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Proceso No 22703
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL
Magistrado Ponente:
MAURO SOLARTE PORTILLA
Aprobado acta número 088
Bogotá D.C., trece (13) de octubre de dos mil cuatro (2004)
Se pronuncia la Sala acerca de la admisibilidad de la demanda de revisión presentada a través de apoderado por José Luis Moreno Díaz en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Buga, mediante la cual lo condenó a la pena de 14 años y un mes de prisión como autor del delito de acceso carnal violento agravado.
HECHOS Y ACTUACION PROCESAL
1. AsÍ fueron narrados por el Tribunal de Buga en la decisión de segunda instancia:
“Su ocurrencia fue a primeras horas de la mañana del lunes 20 de agosto de 2001, el corregimiento de La Paila, jurisdicción del Municipio de zarzal, en la casa ubicada en la carrera 5ª, número 1 A 54, lugar en donde vivía la denunciante, señora María Eugenia Valdez Escobar. Cuenta la quejosa que, tras haber ingerido algunos licores y bailado en compañía de un amigo de nombre Alvaro Guzmán, y como ya se encontraba bastante alicorada, fue acompañada por Guzmán hasta su casa, donde se acostó a dormir. Agrega que se encontraba reposando cuando sintió que a su habitación entró Carlos Ernesto Hurtado, quien le propuso que se levantaran para que siguieran tomando en la sala de la casa, a lo cual ella se negó. Indica que posteriormente sintió que varios hombres la cogieron, la sometieron y uno de ellos la accedió sexualmente. Señala que al día siguiente le hicieron una llamada anónima en la cual le indicaron que quien había abusado de ella era un tal José Luis y que también había participado en el hecho Javier Vilafañe y Rodrigo, alias culebra.”
“El menor Carlos Ernesto Hurtado Aguilar, residente en la casa de la agraviada, señala como autor del acceso carnal de que fue víctima la denunciante, a José Luis Moreno Díaz, quien actuó con la ayuda de otros jóvenes, los cuales inmovilizaron a la víctima mientras aquel la accedía.”
2. El Juzgado Primero penal del Circuito de Roldanillo, mediante sentencia del 17 de junio de 2002, profirió sentencia absolutoria a favor de José Luis Moreno Díaz.
3. Al revisar la actuación, por virtud de la apelación oportunamente interpuesta por la Fiscal 35 seccional, el Tribunal Superior de Buga, el 26 de junio del mismo año, revocó la decisión y en su lugar condenó al procesado a la pena principal de catorce años y un mes de prisión, al declararlo responsable de la comisión del delito de acceso carnal violento agravado.
4. La sentencia de segundo grado no fue impugnada, por lo cual se declaró en firme y ejecutoriada.
5. A través de apoderado, el condenado José Luis Moreno Díaz, presenta demanda de revisión contra la sentencia de segunda instancia.
LA DEMANDA
Con fundamento en la causal tercera de revisión aduce el memorialista los siguientes argumentos:
Señala que el Tribunal estimó que el juzgado no analizó en sistemática, como corresponde, la prueba testimonial aportada al expediente, para en su lugar considerar que las contradicciones entre los testigos, se deben explicar como consecuencia del propósito que le asistía de salvar su responsabilidad.
En seguida, cita apartes de la sentencia, en la cual se concluye que los muchachos quisieron aprovecharse de la embriaguez de la mujer y que varios de ellos concuerdan en señalar que dispusieron turnarse para lograr dicho propósito, el cual solo fue alcanzado por José Luis Moreno, quien “fue beneficiado con la primera alternativa”.
Explica, con palabras del tribunal, que “un denominador común de todas y cada una de las de las declaraciones allegadas al proceso, y es que fue José Luis Moreno Díaz quien accedió sexualmente y en contra de su voluntad a María Eugenia Valdez Escobar, quien no obstante encontrarse en estado de embriaguez, era conciente del ultraje y trató de oponerse al mismo, resistencia que no rindió sus frutos debido a la inferioridad en que se encontraba, pues fue sometida por otras personas, quienes la aprisionaron mientras José Luis la penetraba.”
Aduce, como fundamento de la acción, que es perfectamente procedente solicitar la revisión de la sentencia cuando después de la sentencia condenatoria aparecen hechos nuevos o surgen pruebas nuevas, no conocidas al tiempo de los debates, que permiten establecer la inocencia del condenado.
Con ese propósito, estima que existen testimonios que demuestran que las declaraciones que se rindieron en el curso de la investigación provinieron de personas que se sintieron forzadas a mentir, como es igualmente claro que ante la embriaguez de la ofendida, el menor Carlos Ernesto Hurtado Aguilar aprovechó esa situación para invitar a algunos amigos a beber a la casa de la ofendida, sin que nada mas ocurriera.
Considera que en la declaración de la ofendida subyacen contradicciones insalvables, pues afirma que luego de ser abusada, Nery Leonor Tobón de Galeano la arropó con un manto, siendo que este acontecimiento no sucedió, tema sobre el cual debió llamarse a declarar a quien se dice acudió a la casa después de consumados los hechos.
Tampoco se llamó a declarar al joven Arnaldo Pulido, quien dice que estuvo en la casa en donde se dice que ocurrieron los hechos, y así mismo reconoce que allí nada sucedió. Ahora, si la víctima fue accedida carnalmente, en todo caso no lo fue por José Luis Moreno Díaz, sino por personas distintas, y si acaso lo fue, ello se debió a la complicidad del menor Hurtado Aguilar y al estado de embriaguez de la dama, lo cual significa que “no hubo acceso carnal violento.”
De otra parte, el dictamen médico legal permitió establecer que la ofendida mantiene relaciones sexuales activas, sin que el Tribunal le confiriera mayor valor a ese hecho. Tampoco se destacaron en el dictamen trazos de violencia, lo cual significa que se hubiese presentado sometimiento, quedando esta prueba en el limbo probatorio y sin mayor valor.
Anexó a la demanda copia de las sentencias de primera y de segunda instancia, constancia de su ejecutoria, y solicitó que se reciban las declaraciones de Nery Leonor Tobón de Galeano y Arnaldo Pulido, así como un nuevo estudio del concepto médico legal.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
La acción de revisión tiene como finalidad combatir la injusticia de la decisión y remover los alcances de la cosa juzgada. De este modo se busca que predomine el imperio de justicia sobre la intangibilidad de las decisiones, que no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr la seguridad jurídica en el ámbito del concepto de justicia material (artículos 2 y 228 de la carta Política). Con estos propósitos, expresamente se ha consignado que de existir pruebas o hechos nuevos no conocidos en el curso de la instancias, que establezcan la inocencia del condenado o su inimputabilidad, es posible remover los efectos del fallo (artículo 220 del código de procedimiento penal).
Como se trata de un debate que busca confrontar la justicia de la decisión y remover los efectos de la cosa juzgada, las causales tienen un nivel de exigencia que buscan, cuando se trata de rescindir el valor de la decisión apelando a la causal tercera, que los hechos o pruebas nuevas tengan la aptitud de influir de tal manera en el contenido del fallo, que de haberlos conocido a tiempo su sentido hubiese sido distinto. No se trata, entonces, de cualquier hecho, sino de “un acaecimiento o suceso fáctico vinculado al hecho punible materia del proceso, del cual no se tuvo conocimiento en ninguna de las etapas de la actuación judicial y que por lo tanto no pudo ser controvertido”; o de cualquier prueba, sino de un medio de prueba no incorporado al proceso “cuyo surgimiento tuvo ocurrencia después de él, que da cuenta de un hecho desconocido, o de una variante sustancial de un hecho conocido en las instancias procesales, cuyo aporte conduce a concluir, en un grado de certeza, que se condenó a un inocente o como imputable a quien no lo era.” 1
Pues bien, lo que pretende el actor, con el fin de revisar el sentido y la justicia de la decisión, es que se recepcione las declaraciones de Nery Leonor Tobón de Galeano y de Arnaldo Pulido, las cuales ha debido aportar con la demanda – sin que lo hiciera -, en orden a analizar su aptitud para controvertir el fundamento de la decisión cuya revisión se solicita. Aún cuando no cumplió con esta exigencia (numeral 4 del artículo 22 del código de procedimiento penal), del contexto de la demanda se deduce que con la declaración de la primera busca aportar datos sobre un aspecto que a su juicio no ocurrió (según se afirma no es cierto que la testigo hubiera cubierto con una manta a la ofendida después de haber sido abusada), pero que no tiene la incidencia ni la trascendencia para demostrar que el hecho no sucedió en la forma como fue concebido en la sentencia, como adelante se indicará.
Tampoco hace referencia a la aptitud que tendría la declaración de Arnaldo Pulido, y la de la testigo Tobón de Galeano, para desestimar las pruebas de cargo y en especial, por ejemplo, la declaración de Edwin Tonusco Valencia, pieza vital para establecer la responsabilidad del condenado, la cual el Tribunal analizó en los siguientes términos:
“Edwin Tonusco Valencia declara que la noche de los hechos e encontraba con Rodrigo Hurtado, Mauricio Méndez, Jhon Edwin Chiquito, Janier Gil y Javier Villafañe, en el Parque de La Paila cuando fueron incitados por un amigo al que llaman Juancho para una casa donde ‘..estaban unos muchachos afuera tomando, y que había una muchacha allá todo borracha, una catana, que la tenían acostada en la pieza de ella, que para ver que hacemos, que antes de él invitarnos como que la estaban tocando, y que ella no sentía, que estaba maluca.’ Agrega que ya en dicha residencia por sugerencia de Carlos Ernesto, menor que vivía en esa casa, salieron a dar una vuelta, quedando en dicho lugar Janier y un muchacho José Luis; al regresar diez minutos después, comenta que entraron, ‘y ya en la pieza de esa muchacha estaba José Luis, la estaba violando, estaba encima de ella..”
No enseña, en fin, de qué manera con la declaración de los testimonios cuya práctica se solicita, quedarían en vilo los argumentos de la sentencia y el sentido de justicia de la decisión.
De otra parte, la acción no fue diseñada para reexaminar la prueba que ya fue valorada en el proceso, como el demandante lo pretende al solicitar que se aprecien nuevamente las conclusiones del dictamen médico legal, como quiera que si el juicio acerca de su contenido fue equivocado, tal situación ha debido ser controvertida mediante el recurso de casación (artículo 207 numeral 1 del código de procedimiento penal).
Como se comprende, no basta para el propósito de lograr la revisión de la sentencia con relacionar un buen número de declaraciones, sino de acreditar que de haber sido conocidas en el curso de los debates, la solución habría sido totalmente distinta, de todo lo cual por supuesto la demanda adolece, pues no explica porqué o cómo se desnaturaliza de tal modo el juicio de responsabilidad que el Tribunal construyó. De manera que ante los defectos antes indicados la demanda debe inadmitirse (artículos 222 y 223 del código de procedimiento penal).
En mérito de lo expuesto, LA SALA DE CASACION PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
RESUELVE
1. Reconocer personería al abogado Juan José Santa Figueroa, para que actúe en calidad de apoderado del sentenciado José Luis Moreno Díaz, en los términos del poder que le fue conferido.
2. Inadmitir la demanda de revisión promovida por el señor José Luis Moreno Díaz a través de apoderado.
3. Contra esta decisión procede el recurso de reposición.
Notifíquese y Cúmplase
HERMAN GALAN CASTELLANOS
SIGIFREDO ESPINOSA PEREZ ALFREDO GOMEZ QUINTERO
EDGAR LOMBANA TRUJILLO ALVARO O PEREZ PINZON
Comisión de servicio
MARINA PULIDO DE BARON JORGE QUINTERO MILANES
YESID RAMIREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA
TERESA RUIZ NUÑEZ
Secretaria
1 Corte Suprema de Justicia, auto del 27 de marzo de 2000. M.P. Carlos Eduardo Mejía Escobar.