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Proceso No 24448
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
MAGISTRADO PONENTE
AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN
Aprobado: Acta No.170
Bogotá, D. C., doce (12) de septiembre de dos mil siete (2007).
MOTIVO DE LA DECISIÓN
Mediante sentencia del 21 de octubre del 2003, el Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca absolvió al señor Luis Fernando Campuzano Vásquez de los cargos que la fiscalía le había formulado por el concurso de conductas punibles de pertenencia a grupos de sicarios, hoy concierto para delinquir agravado, y homicidios con fines terroristas.
El fallo fue recurrido por el apoderado de la parte civil y los delegados de la fiscalía y del Ministerio Público y ratificado por el Tribunal Superior del mismo distrito judicial el 28 de abril del 2005.
Los representantes de la parte civil y de la fiscalía interpusieron casación, que fue concedida.
Recibido el concepto de la señora Procuradora Segunda Delegada en lo Penal, la Sala resuelve de fondo.
HECHOS
1. Durante lustros, especialmente a partir de la década de los 80, cuando se inició la construcción del oleoducto Caño Limón-Coveñas, en la región del Catatumbo, de la frontera colombo-venezolana, hicieron presencia grupos insurgentes, inicialmente el denominado Ejército de Liberación Nacional, ELN, que posteriormente compartió el territorio con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, toda vez que el sector se convirtió en un corredor económico estratégico, por el paso de las vías del transporte de hidrocarburos y del río, la riqueza minera, y porque en los corregimientos de La Gabarra y El Tarra (Tibú, Norte de Santander) había florecido el cultivo de la hoja de coca y eran sitios que permitían el fácil acceso a Venezuela.
2. En el año 1999, de manera pública, el jefe de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Carlos Castaño Gil, anunció la llegada de un contingente de sus hombres, con la finalidad de “recuperar la zona” y dar muerte a todos los “colaboradores de la guerrilla”, amenaza que se concretó y desde entonces fueron frecuentes los asesinatos y la intimidación a la población, lo que desencadenó su desplazamiento, incluso hasta el país vecino. Igualmente avisó que incursionaría en La Gabarra.
3. Aproximadamente a las 8 de la noche del 21 de agosto de 1999, un número indeterminado de hombres armados, que se transportaban en vehículos, vestían prendas de uso restringido de las fuerzas armadas y uniformes azules y portaban insignias de las AUC, hicieron presencia en La Gabarra, por espacio aproximado de dos horas recorrieron sus calles, cantinas, billares, hoteles, residencias y, de manera selectiva, con lista en mano, causaron el deceso a cerca de 27 personas.
Como el grupo ilegal había hecho público su plan delictivo y varias entidades y autoridades denunciaron la previsible “toma” de La Gabarra, para proteger a la población y velar por el orden público había sido designado un contingente del Ejército Nacional al mando del entonces teniente Luis Fernando Campuzano Vásquez.
El oficial no salió en defensa de la ciudadanía, se quedó en la base militar y explicó que ello obedeció a que en el mismo momento en que ocurría la masacre, fue objeto de un ataque, que lo obligó a su defensa y le impidió dejar el lugar.
Sin embargo, varias personas afirmaron que tal acto agresivo no ocurrió o que fue simulado. También indicaron que previo a la incursión armada, el teniente había quitado el retén permanente que tenía instalado y omitido los controles normales, lo que habría permitido el ingreso de los delincuentes. Además, que había una connivencia previa y habitual de los militares con estos, a quienes se permitía su accionar en la región, con la instalación de retenes y patrullajes ilegales frecuentes, que no merecían reparo ni repulsa de la fuerza oficial.
Por esas circunstancias se dispuso la vinculación de Campuzano Vásquez.
Las víctimas respondían a los nombres de César Arturo Quintero, Evelio Quintero Suárez, Liznel Grimaldo Ortiz, Juan José Molina Barrera, Víctor Julio Muñoz Daza, José Benedicto Duarte Bermúdez, Lercer Vargas Alvis, Alfonso Mejía Bonilla, Orlando Morales Rodríguez, Humberto Quintero Santander, Eugenio Marín Bedoya, Elizabeth Umbarila Laguado, José Alfonso Cacua Garcés, John Jairo Romero Roa, Eulogio García Ruiz, Humberto Becerra, Gabriel Ángel Ortiz Rodríguez, José Joaquín Losada Espinosa, Yolanda Stella Sánchez, Alfonso Rojas Rozo, José Guillermo Serrato Hernández, Ramiro Rojas Medina, Pedro Cadena Peñalosa y cuatro hombres más sin identificar.
El 24 de agosto, una comisión interinstitucional, integrada por delegados de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, del Ministerio del Interior y de Justicia, de la Fiscalía General de la Nación, de La Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo y de una organización no gubernamental dio cuenta de un total de 29 víctimas: 21 en el área urbana y 8 en la vereda Caño Lapa, ubicada en el kilómetro 42.
ACTUACIÓN PROCESAL
Adelantada la investigación, el 28 de febrero del 2001 un delegado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación acusó al procesado como responsable del concurso de conductas de pertenencia a grupos de sicarios, previsto en el artículo 2° del Decreto 1194 de 1989, que fuera adoptado como legislación permanente mediante el artículo 6° del Decreto 2266 de 1991, y de múltiples homicidios con fines terroristas, descritos en los artículos 323 y 324 del Código Penal de 1980.
La decisión fue recurrida y ratificada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, el 6 de julio siguiente.
Luego fueron proferidas las sentencias ya indicadas.
LA ACUSACIÓN
Concluyó en la responsabilidad del procesado, con fundamento en las siguientes razones:
1. Las pruebas demostraron que en el corregimiento de La Gabarra desplegaron su actividad delictiva miembros de las AUC, que causaron múltiples asesinatos y terror en la población, que se vio obligada a desplazarse.
2. Los delincuentes actuaban de manera pública: realizaban retenes y patrullajes, y el Ejército, al mando del teniente Campuzano Vásquez, nada hizo por impedirlo.
3. Del testimonio de Héctor Quevedo Rangel surgía que miembros del Ejército coparticiparon en la acción violenta, porque cuando ésta comenzó, se encontraban en las calles. Además, que en horas del día militares y “paramilitares” patrullaban conjuntamente la zona, cuyos moradores así se lo contaron al testigo.
4. La religiosa María Aseneth Pineda y la señora Gloria Zulay Maldonado afirmaron que el Ejército ni siquiera requisaba a los “paramilitares”, que transitaban por el pueblo.
5. Era de público conocimiento que los delincuentes iban a actuar contra La Gabarra, que era centro de acopio de droga y había sido escenario de otras muertes, pero los militares, comandados por el procesado, nada hicieron por evitar el hecho.
6. Por oposición a lo que se esperaba, el procesado ordenó a la tropa refugiarse en la base a eso de las 7:30 de la noche, sin siquiera avisar a sus superiores sobre la necesidad de defender a la población.
7. El Ejército tenía instalado un retén permanente, pero el día de la masacre fue levantado, según lo declaró Quevedo Rangel.
8. Varias de las víctimas declararon que algunos de los militares, que previamente realizaban requisas entre los moradores, actuaron en las muertes.
9. El acusado afirmó que colaboraba con las autoridades civiles en el control de los establecimientos, razón por la cual patrullaba el poblado. Este procedimiento necesariamente debía realizarlo también en horas nocturnas, luego si la noche nefasta no hizo ese patrullaje y se refugió en la base, se infiere su compromiso criminal.
10. De la versión de Quevedo Rangel surgía que con el defensor del Pueblo constataron que la base militar no sufrió daño alguno, circunstancia ilógica, pues los descargos hablan de un ataque armado en su contra. En el mismo sentido se pronunció el alcalde de Tibú, Raúl Centeno Porras.
11. El testigo Quevedo Rangel agregó que el ataque no existió, que fue simulado (se hacían disparos desde la base y al aire y se lanzaron algunos explosivos hacia el río) y que el oficial dijo que no había salido en defensa de los ciudadanos para no exponer a sus soldados. El montaje también fue referido por muchos pobladores, residentes cerca de la base, a Ana Zoraida Delgado Salazar, quien así lo testificó a la fiscalía.
12. El teniente Campuzano Vásquez fue informado que las “autodefensas” habían citado a los campesinos de la región para darles instrucciones, y ninguna acción tomó.
13. Quevedo Rangel también dio cuenta que unos dos meses previos a la masacre el oficial acusado fue interrogado sobre las razones por las que no actuaba contra los paramilitares y solamente respondió que “el que la deba que la pague”, que iba a velar por el casco urbano y no a pelear con ellos. En el mismo sentido, la Corregidora Magnolia del Socorro Delgado Salazar dio cuenta del enojo mostrado por el imputado cuando en otra reunión se le hizo similar cuestionamiento, denotándose su compromiso penal.
14. La explicación del teniente Campuzano sobre la supuesta presencia de una persona en la base para informarle que el puente había sido dinamitado resultaba inadmisible, pues en medio de un enfrentamiento como el descrito, nadie podía acceder a ese lugar, además de presentarse absurdo que se le creyera al desconocido sin ningún tipo de verificación.
15. La declaración de la Corregidora Magnolia del Socorro Delgado Salazar, por sí sola resultaba suficiente para concluir en la responsabilidad del oficial, pues conocía la zona por residir de tiempo atrás en ella y el mismo sindicado la corrobora en algunos aspectos, como cuando admite que con ella coordinaba diversas actividades. Contó que el retén permanente fue levantado el día de la masacre (así también lo afirmó Bueno Grimaldo) y que se ordenó a la tropa recluirse en la base, cuando era frecuente que patrullaran el pueblo hasta que los establecimientos públicos cerraban.
La testigo también afirmó que en los hechos participaron los militares que el mismo día habían requisado a los pobladores, y que también lo hicieron los narcotraficantes, que iban vestidos de azul, aspecto que fue ratificado por una grabación interceptaba a Daniel Gómez, por la mayoría de los declarantes, por el propio Carlos Castaño Gil y por Alirio Quevedo, quien en declaración describió que el acusado los reunió y advirtió que podían seguir trabajando en esa actividad delictiva, pero que el que fuera cogido se atuviera a las consecuencias.
La declarante dio cuenta de los últimos aspectos, porque los pobladores se los refirieron, como también que quienes pretendieron huir por el río se frustraron ante las bombas que el Ejército lanzaba desde la base militar. En el mismo sentido declaró Luz Ángela Salazar.
La testigo describió cómo en una ocasión previa intentó concertar una cita con el oficial procesado y no le fue posible porque se le dijo que estaba en una reunión importante, que según comentario general era con Carlos Castaño Gil (de este hecho también dieron cuenta Bueno Grimaldo y Quevedo Rangel, quienes describieron la presencia de un helicóptero que transportaría al “comandante paramilitar”). Además, con posterioridad a los hechos, personalmente observó en la sede del Ejército uno de los vehículos que usualmente era utilizado por los paramilitares.
16. Luis Arnulfo Bueno Grimaldo declaró que era común ver a las “autodefensas” en compañía de los militares y que estos visitaban a sus integrantes en el puesto de salud, además de haber observado la camioneta de los delincuentes dentro de la base oficial, antes y después de los asesinatos. Esta prueba directa demostraba la coautoría del acusado, además de estar ratificada, en el último aspecto, por José Joaquín Delgado Salazar.
17. José Ramón Correa, Rafael Antonio Arciniegas Meza y Jorge Enrique Gutiérrez Vaca describieron la ausencia de patrullaje la noche de los hechos. El último, así como Orlando Avendaño y José Joaquín Delgado Salazar agregaron la común actividad de las autodefensas sin control oficial, en tanto que Manuel de Jesús Pinilla Camacho dio cuenta que algunos soldados reconocían que tenían “que andar con los paramilitares” y que incluso portaban brazaletes con las insignias de las AUC.
Así se demuestra que el oficial cumplió con su compromiso la noche de los hechos, consistente en recoger la tropa, no patrullar las calles, refugiarse en su base, simular un ataque y haberse reunido con las autodefensas, antes y después de la masacre, en las propias instalaciones militares, circunstancias que lo hacen coautor de los delitos, porque no hizo nada, no como una simple omisión a un deber legal, sino como un comportamiento positivo de acción por omisión, toda vez que tenía una posición de garante y estaba en posibilidad real de impedir el resultado.
Para ratificar la acusación, la Fiscalía delegada ante el Tribunal se limitó al tema propuesto en la apelación: la posibilidad de invalidar lo actuado.
LAS SENTENCIAS
De primera instancia.
Declaró la duda probatoria insalvable, por las siguientes razones:
1. No existe prueba alguna que señale que el acusado pertenecía al grupo armado ilegal y resulta insólito que se infiera tal cosa a partir de la exclusiva circunstancia de haber levantado un retén en horas no acostumbradas, unida a la conjetura sobre la inexistencia del ataque bélico a la base militar.
Esas conclusiones se soportan exclusivamente en testimonios de oídas, que de paso son sospechosos (algunos los rindieron familiares de las víctimas, otros, personas como la corregidora Magnolia, con sentimientos adversos al Ejército), y una prueba indiciaria baladí.
2. La posición de garante, que debe ser jurídica y no moral, no es suficiente para edificar sobre ella un delito de resultado a título de comisión por omisión.
Esa postura debe ser concreta, no abstracta, e imputable en cuanto quien la ostenta crea o aumenta un riesgo, contexto dentro del cual el oficial del Ejército no era garante de la vida de todos los residentes en La Gabarra, pues tal deber solamente lo asumió formal, no materialmente.
3. No se le podía exigir que con un reducido grupo de hombres saliera de la base que era agredida y pusiera en peligro la vida de los soldados, a quienes debía proteger, porque no estaba obligado a afrontar un riesgo impredecible, pues si bien el asalto al poblado fue anunciado, nunca se avisó el día y hora exactos.
4. La testigo “estrella” de la fiscalía, la corregidora Magnolia del Socorro Delgado Salazar, no es tal, porque, aparte de su interés en el proceso, dada su inclinación en contra de los militares (había sido amenazada por su simpatía con los subversivos y varios familiares perdieron la vida en los cruentos sucesos), en su primera versión solamente señaló hechos producto de rumores, nada había percibido directamente, pero ya en una ampliación dijo estar atemorizada, que nada le constaba, pero que los pobladores sindicaban al oficial de haber levantado la tropa dispuesta a la entrada del pueblo y agregaban que los soldados que patrullaban y requisaban de día ayudaron a cometer las muertes.
5. Las imputaciones al procesado son el resultado de un rumor público lleno de confusión, pues no hubo un solo testigo que, respecto de las sindicaciones al oficial, dijera haber presenciado directamente sus actuaciones.
6. De la declaración de Héctor Alirio Quevedo Rangel, ex soldado y agricultor, se advierte que no vio nada, que terceros le contaron que lo acaecido había sido de común acuerdo entre los militares y las AUC, que muchas cosas las supone por su experiencia, como su afirmación sobre que el Ejército no adoptó ninguna medida de seguridad.
7. No existe una sola declaración que bajo juramento hubiera señalado haber visto personalmente al teniente Campuzano Vásquez y/o a sus soldados saludarse fraternalmente con los delincuentes.
8. El testimonio de la religiosa María Aseneth Pineda Ortiz igualmente alude a que “yo no vi”, sino que “otros dicen” que el Ejército estuvo involucrado en el crimen.
Sucede que el dolor y la humillación sufridos llevan a las personas a narrar hechos, no como relatados a ellas por terceros, sino como si los hubieran vivido realmente.
9. Nada diferente acontece con el relato de Gloria Zulay Maldonado, quien dio cuenta de haber escuchado disparos hechos desde la base militar y que ese día no hubo patrullaje oficial. Además, la testigo refutaría a quienes negaron el ataque a las instalaciones del Ejército.
10. Si bien el general Bravo Silva explicó que envió a la tropa para proteger a los habitantes de La Gabarra, es obvio que simultáneamente prevalecía el deber del teniente acusado de velar por sus subordinados.
11. Los señalamientos del Defensor del Pueblo regional, sobre la ausencia de ataque a la base militar, eran inverosímiles, porque, como bien lo explicó el sindicado, tenía interés en el proceso, pues representaba a los grupos más agobiados y tenía una mirada desconfiada contra el Ejército, en contra del que siempre hizo críticas. Además, en grabaciones anexas consta que la agresión fue real y fue ratificada por los soldados, como también por el general Mauricio Llorente Chávez, quien está fuera de toda sospecha, y afirmó que, por radio, el sindicado le informó la agresión, en el momento en que se producía.
12. El levantamiento del retén militar, horas antes de lo acostumbrado, obedeció a la estrategia propia de la guerra, pues se trataba de un paraje solitario y la rutina podía poner en peligro a los soldados.
13. La hoja de vida del acusado indicaba que estaría ajeno al patrocinio de la ilegalidad.
En esas condiciones, sus explicaciones, unidas a las de sus soldados y comandantes, resultaban admisibles, respecto del enfrentamiento de deberes, pues estaba obligado a defender a los pobladores, pero también a sus soldados e hizo prevalecer este derecho.
14. No resultaban admisibles varias declaraciones acopiadas momentos inmediatamente siguientes a los hechos y que no pudieron ser controvertidas, ya por muerte de los testigos, ora por haber abandonado el país, o bien por su negativa a presentarse ante la justicia.
De segunda instancia.
En forma unánime sobre los homicidios, pero mayoritaria respecto del concierto para delinquir (una magistrada salvó parcialmente el voto, pues estimó probada la responsabilidad), el Tribunal ratificó la absolución. Luego de estudios teóricos extensos sobre la posición de garante, la coautoría impropia, las conductas de comisión por omisión, afirmó:
1. Se demostró la existencia de una situación de riesgo, pero originada en factores de imprudencia (culpa), circunstancia que excluía la condena, toda vez que la imputación fue a título de dolo.
En efecto, el teniente no tenía la posibilidad material de repeler el ataque en contra de la población civil, por ausencia de personal que le permitiera defender a todas las gentes, prevaleciendo su deber de proteger a los uniformados, según las reglas de la guerra.
2. La situación sufrida hace que los declarantes no sean totalmente neutrales, además de los nexos de varios de ellos con algunas víctimas.
3. De la declaración de Magnolia del Socorro Delgado Salazar resalta aquellos apartes que afirman que no fue testigo presencial y que todos los hechos que describió (que el retén permanente fue levantado el día de los hechos, que en la base militar ingresaba una camioneta utilizada por los paramilitares, que estos mantenían buenas relaciones con los uniformados, que la base no fue atacada) fueron de oídas, por comentarios de terceros, de donde ninguna imputación directa surgía contra el acusado.
4. Reseña el testimonio de Héctor Alirio Quevedo Rangel y concluye que en su generalidad refleja únicamente el concepto, el criterio personal del declarante y comentarios de oídas, de los que no identifica la fuente, pero es claro en contradecir a la anterior, porque afirma que el retén no fue levantado, que hubo una falla en el alumbrado público y que el Ejército patrulló las calles hasta cerca de las ocho de la noche.
5. Similares razones presenta sobre la religiosa María Aseneth Pineda, quien dijo no haber salido de su habitación, luego no pudo percibir directamente lo acaecido.
6. Iguales conclusiones deriva de las versiones de Gloria Zulay Maldonado, Wilson Peñalosa Santander, José Ramón Correa, Rafael Antonio Arciniegas Mesa, Luis Andulfo Bueno Grimaldo, Ana Zoraida Delgado Salazar, Luz Ángela Salazar, Jorge Enrique Gutiérrez Vaca, Manuel de Jesús Pinilla Camacho, Orlando Avendaño y José Joaquín Delgado Salazar. Los dos primeros, además, afirmaron que el Ejército sí respondió el fuego desde la base militar.
7. Hace una relación de los testimonios de los militares José del Carmen Leal Ortega, Mauricio Llorente Chávez y Luis Antonio Mora Chaustre, quienes dieron cuenta de la existencia real del ataque y de su actitud, y la del acusado, de repeler el mismo dentro de la guarnición, habiéndose encontrado rastros de los disparos y explosiones, así como que los retenes eran esporádicos.
8. Dentro de la lógica de la guerra, dice el Tribunal, los retenes no podían ser permanentes sino esporádicos, luego si hubo levantamiento (lo cual está en duda) no puede ser deducido como ayuda al grupo ilegal, máxime cuando algunas versiones dijeron que los paramilitares estaban en la región desde horas anteriores.
9. Testimonios y documentos demostraron que sí hubo acciones militares efectivas para contrarrestar a los ilegales, a pesar de no contar con una capacidad numérica suficiente. Y si bien se rumoraba una “toma”, no se demostró que se hubiese concretado la fecha.
10. Respecto de la existencia o no de un ataque a la base militar, el levantamiento del retén, la inexistencia de patrullaje el día de los hechos, la amistad militar con los agresores, obraban tesis encontradas, sin comprobación, además de versiones que daban cuenta del aislamiento que sufrieron los soldados, estando obligado su comandante a proteger su integridad.
LAS DEMANDAS
Del apoderado de la parte civil.
Formula cuatro cargos. Así los presenta y desarrolla:
Primero. Causal tercera, nulidad. El Tribunal concluyó que la acusación no contenía cargos precisos y concretos, en lo relacionado con el título de la imputación, pues en punto del concierto para delinquir en unas oportunidades habló de participación por acción, en otras de omisión, a veces de comisión por omisión e, incluso, de culpa. El Ad quem concluyó que la actuación del procesado originó un riesgo, pero por imprudencia (culposo), no por dolo, circunstancia que impedía condenar, porque los cargos no fueron formulados en ese sentido.
Si ello era así, la segunda instancia debió anular el trámite, porque la acusación no habría precisado los límites dentro de los cuales se desarrollaría el juzgamiento. En este evento no procedía, como pudiera pensarse, emitir fallo por el delito imprudente, pues ello habría sorprendido a las partes y desconocido la acusación.
Solicita la invalidación desde la resolución acusatoria.
Segundo (subsidiario). Causal primera, segunda parte, violación indirecta de la ley sustantiva, por error de hecho motivado en falso raciocinio, porque la valoración judicial contrarió las máximas de la experiencia y la lógica.
Los jueces, para descalificar a los testigos de cargo, generalizaron sobre sus sentimientos contrarios al Ejército y sus vínculos con las víctimas, cuando lo cierto es que sólo uno de ellos es familiar cercano de uno de los occisos, circunstancia que, además, no es suficiente para menospreciar y rechazar los sólidos señalamientos. Además, la experiencia indica que en la mayoría de los casos las víctimas o afectados son quienes pueden brindar información útil y veraz para esclarecer un hecho.
Ese modo de apreciación lo que hizo fue establecer una especie de tarifa probatoria, consistente en que si se trata de testimonios de referencia y hay nexos con las víctimas, los mismos son inocuos y de ninguna validez. También se negó eficacia a un señalamiento por el simple hecho de que otro medio de prueba indicaba lo contrario, cuando la lógica y la razón imponían dilucidar cuál era cierto.
Los fallos analizaron los dos comportamientos (los homicidios y el concierto) como un todo, cuando lo cierto es que las pruebas para demostrar cada uno eran diferentes, pues no apuntaban a verificar que directamente constataron que el oficial participó en las muertes, sino que conocieron por sus sentidos hechos que sirvieron para inferir que era co-responsable de las ilicitudes.
La inmediación no estaba referida a los asesinatos, sino a la codelincuencia en los días previos, y cada declarante, si bien espontáneamente hizo alusión a dichos de terceros, también contó eventos presenciados directamente, pero el Tribunal los descartó como un todo, sin hacer los deslindes necesarios.
Así sucedió con Magnolia del Socorro Delgado Salazar, a quien directamente le consta que los soldados toleraban y fomentaban la presencia de los paramilitares, y a quien personalmente el oficial acusado (que se refiere en buenos términos de la testigo, descartándose entre ellos algún grado de enemistad) le dijo que el patrullaje normal se levantó ese día por errores de coordinación, pues la tropa se fue a comer sin que previamente esperase el relevo. Esta constatación directa niega la excusa del procesado, pues a la justicia entregó explicaciones diferentes. La declarante, directamente también, presenció el ingreso a la base militar de vehículos utilizados por los ilegales.
Similares cuestionamientos sobre el declarante Quevedo Rangel igualmente son desacertados, porque éste describió hechos percibidos directamente, como que el retén era permanente, que el teniente Campuzano Vásquez le dijo que no había repelido el ataque porque “le habían dicho que el puente estaba dinamitado”.
Los demás testigos, también rechazados por ser “de oídas”, a su vez describieron algunos hechos relatados por terceros, pero otros percibidos directamente, como el ilegítimo matrimonio Ejército-paramilitares, sus relaciones de camaradería que permitían a los últimos transitar tranquilamente. Igualmente refirieron el levantamiento temprano del puesto de control, la ausencia del patrullaje habitual, la inexistencia de rastros del supuesto ataque a la base militar y la obstinada renuencia del indagado para combatir y neutralizar al grupo ilegal que mantenía bases y retenes públicos en la región.
El propio acusado, además, admitió que los patrullajes los realizaba también en horas de la noche. Por la misma línea, contraría la razón que si hubo enfrentamiento en “fiero combate”, los contrincantes no hubieran sufrido bajas, ni siquiera un rasguño, en tanto que si se miran las escasas muestras: unos cuantos disparos y dos huecos, se confirman las versiones que dieron cuenta de un ataque simulado.
No puede admitirse sin cuestionamiento la prueba de la agresión, proveniente de militares, porque debe tenerse en cuenta la “solidaridad de cuerpo”, propia de estructuras uniformes y jerarquizadas como las fuerzas armadas, omisión que comporta un procedimiento valorativo arbitrario, porque los testigos de cargo fueron rechazados con el único argumento de sus nexos con las víctimas, en tanto que a los de descargo no se les polemizó aquella circunstancia, máxime que no se consideró que uno de ellos, el oficial Llorente Chávez, era procesado por una masacre similar, la de Tibú, en donde ofreció una excusa igual a la esgrimida por el teniente Campuzano Vásquez, y coincidencialmente el “ataque” que le impidió reaccionar lo “probó” en idéntica forma.
El concierto para delinquir no fue imputado, como equivocadamente dedujo el Tribunal, por el levantamiento del retén y la ausencia de patrullaje la noche de la masacre, sino por la relación amistosa y los vínculos del procesado con las AUC, cuya actuación favorecía.
La conclusión sobre las acciones positivas del oficial contra los integrantes de las AUC, pasó por encima del testimonio del ex paramilitar Geovanny Velásquez Zambrano, quien describió cómo Ejército e irregulares “fabricaban” éxitos operativos (“positivos”), asesinando campesinos a los que disfrazaban de paramilitares para publicitarlos como delincuentes caídos en combate. Además, el operativo mostrado por el procesado en su intervención final, no fue dirigido ni ordenado por él y ocurrió con posterioridad a la masacre investigada.
La utilización de helicópteros que aterrizaban en la zona y en donde se transportaba Carlos Castaño, no fue invención de testigos delirantes, como esbozó la sentencia, sino que ese hecho lo probaron diversos documentos, incluso provenientes del Ejército.
Pide que la absolución sea mudada por condena.
Tercero. Causal primera, segunda parte, violación indirecta producto de un error de hecho originado en falso raciocinio.
La acusación imputó coautoría por acción en todas las conductas y sólo residualmente hizo alusión a que el teniente faltó a su deber de garante. Así, el Tribunal estaba obligado a valorar las pruebas de manera diferenciada para uno y otro título de imputación, porque, probado que se concertó para producir la masacre, el reproche basado en la posición de garante perdía relevancia, y viceversa.
El Ad quem concluyó que no se podía imputar la conducta por omisión impropia, porque los medios de prueba demostraban que se encontraba en imposibilidad física de repeler el ataque de los paramilitares.
Para ello, se basó en la inferioridad numérica, conclusión equivocada porque esa situación no fue probada. Por el contrario, si los pobladores dieron cuenta que los agresores ingresaron en tres camiones de regular tamaño, se infería que no sobrepasaban 40, en tanto que en la base había cerca de 100 soldados. La oscuridad tampoco es argumento válido, pues se trataba de unidades de contraguerrilla, es decir, que estaban entrenadas para enfrentar ese tipo de situaciones.
Lo demostrado fue que el acusado incrementó de manera exasperante el riesgo de la población al no haber realizado acciones de protección preventivas, las que podía cumplir porque tenía fuerzas suficientes, tanto, que no fue obstáculo para que en los días previos disgregara sus hombres y enviara un contingente a un sitio alejado.
En contra del descargo admitido por el Tribunal, el deber primordial del sindicado era proteger a los habitantes, pues para ello fue asignado a la base, según lo manifestó el general Alberto Bravo Silva, lo ratificó el capitán Jorge Andrés Escobar Pineda y surge de los mandatos constitucionales.
En esas condiciones, el Tribunal dejó de aplicar la norma que ordena condenar cuando exista certeza, e indebidamente acogió la que establece el in dubio pro reo, razón por la cual impetra que su decisión sea revocada.
Cuarto. Causal primera, parte primera, violación directa del artículo 25 del Código Penal, por su interpretación errónea.
La fiscalía acusó al procesado como coautor impropio de los delitos. Sin embargo, también señaló que se le podía atribuir responsabilidad en la masacre por haber defraudado sus deberes como garante.
El Tribunal solamente desarrolló la última imputación, no la principal, y concluyó en la imposibilidad de atribuir los comportamientos por omisión impropia porque no se podía equiparar la omisión imprudente (que sería la realizada) con la dolosa deducida en la acusación, y porque la conducta omitida no habría tenido la capacidad y la entidad para evitar el resultado.
En esas condiciones, otorgó a la norma un alcance restringido que ella no contiene, pues es claro que los miembros de las fuerzas armadas, en situaciones concretas, deben garantizar la vida de los asociados. En el caso analizado, el acusado tenía formalmente posición de garante y la equivalencia entre la omisión y la acción que produjo el resultado es nítida pues al obviar sus deberes de protección a la población incrementó el riesgo.
Por eso, el Tribunal erró al concluir, por oposición a las circunstancias fácticas, que la omisión habría sido imprudente, cuando lo cierto es que no fue consecuencia de negligencia y descuido, sino que de manera libre y voluntaria decidió incumplir su obligación de proteger a los pobladores, consciente de que tal conducta incrementaba el riesgo, en una especie de dolo eventual.
Se equivoca el Ad quem al inferir que solamente se puede imputar la comisión por omisión en tanto se demuestre la existencia de un “nexo causal” entre la omisión y el resultado (sería una relación hipotética), olvidando que la omisión no tiene entidad para producir un resultado, pues lo que se sanciona es no impedir un proceso causal dirigido a dañar bienes jurídicos, esto es, que exista un “nexo de riesgo”.
Su pretensión apunta a que la absolución sea sustituida por condena.
De la fiscalía.
Con fundamento en la causal primera, segunda parte, violación indirecta de la ley sustantiva, formula un cargo por error de hecho. Afirma que el Tribunal incurrió en los siguientes falsos juicios:
1. De existencia, por omitir la consideración de las órdenes y procedimientos militares que imponían al procesado la obligación de proteger la población de La Gabarra, aspectos puestos de presente por el general Alberto Bravo Silva y el Informe Misión de Trabajo 0691 (317) del 8 de marzo del 2000, que transcribe comunicaciones entre el procesado y otro oficial.
Igual exclusión sucedió con los oficios 2092 a 2094 del 30 de julio de 1999, suscritos por el doctor Jesús Orlando López Gómez, Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, que daban cuenta de la retención de varias personas por parte de grupos paramilitares y su anuncio sobre la toma inminente que harían de La Gabarra.
Estos documentos prueban que el acusado tenía el deber de estar en máxima alerta, pues los informes fueron anteriores a la masacre, y que el Tribunal se equivocó porque esa carga no fue cumplida, en tanto contrarió las órdenes superiores y el día de los hechos recogió a sus hombres a las ocho de la noche.
2. De identidad. Los documentos citados por el Tribunal para concluir que los retenes de control no podían ser permanentes sino esporádicos dicen lo opuesto a la deducción del fallo, porque su contenido refería al compromiso del Ejército de realizar esos retenes y patrullajes de manera continua y de noche, lo cual se cumplió constantemente (incluso así lo dijo el procesado), salvo el día de los hechos.
Los patrullajes tenían regularidad de día y noche, según lo declaró Miguel Antonio Gualteros García y lo reafirmó el propio Campuzano Vásquez.
Así, el Tribunal falseó la prueba, porque genéricamente afirmó que el procesado realizó actos antecedentes, concomitantes y posteriores para proteger la población, cuando no sólo no hubo tal, sino que no especificó, como debía, las acciones, los retenes, las requisas, los toques de queda, que llevó a cabo para velar por ese fin.
También tergiversó el contenido real de los medios probatorios con su aseveración sobre que no se conocía la fecha en que se iba a realizar la acción armada ilegal, cuando lo cierto es que las circunstancias que se presentaban en La Gabarra en ese entonces, mostraban como inminente la agresión paramilitar. Incluso, el capitán Mauricio Llorente así lo advirtió al acusado dos días antes del ataque.
Ninguna prueba revela la conclusión del Ad quem respecto de que la nocturnidad y las condiciones climáticas del lugar impedían realizar retenes permanentes, cuando ni siquiera el indagado ofreció tal excusa, y, por el contrario, éste y Mauricio Llorente fueron enfáticos en precisar que de noche se debía cumplir esa misión, porque “de noche es que se presentan los hechos”.
El fallador dio por cierto que el Ejército estaba en inferioridad numérica, cuando tal aspecto no fue probado. También demeritó a los declarantes con la afirmación de su percepción indirecta, “de oídas”, cuando lo cierto es que muchos de los aspectos narrados fueron observados personalmente. Concluyó como no probadas las relaciones de amistad entre los militares y las AUC, cuando varios declarantes las describen en casos concretos, percibidos directamente.
Específicamente alteró la declaración de Héctor Alirio Quevedo, no sólo en lo anterior, sino sobre la supuesta afirmación del testigo sobre que el retén no había sido levantado y que no comprometió al oficial investigado, cuado ello no es cierto, y, así, el Ad quem concluyó que el declarante contradecía a Magnolia Delgado, cuando ello sucedió exclusivamente desde el falseamiento del contenido de los testimonios.
A Gloria Zulay Maldonado la sentencia la puso a decir que sí hubo combate, aseveración que la testigo nunca hizo.
Impetra se case el fallo demandado y se condene al acusado.
EL MINISTERIO PÚBLICO
Recomienda casar la sentencia en los términos del cargo segundo de la demanda del representante de la parte civil y del único de la fiscalía. Sus motivos son:
Sobre la demanda de la parte civil.
Primer cargo (nulidad desde la acusación). La fiscalía imputó el resultado a título de coautoría impropia, con la prédica de la división de tareas, correspondiendo al acusado, como aporte, una conducta omisiva, quien habiendo obviado su posición de garante (estaba obligado a proteger la fuente del riesgo: impedir una anunciada incursión de las AUC), pasó por alto su misión de proteger a los habitantes y mediante diversos actos positivos permitió el accionar delictivo.
El fallo, entonces, entendió equivocadamente que la acusación circunscribió el cargo a título de comisión por omisión, pues los actos de olvido simplemente se anunciaron como forma de su participación en la empresa criminal, luego las aisladas referencias a la posición de garante no dejaron de lado que los cargos se formularon por conductas positivas.
La fiscalía no formuló una acusación abstracta. Por el contrario, ella cumplió con las exigencias legales, abordó la posición de garante, para concluir que, evadirla, fue el aporte del acusado al plan criminal, además de cargarle actuaciones positivas. Clara, expresa y reiteradamente imputó las conductas a título de dolo, no de culpa, como forma de culpabilidad. Por tanto, el pliego de cargos no fue anfibológico.
La censura no debe prosperar porque las posibilidades defensivas no fueron afectadas, luego esa garantía ni el debido proceso sufrieron lesión. El criterio del Tribunal sobre la supuesta contradicción de la acusación, no genera automáticamente el yerro denunciado.
Segundo (falso raciocinio). El Tribunal, previo a abordar el análisis de las pruebas, anticipó el alcance suasorio a que alude la demanda: catalogó a los testigos como de oídas, pues sus afirmaciones eran el resultado de rumores y comentarios. Al hacerlo, dejó de lado que todos refirieron diversos hechos, unos percibidos directamente y otros escuchados a terceros.
Testimonios de víctimas, familiares de éstas, del testigo único, de menores, de ancianos, de “testigos de oídas”, si bien ofrecen mayor dificultad para su apreciación, esa circunstancia, en sí misma, no comporta su desestimación, porque el legislador no estableció tarifa en ese sentido. A veces, por el contrario, es la única vía para establecer un hecho (piénsese en los delitos sexuales cometidos en ausencia de terceros).
Reseña las declaraciones de Margarita del Socorro Salazar, Héctor Alirio Quevedo Rangel, María Aseneth Pineda y los demás testimonios, entre los que especifica los de Jorge Enrique Gutiérrez Vaca, Ana Zoraida Delgado Salazar y Luis Andulfo Bueno Grimaldo, para resaltar que describieron varios eventos, algunos percibidos personal y directamente, y otros escuchados a terceros, y que el Ad quem omitió la valoración conjunta de las pruebas, que arrojaría como conclusión la coincidencia en varios aspectos.
El Tribunal construyó una premisa errada (descartar a todos los testigos por estar afectados), pues de ser ella cierta, todos los habitantes de La Gabarra estarían inhabilitados, como que una masacre tan cruel necesariamente impresiona a todo residente. Por el contrario, de hechos como el investigado solamente podían dar cuenta clara los lugareños, y si se tiene en cuenta que ese actuar ilegal organizado genera terror en los pobladores (circunstancia ratificada por el cambio de radicación decretado), lo que los lleva a negarse a rendir testimonio, cobran valor como coincidentes con la verdad, los relatos de quienes vencieron el miedo y accedieron a declarar.
Tras este análisis, admite como válida la premisa de la experiencia reclamada, según la cual en supuestos como el investigado, los residentes dijeron la verdad, y realiza una valoración probatoria conjunta, similar a la del casacionista, con quien concluye en la acreditación plena de la responsabilidad del acusado, por (a) haber levantado el retén inusualmente (situación incluso reconocida por el acusado), conducta que permitió el ingreso libre de los agresores; (b) la inexistencia de rastros del supuesto ataque a la base militar; (c) admitir sin rigor crítico el testimonio del oficial Mauricio Llorente Chávez, cuestionado porque días antes habría incurrido en situaciones análogas que permitieron la masacre de Tibú; y, (d) múltiples documentos en donde los pobladores daban cuenta de la actitud complaciente con los delincuentes por parte de los militares.
El Ad quem excluyó de su valoración una declaración de Iván Villamizar Luciani, Defensor Regional del Pueblo, que dio cuenta de la presencia de un helicóptero que era utilizado por Carlos Castaño.
Los relatos de oídas tampoco pueden ser descartados, pues los hechos recibidos de terceros son coincidentes y respaldados por otras pruebas, circunstancia que unida al terror provocado en la fuente original los hace admisibles.
Así, la prueba valorada racionalmente, como no hicieron las instancias, supera la duda, para llegar a la certeza de la colaboración activa del sindicado con el resultado al no ejercer la protección debida cuando contaba con efectivos militares para hacerlo.
La censura está llamada a prosperar.
Tercer cargo (falso raciocinio). No hay razonamiento errado porque el Tribunal sí abordó el tema de la posición de garante y la relacionó con la comisión por omisión, para concluir que el imputado no estaba en condiciones de realizar las acciones que posteriormente le fueron exigidas, habiendo concluido en la no demostración de la evitabilidad de la masacre.
El reproche debe ser desestimado.
Cuarto cargo (violación directa del artículo 25 del Código Penal). No hubo tal, porque el Tribunal concluyó como demostrado que el oficial realizó las actuaciones que estaban a su alcance para proteger a los ciudadanos, pero causas ajenas a su voluntad (la inferioridad numérica y la logística del combate) le impidieron hacerlo.
El cargo no prospera.
De la delegada de la fiscalía.
Cargo único (falsos juicios de existencia por omisión y de identidad). El Tribunal no hizo relación a toda la prueba documental que reiteradamente daba cuenta que la misión primordial del contingente del Ejército en general, y del procesado en particular, era realizar las acciones necesarias para proteger a la población y evitar la incursión armada que era anunciada públicamente. Pero la omisión no fue relevante, pues igual concluyó en ese sentido, aunque agregó que el acusado realizó las gestiones que estaban a su alcance.
Intrascendente también se presenta la exclusión de la indagatoria del general Alberto Bravo Silva y los oficios del Procurador Delegado para los Derechos Humanos, porque el Tribunal consideró acreditadas las circunstancias de que daban cuenta esas pruebas. Pero hacer lo mismo con el informe 318 lo llevó a desconocer que los superiores del indagado le habían ordenado estar alerta, advirtiéndole sobre la inminencia de un ataque a La Gabarra, demostrándose, por otra vía, que no se realizaron las acciones necesarias, en contra de la conclusión del Ad quem, pues los documentos dicen que los controles debían ser permanentes.
El Tribunal dedujo que el acusado hizo lo que podía y que por la logística de la guerra los retenes y controles no podían ser permanentes, pero los documentos decían que el compromiso oficial era realizar labores de vigilancia constantes, incluyendo la noche, tarea incumplida por el oficial acusado.
Entonces, la Corporación tergiversó su contenido. También erró con su afirmación sobre que la “toma” era un simple rumor, cuando el sindicado había sido advertido por sus superiores, conforme a la prueba excluida, de la inminente incursión armada.
También se equivocó, como se probó en el cargo de la parte civil, por haber distorsionado los testimonios y concluir que todas sus aseveraciones eran de oídas.
El cargo debe ser estimado.
CONSIDERACIONES
La nulidad.
El apoderado de la parte civil estima que el Tribunal ha debido invalidar la acusación, porque concluyó que los cargos no eran precisos ni concretos, toda vez que en punto del concierto para delinquir en unas oportunidades imputó participación activa y, en otras, por omisión. Además, el Ad quem afirmó que el comportamiento fue culposo, lo que lo inhabilitaba para condenar en esos términos, por respeto a la congruencia.
La censura no puede prosperar, porque el casacionista se apoya en la inferencia del Tribunal, pero no demuestra que la acusación hubiera incurrido en esa irregularidad, y la Sala, de común acuerdo con el Ministerio Público, concluye que la misma no tuvo ocurrencia.
En efecto, la resolución acusatoria dedujo la responsabilidad del procesado en el entendido de su coparticipación en el accionar del grupo delictivo, esto es, le imputó coautoría impropia, con base en la división funcional de la tarea delictiva, en la que correspondió al teniente Campuzano Vásquez, como su aporte a esa empresa criminal, una conducta omisiva.
La fiscalía, en especial la de primera instancia –el Ad quem avaló la decisión sin hacer agregados-, infirió que el sindicado era coautor porque su compromiso, cumplido, consistía en recoger a la tropa, no patrullar las calles, refugiarse en la base, simular un ataque y reunirse con las autodefensas, antes y después de la masacre, en las mismas instalaciones militares, todo lo cual, aclaró, lo hizo, no como una simple omisión a un deber legal, sino como un comportamiento positivo de acción.
Así resumidos los cargos de la acusación, se evidencia que la imputación expresamente apeló a la denominada coautoría impropia, fundada en un acuerdo previo y en el reparto de las misiones delictivas que debía desarrollar cada integrante del grupo. En el mismo contexto, la referencia tangencial de la fiscalía a que el imputado desconoció su posición de garante fue traída para concluir que se trataba de un aporte más a la ejecución del convenio delictivo.
En esas condiciones, las palabras del Tribunal son erradas, porque el pliego de cargos fue claro en sus imputaciones. Se descarta, entonces, cualquier lesión a los derechos de los sujetos procesales, específicamente de la defensa, porque conocieron con exactitud la imputación. Y lo mismo cabe decir respecto de la culpabilidad, pues enfática y reiteradamente se dedujo dolo, y jamás culpa.
La Sala concluye, así, de acuerdo con la Procuraduría, que la acusación no es abstracta ni anfibológica, y que una apreciación equivocada en sentido contrario por parte del Tribunal no genera el error denunciado. No es posible, entonces, retrotraer el trámite desde el acto de calificación.
El análisis probatorio.
Primero. El concierto para delinquir.
Por razones metodológicas, en principio, la Sala abordará el estudio conjunto del cargo segundo de la demanda del apoderado de la parte civil, que señala un falso raciocinio, y del cargo único de la delegada de la fiscalía, que relaciona falsos juicios de existencia y de identidad.
Se hace así, porque si le asistiera la razón a la señora Procuradora Delegada, quien recomienda casar el fallo por esos motivos, se tornaría innecesario abordar las censuras restantes de la parte civil.
El análisis, que en modo alguno incluye la demostración del tipo objetivo, como que sobre el mismo no existe duda ni hay cuestionamientos, exige el estudio de la totalidad del material probatorio y su confrontación con las afirmaciones plasmadas en la sentencia demandada.
Legalmente practicados, obran los siguientes testimonios:
* Luis Arias Carrillo. Se encontraba en el pueblo. Durante el día vio cómo dos paramilitares dieron muerte a dos pobladores. En las horas de la noche, después que el Ejército “subió a la base”, como a los veinte minutos llegaron varios carros (un camión y un jeep) con ilegales, “de una vez echando plomo”, con gritos como: “¿No decían que no íbamos a llegar a La Gabarra? Aquí estamos milicianos H. P.”
En su presencia, los agresores dieron muerte y lesionaron a varias personas. Agregó que con antelación las AUC anunciaron que se “tomarían La Gabarra” y que el hecho lo cometieron con lista en mano de supuestos “colaboradores de la guerrilla”. Dijo que “esa gente está hace rato por acá porque hacen retenes cuando quieren”, que ejercían control sobre la base de coca procesada, la que quitaban a sus propietarios. Finalmente, aseveró que en el sitio “Vetas” había retenes de la guerrilla, de los paramilitares y del Ejército.
A estos hechos, percibidos directamente por quien resultó herido en ellos, adicionó que la gente comentaba que los de las AUC eran los mismos integrantes del Ejército, a quienes cuestionó que si la base estaba a unos tres minutos del pueblo, no hubieran comparecido, no obstante que los asesinos estuvieron más de una hora.
* Leopoldo Manuel Acosta Hoyos. Observó, el 20 de agosto, que, vía aérea, varios hombres armados ingresaron a Tibú con el aval de los integrantes del puesto de control de la Policía Nacional.
* Sonia del Carmen Montejo Álvarez. Vio llegar a los agresores en una camioneta, de la cual descendieron, entraron a bares y tiendas y se escucharon los disparos. Corrió por miedo y un impacto la lesionó; se escondió en un baño, del cual fue sacada y se la hizo tender en el piso, desde donde observó cómo se daba muerte a un hombre. Dijo que ese día el Ejército patrulló sobre el mediodía y que había un retén a la entrada del pueblo, donde “a veces el Ejército se la pasa ahí y otras no; esa tarde del día de los hechos el Ejército no estaba”. Relató que en el sitio Vetas, las AUC tenían un retén, “eso parece como un batallón esa vaina… a mí [me] consta”.
* Similar es el testimonio de Daniel Antonio Bayona León, también lesionado. Agregó que los uniformados patrullaban el pueblo siempre, que a eso de las 8 ó 9 pasaban ordenando el cierre de los establecimientos en los que se vendía licor, pero que el día de los hechos no lo hicieron.
* Dannys Esther Herrera Turizo igualmente resultó herida. Habló en idénticos términos. Aclaró que vio dos camionetas y que los soldados estuvieron como hasta las siete de la noche.
* Jairo Cáceres Silva. Estaba durmiendo, lo sacaron del cuarto, lo hicieron tender en el piso y recibió dos disparos.
* Francisco Javier Sosa Flórez, sacerdote, solamente escuchó los disparos y al otro día verificó las muertes.
* La corregidora de La Gabarra, Magnolia del Socorro Delgado Salazar, rindió declaración el 24 de agosto de 1999. Dio cuenta de seis muertes el viernes, cuyos cuerpos le fueron llevados el sábado, día en el que a eso de las 8:15 de la noche escuchó los disparos. Afirmó que “la gente siempre decía que iba a haber una masacre por parte de las autodefensas”.
El 9 de diciembre de ese año, compareció a la fiscalía y explicó que en la ocasión inicial no relató la verdad, porque todo lo que había sucedido la había atemorizado. Además, terceras personas le informaron haber escuchado a miembros de las AUC decir que la tenían que matar.
Afirmó que no le constaba nada de la matanza por no haber presenciado los hechos, pero que los pobladores le dijeron que el teniente Campuzano Vásquez había levantado la tropa del puesto de control, a pesar de que a ella le constaba que éste era permanente, como también el patrullaje en el pueblo (que también le dijeron no se hizo en la noche del crimen) y que la explicación del oficial fue que los soldados habían ido a comer, pero normalmente, cuando ello sucedía, había un relevo.
En las horas del día, dijo, hizo el levantamiento de varios cadáveres, de personas que las AUC habían asesinado el día anterior en la zona rural y, estando en esa labor, observó varias camionetas de las utilizadas por los paramilitares, circunstancia que unida a las muertes anteriores, la asustó y la llevó a encerrase en su casa, porque dedujo que algo iba a pasar y en el trayecto se extrañó por la ausencia de soldados, que usualmente recorrían el pueblo.
Aproximadamente a las 8 de la noche, fue requerida para realizar un nuevo levantamiento, de otra persona muerta en las afueras pero trasladada a la población. Cuando elaboraba los documentos se fue la luz y comenzaron los disparos.
Al siguiente día se enteró de la masacre y pobladores le comentaron que entre los agresores había militares que previamente habían realizado requisas, que desde la base oficial el Ejército lanzaba bombas con destino al río, y que el acusado dijo que no envió soldados para combatir porque alguien le informó que en el puente había explosivos.
A partir de ese momento, agregó, los paramilitares se adueñaron del pueblo y transitaban tranquilamente por él, acudiendo, ya no a masacres, sino a muertes selectivas. Personalmente, luego de las muertes, fue víctima de un retén, en el que un ilegal consultó por su nombre en una libreta y, como no lo encontró, la dejó seguir. En la noche del 18 de octubre pasó por la base militar y allí se encontraba una de las camionetas empleadas por los violentos. Un familiar suyo, Víctor Manuel Ramón Sánchez, que la acompañaba y observó lo mismo, fue desaparecido el 29 de ese mes, luego de que un sujeto le solicitó lo acompañara donde el “comandante Camilo”; con posterioridad, otro “comandante”, “Marcos”, informó a la familia que lo habían matado.
La gente comentaba que en las calles se observaba el trato cordial, con saludo de mano, entre los paramilitares y los soldados.
Antes de los hechos, envió a un muchacho a solicitar apoyo del teniente Campuzano, pero no lo dejaron ingresar a la base porque se encontraba en una reunión importante y varios residentes dijeron que era con Carlos Castaño, quien había ingresado en un helicóptero. La base militar, concluyó, no fue hostigada porque ella estuvo allí y no observó ninguna señal de disparos. Además, el acusado en ningún momento habló del supuesto ataque. Sólo dijo que le habían comunicado que el puente estaba minado.
* Pedro Antonio Arias. Se refirió a una reunión con el Ejército. En ella, el teniente acusado afirmó que su misión era proteger a la población civil. En un viaje posterior, cuando regresaba a La Gabarra, el comandante de las AUC, alias Camilo, dijo a muchas personas a las que retuvo temporalmente, que se iban a quedar en la zona y a combatir a los guerrilleros y a sus colaboradores, que, por eso, estaba elaborando una lista y que no se extrañaran que en cualquier momento ingresara al poblado a hacer “ajusticiamientos”.
Aclaró que era frecuente observar cómo el Ejército instalaba un retén y, adelante, las AUC hacían otro, pero que aquel no combatía a éstas y, por el contrario, optó por “vacunar” a los que se dedicaban al cultivo y procesamiento de la coca. El 19 de mayo, dijo, fue retenido en un puesto de control por los paramilitares, hasta altas horas de la noche y le dijeron que estaban incursionando en Tibú (ese día se llevó a cabo la denominada “masacre de Tibú”) y la “gente comentaba” que uno de los ilegales había dicho que “la entrada al pueblo estaba coordinada con el Comandante del Ejército del Batallón Héroes de Saraguro”.
El día 20 de agosto, a eso del mediodía, explicó, iba para La Gabarra y observó que una camioneta con paramilitares ingresaba al poblado, sin que estuviera el permanente puesto de control del Ejército. Los agresores salieron a eso de las tres de la tarde.
* El 24 de agosto de 1999 rindió testimonio la religiosa María Aseneth Pineda Ortiz, residente por 13 años, en misión pastoral, en La Gabarra. Afirmó que estaba en la casa cural cuando escuchó pasar un carro, golpes, disparos. A la mañana siguiente salió a prestar ayuda (es auxiliar de enfermería) e indagó a un soldado por las bajas sufridas por el Ejército y los delincuentes y como le respondió que ninguna, le cuestionó que ello era absurdo de haberse presentado un combate y el uniformado le dijo que era que entre la población civil se camuflaban los guerrilleros y sus colaboradores.
Aseveró que el Ejército no patrullaba en horas de la noche, que personalmente no veía a los paramilitares en el pueblo, pero la gente decía que se la pasaban por allí, aunque ella los observaba en la carretera y en “Vetas”. Agregó que los uniformados no tomaban acción alguna contra los ilegales y que estos habían avisado que se tomarían la población para matar a quienes figuraban en una lista. Dio cuenta de un paramilitar que se quedó dormido y a la mañana siguiente un compañero le dio muerte, agresor que fue aprehendido y llevado a la base militar, de donde fue dejado en libertad.
* Gloria Zulay Maldonado. Dijo haber escuchado disparos, incluso desde la base, pero “se sentía que eran al aire”. Agregó que horas previas escuchó el rumor de que los paramilitares iban a entrar y que en los hoteles habían revisado los nombres de los clientes. Refirió comentarios de terceros sobre algunas muertes y agregó que varias personas de apellido Rojas fueron asesinadas porque los agresores las confundieron con otras del mismo apelativo que eran guerrilleras. Aclaró que el Ejército no patrulló ese día, pero que generalmente no lo hacía.
Aludió a que “la gente dice que los paramilitares y el Ejército son los mismos” y que los militares hicieron como un “teatro”, como un simulacro de ataque. Dijo que los ilegales se la pasaban “de civil” en el pueblo.
* Juan Bernardo Serrano Trillos, médico veterinario del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Visitaba la zona y los pobladores le iban informando del avance de los paramilitares hacia La Gabarra. Personalmente los vio sobre la vía, donde levantaban un retén. Lo sucedido el día de los hechos, lo supo por información de la gente. En la denominada “masacre de Tibú” sí estuvo presente y se extrañó que se diera como explicación para la inacción oficial un supuesto ataque a los uniformados, que no existió. Afirmó que el 9 de junio de 1999 se realizó un foro, al cual asistió el mayor Llorente y allí se hizo público anuncio del peligro que corrían Tibú y La Gabarra por incursiones armadas.
* Manuel Antonio Sánchez Camacho y Leopoldo Manuel Acosta Hoyos. Describieron las actividades normales y frecuentes, no impedidas por el Ejército, de los paramilitares en la zona de Tibú y hechos ajenos a esta investigación (la masacre de Tibú).
* Alides Angarita Max, agricultor, quien con su compañera Sonia Montejo atendía un puesto de comida. Vio pasar una camioneta blanca donde iban unos 10 hombres, unos vestidos con uniforme camuflado y otros de “civil”, pero todos armados, que comenzaron a disparar y ellos se entraron a un billar. La mujer recibió un impacto. En el lugar, los agresores los hicieron tender en el piso y les gritaban: “H. P. salgan para matarlos”. Uno de los contertulios, embriagado, se paró, fue golpeado y en el piso le dispararon, además de despojarlo de un cuchillo que la víctima portaba, elemento que le enterraron en el cuello. Afirmó que el Ejército hacía presencia diaria en el pueblo y retenes, pero se guardaba muy temprano. Posteriormente, agregó, la gente comentaba que habían llegado cuatro vehículos y que con antelación “andaban los cuentos que las autodefensas se iban a meter a La Gabarra”.
* Debido a un corte inicial de luz, Rafael Antonio Arciniegas Mesa cerró su establecimiento comercial, y, fuera de escuchar disparos, de nada se percató. En una ocasión asistió a una reunión convocada por los paramilitares, que dijeron que “iban para La Gabarra persiguiendo a los milicianos y a los colaboradores de la guerrilla”.
* José Ramón Correa estaba en su casa. Vio pasar tres carros con hombres armados, se fue la luz y escuchó los disparos. Afirmó que los militares patrullaban de día, pero dejaban el pueblo sólo en la noche. Agregó que “se oían rumores” sobre que los soldados patrocinaban los paramilitares, “además uno los ve que el ejército los favorece en las fechorías que hacen, por ejemplo porque anoche abandonaron el pueblo y permitieron que sucedieran todas esas muertes, también se ve que los paramilitares suben en una camioneta azul y van a la base”.
Aseveró que por “comentarios de un soldado de la base se supo que a ellos les dio miedo venir, entrar al pueblo, porque ellos pensaban que los iban a atacar con bombas en el puente y que además también estaban siendo atacados, pero eso es pura musa es un pretexto”.
* Jesús Alfredo Alvernia Galvis. Observó los tres vehículos y con su esposa corrió a su casa, donde se encerró hasta el otro día, razón por la cual solamente escuchó los disparos.
* Héctor Alirio Quevedo Rangel, bogotano pero radicado en La Gabarra, de la que era líder comunal. Hizo un recuento de la presencia de la guerrilla, de los cultivos de coca, del ingreso de los paramilitares a la región y de las amenazas constantes de estos sobre que se tomarían La Gabarra porque todos sus habitantes eran guerrilleros. Dio cuenta de las muertes causadas por las AUC desde el 29 de mayo de 1999. Dijo que el 20 de agosto, por unos disparos que les fueron hechos, los paramilitares mataron seis personas en la zona rural.
En la noche del 21 vio a los soldados en las calles a eso de las 7 u 8 de la noche. Se encontró con un amigo, que le pidió lo acompañara a un bar. A los pocos minutos ingresaron varios hombres armados y con uniformes militares, que, con groserías y tras advertir que eran de las AUC y que nadie, ni guerrilla ni Ejército, los iba a parar, los obligaron a tenderse en el piso. El testigo y los presentes interpretaron dos ráfagas finales, una en la calle y otra proveniente de la base militar, como un acto de despedida.
El contingente del Ejército, agregó, fue instalado para proteger el casco urbano, pero el día 24 de agosto el teniente Campuzano Vásquez explicó que no podía exponer a sus hombres y que el puesto de control lo había levantado temprano. Los militares hacían un retén constante (“yo los veía de día y de noche”) a la entrada del pueblo, cerca de otro instalado por las AUC, y desde la llegada de éstas no se presentaron enfrentamientos armados, respecto de lo cual, indagado sobre ello en una reunión pública, el oficial sólo atinó a decir que “el que la deba que la pague”.
Dijo que los militares disparaban pero al aire o hacia el río, no en contra de los agresores, lo que dedujo porque su experiencia en el Ejército le permitía orientar sus sentidos y determinar hacia dónde se hacían disparos, además de que al día siguiente visitó la base y no encontró rastro alguno de proyectiles. Agregó que los pobladores comentaban que en horas de la tarde vieron a los soldados patrullar en compañía de los paramilitares; que lo sucedido había sido un acuerdo entre los dos grupos, porque aquellos permitieron el ingreso de los ilegales; algunos agregaron que en su salida los delincuentes que iban dentro de un carro se saludaron con varios soldados y le refirieron que el 29 de mayo Carlos Castaño Gil había llegado en un helicóptero.
Criticó como mentirosa la excusa sobre el recogimiento constante de los militares en la noche por supuestas medidas de seguridad, porque era frecuente que se realizasen controles para decomisar insumos para el narcotráfico, actividades que eran ejecutadas hasta altas horas de la noche o la madrugada.
* La educadora Ana Sofía Pico Vega. Declaró que desde su llegada a la región, el 29 de mayo, los paramilitares hicieron público su propósito de llegar a La Gabarra para matar a los colaboradores de la guerrilla, lo que generó muertes selectivas y desplazamiento de los pobladores.
* El alcalde de Tibú, Raúl Centeno Porras. Dijo que no estuvo en las masacres, ni en retén alguno realizado por las autodefensas y que lo que supo de los hechos fue por relatos de la ciudadanía, que dieron cuenta de las diversas muertes y de los retenes ilegales. Aseveró que el 5 de septiembre las AUC realizaban un retén y llegó el Ejército y las repelió, con recuperación de armas y vehículos. Estuvo en las instalaciones militares de La Gabarra y no observó daños en ellas.
* Luz Ángela Salazar, residente en La Gabarra. Contó que desde el 5 de junio los paramilitares transitaban por el pueblo en carros nuevos y armados, se llevaban gente que “desaparecía” y “también vi con mis propios ojos que cargaban bultos de droga y llegaron quitando fincas y casas en el Corregimiento”. Describió otras actividades pero porque “dice la gente” (como que Carlos Castaño, en helicóptero, visitaba la base militar). Afirmó que su esposo fue “desaparecido” y que habló con alias “Cordillera”, quien le dijo que lo había matado.
Respecto de la masacre, aclaró que escuchó los disparos y que al otro día se enteró de los muertos y que la gente comentaba que el Ejército había colaborado con las AUC. Agregó que la base militar no fue agredida porque no sufrió ningún daño. Afirmó que el Ejército no cumplía su deber, pues las AUC patrullaban libremente el poblado.
* José Enrique Gutiérrez Vaca. No supo de los hechos, le contaron, pero sí que el retén era permanente de día y de noche, en el que incluso cobraban cuando de pasar gasolina se trataba. Explicó que en el mes de julio, en horas de la noche, un grupo de ilegales lo obligó a transportarlo, cumplido lo cual, el Ejército lo detuvo y le indagó por su presencia en el sector y al explicar lo acaecido los militares le dijeron que ellos ya sabían del hecho. Agregó que veía a los de las AUC patrullando La Gabarra armados y en camionetas.
* Ana Zoraida Delgado Salazar, hermana de la corregidora, acompañaba a ésta en el levantamiento de un cadáver, cuando comenzó el tiroteo en la calle. Narró que la base no fue atacada porque la “gente dice que el Ejército disparaba para hacerle creer a la gente que estaban siendo atacados, la gente que se quedó en el barrio Policarpa, que está pegado a la base dijeron que no había sido atacada la base… La gente comentaba que el Ejército le había colaborado a las Autodefensas para que hicieran la masacre… un señor… dice que a algunos de los que hicieron eso, los había visto vestidos de ejército, que eran de ahí del batallón”.
Agregó que el retén era permanente, que al puesto de salud donde ella trabajaba llegaban integrantes de las autodefensas para ser atendidos y eran visitados por miembros del Ejército, saludándose en forma cordial.
* Orlando Avendaño, concejal de Tibú. Afirmó que uno de sus hijos fue muerto por las autodefensas en la incursión a Tibú del 17 de julio, presenció cuando el 29 de mayo el grupo ilegal hizo su ingreso en 5 ó 6 camiones. Dijo que desde entonces fue víctima de los retenes permanentes realizados por los paramilitares, respecto de los cuales, el Ejército, que tenía un retén permanente a la entrada de La Gabarra, nada hacía. En el pueblo veía a las autodefensas en sus camionetas, quienes obligatoriamente pasaban por el puesto de control oficial, sin que nada les dijeran.
Sobre la masacre de Tibú, aseveró, nada le constaba, pero las gentes le comentaban que el oficial del Ejército explicó que no pudo hacer nada por el hostigamiento a que fue sometido, pero los pobladores replicaban que no hubo tal agresión.
* José Joaquín Delgado Salazar. Escuchaba los comentarios de las muertes cometidas por las AUC, el desaparecimiento de personas, pero personalmente veía transitar a los paramilitares por el pueblo en camionetas, sin que las autoridades hicieran nada, incluso, observaba el trato cordial entre éstas y aquellos y que esos vehículos ingresaban a la base militar. En una oportunidad el Ejército le incautó un vehículo al dueño de un almacén y al día siguiente los paramilitares se transportaban en él.
De las muertes nada supo, porque se encerró en su casa, pero sí le consta que el retén militar fue levantado temprano y que los soldados dejaron de patrullar el pueblo ese día; las trabajadoras sexuales afirmaban que habían visto soldados ayudando a los delincuentes.
* Manuel de Jesús Pinilla Camacho. Observó el ingreso de los camiones con paramilitares el 29 de mayo y, como desde entonces comenzaron las muertes, con su familia decidió dejar todo y huir. Por comentarios de los pobladores se iba enterando de los hechos. Una vez vio a un soldado que entre sus ropas tenía un brazalete de las AUC.
* Ana Elis Gómez Pérez, María del Carmen Wilches, Leonor Blanco Pineda, Martha Cecilia Ochoa Chacón, Olga Patricia Ochoa Chacón, Sandra Duarte Bermúdez y Emilsen Rojas Acevedo también dieron cuenta de su desplazamiento obligado por la violencia paramilitar, habiendo dejado abandonadas tierras y enseres.
* Varios hombres armados, que se ufanaban de haber participado en la masacre de La Gabarra, sacaron de su casa en Ocaña (Norte de Santander) a Alirio Jerez Angarita, lo retuvieron varios días, lo torturaron y lo dejaron libre.
* Luis Andulfo Bueno Grimaldo trabajaba en una vidriería. Afirmó que en el pueblo se conocía la futura incursión ilegal, que el día de los hechos el Ejército se recogió temprano y que al siguiente la excusa para no haber acudido en ayuda de la población fue que los delincuentes habían dinamitado el puente, lo cual no fue cierto. Le consta que el retén era permanente, pero fue levantado ese día a eso de las 5 de la tarde. La “gente decía” que los soldados hacían tiros al aire.
Un día previo fue a la base a buscar al acusado y le dijeron que estaba en una reunión; dentro de las instalaciones vio una de las camionetas en donde se transportaban las AUC; también presenció que en la base militar aterrizó un helicóptero, “que la gente comentaba” era el de Carlos Castaño Gil. Luego de acaecida la masacre volvió a verificar la presencia de los vehículos en el mismo sitio.
Le consta que, en una ocasión, cuando arribó la fiscalía, el teniente Campuzano decomisó insumos para el procesamiento de coca y carros a los paramilitares y los mostró a los investigadores, pero luego de la visita oficial devolvió estos a sus dueños, en tanto vendió aquellos. También verificó el constante patrullaje que los ilegales realizaban en las calles y sus relaciones amistosas con los militares.
* El teniente de la Policía Nacional Carlos Freddy Gómez Ordóñez. Dijo que a su llegada a Tibú las relaciones entre esta institución y el Ejército eran distantes y que éste había instalado un retén permanente en la vía a La Gabarra.
* A Carlos Ernesto Cote Gamboa los pobladores y el defensor regional del pueblo Iván Villamizar Luciani le comentaron que las autodefensas realizaban un retén en sitio cercano y conocido por el Ejército, que sin embargo no hacía nada para controlarlos.
La reseña de lo que objetivamente dicen estas pruebas, evidencia que asiste la razón a los recurrentes y al Ministerio Público, porque la decisión de las sentencias de instancia, proferidas en el mismo sentido, esto es, que conforman una unidad, de negar eficacia a los declarantes, a partir de concluir que se trataba de “testigos de oídas”, se aparta de la verdad, es decir, distorsionó su contenido real.
La mayoría de los testigos, si no todos, especifica con claridad hechos que percibieron directamente y aquellos que les fueron “comentados” por personas no identificadas, pero unos y otros aparecen deslindados con suficiencia.
La lectura tergiversada de la prueba testimonial llevó a los jueces a delimitar los hechos del juicio en contra de los lineamientos de la acusación y de lo afirmado por los testigos, pues para los fallos la imputación se infirió a partir de lo sucedido el día de la masacre, cuando la realidad muestra que la investigación, la acusación y el juicio, si bien versaron sobre esa situación (a partir de la cual se estructuró el cargo por los homicidios), también lo hicieron sobre eventos anteriores y posteriores, desde los cuales se concretó la sindicación por la connivencia con el grupo armado ilegal, esto es, el concierto para delinquir.
De entrada, entonces, fueron distorsionados los medios de prueba y la acusación, pues se los circunscribió a lo acaecido el 21 de agosto, cuando unos y otros se pronunciaron no exclusivamente por ese aspecto fáctico, sino también por otros.
Por oposición a las inferencias de los fallos, los declarantes testificaron haber presenciado directamente los siguientes hechos, esto es, que sobre ellos no son “de oídas”:
-el ingreso de los “paramilitares” en varios carros (así lo afirmaron Arias Carrillo, Montejo Álvarez, Bayona León, Herrera Turizo, Pedro Arias, Angarita Max, Ramón Correa, Alvernia Galvis);
-con antelación al día de la masacre, las AUC hicieron expreso, por varios medios, su propósito de tomarse La Gabarra (Arias Carrillo, Pineda Ortiz, Arciniegas Mesa, Pico Vega);
-los ilegales hacían retenes (Arias Carrillo, Montejo Álvarez, Bayona León, Herrera Turizo, Delgado Salazar, Pedro Arias, Serrano Trillos, Orlando Avendaño);
-los integrantes de las AUC transitaban tranquilamente por el pueblo y no eran combatidos por el Ejército (Delgado Salazar, Pedro Arias, Pineda Ortiz, Maldonado, Ángela Salazar, Gutiérrez Vaca, Orlando Avendaño, Joaquín Delgado, Bueno Grimaldo);
-antes y después de los hechos, las lujosas camionetas utilizadas por los violentos ingresaban a la base militar (Delgado Salazar, Ramón Correa, Joaquín Delgado, Bueno Grimaldo);
-en reuniones públicas, los militares fueron informados de la inminente incursión armada (Serrano Trillos);
-con posterioridad al hecho, el oficial acusado explicó que había levantado el retén temprano y que no podía exponer a sus hombres (Quevedo Rangel);
-a los reclamos sobre la pasividad oficial frente a los desmanes de las AUC, el teniente Campuzano Vásquez respondió que “el que la deba que la pague” (Quevedo Rangel);
-los soldados frecuentaban a los paramilitares y tenían trato cordial con ellos (Zoraida Delgado, Joaquín Delgado, Bueno Grimaldo);
-enterado de una visita de la fiscalía a la zona, el sindicado incautó varios carros e insumos para mostrarlos como “positivos”, pero, terminada aquella, retornó los vehículos a las AUC y negoció los químicos (Bueno Grimaldo).
Los jueces no sólo desconocieron esos aspectos, puestos de presente por pruebas directas, porque fueron descritos por testigos que los presenciaron, sino que para deslegitimarlos, para restarles eficacia, acudieron a expresiones genéricas, como que tenían interés porque parientes suyos habían sido víctimas de la masacre, o personalmente habrían recibido heridas; que tenían animadversión en contra del Ejército y que el horror de lo padecido los llevaba a tergiversar lo acaecido.
De resaltar es que ese análisis resulta sesgado, pues que el mismo rasero no fue aplicado cuando se trató de criticar los testimonios de soldados y oficiales aportados en respaldo de la tesis exculpativa, pues independientemente de la confiabilidad o no de estos, era un deber del juzgador valorar aspectos como la “solidaridad de cuerpo”, propia de instituciones militares, y, respecto del mayor Mauricio Llorente Chávez, quien corroboró que un ataque a la base militar impidió al teniente Campuzano Vásquez acudir en apoyo de la población civil, que precisamente estaba siendo investigado penalmente por similares hechos, acaecidos en Tibú días anteriores, y en donde Llorente Chávez presentó idéntica explicación.
Ese razonamiento global, además, vulnera la sana crítica, en tanto solamente algunos de los declarantes (Montejo Álvarez, Bayona León, Herrera Turizo, Cáceres Silva, Magnolia Delgado Salazar, Angarita Max, Orlando Avendaño) tenía nexos de parentesco con personas masacradas, o sus parientes o personalmente recibieron disparos en sus cuerpos, circunstancias que, en la línea del razonamiento de las instancias, apuntaría a que los demás testigos habrían relatado la verdad.
Pero es que el nexo con los afectados, como la residencia en el lugar del acontecimiento, no puede ser parámetro único, como lo tuvieron los jueces, para apreciar la credibilidad de un testimonio. En el contexto propuesto, resultaría imposible determinar lo realmente acaecido en espacios exclusivos como las cárceles o establecimientos de prostitución, por citar algunos ejemplos, en donde evidentemente los testigos de lo acaecido tienen que ser los delincuentes, las prostitutas y sus clientes, personas que, por regla general, no serían “santas”.
Por el contrario, en supuestos como el investigado resulta incontrastable que quienes estaban en mejores condiciones para percatarse de lo acaecido eran precisamente los pobladores, las personas arraigadas en la región, máxime que los hechos no se concentraron exclusivamente al día en que se causaron las muertes, como así quisieron entenderlo equivocadamente los juzgadores, sino a días antecedentes y posteriores a esa situación.
Nótese cómo, en los tópicos resaltados, los testigos expresan que determinados acontecimientos fueron presenciados, observados, percibidos personalmente por ellos. Esta circunstancia permite inferir fundamente la sinceridad de los relatos, porque, como contrapartida, en punto de la participación del acusado en la ejecución de las muertes, los mismos declarantes no aventuran expresiones de percepción personal, sino, ahí sí, solamente alusiones a “me comentaron, la gente decía, se rumoraba”.
La confrontación de las dos posturas permite concluir, con el sentido común, que en los apartes en donde se afirmó la observación personal, se narra la verdad, pues, por oposición a la conclusión de los fallos, si los relatos estaban animados por la finalidad de causar daño al Ejército en general, y al procesado en particular, esa lógica comportaría que en punto de la ejecución de los asesinatos igualmente se hubiese descrito haber visto directamente la participación del oficial en esos actos.
En punto de la supuesta inclinación de los pobladores en contra de los soldados, basta referir, para demostrar la ausencia de base probatoria en respaldo de tal tesis, el caso de la corregidora Magnolia del Socorro Delgado Salazar, quien aparte de esa pretendida animadversión natural, tendría motivos adicionales para mentir, como que un familiar suyo fue muerto por las AUC y sufrió amenazas directas de muerte por parte de la agrupación ilegal.
No obstante esas circunstancias, es el propio acusado quien, en sus descargos, se pronuncia en buenos términos de la declarante, al describir la realización conjunta y cordial de diversas tareas en el área, esto es, que, descartada la supuesta antipatía, no tendría motivos para faltar a la verdad.
Sobre la misma testigo, cabe precisar que la común ocurrencia de las cosas muestra como normal que, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los hechos fueron cometidos, en un comienzo, en su primera intervención procesal, se hubiese abstenido de narrar lo acaecido, pues el miedo ante eventos tan crueles y aberrantes es una reacción apenas natural. Además, ni siquiera los militares en general y el acusado en particular ponen en tela de juicio su función preponderante en el poblado (era la corregidora, esto es, la primera autoridad civil), circunstancia que la hacía testigo por excelencia de mucho de lo acaecido. Tanto ello es así, que fue la encargada del levantamiento de los cuerpos acribillados el día anterior a la masacre.
El expediente es pródigo en la demostración del terror causado en la población, al extremo de haber sufrido un desplazamiento forzado, incluso hasta Venezuela, con la consecuencia natural y obvia de su negativa a rendir testimonio. En este contexto, resultan significativas, dignas de confianza, las declaraciones de quienes vencieron el temor, las que válidamente se puede inferir coinciden con la verdad.
Desde otra óptica, se ratifica la confiabilidad de las versiones señaladas cuando otros elementos de juicio, no controvertidos y provenientes, algunos de ellos, de las mismas fuentes militares, han ratificado que aspectos narrados por los declarantes coinciden con la verdad, como los anuncios públicos de las AUC sobre que “se tomarían” La Gabarra, que tal situación –por oposición a los descargos- era de pleno conocimiento del Ejército y del teniente acusado, que éste sabía de la presencia de las AUC y que su obligación, establecida por los mandos del Ejército, era proteger a la ciudadanía.
Véase:
* Mediante “Órdenes de operaciones” números 0027 del 2 de junio y 0031 del 19 de agosto de 1999, suscritas por el mayor Llorente Chávez, se dispuso que los miembros del Ejército, acantonados en la zona, estaban obligados a enfrentar, entre otros, a los paramilitares, a realizar misiones ofensivas, a destruir los retenes ilegales.
* Idéntico es el contenido de la orden del 19 de agosto, suscrita por el procesado, en la que explicó que en el sector denominado “La 40” salían “los bandidos” a extorsionar a comerciantes y campesinos de la región, por lo que se imponía “ejercer Control Militar de Área para evitar posibles incursiones de las autodefensas”.
Al escrito se anexó un “informe de inteligencia”, signado por el teniente Campuzano Vásquez, que daba cuenta “que las autodefensas quieren apoderarse de la región a como dé lugar” y que “Debido a los últimos combates… donde se dieron de baja 4 paramilitares, estos piensan tomar algunas retaliaciones”.
* Un documento, fechado el 1° de junio de 1999 y titulado “Acción urgente”, hizo un llamado a las fuerzas armadas, al Gobierno Nacional, a la Procuraduría, a la Fiscalía y a la Gobernación. Se quejó de la connivencia entre los paramilitares y el Ejército; de las violaciones de los derechos humanos en la región del Catatumbo; describió un retén instalado por las AUC el 29 de mayo de 1999, donde afirmaron que su objetivo era incursionar en La Gabarra, asumir su control y ejecutar a los auxiliadores de la guerrilla. Agregó que el día 30 de un helicóptero descendió quien se identificó como Carlos Castaño y arengó a la población en similares términos.
* Entre el 8 y el 10 de julio siguientes, una comisión integrada por representantes de la Defensoría, la Procuraduría, la Gobernación, el Ministerio del Interior, la Vicepresidencia y tres ONG viajó a la zona y en un informe dejó consignada la grave situación de La Gabarra. El grupo se entrevistó con el comandante paramilitar alias Camilo, quien les dijo que había realizado “ajusticiamientos” y que tenía listas de colaboradores de la guerrilla a los que había declarado “objetivo militar” y “reafirmó su intención de incursionar hasta… En tal sentido, la comisión recomendó la implementación inmediata de sistemas de prevención para evitar una tragedia”.
* Frente a esos escritos, reseñados en el diario El Espectador, el comandante de la V Brigada del Ejército, general Alberto Bravo Silva, según la publicación, expidió comunicados para decir que era una “quimera” y un “imposible de cumplir” una incursión en La Gabarra, porque desde el 2 de julio el batallón 46 protegía a sus habitantes.
El oficial fue indagado en la justicia penal militar y allí explicó que dispuso un contingente para la base militar de la Gabarra, porque había informaciones sobre las amenazas que se cernían sobre el poblado, y que la misión de los militares era impedir por todos los medios el asesinato de campesinos.
* Un comunicado de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del 24 de agosto de 1999, dio a conocer que en el mes de julio se entrevistó con el jefe de las AUC, quien avisó que iba a incursionar en algunos poblados, entre ellos La Gabarra, hecho que fue informado inmediatamente a las autoridades.
* Con oficios 2092, 2093 y 2094, suscritos el 30 de julio de 1999 por el Defensor Delegado para los Derechos Humanos y dirigidos al Director de la Policía Nacional, al Ministro del Interior y al Ministro de la Defensa, se daba cuenta de la existencia de un grupo de cerca de 80 paramilitares en el sector “Vetas”, cuyo “comandante” retuvo transitoriamente al Procurador Departamental de Norte de Santander y le informó su propósito de tomarse La Gabarra, para asesinar a los auxiliadores de la guerrilla.
* Entre finales de mayo y comienzos de junio de 1999, diversas autoridades y entidades –Alcaldía, Concejo, Defensoría, Personero, Pastoral Social, Junta de Acción Comunal de Tibú, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Asociación para la Promoción Social Alternativa, “Minga”- realizaron comunicados públicos, dirigidos al Gobernador, al Procurador General de la Nación, a las fuerzas policivas y militares, al Gobierno Nacional sobre el ingreso de las autodefensas a la región y los asesinatos selectivos cometidos desde entonces, su anuncio público sobre que su objetivo era “tomarse” La Gabarra, para matar a las personas que, como auxiliadores de la guerrilla, figuraban en una lista elaborada por ellos, y su preocupación por la pasividad de Ejército y Policía, que no solamente no habían intentado controlarlas, sino que había indicios de su connivencia con ellas.
* En medios periodísticos de la misma época, el arzobispo José de Jesús Quintero Díaz, hizo angustiosos llamados al Gobierno porque era inminente una masacre en La Gabarra, región que estaba “secuestrada” por las AUC. Por la misma vía, el Defensor del Pueblo regional, Iván Villamizar Luciani, y varios pobladores señalaron que el “comandante” Carlos Castaño Gil hizo presencia en un helicóptero para anunciar sus futuras acciones delictivas.
* Un Documento de la Defensoría Regional, del 25 de agosto de 1999, dio cuenta de una reunión interinstitucional celebrada con la participación de los pobladores, dejó consignado que la queja más generalizada “era la mirada complaciente de la fuerza pública” frente al accionar de las AUC, y que aquella “cobra impuestos” para permitir el paso de insumos para el procesamiento de cocaína.
* En sus descargos, el capitán Jorge Andrés Escobar Pineda dijo que cuando estaba al mando del batallón, en julio de 1999, llegó una comisión de verificación, habiendo encargado de su seguridad al teniente Campuzano Vásquez, quien disgustado le informó que el defensor regional Villamizar Luciani le había dicho que iba a reunirse con los paramilitares en el sitio Vetas.
En una extensión de esa indagatoria, afirmó que en una oportunidad anterior, en julio de 1999, no se trasladó para enfrentar a las AUC, a pesar de haber sido informado de un retén que habían instalado en el sitio Vetas, porque la orden tajante de sus superiores era “preservar la vida e integridad de las personas que se encontraban en el casco urbano de La Gabarra”, circunstancia que le impedía abandonar el poblado.
Esos elementos de juicio, no solamente respaldan los cargos de los testigos y en sí mismos son pruebas de la actitud complaciente y de connivencia con el grupo ilegal, sino que, o fueron excluidos en sus valoraciones por los fallos, o su contenido fue tergiversado.
No de otra manera se explica la total omisión al asunto en el fallo de primera instancia, en tanto que el Tribunal únicamente hiciera una mención tangencial sobre que se “rumoraba” la incursión armada, cuando lo evidente, lo incontrastable, que múltiples pruebas señalaban, era la presencia, no oculta, sino pública y agresiva, de las AUC en la región y las reiteradas quejas sobre la pasividad y complacencia con ellas por parte de los integrantes del Ejército.
Esos medios de prueba indican, más allá de cualquier duda, la actitud permisiva de los miembros del Ejército, que antes que combatir a los integrantes del grupo armado ilegal que hacían presencia permanente, toleraban sus desplazamientos y retenes ilegales, de donde resulta válida la conclusión de que eso se hacía a manera de contribución para que el accionar ilegal no tuviera tropiezos en su permanencia en la zona.
Los señalamientos genéricos a los soldados de la base militar, indudablemente comprometen a su comandante, el teniente Campuzano Vásquez, no sólo porque el estamento militar actúa de manera jerarquizada, esto es, que la actitud de la base necesaria e indefectiblemente era conocida y patrocinada por su superior, sino porque las pruebas ilustran comportamientos directos del oficial, como el ingreso frecuente a las instalaciones oficiales de las lujosas camionetas empleadas por los paramilitares, hecho que solamente podía ser autorizado por él. Y sus expresiones públicas que no enfrentaría a los ilegales y que “el que la debe, que la pague”.
En el tema de los carros, es inadmisible el argumento sobre que bien podían ser empleados por muchas personas, pues tal precisión podría ser de recibo en una ciudad, no en el poblado de La Gabarra, que por sus condiciones económicas, sociales y culturales tornaba ostentosos esos bienes y, por ende, totalmente visibles. Además, como las actividades se realizaron en un lapso considerable, es obvio que los ciudadanos tuvieron ocasión de familiarizarse con los vehículos y con sus propietarios.
En las condiciones reseñadas, la Sala encuentra certeza respecto la participación activa del acusado en la actividad de la organización armada ilegal, comportamiento que evidentemente fue realizado de manera libre y voluntaria, como que su formación militar y las órdenes expresas que le fueron dadas le indicaron con antelación que no debía actuar de esa manera, y no solamente determinó su conciencia y voluntad en contra de tales postulados, sino también en oposición a las reiteradas quejas de los ciudadanos a quienes se había comprometido a proteger.
Así, el procesado tomó parte activa en los actos ilegales realizados por las AUC, y las conductas por él realizadas, que ya fueron reseñadas, fueron su “parte”, su “cuota”, para que la agrupación cumpliera su cometido, esto es, que, como dedujo la acusación, fue un “coautor impropio” del delito.
Esa conducta la define, tipifica y sanciona el artículo 2° del Decreto Legislativo 1194 de 1989, que fuera adoptado como disposición permanente por el artículo 6° del Decreto 2266 de 1991 –norma escogida en la acusación-, en los siguientes términos:
“La persona que ingrese, se vincule, forme parte o a cualquier título pertenezca a los grupos armados a que se refiere el artículo anterior, será sancionada, por ese solo hecho con pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales”.
El “artículo anterior”, al que remite la disposición, esto es, el 1° del citado Decreto 1194 de 1989, reza:
“Quien promueva, financie, organice, dirija, fomente o ejecute actos tendientes a obtener la formación o ingreso de personas a grupos armados de los denominados comúnmente escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares, será sancionado por este solo hecho con pena de prisión de veinte (20) a treinta (30) años y multa de cien (100) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales”.
Segundo. Los homicidios.
I. Cuestión previa.
La Sala, antes de adentrarse en las consideraciones respecto al caso en concreto, estima pertinente realizar las siguientes precisiones:
En el marco de los valores y principios que resalta y pone de presente el Estado Social de Derecho, así como en atención a la tutela y respeto irrestricto de los Derechos Humanos, al deber de cumplir y hacer cumplir los compromisos internacionales, en especial, los relacionados con el Derecho Internacional Humanitario, resalta, en primer orden, la constitucionalización del Derecho Penal1
y, por tal vía, la aplicación e interpretación de las normas conforme a los mandatos de los instrumentos internacionales ratificados por Colombia2
, que conforman el comúnmente llamado ‘Bloque de Constitucionalidad’3. En consecuencia, el debate sobre el dolo, el dolo específico, el dolo eventual, la connivencia y la aquiescencia, no deja de llamar la atención en la hora actual de la globalización e impone la obligación de guardar el estándar internacional.
Desde luego, en el marco del compromiso internacional, no solo lo que se considera opinión general, sino la doctrina y, por supuesto, la jurisprudencia interna e internacional toman especial nota, a más de tratar de desarrollar y precisar dichos conceptos, aparentemente noveles.
Así las cosas, se inicia la reflexión con el significado de los vocablos connivencia y aquiescencia; el primero, la “connivencia. (Del lat. conniventĭa). 1. f. Disimulo o tolerancia en el superior acerca de las transgresiones que cometen sus subordinados contra las reglas o las leyes bajo las cuales viven. 2. f. confabulación”4
; mientras que el segundo “aquiescencia. (Del lat. acquiescentĭa). 1. f. Asenso, consentimiento.”5
.
La aquiescencia, esto es, la confabulación, el consentimiento, es la base de las referencias que en comentarios y recomendaciones se han realizado. Al canto, algunas de ellas:
(i) la postura de algunas Organizaciones no gubernamentales –ONGs-, Amnistía Internacional, Informe 1998, que abarca el periodo comprendido entre los meses de enero y diciembre de 19986
; y, en el Informe de 2007, donde nuevamente se relatan hechos análogos7
; la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), 20048
; (ii) en las Naciones Unidas: Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias del 55 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/1999/62 -1989
-; y, en 2004, Extractos de los informes de los mecanismos temáticos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas*10
. COLOMBIA, 2004. Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias11
; (iii) en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA. CAPÍTULO IV continuado 5, VIOLENCIA Y LA VIOLACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 1999.12
; y, (iv) en la Corte Interamericana de Derechos Humanos13
.
No otro es el sentido legal y jurisprudencial. Veamos varias citas: en la Ley 409 de 1997 (octubre 28), Diario Oficial No. 43.164, de 31 de octubre de 1997. Por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”, en los artículos 2° y 3° se ordena:
Artículo 2o. ‘Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente, por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica’.
Y, en el Artículo 3o. se manda: ‘Serán responsables del delito de tortura: a) Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan; b) Las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso a) ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.’ (resaltos fuera de texto).
En el control Constitucional se precisa:
“Una interpretación exegética de la norma transcrita, lleva a la siguiente conclusión: de conformidad con el texto de la Convención, el delito de tortura sólo podrá predicarse del Estado, que incurrirá en él a través de sus agentes o funcionarios, o de particulares instigados a cometerlo por aquéllos; (…) Ahora bien, teniendo en cuenta que, como lo señaló esta Corporación, en esta materia nuestro ordenamiento superior y la legislación que lo desarrolla, “son incluso más amplios que los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país”, y que el derecho internacional es norma mínima que se integra a la legislación interna, la Corte no encuentra en las disposiciones estudiadas, desconocimiento o violación de ningún precepto constitucional.”14
(resaltos fuera de texto).
ii) en la Ley 707 del 2001 (noviembre 28), Diario Oficial No 44.632, de 1 de diciembre de 2001. Por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, hecha en Belém do Pará, el nueve (9) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), se ordenó en el artículo 2°:
‘Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.’ (resaltos fuera de texto).
En el control constitucional manda:
‘El artículo 2 define la desaparición forzada como una privación de la libertad de una o más personas, con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, en la cual, independientemente de su forma, no se da información sobre su paradero, se niega el hecho o no se informa sobre la ubicación de la persona, impidiéndole ejercer sus recursos y garantías legales. En relación con esta definición es necesario que la Corte se detenga sobre diversos aspectos. (…) la consagración explícita de unas categorías de sujetos activo “agentes del Estado… personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado” está encaminada a determinar el alcance mínimo de la obligación internacional de los Estados partes de tipificar el delito de desaparición forzada, pero no repercute directamente sobre la responsabilidad penal de los individuos. Por lo tanto, desde este punto de vista, el artículo 2º es constitucional. (…)’15
.
(iii) No otro es el sentido del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Veamos:
“Corte Penal.
Su control constitucional.
4.5.2.4 Elemento de intencionalidad.
El artículo 30 del Estatuto de Roma regula el elemento de intencionalidad que, por regla general, debe estar presente en el actor tratándose de los crímenes establecidos en el Estatuto. Dado que se trata de crímenes de extrema gravedad sancionables igualmente con penas privativas de la libertad e incluso con la reclusión de por vida, el Estatuto fija los estándares más altos de culpabilidad: los elementos materiales del crimen deben ser cometidos, salvo disposición en contrario, con “intención y conocimiento””. (Schabas, W. Principios generales del derecho penal, p. 302).
Establece el Estatuto al respecto:
“Artículo 30
Elemento de intencionalidad
1. Salvo disposición en contrario, una persona será penalmente responsable y podrá ser penada por un crimen de la competencia de la Corte únicamente si los elementos materiales del crimen se realizan con intención y conocimiento.
2. A los efectos del presente artículo, se entiende que actúa intencionalmente quien:
a) En relación con una conducta, se propone incurrir en ella;
b) En relación con una consecuencia, se propone causarla o es consciente de que se producirá en el curso normal de los acontecimientos.
3. A los efectos del presente artículo, por “conocimiento” se entiende la conciencia de que existe una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Las palabras “a sabiendas” y “con conocimiento” se entenderán en el mismo sentido”.
El Estatuto de Roma establece como regla general el dolo como elemento de la imputación subjetiva para la determinación de la responsabilidad penal. Según el Estatuto, actúa dolosamente quien “actúa con intención y conocimiento”. La norma exige la presencia de dos elementos: uno volitivo (la intención) y otro intelectual (el conocimiento). La intención se refiere o bien a la conducta o comportamiento incriminado o bien a la consecuencia provocada. Para que haya intención respecto de la conducta la persona debe proponerse incurrir en el comportamiento prohibido; por su parte, la intención referida a la consecuencia se da cuando la persona se propone causar el resultado o es consciente de que éste se producirá en el curso normal de los acontecimientos. Por conocimiento se entiende “la conciencia de que existe una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos.”16
Dado el grado de culpabilidad exigido en el Estatuto, se plantea el problema de precisar el ámbito de aplicación de su artículo 30.
En primer lugar, la Sala recuerda que la competencia de la Corte Penal Internacional es meramente complementaria (artículo 1 y 17). Por ello, es el Estado colombiano el primer titular del deber de protección, no dicha Corte.
Además, la Constitución no establece un criterio único de imputación subjetiva. Si el legislador puede establecer diversas concepciones y definiciones de los elementos de imputación subjetiva, también puede hacerlo un tratado. Y ello es precisamente lo que hace el Estatuto de Roma en relación con el elemento mental.
Dada la gravedad de los crímenes sobre los que la Corte tiene jurisdicción, el Estatuto de Roma adopta, con algunas excepciones expresas como la consagrada en su artículo 28, un parámetro bastante exigente respecto de la intencionalidad. El crimen debe haberse cometido con “intención y conocimiento”.
Algunas de las excepciones al mens rea del artículo 30 y que colocan un parámetro de culpabilidad menos exigente son precisamente las referidas a la responsabilidad de los jefes y otros superiores (artículo 28), o, en algunos de los crímenes de guerra (artículo 8. 2 literal b) vii) Estatuto de Roma).
El ‘Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional’ sigue la línea adoptada por muchos países, entre otros Colombia17, en punto del ‘Sistema de Derecho Penal de Acto o de Hecho’, por lo tanto se observa y aplica el principio de culpabilidad y en sede de ésta, en punto de sus formas, reconoce y regula solamente el dolo; o la estructura del delito intencional, para aparejar otras formas de manejo dogmático.
El planteamiento se deriva de la simple lectura del artículo 30 del ‘Estatuto’, arriba trascrito.
De la estructura encontrada y regulada por el ‘Estatuto’, surge la inclusión del dolo eventual dentro de este marco del dolo, ceñido a la realización directa, mediata del hecho, en coautoría, por acción u omisión y, en fin, en el caso de la aquiescencia.
Fijar una estructura total y rígida no es posible; ello será trabajo de la Corte Global.
Y siguiendo con los documentos internacionales, tenemos que en la Recomendación del Consejo Económico y Social, sobre los ‘Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o sumarias’, contenida en la Resolución 1989 de 24 de mayo de 1989, se tiene18:
“b.1) De las recomendaciones:
(…)
No podrán invocarse para justificar esas ejecuciones circunstancias excepcionales, como por ejemplo, el estado de guerra o de riesgo de guerra, la inestabilidad política interna ni ninguna otra emergencia pública. Esas ejecuciones no se llevarán a cabo en ninguna circunstancia, ni siquiera en situaciones de conflicto armado interno, abuso o uso ilegal de la fuerza por parte de un funcionario público o de otra persona que actúe con carácter oficial o de una persona que obre a instigación, o con el consentimiento o la aquiescencia de aquélla, ni tampoco en situaciones en las que la muerte se produzca en prisión. Esta prohibición prevalecerá sobre los decretos promulgados por la autoridad ejecutiva.
Tal prohibición implica un control a los miembros de la fuerza pública y a quienes tienen la función de custodia de las personas (# 2).”
En la “Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión en Resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984, se tiene19
:
“1.) Aspectos Generales.
(…)
g.2) Conceptos y alcance.
De la tortura y la utilización de un umbral mínimo (artículo 1º).
1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.
2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance”.
Define la ‘Desaparición Forzada’. Para la Convención consiste (artículo II)20
:
“Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
La “Desaparición Forzada de Personas”21
, encuentra antecedente y fuente tanto a nivel multilateral como regional; esta figura es también precisada en el segundo numeral del artículo 7º del ‘Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional’, como pasamos a transcribir:
“Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.
Así las cosas, estima la Sala que este es el que se puede denominar el ‘estado del arte’, no sin antes resaltar que, de otra parte, se tiene referencia jurisprudencial, con respecto al tema del deber de garantía o posición de garante que, sin ser el tema que nos ocupa, requiere de una espacial consideración. Veamos:
En la Sentencia SU.1184/0122, relevantes fueron los
“Hechos
1. Durante los días 15 a 20 de julio de 1997, un grupo de personas que vestían prendas privativas de las fuerzas militares irrumpió en el municipio de Mapiripán, Meta. Arribaron al sitio, procedentes de San José de Guaviare, lugar al cual habían llegado por vía aérea días antes. Durante su estancia en dicho municipio “sometieron violentamente a la población de Mapiripán, impidieron el ejercicio de los derechos de locomoción y comunicación, cerraron varias oficinas públicas, interrumpieron el desenvolvimiento de las actividades normales de ese municipio y procedieron a retener, torturar y asesinar un total de 49 personas, cuyos cadáveres descuartizados en su gran mayoría fueron arrojados al Río Guaviare”(231). Se atribuye a dos miembros de la fuerza pública que tenían competencia material, funcional y territorial sobre la zona (posición de garante), que frente a la agresión armada contra la población civil (situación de peligro generante del deber) no prestaron ningún tipo de ayuda (no realización de la acción esperada) cuando contaban con medios materiales para hacerlo (capacidad individual para realizar la acción). Durante los hechos, fueron informados sobre la forma como se desarrollaban en el municipio las graves violaciones a los derechos humanos (dolo o imprudencia).”
Luego de la presentación de la ‘Actuación Judicial’, se hizo referencia al punto de la posición de garante, así:
“La posición de garante. Deberes de seguridad en el tráfico y deberes de salvamento. Deberes originados en competencias institucionales.
La jurisprudencia de la Corte no ha considerado de manera expresa el tema de las conductas omisivas. Aunque ellas deben estar sujetas a las mismas condiciones fijadas en la sentencia C-358 de 1997, que constituye doctrina obligatoria en la materia, la Corporación estima necesario despejar cualquier duda sobre el punto.
12. La dogmática naturalista del siglo XVIII en materia penal, trató de edificar el delito de omisión sobre la base de los elementos característicos del delito de comisión. Con fundamento en el derecho liberal que surge después de la revolución francesa, Feurbach encontró que la “obligación originaria” de todo ciudadano estaba constituida por prohibiciones: no realizar conductas que pudieran ocasionar daño a terceros. Los mandatos –la obligación de realizar determinados comportamientos orientados a proteger bienes jurídicos– tenían una naturaleza excepcional, porque en principio no se tiene el deber de iniciar acciones de salvamento a favor de otra persona. Para que ello ocurra, se requiere un “deber jurídico especial” que obligue a la evitación de determinados resultados. Los juristas del siglo XIX lo encontraron inicialmente en la ley y el contrato. Posteriormente le agregaron la injerencia (el comportamiento peligroso anterior) y las estrechas comunidades de vida. Este enfoque se caracterizó por el estudio de las fuentes formales; es decir, por determinar donde nacen los deberes jurídicos de evitación del resultado, mas no por precisar su fundamento(2447).
13. El énfasis hacia el estudio material de las posiciones de garante es una tarea del siglo XX, que tuvo su máximo exponente en la llamada teoría de las funciones: es la posición que ocupe el sujeto en la sociedad, independientemente del reconocimiento expreso del deber de actuar en una ley, lo que fundamenta la obligación de evitar determinados resultados. Si bien el concepto de garante, como criterio básico de equivalencia entre la acción y la omisión se debe a Nagler (1938), el principal representante de un criterio material fue Armin Kaufmann. Para él, la posición del sujeto con respecto al control de fuentes de peligro (garantes de vigilancia) o frente a bienes jurídicos que debe defender ante ciertos peligros que los amenace (garantes de protección) determina la posición de garante(2548).
14. El moderno derecho penal de orientación normativista, se caracteriza por el abandono de los criterios con base en los cuales la dogmática naturalista del siglo XIX -predominante hasta la década de 1980 en el siglo XX- edificó la teoría del delito: causalidad, evitabilidad y dolo. Actualmente, el juicio de imputación se fundamenta en la delimitación de ámbitos de competencia: sólo se responde por las conductas o resultados que debo desarrollar o evitar en virtud de los deberes que surgen de mi ámbito de responsabilidad y que se desprenden de los alcances de la posición de garante. Lo demás –salvo los deberes generales de solidaridad que sirven de sustento a la omisión de socorro- no le concierne al sujeto, no es de su incumbencia(2649).
Desde esta perspectiva, el núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible(2750). Ejemplo: un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente en la calle un herido en grave peligro (situación de peligro generante del deber) y no le presta ayuda (no realización de la acción esperada); posteriormente fallece por falta de una oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle trasladándolo a un hospital cercano (capacidad individual de acción). La muerte no le es imputable a pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, si no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde sólo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano.
(…)
Conclusión: si una persona tiene dentro de su ámbito de competencia deberes de seguridad en el tráfico o de protección frente a determinados bienes jurídicos, en el juicio de imputación es totalmente accesorio precisar si los quebrantó mediante una conducta activa – vg. facilitando el hecho mediante la apertura de la puerta para que ingrese el homicida- o mediante una omisión –vg. no colocando el seguro de la entrada principal(2854)-. En una grave violación a los derechos fundamentales, la conducta del garante que interviene activamente en la toma de una población, es similar a la de aquel que no presta la seguridad para que los habitantes queden en una absoluta indefensión. En virtud del principio de igualdad, cuando la acción y la omisión son estructural y axiológicamente idénticas, las consecuencias deben ser análogas: Si la conducta activa es ajena al servicio, también deberá serlo el comportamiento omisivo.”
En fin, son variadas y constantes las respuestas dogmáticas y, con arraigo, ahora en los instrumentos internacionales, que sin duda hacen parte de la obligación convencional de ‘cumplir y hacer cumplir’, fundantes en el ‘Bloque de Constitucionalidad’.
La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no ha sido ajena al tema. Es pertinente resaltar como antecedente de gran interés la sentencia de casación número 18.499, del 25 de octubre de 2001 –Caso Segovia-, en donde se destacan circunstancias similares y, sin duda, se reconoce la situación de abandono de la población civil, sin que por ello se afecte el juicio valorativo probatorio, toda vez que se observa la aquiescencia, la connivencia y la intención de desatender el deber de protección. En esa oportunidad, puntualmente se dijo:
“A pesar de la pretensión del censor de no poderse creer en las declaraciones de quienes, como éste último, aseveraron haber observado a su defendido la noche de los hechos, aduciendo que no pudieron verlo porque llovía mucho y había tormenta eléctrica, no logra desvirtuar lo apreciado por el Tribunal como otro fundamento de la condena, al haber tenido la oportunidad esos testigos de observarlo cerca, mientras otros, de oídas, escucharon que lo habían visto esa noche. Así sea palmario que se disminuya la visibilidad en la noche, no porque además haya tormenta se elimina la posibilidad de apreciar lo que ocurre alrededor, menos en distancias cortas y cuando, ante la magnitud de la tragedia que se desarrollaba, se agudiza la perceptibilidad”.
A su turno, es relevante la reciente decisión –Sentencia de casación 23.825, del 7 de marzo de 2007, Caso Machuca-, en donde se compilan especiales precisiones sobre la coautoría con respecto al crimen organizado, así:
“Mediando, como en el presenta asunto, ideologías compartidas, voluntades concurrentes e intervención con aportes concretos según la división preacordada del trabajo criminal, se afirma que todos son coautores globalmente de la conducta delictiva realizada y responsables por sus consecuencias. No es, como suele entenderse, que cada uno sea autor sólo de la parte que le corresponde en la división del trabajo; ya que en este género de manifestaciones del crimen organizado se gesta un conocimiento común y una voluntad que también es común y por ello, el delito que recaiga en ese marco de acción, pertenece a todos como autores”.
Y se referencia el desarrollo doctrinario de lo que se denomina “Estructuras o aparatos organizados de poder”, al señalarse:
“Sin embargo, como se constata en las reflexiones anteriores, la Sala difiere tanto de la Procuradora 161 Judicial Penal II, como del Procurador Primero Delegado para la Casación Penal, en cuanto ellos, en la demanda y en el concepto, respectivamente, sostienen que en este caso específico los procesados deben responder como autores mediatos bajo la figura de las estructuras o aparatos organizados de poder; y, en cambio, para la Sala de Casación Penal, la coautoría predicable de los procesados es simplemente coautoría impropia, por división del trabajo en la empresa criminal común, perteneciente por igual a los subversivos que dinamitaron a propia mano el oleoducto, como a los cuadros de mando del Ejército de Liberación Nacional y de sus frentes de combate (…)
Tampoco se ha demostrado que los integrantes del Comando Central del ELN o los jefes de sus grupos o cuadrilla, hubiesen coaccionado a subversivos rasos o sin posición de mando a cometer el atentado so pena de sanciones disciplinares; y nada indica que los autores materiales hubiesen sido instigados o presionados o actuado sin autonomía, hipótesis en la cual sería menester adentrarse en el estudio de lo atinente a la posible determinación; y si ésta llegare a desvirtuarse, entonces sí pasaría a explorarse la incidencia de las estructuras organizadas de poder”,
elemento que también hace parte importante de esta presentación del “estado del arte”..
II. El caso concreto.
Con el comportamiento del procesado, arriba demostrado, que en punto de la actuación del grupo armado ilegal, puede decirse que consistió en un “dejar hacer, dejar pasar”, en hacer “oídos sordos” a su ineludible deber de combatir al grupo irregular que dejaba rastros de sangre a su paso y de negarse a proteger a la población civil, respecto de cuyas vidas tenía posición de garante, con el argumento de que “el que la debe, que la pague”, es indudable que el procesado permitió la matanza en la noche nefasta, no solamente con su conducta omisiva, sino con actos positivos.
Entre los últimos, cabe señalar el acuartelamiento temprano de los militares, en donde permaneció impasible sin salir en defensa de los pobladores, a pesar del ataque público realizado, con argumentos en extremo cuestionables como una supuesta agresión a la base oficial y la presunta información de un desconocido sobre que el puente había sido minado, presencia ésta que surge irreal, porque no se explica cómo pudo hacer un indefenso hombre para burlar la vigilancia de las AUC que a sangre y fuego se habían adueñado del lugar, además de que contraría la experiencia militar que un anónimo de esta índole hubiera sido creído sin la mínima constatación.
El compromiso del oficial acusado, en consecuencia, surge de su aprobación, de su aceptación, de su autorización, de su asentimiento, de su acuerdo, de su anuencia; en una palabra, de su aquiescencia con la masacre que, por todos los medios, las AUC habían informado cometerían contra los ciudadanos, señalados de ser guerrilleros o auxiliadores de estos. Su aquiescencia deriva incuestionable de sus expresiones públicas de que no combatiría a los ilegales y que, tácitamente, permitiría sus crímenes porque “el que la debe, que la pague”.
Aquiescencia y connivencia denotan, además, conocimiento de los elementos estructurales o componentes de la conducta punible cuya ejecución material corre por cuenta del grupo armado ilegal.
Así, el oficial a cargo de la tropa que, para facilitar la acción armada de la agrupación contra la población civil, decide ladinamente retirar el contingente de los hombres bajo su mando, muestra conocimiento idóneo sobre el carácter delictivo de la conducta o conductas que fundadamente sabe se irán a cometer.
En lo relacionado con la existencia de un ataque simultáneo a la base militar, que, por obligar a los soldados a defenderse, inhabilitándolos para salir del cuartel, y con la instalación de un retén esporádico, que no permanente –que tornaba normal que en la fecha de los asesinatos hubiera sido levantado en horas de la tarde-, aspectos en los que la acusación fundó la derivación de responsabilidad -al valorarlos en sentido contrario a los descargos-, el proceso muestra los siguientes elementos de juicio:
* Oficio 259 del 22 de agosto de 1999, mediante el cual el mayor Mauricio Llorente Chávez, comandante del Batallón de Contraguerrilla, denunció la masacre cometida por las autodefensas. Aclaró que fue realizada en circunstancias ajenas al proceder militar, pues en forma simultánea con la agresión a la población, también fue atacada la base oficial.
En declaración del día siguiente, el oficial afirmó que a eso de las 8:45 de la noche, por radio, el procesado le informó del ataque contra la base, situación que Llorente Chávez puso en conocimiento de sus superiores y pidió el apoyo de un helicóptero. Agregó que permanentemente se recibían informes sobre la presencia en la región del Catatumbo de grupos ilegales, en contra de quienes se realizaban operativos con resultados positivos y que en el casco urbano se ejecutaban patrullajes y retenes a diferentes horas para evitar la rutina.
Dijo que la guarnición militar mostraba algunos cráteres e impactos de bala, producto de la agresión de las AUC.
El 7 de septiembre, dentro del proceso por la denominada “masacre de Tibú”, aclaró que siempre que se dirigían a enfrentar a las autodefensas en los retenes ilegales, una vez desactivaban los explosivos puestos en la carretera y llegaban al lugar, aquellos ya se habían ido. Explicó que la base de Tibú, que estaba a su mando, sufrió un ataque similar, mientras, simultáneamente, la población civil era masacrada. Por razones de seguridad, aclaró, los retenes sólo se hacían en el día.
* Los soldados, suboficiales y oficiales Faustino Cáceres Rodríguez, Fabio Rincón Rincón, José del Carmen Leal Ortega, William Adolfo Muñoz Correa, Nicolás Valderrama Ramírez, Osfar George Paredes Rojas, Miguel Antonio Gualteros García y Daladier Rivera Jácome dieron cuenta que, encontrándose en la base, a eso de las 8:45 de la noche recibieron un ataque “de todos lados” con fusiles y granadas. Dijeron que quedaron muestras de dos impactos de granada y muchos de fusil.
Rincón Rincón describió retenes y patrullajes esporádicos (también, Muñoz Correa) y que el día de los asesinatos hubo puesto de control en horas del día. Leal Ortega dijo que no se necesitó el apoyo del helicóptero. Valderrama Ramírez aseveró que en las horas de la noche no se realizaban patrullajes en la zona.
Paredes Rojas explicó que hizo un retén hasta las 6 de la tarde, que luego visitó varios establecimientos y a las 7:30 de la noche se refugió en la base por orden del teniente procesado; agregó que el puesto de control era permanente en horas diurnas, pero que se realizaban patrullajes día y noche y que incluso se ordenaba el cierre de los establecimientos. Rivera Jácome dijo que el acusado había grabado el ataque y que la misión principal del Ejército era proteger a la población civil y controlar los ataques de los grupos ilegales.
* En declaración inicial del 22 de agosto de 1999, el teniente Luis Fernando Campuzano Vásquez dijo que el día de los hechos dispuso un patrullaje en el pueblo y un puesto de control, que ordenó levantar a las 6 de la tarde; que a las 7:30 los soldados estaban recogidos en la base y sobre las 8:40 comenzó el ataque a las instalaciones, que duró unos 50 minutos. Dispuso defender el sitio y por radio informó a sus superiores.
Al día siguiente, agregó, se percató de los homicidios. Explicó que no tenía conocimiento de alguna incursión armada a La Gabarra, que los pobladores no manifestaban saber algo al respecto y que no había recibido informes sobre ese tema. Afirmó que los disparos dejaron algunos rastros y que grabó varios momentos del ataque.
Similar relato hizo el acusado en un informe que rindió a sus superiores el 22 de agosto de 1999.
Dos días después, el 24, ante la Procuraduría, el oficial reiteró lo del ataque al puesto militar. Explicó que contaba con 65 soldados, 2 oficiales y 8 suboficiales. Reiteró que a las 6 de la tarde se levantó el retén y se registraron bares y prostíbulos hasta las 7:30. Aclaró que a la base pasó un señor que afirmó que tuviera cuidado porque sobre el puente habían sido dejados unos paquetes extraños.
En diligencia de indagatoria del 24 de marzo del 2000 se negó a contestar las preguntas, porque, dijo, había rendido descargos por los mismos hechos ante un juez penal militar.
En esos descargos, rendidos ante la justicia penal militar el 18 de febrero del 2000, el procesado reiteró que a las 6 ordenó levantar el retén y registrar el pueblo, que sobre las 7:30 de la noche dispuso que los soldados se recluyeran en la base, porque no habían comido y no tenía personal para relevos. Luego se presentó el ataque.
Agregó que previo a los sucesos sus tropas dieron muerte a 4 integrantes de las AUC y que días después del hecho, en persecución de los agresores, sus soldados hicieron otro tanto con otros dos delincuentes e incautaron armas y vehículos. Explicó que antes de asumir el mando, por los medios de información se enteró de los comunicados de las AUC que anunciaban su incursión en el área del Catatumbo. Dijo que la relación con los pobladores y sus autoridades, en especial con la corregidora, eran cordiales y de ayuda mutua.
En la audiencia pública explicó que la agresión de las AUC no generó daños porque la base no contaba con una infraestructura física. Reiteró que nadie lo alertó sobre el hecho que estaba por suceder y que las órdenes recibidas fueron las de combatir los grupos ilegales, no las de proteger a la población.
De las versiones reseñadas, cabe precisar que en contra de la confiabilidad de sus relatos obra el natural propósito del acusado de salir avante en los cargos, la “solidaridad de “cuerpo” que lleva a compañeros y subalternos a respaldar al oficial caído en desgracia y, respecto del mayor Llorente Chávez, que, como ya se dijo, en los momentos de su relato era cuestionado e investigado penalmente por hechos idénticos, de donde resultaría obvio colegir que buscase avalar una excusa que podría hacerle eco a la suya.
Sobre el mismo punto, se cuenta con las siguientes declaraciones:
* Carmen Emiro Ropero Suárez afirmó que se desempeñaba como mesero del restaurante “La Parada”, cuando escuchó disparos, cerró el establecimiento y se subió a la terraza a “chismosear” y desde allí escuchaba cómo los soldados de la base militar gritaban que eran atacados por todos lados y el testigo, en efecto, percibía las detonaciones.
* Wilson Peñaloza Santander también se encerró en su casa y desde ahí escuchó explosiones y disparos en contra de la base militar, razón por la que, dijo, el Ejército no pudo acudir a socorrer a los ciudadanos.
El pésimo interrogatorio judicial a los declarantes impidió conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se encontraban el día y hora de los hechos, para así colegir la fiabilidad de su descripción. Pero debe decirse que si la base militar ocupaba un campo abierto, no parece coincidir con la lógica que un restaurante público funcionara en forma tan ligada a ella, al extremo que desde la terraza pudiera advertirse lo sucedido en su interior.
En relación con que se escuchaban disparos y detonaciones en la guarnición, ello ni quita ni pone sobre el real o supuesto ataque, como que el ruido podría apuntar a las dos tesis, pues no debe olvidarse que se ha señalado que en forma simulada los militares disparaban, o al aire, o con destino al río.
Las mismas conclusiones son de buen recibo respecto de la trascripción de un casete aportado, que puso de presente que un oficial –Mayor-, superior de “Ballesta 6” –el acusado-, le dijo que todo indicaba que los “bandidos” estaban rodeando La Gabarra, lo que exigía alerta máxima y la realización de retenes nocturnos, circunstancia ésta que, entre otras cosas, ratifica que el acusado sí estaba enterado anticipadamente de la masacre por venir.
Como en otro aparte, el documento refleja ruidos de disparos y explosiones y manifestaciones de militares, propias de un combate, la inferencia debe ser la misma señalada en el anterior aparte.
* El alcalde de Tibú, Raúl Centeno Porras, afirmó que los retenes del Ejército eran esporádicos. Lo mismo hicieron el capitán Guillermo Contreras Amaya y el teniente coronel Víctor Hugo Matamoros Rodríguez, quien aclaró que por órdenes del comando no podían existir puesto fijos de control, sino móviles.
Desde estas otras pruebas se ratifica que los puestos de control eran esporádicos, no permanentes, lo que tornaría normal su levantamiento en horas de la tarde del día de la incursión.
Sobre este tópico, en consecuencia, hay versiones opuestas en relación con lo esporádico o permanente del puesto de control y lo que constituye un retén móvil. Pero, con independencia del tema, no debe dejarse de lado que los testigos han precisado que los soldados patrullaban el poblado, al extremo de encargarse del cierre de los establecimientos públicos, circunstancia admitida por el oficial procesado. No obstante ello, en la noche de los hechos, por órdenes del acusado no se realizaron tales actividades. Por el contrario, los militares abandonaron las calles.
En oposición a esos elementos de juicio, se encuentran las versiones de los residentes en La Gabarra, que ya se vio y se reitera, en aspectos relacionados con el “maridaje” Ejército-AUC constituyen pruebas directas. Si bien en punto de la participación del imputado en los homicidios no lo son, porque especifican que sus aseveraciones obedecían a “rumores”, a lo que “la gente dice”, a lo que “se comentaba” en el pueblo, se tornan creíbles y admisibles, en cuanto narran con sinceridad lo percibido, y lo escuchado no fue a cualquier persona, sino a sus vecinos. Además, sí tuvieron percepción directa sobre las afirmaciones del acusado de no combatir a las AUC y permitirles su accionar.
La Corte concluye, en consecuencia, que sobre la participación del procesado en los homicidios cometidos, la incertidumbre fue despejada, en el entendido que tácita y expresamente permitió que las AUC actuaran como a bien tuvieran, como lo venían anunciando, y se comprometió, y así lo hizo saber, a no combatirlas y a dejar que hicieran lo que quisieran con la población civil, porque “el que la debe, que la pague”.
Los antecedentes conocidos del grupo criminal y sus manifestaciones públicas de que se “tomarían La Gabarra” para matar a los ciudadanos por ser guerrilleros o colaborar con la subversión, ejecutando previamente muertes selectivas para dar validez a las amenazas, son circunstancias que permitieron al oficial procesado conocer con antelación la comisión de los múltiples homicidios, no obstante lo cual hizo expresa su intención, finalmente cumplida, de no defender a los civiles y de no combatir al grupo ilegal.
Es claro, entonces, que con conciencia y voluntad cohonestó esas acciones y su contribución a tal resultado consistió en esos actos concretos.
Por tanto, esa consecuencia debe serle imputada a título doloso, como que por todos los medios fue enterado, sabía, de la masacre por venir y no hizo nada para evitarla, siendo ese su deber constitucional y legal.
Esta imputación coincide con los estándares internacionales. Así, en relación con el artículo 30 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, se tiene dicho que en punto del “resultado” o la “consecuencia” de la conducta, hay lugar a deducir dolo, así:
“deben serle imputados al autor los resultados intermedios o secundarios necesarios para el resultado final, que sean prácticamente seguros (“a virtual certainty”) y que no se basen en un acontecimiento fuera de lo normal (“wholly improbable supervening event”). Por ejemplo, si el autor hace saltar por los aires una aeronave para obtener la suma del seguro (objetivo final), entonces se corresponde con el “curso normal de los acontecimientos” que también mueran allí los pasajeros (resultado intermedio o secundario).
Para la imputación basta por tanto con el conocimiento de la producción del resultado fundado en la experiencia general de la vida; el conocimiento necesario es objetivado por medio del criterio del “curso normal de los acontecimientos”. Tales consecuencias secundarias pueden considerarse también como “queridas”, porque el autor cuenta con seguridad con su producción. En todo caso, con esto se exige más que el dolus eventualis, pues allí el tener seriamente por posible la producción del resultado se funda en una base fáctica insegura, mientras que aquí se puede partir de un modo relativamente seguro de la producción del resultado. Este criterio se corresponde más bien con el propuesto en Noruega y Finlandia de la “conciencia” de “que la acción realice con seguridad o con alta probabilidad (‘sikkert eller mest sansynlig’) los elementos del tipo”. También habla de considerar suficiente el dolo eventual el hecho de que tal concepto había sido suprimido ya antes de la Conferencia de Roma”29.
Sobre “el elemento intencional”, en el marco del derecho penal internacional se tiene dicho, en traducción libre:
“XI. Artículo 30. Elemento de intencionalidad30
.
Este artículo fue, en principio, uno de los temas de mayor dificultad en el debate, por las diferencias conceptuales entre los sistemas legales (“dolo eventual” contra “probable necesidad”, “imprudencia temeraria” contra la “negligencia temeraria”), pero finalmente resultó bastante fácil llegar a un acuerdo. El texto definitivo esta basado en un anteproyecto Canadiense.
Otra dificultad la encontramos en el enlace del “elemento mental” y el “elemento material”, y en el asunto relacionado con el rol que jugaría la omisión en el “elemento material”. Este tema se resolvió reemplazando “acto u omisión” por “conducta”. Se entendió que la cuestión relacionada con la omisión sería resuelta junto con la propuesta de un artículo especial sobre “actus reus”, proposición que posteriormente fue abandonada.
El único tema que realmente faltó abarcar sobre el “elemento mental” durante la Conferencia de Roma, fue el de evaluar la necesidad de definir la “imprudencia temeraria” (o de algún concepto similar). Allí se acordó que, en principio, todos los crímenes de competencia de la Corte requerirían intención y conocimiento, salvo que específicamente se previera lo contrario. Después, se señaló que la palabra “imprudencia temeraria” no aparecía por ninguna parte en la definición de crimen, y se acordó que era innecesaria. El artículo entonces fue adoptado.
Debía adicionarse, sin embargo, el concepto de “imprudencia temeraria”, aunque no el término en sí mismo, existe en el artículo 28 del Estatuto de Roma, que fue negociado después del artículo 30”31.32
Desde luego que no se trata de aplicar un instrumento que para la fecha de los hechos no se encontraba vigente. Lo que se quiere significar es que la disposición del dolo, como dolo eventual y, que aplicamos en el derecho interno, coincide con el estándar antes señalado.
En las condiciones dichas, se demuestran, con grado de certeza, los tipos objetivo y subjetivo del homicidio agravado por haberse cometido con fines terroristas, que la acusación ubicó en los artículos 323 y 324 del Código Penal de 1980, que rezan:
“Artículo 323. Modificado por la Ley 40 de 1993, artículo 29. Homicidio. El que matare a otro incurrirá en prisión de veinticinco (25) a cuarenta (40) años”.
“Artículo 324. Modificado por la Ley 40 de 1993, artículo 30. Circunstancias de agravación punitiva. La pena será de cuarenta (40) a sesenta (60) años de prisión, si el hecho descrito en el artículo anterior se cometiere: (…)
8. Con fines terroristas…”.
En aplicación del principio y derecho constitucional fundamental de la favorabilidad, deben aplicarse retroactivamente los artículos 103 y 104.8 del Código Penal del 2000, Ley 599, que dejan los topes de 25 a 40 años. Estas conductas se cometieron en concurso homogéneo y sucesivo, en los términos del artículo 31 del Estatuto penal, como que con cada muerte se recorrió en su integridad el tipo penal del homicidio.
Demostrada la ilegalidad de la sentencia del Tribunal, en cuanto incurrió en los errores demandados, y la certeza sobre la comisión de los tipos objetivo y subjetivo señalados en la acusación, se impone su casación, para en su lugar condenar al señor Luis Fernando Campuzano Vásquez como coautor de las conductas descritas.
El procesado es hijo de Luis y Doris, nacido en la ciudad de Cali el 24 de agosto de 1970, casado, oficial del Ejército de Colombia e identificado con la cédula de ciudadanía 79.522.975, expedida en Bogotá.
Por sustracción de materia, la Sala no se ocupará de los cargos tercero y cuarto formulados por el apoderado de la parte civil, porque la prosperidad de los precedentes torna inoficioso su estudio.
Las consecuencias punibles.
La acusación ubicó la conducta de concierto, por la que se ha de condenar, en el artículo 2° del Decreto 1194 de 1989, recogido como permanente por el artículo 6° del Decreto 2266 de 1991, que fija pena de prisión de 10 a 15 años y pecuniaria de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año de 1999.
El mismo comportamiento, bajo el nombre de concierto para delinquir, fue recogido por el inciso 1° del artículo 340 de la Ley 599 del 2000, que señaló de 3 a 6 años de prisión.
No se citan las modificaciones posteriores de la Ley 890 del 2004, no solo por perjudiciales, sino porque la jurisprudencia ya ha decantado que sus lineamientos punitivos operan exclusivamente para el denominado sistema acusatorio oral de la Ley 906 del 2004.
El comportamiento debe ser tipificado en el inciso 2° del artículo 340 del Código Penal vigente, que prevé penas de 6 a 12 años de prisión y multa de 2000 a 20.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, porque la Sala ha venido afirmando que la pertenencia a un grupo armado ilegal se entiende como concierto para “organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley”. Así se afirmó en auto del 17 de octubre del 2001 (radicado 18.790) y se reiteró el pasado 18 de abril (radicado 26.470).
Así las cosas, se debe escoger la norma original del Código Penal actual y, en punto de la restricción de la libertad, aplicarla retroactivamente por resultar benigna al procesado.
En relación con los parámetros de dosificación se impone igualmente el recibo de las disposiciones del sistema de cuartos de la Ley 599 del 2000, porque las normas vigentes en las época de los hechos permitirían la posibilidad de imponer el máximo de la sanción, lo que no sucede con aquellas.
Como la acusación no dedujo fáctica ni jurídicamente circunstancias genéricas o específicas de mayor punibilidad, el juzgador debe ubicarse en el cuarto mínimo (de 6 a 7,5 años).
La historia reciente de país muestra como un hecho notorio, que no requiere de prueba diversa, las implicaciones extremadamente graves que en todos los ámbitos del acontecer nacional (económico, cultural, político, social, de arraigo de la población, de imagen internacional, de desplazamiento de la población con el incremento consiguiente de los cinturones de miseria, etc.) implica el despiadado accionar de los grupos armados al margen de la ley, y específicamente de los mal llamados paramilitares.
Esa situación conlleva un reproche considerable al ciudadano que de cualquier manera coadyuve a esas actividades ilegales. Mayor reparo debe merecer la conducta del servidor público que participe de ese accionar, y de extrema gravedad debe tenerse el actuar de quien precisamente ha sido llamado no solamente a proteger a los ciudadanos, sino a combatir esas formas de violencia, porque el mensaje a la ciudadanía es de desolación, de incredulidad e irrespeto para con las instituciones, pues no puede concebir, dentro de ninguna lógica, que su aliado natural, a cuyo sostenimiento contribuye con sus impuestos, se convierta en adalid de aquellos que han poblado de miseria y terror la patria.
En esas condiciones, en los términos del artículo 61 de la Ley 599 del 2000, la mayor gravedad de la conducta y el daño potencial generado para la ciudadanía, impone señalar el tope máximo permitido, que será de 7,5 años de prisión.
Los mismos lineamientos, aplicados a uno de los delitos de homicidio agravado, permiten ubicar el cuarto inferior de movilidad de 25 años a 28 años y 9 meses de prisión, siendo el último límite el que se impone.
En aplicación de las reglas del concurso de conductas punibles, se tiene como el “delito más grave”, o “delito base”, uno cualquiera de los homicidios, para partir de 28 años y 9 meses y, bajo los criterios ya expuestos, por el “otro tanto” se adicionarán los 11 años y 3 meses que faltan para completar los 40 años permitidos como límite máximo por el artículo 37 original de la Ley 599 del 2000, igualmente aplicable por beneficiar al procesado, entendiéndose que ese monto de 11 años y 3 meses agrupa las sanciones por los restantes atentados contra la vida y por el concierto para delinquir, en proporciones iguales para cada una de tales infracciones.
Trasladando los mismos criterios, se fijará pena de multa por suma equivalente a 62,5 salarios mínimos mensuales vigentes para el año de 1999, correspondientes al tope máximo del primer cuarto, deducidos del artículo 2° del Decreto 1194 de 1989, norma aplicable ultractivamente por favorabilidad.
Como sanción accesoria se impondrá la de interdicción de derechos y funciones públicas por el lapso máximo de 10 años permitido por el artículo 43 del Decreto 100 de 1980, recogido ultractivamente por resultar benigno frente a los artículos 51 y 52 de la Ley 599 del 2000, que amplían el término a 20 años.
Las sanciones legales previstas para las conductas imputadas descartan la posibilidad de conceder los subrogados penales de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, además que el grave comportamiento del procesado, puesto de presente a lo largo de esta determinación, permite colegir fundadamente que representa un peligro para la comunidad, imponiéndose la necesidad de que pague en un centro carcelario la totalidad de la sanción impuesta.
En relación al bien jurídico protegido con la conducta de concierto para delinquir, no hay lugar a imponer la obligación de indemnizar perjuicios.
En punto de los homicidios, la Corte se abstendrá de ordenar el pago de daños, porque no fueron demostrados dentro de la actuación y la tasación prudencial que puede hacer el juez parte del supuesto necesario de su acreditación probatoria, pues el juzgador debe considerar, entre otros aspectos, las condiciones de la persona ofendida y la naturaleza y consecuencias de los agravios sufridos, aspectos sobre los que no existen bases probatorias.
Lo anterior no obsta para que las víctimas acudan ante la jurisdicción civil respectiva.
Se librarán las comunicaciones de ley.
La Corte estima prudente solicitar de la Procuraduría General de la Nación que así como en el evento que hoy se decide intervino activamente, haga lo propio en las restantes investigaciones que se han originado debido a las múltiples rupturas de la unidad procesal, en aras de que se imparta una recta y cumplida justicia y se evite que casos tan graves queden en la impunidad.
En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
1. Casar la sentencia del 28 de abril del 2005, proferida por el Tribunal Superior de Cundinamarca.
En su lugar:
(a) Declara al señor Luis Fernando Campuzano Vásquez, de condiciones personales reseñadas en esta providencia, coautor penalmente responsable del concurso de conductas punibles de homicidio agravado y concierto para delinquir, previstas en los artículos 103 y 104.8 y en el inciso 2° del artículo 340 de la Ley 599 del 2000.
(b) Imponerle 40 años de prisión, 10 de interdicción para el ejercicio de derechos y funciones públicas y multa equivalente a 62,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 1999.
(c) Abstenerse de señalar la obligación de indemnizar perjuicios.
2. Declarar que el señor Campuzano Vásquez no tiene derecho a los subrogados de la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni de la prisión domiciliaria.
Expídase la respectiva orden de captura.
3. Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 472 del Código de Procedimiento Penal.
Notifíquese y cúmplase.
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
MAURO SOLARTE PORTILLA JAVIER ZAPATA ORTIZ
Permiso
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 “Primero. Con la Constitución Política de 1.991 explícitamente se ha constitucionalizado todo el derecho, ya que la Constitución es su hilo conductor, por el artículo 4º, que establece que ésta es norma de normas y no hay área jurídica inmune al derecho constitucional.
Por tanto, con la Carta Fundamental de 1.991 se ha “constitucionalizado” el derecho penal en particular. Igualmente, con la misma Carta se ha internacionalizado el derecho penal a partir del ius cogens.
Hubo pues un doble marco de constitucionalización del derecho penal en la nueva Constitución Política”. Corte Constitucional. Sentencia C-127, marzo 30 de 1993.
2 “ARTICULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
<Incisos 3 y 4 adicionados por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 2 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:>
El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución.
La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él.”
3 “3.2.3. Normas integrantes del bloque y consideraciones finales. La anterior sistematización de las técnicas de reenvío debería permitir, a su vez, determinar con mayor claridad cuáles normas integran el bloque de constitucionalidad, tanto en sentido estricto como en sentido lato. Así, conforme a esa dogmática, habría que concluir que hacen parte del bloque en sentido estricto (i) el Preámbulo, (ii) el articulado constitucional, (iii) los tratados de límites ratificados por Colombia, (iv) los tratados de derecho humanitario, (v) los tratados ratificados por Colombia que reconocen derechos intangibles, (vi) los artículos de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, cuando se trate de derechos reconocidos por la Carta, y (vi) la doctrina elaborada por los tribunales intencionales en relación con esas normas internacionales. Como es obvio, esta lista genérica incluye específicamente los convenios de la OIT y la doctrina elaborada por los órganos de control de esa organización internacional. Y, de otro lado, para integrar el bloque en sentido lato, habría que agregar a las anteriores pautas normativas (i) las leyes estatutarias y (ii) las leyes orgánicas, en lo pertinente.
Este listado normativo corresponde, con algunas variaciones, a la sistematización hecha por la propia Corte en algunas de sus sentencias (29 Ver por ejemplo la Sentencia C-582 de 1999). Por ello considero que, a pesar de ciertas vacilaciones que son naturales debido a la complejidad del tema, la jurisprudencia de la Corte sobre bloque de constitucionalidad ha sido no sólo fecunda sino mucho más consistente de lo que plantean sus críticos. El reto es entonces seguir avanzando no sólo en esta sistematización doctrinaria, que es necesaria por razones de seguridad jurídica, sino también en el uso creativo de este concepto, que ha contribuido significativamente al desarrollo de una cultura de los derechos humanos en la práctica judicial. Y es que aunque es indudable que Colombia enfrenta hoy una muy dura y aguda crisis de derechos humanos, que conduce a muchos al pesimismo, al menos en este campo de la práctica judicial ha habido avances importantes; gracias a figuras como el bloque de constitucionalidad, estamos hoy muy lejos de esas épocas, no tan lejanas, en que resultaba estrambótico que alguien citara una norma internacional de derechos humanos en una controversial judicial.” UPRIMMY, Rodrigo. El Bloque de Constitucionalidad en Colombia. Un análisis Jurisprudencial y un Ensayo de Sistematización Doctrinal. En Compilación de jurisprudencia y doctrina nacional e internacional. Vol I. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derecho Humanos págs. 151-152
4 www.rae.es/ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA – Vigésima segunda edición Real Academia Española.
5 www.rae.es/ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA – Vigésima segunda edición Real Academia Española.
6 “El número de muertes fue también muy elevado en Colombia, donde las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares que actúan con su apoyo o aquiescencia mataron de forma similar a centenares de personas.”
7 “Hay connivencia entre paramilitares y funcionarios del Estado”.
8 “(…) expresa su preocupación ante la Comisión de Derechos Humanos por la persistencia de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario durante el 2004 en Colombia por parte de todos los actores del conflicto – grupos paramilitares en connivencia con las fuerzas armadas, de policía y guerrillas- en forma principalmente de masacres, asesinatos, desapariciones forzosas y secuestros.” http://www.fidh.org/rubrique.php3?id_rubrique=3 > Naciones Unidas > Comisión de Derechos Humanos > 61 Sesión de la CDH
9 “87. El Grupo de Trabajo recibió informes de organizaciones no gubernamentales que sugerían que las principales recomendaciones que el Grupo había hecho después de su visita a Colombia en 1988 no se habían aplicado. Se afirmaba que las desapariciones forzadas de civiles cometidas por organizaciones paramilitares aliadas a las fuerzas de seguridad y declaradas ilegales por el Gobierno en 1989 habían aumentado mucho en varios departamentos del país, entre ellos Antioquia, Chocó, César, Santander y Sucre. Estos grupos a menudo actuaban con la connivencia de las fuerzas armadas. Los acontecimientos que habían ocurrido recientemente en el departamento de Santander y en la región de Urabá del departamento de Antioquia demostraban la inacción del Gobierno ante los delitos de los paramilitares. Los civiles sospechosos de simpatizar con la guerrilla seguían siendo las principales víctimas de desapariciones forzadas. Se afirmaba que los defensores de los derechos humanos y los miembros de organizaciones no gubernamentales seguían siendo blanco de una campaña violenta de hostigamiento e intimidación y de ataques.”
* Este documento ha sido preparado por la Unidad Legal Regional del Buró de las Américas del ACNUR, mayo 2 de 2005.
11 “92. Durante el período que se examina el Grupo de Trabajo comunicó cinco nuevos casos de desaparición al Gobierno de Colombia, cuatro de los cuales presuntamente ocurridos en 2004, y los envió con arreglo al procedimiento de urgencia. En relación con los nuevos casos transmitidos después del 15 de septiembre de 2004, debe entenderse que es posible que el Gobierno no haya podido responder antes de la aprobación del presente informe. En el mismo período el Grupo de Trabajo volvió a transmitir dos casos con nueva información de la fuente y esclareció otros dos sobre la base de la información facilitada por el Gobierno, a cuyo respecto no se recibieron observaciones de la fuente.
93. La mayoría de los 1.154 casos de desaparición denunciados en años anteriores se produjeron a partir de 1981, y en especial en las regiones de mayor violencia. En muchos de estos casos los responsables presuntamente eran miembros de grupos paramilitares que, al parecer, actuaban con la complicidad o connivencia de elementos de las fuerzas de seguridad. Entre los secuestrados había miembros de sindicatos, campesinos y trabajadores comunita.”
12 “308. Las amenazas o el real empleo de la violencia con el objetivo de diseminar el terror entre la población civil, como lo hacen los paramilitares en Colombia, violan la prescripción expresa del artículo 13 del Protocolo II. También constituyen violaciones al derecho a un trato humanitario y el respeto a la integridad síquica protegida por el artículo 5 de la Convención Americana, cuando estos hechos son cometidos con la autoridad, apoyo o aquiescencia del Estado.”
13 Caso: Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Fechas. Sentencia 31/01/2006. Gaceta Constitucional – Tribunal Constitucional. http://gaceta.tc.gob.pe/cidh-caso.shtml?x=1715
14 Sentencia C-351 de julio quince (15) de mil novecientos noventa y ocho (1998). M. P. Dr. FABIO MORON DIAZ.
15 Sentencia C-580de treinta y uno (31) de julio de dos mil dos (2002). M. P.: Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL.
16 Cfr. Entre otros Kai AMBOS. La Parte General del Derecho Penal Internacional. Bases para una Elaboración Dogmática. Segunda Edición. Duncker & Humblot, Temis. Honrad –Adenauer-Stiftung. Montevideo. 2004. pags. 389 y ss.
17 Artículo 29 de la Constitución Política.
18 Ver: www.unhchr.ch/spanish/html/intlinst
19 Ver: www.unhchr.ch/spanish/html/intlinst Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de conformidad con el artículo 27 (1)
20 Ley 707 de 2001, (noviembre 28), Diario Oficial No 44.632, de 1 de diciembre de 2001; Por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, hecha en Belém do Pará, el nueve (9) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
21 En documento de la ONU. Elementos de los Crímenes (PCNICC/2000/INF/3/Add.2) www.un.org “Artículo 7 1) i)
Crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de personas
Elementos
1. Que el autor:
a) Haya aprehendido, detenido o secuestrado a una o más personas; o
b) Se haya negado a reconocer la aprehensión, la detención o el secuestro o a dar información sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas.
2. a) Que la aprehensión, la detención o el secuestro haya estado seguido o acompañado de una negativa a reconocer esa privación de libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas; o
b) Que la negativa haya estado precedida o acompañada de esa privación de libertad.
3. Que el autor haya sido consciente de que:
a) La aprehensión, la detención o el secuestro iría seguido en el curso normal de los acontecimientos de una negativa a reconocer la privación de libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas; o
b) La negativa estuvo precedida o acompañada de esa privación de libertad.
4. Que la aprehensión, la detención o el secuestro haya tenido lugar en nombre de un Estado u organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia.
5. Que la negativa a reconocer la privación de libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas haya tenido lugar en nombre de un Estado u organización política o con su autorización o apoyo.
6. Que el autor haya tenido la intención de dejar a esa persona o personas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.
7. Que la conducta haya tenido lugar como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil.
8. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo.”
22 Sentencia SU 1184/01. de noviembre trece (13) de dos mil uno (2001). M.P. Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT.
(1) Resolución de la situación jurídica del Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez. Fiscalía General de la Nación, Unidad de derechos humanos. 20 de mayo de 1999.
(47) Cfr. Jorge Fernando Perdomo. La problemática de la posición de garante en los delitos de comisión por omisión. Universidad Externado de Colombia. Centro de Investigaciones de Derecho Penal y Filosofía del Derecho. Bogotá. 2001.Págs. 17 y ss.
(48) Cfr. Armin Kaufmann. Die Dogmatik der Unterlassüngsdelikte. (1959) Verlag Otto Schwartz & Co., Göttingen. 1988. Págs. 283 y ss. Siguen esta orientación, entre otros: Harro Otto. Grundkurs Strafrecht Allgemeine Strafrechtslehre.Vierte Auflage. Walter de Gruyter. Berlin. New York. 1992. Págs. 142 y ss. Enrique Bacigalupo. Delitos impropios de omisión. Ediciones editorial astrea. Buenos Aires. 1970. Págs.119 y ss.
(49) Cfr. Günther Jakobs. Behandlungsabbruch auf Verlangen und & 216 StGB (Tötung auf Verlangen ). Medizinrecht-Psychopathologie-Rechtsmedizin.Diesseits und jenseits der Grenzen von Recht und Medizin.Festschrift für Günter Schewe.Springer-Verlag. Berlin 1991. Págs. 72 y ss. Günther Jakobs. La organización de autolesión y heterolesión especialmente en caso de muerte. Publicado en: Estudios de Derecho Penal. UAM ediciones-Civitas. Madrid 1997. Traducción de Manuel Cancio Meliá, Enrique Peñaranda Ramos y Carlos Suárez González. Claus Roxin. Strafrecht Allgemeiner Teil. Band I. Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre. 2 Auflage. Verlag C.H Beck. München 1994. Págs. 332 y ss. Yesid Reyes Alvarado.Imputación objetiva.Temis.Bogotá.1994.Págs 49 y ss.
(50) Cfr. Günther Jakobs. Regressverbot beim Erfolgsdelikt.Zugleich eine Untersuchung zum Gruñd der strafrechtlichen Haftung bei Begehung. ZStW 89 (i977). Págs 1 y ss.
(54) Cfr. Günther Jakobs. Strafrecht Allgemeiner Teil.Die Grundlagen und die Zurechnungslehre (studienausgabe). “Auflage.Walter de Gruyter. Berlin.New York. 1993. Págs. 212 y ss. Günther Jakobs. La competencia por organización en el delito omisivo. Universidad Externado de Colombia. Centro de Investigaciones de Derecho Penal y Filosofía del Derecho. Bogotá. 1994. Traducción de Enrique Peñaranda Ramos. Págs. 11 y ss. Günther Jakobs. La imputación penal de la acción y de la omisión. Universidad Externado de Colombia. Centro de Investigaciones de Derecho Penal y Filosofía del Derecho. Bogotá. 1996. Págs. 11 y ss. Traducción de Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles.Günther Jakobs. Acción y Omisión en Derecho Penal. Universidad Externado de Colombia. Centro de Investigaciones en Derecho Penal y Filosofía del Derecho.Bogotá.2000. Págs.7 y ss. Traducción de Luis Carlos Rey Sanfis y Javier Sánchez –Vera.
29 Kai Ambos, “La parte general del Derecho Penal Internacional”, traductor Ezequiel Malarino, Temis, 2005, páginas 397 y siguientes. En el mismo sentido, confrontar: Revista Española de Derecho Militar, número 75, enero a junio del 2000, Ministerio de Defensa, Madrid, página 419.
30 El artículo 30 del Estatuto de Roma se ocupó de cuestionarse acerca del elemento de intencionalidad, y estableció, entre otros, que, salvo pacto en contrario, una persona será penalmente responsable y podrá ser penada por un crimen de la competencia de la Corte únicamente si actúa con intención y conocimiento de los elementos materiales del crimen. Intención y conocimiento están definidos en ese artículo.
31 The Interntional Criminal Court, The making of the Rome Statute, Edited by Roy S. Lee., página 205.
32 El Texto en Inglés: “XI. Article 30, Mental element [°]
This article was originally the subject of rather difficult discussions, because of conceptual differences between legal systems (dolus eventualis versus a probability requirement, recklessness versus gross negligence); but it proved quite easy to agree in the end. The final text is based on a Canadian draft.
Another initial difficulty arose from the link between the mental and the material element and the question of the role that omissions would play in the material element. That issue was resolved by replacing “act or omission” with the word “conduct”. It was understood that the issue of omission would be resolved in connection with the proposal for a special article on actus reus, a proposal which was later dropped.
The only outstanding issue regarding the mental element during the Rome Conference was whether a definition of recklessness (or some similar concept) was needed. There was agreement that, in principle, all the crimes within the jurisdiction of the Court would require intent and knowledge unless specifically provided otherwise. After it was pointed out that the word recklessness did not appeared anywhere in the definitions of crimes, it was a agreed that a definition of that concept was unnecessary. The article was adopted.
It should be added, however, that the concept of recklessness, thought not the term itself, exists in the Rome Statute, i.e., in Article 28, which was negotiated after Article 30”.
[°]Article 30 of the Rome Statute deals with the question of mental element, which provides, inter alia, that unless otherwise provided, a person shall be criminally responsible and liable for punishment for a crime within the jurisdiction of the Court only if the material elements are committed with intent and knowledge. Intent and knowledge are then defined in that article.
& Recklessness:( (imprudencia temeraria)]. Cf. inconsiderate driving, careless driving, dangerous driving, drunk driving. Diccionario de términos jurídicos, inglés-español. Enrique Alcaraz Varó y Brian Hughes. Editorial Ariel.2002.