22861(12-09-06)-1

2006

Asistente Jurídico Inteligente

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    Proceso     No  22861   

CORTE   SUPREMA   DE  JUSTICIA   

SALA   DE   CASACIÓN  PENAL   

Magistrado Ponente:  

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA  

Aprobado Acta No.96  

Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos  mil seis (2006).   

VISTOS  

Decide  la  Sala  acerca de la admisibilidad  formal  de  la  demanda  de  casación  presentada por el defensor del procesado  FELIX  GABRIEL  SERRANO MEDINA, contra el fallo de segundo grado proferido el 26  de  mayo  de  2004  por  el  Tribunal  Superior  de Neiva, que sólo degradó su  responsabilidad  de  coautor  a  cómplice  y  confirmó en todo lo demás el de  condena  emitido  por  el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma ciudad,  por  el  concurso  de  conductas  punibles  de  hurto  calificado agravado en la  modalidad  de  tentativa,  porte  ilegal  de  armas  de  defensa  personal  y la  contravención especial de lesiones personales.   

HECHOS  Y  ACTUACIÓN  PROCESAL   

El  5  de  abril  de 2001, una pareja con el  pretexto  de  promocionar  productos  de  aseo  irrumpió en la residencia de la  señora  Amparo Valderrama ubicada en la Carrera 9-W 25 M-27 de Neiva, el hombre  la  intimidó  y golpeó con un arma de fuego, en tanto que la mujer ingresó al  inmueble  con  el  fin  de  extraer  algunos joyas y dinero, no obstante, por la  oposición  de  la  víctima y el auxilio de sus vecinos se logró la captura de  aquella  (Adriana  Rocha  Ramírez)  en  tanto que el sujeto huyó a bordo de un  taxi,  y sólo se capturó al conductor del rodante (Edison Díaz Herrera) quien  informó  que  el  Patrullero  de  la  Policía  FELIX GABRIEL SERRANO MEDINA lo  había    contratado    para   participar   en   el   ilícito   a   cambio   de  dinero.   

A la investigación penal que se inició en  contra  de los iniciales capturados, también se vinculó mediante indagatoria a  SERRANO  MEDINA y a través de declaración de persona ausente a Ricardo Forero.  La  situación  jurídica  de  los  dos  últimos  se  resolvió  con  medida de  aseguramiento  de  detención preventiva, sin derecho a la libertad provisional,  como  presunto  cómplice  y  coautor,  respectivamente, de los delitos de hurto  calificado  agravado  en  el  grado  de  tentativa, porte ilegal de armas con la  contravención  especial de  lesiones personales (la incapacidad definitiva  no superó los 30 días).   

La Unidad de Fiscalía ante el Tribunal al  conocer  de  la  apelación  que  contra  tal  proveído  elevó la defensora de  SERRANO   MEDINA   lo   confirmó  con  la  aclaración  de  que  la  medida  de  aseguramiento  procedía  en  calidad  de  coautor  y  no  de  cómplice, de los  referidos comportamientos.   

Clausurado el ciclo instructivo, el sumario  se  calificó  el  11 de febrero de 2002 con resolución de acusación en contra  de  los  dos  procesados  como coautores de las mencionadas conductas, decisión  que  adquirió  firmeza  el  28  del  referido  mes  y  año al no ser objeto de  impugnación.   

La  fase  del juicio la adelantó el Juzgado  Segundo  Penal  del  Circuito  de Neiva, despacho que tras llevar a cabo el acto  público  de juzgamiento, mediante fallo del 4 de marzo de 2004 condenó a FELIX  GABRIEL  SERRANO MEDINA y Ricardo Forero a la pena principal de veintiséis (26)  meses  de prisión, así como a la accesoria de interdicción en el ejercicio de  derechos  y  funciones  públicas por igual periodo, como coautores del concurso  de conductas punibles objeto de acusación.   

Impugnado el fallo por el defensor de SERRANO  MEDINA,  el Tribunal Superior de Neiva lo confirmó el 26 de mayo de 2004 con la  modificación  de llamarlo a responder en calidad de cómplice y redosificó las  penas principal y accesoria, al fijarlas en diecinueve (19) meses.   

LA  DEMANDA   

Contra   la  sentencia  de  segundo  grado  interpone  el  defensor  de  SERRANO  MEDINA recurso extraordinario de casación  “por     ser    violatoria    de    la    causal  primera”.   

Estima   el   censor  que  analizadas  las  circunstancias  modales,  temporales  y  espaciales  que  rodearon los hechos se  desprende  la  total  ajenidad  de su defendido en los mismos, porque además de  que  todos  los  participantes  fueron detenidos, él refiere en la injurada que  para  el  día del suceso se encontraba laborando en el municipio de Argentina –  Huila,  y  lo  acredita  con  la  certificación  que  expidió el comandante de  policía del lugar.   

Señala  que  también surgen dudas sobre su  participación  en los acontecimiento por el dicho de Edison Díaz Herrera en la  vista  pública,  en el sentido de que no conoce o había visto con anterioridad  a  SERRANO MEDINA, pero lo que acredita con certeza su inocencia es que el mismo  atestante  precisó  que no ha recibido alguna amenaza por parte de las personas  vinculadas al proceso.   

En consecuencia, solicita a la Sala casar el  fallo    y    dictar    el    que    “en   derecho  corresponde”.   

CONSIDERACIONES  DE  LA  CORTE   

         

1.- Observación inicial  

Previo  al  pronunciamiento  acerca  de  la  admisibilidad  de  la  demanda  presentada en nombre del procesado FELIX GABRIEL  SERRANO  MEDINA,  advierte  la Sala que referente a la acción penal derivada de  la  contravención  especial  de lesiones personales dolosas por una incapacidad  que  no  superó  los  30  días,  conducta  por la cual, junto con el sujeto no  recurrente  Ricardo  Forero  fue  acusado  y  condenado, ha operado el fenómeno  jurídico  de la prescripción en atención a que el artículo 10° de la Ley 23  de  1991  establece  que  “La  acción originada en  proceso  contravencional  prescribe  en  dos  (2)  años contados a partir de la  realización del hecho”   

          Respecto  de  la  contravención  especial  la Sala ha precisado que  “tiene   un   lapso   prescriptivo   privilegiado,  independientemente  de  que  su  investigación y juzgamiento se adelante por el  procedimiento  especial  o  el  ordinario, en éste último caso cuando concursa  con   un   delito,   en  virtud  de  los  señalamientos  hechos  por  la  Corte  Constitucional  en  la  sentencia C – 357 –  99.  Ese  régimen  privilegiado  no  puede  ser desconocido por las normas que regulan la  prescripción  de los delitos, no sólo por hacer más gravosa la situación del  procesado,  sino por el hecho de estar regulada expresamente la materia, lo cual  obliga  a enmarcar la decisión en este último ámbito jurídico en acatamiento  al     principio     de     legalidad    de    los    procedimientos”.   

          “La legislación penal no consagró una  previsión  normativa  para las contravenciones relacionada con la interrupción  de  la  prescripción,  fenómeno  que  posibilita un nuevo conteo del término,  simplemente  limitó  su  consumación a la ocurrencia de dos extremos, la fecha  de  los  hechos  y  la  sentencia,  debiéndose  entender  que  a  partir  de su  ejecutoria  prescribe  la  pena,  para  la  que  se  estimó un término de tres  años”1.   

                                            

En este caso los hechos datan del 5 de abril  de  2001  y  como  aún  la  sentencia  no  ha  alcanzado firmeza, los dos años  requeridos  para  que  opere  el  fenómeno  jurídico de la prescripción de la  acción  penal  de  la  contravención  por  lesiones  personales  se cumplieron  el   5  de  abril de 2003, previamente a que se emitiera el fallo de primer  grado.   

Lo anterior denota que la potestad punitiva  del  órgano  judicial  estatal  se  extinguió  sobre el referido hecho punible  antes  de  que  el expediente llegara a la Corte para calificar la demanda, ante  lo  cual  se deberán hacer los ajustes punitivos por su marginación de la pena  impuesta  a   FELIX  GABRIEL  SERRANO  MEDINA,  así como respecto del otro  procesado no recurrente Ricardo Forero.   

El  juez singular por razón del concurso de  delitos  de  hurto  calificado  y  agravado en la modalidad de tentativa y porte  ilegal  de  armas,  con  la contravención especial de lesiones personales, para  individualizar  la  pena  de  prisión partió del ilícito contra el patrimonio  económico  al  que  le  fijó catorce (14) meses, y por los otros dos ilícitos  concurrentes  aumentó en doce (12) meses más para un total de veintiséis (26)  meses.   

El   Tribunal   al   ubicar  el  grado  de  participación  de  FELIX  GABRIEL  SERRANO  MEDINA  por considerarlo cómplice,  partió  de siete (7) meses del ilícito patrimonial y respetó la dosificación  estimada  por  el  a quo para  los  punibles  concurrentes de doce (12) meses, para un total de diecinueve (19)  meses de prisión.   

En  este  orden,  como  no se discriminó el  quantum  punitivo  para  cada  uno de los comportamientos concurrentes de manera  racional  se  desprende  que se hizo proporcionalmente al fijar para cada uno de  ellos  seis (6) meses, por lo tanto, al marginar la contravención especial cuya  acción  penal  ha prescrito, la pena quedará en definitiva en trece (13) meses  de  prisión  para  FELIX   GABRIEL  SERRANO MEDINA, en tanto que a Ricardo  Forero le corresponde una pena de veinte (20) meses de prisión.   

En igual lapso quedará la pena accesoria de  interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas.   

2. De la demanda  

El  libelo demandatorio sobre la denuncia de  la  ilegalidad  del  fallo  debe  cumplir  con requisitos mínimos de claridad y  coherencia  que  permitan  advertir  la  clase  de  vicio  que  se  presenta, su  incidencia  en  la  decisión,  así  como  ofrecer  una  decisión  acorde  con  él  mismo.   

Cuando  se  opta  por  la  causal primera de  casación  de  manera  lógica  se  deben  anunciar  las  normas  que se estiman  infringidas,  su  sentido  de  violación,  sea  de manera directa o mediata por  yerros  de  carácter  probatorio  y si se trata de estos precisar los elementos  probatorios en los cuales recayó el vicio.   

         Son  manifiestos  los  desaciertos  en  que incurre el libelista al  formular  el  cargo,  tanto  por  su  falta de claridad, como por su precariedad  demostrativa,  pues  a  simple  alegato  de  instancia  se  reduce  su  forma de  argumentar,  ya  que  alejado  de  la  técnica  casacional  solamente esboza su  discrepancia   con   la   valoración  probatoria  y  las  conclusiones  de  los  juzgadores.   

En  efecto,  si bien anuncia que el reproche  contra  la sentencia lo encamina por ser “violatoria  de  la  causal  primera”  no  precisa  el sentido de  violación  de la ley de carácter sustantivo, bien por la vía directa o por la  indirecta.   

Tampoco  dedica  espacio  para  incluir  las  normas  sustantivas  infringidas,  como  criterio  determinante y referente para  aprehender  el  estudio  del  fallo,  y  no  procede  en virtud del principio de  claridad  a  señalar  a  la  Sala  el  sentido  de  la sentencia casacional que  pretende,  pues  se  limita  a  solicitar  que se profiera el fallo de reemplazo  “que    en    derecho    corresponde”.   

Lejos de evidenciar el yerro de juicio en el  juzgador,  asume el defensor una simple oposición a las conclusiones judiciales  al  enfrentar  su  criterio  a la fuerza de convicción del material probatorio,  especialmente  cuando  simplemente  apunta que su asistido es ajeno a los hechos  investigados.   

La  mera oposición del criterio defensivo a  los  criterios  de  valoración probatoria empleados por los juzgadores, como de  tiempo  atrás  lo  ha  señalado  la  Sala,  no  es  suficiente para motivar el  análisis  de  la legalidad del fallo, en cuanto tal ataque debe sujetarse a las  técnicas  establecidas  para  probar  la  existencia  de  yerros  manifiestos y  esenciales, con incidencia en el sentido de la decisión.   

          En tales condiciones, se impone inadmitir el cargo.   

Las impropiedades  advertidas  con  antelación  conllevan  a  inadmitir  la  demanda,  máxime que  tampoco  en  la  revisión  del  expediente se observa la vulneración de alguna  garantía  fundamental,  que amerite el ejercicio de las facultades oficiosas de  la  Sala  de  Casación  Penal en los términos del artículo 216 del Código de  Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000.   

En  mérito  de  lo  expuesto,  la  Sala  de  Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,   

RESUELVE   

         

          1.  DECLARAR  EXTINGUIDA  por  prescripción la acción penal por la  contravención  especial  de  lesiones  personales  por la que fueron procesados  FELIX GABRIEL SERRANO MEDINA  y Ricardo Forero.   

2.          ORDENAR,  en consecuencia, la cesación  de  procedimiento  en  favor  de  FELIX  GABRIEL  SERRANO MEDINA  y Ricardo  Forero  por  la  contravención  especial  de  lesiones  personales.   

3.   PRECISAR   que,   por  razón  de  la  prescripción  que aquí se decreta, la pena privativa de la libertad para FELIX  GABRIEL  SERRANO  MEDINA  como  cómplice  en  los delitos de hurto calificado y  agravado  en  la  modalidad  de  tentativa y porte ilegal de armas corresponde a  trece  (13)  meses  de  prisión, en tanto que para Ricardo Forero en calidad de  coautor    de   los   mismos   comportamientos   será   la   de   veinte   (20)  meses.   

4.  INDICAR  que  el  mismo lapso de la pena  privativa  de  la  libertad  aparejará  la  accesoria  de interdicción para el  ejercicio de derechos y funciones públicas.   

5.             INADMITIR   la  demanda  de  casación  presentada  por  el   procesado  FELIX  GABRIEL  SERRANO  MEDINA  contra la  sentencia   de   segunda   instancia  proferida  por  el  Tribunal  Superior  de  Neiva.   

6. Contra esta decisión solamente no procede  recurso alguno.   

         

Notifíquese y cúmplase.  

MAURO    SOLARTE  PORTILLA   

SIGIFREDO   ESPINOSA   PÉREZ                                ALFREDO      GÓMEZ  QUINTERO   

ÁLVARO  ORLANDO PÉREZ PINZÓN                              MARINA    PULIDO    DE  BARÓN   

JORGE  LUIS  QUINTERO  MILANES               YESID  RAMÍREZ BASTIDAS   

JULIO  ENRIQUE  SOCHA  SALAMANCA                      JAVIER ZAPATA  ORTÍZ   

TERESA RUIZ NÚÑEZ  

Secretaria   

    

1 Auto  del 10 de agosto de 2005. Radicación 23928     

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