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Proceso No 21657
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
Dr. EDGAR LOMBANA TRUJILLO
Aprobado Acta No. 040
Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil cuatro (2004).
VISTOS:
Debería la Sala pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada a nombre del sentenciado AMBROSIO ACOSTA BOHORQUEZ, de no ser porque advierte que en este proceso se presenta una causal objetiva de improseguibilidad de la acción penal como lo es, la prescripción.
HECHOS Y ANTECEDENTES:
Hacia las 5:30 de la tarde del 17 de enero de 1997, en la carrera 10, frente al No. 13-40 de esta ciudad, la señora Graciela Neisa Rodríguez se disponía a cruzar la vía en sentido oriente-occidente, por detrás de la buseta de placas SGU 506 que conducía AMBROSIO ACOSTA BOHORQUEZ, puesto que para ese momento los vehículos se encontraban inmóviles a la espera del cambio de semáforo de rojo a verde. Sin embargo, cuando la referida ciudadana pasaba por detrás del vehículo de servicio público, éste dio marcha en reversa y la atropelló, causándole diversas lesiones por las que le dictaminaron incapacidad definitiva de 60 días y como secuelas deformidad física en el cuerpo de carácter permanente y perturbación funcional del órgano de la locomoción y del miembro inferior derecho, también de carácter permanente.
Iniciada formalmente la investigación y vinculado mediante indagatoria AMBROSIO ACOSTA BOHORQUEZ, el conductor del automotor, su situación jurídica le fue definida con medida de aseguramiento consistente en caución prendaria, como autor del delito de lesiones personales culposas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 331, 332, inciso 2º, 333, inciso 2º, 334, inciso 2º y 337 del Código Penal de 1980.
El ciclo instructivo se declaró cerrado el 22 de mayo de 1998, y el siguiente 10 de agosto del mismo año se calificó el mérito probatorio del sumario con resolución acusatoria en contra del sindicado por idéntica imputación a la que se le formuló en el proveído que resolvió la situación jurídica. Adicionalmente, se admitió la constitución de parte civil, a nombre de la ofendida con el delito.
Contra la anterior decisión, la defensa del procesado interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el 9 de febrero de 1999 por la Unidad de Fiscalía Delegadas ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca, en el sentido de confirmar la acusación.
Surtida la etapa del juicio, el 6 de mayo de 2003, el Juzgado Treinta Penal Municipal de Bogotá dictó sentencia de primera instancia, mediante la cual condenó a AMBROSIO ACOSTA BOHORQUEZ a las penas principales de 9 meses de prisión, multa de $ 1.250 y la suspensión de la licencia de conducción por 6 meses; a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la restrictiva de la libertad y al pago de los perjuicios materiales y morales ocasionados, como autor del delito de lesiones personales culposas (arts. 331, 332, 33-2º, 334-2º y 340 del Código Penal anterior).
Recurrida en apelación la sentencia de primer grado, el Juzgado Treinta Penal del Circuito de Bogotá, la confirmó con algunas modificaciones en cuanto a la cuantificación de los perjuicios materiales.
Contra el fallo anterior el defensor del procesado interpuso recurso extraordinario de casación discrecional.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.4, la acción penal se extingue, entre otras circunstancias, por prescripción. Este instituto, a su turno, aparece regulado en los artículos 83 y 86 de la Ley 599 de 2000, según los cuales, durante la instrucción opera por un “tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad”, sin que en ningún caso pueda ser inferior a 5 años. Ejecutoriada la resolución acusatoria dicho lapso se interrumpe y comienza a contarse de nuevo “por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83”, y tampoco debe ser inferior a 5 años.
2. En el presente caso, se tiene que mediante resolución del 10 de agosto de 1998, AMBROSIO ACOSTA BOHORQUEZ fue acusado como autor del delito de lesiones personales culposas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 331, 332.2, 333-2, 334-2 y 337 del Decreto 100 de 1980, por cuanto su acción delictiva produjo varios resultados.
3. El artículo 117 de la Ley 599 de 2000 sobre unidad punitiva, dispone para estos eventos, al igual que lo hacía el artículo 337 del Código Penal derogado, que sólo procede aplicar “la pena correspondiente al de mayor gravedad”. Por ello, y como quiera que en criterio de los juzgadores de instancia la disposición que prevé mayor sanción es la contenida en el inciso segundo del artículo 334 del Decreto 100 de 1980, que fija para las lesiones personales dolosas que produjeren como secuela perturbación funcional permanente de órgano o miembro pena de prisión que oscila entre 2 y 8 años y multa de $ 5.000 a $20.000, es evidente que dicha preceptiva es la que resulta más favorable para efectos de prescripción, si se tiene en cuenta que en el artículo 114 de la actual normatividad sustantiva esa misma conducta se reprime con prisión de 3 a 8 años y multa de 26 a 36 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4. Sin embargo, como en este caso se trata de lesiones personales culposas, resulta necesario aplicar lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 599 de 2000, que en términos idénticos a lo regulado en el 340 del Decreto 100 de 1980, establece una reducción de la pena de “las cuatro quintas partes a las tres cuartas partes”. Para establecer el máximo punitivo sobre el cual se calculará el término de prescripción se debe hacer la operación pertinente aplicando la reducción mínima, que para el caso equivale a la de las cuatro quintas partes de 8 años, lo cual arroja un total de 76 meses y 24 días.
La mitad del último guarismo mencionado equivale a 38 meses y 12 días, o lo que es lo mismo 3 años, 2 meses y 12 días.
4. Ahora bien, y siendo que se trata de un asunto, en el que la ejecutoria de la resolución acusatoria operó desde el 9 de febrero de 1999, fecha en que recibió confirmación por parte de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca, no cabe duda que la acción penal se encuentra prescrita desde el 10 de febrero del año en curso, cuando se cumplieron 5 años después de ejecutoriado el pliego acusatorio.
5. En estas condiciones, no le queda a la Corte alternativa diferente a la de declarar prescrita la acción penal y en consecuencia cesar todo procedimiento a favor de AMBROSIO ACOSTA BOHORQUEZ por el delito de lesiones personales culposas por el que fue acusado y condenado en este asunto.
Igual declaración –de prescripción- deberá hacerse con respecto a la acción civil, ya que al haberse ejercitado conjuntamente con el proceso penal, esta acción prescribe “en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal” (art. 98 Ley 599 de 2000).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal,
RESUELVE:
1. Declarar prescrita la acción penal por el delito de lesiones personales culposas por el que fue acusado y condenado en este proceso AMBROSIO ACOSTA BOHORQUEZ; y en consecuencia, cesar todo procedimiento al respecto.
2. Declarar prescrita la acción civil ejercitada en este asunto con respecto a los daños causados con el delito de lesiones personales objeto de este proceso, en relación con AMBROSIO ACOSTA BOHORQUEZ.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al despacho de origen.
HERMAN GALÁN CASTELLANOS
Comisión de servicio
JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
EDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA
Teresa Ruiz Núñez
Secretaria