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Proceso No 20756
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrada Ponente:
MARINA PULIDO DE BARÓN
Aprobado Acta No. 056 (mayo 20 de 2003).
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil tres (2003).
VISTOS
Decide la Sala de fondo sobre las demandas de casación presentadas por el apoderado de Rosa Delia García, reconocida como parte civil y por el defensor de DIOMEDES DÍAZ MAESTRE, contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 20 de agosto de 2002, mediante la cual fue condenado a la pena principal de 37 meses de prisión al encontrarlo responsable en calidad de autor del delito de homicidio culposo del que resultó víctima Doris Adriana Niño García, decisión que modificó el fallo dictado el 26 de enero de 2001 por el Juzgado 46 Penal del Circuito de esta ciudad, que lo había condenado a la pena principal de 12 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio preterintencional.
La Procuradora Primera Delegada para la Casación Penal sugiere a la Corte no casar el fallo impugnado, por la falta de técnica y de razón en la demanda del apoderado de la parte civil, y por no compartir las conclusiones a las que arriba el defensor del procesado en su libelo.
HECHOS
Aproximadamente a las 12 de la noche del 14 de mayo de 1997, Doris Adriana Niño García se trasladó en compañía de Oswaldo Alvarez Rueda por solicitud telefónica de DIOMEDES DÍAZ MAESTRE a un apartamento que este ocupaba en el norte de la ciudad de Bogotá, donde se reunió con él y con Luz Consuelo Martínez, y luego de consumir estupefacientes y mantener relaciones sexuales violentas fue enterada del embarazo de esta última, lo que desencadenó una riña entre las mujeres que fue acallada por DIOMEDES DÍAZ ocluyendo la boca y nariz de Doris Adriana, dando lugar a su muerte, asociada a otros factores. Para ocultar el fatal desenlace Oswaldo Álvarez Rueda trasladó el cadáver de la víctima al Alto del Sote ubicado en la vereda de San Onofre del municipio de Combita Boyacá.
ACTUACIÓN PROCESAL
Con fundamento en el acta de levantamiento del cadáver de una mujer sin identificar encontrado en la vereda San Onofre del municipio Combita (Boyacá) el 15 de mayo de 2002, el Coordinador de la Unidad de Fiscalías de Reacción Inmediata de Tunja dispuso al día siguiente la correspondiente indagación preliminar, y luego de practicadas varias diligencias la Fiscalía Primera Delegada de la Unidad de Delitos contra la Vida de Bogotá abrió la instrucción el 3 de octubre de 1997, en cuyo marco vinculó a varias personas, entre ellas a DIOMEDES DÍAZ MAESTRE quien fue escuchado en indagatoria. Al resolverle su situación jurídica la Fiscalía lo afectó con medida de aseguramiento de detención preventiva sin derecho a libertad provisional como presunto autor del delito de homicidio agravado.
Rosa Delia García, madre de la víctima, presentó a través de apoderado demanda de constitución de parte civil que fue admitida el 2 de diciembre de 1997; el 23 del mismo mes se negó la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento presentada por el defensor de DIOMEDES DÍAZ.
Cerrada la investigación, el Director Nacional de Fiscalías asignó el proceso a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal de Bogotá, correspondiéndole al Fiscal 24, quien calificó el mérito del sumario el 27 de marzo de 1998 con resolución de acusación, entre otros, contra DIOMEDES DÍAZ MAESTRE como posible autor del delito de homicidio culposo; providencia que la Unidad de Fiscalía Delegada ante esta Corporación modificó el 9 de junio de 1998, al desatar la impugnación interpuesta por el defensor del procesado, así como por el apoderado de la parte civil, en el sentido de acusar al referido incriminado por el delito de homicidio preterintencional.
La etapa del juicio correspondió adelantarla al Juzgado 46 Penal del Circuito de Bogotá, donde el 2 de marzo de 2000 fue declarada la nulidad de lo actuado desde la calificación de la instrucción, por la existencia de prueba técnica sobreviniente a la acusación que podría variar la calificación jurídica del delito, determinación que fue revocada por el Tribunal Superior de la misma ciudad el 30 de mayo siguiente.
Realizada la audiencia pública se profirió sentencia el 26 de enero de 2001, por cuyo medio se condenó a DIOMEDES DÍAZ MAESTRE, entre otros, a la pena principal de 12 años y 6 meses de prisión y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por 10 años, al hallarlo penalmente responsable en condición de autor del delito de homicidio preterintencional. Así mismo se lo condenó al pago de los perjuicios ocasionados y se le negó la condena de ejecución condicional.
El fallo adverso fue impugnado por el defensor y el Tribunal Superior de Bogotá lo modificó el 20 de agosto de 2002, en el sentido de condenar a DIOMEDES DÍAZ MAESTRE a la pena principal de 37 meses de prisión y multa de $10.000.oo por encontrarlo responsable en calidad de autor del delito de homicidio culposo de Doris Adriana Niño García. Esta sentencia es ahora objeto de impugnación extraordinaria.
LAS DEMANDAS
Libelo del apoderado de la parte civil
El censor plantea tres reproches al fallo de segundo grado, así:
Causal tercera:
Primer motivo: Nulidad por falta de competencia del Tribunal
Considera el actor que el Tribunal de Bogotá carecía de competencia para proferir el fallo atacado, pues los artículos 32 y 34 de la Ley 81 de 1993 disponían que el impugnante debía sustentar el recurso so pena de ser declarado desierto, y que la apelación permitía al superior revisar únicamente los aspectos impugnados; normas que aún están establecidas, con la modificación de que sólo se admite la sustentación escrita del recurso.
Señala, que los artículos 194 y 204 de la Ley 600 de 2000 regulan los aspectos referidos a la interposición, sustentación, sanción por no sustentar y competencia del superior para decidir sobre aspectos inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.
Entonces, estima que si el recurrente del fallo de primera instancia no lo sustentó, debió ser declarado desierto, y como a ello no procedió el Tribunal, la decisión proferida por tal corporación se encuentra viciada de nulidad.
El demandante precisa que si “apelar significa inconformidad con el acto demandado”, el defensor de DIOMEDES DIAZ no procedió a plantearla, pues tanto en la sustentación oral del recurso como en el escrito que entregó en la audiencia de sustentación se dedicó a “presentar su particular e interesada apreciación de la prueba y luego a atacar a la Fiscalía por la calificación que hizo en la resolución que culminó la etapa instructiva”; por tanto, es claro que atacó la acusación pero no la sentencia. Y si ello fue así, la impugnación se quedó sin sustento, pues nada dijo acerca de errores del juez, equívocos, pruebas mal apreciadas o fallas de la decisión censurada.
Para acreditar lo expuesto, el casacionista transcribe apartes de la sustentación del recurso de apelación del fallo ofrecida por el defensor, de donde concluye que la sentencia no fue reprochada con la exposición oral y escrita, y que en consecuencia, debió el Tribunal declarar desierto el recurso interpuesto, circunstancia que en su criterio determina la nulidad de lo actuado por falta de competencia del ad quem para pronunciarse en segunda instancia.
Como normas violadas señala los artículos 215 y 217 del anterior estatuto procesal penal, que corresponden a los artículos 194 y 204 de la normativa procesal penal en vigencia.
Con base en lo expuesto solicita a la Corte casar la sentencia atacada, declarar la nulidad de lo actuado a partir de la diligencia de sustentación del recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primer grado y remitir las diligencias al Tribunal para que declare desierto el referido recurso por falta de sustentación.
Segundo motivo: Nulidad por ausencia de citación para notificación del fallo
Como “otra causal de nulidad”, el demandante postula una irregularidad sustancial que afecta el debido proceso, pues considera que el a quo demoró más de cinco meses en dictar el fallo, y pese a tal circunstancia, omitió citarlo para que concurriera a notificarse cuando finalmente fue proferido, lo que le coartó la posibilidad de impugnar temas de su interés.
Precisa que “el problema radica en que el Juzgado no procedió equitativamente con respecto a la notificación de la sentencia, ya que si bien es cierto las partes deben estar pendientes de las decisiones judiciales, ello es exigible dentro del término que tiene el funcionario para dictar el fallo, y si se quiere hasta en el doble del término, pero lo que si está fuera de toda previsión es pretender que los sujetos procesales deban permanecer durante cinco meses preguntando semanalmente por la sentencia. Esto excede todos los marcos de diligencia y acuciosidad exigibles”.
El censor expresa que el Juzgado envío comunicaciones a los sujetos procesales para que comparecieran a notificarse, pero no procedió de igual manera con él, y que “cuando volvimos por el Juzgado a preguntar por la marcha de la actuación se nos informó que la sentencia ya se había expedido, ya había sido notificada y sería enviado el expediente al Tribunal para sustentación de la apelación de los procesados”, proceder con el cual se le imposibilitó impugnar el monto de los perjuicios señalados por el a quo.
Por lo anotado, el censor estima vulnerado el debido proceso de la parte que representa, pues el Juzgado, a pesar de no tener la obligación de citarlo para que concurriera a notificarse, debió proceder a ello, como sí lo hizo con los demás sujetos procesales, pues se encontraba en mora de proferir el fallo, situación que evidencia un trato desigual y vulnera los principios de justicia equitativa, leal y observadora de las formas propias del juicio.
Como normas violadas señala los artículos 29 de la Carta Política, 1º, 5º, 6º, 9º, 10, 16, 17 y 21 del Código de Procedimiento Penal vigente, y 16 de la Ley 446 de 1997.
Por tanto, solicita a la Corte casar la sentencia impugnada, declarar “la nulidad de todo lo actuado a partir de la expedición de la sentencia de primera instancia” y remitir las diligencias al Juzgado 46 Penal del Circuito “para que notifique en igualdad de condiciones a todos los sujetos procesales la sentencia que expidiera el 26 de enero del 2001”.
Tercer motivo: Nulidad porque la Juez no consiguió que los peritos dictaminaran sobre los perjuicios
Expresa el censor que si bien el Juzgado cumplió con la designación de peritos que solicitó la parte civil, no adelantó gestión alguna para que el experticio finalmente obrara en la actuación, circunstancia que incidió en el proceso, pues le corresponde a su poderdante conformarse con una liquidación de perjuicios “que más parece la indemnización por unas lesiones leves que el pago de la vida de una profesional con toda una vida por delante”.
Cargo segundo: Error de hecho por falso raciocinio
El impugnante lo formula como subsidiario “para que sea estudiado en la eventual situación de que la H. Corporación no comparta el cargo de nulidad propuesto como principal”. Lo postula al amparo de la causal primera de casación, cuerpo segundo, por violación indirecta de la ley sustancial determinada por error hecho por falso raciocinio que condujo en el fallo atacado “a conclusiones que riñen con las normas de la experiencia, las leyes de la ciencia y los principios de la lógica”.
Para demostrarlo el actor expone que el sentenciador concluyó que “la muerte de la occisa se produce por hipoxia, asfixia consecuencial a actividades sexuales violentas con consumo de cocaína y maniobras del procesado DIOMEDES DÍAZ MAESTRE sobre boca y nariz de DORIS ADRIANA NIÑO GARCÍA, que le produjeron su deceso”; y que en el mismo fallo se dijo “que el único dictamen que le ofrece serios motivos de credibilidad es el emitido por la Junta de Peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal en razón de la idoneidad de los peritos y su vinculación con el Instituto”.
Además señala que la sentencia precisa, “respaldándose en autores, que la muerte por sofocación es muy rara en adultos, ya que estos se pueden defender de la agresión, y que en consecuencia esta clase de homicidios ocurre más frecuentemente en niños, en ancianos o enfermos débiles”.
Considera el casacionista que “si la muerte de DORIS ADRIANA NIÑO se produce porque DIOMEDES DÍAZ le tapó la boca y la nariz para que no gritara o para que se callara, ésta no puede ser culposa, porque según nos ha dicho la misma sentencia, para ocasionarla se requeriría de una violencia extrema, de tal manera que el procesado tuvo que acudir a violencia extrema, probablemente ayudado por la otra mujer para eliminar a quien acababa de tener una riña con su compañera”, de donde concluye que “el sentenciador ha violado el principio lógico de no contradecirse en la presentación de la argumentación, porque resulta completamente absurdo proponer que la muerte por sofocación en adultos es muy demorada y requiere de alta dosis de violencia, para unos folios más adelante afirmar sin ruborizarse que el procesado eliminó a la occisa sin intención, por haberle tapado la boca”.
A continuación el apoderado de la parte civil destaca que “el yerro en que incurrió el sentenciador al caer en el falso raciocinio expuesto lo llevó a violar la ley sustancial por aplicación indebida de la norma que regula el homicidio culposo y falta de aplicación del artículo que consagra el homicidio preterintencional. Y concluye precisando en cuanto a la trascendencia del yerro que “es de tal magnitud que es el fondo de la cuestión, pues una sentencia proferida por homicidio preterintencional fue transformada en un homicidio culposo”.
Con base en lo anotado, solicita a la Corte casar la sentencia impugnada, y en su lugar proferir fallo de reemplazo por cuyo medio se condene a DIOMEDES DÍAZ MAESTRE por el delito de homicidio preterintencional.
Demanda del defensor de DIOMEDES DÍAZ
El defensor del procesado formula un único cargo contra el fallo proferido por el Tribunal al amparo de la causal primera de casación, cuerpo primero, por violación directa de la ley sustancial “derivada de la indebida aplicación de los artículos 329, 330 y 37 del Código Penal de 1980”.
Comienza por señalar que “dado que en la sentencia acusada se modifica la valoración que en primera instancia se había hecho respecto del material probatorio recaudado, la presente demanda de casación se atendrá a la apreciación que de la prueba hizo el Honorable Tribunal Superior de Bogotá, específicamente en lo relacionado con aquellas circunstancias que a su juicio ocasionaron la muerte de DORIS ADRIANA NIÑO”, la cual, según el fallo impugnado se debió “a la conjunción de varios factores: el consumo excesivo de cocaína, relaciones sexuales violentas, laceración y hematoma en la mucosa del labio inferior, hematoma frontal y la impresión que le generó la recepción de una desagradable noticia”.
Dice el defensor que “el error del Tribunal Superior de Bogotá consistió en entender que en el presente caso están dados los requisitos propios de la imprudencia (culpa), cuando en realidad ello no ocurre” conclusión a la cual llegó por “una equivocada interpretación de los presupuestos teóricos de la imprudencia (culpa)”, razón por la cual “la sentencia se ataca como violación directa por aplicación indebida de la norma” ya que “los artículos 37, 329 y 330 del Código Penal de 1980 no son aplicables en el presente caso”.
Precisa que lo procedente es invocar la indebida aplicación de los preceptos mencionados, aún cuando en la exposición “señale que esa indebida aplicación tiene su fundamento en la equivocada interpretación que el Tribunal Superior de Bogotá dio a los presupuestos del delito imprudente (culposo)”, habida cuenta que “la invocación de la violación directa por indebida aplicación de una norma puede tener fundamento en la errada interpretación que de la misma hace el fallador de instancia” como lo ha admitido la Corte.
En punto de la existencia de una laceración y un hematoma hallados en la mucosa del labio inferior de la víctima, el impugnante expresa que el Tribunal al momento de pronunciarse sobre la violación del deber de cuidado de su asistido no se refirió a aquellas heridas, de donde concluye que no se atribuyó su producción a DIOMEDES DÍAZ, puntualizando que “así se desprende, por lo demás, de la misma determinación recurrida, en la cual se advierte que la laceración y el hematoma hallados en la mucosa del labio inferior de la occisa no corresponden a un intento de asfixiarla mecánicamente, pero que deben ser entendidos como producto de la actividad de terceras personas, sin hacer ninguna clase de precisión sobre los posibles autores de los mismos”.
Por tanto, señala que no se ocupará de las referidas lesiones en tanto que el Tribunal no señala a su procurado “como causa de las mismas, ni sobre su producción eleva reproche a título de imprudencia (culpa)”.
A continuación expone el casacionista que el Tribunal consideró que la “la conducta contraria al deber de cuidado desarrollada por DIOMEDES DÍAZ MAESTRE (primer extremo del delito imprudente) consistió en el suministro de cocaína a DORIS ADRIANA NIÑO, al paso que el resultado (segundo extremo del delito imprudente) se concretó en el fallecimiento de DORIS ADRIANA NIÑO”. Por tanto, como en relación con tales circunstancias el ad quem estimó que se encontraban plenamente demostradas, no niega “la existencia de tales extremos del delito imprudente (culposo)”.
Pero agrega que el Tribunal erró al considerar acreditada la relación entre el suministro de cocaína por parte de DIOMEDES DÍAZ a Doris Adriana Niño, como violación del deber objetivo de cuidado de aquel y el fallecimiento de esta por el excesivo consumo de tal sustancia.
Acto seguido el defensor se ocupa de analizar supuestos hipotéticos en los que una persona responsable por ser mayor de edad, y estar en condición de comprender los peligros que la rodean y de auto-regularse de conformidad con tal comprensión dispone dolosa o culposamente de bienes jurídicos de los cuales es titular, como la vida, o de otros de menor entidad, para concluir que en tales situaciones no hay lugar a sanción por parte del Estado a quien así procede. Igualmente plantea una constelación de casos en los que la víctima responsable no tiene voluntad (dolo) de lesionarse o quitarse la vida, pero el resultado (muerte) sobreviene porque un tercero lo posibilita.
Apoyado en doctrina y jurisprudencia extranjera concluye que en los referidos casos “la impunidad o responsabilidad del tercero, depende entonces, exclusivamente, de si él tenía el deber de vigilar el comportamiento de la víctima”.
Expone el actor que “ninguna duda cabe de que DORIS ADRIANA NIÑO, mujer mayor de edad, con experiencia en la ingestión de cocaína y en pleno uso de sus facultades mentales, recibió de DIOMEDES DÍAZ MAESTRE cocaína y la consumió en cantidades tales que (junto con otros factores, según el ad-quem) le produjo la muerte”.
Y entonces aduce que a partir de las anteriores consideraciones, estima que “DIOMEDES DÍAZ MAESTRE no puede ser responsabilizado como autor de la muerte de DORIS ADRIANA NIÑO GARCÍA por el hecho de haber puesto a su disposición la cocaína que ella ingirió, pues el consumo de la misma fue un acto riesgoso libre y voluntariamente asumido por la víctima”, y que “de admitirse que cuando un consumidor de droga (que siendo responsable la ha adquirido e ingerido en pleno uso de sus facultades mentales) fallece como consecuencia de su ingestión, quien se la suministró debe responder como autor de un homicidio culposo” tendría que concluirse que “todas las entregas de droga a personas responsables deberían ser punibles cuando menos a título de tentativa acabada de lesiones personales (con dolo eventual)”. Y por ello “todos los expendedores de droga deberían ser sancionados como autores de un concurso material heterogéneo entre tráfico de drogas y tentativa de lesiones personales” lo cual “hasta ahora no se ha visto en la jurisprudencia nacional ni en las foráneas”.
Sobre el tópico abordado, el defensor precisa que la muerte de Doris Adriana no puede imputársele a su defendido “aún cuando al suministrarle cocaína a su amiga haya desplegado una conducta violatoria del deber de cuidado, por cuanto la muerte fue consecuencia de la voluntaria ingestión de la droga por parte de la víctima y no del mero suministro de la misma”.
Ahora, respecto del desarrollo de actividades sexuales violentas entre DIOMEDES DÍAZ y DORIS ADRIANA NIÑO el actor expresa que el Tribunal admitió que antes de la noche en que ocurrieron los hechos investigados, víctima y victimario habían sostenido relaciones sexuales violentas acompañadas de la ingestión de cocaína, razón por la cual, “las lesiones fueron producidas como consecuencia de la voluntaria práctica” de ese tipo de actividades y si ello fue así su representado “no violó el deber objetivo de cuidado, en cuanto se limitó a mantener una modalidad particular de relaciones sexuales con su compañera, las cuales en momento alguno merecen reproche en el plano meramente jurídico”.
Adicionalmente plantea que “si, no obstante lo anterior, se dijera que las relaciones sexuales orgiásticas (pese a no estar legalmente prohibidas) suponen la violación a un deber objetivo de cuidado, no debe perderse de vista que en el presente caso se trató de una actividad conjunta y voluntaria desarrollada por DIOMEDES DÍAZ MAESTRE y DORIS ADRIANA NIÑO GARCÍA, ante lo cual es evidente que la víctima se expuso de manera libre y voluntaria a un riesgo cuyas eventuales consecuencias nocivas no le eran ajenas, dado que (conforme fue puesto de presente por el propio Tribunal Superior de Bogotá en la determinación ahora recurrida) en anteriores oportunidades había mantenido relaciones sexuales orgiásticas” con el procesado “las cuales combinaban con el consumo de cocaína”.
Luego el defensor señala que si de manera hipotética se considerara que su representado violó el deber de cuidado al sostener tal clase de relaciones sexuales, la muerte de Doris Adriana no podría ser considerada consecuencia de aquellas, pues para que así fuera sería necesario que DIOMEDES DÍAZ hubiera sido consciente del riesgo de muerte en que se encontraba Doris Adriana al sostener relaciones en tales condiciones, y que pese a ello hubiera decidido realizarlas.
Concluye el demandante que si bien en la providencia atacada se expuso que las relaciones sexuales con actividades violentas sostenidas bajo el influjo del alcohol y cocaína aumenta los efectos de esta, tal observación científica informa de cambios fisiológicos que no ponen en peligro la salud de quienes desarrollan tales actividades.
Acerca de que DIOMEDES DÍAZ comunicó una desagradable noticia a DORIS ADRIANA NIÑO, el impugnante, luego de apoyarse en jurisprudencia extranjera, así como en doctrina foránea y nacional sobre los “daños por schock” expone que “lo que en estos casos permite explicar el resultado final (colapso nervioso) es la particular forma en que cada persona resulta afectada por las impresiones negativas que la vida de relación social puede traer consigo”; y puntualiza luego que la noticia del embarazo de Consuelo Martínez no representaba peligro para la integridad física de Doris Adriana, más aún si se tiene en cuenta que ellas sostenían con DIOMEDES DÍAZ relaciones orgiásticas, como lo expuso el Tribunal.
Si además de lo anotado, agrega el censor, no hay prueba alguna que permita afirmar que la condición sicológica de la víctima la hacía susceptible emocionalmente a la referida noticia, no se advierte conducta alguna violatoria del deber de cuidado de DIOMEDES DÍAZ que permitiera atribuirle a título de culpa la muerte de Doris Adriana Niño.
Entonces, el casacionista expresa que sus planteamientos apuntan a acreditar que su asistido no violó un deber de cuidado que guarde “relación de adecuación” con la muerte de Doris Adriana o no creó un riesgo jurídicamente desaprobado que haya dado lugar al resultado.
Y destaca que “si el honorable Tribunal Superior de Bogotá hubiese interpretado de manera correcta las nociones de ‘violación al deber de cuidado’ (o creación de riesgo jurídicamente desaprobado), ‘relación de adecuidad’ (o realización del riesgo) y ‘previsibilidad’, debería haber arribado a la conclusión de que en el presente caso no estaban dados los requisitos de la imprudencia (culpa) y, por consiguiente, debería haberse abstenido de aplicar los artículos 37, 329 y 330 del Código Penal de 1980”.
Concluye poniendo de presente que un correcto entendimiento de los elementos del delito imprudente habría conducido al ad quem a reconocer la atipicidad de la conducta de su defendido, y en consecuencia a absolverlo por el delito objeto de acusación.
Con base en las anteriores consideraciones, el demandante solicita a la Corte casar la sentencia impugnada para, en su lugar, proferir fallo de reemplazo por cuyo medio se absuelva a DIOMEDES DÍAZ MAESTRE del delito imputado en la resolución de acusación.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La sugerencia de la Procuradora Primera Delegada para la Casación Penal apunta a que no se case el fallo impugnado, la cual sustenta en los siguientes argumentos:
1. Demanda del apoderado de la parte civil
1.1. Causal tercera. Único cargo (principal)
Dice la Delegada que si bien la causal tercera de casación permite cierta autonomía en su formulación y desarrollo, ello no significa que esté excluida de la obligación general de sujetarse a “los parámetros de la lógica y el sentido común, de modo que se entienda con facilidad los motivos de la nulidad”, presupuestos que el actor en este caso desatendió, con lo que impide saber cuál es el motivo concreto de nulidad que alega.
Señala que pese a postular un único cargo, en su desarrollo plantea varias irregularidades que en virtud del principio de prioridad lo obligaban a formular los diversos reproches de manera separada y atendiendo la incidencia de cada uno de ellos en el trámite.
El demandante tampoco demostró la manera cómo cada una de esas supuestas irregularidades hubiera podido incidir negativamente en las garantías de los sujetos procesales, o en las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento.
En resumen, el libelo adolece de falencias técnicas que impiden su prosperidad, pues el censor pasó por alto principios como los de claridad y precisión, autonomía de las causales y de los cargos y trascendencia, que deben ser observados cuando se alega la causal tercera de casación.
En punto de la falta de sustentación del recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primer grado por parte del defensor que el apoderado de la parte civil reprocha, la Procuradora expresa que al revisar el proceso se puede establecer que el defensor de DIOMEDES DÍAZ sí lo sustentó, sólo que el censor olvida que la impugnación tiene por objeto controvertir los argumentos constitutivos de la decisión y que su exposición no tiene límites, siempre y cuando se expongan los puntos de crítica, en forma seria, con las razones de tipo probatorio o jurídico que deriven en la reforma o revocatoria que se persigue.
Precisa que el defensor en la impugnación formuló un ataque directo a los fundamentos jurídicos y fácticos de la sentencia pues analizó el delito de homicidio preterintencional por asfixia mecánica, hipótesis admitida por el juzgado.
Respecto de la censura del apoderado de la parte civil dirigida a reprochar la demora del Juzgado en proferir el fallo de primer grado, la Delegada expone que diversos factores como el volumen de la actuación, la vigilancia de los medios de comunicación, las múltiples solicitudes de los sujetos procesales e inclusive el trámite de una acción de tutela por esta Corporación, adicional a la carga laboral ordinaria del Juzgado, tuvieron relación con la oportunidad para proferir la sentencia, sin que se evidencie excesivo el tiempo que se tomó la funcionaria para proceder a ello; situación que además per se, como lo ha señalado la jurisprudencia, no conduce a la declaratoria de nulidad de la actuación.
En cuanto se refiere a la queja del censor porque la sentencia de primera instancia no le fue notificada, la Procuradora expone que el Juzgado dio cabal cumplimiento a las normas procesales, sin que el envío de la comunicación echada de menos por el impugnante configure irregularidad alguna, más aún si se tiene en cuenta que los medios de comunicación publicitaron el fallo y su sentido.
Acerca de la alegación del casacionista en la que refiere que el juzgado se limitó a decretar el avalúo pericial de los perjuicios pero no realizó labor alguna para que la diligencia se efectuara, la Representante del Ministerio Público indica que el actor no precisa qué pretende en concreto demostrar con ello, y que si la juez de primera instancia atendió los parámetros señalados en la ley, es evidente que el reproche resulta insustancial.
Concluye, entonces, que este cargo no puede prosperar.
1.2. Causal Primera. Cargo Único (subsidiario)
Comienza la Procuradora por señalar que le asiste interés al recurrente para impugnar, pues si bien su pretensión no está referida al resarcimiento de perjuicios, también es cierto que ahora puede intentar hacer efectivos sus derechos a la verdad o a la justicia, como lo ha reconocido la Corte Constitucional.
Estima la Delegada que la presentación de esta censura evidencia yerros técnico-conceptuales que la tornan impróspera, habida cuenta que se limita a plantear una controversia sobre la credibilidad del dictamen emitido por la Junta de Peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal, afirmando que el Juzgado violó el principio de no contradicción al apreciarlo, pero no demostró el impugnante que tal apreciación se hubiera alejado de las reglas de la sana crítica, y que por tanto hubiera conducido a una decisión ilegal.
Además dice que el actor se limitó a censurar una sola prueba de cargo, olvidando los demás medios de prueba, postura inadmisible en sede casacional, de la cual se advierte que lo que pretende únicamente es que sean admitidas sus particulares consideraciones, desconociendo la realidad jurídico procesal.
Tampoco el impugnante, expone la Procuradora, intenta la comprobación de algún error de apreciación probatoria trascendente cometido en la sentencia recurrida.
Y agrega que el fallador de segunda instancia no alteró el contenido material del dictamen conjunto de peritos, ni en la apreciación del mismo infringió el principio lógico de no contradicción pues fue consignado en los exactos términos expuestos por los legistas y fue valorado a la luz de los principios de la sana crítica. Asunto diverso es que el Tribunal no aceptara la posibilidad que éste medio de prueba plantea.
Por tanto, estima la Delegada que esta censura no está llamada a prosperar.
2. Demanda del defensor de DIOMEDES DÍAZ
La Representante del Ministerio Público comienza por destacar que este libelo se ajusta a la técnica propia de la causal primera de casación, cuerpo primero, exigida para los eventos en que se plantea aplicación indebida de una norma sustancial.
Comienza señalando acerca del suministro de cocaína por parte del procesado a la víctima, tenido por los falladores como uno de los factores que causaron la muerte de DORIS ADRIANA expresa que no es aplicable el ejemplo del expendedor de estupefacientes citado por el defensor, pues las conclusiones a las que arriba parten de unos supuestos diversos a los acreditados en la actuación.
Para explicar su criterio la Procuradora se detiene a analizar la “autopuesta en peligro de la víctima” por incidir directamente en la valoración jurídico penal de la conducta del autor. Entonces dice que en tratándose de víctimas mayores de edad, con capacidad para tomar decisiones, para asumir la responsabilidad de su comportamiento y ejercer el dominio sobre el suceso (conciencia y libertad en la decisión ante el peligro), es necesario establecer unos límites.
Por ello, el contexto en el cual se desenvolvía la relación entre DIOMEDES DÍAZ y Doris Adriana Niño jamás puede compararse a la relación entre expendedor y consumidor de estupefacientes, pues al primero no le interesan los actos subsiguientes a la adquisición de la droga ilícita; en tanto que, en el “contexto común” entre procesado y víctima, y en este caso, según lo relatan las amigas de esta, se advierte una relación afectiva, en la que Doris Adriana era consciente que DIOMEDES DÍAZ frecuentaba otras mujeres, le insinuó tener relaciones orgiásticas, consumía droga, la obligaba a consumir cocaína, quedó embarazada y abortó voluntariamente sin que él lo supiera. Destaca la Delegada que de la prueba científica y testimonial la Juez de primera instancia concluyó que Doris Adriana no era consumidora habitual, por lo que no podía presentar tolerancia al consumo de cocaína.
Hechas las anteriores observaciones, la Procuradora analiza a continuación las situaciones que pueden ser consideradas “como elementos adicionales a los anteriores factores de riesgo”, y entonces expone que contrario a lo afirmado por el ad quem, el encuentro entre DIOMEDES DÍAZ y Doris Adriana Niño no se desarrolló en circunstancias similares a las de anteriores reuniones, pues en esta ocasión, adicional a las relaciones sexuales y a la ingestión de licor y estupefacientes se presentaron las siguientes situaciones especiales: 1) Se encontraba presente la compañera del procesado Luz Consuelo Martínez; 2) Esta y DIOMEDES DÍAZ ingerían desde el miércoles anterior licor, sostenían relaciones sexuales y probablemente consumían cocaína; 3) Las relaciones sexuales entre DIOMEDES DÍAZ y Doris Adriana se llevaron a cabo en presencia de Luz Consuelo o con la participación de ella; 4) Las relaciones sexuales fueron violentas; y 5) DIOMEDES DÍAZ le dio a Doris Adriana la noticia del embarazo de Luz Consuelo.
Entonces dice que los factores de riesgo que Doris Adriana y DIOMEDES DÍAZ habían aceptado fueron incrementados en el último encuentro, por causas que provinieron directamente de aquel, quien insistió para que “Doris Adriana acudiera a su apartamento, no previó que la presencia de sus dos amantes bajo el influjo de bebidas embriagantes y estupefacientes, la ejecución de actos sexuales violentos con ellas o al menos con una de ellas, y al enterarse Doris Adriana después de la jornada de esparcimiento que se encontraba en circunstancia de inferioridad al no estar embarazada, debieron trascender al campo de la previsibilidad, porque ya en anterior oportunidad se había presentado un roce entre ellas, pues a pesar de sus recomendaciones sobre tolerancia y buen trato, los celos tenían que aflorar” (subrayas en el texto).
Se observa de acuerdo a lo anterior, agrega la Representante del Ministerio Público, que no es de recibo asumir que con el suministro del alcaloide DIOMEDES DÍAZ se desentendió de la situación subsiguiente, pues este se encontraba involucrado en el riesgo asumido por Doris Adriana, así se tratara de un acto realizado por una persona mayor de edad.
Es decir, puntualiza la Procuradora, “los actos voluntarios de la víctima no se constituyen en actos independientes de la primera situación de riesgo, sino parte de ella, por lo que su aparición no interrumpe y crea una nueva conducta violatoria del deber de cuidado, sino la continuidad de las actuaciones violatorias del deber de cuidado creadas por Diomedes, quien continuaba con el deber de protección específico de la integridad de Doris Adriana, por cuanto la muerte fue la consecuencia de la ingestión de la droga, de aguardiente, de las prácticas sexuales violentas y de la nefasta noticia dada cuando Doris Adriana afectada por el consumo de droga, no estaba en capacidad de reaccionar de manera normal ante la situación” (subrayas y negrilla en el texto).
Sobre el riesgo permitido en los delitos imprudentes, la Representante del Ministerio Público expone que “en la imputación por imprudencia el operador jurídico necesita hacer dos remisiones sociales: una genérica, el deber objetivo de cuidado, y otra más específica en relación a ciertos hechos acontecidos en el ejercicio de actividades riesgosas, para determinar si el autor, con su conducta, ha elevado o incrementado el riesgo permitido (…) pues si el peligro es admisible hasta ciertos márgenes, las interferencias que se deriven de las puestas en peligro permitidas no pueden ser antijurídicas” como en efecto se desprende del artículo 26 de la Carta Política.
En consecuencia señala, que “el deber objetivo de cuidado no es más que el punto de equilibrio que la sociedad ha encontrado para la permisión de conductas entre las necesidades de protección de dichos bienes y el interés general en que la interacción social no se convierta en un caos”.
Así las cosas, la Procuradora indica que comparte las afirmaciones del el ad quem, pues DIOMEDES DÍAZ MAESTRE “desarrolló la noche del 14 de mayo y la madrugada del 15, actividades riesgosas, conocía correctamente la situación en que actuaba y adoptó conductas que ponen en evidencia el efecto causal en orden al resultado producido. Vulneró la norma jurídica que prohíbe el suministro de estupefacientes cuyo efecto nocivo para la salud de Doris Adriana era previsible tanto desde un juicio abstracto como concreto”.
Y precisa que las normas en las que se fundamentó la decisión tomada por el Tribunal Superior -artículos 37, 329 y 330 del Código Penal de 1.980-, fueron interpretadas y aplicadas en debida forma, no solo para modificar el numeral primero de la sentencia proferida por el Juzgado 46 Penal del Circuito de Bogotá, sino como base de la condena a DIOMEDEZ DÍAZ como autor del delito de homicidio culposo agravado.
Por lo expuesto, considera que el cargo no puede prosperar.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Procuradora Primera Delegada para la Casación Penal solicita a la Corte NO CASAR la sentencia objeto de impugnación.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Cuestión preliminar
Previo al estudio de las demandas de casación y en atención a que en este caso el defensor técnico del procesado que acudió a esta vía extraordinaria de impugnación demandando el fallo del ad quem también intervino durante el traslado previsto en el artículo 211 de la Ley 600 de 2000 para cuestionar la demanda de otro de los sujetos impugnantes (parte civil), obligado se impone acudir a la preceptiva de dicha normatividad, a fin de concluir a partir de su contenido y alcance si tal conducta procesal resulta de recibo o, por el contrario, afecta el equilibrio que debe existir entre los sujetos procesales.
En efecto, la preceptiva del referido canon, es la siguiente:
“Art. 211.- Traslado a los no demandantes. Presentada la demanda se surtirá traslado a los no demandantes por el término de quince (15) días para que presenten sus alegatos.
Vencido el término anterior se remitirá el original del expediente a la Corte”.
Claro resulta entonces concluir que la intervención de los no demandantes en los términos previstos por la norma que viene de transcribirse, se encuentra consagrada en beneficio de quienes han guardado silencio respecto del fallo objeto de censura para garantizar el principio de igualdad de oportunidades para las partes y asegurar el cabal ejercicio de la dialéctica propia del proceso. Pero en modo alguno para que quienes han impugnado la sentencia y han acudido a presentar dentro de los términos la respectiva demanda de casación, tengan una posibilidad adicional de intervención, que se agotó precisamente con la interposición del recurso y la presentación del respectivo libelo, a través del cual pueden expresar los reproches que consideren pertinentes, desde luego, respetando los principios que rigen la técnica casacional y aportando a los mismos los fundamentos de hecho y los de derecho necesarios de acuerdo con la causal seleccionada.
Una intelección diversa de la norma conduciría, sin lugar a dudas, a crear una situación de desequilibrio en las oportunidades que el esquema procesal vigente ha consagrado a favor de los sujetos procesales, que definitivamente la ley no establece ni permite y que la Sala tampoco puede patrocinar.
Adicional a lo expuesto, jurídicamente imposible resultaría reconocer la calidad de “no demandante” a quien por razón de haber acudido a la casación con observancia de los presupuestos de procedencia, legitimación y oportunidad, y haber cumplido dentro del término con la carga procesal de presentación del respectivo libelo, justamente adquirió dentro del proceso la calidad contraria, esto es, la de “demandante”.
Por las anteriores razones, en la medida en que el defensor del procesado DIOMEDES DÍAZ ostenta la calidad de “demandante” del fallo de segundo grado, dado que en oportunidad legal interpuso el recurso extraordinario que le fue concedido y en el término para la presentación del respectivo libelo procedió a ello, es claro que no procede en esta decisión incluir en el acápite de “Antecedentes” referencia alguna al escrito presentado durante el traslado a los “no demandantes”, ni tampoco hacerlo objeto de ponderación, habida cuenta, se repite, que a través de la demanda de casación tuvo oportunidad suficiente de señalar las razones de disenso con el fallo de segundo grado, la cual ha sido ya tenida en cuenta por la Procuradora Delegada y lo será por la Sala en el momento oportuno.
Demanda del apoderado de la parte civil
Causal tercera:
Primer motivo: Nulidad por falta de competencia del Tribunal
La pretensión del demandante se orienta a que la Corte previa casación del fallo atacado declare la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de sustentación oral del recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la sentencia condenatoria de primera instancia, para que se declare desierta la impugnación, habida cuenta que en su criterio el defensor de DIOMEDES DÍAZ no sustentó adecuadamente dicho recurso.
Bien está precisar que, contrario a lo señalado por la Delegada, la postulación del cargo no ostenta la totalidad de deficiencias señaladas en el concepto.
En efecto, si bien el cargo contiene tres reparos de nulidad que en virtud del principio de autonomía debieron ser postulados de manera separada y con una prioridad determinada por la mayor cobertura invalidante de la actuación derivada de cada vicio reclamado en caso de prosperar, lo cierto es que el actor deslinda los motivos de invalidación con precisión de la irregularidad de la cual se derivan así como la garantía que por ello resulta vulnerada, vicios que en último caso la Corte se vería precisada a analizar para excluir la intervención oficiosa prevista en la ley.
Precisado lo anterior, se tiene que al tenor de la preceptiva del artículo 194 del estatuto procesal penal, la sustentación del recurso irrumpe en el ordenamiento como una carga procesal para el impugnante, de ineludible cumplimiento si se aspira a lograr que por el mismo funcionario que profirió la providencia atacada esta sea modificada, aclarada o revocada o que el superior funcional de aquél conozca los motivos de su inconformidad con los fundamentos de la misma. No a conclusión distinta puede llegarse de la consecuencia procesal prevista por la ley para cuando dicha carga se incumple, que no es otra que la declaratoria de deserción del recurso.
Sustentación que debe traducirse en la manifestación de las razones fácticas, jurídicas o probatorias, sobre las cuales se funda la discrepancia con la decisión impugnada, sin que ello implique que tal intervención deba verificarse de una determinada manera, en tanto que lo que se ofrece trascendental es que al funcionario que debe resolver el recurso ya sea horizontal o vertical, se le señalen en concreto los motivos de disentimiento, esto es, los aspectos objeto de impugnación, que desde otro ángulo, son precisamente los que delimitan su órbita funcional, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 203 ejusdem.
Lo anterior, porque es lo cierto que las disposiciones procesales que se ocupan de la sustentación de los recursos no señalan la forma como debe procederse en punto de la satisfacción de tal requisito, resultando razonable concluir que puede tenerse como adecuada sustentación aquélla mediante la cual en forma explícita se refutan los fundamentos de la providencia atacada, con indicación de las motivaciones o conclusiones que se consideran equivocadas, o a partir de la postulación de un criterio diverso del allí contenido, para el cual se reclama prevalencia a través de la impugnación.
Auscultando desde la anterior perspectiva el contenido material del escrito sustentatorio del recurso de apelación del fallo adverso de primera instancia, que contiene el resumen de la intervención oral del defensor del procesado DIOMEDES DÍAZ durante la audiencia de sustentación, pronto se advierte la sin razón de la censura de la parte civil, porque lo cierto es que con suficiencia argumentativa se cuestionaron los fundamentos de dicha decisión, como sin dificultad se aprecia de los siguientes apartes de dicha pieza procesal:
1. En punto de la materialidad del delito, el Juzgado se apoyó en el dictamen de medicina legal que concluyó que “la muerte de DORIS ADRIANA, fue asfixia mecánica por sofocación, siendo elemento a favor la lesión hallada en el labio inferior, causada por compresión de la mucosa labial contra la arcada dental”, y en el examen toxicológico practicado a la víctima que demostró “evidente consumo de cocaína, lo cual se tomó como factor asociado o coadyuvante del evento muerte”.
Sobre esto, el defensor prolijamente dirigió su esfuerzo a cotejar las conclusiones de los conceptos médicos, para concluir que las manifestaciones corporales de la hipoxia derivada de asfixia mecánica o de sobredosis de estupefacientes son iguales, y que por tanto, la duda surgida respecto de la causa de la muerte de Doris Adriana, en su momento advertida por el Tribunal cuando revocó la nulidad declarada por el a quo en el juicio, podía ser resuelta en favor de la tesis de que la víctima falleció a consecuencia de una sobredosis de cocaína.
Para demostrar lo expuesto, el apelante acudió a la definición de hematoma y a sus causas, para concluir que “si bien la lesión hallada en la mucosa del labio inferior de la víctima pudo deberse a un intento de sofocación, ella también pudo haber sido causada por un golpe que recibiera de una tercera persona (piénsese en una bofetada que pudo recibir mientras discutía), por un golpe recibido al caer accidentalmente sobre un objeto sólido mientras estaba aún con vida, o incluso al haberse golpeado contra un objeto sólido al desplomarse como consecuencia de su fallecimiento”.
También se apoyó en literatura médica para evaluar las contusiones propias de la asfixia mecánica y deducir que si en el caso estudiado únicamente se presentaron hematomas en el labio inferior de la víctima, no fue la sofocación la causa de su muerte.
Igualmente destacó que la bibliografía médica descarta la muerte por asfixia mecánica en tratándose de adultos, dada la reacción defensiva que ante la agresión pueden desarrollar, la cual impide la obstrucción simultánea de la boca y la nariz, por tanto, en estos excepcionales casos son evidentes las huellas que se producen en el rostro de la víctima, así como en la humanidad del agresor, pese a lo cual, en el cadáver de Doris Adriana sólo aparece un hematoma en su labio superior, y en sus uñas no se detectaron residuos de piel con el ADN de DIOMEDES DÍAZ.
Adicional a lo anterior, fundamentado una vez más en literatura especializada, el defensor señaló que el vómito no es característico de la asfixia mecánica, pues la víctima tiene obturadas las vías respiratorias, pero sí constituye uno de los criterios para diagnosticar intoxicación por cocaína. Por tanto, si en el protocolo de necropsia se mencionó la presencia de material alimentario en la nariz de la víctima, es evidente que vomitó antes de fallecer, y si se demostró técnicamente que ingirió cocaína, el resultado es que los diversos conceptos allegados al proceso, arrojan serias dudas en punto de la muerte de Doris Adriana a causa de una hipoxia por sofocación manual, y por el contrario, permite inferir que la hipoxia se produjo como consecuencia de una intoxicación aguda por ingestión de cocaína.
2. Respecto de la responsabilidad de DIOMEDES DÍAZ el Juzgado se apoyó en que “…Medicina Legal científicamente concluyó mediante dictamen Nro 272. PAT. DRO – 97 Externo 78-97 que la occisa no era consumidora habitual, no se percibían en ella los signos clásicos que presentan este tipo de personas…”, circunstancia ratificada con “los testimonios juramentados de sus familiares y amigos Rodrigo, María Oliva Niño García y Liliana Martínez Bernal, Blanca Isabel Ortíz, quienes aducen que la occisa no salía de noche, no consumía licor, no fumaba y mucho menos consumía droga…”.
Acerca de ello, el impugnante expuso detenidamente que las “señales físicas que deja en el cuerpo humano el consumo crónico de cocaína (como por ejemplo las perforaciones en los tabiques nasales), sólo aparecen después de una prolongada exposición a dicha sustancia, por lo que cabe la posibilidad de que una persona sea consumidora crónica de cocaína pero, debido a que dicha adicción no ha sido demasiado prolongada en el tiempo, no alcance a dejar en el cuerpo del usuario las huellas propias de un consumidor crónico”.
Además dijo que en el expediente “existen algunos testimonios conforme a los cuales la occisa había consumido ocasionalmente estupefacientes”, tales como los de Claudia Pilar Ardila Forigua y José Del Carmen Castilla Villero. Finalmente concluyó que las declaraciones referidas, aunadas “a los rastros que de cocaína encontraron los peritos del Instituto de Medicina Legal en la sangre de DORIS ADRIANA NIÑO, permiten suponer fundadamente que, si bien no puede ser catalogada como una consumidora habitual de dicha droga, tampoco se trataba de una mujer que jamás la hubiese consumido”.
3. También la funcionaria de primer grado tuvo en cuenta que “DORIS ADRIANA no era una mujer de gran capacidad económica, como para permitirse costear el alto precio que para un adicto demanda sostener dicha práctica…”.
La afirmación de la Juez fue rechazada por el defensor, aduciendo que si bien “se trata de un argumento expuesto de manera unánime por la fiscalía, la procuraduría y el juzgador de primera instancia, el material probatorio recogido durante la etapa de juzgamiento muestra una realidad diversa; varios de los testigos convocados al proceso por petición del señor representante de la parte civil, fueron categóricos al momento de asegurar que aún cuando la empresa de la cual era socia DORIS ADRIANA NIÑO atravesaba una mala situación económica, ella percibía ingresos extras derivados de trabajos particulares que realizaba, de tal manera que no solo constituía el soporte económico de su casa sino que, además, colaboraba económicamente con otros de sus familiares que vivían de manera independiente”.
Luego de citar algunos apartes de testimonios sobre la situación económica de la víctima concluyó que “no puede caber la menor duda sobre el hecho de que sus ingresos mensuales le permitían adquirir de cuando en cuando las cantidades de cocaína que pudiera requerir para su ocasional consumo personal”.
4. Respecto de las causas de la muerte investigada, el a quo expresó que el dictamen pericial “integrado con los demás conductos de acreditación con que cuenta el Despacho, se tiene que el deceso de DORIS ADRIANA NIÑO se produjo a causa de Hipoxia, producida por asfixia por sofocación, asociada a actividad sexual violenta y consumo de cocaína”.
Adicionalmente a los argumentos que el defensor planteó al ensayar la demostración de que la hipoxia no fue causada por sofocación y que fueron destacados anteriormente, con relación al consumo de cocaína señaló que “si la muerte de DORIS AADRIANA NIÑO GARCÍA se produjo entre las cero (00:00) y las cinco horas (05:00) del día quince (15) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997), y la benzoilecgonina es un metabolito con una vida aproximada de siete (7) horas, entonces resulta evidente que DORIS ADRIANA NIÑO pudo haber consumido la cocaína que se biotransformó en benzoilecgonina, entre las cinco de la tarde (17:00) del catorce (14) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997) y las cinco de la mañana (5:00) del quince (15) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997)”, y que por ello “no puede descartarse que la víctima haya consumido cocaína algunas horas antes de concurrir al apartamento de DIOMEDES DÍAS MAESTRE, y que la totalidad de la benzoilecgonina hallada en su sangre (o parte de ella) haya sido producto de esa ingestión anterior a su llegada al apartamento”.
5. En el fallo se anotó que estaba probado que “una vez reunidos LUZ CONSUELO, el cantante y la hoy fallecida, se dedicaron a la ingestión de bebidas embriagantes, consumo de estupefacientes y a la práctica de relaciones sexuales violentas, una vez culminada su actividad sexual, el cantante le da la noticia del embarazo de Luz Consuelo, evento que sin duda produjo en la visitante una molestia, porque profesaba un especial sentimiento hacia el artista, reaccionando en contra de su rival. Además téngase en cuenta que había aspirado cocaína, droga que produce excitabilidad en quien la consume, luego se produce algún roce o enfrentamiento entre las dos mujeres, quedando en las uñas de la occisa material genético de otra mujer que no podía ser otra que MARTINEZ SALAZAR, única que compartía la habitación del cantante aquella madrugada”.
Y continúa, “Pero de esta agresión, o roce que hubo entre las dos mujeres, surgió la necesidad de someter físicamente a DORIS ADRIANA, para controlarla, para evitar una reacción mayúscula, dado el estado sicosomático en que se encontraba, bajo los efectos de la droga, pues sin duda, su estado anímico no era el más óptimo, lo cual indubitablemente la alteraba, generándose alguna clase de escándalo, que no se podía permitir el reconocido intérprete vallenato, dado que se encontraba ocupando un apartamento en un estrato socioeconómico alto, no le convenía que generara ningún tipo de escándalo al interior de tal recinto, por tanto era necesario impedir tal situación, y quien mas (sic) podría hacerlo si no DIOMEDES DIAZ, quien poseía la capacidad física para dominarla, dada su superioridad corporal…”.
Sobre ello dijo el defensor que “esta afirmación parte de supuesto –tampoco demostrado dentro de esta investigación- de que ninguna de las demás personas presentes en el apartamento donde se habría producido la muerte de la víctima, tenía la capacidad física suficiente para intentar sofocarla manualmente”.
Más adelante expone que “ninguna sorpresa puede causar la afirmación de que DIOMEDES DÍAZ no era la única persona con aptitud física para desarrollar la acción aquí cuestionada, por la elemental razón de que a lo largo de este proceso ha quedado ampliamente demostrado que en el apartamento había no solo una mujer que compartía la habitación con DIOMEDES DÍAZ, sino un grupo de hombres que, cuando menos, tenía la misma aptitud física de mi defendido para desarrollar la conducta que aquí se examina”.
Con base en lo expuesto el impugnante replicó que “no existiendo plena prueba sobre esa importante circunstancia del planteamiento esbozado en la sentencia de primera instancia, esto es, careciendo de medios probatorios que sin lugar a duda alguna señalen a DIOMEDES DÍAZ MAESTRE como la única persona que podía haber intentado sofocar manualmente a la víctima, no puede afirmarse en una sentencia condenatoria como la aquí recurrida (que por su esencia requiere de la plena prueba sobre los hechos materia de investigación)” que su representado intentó lesionar a Doris Adriana con la obstrucción de su nariz y boca.
6. También adujo el sentenciador de primera instancia sobre el mismo tópico que “estando en la habitación de sexo masculino solo DIAZ MAESTRE, era la única persona que podía realizar la acción tendiente a controlarla, ya que Luz Consuelo se encontraba en estado de embarazo y su menor corpulencia física le impedían hacerlo, debiendo intervenir un tercero, y fue así como puso sobre la boca y nariz de DORIS ADRIANA, la mano con el fin de someterla a una fuerza que le impidiera reaccionar, ocasionando además de la lesión en la mucosa del labio inferior, el resultado muerte por insuficiencia de oxígeno”.
Acerca de lo expuesto argumentó el impugnante que tales consideraciones, expuestas por el fiscal, el ministerio público y la Juez de primera instancia, “no dejan ninguna duda sobre las razones por las cuales DIOMEDES DÍAZ MAESTRE habría cubierto con su mano la nariz y boca de la occisa: para callarla, para evitar que gritara, para impedir que generara un escándalo, para controlarla. Cualquiera de esa finalidades, o todas ellas juntas, no hacen nada diverso de evidenciar la ausencia de un dolo de lesiones en la actuación de mi defendido, el cual excluye de manera radical y definitiva la posibilidad de catalogar esa hipotética actuación como un delito doloso de lesiones personales”, y por tanto no se cumple el primero de los requisitos señalados por la doctrina para la configuración del delito preterintencional, esto es, “el desarrollo, por parte del autor, de un comportamiento que pueda ser considerado como un delito de lesiones personales”.
7. Sobre la conducta de DIOMEDES DÍAZ y la muerte de Doris Adriana señaló la funcionaria de primer grado que “quedó probatoriamente establecido el nexo causal entre las dos conductas, esto es, la lesión dolosa e inicialmente causada por parte de DIAZ MAESTRE a la víctima con el fin de acallarla, controlarla, y de otro lado, la consecuencia fatal que originó la investigación: la muerte de DORIS ADRIANA NIÑO, la cual se produjo a raíz del acto lesivo que le impidió la realización de una función vital para el ser humano como es la de respirar, resultado que aunque era previsible, no fue querido inicialmente por el cantante, que le produjo su muerte”.
En punto de lo anotado adujo el defensor que no existe dentro de la investigación “prueba alguna que permita tener por demostrado que DIOMEDES DÍAZ MAESTRE, con la intención de causar una lesión personal DORIS ADRIANA NIÑO GARCÍA, le haya obstruido con su mano la nariz y la boca, como consecuencia de lo cual se habría producido el deceso de la víctima. Y afirmo que no está probada la realización de esta modalidad de homicidio preterintencional, no solamente porque no está plenamente demostrado que a DORIS ADRIANA NIÑO GARCÍA se le haya ocasionado la muerte a raíz de la obstrucción que con una mano se hizo de su nariz y boca, sino porque tampoco existe certeza sobre el hecho de que esa actuación haya sido desarrollada por mi defendido”.
Como puede observarse de la anterior relación de réplicas formuladas por el defensor a los fundamentos fácticos y jurídicos del fallo de primer grado, no hay duda alguna que, como acertadamente lo destaca la Procuradora en su concepto, sí hubo sustentación del recurso interpuesto contra el fallo, habida cuenta que el impugnante no dirigió su esfuerzo únicamente a censurar las decisiones proferidas por la Fiscalía, como de manera inconsistente lo señala el apoderado de la parte civil, sino que identificó los tópicos del fallo con los que estaba inconforme y acto seguido procedió a plantear sin ambages las razones y fundamentos jurídicos, fácticos, técnicos y médicos que dieron soporte, esto es, que sustentaron su disentimiento, así como su pretensión.
Por las razones expuestas, estuvo bien que el recurso fuera concedido y por ello, actuó el Tribunal con plena competencia para pronunciarse en segundo grado sobre la impugnación del defensor de DIOMEDES DÍAZ, sin que se evidencie irregularidad alguna que haya afectado las garantías de la parte civil.
Segundo motivo: Nulidad por ausencia de citación para notificación del fallo
El censor reprocha que pese a que la Juez tardó cerca de cinco meses en proferir el fallo, no procedió una vez lo dictó a enviarle comunicación para que compareciera a notificarse, como sí ocurrió con los demás sujetos procesales, y que por ello quebrantó el equilibrio entre los intervinientes en el trámite, pues cuando compareció a averiguar por la decisión, se le comunicó que ya había sido proferida y notificada, y que había sido enviado el expediente al Tribunal para que fuera sustentado oralmente el recurso de apelación interpuesto por la defensa.
Tiene dicho la Sala que el imperativo de enviar comunicación previa a los sujetos procesales para que comparezcan a notificarse de las providencias, sólo tiene aplicación cuando la ley dispone la notificación personal como forma prioritaria de enteramiento de la decisión, no así cuando el mismo legislador ha dispuesto que pueden ser notificadas por estado o por edicto1.
De conformidad con lo establecido en el artículo 187 del derogado estatuto procesal, vigente para la época en que se notificó el fallo de primer grado proferido el 26 de enero de 2001, únicamente las notificaciones al sindicado privado de su libertad y al delegado del Ministerio Público correspondía realizarlas en forma personal.
Igualmente ha puntualizado la Sala que la comunicación librada al sujeto procesal para que comparezca a notificarse de una providencia no puede ser confundida ni equiparada a la notificación de la misma, pues aquella simplemente corresponde a un medio para dinamizar la actuación procesal, en tanto que la notificación cumple el sustancial cometido de enterar a los sujetos procesales sobre el contenido de lo dispuesto por los funcionarios judiciales.
De acuerdo con lo expuesto y como acertadamente lo señala la Delegada, es evidente que si al apoderado de la parte civil, en cuanto sujeto procesal para el que no era imprescindible la notificación personal del fallo, se le notificó la sentencia de primera instancia a través de edicto, su reproche carece de soporte fáctico y jurídico, pues el a quo no estaba en la obligación de enviarle la comunicación que echa de menos, y en consecuencia, no hay quebranto de las formas propias del proceso, en cuanto no se vislumbra en modo alguno resquebrajamiento de las bases fundamentales del juzgamiento o el desconocimiento efectivo de garantías esenciales, sin lo cual es improcedente la declaratoria de nulidad que se solicita.
Si a los demás sujetos procesales se les libró comunicación para que concurrieran a notificarse del fallo, estima la Sala que tales citaciones innecesarias no involucran vulneración de las garantías ni resquebrajamiento del proceso.
Conviene precisar finalmente que el impugnante alude al retardo en el proferimiento del fallo de primera instancia, no para cuestionar su validez como parece entenderlo la Delegada, sino como argumento adicional para plantear que en este caso por lo menos, se imponía su citación para la notificación del fallo.
Sobre ello es oportuno señalar que la tardanza en la adopción del fallo no releva a los sujetos procesales de estar atentos a los trámites respectivos, en cabal cumplimiento de sus deberes de control, diligencia y cuidado, propios de la gestión que les ha sido encomendada.
Tercer motivo: Nulidad porque la Juez no consiguió que los peritos dictaminaran sobre los perjuicios
A diferencia de los anteriores, este motivo de nulidad quebranta los principios de autonomía de los cargos y de claridad, nitidez y precisión que rigen este recurso, pues el casacionista denuncia que el Juzgado cumplió con la solicitud de la parte civil de que fueran designados peritos para evaluar los perjuicios pero no procuró que efectivamente se rindiera el correspondiente experticio, y por ello se duele del monto en que aquellos fueron tasados.
Baste señalar que la censura quebranta el primero de los principios señalados pues su formulación es inadecuada al ser presentada junto con otro motivo sustancialmente diverso, sin que el actor asuma, como es su deber, que cada reproche por su objeto y efectos debe ser propuesto autónomamente; además viola el principio de principio de claridad y precisión, en cuanto el censor no se detiene a indicar si su queja constituye un cargo adicional a los ya planteados, no señala la trascendencia de su observación y apenas enuncia el supuesto vicio, sin proceder a su desarrollo y acreditación, circunstancia que impide a la Sala pronunciarse de fondo sobre el planteamiento.
Cargo Tercero: Error de hecho por falso raciocinio
Si con salvedad del tercer motivo del cargo anterior, los demás fueron adecuadamente formulados y sustentados, razón por la cual la Sala procedió a su estudio de fondo, igual no acontece con esta censura, pues como atinadamente lo destaca la Procuradora Primera Delegada para la Casación Penal, adolece de graves fallas que quebrantan la técnica de la impugnación extraordinaria, las cuales conducen a su desestimación.
En efecto, como el impugnante postula un error de hecho determinado por falso raciocinio que condujo en el fallo atacado “a conclusiones que riñen con las normas de la experiencia, las leyes de la ciencia y los principios de la lógica”, bien está señalar que en tratándose de esta clase de yerro, tiene dicho la Sala que compete a quien lo invoca indicar qué dice de manera objetiva el medio probatorio, qué se infirió de él en la sentencia atacada, cuál fue el mérito persuasivo otorgado, determinar el postulado lógico, la ley científica o la máxima de experiencia cuyo contenido fue desconocido en el fallo, identificar la norma de derecho sustancial que indirectamente resultó excluida o indebidamente aplicada, y finalmente, demostrar la trascendencia del error.
Como puede observarse, el apoderado de la parte civil incumple las obligaciones anotadas, pues aunque identifica el medio de prueba y lo que señala objetivamente en punto de la causa de la muerte de DORIS ADRIANA NIÑO, simplemente expone que “el sentenciador ha violado el principio lógico de no contradecirse en la presentación de la argumentación, porque resulta completamente absurdo proponer que la muerte por sofocación en adultos es muy demorada y requiere de alta dosis de violencia, para unos folios más adelante afirmar sin ruborizarse que el procesado eliminó a la occisa sin intención, por haberle tapado la boca”. Vale decir, el demandante reprocha la “presentación de la argumentación”, no así el quebranto del principio lógico que postula en la valoración de la prueba que menciona.
Adicional a ello, el casacionista no se detiene a explicar de qué manera se presentó la violación del principio que anuncia, cuál es el contenido exacto y las implicaciones de este, tanto menos procede a señalar por qué resultaron violados de manera indirecta los artículos 105 y 109 del Código Penal vigente, y en punto de la injerencia del error en el fallo se limita a expresar que “la trascendencia del yerro es de tal magnitud que es el fondo de la cuestión, pues una sentencia proferida por homicidio preterintencional fue transformada en un homicidio culposo”, sin que proceda a indicar de qué manera al prescindir del error el fallo habría sido diverso, olvidando que también otros medios de prueba sirvieron al Tribunal para arribar a la decisión impugnada, sobre los que no hace mención alguna.
Así las cosas, resulta palmario que en este cargo el censor ha incurrido en graves errores de técnica, pero además, también se evidencia que sus argumentos carecen de razón y de sustento en las diligencias.
En efecto, el actor reprocha que si el ad quem expresó en el fallo que “la muerte de DORIS ADRIANA NIÑO se produce porque DIOMEDES DÍAZ le tapó la boca y la nariz para que no gritara o para que se callara, ésta no puede ser culposa, porque según nos ha dicho la misma sentencia, para ocasionarla se requeriría de una violencia extrema, de tal manera que el procesado tuvo que acudir a violencia extrema, probablemente ayudado por la otra mujer para eliminar a quien acababa de tener una riña con su compañera”, de donde concluye que “el sentenciador ha violado el principio lógico de no contradecirse en la presentación de la argumentación, porque resulta completamente absurdo proponer que la muerte por sofocación en adultos es muy demorada y requiere de alta dosis de violencia, para unos folios más adelante afirmar sin ruborizarse que el procesado eliminó a la occisa sin intención, por haberle tapado la boca”.
No obstante, lo expresado por el impugnante no fue lo que planteó el Tribunal en el fallo censurado, pues sobre el punto expuso que “para la Sala, la lesión hallada en la mucosa del labio inferior de la víctima no es hallazgo suficiente para determinar la oclusión de los orificios respiratorios y en consecuencia concluir la muerte por sofocación”, y más adelante dijo que “el dictamen pericial, los demás medios de prueba y la literatura científica analizada en conjunto a la luz de la sana crítica permiten válidamente aceptar como una de las manera de explicar la hipoxia, la señalada por la junta de peritos ‘hipoxia secundaria a intoxicación cocaínica asociada a actividad sexual violenta y a traumas leves a moderados’”, de donde se desprende la inconsistencia en la censura del actor.
Concretamente, en punto de las causas de la muerte de la víctima el Tribunal expuso que “el consumo de cocaína de la hoy occisa, la actividad sexual violenta, la presencia de lesiones vitales entre las que se cuenta la laceración y hematoma en el labio inferior y el hematoma subgaleal en frontal izquierdo, al igual que el suceso en el que Diomedes Díaz le dio a Doris Adriana la noticia del embarazo de Luz Consuelo Martínez que dieron como resultado la muerte de Doris Adriana”, sin que en parte alguna de la mencionada providencia el ad quem haya aceptado la asfixia por sofocación que con vehemencia, pero con franco desatino indica el apoderado de la parte civil, razón de más para que el cargo fracase.
El cargo, entonces, no prospera.
Demanda del defensor de DIOMEDES DÍAZ
Sea lo primero advertir que la Delegada para incursionar en el tema de fondo planteado a través de este cargo, parte de un supuesto equivocado, como es considerar que el libelo en este punto se ajusta a las exigencias de técnica contenidas en el estatuto procesal penal.
En efecto, el demandante selecciona adecuadamente la vía para plantear la atipicidad de la conducta de su representado, esto es, la violación directa de la ley por aplicación indebida de preceptos sustanciales; no obstante, si bien en apariencia la formulación y desarrollo del cargo cumple con las reglas que para el efecto ha señalado la jurisprudencia, al adentrarse en su estudio para resolver de fondo se advierte que el casacionista no acepta los hechos tal como fueron asumidos en el fallo atacado, pues a partir de una valoración probatoria opuesta a la del ad quem reconstruye el acontecer fáctico de una manera diversa, pese a que con vehemencia inicialmente afirma en atención a la causal de casación que invoca, su esfuerzo estará dirigido a demostrar los yerros del Tribunal en punto de los presupuestos teóricos de la imprudencia (culpa).
Tiene dicho la Sala que la violación directa tiene que ver con el yerro en que incurre el juez al aplicar la normatividad que corresponde a los hechos materia de juzgamiento y se manifiesta en tres variaciones. La primera se configura cuando no se aplica la norma que corresponde porque el juez yerra acerca de su existencia, es la denominada falta de aplicación o exclusión evidente. En la segunda, el sentenciador efectúa una falsa adecuación de los hechos probados a los supuestos que contempla la disposición y por ello incurre en aplicación indebida. En la última, los procesos de selección y adecuación al caso en cuestión son correctos pero al interpretar el precepto el juez le atribuye un sentido que no tiene o le asigna efectos distintos o contrarios a su contenido que es la violación consistente en interpretar erróneamente la ley sustancial.
Así, cualquiera que sea la modalidad de violación directa de la ley, el yerro de los juzgadores recae indefectiblemente en forma inmediata sobre la normatividad, todo lo cual implica un cuestionamiento en un punto de derecho, sea porque se deja de lado el precepto regulador de la situación concreta demostrada, porque el hecho se adecua a un precepto estructurado con supuestos distintos a los establecidos, o porque se desborda la intelección propia de la disposición aplicable al caso concreto; aspecto que exige como punto de partida, la aceptación incondicional de una realidad fáctica ya definida e inmodificable dentro del proceso, lo que impone la sujeción del demandante a la realidad probatoria declarada en las instancias.
Si lo que no se comparte es el resulto fáctico logrado por los jueces, tales desavenencias recaen sobre las pruebas y el ataque deja de ser directo para convertirse en indirecto, dado que la infracción a la ley sustancial se lleva a cabo de manera mediata, a través de la apreciación probatoria, según la índole de los errores que en esa materia pueden llegar a incurrir los sentenciadores.
En el caso objeto de estudio se observa que si bien el defensor plantea la violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida de los artículos 37, 329 y 330 del Código Penal de 1980, en el desarrollo de su censura, como se anunció, termina reprochando la valoración que de las pruebas hizo el Tribunal en punto de la violación del deber objetivo de cuidado por parte de su defendido, como se evidencia, de los siguientes apartes de su libelo.
Así pues, desconociendo que en la providencia impugnada se dijo que “igualmente el hematoma en el labio da cuenta de la presión ejercida sobre esta parte del cuerpo, que dada la intensidad de la misma sólo es dable predicarla de Diomedes Díaz”, el impugnante expresa que “lo evidente es que al momento de exponer en qué habría consistido la violación al deber de cuidado de DIOMEDES DÍAZ MAESTRE, no hizo (el Tribunal, se aclara) ninguna referencia a estas últimas heridas” y que por tanto, “si bien el Tribunal Superior de Bogotá las entiende como causas del fallecimiento de DORIS ADRIANA NIÑO, no atribuye su producción” a su representado.
Ahora bien, en otro aparte del cargo la falla surge del mismo planteamiento orientado precisamente a controvertir la conclusión del Tribunal acerca de las causas del fallecimiento de Doris Adriana, pues mientras el ad quem señaló que “el resultado se puede imputar a las acciones desplegadas por Diomedes Díaz, contraria una de ellas a la norma que prohibe el suministro de cocaína, cuyo efecto nocivo para la salud de Doris Adriana era previsible para Diomedes Díaz. Siendo el deterioro de la salud y consecuencialmente la muerte de Doris Adriana, concretándose la realización del riesgo creado por la acción contraria al deber de cuidado para prevenir el daño a la salud de los asociados y las restantes acciones contrarias al deber de cuidado que debe tener el hombre medio en el desarrollo de sus relaciones sociales”, el demandante parte de la base de que “yerra el Tribunal Superior de Bogotá al dar por demostrada la relación existente entre el suministro de cocaína” por DIOMEDES DÍAZ a Doris Adriana “(violación del deber de cuidado) y el fallecimiento de esta última debido al excesivo consumo de dicha sustancia (resultado)”.
También se advierte en el libelo del defensor, que expresamente plantea su desacuerdo con la valoración que de las pruebas hizo el ad quem, al señalar que “en el hipotético evento de que se llegara a sostener que esas relaciones sexuales orgiásticas le son atribuibles a DIOMEDES DÍAZ MAESTRE como una violación al deber de cuidado, el fallecimiento de DORIS ADRIANA NIÑO GARCÍA no puede ser considerado como producto de dichas actividades (pese a que en la sentencia recurrida se afirma lo contrario), pues para ello resultaría indispensable” que DIOMEDES DÍAZ “hubiera sido consciente de que al mantener relaciones sexuales con DORIS ADRIANA NIÑO GARCÍA mientras ella estaba bajo los efectos de la cocaína y el alcohol, existía el riesgo de que se produjera su muerte y, consciente de dicho peligro, hubiera adoptado la determinación de sostener dicha clase de relaciones” (negrilla fuera de texto).
Fácil se advierte de la anterior transcripción que el impugnante no se encuentra conforme con la apreciación del fallador de segundo grado, y entonces, en la demostración del cargo incursiona en el discurrir propio de la violación indirecta de la ley sustancial, pues considera que el Tribunal arribó a conclusiones que no se compadecen con las pruebas recaudadas.
A su vez, en otro pasaje de la demanda el impugnante arriba a la argumentación de la violación indirecta por error de hecho determinado por falso raciocinio, en la medida que censura el quebrantamiento de las reglas de la ciencia, que no postuló, y tanto menos desarrolló conforme a las reglas de técnica de esta impugnación extraordinaria, pues expuso que si en la providencia atacada se expresó que “quien se encuentra bajo los efectos del alcohol y sostiene relaciones sexuales con actividades violentas incrementa los efectos excitatorios de la droga, esto es, la excitación cerebral motriz, actividad física y también excitación genital”, ello, en su criterio, conduce a concluir que “lo que esta realidad científica pone de presente es una serie de cambios fisiológicos que, por sí mismos, no constituyen un peligro para la salud de quienes toman parte en esta clase de actividades sexuales”.
Otra circunstancia que pone de presente una vez más que el defensor incumple las reglas de técnica que rigen la postulación de la violación directa de la ley sustancial se evidencia al exponer que “cuando, como en el presente caso, la noticia que se trasmite es la de un embarazo, es evidente que no se trata de una información que pudiera representar peligro para la integridad física de DORIS ADRIANA NIÑO GARCÍA, máxime cuando la persona de cuyo embarazo se trataba, era una mujer con la que la destinataria de la noticia -según afirma el Tribunal Superior de Bogotá- compartía relaciones sexuales orgiásticas en compañía de quien comunicaba la noticia”, observación que riñe abiertamente con lo señalado por el ad quem, según el cual, “es una realidad científica que una persona que ha superado el efecto excitatorio de la cocaína al que le sucede la depresión física y psíquica, tenga una probabilidad mayor de incrementar su hipoventilación como consecuencia de la recepción de una noticia desagradable que compromete su psiquis”.
Adicional a lo destacado, en otra controversia acerca de las valoraciones del Tribunal, el casacionista quebranta la técnica que rige el desarrollo y acreditación del cargo por violación directa de la ley sustancial, en cuanto se opone a la forma en que los funcionarios que resolvieron la impugnación valoraron las medios probatorios; así pues, indica que no hay prueba alguna que permita afirmar que la condición sicológica de la víctima la hacía susceptible emocionalmente a la referida noticia, “el solo hecho de que DIOMEDES DÍAZ MAESTRE le haya comunicado a DORIS ADRIANA NIÑO GARCÍA que LUZ CONSUELO MARTINEZ (compañera de orgías de los dos mencionados) se encontraba en estado de embarazo, no puede ser catalogado como un comportamiento violatorio del deber de cuidado, con base en el cual le pueda ser atribuida” al procesado DÍAZ MAESTRE la “responsabilidad a título de culpa por la muerte de DORIS ADRIANA NIÑO”; valoración sustancialmente antagónica a la ofrecida por el fallador de segunda instancia al decir: “¿La impresión que le causare el enterarse de un suceso desagradable es causa necesaria de la hipoxia y fallecimiento de Doris Adriana?. La respuesta es igualmente positiva en cuanto encontrándose en el estado depresivo propio del fármaco es sometida a una presión psíquica que sin lugar a duda alguna incrementó su hipoventilación, produciendo finalmente su muerte”.
Para finalizar el demandante expresa que “las anteriores consideraciones han estado dirigidas en su totalidad, a demostrar que DIOMEDES DÍAZ MAESTRE no vulneró un deber de cuidado que pueda ser puesto en ‘relación de adecuación’ con la muerte de DORIS ADRIANA NIÑO” apreciación que contradice lo expuesto por el Tribunal: “No hay duda alguna entonces, que es la violación al deber objetivo de cuidado al que estaba obligado Diomedes Díaz lo que determinó la producción del resultado, esto, es, la muerte de Doris Adriana, la que tanto, desde un juicio abstracto como concreto era previsible”.
En suma, lo que en esencia se advierte es que el defensor de DIOMEDES DÍAZ postula que una correcta apreciación de los medios probatorios habría conducido a reconocer la ausencia de violación del deber objetivo de cuidado en punto de la muerte de Doris Adriana Niño, apartándose con ello de la apreciación probatoria que sobre tal tópico expresó el Tribunal, intentando oponer su particular valoración del suceso a la contenida en el fallo, olvidando que un cuestionamiento de tal naturaleza debe postularlo al amparo de la violación indirecta de la ley sustancial, y con abandono de la técnica de casación propia del cargo de violación directa de la ley que formula.
A pesar de las observaciones anteriormente señaladas que conducen a la desestimación del cargo, menester resulta señalar que al momento de desarrollar la Sala los planteamientos que determinarán la casación oficiosa del fallo impugnado, abordará los tópicos de fondo que plantea el apoderado del procesado DIOMEDEZ DÍAZ MAESTRE.
Particularmente se analizará cuanto atañe a la causa de la muerte de Doris Adriana Niño García a partir de la prueba técnica obrante en la actuación, valorada objetivamente en conjunto con los demás elementos de persuasión, circunstancia que de manera innegable habrá de reflejarse en la adecuación típica del comportamiento que dio lugar a este trámite judicial y con ello, en el sentido de la determinación de fondo que finalmente se adopte.
El cargo se desestima.
CASACIÓN OFICIOSA
Habida cuenta que el artículo 216 de la Ley 600 de 2000 exceptúa el principio de limitación que rige la competencia de la Corte en este trámite extraordinario cuando se trate de “la causal prevista en el numeral tercero del artículo 220”, en cuanto puede proceder a declararla de oficio, al igual que cuando sea ostensible que el fallo “atenta contra las garantías fundamentales”, se impone la necesidad de acudir a tal facultad oficiosa por las siguientes razones:
La motivación de los fallos era un postulado contenido en el artículo 163 de la Constitución de 1886, no obstante, aunque tal norma no fue reproducida en la Constitución de 1991, se ha reconocido que constituye pilar fundamental del derecho a un debido proceso, habida cuenta que comporta una garantía contra la arbitrariedad y el despotismo de los funcionarios, a la vez que se erige en elemento de certeza y seguridad para efecto de ejercitar el derecho de impugnación por parte de cualquiera de los sujetos procesales intervinientes en el trámite judicial.
El deber de motivar no se satisface con la simple y llana expresión de lo decidido por el funcionario judicial, pues menester resulta la indicación clara, expresa e indudable de su argumentación, con soporte en las pruebas y en los preceptos aplicados en cada asunto, pues no de otra manera se garantizan los derechos de los sujetos procesales, a la vez que se hace efectivo el principio de imperio de la ley, esto es, de sometimiento de los jueces al ordenamiento jurídico.
En punto de la garantía de motivación de las decisiones, y con ella del debido proceso, el artículo 170 de la Ley 600 de 2000 señala los requisitos que deben contener los fallos, entre los cuales figura “la valoración jurídica de las pruebas en que ha de fundarse la decisión” y “la calificación jurídica de los hechos”, de donde se desprende que si la sentencia carece de motivación, o esta es incompleta, ambigua, equívoca o soportada en supuestos falsos, no sólo quebranta el derecho de los intervinientes en el proceso a conocer sin ambages el sentido de la decisión, sino que también imposibilita su controversia a través de los medios de impugnación, con lo que, sin duda alguna, se lesiona el derecho al debido proceso, que en virtud de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 306 del estatuto procesal penal constituye causal de invalidez de la actuación viciada.
Sobre lo expuesto tiene dicho la Sala que:
“…si la sentencia carece absolutamente de motivación sobre un elemento del delito, la responsabilidad del acusado, o en relación con una específica circunstancia de agravación, o la individualización de la pena, o no empece tener motivación la misma es ambigua o contradictoria, o se fundamenta en supuestos fácticos o racionales inexistentes, y en tal medida las consideraciones del juzgador no podrían ser fundamento legal y razonable de la decisión contenida en la parte resolutiva, la nulidad se erige como la única vía plausible de solución”2.
Siendo ello así, el deber de motivar las decisiones, en particular los fallos, corresponde al funcionario que los profiere, pero también compete a las autoridades judiciales que intervengan directamente en el trámite verificar que en efecto la motivación, como condición de legitimidad y validez de las decisiones se encuentre satisfecha, pues de lo contrario, han de proceder a imprimir los correctivos pertinentes.
En el caso objeto de estudio advierte la Sala que el ad quem al modificar el fallo de primer grado que condenó al procesado DIOMEDES DÍAZ MAESTRE por el delito de homicidio preterintencional, en el sentido de condenarlo por el de homicidio culposo agravado, faltó al imperativo de motivación de las decisiones, pues si bien presentó una argumentación sobre ello, desconoció ostensiblemente las pruebas que objetivamente conducen a conclusiones diversas, con lo que dejó su fundamentación ayuna de soporte fáctico en la actuación, habida cuenta que el funcionario judicial debe valorar las pruebas pero no puede crearlas y tanto menos trasmutar su sentido o lo que ellas informan, pues de ser así incurre en una motivación aparente y sofística que socava la estructura fáctica y jurídica del fallo.
Así pues, en punto de la prueba técnica sobre las causas de la muerte de Doris Adriana Niño, el Tribunal comienza por señalar que “sólo el juzgador es quien en posesión de todos los datos de la instrucción médicos y no médicos establece la calificación legal de la misma”, y entonces procede a analizar los diversos experticios y conceptos médicos arrimados a la actuación así:
1.- La necropsia en la cual se indica que la “causa, manera y mecanismo de muerte, queda en estudio”, de donde concluye que “no existen hallazgos específicos en la muerte por asfixia (entendida en el sentido de hipoxia), que por sí solos den cuenta que la muerte sea el resultado de una asfixia mecánica”.
2.- El dictamen 5332 de 1997, rendido por el patólogo Nelson Téllez Rodríguez, según el cual “es posible concluir que la causa de la muerte de esta persona fue isquemia miocárdica y edema pulmonar, ambos inducidos por sobredosis de cocaína”. Aquí se descarta la muerte natural y se dice que pudo presentarse “un accidente, un suicidio o un homicidio” dejando la tipificación a discreción de la autoridad competente “de acuerdo con los restantes elementos de juicio que obren en el proceso…”.
3.- Ampliación del dictamen anterior en el que se expresa: “joven que muere por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a eventos fisiopatológicos desencadenados por una sobredosis de cocaína”.
4.- Concepto del doctor Eduardo Valdés, oficio 4356 de septiembre 2 de 1997, donde se establece como causa de la muerte “paro respiratorio secundario a intoxicación por cocaína, que origina un cuadro clínico complejo donde se destacan síntomas síquicos, neurológicos, circulatorios y respiratorios que correlaciona con los hallazgos encontrados”.
En cuanto a la manera en que se produjo la muerte indica que es de tipo violenta y que los hallazgos, “algunos de ellos, corresponden a lesiones ocasionadas por elementos contundentes, que demuestran la ocurrencia de violencia física que, además, podría estar o no correlacionada con el estado de excitación psíquica por intoxicación cocaínica. Hay hallazgos que se correlacionan con lo que frecuentemente se observa en prácticas sexuales violentas”.
Sobre los anteriores conceptos el ad quem señala que “son incompletos y deficientes en los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, ya que los médicos legistas se abstuvieron de analizar la cadena de custodia, la calidad de los fundamentos técnicos y científicos de las conclusiones, el aseguramiento de calidad aplicado de la prueba toxicológica que daba cuenta de concentraciones en sangre extremadamente elevadas de cocaína y benzoilecgonina y se estuvieron sólo a sus resultados en los que cimentaron sus conclusiones…”.
5. Concepto técnico rendido por los doctores Arturo González Bazurto, Humberto Torres y Gerardo Prada Chona en el cual concluyen que Doris Adriana no murió por sobredosis de cocaína en cuanto no convulsionó.
Respecto de este concepto el Tribunal expone que “no es de recibo para la Sala en cuanto que, es rendido en gran parte sobre fotografías, llegando a conclusiones que son desvirtuadas por Instituto de Medicina Legal y posteriormente aceptadas en el curso de la diligencia pública por los mismos peritos como son los hallazgos que pudieran llevar a concluir la existencia de un trauma craneoencefálico”.
6.- Acerca del concepto de la Junta de Peritos conformada para absolver los interrogantes planteados por el Fiscal Delegado ante la Corte, el Tribunal expresa que le ofrece “serios motivos de credibilidad y es al que debe estarse teniendo en cuenta” la idoneidad de los peritos, el método utilizado, la fundamentación técnico científica y la inmediación.
Resalta entonces las siguientes conclusiones:
1.- Doris Adriana Niño presentaba “signos de hipoxia y traumas contundentes en diferentes partes del cuerpo que no se pueden atribuir exclusivamente al consumo de cocaína. Esto es, que el mecanismo fisiopatológico de la muerte de Doris Adriana Niño García fue la hipoxia”.
2.- “La presencia de semen en el cuerpo, hallazgo que en conjunto con las escoriaciones en cara externa de labio menor derecho y hacia la base del labio mayor izquierdo y de múltiples equimosis pequeñas en cara anterior de ambos muslos, sugieren en el ámbito forense actividad sexual violenta”.
3.- “La presencia de escoriaciones pequeñas y múltiples en hemiabdomen superior izquierdo y flanco derecho, las esxoriaciones lineales múltiples en región lumbar derecha, en tubérculo tibial izquierdo, las equimosis en maléelos (sic) externo y dorso de pie derecho y base dorsal del quinto dedo y hematoma subgaleal de 3 cms pueden haberse producido durante la actividad sexual violenta accidentalmente o inflingidas por agresión de terceros. En ningún caso son autoinflingidas”.
4.- “La hipoxia puede ser explicada de dos maneras:
a.- “La sofocación, asociada a actividad sexual violenta y consumo de cocaína”.
b.- “La intoxicación cocaínica, asociada igualmente a actividad sexual violenta y a traumas leves a moderados, que se explicarían en el evento que la víctima hubiese desarrollado un delirio cocaínico o convulsiones”.
Estima la Sala que sin razón alguna, el ad quem marginó en la apreciación de los medios técnicos de prueba apartes de singular trascendencia, motivo por el cual, se repite, la motivación del fallo es apenas aparente y carece de soporte en el acervo probatorio, como a continuación puede observarse.
En efecto, en el concepto de los doctores Arturo González Bazurto, Humberto Torres y Gerardo Prada Chona se indica que si bien las lesiones que figuran en el protocolo de necropsia, así como en las fotos tomadas al cadáver de la víctima permiten concluir que “no son capaces de producir la muerte” si son aptas para revelar “un episodio de violencia física dentro del cual si se involucran las de cara, las cuales denotan la fuerza ejercida por una mano que oprime la boca y nariz fuertemente, con posible fractura de los huesos propios de la nariz, la marcada movilidad de la cabeza con respecto al cuello y ruptura de ligamentos, como consecuencia directa de una hiperextensión del mismo con rotación violencia y simultánea de la cabeza y la presencia de vestigios de hematoma o hemorragia en la fosa posterior y base del cráneo que se observa en la fotografía sin número de la segunda exhumación, nos revela que la verdadera causa de muerte nunca pudo ser inducida por una sobredosis de cocaína, sino que, su causa fue necesariamente violenta, toda vez que los hallazgos anteriores se postulan como la causa de muerte más posible… la isquemia miocárdica, edema pulmonar y la hipoxia tienen múltiples causas. Del conjunto de lesiones, por su número, magnitud y severidad que presentaba el cadáver y las inconsistencias en los análisis toxicológicos puede afirmarse categóricamente que Doris Adriana Niño García no murió por sobredosis de cocaína y en consecuencia nunca convulsionó… las lesiones producidas en vida en la humanidad de la hoy occisa le fueron ocasionadas en un episodio de acceso carnal violento, en el que dejaron a la víctima muerta, semidesnuda, descalza, lesionada y sus ropas rasadas … no murió por sobredosis de cocaína y en consecuencia nunca convulsionó…” (subrayas fuera de texto).
Es necesario resaltar, que este concepto no concluye únicamente que la víctima no convulsionó, sino que, lo más importante, pone de presente una circunstancia de violencia especialmente en la nariz de aquella, tópico que el ad quem no tuvo en cuenta.
Así mismo, en la audiencia pública el patólogo Enrique Prada Chona dijo que teniendo en cuenta el acta de levantamiento del cadáver, el patrón de las lesiones y los hallazgos internos del cadáver la mujer falleció “por hipoxia, es decir, hipoxia me refiero a disminución de oxigeno, secundaria o causada por una asfixia mecánica por sofocación”. Concepto que también desechó el Tribunal en atención al procedimiento utilizado, pero sin pronunciarse en punto de su aporte, que resultaba consonante con las demás pruebas obrantes en la actuación. (subrayas fuera de texto).
También el doctor Humberto Torres Llenera (químico), en la misma diligencia señala: “…uniendo esta parte toxicológica con la parte médica forense está descrito de acuerdo a las definiciones, de acuerdo a los conceptos de medicina legal, nosotros como equipo, llegamos a la conclusión de que Doris Adriana Niño no murió por sobredosis de cocaína y que la muerte se produjo por asfixia mecánica por sofocación, … por otra parte teniendo en cuenta los resultados del laboratorio de toxicología, es evidente que la hoy occisa consumió cocaína, razón por la cual se debe señalar en este caso como causa asociada o coadyuvante de la muerte…”. (subrayas fuera de texto).
No obstante, como puede observarse en el fallo, el Tribunal no asume el aporte objetivo de la prueba, y por el contrario, dirige su esfuerzo a especular en punto de las causas de la muerte de la víctima para concluir equivocadamente que se trató de un homicidio culposo.
También advierte la Sala que el Instituto de Medicina Legal, en oficio 625 A 99 BATRB del 29 de abril de 1997, señala: “.. el cuerpo de la occisa presentaba un patrón de lesiones traumáticas que corresponden a las descritas por asfixia mecánica por sofocación evento que consideramos como causa de la muerte (…) las lesiones traumáticas observadas en el cuerpo no se pueden atribuir a convulsiones sino que corresponden a signos de asfixia mecánica por sofocación y a relaciones sexuales con actividades violentas…”. (subrayas fuera de texto).
Este concepto nuevamente es desatendido por el ad quem, sin percatarse que brinda elementos consistentes con los hechos demostrados, y explica la causa de la muerte de la víctima en el ámbito de un comportamiento voluntario de oclusión de su boca y nariz.
En punto del concepto técnico de la Junta de Peritos del Instituto de Medicina Legal, respecto del cual el Tribunal señaló que le ofrecía “serios motivos de credibilidad”, ninguna valoración hace respecto de las observaciones que se plasmaron sobre las causas de la hipoxia, pues efectivamente allí se dijo que referidas a que “un elemento a favor” de que la hipoxia se produjo por asfixia por sofocación, asociada a actividad sexual violenta y consumo de cocaína “es la lesión en la mucosa del labio inferior la cual esta descrita en la literatura forense como el resultado de la compresión con fines de oclusión de la nariz y boca ejerciendo presión externa en estas áreas”. (subrayas fuera de texto).
Y además se apreció en el concepto que “la hipoxia secundaria a intoxicación cocaínica asociada a actividad sexual violenta y a traumas leves moderados” se “explicaría en el evento que la víctima hubiese desarrollado un delirio cocaínico o convulsiones”, pero que sin embargo “esta interpretación no explica satisfactoriamente la presencia de la laceración y hematoma observada en la mucosa del labio inferior, lesión no usual en episodios convulsivos” que “pudo ser el resultado del intento de controlar a la persona pues se asocia a intervención de terceros”.
Como fácil puede advertirse, el Tribunal abandonó sin explicación alguna la información del concepto técnico que le ofrecía credibilidad, pues únicamente se limitó a construir su propia percepción de los sucesos de espaldas a la realidad procesal, en especial pasando por alto la prueba científica que revelaba sin duda alguna que la hipoxia, como una de las causas desencadenantes de la muerte de Doris Adriana, estuvo determinada por la oclusión voluntaria de su boca y nariz, y no por el consumo de cocaína, como se dijo en el fallo impugnado.
Pertinente resulta destacar, que pese a reconocer la lesión en el labio inferior de la víctima, ningún pronunciamiento hace respecto de su explicación científica en punto de la hipoxia por sofocación derivada de asfixia mecánica, como cuando señala que “Fue Diomedes Díaz quien tras sostener el encuentro sexual en forma directa le da la no agradable noticia para la occisa del embarazo de Luz Consuelo Martínez, igualmente el hematoma en el labio da cuenta de la presión ejercida sobre esta parte del cuerpo, que dada la intensidad de la misma solo es dable predicarla de Diomedez Díaz”, pero como ya se advirtió, ninguna valoración hace de tal verificación. (subrayas fueras de texto).
Simplemente, el Tribunal expresó, sin más, que “como se señalará para la Sala la prueba legal y oportunamente allegada al investigativo, analizada en conjunto (la lesión en la mucosa del labio inferior es hallazgo inespecífico, no existen hallazgos específicos) impide afirmar que es la asfixia por sofocación la causa eficaz y eficiente del fallecimiento de la hoy occisa”, sin que procediera acto seguido a dar alcance a su decisión de descartar la hipoxia por asfixia, que como se vio, es la que objetivamente informa la prueba científica.
Curiosamente, el ad quem señala como causas de la muerte de la víctima el consumo de cocaína, la actividad sexual violenta, “la presencia de lesiones vitales entre las que se cuenta la laceración y hematoma en el labio inferior y el hematoma subgaleal en frontal izquierdo” y la noticia del embarazo de Luz Consuelo Martínez, donde pronto se evidencia que el elemento objetivo de mayor trascendencia para acreditar la asfixia mecánica pasa a conformar una concausa de menor importancia a la que sin fundamento alguno le es negado su verdadero alcance material de conformidad con la prueba técnica.
Por tanto, no hay duda que como consecuencia de la falta de soporte probatorio para fundamentar la adecuación típica del comportamiento investigado al delito de homicidio culposo, el Tribunal se apartó del recaudo probatorio, pues desconociendo la asfixia mecánica como causa eficiente de la muerte unida a otros factores, acudió a construir hipótesis que no se compadecen con la información del proceso. Además, si bien anunció que valoraría los dictámenes de conformidad con las reglas de la sana crítica, a la postre no atendió ninguna de ellas en punto de la apreciación de las causas de la muerte, como para descartar la hipoxia consecuencial a asfixia mecánica, de forma que con la marginación de la lesión en el labio inferior de la víctima, construyó una realidad diversa al factum y arribó a conclusiones manifiestamente equívocas.
En síntesis, el Tribunal presentó respecto de los sustentos probatorios de su fallo una motivación aparente, pues desconoció que la prueba científica valorada en conjunto con otros medios probatorios permite concluir que la muerte de Doris Adriana Niño fue consecuencia de hipoxia por sofocación propia de asfixia causada por medios mecánicos, esto es, por la oclusión de su boca y nariz, circunstancia que imposibilita adecuar tal comportamiento a una violación del deber objetivo de cuidado del procesado DIOMEDES DÍAZ, y por el contrario, permite concluir que existió un primer acto de carácter intencional (doloso), lesivo de la integridad física de Doris Adriana, que a la postre, sin pretender directamente la muerte de la víctima, excedió lo querido y finalmente produjo el resultado que motivó este proceso, circunstancia objetiva que se adecua a las previsiones señaladas por el legislador para la conducta preterintencional.
Tal motivación aparente o sofística constituye una irregularidad sustancial y trascendente que conculca los pilares fundamentales del debido proceso, y que impone, como inicialmente se advirtió, sanear la actuación declarando la nulidad del fallo impugnado, de conformidad con los postulados de la causal tercera de casación.
FALLO DE SUSTITUCIÓN
Al concluir que en este caso ha concurrido la causal tercera de casación, la decisión que oficiosamente adopta la Sala debe consultar los parámetros del artículo 217 de la Ley 600 de 2000 que dispone:
“1. Si la causal aceptada fuere la primera, la segunda o la de nulidad cuando ésta afecte exclusivamente la sentencia demandada, casará el fallo y dictará el que deba reemplazarlo”.
“2. Si la causal aceptada fuere la tercera, salvo la situación a que se refiere el numeral anterior, declarará en qué estado queda el proceso y dispondrá que se envíe al funcionario competente para que proceda de acuerdo con lo resuelto por la Corte “.
La aplicación de este precepto entendido en su sentido literal parece no ofrecer dificultad alguna; no obstante, conviene recordar que en ocasiones la Sala a pesar de casar un fallo por vicios que lo afectan exclusivamente a él ha decidido anularlo pero no dictar el sustitutivo, reenviando el proceso al respectivo Tribunal para que nuevamente lo profiera.
Una reconsideración del tema conduce a precisar que una determinación tal puede tener justificación bajo circunstancias excepcionales. Ello por cuanto, el concepto que se extrae de la interpretación de los dos numerales del precepto que se comenta, es que si el vicio que produce la nulidad está circunscrito al propio pronunciamiento de segunda instancia, no hay procedimiento alguno que se deba restaurar.
No puede dejarse de lado que el instituto de la casación es la última vía de impugnación consagrada en la ley como culminación de un trámite de dos instancias, cuya decisión fue radicada por la Carta Política (artículos 234 y 235) en la Corte Suprema de Justicia como autoridad de máxima jerarquía de la justicia ordinaria y tribunal de casación, al cual tienen acceso los sujetos procesales bajo las condiciones de legitimidad previstas en la ley; por tanto, el fallo de casación, cualquiera que sea su sentido, no sorprende a nadie, es el resultado propio y esperado de la vía impugnaticia incoada.
Por lo demás, la preceptiva del numeral 1º consulta el principio de economía procesal, porque después de casado el fallo por concurrir una causal de nulidad, lo único que queda pendiente es dictar nuevamente la sentencia de segundo grado, cuyos parámetros deben ser aquellos trazados por la Corte en la sentencia de casación.
Ello significa que la sentencia que se dicta para sustituir la quebrada por concurrir en ella la causal tercera de casación, no puede ser proferida libremente por el respectivo Tribunal Superior, pues la ley ordena que se dicte “de acuerdo con lo resuelto por la Corte” y en esas condiciones, los sujetos procesales ya no cuentan con la posibilidad de obtener el reconocimiento de pretensiones de ninguna índole, pues las alegadas ya habrían sido consideradas por el Tribunal de casación, bien al momento de ejercer el control sobre la demanda en punto de los requisitos formales, ora al adoptar decisión de mérito, y las que no, no pueden ser objeto de pronunciamiento por el ad quem, porque en esa ocasión su facultad de fallar se encuentra delimitada por la decisión casacional.
Es de entender que esas son las razones por las cuales el legislador decidió que en la situación descrita en el numeral 1º del precepto citado, el fallo de sustitución lo debe dictar la Corte, por ser la máxima autoridad en la rama penal y las decisiones que emite como juez de casación carecen de más recursos.
Lo contrario sería admitir que la decisión de la Sala de Casación Penal, dictada por el Tribunal Superior, está sujeta a un segundo recurso de casación; y si eventualmente surgiera otra circunstancia susceptible de estructurar otra nulidad, como puede ocurrir por no cumplirse lo dispuesto en la sentencia de casación, se iniciaría una cadena interminable de recursos extraordinarios, lo que desborda la estructura del proceso penal, tal como está concebido nuestro sistema procedimental.
En esas condiciones, la Sala casará oficiosamente el fallo impugnado y dictará el sustitutivo.
Realizadas las anteriores observaciones se tiene, como con suficiencia se abordó en precedencia, que la prueba obrante en la actuación es incuestionable al señalar la hipoxia como una de las causas de la muerte de Doris Adriana Niño. La divergencia en los criterios surge en punto de la causa de esa falta de oxígeno, como consecuencia de una sobredosis de cocaína, o bien, como resultado de la sofocación derivada de asfixia mecánica.
Sobre ello, en el Acta de la junta de peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal del 2 de agosto de 1997, se concluyó acerca de la muerte de Doris Adriana:
“a. Hipoxia producida por asfixia por sofocación, asociada a actividad sexual violenta y consumo de cocaína; un elemento a favor de esta opinión, es la lesión en la mucosa del labio inferior la cual está descrita en la literatura forense como el resultado de la compresión con fines de oclusión de la nariz y boca ejerciendo presión externa en estas áreas”.
“b. Hipoxia secundaria a intoxicación cocaínica asociada a actividad sexual violenta y a traumas leves a moderados, que se explicarían en el evento que la víctima hubiese desarrollado un delirio cocaínico o convulsiones. Sin embargo, esta interpretación no explica la presencia de la laceración y hematoma observada en la mucosa del labio inferior, lesión no usual en episodios convulsivos”.
Por tanto, es la misma prueba científica la que permite objetivamente eliminar la discrepancia anunciada, pues al cotejarla con las huellas exteriores anotadas en el protocolo de necropsia, que al examinar el cadáver de la víctima encontró “lasceración (sic) y hematoma que comprende la mucosa del labio inferior”, que se relacionan como “HALLAZGOS IMPORTANTES”, permite concluir que la falta de oxígeno no fue sólo el producto del consumo de cocaína, sino particular y primordialmente resultado de la asfixia causada por medios mecánicos mediante la oclusión de boca y nariz de la víctima, como en efecto lo planteó el a quo.
Resulta palmario, que si la hipoxia fue consecuencia de la obstrucción en boca y nariz de Doris Adriana, unida al consumo del alcaloide, tal comportamiento supone una lesión imputable a título de dolo, como que fue querida por quien la realizó, que no fue otro que DIOMEDES DÍAZ para intentar controlar la evidente contienda que se presentó entre Luz Consuelo Martínez y la víctima, con ocasión de comunicarle a esta el embarazo de la primera. Hecho que se encuentra acreditado con las múltiples escoriaciones encontradas en el cuerpo de Doris Adriana, así como con el análisis científico de los restos de piel que se hallaron en sus uñas, que según se dictaminó, corresponden a Consuelo Martínez.
Lo anterior cobra especial trascendencia si se tiene en cuenta, que tal como lo advirtiera el funcionario de primer grado, DIOMEDES DÍAZ era la única persona que podía superar por su contextura a las contendientes, y con ocasión de ello intentó acallar a Doris Adriana causándole la muerte no querida, pero sí
consecuencial a la lesión en su integridad física.
Establecida la causa de la muerte de Doris Adriana, ello tiene incidencia en la tipicidad del comportamiento, pues como ya se dijo, se estableció que el deceso no fue producto de la violación del deber objetivo de cuidado de DIOMEDES DÍAZ, sino de una acción lesiva de la integridad física de la víctima, concretada en oclusión de nariz y boca, que le ocasionó las lesiones de que da cuenta la prueba pericial, por razón de las cuales se produjo un resultado más grave, esto es, su muerte que era fácilmente previsible.
Lo expuesto impone confirmar íntegramente el fallo de primera instancia, por cuyo medio se condenó, entre otros, a DIOMEDES DÍAZ MAESTRE a la pena principal de 12 años y 6 meses de prisión y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un lapso de 10 años, como autor penalmente responsable del delito de homicidio preterintencional del que resultó víctima Doris Adriana Niño García.
La presente providencia no admite recurso alguno, no siendo reformable ni revocable una sentencia por el mismo Juez o Sala que la haya proferido (artículo 412 de la Ley 600 de 2000) y haber sido dictada ésta por el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, para resolver la impugnación extraordinaria de casación.
En mérito de lo expuesto, la SALA DE CASACIÓN PENAL de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
1. DENEGAR las pretensiones de las demandas.
2. CASAR oficiosamente la sentencia impugnada.
3. CONFIRMAR, en consecuencia, el fallo de primera instancia.
Contra esta providencia no procede recurso alguno.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.
YESID RAMÍREZ BASTIDAS
FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL HERMAN GALÁN CASTELLANOS
No hay firma
CARLOS AUGUSTO GÁLVEZ ARGOTE JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO
No hay firma
ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
Comisión de servicio
MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANES
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 Cfr. Providencias del 30 de mayo de 2002 y del 30 de noviembre del 2001, M.P. Dr Fernando Arboleda Ripoll; y del 25 de abril del 2001. M.P. Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego, entre otras.
2 Sentencia del 11 de julio de 2002. M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll.