20646(28-07-04)

2004

Asistente Jurídico Inteligente

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    Proceso No               20646   

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

Magistrado Ponente  

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS  

Aprobado acta N° 064  

Bogotá.  D. C., veintiocho (28) de julio de  dos mil cuatro (2004).   

V    I   S   T   O  S   

Resuelve  la  Corte  la  admisibilidad de la  demanda    de   casación   presentada   por   el   defensor   de   JAIME          ADALBERTO          TORRES         HURTADO.   

ANTECEDENTES   

1.-   Los  hechos  que  motivaron  el  presente  diligenciamiento,  fueron  resumidos por el Tribunal Superior de Cali,  de la siguiente manera:   

“El  día  tres  de  diciembre  del  año  inmediatamente  anterior  (2001),  siendo  aproximadamente los dos y media de la  tarde,   un   individuo   portando  arma  de  fuego  la  accionó  en  repetidas  oportunidades  en contra de WILLIAM CASTAÑO VALDERRAMA y WILLI LUBER QUIÑÓNEZ  PEREA,  causándoles  heridas graves las que le segaron la vida a estas personas  en  el  momento  en  que  se hallaban en compañía de los señores LUIS GABRIEL  ROJAS  HERNÁNDEZ  y EDWIN NAGLÉS LONDOÑO en la calle 31 H con carrera 29B del  barrio  LA FORTALEZA de esta ciudad (Cali), estando tanto las víctimas como sus  acompañantes  dentro  del vehículo de propiedad del hoy occiso, logrando salir  ilesos  los antes mencionados porque al escuchar los disparos salieron corriendo  del automotor logrando refugiarse en otro lado.   

“Se  señalan  como presuntos coautores de  este  concurso  de  hechos punibles a JAIME ADALBERTO TORRES HURTADO y a WILLIAM  PLAZA      BOLAÑOS      alias      ‘PIÑA’,  por  rencillas  entre éstos y WILLI LUBER, un año atrás de estos hechos por peleas  de  perros, actividad a la que se dedicaba este grupo de jóvenes, vinculándose  legalmente  a  la  investigación  al primero de los mencionados y se expidieron  copias  a  los  juzgados  de menores respecto del segundo por ser menor de edad,  personas  éstas  de quien se dice estaban juntas en el momento de la ejecución  del   hecho   y   quienes  solamente  recuperaron  el  arma  homicida,  sin  dar  explicación       satisfactoria       sobre      los      homicidas”.   

2.-  El   Juzgado  Diecinueve Penal del  Circuito  de  Cali,  el  12  de junio de 2002, condenó a Jaime Adalberto Torres  Hurtado  a  la pena principal de 31 años de prisión y a la accesoria de rigor,  como  autor  de  los  delitos  de  homicidio agravado y porte ilegal de armas de  fuego de defensa personal.   

Apelado el fallo por el defensor, el Tribunal  Superior  de  Cali, el 9 de octubre de 2002, al desatar el recurso, lo confirmó  en su integridad.   

LA DEMANDA DE CASACIÓN  

El  defensor  del procesado, al amparo de la  causal  primera  de  casación,  presenta  un  único  cargo,  por cuanto, en su  criterio,   el   sentenciador  cometió  “yerros  de  naturaleza  de  hecho,  más  no  de  derecho,  es  decir,  por  haberse dado un  equivocado   raciocinio   de   la   prueba,   por  errada  fijación  del  mérito  suasorio  a  causa  de una  equivocada aplicación de los parámetros de la sana crítica”.   

Acota  que el Tribunal tomó una porción de  la  declaración  del policial Jaime Fernando Bastidas Gelpud, en la que se dice  que  vio  y  persiguió  a  un  sujeto moreno que disparó hacia el interior del  automotor  y  que  luego  de  percatarse  de  la  presencia  de  los uniformados  emprendió   la   huida,  “pero  dejan  de  lado  la  descripción  que  de  la  vestimenta  tenía  el  moreno  al  cual textualmente  describe     como    vestido    de    la    siguiente    manera:    ‘vestía  de pantalón oscuro corto, una  camisa  ancha  color  blanco  todo  el  cuerpo   cuello  y  mangas  y  azul  oscuro’,  descripción que  no  concuerda con la forma como se encontraba vestido mi defendido para ese día  de  conformidad con los diferentes testigos, que no era otra que una pantaloneta  azul  oscura  y  una  camiseta  de esqueleto blanca, junto con unas pantuflas de  color azul”.   

En efecto, añade que William Plazas Bolaños  y  Rosmira  Balanta  en  las  declaraciones  que  rindieron  en la diligencia de  audiencia   pública,  resaltaron  la  anterior  descripción  física  por  ser  relevante  para  la  identificación del agresor, “la  cual   no   puede   reñir   en   un   todo   con   lo   manifestado  con  otros  testigos”.   

Acota  que  Edwin  Naglés Londoño, testigo  presencial  de  los  hechos,  manifestó  no  recordar el color de la camisa que  tenía  el homicida pero sí la pantaloneta y zapatillas, descripción que riñe  con  la  dada por el agente de policía, motivo por el cual hay dudas sobre este  particular  aspecto.   Complementa  que  si  bien su defendido estaba en el  lugar  de  los  acontecimientos,  necesariamente ello no quiere decir que sea la  persona que cometió el delito.   

Respecto  a  la declaración de Luis Gabriel  Rojas  Hernández, luego de destacar algunos fragmentos de su versión, en torno  a  la  descripción  de  una persona de color negro, manifiesta que el deponente  incurrió  en  varias  contradicciones  en sus distintas intervenciones, para lo  cual  procede  a  resaltarlas  y a confrontar su dicho con lo expuesto por Edwin  Naglés Londoño y por el agente de policía Bastidas Gelpud.   

Dice  que  en el expediente está demostrado  que  los testigos presenciales y las víctimas se encontraban ingiriendo bebidas  embriagantes,  “hecho este que les produce una merma  en  sus  condiciones físico-motoras e intelectuales, que tampoco fueron tenidas  en  cuenta  al  momento  de  dar  aplicación  a  la  sana crítica de la prueba  recogida  y  considera  la  defensa  que  ésta  es  precisamente la razón para  encontrar  tantas  incongruencias  en  la  declaración  del  testigo presencial  “EDWIN NAGLÉS LONDOÑO”.   

Anota  que el Tribunal solamente resaltó la  versión   de   Ademir  Castaño  Valderrama  para  informar  que  éste  había  manifestado  sobre  la  muerte  de  su hermano que fue testigo presencial de los  hechos,  “pero  no  da relevancia alguna a su dicho,  que  pone  en  tela de juicio la manera como se estaba inculpando a mi defendido  de  la  comisión  del  ilícito  por  parte de la madre del occiso WILLI  LUBER  QUIÑONEZ  PEREA, quien con  foto  en mano citaba a las personas involucradas en los hechos, como fue el caso  de     ADEMIR    CASTAÑO    VALDERRAMA  para  señalar  al procesado como la persona que ultimó a los hoy  occisos…”   

De igual manera dice que el citado deponente,  al  preguntársele por una fotografía, adujo que la misma se la había mostrado  la  señora Juana Perea Sánchez y que esa era la persona que había matado a su  hermano  y  a  su  hijo.   Agrega que recibida esta versión juramentada se  presentó  a  la  sede del juzgado el citado Castaño Valderrama, quien informó  que  su  vida  corría  peligro  y  manifestando hechos que inexplicablemente no  fueron tenidos en cuenta por los juzgadores.   

En  esas  condiciones  estima que la defensa  demostró  que  la  declaración  de  Naglés  Londoño  es mentirosa, basado en  incongruencias  que,  a  su  juicio, existen.  Por ello, complementa, no se  puede  decir   “que una parte de la declaración  rendida   es   cierta   y  que  otros  apartes  son  falsos…”,  razón  por  la cual de la misma no se puede inferir “la  certeza  total  de  que  el  testimonio  puede ser valorado como  contundente  en  un  momento  determinado,  pero  el  testimonio de EDWIN   NAGLÉS  LONDOÑO,  por  todo  lo  analizado  señores  Magistrados  no acepta el más mínimo reproche a la luz de  la sana crítica”.   

Por lo expuesto, solicita a la Corte casar la  sentencia  impugnada  y,  en  su lugar, absolver a su procurado, “por  no  existir la prueba contundente, que hemos dado por denominar  reina,      que     establezca     su     culpabilidad     en     los     hechos  investigados”.   

LA     CORTE  CONSIDERA   

El único cargo que el censor formula contra  la  sentencia  de  segunda  instancia,  por  la  vía  de  la  causal primera de  casación,  no  cumple  con el presupuesto de claridad y precisión estatuido en  el  artículo  212,  numeral 3°, del Código de Procedimiento Penal, motivo por  el cual se impone su inadmisión.   

Ante todo recuérdese que la casación es un  recurso  extraordinario y rogado, razón por la cual la demanda debe cumplir con  los  requisitos formales contemplados en la anterior preceptiva, pues constituye  una  carga  del  actor  señalar  y  evidenciar  el  error  in  iudicando  o  in  procedendo,  según  el  caso,  máxime  cuando  la  sentencia llega a esta sede  amparada  por  la doble presunción de acierto y legalidad, siendo de su resorte  entrar a desvirtuarla.   

En  primer  término, el censor no citó las  normas  sustanciales  infringidas  por la errada apreciación de las pruebas, ni  su sentido, esto es, falta de aplicación o aplicación indebida.   

Del  mismo  modo,  tampoco señaló el falso  juicio  que  determinó  el  error  de  hecho  invocado,  es  decir,  si  fue de  existencia,  identidad o raciocinio.  No obstante, dentro del entendido que  se  trató  de  un error de hecho por falso raciocinio, al enunciar que hubo una  equivocada  aplicación  de  los parámetros de la sana crítica, de todos modos  lo  dejó  en un enunciado, falta técnica que la Corte, en virtud del principio  de  limitación  que  rige  a  la  casación,  no puede entrar a complementar el  reparo.   

En efecto, como lo ha dicho la jurisprudencia  reiterada  y  pacífica  de  la  Corte,  cuando  el  reproche  se funda bajo los  parámetros  del error de hecho por falso raciocinio, se erige en una carga para  el  censor   señalar  cuál fue el postulado de la lógica, de la ciencia,  de   la   máxima   de   la   experiencia   o   del  sentido  común1   

quebrantado,  de  qué  manera lo fue y su  incidencia    en    la    parte    conclusiva    del   fallo,   labor   que   no  emprendió.   

Es  así  como  el  casacionista,  en vez de  señalar  el  postulado  de  la  sana  crítica vulnerado por el sentenciador al  momento  de  apreciar  individual y mancomunadamente las pruebas incorporadas al  diligenciamiento,  centró  la  labor demostrativa de la censura en oponerse, de  manera  abierta,  a  la  credibilidad  que el Tribunal le otorgó a determinados  medios  de  convicción  y  de  los  cuales  dedujo  la responsabilidad de Jaime  Adalberto  Torres  Hurtado  en  las  conductas  punibles de homicidio agravado y  porte  ilegal  de armas de fuego de defensa personal que le fueron atribuidas en  la resolución de acusación.   

De  manera  inicial  increpa al juzgador por  haber  concluido que el procesado fue el autor de los hechos, habida cuenta que,  en  su  personal  opinión,  hay  dudas respecto de la vestimenta que llevaba el  agresor.   Así  mismo se opone al grado de estimación que se le otorgó a  la  declaración  de  Edwin  Naglés Londoño.  En ese mismo sentido, acota  que  como  quiera  los  testigos  presenciales  se  encontraban  libando bebidas  embriagantes,     necesario     es     concluir    que    las    “condiciones   físico-motoras  e  intelectuales”   se encontraban “mermadas”,  lo  que necesariamente tendría que incidir al momento de aplicar  la sana crítica.   

De  otro  lado, también le falta claridad y  precisión  respecto  a  la  censura  que hace del testimonio de Ademir Castaño  Valderrama,  puesto  que  denuncia que el juzgador solo tomó algunos apartes de  su  versión,  yerro  que de existir encajaría en los lineamientos del error de  hecho  por  falso  juicio  de  identidad,  al haberse distorsionado su contenido  material y no por el de raciocinio.   

En  esas  condiciones,  surge nítido que la  inconformidad  del  censor radica en el grado de apreciación que los juzgadores  le  otorgaron  a  los  medios de prueba, olvidando que la simple discrepancia de  criterios  en  torno  de su mérito no constituye yerro demandable en casación,  toda  vez  que el juzgador dentro del sistema de apreciación probatoria que nos  rige  goza de libertad para justipreciarlos, sólo limitado por las reglas de la  sana crítica.   

En consecuencia, al no reunir la demanda los  presupuestos de claridad y precisión, la Corte la inadmitirá.   

En  mérito  de lo expuesto, la CORTE  SUPREMA  DE  JUSTICIA,  SALA  DE  CASACIÓN PENAL,   

         R E S U E L V E   

INADMITIR   la  demanda    de   casación   presentada   por   el   defensor   de   JAIME   ADALBERTO   TORRES  HURTADO.  En  consecuencia,  se  declara  desierto  el  recurso  extraordinario  de  casación  interpuesto.   

Contra  esta  decisión  no  procede ningún  recurso.   

Comuníquese y cúmplase.  

HERMAN GALÁN CASTELLANOS  

SIGIFREDO   ESPINOSA   PÉREZ                                          ALFREDO GÓMEZ QUINTERO   

EDGAR    LOMBANA   TRUJILLO                                          ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN   

MARINA   PULIDO   DE   BARÓN                                          JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS   

YESID   RAMÍREZ   BASTIDAS                                          MAURO SOLARTE PORTILLA   

TERESA RUIZ NÚÑEZ  

Secretaria    

1  Frente  a  los  postulados  que  rigen  al  sentido  común  hay autores que los  clasifican  en dos, a saber:  contingentes y necesarios.  Por ejemplo,  Thomas Reid, menciona como alguno de los primeros, los siguientes:   

“1)  La  existencia de todo de lo que soy  consiente.(…)   

“2)  Que  los pensamientos de los que soy  consiente   son  los  pensamientos  de  un  ser  al  que  denomino  ‘   yo´,   mi   mente,   mi  persona  (…)   

“3)  Aquellas  cosas  que  recuerdo  con  claridad realmente ocurrida (…)   

“4)  Nuestra  propia identidad personal y  existencia continuada (…)   

“5)   Aquellas   cosas  que  percibimos  claramente  por medio de nuestros sentidos realmente existen,  y son lo que  percibimos que son (…)   

“6)  Tenemos  algún grado de poder sobre  nuestras acciones y la determinación de nuestra voluntad (…)   

“7)  Las facultades naturales por las que  descubrimos la verdad del error no son falaces (…)   

“8)  Hay  vida  inteligente  en  nuestros  semejantes (…)   

“9)  Que  ciertas  expresiones  faciales,  sonidos   de  la  voz  y  gestos  del  cuerpo  indican  ciertos  pensamientos  y  disposiciones de la mente (…)   

“10)   Debemos  un  cierto  respeto  al  testimonio  humano  en  cuestiones  de  hecho,  e incluso la autoridad humana en  cuestiones de opinión. (…)   

“11) Hay muchos hechos que dependen de la  voluntad  del  hombre en lo que hay una probabilidad autoevidente, mayor o menor  según la circunstancia (…)   

“12)  En los fenómenos de la naturaleza,  lo  que  será,  probablemente  será igual que lo que ha sido en circunstancias  similares (…)   

“Entre   los   principios  de  verdades  necesarias, … cita:    

“1)  Principios  gramaticales  como,  por  ejemplo,  que  todo  adjetivo  en  una oración ha de pertenecer a un sustantivo  expreso  o  implícito;  que  toda  oración  completa  ha  de  tener  un  verbo  (…)   

“2)  Axiomas lógicos, como que cualquier  grupo  de  palabras  que  no  constituyan una proposición no es ni verdadero ni  falso;  que  toda  proposición  es  verdadera o falsa, que ninguna proposición  puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo (…)   

“3) Axiomas matemáticos (…)  

“4)  Axiomas  en  cuestiones de estética  (…)   

“5) Primeros principios de la moral, como  por  ejemplo  que  una  acción justa tiene más demérito que un poco generosa;  que  una  acción  generosa  tiene  más  mérito  que  una meramente justa; que  ningún   hombre   debe  ser  culpado  por  algo  que  no  estaba  en  su  poder  evitar;   que  no debemos hacer a otros lo que consideraríamos injusto que  se nos hiciese a nosotros en circunstancias parecidas.   

“6) Primeros principios metafísicos, como  que  las  cualidades  que percibimos por medio de nuestros sentidos han de tener  un  sujeto,  que  llamamos  cuerpo,  y  que  los  pensamientos  de los que somos  consientes  han  de  tener  un sujeto, que llamamos mente; que lo que comienza a  existir  tiene  que  tener  una  causa  que  lo produjo; que podemos inferir con  certeza,  designio e inteligencia la causa a partir de señales o signos de ella  en  el  efecto  (…).   (Thomas  Reid,  Investigación sobre la mente  humana  según  los  principios  del  sentido  común, Editorial Trotta, Madrid,  2004, página 38 y 39).     

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