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Proceso No 22443
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL
Magistrado Ponente
Dr. EDGAR LOMBANA TRUJILLO
Aprobado Acta No.12
Bogotá D. C., veintitrés (23) de febrero de dos mil cinco (2.005).
VISTOS
Observado el trámite previsto en el artículo 518 del Código de Procedimiento Penal, entra la Sala a rendir el concepto que en derecho corresponda en relación con la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, de la ciudadana colombiana, OMAIRA ROJAS CABRERA, también conocida como “ANAYBE ROJAS VALDERRAMA”, “NAYIBE ROJAS VALDERRAMA”, “SONIA” o “Comandante SONIA”.
ANTECEDENTES
1. Con la Nota Verbal No. 405, del 19 de febrero de 2.004, la Embajada de los Estados Unidos de América, solicitó la detención provisional con fines de extradición de, “ANAYBE ROJAS VALDERRAMA, también conocida como “NAYIBE ROJAS VALDERRAMA”, “SONIA” o “Comandante SONIA”; la cual fue decretada por el Despacho del Fiscal General de la Nación, el 24 de marzo de 2.004, y notificada en prisión el 30 del mismo mes y año, por miembros de esa Institución.
Con la Nota Verbal No. 0565, del 10 de marzo de 2.004, la misma Embajada de Estados Unidos de América, informó, que de acuerdo con una mayor investigación puede confirmar que la persona requerida en extradición es OMAIRA ROJAS CABRERA, con cédula colombiana No. 40.729.761, nacida el 20 de octubre de 1.970, en la Unión, Caquetá, adjuntando copia de la cédula y sus huellas digitales.
2. Con la Nota Verbal No. 1263, del 28 de mayo de 2.004, la Embajada de los Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición de OMAIRA ROJAS CABRERA, también conocida como “ANAYBE ROJAS VALDERRAMA”, “NAYIBE ROJAS VALDERRAMA”, “SONIA” y “Comandante SONIA”, para que comparezca en juicio por delitos federales de narcóticos.
Sobre los hechos, consigna, que OMAIRA ROJAS CABRERA es miembro del grupo “narcoterrorista” “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” “FARC”, que opera en varias partes de Colombia.
Dice, que la evidencia demuestra que las “FARC” financian actos violentos de terrorismo contra el gobierno colombiano fabricando y vendiendo cocaína e imponiendo contribución por la misma, adquiriendo con sus ingresos armas, municiones y los suministros necesarios pera permitirles llevar a cabo el conflicto.
Que durante el tiempo del delito, JOSE BENITO CABRERA CUEVAS, era el Comandante del “Frente 14 de las FARC”, quien junto con OMAIRA ROJAS CABRERA, supervisaron la fabricación de la cocaína en el área controlada por el aludido frente, vendieron grandes cantidades de la droga a traficantes de narcóticos incluyendo a JOSE ANTONIO CELIS, también conocido como “Calvo” y a JUAN DIEGO GIRALDO, alias “Flaco”.
2.2. Declaración rendida por WILLIAM D. BRAUN, Abogado Litigante Principal, nombrado como Fiscal para representar a los Estados Unidos en el proceso base de la reclamación. Explica cómo se conforma un Gran Jurado, cuál es el trámite observado para dictar una resolución de acusación, e individualiza los requisitos que esta decisión debe reunir.
Evoca los cargos atribuidos a la requerida en extradición, determinando el contenido y alcance de los delitos que se le endilgan; en cuanto a los hechos, manifiesta, que durante el período de tiempo cubierto por la acusación formal JOSE BENITO CABRERA CUEVAS, también conocido como FABIAN RAMIREZ, oficiaba como líder de una organización de tráfico de cocaína en Colombia teniendo bajo su control, como comandante del frente 14 de las FARC, la elaboración del alcaloide en el sur de Colombia el cual vendía a narcotraficantes internacionales quienes lo transportaban a Estados Unidos y a otros países.
En particular, dice, que uno de los individuos que ayudó a JOSE BENITO CABRERA CUEVAS fue NAYIBE ROJAS VALDERRAMA, conocida como SONIA, miembro del frente 14 de las FARC, en los arreglos para la entrega de la droga a los compradores, asistiendo a reuniones celebradas entre sí y con muchas combinaciones de co-conspiradores diferentes durante el transcurso de la conspiración, para discutir las operaciones de tráfico de cocaína.
Concreta, que para llevar a cabo las operaciones de tráfico de cocaína usaban el pueblo de PEÑAS COLORADAS y otros lugares del sur del país.
2.3. Resolución de acusación No. 03-554, dictada el 18 de diciembre de 2.003, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, mediante la cual se acusa a OMAIRA ROJAS CABRERA de los delitos de concierto para importar a los Estados Unidos cinco kilogramos o más de cocaína, y para fabricar y distribuir una cantidad igual de esa sustancia, con la intención de importarla a ese mismo país.
2.4. Declaración de CARSON ULRICH, Agente Especial de la DEA.
Informa que la investigación fue llevada a cabo por la DEA con ayuda de la Policía de Colombia, utilizando para el efecto fuentes confidenciales, reuniones encubiertas y vigilancia electrónica.
A continuación relaciona los siguientes actos como evidencia de la comisión de los delitos atribuidos a la requerida en extradición:
2.4.1. “CSI” ha observado a NAYIBE ROJAS VALDERRAMA (en adelante VALDERRAMA), realizar negociaciones de cocaína con narcotraficantes y supervisar cuando la cocaína era cargada a un avión en pistas aéreas en Colombia.
2.4.2. En la primavera de 2.001, “CSI” le entregó CABRERA CUEVAS una carta enviada por “CELIS”, para que estableciera a las “FARC” como fuente de abastecimiento, detallando, además, las compras que le hiciera en el pasado al movimiento guerrillero.
2.4.3. En junio de 2.001, terminada la reunión en la que participaron “CELIS”, “ GIRALDO” y CABRERA CUEVAS en Colombia, “CELIS” le hizo saber a “CSI” que había tramitado la compra de 1.500 kilogramos de cocaína para importar a Miami y Nueva York.
2.4.4. Varios meses después “CELIS” le manifestó a “CSI” que los 300 kilogramos de cocaína que había comprado los combinó con los 300 kilogramos de cocaína pertenecientes a CABRERA CUEVAS, importándolos a Nueva York.
Un tiempo después le dijo que 140 kilogramos de cocaína de esos 600 kilogramos habían sido confiscados en Panamá (confiscación que fue constatada por la DEA).
“GIRALDO” le contó a “CSI, que CABRERA CUEVAS responsabilizaba a “CELIS” de la pérdida de cocaína en Panamá, y que estaba buscando a alguien para que lo matara por no pagar la cocaína perdida.
2.4.5. En una llamada telefónica intervenida por las fuerzas policiales de Colombia, el 23 de abril de 2.003, “CELIS” le dijo a OSCAR HUMBERTO LONDOÑO que “VALDERRAMA” se había quedado con el dinero de “GIRALDO”.
2.4.6. El 6 de mayo de 2.003, en una llamada telefónica intervenida sostenida por “GIRALDO” y “VALDERRAMA” hablaron sobre las condiciones de los “motores” enviados de la Florida a Colombia, llamada en la cual “VALDERRAMA” le pidió encontrara a “CELIS”.
El 2 de junio de 2.003, en una llamada telefónica intervenida por las fuerzas policiales de Colombia, “GIRALDO” le dijo a “VALDERRAMA” que había hablado con “CELIS” quien le había manifestado que iba a arreglar el asunto, respondiéndole ésta “si dile que cargue las pilas y no continúe trabando dinero que no le pertenece, díselo”.
2.4.7. El 22 de mayo de 2.003, “GIRALDO” le hizo saber a “CSI” que le había entregado toda la papelería a “VALDERRAMA” y a CABRERA CUEVAS.
De otro lado, refiere el declarante, que después de la acusación formal, informes de investigación determinaron que el verdadero nombre de NAYIVE ROJAS VALDERRAMA es OMAIRA ROJAS CABRERA, también conocida como SONIA, quien mide 5 pies 3 pulgadas, pesa unas 150 libras, pelo y ojos castaño, nacida en la Unión, Caquetá.
Al ser comparada la fotografía con la que aparece en la cédula de ciudadanía de OMAIRA ROJAS CABRERA, No. 40.729.761, por oficiales de la Policía de Colombia, afirma, establecieron que son de la misma persona que en la declaración menciona como NAYIBE ROJAS VALDERAMA.
Igual sucedió, asegura, al cotejar las huellas de la cédula de OMAIRA ROJAS VALDERRAMA con las tomadas a la persona capturada, concluyendo que los dos juegos pertenecen a la misma persona.
3. Considerando perfeccionado el expediente, el Ministerio del Interior y de Justicia lo envió a esta Sala para lo de su cargo, incluyendo el concepto emitido por su homólogo de Relaciones Exteriores, relativo a que por no existir tratado de extradición entre los dos países procede obrar de conformidad con las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal.
4. Dentro del término previsto por la ley para presentar alegatos de conclusión, sólo lo hizo el Procurador Cuarto Delegado para la Casación Penal, como quiera que el defensor de la requerida lo presentó de manera extemporánea.
4.1. El Agente del Ministerio Público solicita a la Sala rinda concepto favorable a la extradición, por considerar satisfechas las exigencias del artículo 520 del Código de Procedimiento Penal.
La validez formal de la documentación la considera cumplida porque el Gobierno de los Estados Unidos presentó la petición por vía diplomática anexando copia de la resolución de acusación, las declaraciones de WILLIAM D. BRAUN y CARSON ULRICH, la fotografía y la tarjeta de preparación de la cédula de ciudadanía de la requerida; documentos que, afirma, detallan las conductas motivadoras de la reclamación y los datos necesarios para establecer la plena identidad de la solicitada en extradición, amen de ser autenticados debidamente.
Estima que la información suministrada por las notas diplomáticas que soportan el requerimiento, por el Agente Especial de la DEA, y los cotejos fotográficos y dactilares hechos a la cédula de ciudadanía de OMARIA ROJAS CABRERA, junto con las muestras tomadas a la aprehendida; demuestran que se tratan de la misma persona.
Las conductas endilgadas, dice, se adecuan en los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de traficar estupefacientes, descritos en los artículos 376 y 340 del Código Penal y sancionados con prisión no inferior a cuatro años.
La providencia anexada a la solicitud de extradición, la tiene como equivalente a la resolución de acusación colombiana por referir en detalle cada uno de los comportamiento por los cuales se acusa a OMAIRA ROJAS CABRERA, contener la adecuación a las normas de ese país, y dar lugar a la etapa del juicio, en donde al acusado le asiste el derecho a defenderse.
En caso de rendir concepto favorable, le pide a la Corte exhortar al Gobierno para que condicione la entrega a que OMAIRA ROJAS CABREREA sea juzgada solo por las conductas que originaron la extradición, y que en ningún caso sea sometida a desaparición forzada, torturas o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni a destierro, prisión perpetua o confiscación.
4.2. El defensor solicita sea emitido concepto desfavorable a la extradición, fundado en que dentro del expediente no está plenamente demostrada la identificación de la requerida, en razón a las diferencias existentes entre el nombre y las características proporcionadas en la nota verbal con la cual se solicitó la detención provisional con fines de extradición y la que formalizó el requerimiento; y por haber sido condenada por el delito de rebelión, y estar siendo investigada por el de narcotráfico, también en Colombia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Con arreglo a lo conceptuado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por no existir tratado de extradición aplicable entre los dos países, son las normas del Código de Procedimiento Penal las que regularan este concepto, al tenor de lo normado por los artículos 35 de la Carta Política y 18 del Código Penal.
2. Ahora bien, el artículo 520 de la ley 600 de 2.000, dispone que la Corte Suprema de Justicia fundamentará su concepto en la validez formal de la documentación presentada, en la plena identidad de la persona pedida en extradición, en el principio de la doble
incriminación, en la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos.
Elementos satisfechos por el Gobierno de los Estados Unidos de América, al demandar la extradición de OMARIA ROJAS CABRERA, como con tino lo asevera el señor Agente del Ministerio Público.
CUESTION PREVIA.
1.Teniendo en cuenta que la Nota Verbal No. 1263 del 28 de mayo de 2.004, por medio de la cual se formalizó la solicitud de extradición, asevera, que OMAIRA ROJAS CABRERA es miembro del grupo “narcoterrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia “FARC””; y que la investigación demuestra que dicho movimiento financiaba actos violentos de terrorismo contra el Gobierno Colombiano fabricando y vendiendo cocaína, e imponiendo contribuciones por la misma, junto con el secuestro de ciudadanos de los Estados Unidos y Colombia; adquiriendo con el producto del narcotráfico armas, municiones y suministros necesarios para llevar a cabo su conflicto con el Gobierno Colombiano.
Que el Fiscal Federal Adjunto de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Columbia, WILLIAM D. BRAUN, testifica, que JOSE BENITO CABRERA CUEVAS, conocido como FABIAN RAMIREZ, es uno de los cabecillas más importantes de las FARC al mando del frente 14, en donde lideraba una organización dedicada a la venta de cocaína a narcotraficantes internacionales con destino a los Estados Unidos y a otros países, utilizando el dinero recaudado para la adquisición de armas y equipos para la organización gerrillera.
Señala a NAYIBE ROJAS VALDERRAMA, miembro del frente 14 de las FARC, como ayudante de JOSE BENITO CABRERA CUEVAS, haciendo los arreglos para la entrega de cocaína a los compradores y de las actividades financieras asociadas a esa actividad.
Y que el Agente Especial de la DEA, CARSON ULRICH, atribuye a NAYIBE ROJAS VALDERRAMA ser un miembro de alto rango de las FARC, que trabaja para CABRERA CUEVAS, llevando a cabo negociaciones de cocaína con narcotraficantes.
Son circunstancias que reflejan la posibilidad de adecuación del delito de rebelión, conducta por la que si bien es cierto la requerida no es solicitada si puede tener relación con los atribuidos a ella en la resolución de acusación, lo que lleva a la Corte a reiterar, una vez más, que en los eventos de conexidad entre un delito político y el de narcotráfico no se configura la improcedencia de la entrega prevista en el artículo 35 de la Carta en relación con el delito común, dado que no existe norma superior o legal que prevea esta hipótesis como causal de improcedencia, y por cuanto es evidente que el tipo penal de narcotráfico no ostenta el carácter político requerido.
Argumentos expuestos por la Sala en el concepto rendido el 24 de noviembre de 2.004, dentro del radicado No. 22.450, con ponencia del H. Mg. Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PEREZ, y que son de utilidad transcribir en este momento por su indudable vigencia:
“Así las cosas, surgen los siguientes interrogantes: ¿la regla que estatuye el artículo 35, inciso 3º, de la Constitución Política de 1991, modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 1997, según la cual no procede la extradición por delitos políticos, se extiende a los conexos con éstos?, ¿el narcotráfico, en cualquiera de sus modalidades, puede ser considerado delito conexo a uno político?
“1.1.1. De cara a la primera pregunta es necesario observar que ni la Constitución ni la ley definen qué es delito político ni especifican cuáles son los conexos con éste; sin embargo, esta Corte tiene sentado que el primero es “aquella infracción penal cuya realización busca el cambio de las instituciones o sistemas de gobierno para implantar otros que el sujeto activo, generalmente caracterizado por su espíritu altruista y generoso, considere más justos”1, por lo que se califican como tales los de rebelión, sedición, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando, es decir, los que atentan contra el régimen constitucional y legal2.
“Ahora, si se considera que:
“…al legislador le asiste una amplia capacidad de configuración normativa siempre que se ejerza dentro de los límites constitucionales, es claro que esa capacidad hace parte de la posibilidad de extender tales beneficios (amnistía e indulto, precisa la Corte) a los delitos conexos con los delitos políticos. No obstante, se trata de una facultad que, como cualquier otra, también está sometida a límites superiores, fundamentalmente los criterios de razonabilidad e igualdad. De acuerdo con estos criterios, el legislador no puede extender arbitrariamente esos beneficios a conductas ajenas a su naturaleza, ni tampoco realizar inclusiones o exclusiones que comporten un tratamiento diferenciado injustificado.
“Si se extrapolan esos criterios con el tema de la extradición, al configurarse ese mecanismo de cooperación internacional en la lucha contra el delito en el rango de las garantías fundamentales, entre las varias reglas jurídicas inmersas en el artículo 35 de la Ley Fundamental, se extracta aquella según la cual, en defecto de la existencia de un tratado público vigente sobre la materia, bilateral o multilateral, la solicitud, concesión u ofrecimiento de la extradición se regula de conformidad con la ley, regla recogida en el Libro V, Capítulo III, del Código de Procedimiento Penal, reguladora de tal herramienta, en concreto, su artículo 508, que además reitera que la extradición no procede por delitos políticos, habrá de concluirse que es al legislador a quien le correspondería señalar, basado en criterios de razonabilidad e igualdad, cuáles son los delitos que por estar ligados de manera muy estrecha con su naturaleza, podrían considerarse en conexidad con los políticos para efectos de impedir la extradición.
Siendo eso así, como el legislador no ha señalado con claridad y precisión cuál sería la gama de conductas punibles que tendrían esa particular e íntima conexión con el delito político, puede decirse que mientras una solicitud de extradición no verse por un delito típicamente político, la misma sería procedente, siempre y cuando se reúnan las demás condiciones previstas en la ley…….
“…. dado el rasgo que tiene el delito de rebelión como conducta de ejecución permanente, es decir, que se actualiza mientras el sujeto activo persiste en su objetivo de enfrentarse a la institucionalidad del estado mediante el empleo de las armas, puede surgir el fenómeno de la conexidad con el narcotráfico si esta actividad la despliega “con el fin de facilitar la ejecución” de la rebelión, según lo señala el artículo 90-3 del Código de Procedimiento Penal, tal cual sucede en este caso, pues, como ya se ha dicho, en el indictment se afirma que la finalidad del comportamiento de narcotráfico es el de obtener elementos bélicos, dinero y equipos, así como financiar la guerra contra el gobierno.
“1.1.2. Empero, en orden a dar respuesta al segundo interrogante, también es preciso destacar que ninguna actividad delictiva constitutiva de narcotráfico puede estimarse como conexa a un delito político como factor impediente de una solicitud de extradición, no sólo porque el legislador no lo ha estimado así, sino porque la misma comunidad internacional le niega ese carácter. En efecto, la Convención de las Naciones Unidas sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, aprobada en Viena el 19 de diciembre de 1988, e incorporada al derecho interno mediante la Ley 67 de 1993, estatuyó en su artículo 3º-10 que:
“A los fines de cooperación entre las partes prevista en la presente convención, en particular la cooperación prevista en los artículos 5º, 6º, 7º y 9º , los delitos tipificados de conformidad con el presente artículo no se considerarán como delitos fiscales o como delitos políticos ni como delitos políticamente motivados, sin perjuicio de las limitaciones constitucionales y de los principios fundamentales del derecho interno de las partes.”3
En fin, como el requerimiento solo atañe a los delitos de concierto para importar a los Estados Unidos cinco kilogramos o más de cocaína, y para fabricar y distribuir igual cantidad de alcaloide con la intención de ser importada a ese país, es incontrovertible que la causal que impide la extradición no opera, por lo tanto, es viable la extradición, a condición que no sea juzgada por rebelión.
2. En cuanto a la posibilidad de que la requerida esté o haya sido juzgada en Colombia por los mismos hechos que es requerida, insiste la Corte, que es al Gobierno Nacional a quien concierte definir esa situación para los efectos de determinar si concede, difiere o niega la extradición tal como lo prevén los artículos 521 y 522 de la ley 600 de 2.000, y 565 del Decreto 2700 de 1.991, aplicable por la declaratoria de inexequibilidad del artículo 527 de la aludida Ley 600 de 2.000.
2.1. VALIDEZ FORMAL DE LA DOCUMENTACION PRESENTA.
El art. 513 de la ley 600 de 2.000, prescribe que para ofrecer o conceder la extradición la solicitud debe presentarse por vía diplomática, y en casos excepcionales por la consular, o de gobierno a gobierno, adosando copia o transcripción auténtica de la sentencia, de la resolución de acusación o su equivalente; la indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y del lugar y la fecha en que fueron ejecutados; todos los datos que se posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada, y copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso.
Documentos que han de ser expedidos en la forma prevista por la legislación del estado requirente y traducidos al castellano, si fuere necesario.
Ahora, el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282/89, artículo 1º, num. 118, preceptúa que los documentos públicos otorgados en país extranjero por uno de sus funcionarios o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
Exigencias cumplidas cabalmente por el Gobierno de los Estados Unidos, al elevar la solicitud por medio de su Embajada en Colombia, estos es, por vía diplomática, anexando transcrita la resolución de acusación No. 03-554, dictada el 18 de diciembre de 2.003, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de
Columbia, en donde se acusa a NAYIBE ROJAS VALDERRAMA de los delitos de concierto para importar a los Estados Unidos cinco kilogramos o más de cocaína, y concierto para fabricar y distribuir la misma cantidad de alcaloide; las declaraciones del Fiscal Federal Adjunto WILLIAM D. BRAUN, de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Columbia, y del Agente Especial de la DEA, CARSON ULRICH, quienes sintetizan los hechos que sirvieron de base a la reclamación detallando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron ejecutados los actos que evidencian los delitos atribuidos; adicionalmente, reiteran la información sobre la identidad de la reclamada registrada en las notas diplomáticas con las cuales se pidió la detención provisional y se formalizó la solicitud de extradición de OMAIRA ROJAS CABRERA, aportando, adicionalmente, transcripción de las normas penales sustantivas supuestamente contravenidas.
Documentos autenticados con arreglo a la legislación del país requirente, como quiera que cumplieron los trámites señalados en el artículo 259 del Código Procesal Civil.
Ciertamente, la Directora Asociada de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, RANDY TOLEDO, certificó que copia de las declaraciones rendidas por el Fiscal Federal Adjunto WILLIAM D. BRAUN, de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Columbia, y por el Agente Especial de la DEA, CARSON ULRICH, se mantienen en los archivos oficiales del Departamento de Justicia en Washington.
El Procurador de los Estados Unidos, JOHN ASHCROFT, hizo constar que para la fecha en que firmó el documento anterior, RANDY TOLEDO desempeñaba el cargo de Directora Asociada, Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos, haciendo estampar el sello del Departamento de Justicia, y que el Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales diera fe de su firma.
El Secretario de Estado, COLIN L. POWELL, atestó que al documento anexo le fue fijado el sello del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y que el mismo merece plena fe y crédito, en testimonio de lo cual, hizo fijar el sello del Departamento de Estado y que suscribiera su nombre el Funcionario Auxiliar de Autenticaciones, del aludido Departamento, PATRICK O. HATCHETT.
A su turno, la Cónsul de Colombia en Washington, MARIA DE LOS ANGELES BARRAZA, certificó que PATRICK O. HATCHETT, para ese entonces desempeñaba las funciones de Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado; y su firma abonada por el Jefe de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Los anexos fueron traducidos al castellano por la Embajada de los Estados Unidos de América.
Reunidos como están los presupuestos del artículo 513 de la Ley 600 de 2.000, la Sala da por agotado el requisito de la validez formal de la documentación presentada.
2.2. PLENA INDENTIDAD DE LA PERSONA REQUERIDA.
De la valoración conjunta de la información suministrada por la Embajada de Estados Unidos en las notas verbales con las cuales solicitó la detención provisional y formalizó la solicitud de extradición de OMAIRA ROJAS VALDERRAMA, en las declaraciones rendidas en apoyo, y con base en las labores adelantadas por los miembros de la Fiscalía General de la Nación para notificar la captura en Colombia; concluye la Sala que la requerida en extradición es la misma persona que permanece privada de la libertad por razón de este expediente.
En efecto, en la Nota Verbal 405 del 19 de febrero de 2.004, a través de la cual la Embajada de los Estados Unidos de América como datos sobre la requerida en extradición, ANAYBE ROJAS VALDERRAMA, también conocida como “NAYIBE ROJAS VALDERRAMA, “Sonia”, “Comandante Sonia”, consignó que es ciudadana colombiana, nacida el 16 de julio de 1.969 en Palestina, Huila, hija de DAVID ROJAS, cuya descripción corresponde a la de una mujer tipo hispánico, de aproximadamente 150 cm de estatura.
Sin embargo, con la Nota Verbal No. 0565, del 10 de marzo de 2.004, expresó, que con fundamento en una mayor investigación confirmaba que el verdadero nombre de la persona requerida es OMAIRA ROJAS CABRERA, con c. de c. No. 40.729.761, nacida el 20 de octubre de 1.970 en la Unión, Caquetá, adjuntando copias de su cédula y huellas.
Estos últimos datos fueron transcritos por el Despacho del Fiscal General de la Nación en la resolución que dispuso la captura con fines de extradición de OMAIRA ROJAS CABRERA, conocida como “ANAYBE ROJAS VALDERRAMA”, “NAYIBE ROJAS VALDERRAMA, “Sonia” o “Comandante Sonia”, verificados por miembros de esa Entidad para notificarle la decisión, y ratificados en las declaraciones por el Fiscal Federal Adjunto WILLIAM D. BRAUN, y el Agente Especial de la DEA, CARSON ULRICH.
No empece lo anterior, en el curso del trámite la defensa ha venido sosteniendo que su poderdante no es la mujer requerida en extradición, hincado en que su nombre es ANAYIBE ROJAS VALDERRAMA; argumento que la Sala desecha enfrente a la aclaración hecha por la Embajada en la Nota Verbal 0565, de que el nombre real de la solicitada es OMAIRA ROJAS VALDERRAMA, identificada con la C. C. No. 40.729.761, nacida el 20 de octubre de 1.970 en la Unión, Caquetá.
Y, el testimonio del Agente de la DEA, WILLIAM D. BRAUM, quien manifiesta que el verdadero nombre de NAYIBE ROJAS VALDERRAMA es OMAIRA ROJAS CABRERA, adjuntando como prueba una fotografía de la requerida que, afirma, fue comparada por agentes de la Policía Colombiana con la que la de la cédula de ciudadanía No. 40.729.761 a nombre de OMAIRA ROJAS CABRERA, concluyendo que se trata de la misma persona, al igual que las huellas digitales del mismo documento con las tomadas a la capturada, determinando que los dos juegos corresponden a la misma persona.
En fin, ninguna duda alberga la Sala en relación con que la persona privada de la libertad por este trámite es la requerida en extradición.
2.3. PRINCIPIO DE LA DOBLE INCRIMINACION.
El artículo 511-1 del Código de Procedimiento Penal aplicado, exige para ofrecer o conceder la extradición que el hecho que la motiva esté previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años.
Requisito que también concurre en este evento.
En efecto, la resolución de acusación No. 03-554, dictada el 18 de diciembre de 2.003, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, acusa a “NAYIVE ROJAS VALDERRAMA”, de los siguientes cargos:
“CARGO UNO.
“En o alrededor de algún momento en el 2.001, la fecha exacta siendo desconocida al Gran Jurado, y continuando de ahí en adelante e incluyendo la fecha en que se presentó esta Acusación, en la República de Colombia y otros lugares, JOSE BENITO CABRERA CUEVAS, también conocido como Fabián Ramírez, NAYIBE ROJAS VALDERRAMA, también conocida como Sonia, JOSE ANTONIO CELIS, también conocido como Calvo y JUAN DIEGO GIRALDO también conocido como Flaco, ilegalmente, a sabiendas e intencionalmente se unieron, conspiraron, se asociaron y acordaron con co-conspiradores que no han sido acusados formalmente en la presente, y con otros conocidos y desconocidos al Gran Jurado, cometer los siguientes delitos contra los Estados Unidos: (1) a sabiendas e intencionalmente importar cinco o más kilogramos de mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína, una sustancia controlada de la Lista II, a los Estados Unidos desde la República de Colombia y otros lugares, en violación de las Secciones 952 y 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos, y (2) a sabiendas e intencionalmente elaborar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína, una sustancia controlada de la Lista II, con la intención y sabiendo que dicha sustancia sería ilegalmente importada a los Estados Unidos, en violación de las Secciones 959 y 960 del Título 21 del Código de Estados Unidos.
“Todo en violación de las Secciones 963 y 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos y la Sección 2 Título 18 del Código de los Estados Unidos.”
Los delitos de conspiración para importar 5 kilogramos o más de cocaína, y para elaborar y distribuir igual cantidad de alcaloide imputados a la requerida en los Estados Unidos, también son punibles en Colombia dado que se encasillan en el delito de concierto para delinquir con fines de traficar estupefacientes, descrito en el artículo 340 del Código Penal, modificado por la ley 733 de 2.002, y sancionado con prisión de 6 a 12 años.
Es decir, que las conductas endilgadas por los Estados Unidos de América a OMAIRA ROJAS CABRERA, además de ser punibles en Colombia son castigadas con pena privativa de la libertad no inferior a cuatro años.
No está demás, aclarar, que con arreglo a los anexos, dichos comportamientos tuvieron ejecución parcialmente en el territorio del país requirente agotando la exigencia del artículo 35 de la Carta Fundamental relativa a que la extradición procederá cuando los delitos hayan sido “cometidos en el exterior”.
Basta recordar que el Fiscal Federal Adjunto, WILLIAM D. BRAUN, aseveró en su declaración, que JOSE BENITO CABRERA CUEVAS, también conocido como FABIAN RAMIREZ, haciendo uso de su puesto como comandante del frente 14 de las FARC, tenía el control de la elaboración de cocaína del sur de Colombia, la cual vendía a narcotraficantes que la transportaban a los Estados Unidos y a otros países; labores en las que le ayudaba la solicitada en extradición.
Y, que el Agente Especial de la DEA, CARSON ULRICH, entre otros actos demostrativos de la comisión de los delitos, precisó, que en junio de 2.001 “CELIS” después de reunirse con “GIRALDO” y “CABRERA CUEVAS”, le comentó a “CSI“ que había tramitado la compra de 1.500 kilogramos de cocaína para importarles a Miami y Nueva York, y, que meses después el mismo “CELIS” le expresó a “CSI” que los 300 kilogramos de cocaína comprados los había combinado con los 300 kilogramos de CABRERA CUEVAS, importándolos a Nueva York.
En estos términos, el principio de la doble incriminación está cumplido.
2.4. EQUIVALENCIA DE LA PROVIDENCIA DICTADA EN EL EXTRANJERO.
El artículo 511-2 de la Ley 600 de 2.000, dispone que para poder ofrecer o conceder la extradición es necesario que cuando menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente.
Presupuesto cumplido por el Gobierno de los Estados Unidos al anexar la resolución de acusación No. 03-554, dictada el 18 de diciembre de 2.003, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, proveído que es equiparable a la resolución de acusación regulada por el artículo 398 ibídem, al comportar la relación sucinta de las conductas atribuidas a la requerida, describir las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron ejecutados los actos que evidencian la comisión de los delitos, realizar su calificación jurídica e individualizar los tipos penales transgredidos, constituir el inicio de la etapa del juicio en donde el acusado tiene oportunidad de defenderse de los cargos a él endilgados, y que culmina con el fallo que finiquita el proceso.
En conclusión, reunidas las exigencias contenidas en el capítulo III, del Título 1º, Libro V de la Ley 600 de 2.000, procederá la Corte a emitir concepto favorable a la solicitud de extradición, precisando al Gobierno Nacional que de acoger el concepto deberá condicionar la entrega a que el requerido no sea juzgado por hechos anteriores o distintos de los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a pena de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, ni desaparición forzada, por el país solicitante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la Carta Política.
Además, la Sala ha de indicar que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 189 de la Constitución Política, le corresponde al Gobierno, encabezado por el señor Presidente como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento. (Decisión del 23 de febrero de 2.005, dentro del radicado No. 22375, con ponencia del H. Mg. HERMAN GALAN CASTELLANO).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal;
CONCEPTUA FAVORABLEMENTE a la extradición de OMAIRA ROJAS CABRERA, también conocida como “ANAYBE ROJAS VALDERRAMA” “NAYIBE ROJAS VALDERRAMA”, “Sonia” o “Comandante Sonia”, de anotaciones civiles conocidas en el curso del proceso, por los delitos de concierto para importar a los Estados Unidos cinco kilogramos o más de cocaína, y para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención de ser importada a los Estados Unidos, a ella endilgados en la resolución de acusación No. 03-554, dictada el 18 de diciembre de 2.003, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, y por los cuales fue solicitada en extradición con la Nota Verbal No. 1263, del 28 de mayo de 2.004.
La Secretaría de la Sala comunicará este concepto a la solicitada, a su defensor, al señor Fiscal General de la Nación, y al Ministerio Público.
Devuélvase el expediente al Ministerio del interior y de Justicia, para lo de su competencia.
MARINA PULIDO DE BARON
SIGIFREDO ESPINOSA PEREZ HERMAN GALAN CASTELLANOS
ALFREDO GOMEZ QUINTERO EDGAR LOMBANA TRUJILLO
ALVARO O. PEREZ PINZON JORGE L. QUINTERO MILANES
YESID RAMIREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA
Comisión de servicio
TERESA RUIZ NUÑEZ
Secretaria
1 Auto Segunda Instancia, 7 de abril de 1995, radicación n.° 10.297, M.P. Carlos Eduardo Mejía Escobar.
2 Cfr., entre otros, auto del 25 de septiembre de 1996, radicación n.° 12.051. M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego.
3 Sobre tal precepto Colombia no hizo ninguna clase de reserva o declaración; además, la Corte Constitucional no la halló contraria a la Constitución al examinar la citada Ley 67 de 1993 (Sentencia C-176 de 1994).