21007(13-08-03)

2003

Asistente Jurídico Inteligente

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    Proceso No 21007  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

Magistrado Ponente  

DR. EDGAR LOMBANA TRUJILLO  

Aprobado Acta No. 093  

Bogotá  D. C., trece (13) de agosto de dos  mil tres (2003).   

VISTOS  

La  Sala  resuelve la colisión negativa de  competencia  suscitada  entre los Juzgados 2º. Penal del Circuito de Cali   y  Primero  Penal  del  Circuito  Especializado  de  Descongestión  de la misma  ciudad,  en  la causa adelantada contra Ángela María Montiel Jaramillo, por el  delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.   

ANTECEDENTES   

1.  Durante  un  operativo  realizado  por  agentes  de  la  Policía  Nacional  el 29 de enero de 2001 en la Carrera 55 con  Calle  5ª.  de  la  ciudad de Cali, atendiendo el llamado de la ciudadanía que  denunciaron  algunos  atentados  contra  el patrimonio, al requisar el bolso que  portaba  Ángela María Montiel encontraron en su interior 11 paquetes envueltos  en  látex  con  una  sustancia que fue identificada como heroína, con un   peso neto de 995 gramos.   

2.  Una vez adelantada la fase instructiva,  la  Fiscalía  4ª  Especializada  de  Cali  profirió resolución de acusación  contra  Ángela  María  Montiel  Jaramillo  por  el   delito  de tráfico,  fabricación  o porte de estupefacientes, mediante proveído del 20 de noviembre  de    2001,    decisión   que   quedó   ejecutoriada   el   5   de   diciembre  siguiente.   

3. La etapa de la causa le correspondió al  Juzgado  Primero Penal del Circuito Especializado de Cali, despacho que después  de   avocar   conocimiento   y   señalar   fecha  para  realizar  la  audiencia  preparatoria,  mediante  auto  del 17 de septiembre de 2002 dispuso la remisión  de  la  actuación  a  los  Juzgados Penales del Circuito de la misma ciudad, de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo 2º. del decreto 2001 del 9 de  septiembre de 2002.   

4.  El  Juzgado  2º. Penal del Circuito de  Cali,  a  quien  le  fueran  asignadas  las  diligencias,  realizó la audiencia  preparatoria,  concedió la suspensión de la detención preventiva, efectuó la  audiencia  pública, pero, el 7 de mayo de 2003, ordenó enviar la actuación al  Juzgado  Especializado,  en  razón  a que había cesado la vigencia del decreto  2001   de   2002,   proponiéndole   colisión  negativa  de  competencia.    

El  Juzgado  1º.  Penal  del  Circuito  Especializado   aceptó  el  conflicto de competencia propuesto. Indica que  en  el  auto  mediante el cual se devolvieron las diligencias no se hace expresa  mención  al texto de la sentencia dela Corte Constitucional para determinar los  alcances  de  dicho  fallo y, además, en virtud del principio de favorabilidad,  considera  que  la  competencia  para conocer de  la  actuación   le    sigue    correspondiendo   al   Juzgado   2º.   Penal  del   Circuito  de Cali, por lo que remite la actuación a la Corte para la  definición del conflicto.   

CONSIDERACIONES  DE  LA  SALA   

1.  La  Sala  es competente para conocer de  este  incidente,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el inciso segundo del  artículo  18  transitorio  de  la ley 600/00, por cuanto el conflicto se trabó  entre   dos   juzgados   penales   del   circuito,   uno   de   los   cuales  es  especializado.   

         2.  Se  debe recordar que en la resolución de acusación proferida  en  contra  de  la procesada se le atribuyó la autoría del delito de tráfico,  fabricación  o  porte de estupefacientes, previsto en el artículo 33 de la Ley  30  de  1986,  modificado por el artículo 17 de la Ley 365 de 1997, en razón a  que   portaba    para   su   comercialización   995  gramos  de  heroína.   

Lo  anterior  implica  que  a  la  luz  del  precepto  citado, el conocimiento de ese delito corresponde a los jueces penales  del circuito especializados.   

3.  Para  dilucidar el conflicto planteado,  conviene   tener   presente   que   el  conocimiento  del  delito  de  tráfico,  fabricación  y  porte  de  estupefacientes ha sido modificado sucesivamente por  diferentes normas.   

         3.1.  Para mayo 29 de 2001, época de los hechos, regía la Ley 504  de  1999,  cuyo  artículo 5º definió la competencia de los jueces penales del  circuito  especializados;  disposición  que  en  su numeral 11 les atribuyó el  conocimiento:   

“De los delitos  descritos  en  los  artículos  39  y  43  de  la Ley 30 de 1986 y de los que se  deriven  del  cultivo,  producción,  procesamiento, conservación o venta de la  heroína  en  cantidad igual o superior a doscientos cincuenta (250) gramos o de  la amapola o su látex”.   

         3.2.  La  Ley 600/00, que entró a regir el 24 de julio de 2001, en  su  artículo  5º  transitorio,  numeral  11,  mantuvo  la misma competencia al  disponer    que    los    Jueces    Penales    del    Circuito    Especializados  conocieran:   

“De los delitos descritos en el artículo  382  del  Código  Penal  y  de  los  que  se  deriven del cultivo, producción,  procesamiento,  conservación  o  venta  de  la  heroína  en  cantidad  igual o  superior   a   doscientos   cincuenta   (250)  gramos  o  de  la  amapola  o  su  látex”.   

         3.3.  No  obstante,  el  artículo  5º  transitorio del Código de  Procedimiento  Penal, que no sufrió modificación alguna en la ley 733 de 2002,  fue  suspendido  al promulgarse el Decreto 2001 del 9 de septiembre de 2002 que,  al  amparo  de  la Conmoción interior, reguló nuevamente la competencia de los  Jueces   Penales  del  Circuito  Especializados.  El  artículo  3º  de  aquél  reglamento ordenó:   

“El  presente decreto rige a partir de la  fecha  de  su publicación y durante su vigencia se suspenden los artículos 5º  transitorio  de  la  Ley  600  de 2000 y 14 de la Ley 733 de 2002, en cuanto son  incompatibles con las presentes disposiciones”.   

         Al  redefinir  la  competencia  de  los Jueces Penales del Circuito  Especializados,  el  numeral  27  del artículo 1º del Decreto 2001 de 2002 les  asignó el conocimiento de :   

“Los  delitos  señalados en el artículo  376   agravado   según   el   numeral   3º   del  artículo  384  del  Código  Penal”.   

         Ese  último  precepto  contempla  las  agravantes a los delitos de  tráfico     de    estupefacientes,    entre    las    cuales    contempla    la  siguiente:   

“Cuando la cantidad incautada sea superior  a  mil (1.000) kilos si se trata de marihuana; a cien (100) kilos si se trata de  marihuana  hachís;  y a cinco (5) kilos si se trata de cocaína o metacualona o  dos (2) kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola”.   

         En  esas condiciones, como la sustancia incautada a la procesada no  alcanzó  la  cantidad señalada en el numeral comentado, la competencia pasó a  los jueces penales del circuito.   

         3.4.  Ahora  bien,  el estado de Conmoción interior instaurado por  el  Decreto  1837,  fue  prorrogado  la primera vez con el Decreto 2555 del 8 de  noviembre  de 2002 y por segunda, a través del Decreto 245 del 5 de febrero del  presente   año.  Sin  embargo,  éste  último  fue  declarado  inexequible  en  sentencia  C-  327  del  29  de  abril  de  2003, con vigencia a partir del día  siguiente  30  de  abril de esta anualidad, lo que significa que desde esa fecha  desapareció  el  estado  de conmoción interior y  todas las disposiciones  que  se  dictaron  bajo  su  vigencia, incluido, claro está, el Decreto 2001 de  2002.   

         

Bajo  esas circunstancias, el artículo 5º  transitorio  del  Código de Procedimiento Penal recobró la vigencia que estaba  suspendida  y  que,  para el caso que interesa a este conflicto, le otorga a los  jueces  penales del circuito especializados el conocimiento  de la conducta  que  consiste  en  cultivar,  producir, procesar, conservar o vender heroína en  cantidad  igual  o superior a los doscientos cincuenta (250) gramos o de amapola  o su látex.   

           4.  Como  lo  ha  señalado  la  Sala1,  resulta  oportuno  comentar  que  en  el asunto que ocupa la atención de la Sala no es pertinente aplicar la  tesis  sobre  el  efecto  que  hace  revivir normas derogadas por otra declarada  inexequible,  por cuanto no es el supuesto que aquí se ha presentado, en razón  a  que  la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 245 de 2003 no produjo un  vacío  legislativo  respecto  de  la  competencia  de  los  jueces  penales del  circuito  especializados;  por  el  contrario, existía una norma a ese respecto  con  vigencia  suspendida,  la  cual  recobró  a  partir  de  la  caída  de la  Conmoción interior.   

         5.  Tampoco hay lugar para predicar la aplicación del principio de  favorabilidad,  puesto  que  no  se  trata de una sucesión de leyes, sino de la  intromisión  temporal  de  una norma al orden jurídico por razón de un estado  excepcional  como  es la conmoción interior, cuya existencia dependía de éste  último, sin que tenga capacidad para producir efectos ultractivos.   

         

Por   consiguiente,   este  conflicto  se  resolverá  asignando  la  competencia  para  conocer  del  presente  proceso al  Juzgado  1º  Penal  del Circuito Especializado de Descongestión de Santiago de  Cali,   de   lo   cual   se  dará  noticia  al  otro  despacho  trabado  en  el  incidente.   

         En  mérito  de  lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala  de Casación Penal,   

RESUELVE  

PRIMERO:         Declarar  que  la  competencia  para  conocer  de la presente actuación que se adelanta contra  Ángela  María  Montiel Jaramillo por el delito de tráfico de estupefacientes,  radica  en el Juzgado 1º. Penal del Circuito Especializado de Descongestión de  la ciudad de Cali, despacho al que se remitirá el expediente.   

SEGUNDO:  Enviar  copia  del  presente  auto  al  Juzgado  Segundo  Penal del Circuito de la misma  ciudad , para su información.   

Contra  esta providencia no procede recurso  alguno.   

Comuníquese y cúmplase.  

YESID RAMÍREZ BASTIDAS  

HERMAN           GALÁN  CASTELLANOS                        CARLOS   A.   GÁLVEZ  ARGOTE                       

JORGE       ANÍBAL       GÓMEZ  GALLEGO                                         EDGAR  LOMBANA  TRUJILLO                    

ÁLVARO       ORLANDO      PÉREZ  PINZÓN                                      MARINA PULIDO DE BARON   

JORGE       LUIS       QUINTERO  MILANÉS                                       MAURO SOLARTE PORTILLA   

TERESA RUIZ NÚÑEZ  

Secretaria    

1   Auto   del   24  de  junio  de  2003,  Rad.  21.040,  M.  P.  Marina  Pulido  de  Baron.     

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