además, si eventualmente pudiera ser considerado como parámetro de orientación en las decisiones de tutela de los jueces, se referiría única y exclusivamente a la aplicación favorable del artículo 351 de la Ley 906 del 2004 a aquellos asuntos no cobijados por su vigencia, toda vez que fue ese, y no otro, el asunto demandado y que correspondía resolver al juez del amparo.
En esas condiciones, temas diversos, como el de la vigencia del artículo 14 de la Ley 890 del 2004, que no constituían el objeto de la decisión, sólo conforman razones que no vinculan ni siquiera a las partes involucradas en esa acción constitucional.
3. Como está definido, la ley 890 del 2004 es una norma amplia, que no particulariza sobre el punto, que ha nacido para efectos de la adecuación del nuevo régimen procesal y que no establece excepciones, salvo las de los artículos 3º, en materia de cuartos punitivos, y 15, que excluye de vigencia inmediata la mayor parte de sus disposiciones.
Si en el tema preciso que convoca la atención de la Sala, las dos normas, es decir, las leyes 890 y 906 del 2004, son mutuamente referentes, y la primera no hace excepciones respecto de la segunda, es claro, con la tradición, que el intérprete no puede confeccionar distinciones ni crear situaciones exceptivas. Y recuérdese que tanto las diferenciaciones, como las excepciones, tienen que estar manifiesta y expresamente fijadas por el legislador. Es claro, entonces, que no es jurídico afirmar que los incrementos punitivos de la ley 890 del 2004 apuntan solamente a las hipótesis de acuerdos y que se alejan radicalmente de las aceptaciones de cargos o allanamientos.
Sobre la prisión domiciliaria
1. El juez de primera instancia negó la sustitución de la prisión intramuros por la domiciliaria, con base en que lo impedía la exigencia objetiva prevista en el artículo 38.1 del Código Penal, de acuerdo con la cual el subrogado es posible si la pena mínima prevista en la ley es de 5 o menos años.
El defensor apeló esa determinación. Consideró que como la pena impuesta no superaba los 5 años de prisión, el acusado era padre cabeza de familia y no representaba un peligro para la comunidad ni para la víctima, era procedente la sustitución.
El Tribunal ratificó la decisión del A quo, porque el “elemento subjetivo” tornaba aconsejable que la sanción se cumpliera en un centro carcelario. Agregó que el artículo 461 del Código de Procedimiento Penal modificó el artículo 38 del Código Penal y que, por tanto, en la actualidad no existía parámetro punitivo para otorgar la prisión domiciliaria.
2. Dígase, en principio, que el cargo no puede prosperar, pues el casacionista no lo demostró. Nótese que las dos sentencias, que son coincidentes en el tema, y que, por ende, conforman una unidad inescindible, no incurrieron en el yerro denunciado. Súmese que si se hubiera caído en equívoco, la defensa no habría desvirtuado los demás argumentos con fundamento en los cuales se negó el derecho, y como ellos, los no contrarrestados, soportan con suficiencia la decisión, el yerro sería manifiestamente intrascendente.
3. El funcionario judicial de primera instancia explicó el potencial peligro que para la víctima podía representar que quien le causó daño, precisamente la persona que siempre había considerado como su padre, cumpliera la pena en la residencia de éste, así fuera diversa de la de aquella. También se apoyó en la gravedad del hecho, motivo que no admite discusión, según la descripción que del suceso se hace en esta decisión y que, con su allanamiento, el procesado y su defensor aceptaron.
Añádase que el diagnóstico-pronóstico hecho por el juez, y prohijado por el Ad quem, no brotó de especulaciones. Se explicó precisamente con soporte en la manera como fue realizado el comportamiento, tal y como, de otra parte, fue aceptado por la parte defendida.
El Tribunal agregó las especiales condiciones de indefensión en que el acusado colocó a la víctima (a quien el mismo sindicado ha dado trato de hija), aspecto que válidamente puede ser tenido como indicativo de una conducta de particular gravedad, máxime que en este evento no fue considerado para su tipificación, porque la adecuación se realizó en el entendido de que la ofendida “estaba en incapacidad de resistir”, cuando la realidad de los hechos, admitida en el acto de allanamiento, enseña que la joven fue “puesta” en esa situación, asunto bien diferente y de mayor envergadura, sobre todo si a tal estado de postración fue llevada por el médico procesado, prevalido de su profesión, circunstancia que le permitió hacerse a una pastilla y a una inyección, que aplicó a su hija para que, precisamente, quedara en incapacidad de resistir.
Las especiales circunstancias en que se desarrolló la conducta permiten concluir en la improcedencia de la sustitución reclamada, pues, vale reiterar, como acertadamente recuerda el Tribunal, que
Una permanencia domiciliaria de quien es condenado por este tipo de acontecimientos innegablemente llevaría a pensar a la comunidad en el desamparo y, frente a las víctimas, la sensación de impunidad, sino porque un tratamiento benigno para el cumplimiento de pena le entregaría un mensaje de que no hay proporcionalidad entre la lesión del bien jurídico y sus consecuencias penales; además, de inseguridad en tanto que la prevención especial y la reinserción social, solo se hacen posibles mediante la detención intramural (Sentencia del 7 de septiembre del 2005, radicado 18.455).
4. No obstante lo anterior, la Corte se detiene en las aseveraciones del Ad quem, de acuerdo con las cuales el artículo 461 del Código de Procedimiento Penal derogó el presupuesto punitivo del artículo 38.1 del Código Penal.
Obsérvese.
4.1. Textualmente, el Tribunal dijo lo siguiente:
2. De la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión.
El instituto aquí enunciado, regulado en el artículo 38 de la ley 599 de 2000 –Código Penal-, se entiende que mediante la expedición del sistema de juzgamiento verbal o acusatorio (Ley 906 de 2004), fue modificado por los artículos 461 en concordancia con el 314, toda vez que no ha de tenerse en cuenta el aspecto objetivo de pena previsto para el delito por el que se procede, esto es, 5 años de prisión o menos, como tampoco el segundo o subjetivo que hace referencia al desempeño laboral, personal, familiar o social del sentenciado, que permitan al funcionario concluir razonadamente que este no evadirá el cumplimiento de la pena y que no colocará en peligro a la comunidad, pues ahora los nuevos presupuestos a los que se remite el artículo 461 de la ley 906 de 2004, son los consagrados en el artículo 314 ibídem, que para el caso en estudio se supeditan al numeral 1º.
Conforme se puede inferir y se reitera, en las precitadas normas no aparece el presupuesto objetivo o un límite mínimo de pena prevista para la conducta por la que se juzgó al acusado, pero sí corresponde evaluar el contenido del citado numeral 1º del artículo 314 que es del siguiente tenor:
“…la detención preventiva en establecimiento carcelario (pena de prisión para el caso) podrá (facultativo) sustituirse por la del lugar de residencia en los siguientes eventos: 1. Cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, aspecto que será evaluado por el Juez al momento de decidir su imposición” (resaltado del Tribunal.
Concretamente se tiene que las finalidades por las cuales se impone la restricción de la libertad se concretan en la necesidad de “evitar la obstrucción de la justicia, o asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas, o para el cumplimiento de la pena” (resaltado del Tribunal), por manera que no han de mirarse únicamente los fines de la pena como la prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado (art. 4º del C.P.), sino que el pronóstico debe estar fundado en la gravedad y las modalidades del injusto cometido, incluyendo este estudio la entidad del bien jurídico afectado, la magnitud del daño potencial o real causado con la conducta reprobada, acudiendo a las pautas de lesividad del hecho ejecutado y así determinar si merece la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la de su lugar de residencia.
4.2. La Sala2 ha afirmado la vigencia del artículo 38 del Código Penal en los siguientes términos:
En segundo lugar, como equipara sin ninguna explicación dos instituciones diferentes -la detención domiciliaria y la prisión domiciliaria- para reclamar se conceda la segunda con el lleno de los requisitos de la primera, las críticas que formula al Ad quem por no otorgarla se tornan infundadas.
En auto del 23 de febrero del 2006, radicado 24.082, si bien examinando un proceso tramitado al amparo de la Ley 600 del 2000, dijo la Sala sobre las diferencias entre la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria:
“[c]uando se estudia la procedencia de la segunda se aprecian, además de los requisitos legales y los fines legales y constitucionales de la medida, las exigencias del artículo 38 del Código Penal –por remisión del parágrafo del artículo 357 del Código de Procedimiento Penal- pero cuando se trata de la primera es indispensable valorar además de estas últimas”.
“[l]as funciones de la pena, de manera que la definición de cada asunto responda a la idea básica según la cual, al tiempo que se propenda por la resocialización del sentenciado, no se obstaculice la estabilidad del ordenamiento jurídico por la sensación de desprotección e incertidumbre que una errada decisión generaría en el entorno social”.3
Y señaló que esas diferencias se sustentan en que
“[c]uando se cambia de la posición de procesado a la de condenado, se produce también una variación en la naturaleza y finalidades de la privación de libertad, que de medida preventiva para asegurar el cumplimiento de los fines previstos en el artículo 355 del Código de Procedimiento Penal, se torna en pena cuya efectiva ejecución se condiciona al cumplimiento de las funciones señaladas en el artículo 4º del Código Penal”.
Quizás por ello el nuevo estatuto procesal no remite al Código Penal cuando regula la detención domiciliaria, eliminando el requisito objetivo de la cantidad de pena prevista para el delito y limitando la exigencia respecto de la causal general del numeral 1º del artículo 314 –precepto que consagra otros motivos de detención domiciliaria para situaciones específicas- a que el juez estime que la reclusión en el lugar de residencia sea suficiente para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento.
La prisión domiciliaria, en cambio, regida por el artículo 38 del Código Penal, sólo es viable cuando la pena mínima señalada para la conducta punible por la que se procede, no supere los 5 años de prisión (auto del 23 de marzo del 2006, radicado 24.927).
Posteriormente, en sentencia del 1° de junio del 2006 (radicado 24.764), explicó:
Ahora bien, como el defensor considera que la ley 906 de 2004 no fijó límite punitivo alguno como requisito de procedencia para la prisión domiciliaria, afirmación que, como lo advierte el Ministerio público, dejó huérfana de sustento, advierte la Sala frente a esta propuesta, que de ninguna manera la nueva normatividad procesal modificó el artículo 38 de la Ley 599 de 2000 sobre ese instituto, pues una cosa es la detención domiciliaria, que procede en el trámite del proceso, y otra, muy distinta, la prisión domiciliaria que procede para la ejecución de la pena.
Es cierto que en la sistemática de la Ley 906 de 2004, la detención domiciliaria no exige límite punitivo, como está consagrado en el artículo 314, norma que en verdad tiene efectos sustanciales favorables en la regulación de este específico instituto, como lo reconoció la Sala en proveído del 4 de mayo de 2005, Rdo. 23.567.
Este trato benévolo se entiende porque en la filosofía del sistema oral acusatorio el querer del legislador fue restringir el cumplimiento de la detención bajo el régimen carcelario, para privilegiar, de manera general, un régimen que no esté sujeto a la severidad de la reclusión intramural, la que tendrá lugar únicamente cuando se considere necesario para los fines estrictamente señalados en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004.
Pero, esa regla general que rige en el trámite procesal no puede extenderse a los casos donde el Estado después de destronar la presunción de inocencia, condena al cumplimiento de una pena privativa de la libertad, porque en tales eventos la aplicación de la medida debe responder a otros fines distintos a los señalados en el referido precepto instrumental, que no son otros que los fines específicos de la pena establecidos en el artículo 4º del Código Penal -Ley 599 de 2000-.
La observancia de esos fines en la aplicación de la pena, necesariamente deben armonizarse con las exigencias legales establecidas en el artículo 38 de la Ley 599 de 2000 para la prisión domiciliaria, como sustitutiva de la prisión, además de su requisito objetivo.
Es decir, en la sistemática del nuevo Código Procesal Penal, la detención domiciliaria responde a unos fines específicos, aquellos señalados en el citado artículo 314, distintos a los fines de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado, que se activan en el momento de la imposición de la pena de prisión, por lo que no puede entenderse reformado el artículo 38 del Código Penal por el citado artículo 314 de la Ley 906 de 2004.
Así, resulta imperioso entonces recordar el pronunciamiento de la Sala relacionado con el alcance de la expresión “conducta punible” inserta en el Art. 38-1 del C. Penal, al fijar el condicionamiento objetivo para la procedencia de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión intramuros o carcelaria, tema ampliamente discutido, entre otras decisiones, en las casaciones de 11 de febrero de 2004, Rad. 20.945; de 15 de septiembre de 2004, Rad.19.948; y 13 de abril de 2005, Rdo. 21.734; así como en sentencia de única instancia de 29 de junio de 2005.
“Las conclusiones a las que llegó la Corte en estas decisiones, son en síntesis las siguientes: (1) que la sanción a tener en cuenta no es la aplicable al procesado en el caso concreto, sino la prevista de manera abstracta para la conducta punible en el tipo penal respectivo; (2) que por conducta punible debe entenderse el comportamiento típico con las circunstancias genéricas y específicas que lo califican o privilegian, y que modifican los extremos punitivos establecidos en la norma; y (3) que las circunstancias que sean tenidas en cuenta para incrementar la pena, deben haber sido imputadas en la resolución de acusación.
“En relación con las circunstancias y modalidades conductuales concurrentes, que alteran los extremos punitivos de la conducta, y deben por tanto ser tenidas en cuenta como factores modificadores de la punibilidad abstracta, han sido señalados, entre otros, los dispositivos amplificadores del tipo (tentativa y complicidad), las modalidades de comportamiento previstas en la parte general del código (como la marginalidad, ignorancia o pobreza extremas; la ira e intenso dolor; el exceso en las causales de justificación), y las específicas de cada tipo penal en particular, que amplían o reducen su ámbito de punibilidad (como las previstas para el hurto en los artículos 241, 267 y 268 del Código Penal).
“En cambio, quedan por fuera todos aquellos factores que no guardan relación directa con la conducta punible, por no encontrarse vinculados con su ejecución, sino con actitudes postdelictuales del procesado, cuya concurrencia solo tiene la virtualidad de afectar la punibilidad en concreto, en cuanto operan sobre la pena ya individualizada, como por ejemplo la confesión, la reparación en los delitos contra el patrimonio económico, el reintegro en el peculado, la sentencia anticipada, o la retractación en el falso testimonio.
“En síntesis, por conducta punible para efectos de lo dispuesto en el artículo 38 numeral 1° del Código Penal, ha de entenderse la conducta propiamente dicha, con las circunstancias modales, temporales o espaciales que la califican o privilegian, o que de alguna manera los especifican, cuya concurrencia tiene la virtualidad de incidir en el ámbito de movilidad punitivo previsto por el legislador, en cuanto determina la variación de sus extremos mínimo y máximo, como ocurre con los dispositivos amplificadores del tipo, la atenuante de la ira o intenso dolor, y demás hipótesis relacionadas a manera de ejemplo.”4.
4.3. El artículo 461 del nuevo Código de Procedimiento Penal, ubicado dentro del Libro IV –Ejecución de sentencias-, Título I –Ejecución de penas y medidas de seguridad-, Capítulo I –ejecución de penas-, ha sido establecido para sustituir la materialización intramural de la sanción.
Los artículos 313 y 314 de la Ley 906 de 2004 están localizados en el Capítulo III –Medidas de aseguramiento-, del Título IV –Del régimen de la libertad y su restricción-, del Libro II del nuevo Código de Procedimiento Penal.
La prisión domiciliaria aparece en el artículo 38 del Código Penal, conformante del Capítulo I –De las penas, sus clases y efectos-, del Título IV –De las consecuencias jurídicas de la conducta punible-, del Libro I del Código Penal –Parte general-.
Es claro, entonces, que cada uno de esos institutos posee su propio ámbito y contenido.
La detención domiciliaria tiene que ver con el decurso del proceso; la prisión domiciliaria, con el proferimiento del fallo; y la sustitución de la pena, con la efectividad corporal de esta.
Se trata, entonces, de fenómenos jurídicos bien diversos, que cumplen funciones en diferentes momentos de la actuación procesal. Los requisitos, así, son particulares para cada uno de ellas, lo que implica que no puede haber incompatibilidad de la normativa de los dos primeros, o de alguno de ellos, con el tercero.
En casos como este, desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista temático, no es posible afirmar, entonces, que una norma modifique, subrogue, abrogue o derogue otra.
La sustitución de la pena, por tanto, no tiene el mismo escenario procesal ni la misma sustancia que la detención domiciliaria, ni que la prisión domiciliaria.
4.4. El artículo 461, bajo el título de “Sustitución de la ejecución de la pena”, dice:
El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad podrá ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario la sustitución de la ejecución de la pena, previa caución, en los mismos casos de la sustitución de la detención preventiva (Lo resaltado es ajeno al texto).
El artículo 314 regula la sustitución de la detención preventiva en desarrollo del proceso, que procede cuando sea suficiente frente a las finalidades de la medida de aseguramiento; el imputado o acusado sea mayor de 65 años, teniendo en cuenta su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito; la imputada o acusada esté próxima al alumbramiento o después del mismo; cuando el imputado o acusado padezca enfermedad grave; o cuando se esté ante imputado o acusado “madre cabeza de familia”.
La lógica más sana enseña, entonces, que partiendo de la fase correspondiente dentro de la actuación, la sustitución de la ejecución material de la pena, ya ejecutoriada la sentencia, es viable cuando se demuestra que :
a) El condenado tiene más de 65 años, según su personalidad y la gravedad y modalidades de la conducta.
b) A la condenada le faltan dos meses o menos para dar a luz.
c) El condenado o condenada sufre enfermedad grave.
d) Con posterioridad a la firmeza de la sentencia, el condenado o condenada adquiere el estatus de “madre cabeza de familia”.
De lo anterior emanan otras dos conclusiones:
a) Para otorgar o no la sustitución del artículo 461 del Código de Procedimiento Penal, no se tienen en cuenta las finalidades de la medida de aseguramiento, por evidente sustracción de materia, pues tal tema ya ha sido más que superado. Por esta razón, el juez de ejecución, cuando percibe la remisión que el artículo 461 hace al artículo 314, no debe atender el numeral 1º de este pues, se repite, su contenido sólo opera dentro del proceso –excluida la sentencia- y porque ya ha sido objeto de tratamiento, positiva o negativamente.
b) Tampoco se tienen en cuenta las finalidades de la pena, que ya han sido estimadas en el momento del fallo, sobre todo para efectos de su individualización.
c) No se puede observar el mínimo punitivo previsto en el tipo penal correspondiente, al que alude el artículo 38 del Código Penal, pues tal exigencia es propia y exclusiva del juez cuando, al dictar la sentencia, dedica su atención al reconocimiento o no de la prisión domiciliaria.
4.4. Lo expuesto obedece a la tradición legislativa del país. Bastan dos ejemplos, con retroceso leve: el artículo 507 del decreto 2700 de 1991 preveía la suspensión de la ejecución de la pena, en manos del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, en los mismos casos en que era posible la suspensión de la detención preventiva, y conforme con su artículo 407 esta procedía en los casos de mayoridad, gestación avanzada y grave enfermedad; y el decreto 0050 de 1987, que esencialmente aludía a lo mismo, como emana de sus artículos 613 y 432.
En síntesis, para otorgar la sustitución de la pena a que se refiere el artículo 461 del nuevo Código de Procedimiento Penal se miran exclusivamente las hipótesis relacionadas con la edad, la enfermedad grave, la gravidez y el estatus de “madre cabeza de familia”, todo ello surgido con posterioridad a la ejecutoria del fallo.
Como es obvio, si en las instancias no se ha resuelto nada sobre la prisión domiciliaria, el juez de ejecución está habilitado para hacerlo, siempre frente al artículo 38 del Código Penal, con las exigencias propias de esa institución, sin miramiento alguno del contenido de la sustitución de la prisión –artículo 461-, tema jurídico, se dijo, muy diferente.
Consideraciones finales.
En ejercicio de su labor pedagógica que como Tribunal de casación le ha sido asignada por los artículos 234 y 235 de la Constitución Política, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia estima necesario hacer las siguientes precisiones, que en modo alguno afectarán la decisión, porque los temas no fueron objeto del recurso extraordinario (principio de limitación) y porque debe acatar la prohibición de perjudicar al condenado, en su condición de impugnante único, según mandato del artículo 31 superior.
1. La sentencia de primera instancia valoró como pruebas para sustentar la decisión de condena, varias entrevistas y un informe científico logrados en la fase de indagación.
En el sistema de enjuiciamiento criminal implementado por la Ley 906 del 2004 es claro que solo pueden ser consideradas como pruebas y, por ende, servir de soporte a las providencias judiciales, aquellas que hayan sido debidamente presentadas y sometidas al debate en el juicio oral, pues en virtud del principio de inmediación, previsto en su artículo 379,
El Juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia… (Resalta la Sala).
En esas condiciones, en supuestos como el presente, en donde los cargos son aceptados en la audiencia de formulación de la imputación, evidentemente ningún medio de prueba se practica delante del juez, por la exclusión obvia del juicio oral. En esos eventos, en consecuencia, la sentencia puede fundamentarse en aquellos elementos recaudados por la fiscalía siempre que hayan sido incorporados legalmente a la actuación.
La situación irregular no incide en la resolución del conflicto, al extremo de generar la nulidad de lo actuado, porque la imputación de los cargos admitidos por el procesado, posición ésta que los jueces concluyeron fue legal en cuanto libre, espontánea y voluntaria, con la asistencia debida del defensor de confianza, era suficiente para proferir sentencia condenatoria (artículos 293 y 351).
2. El juez concluyó que la agravante del artículo 211.2 del Código Penal obedeció a que el acusado colocó en condiciones de incapacidad de resistir “a su propia hija”, deducción que denota poca diligencia de su parte, pues el asunto fue debatido en la audiencia de formulación de imputación y, finalmente, fiscalía y juez de garantías, con aceptación tácita de la parte defendida, dedujeron que la circunstancia de mayor punibilidad dimanaba no del parentesco, porque según se dijo era cuestionado en los estrados judiciales, sino del nexo existente, de la posición especial del procesado respecto de la víctima (siempre se han dado el trato de padre a hija), circunstancia que evidentemente permite que aquel tenga especial autoridad sobre ésta y que la última le deposite su confianza.
El yerro no genera consecuencia punitiva alguna, pues en los dos supuestos la sanción es la misma y el asunto no fue problematizado.
3. Existe una irregularidad de mayor gravedad: la fiscalía y los jueces, con la admisión de la parte defendida, tuvieron por probado que la comisión de la conducta delictiva comportó que el imputado, prevalido de su condición de médico cirujano, indujo a quien tenía por su hija a que se creyera enferma, le hizo tomar una pastilla y luego la inyectó por dos ocasiones haciéndole perder el conocimiento para, así, accederla carnalmente.
Una lectura desprevenida de los artículos 207 y 210 del Código Penal, permitía inferir, sin mayor esfuerzo intelectual, que aquellos acontecimientos se adecuaban a la primera disposición (obviada por los funcionarios) y no a la última (escogida por el fiscal y avalada por los jueces), como que aquella describe el acceso carnal cuando el agente activo “pone a la víctima en incapacidad de resistir”, en tanto que ésta define el acto cuando la víctima “está en incapacidad de resistir”.
La diferencia es clara: el artículo 207 sanciona las maniobras del agresor para llevar a la ofendida a ese estado de indefensión, en tanto que el 210 tiene que ver con la víctima que ya se encuentra en esa situación, es decir, que el victimario no influye en ella, pero la aprovecha.
Y si la fiscalía y los jueces dieron por probado el uso de una pastilla e inyecciones con las cuales el acusado puso en estado de inconciencia a su hija (conducta que el médico admitió), constituye una verdad indiscutible que la joven no estaba en esas circunstancias, sino que su padre la puso en ellas, esto es, que la conducta se tipificaba en el artículo 207, no en el 210.
La ligereza del sistema judicial para no observar lo evidente (máxime que al solicitar la audiencia de imputación, la fiscalía sí hizo referencia a la adecuación correcta), generó una relativa impunidad, porque con los aumentos del artículo 14 de la Ley 890 del 2004 y los previstos por la agravante del artículo 211.2, la conducta punible realmente cometida conlleva, sin el descuento de la mitad por el allanamiento a los cargos, una pena de prisión de 12 años, 2 meses y 20 días, a 33 años y 9 meses, en tanto que la escogida erradamente oscila entre 7 años y 10 días, y 18 años.
El descuido, que no puede ser enmendado en casación por respeto al artículo 31 de la Constitución Política, también debe ser cargado a los jueces, pues tratándose de su función de controlar la legalidad de los actos de allanamiento, su labor no puede ser la de simples observadores. Equivocadamente algunos juzgadores han entendido que esa tarea se limita a verificar que la aceptación del imputado sea libre, voluntaria y con la debida asistencia de su defensor, cuando por mandato legal se les impone el deber de velar por el respeto irrestricto a las garantías fundamentales (artículos 6° y 351, inciso 4°, del Código de Procedimiento Penal), dentro de las cuales, a no dudarlo, se encuentran las de la legalidad de los delitos y de las penas y de tipicidad estricta, principios protegidos como derechos constitucionales fundamentales por el artículo 29 de la Carta Política.
En el evento que ahora estudia la Corte no hubo acuerdo que permitiera la degradación de algún comportamiento, pero incluso en tales supuestos es deber de la fiscalía (y de los jueces en el control que ejercen) fundamentar en la formulación de la imputación o de la acusación, según sea del caso, probatoria y jurídicamente las razones para optar por una conducta punible y no por otra.
Y se hace esta aseveración porque la “justicia consensual, premial, pactada”, no puede ser adoptada a cualquier precio, dejando de lado la legislación sustantiva, que en modo alguno fue derogada por la Ley 906 del 2004.
Como es elemental, deben ser explicados con claridad los criterios que, como en este evento, conducen a tipificar la conducta lejos de la realidad, con el consiguiente mensaje de impunidad, al menos parcial, todo lo cual va en desmedro del nuevo esquema y olvida el mandato del artículo 348.2 del estatuto procesal, de acuerdo con el cual los mecanismos implementados deben conducir a “aprestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento”.
Algo similar sucede con el incesto, anunciado por la fiscalía en los formatos por medio de los cuales solicitó la audiencia para formular imputación, pues sin explicación alguna la descartó en la diligencia. Contraría todos los poderes con que cuenta el órgano investigador, en especial el relacionado con su facultad de indagar por tiempo ilimitado (el único tope es el de la prescripción), que no hubiera realizado los actos necesarios para dilucidar si el procesado era o no el padre de la víctima, como reza en un registro de nacimiento y surge del trato entre ellos; esto en el supuesto (porque nada se dijo) que esa hubiera sido la razón para no deducir ese delito.
4. Sobre la “retractación” que fallidamente intentó la fiscalía, la Sala no encuentra necesario un pronunciamiento, invocado por el Ministerio Público, pues la situación fue decidida definitivamente por los jueces de instancia y el asunto no fue postulado al juez de casación.
En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
No casar la sentencia impugnada.
Notifíquese y cúmplase.
Excusa justificada
MAURO SOLARTE PORTILLA
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN MARINA PULIDO DE BARÓN
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 El registro civil de nacimiento así lo acredita, pero existe un proceso judicial en curso, que cuestiona la paternidad.
2 Si bien desde una perspectiva diferente al argumento que hoy se trae.
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 17 de junio del 2003, radicado 18.684.
4 Sentencia de 31 de agosto de 2005, Rdo. 21.720.