20286(18-03-03)

2003

Asistente Jurídico Inteligente

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    Proceso No 20286  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

                            Magistrado Ponente:   

                                Dr.     JORGE    ANÍBAL    GÓMEZ  GALLEGO   

                            Aprobado Acta N° 35   

Bogotá,  D.C., dieciocho de marzo de dos mil  tres   

VISTOS  

La  Corte  resuelve  dentro  del  presente  trámite  la  solicitud  de  pruebas  que  hizo  el  defensor  del  requerido en  extradición    MARIO    OSORIO   ORTEGA.   

ANTECEDENTES   

El  Gobierno  de  los  Estados  Unidos  de  América,  por medio de su embajada en Colombia, envió la nota diplomática N°  1.429  del  27  de septiembre de 2002, para solicitar la detención con fines de  extradición  del  ciudadano  colombiano  MARIO OSORIO  ORTEGA,  acusado  de  concierto  para distribuir cinco  kilogramos  o  más  de cocaína, con la intención y el conocimiento de que tal  sustancia  era  importada  ilícitamente  a  los  Estados Unidos desde Colombia,  mediante  la  resolución  de  acusación  N°  02-392 emitida en el Tribunal de  Distrito  de  los  Estados  Unidos  para  el  Distrito  de  Columbia,  el  19 de  septiembre de 2002.   

El  Fiscal  General  de  la  Nación, según  resolución  del  3  de  octubre  de  2002,  ordenó  la  captura  con los fines  señalados,   la  cual  se  hizo  efectiva  el  día  8  de  los  mismos  mes  y  año.   

De acuerdo con la nota diplomática N° 1.848  del  3  de  diciembre  de  2002,  la  Embajada de los Estados Unidos de América  formalizó   la   solicitud   de   extradición   y,   preparada  la  respectiva  comunicación,  el  Ministerio  de  Justicia  y del Derecho envió el expediente  conformado a esta Corporación.   

CONSIDERACIONES   

I.    El    defensor   de   OSORIO  ORTEGA, manifestando que la prueba  incorporada  a  la  nota  diplomática  es  insuficiente;  que  en las mismas se  mencionan  a  varias personas dedicadas a enviar cocaína a Estados Unidos desde  1999,  pero  sin que se mencionen las cantidades ni las ciudades o puertos a los  que  llegó;  que  en  tales documentos se alude a la incautación de dólares y  estupefaciente   en   Barranquilla   y   Cartagena,   solicita   las  siguientes  pruebas:   

1.  Solicitar a las autoridades judiciales y  de  policía de Cartagena y Barranquilla informen si los operativos relacionados  con   aquellos  decomisos  tuvieron  ocurrencia,  de  ser  así,  cuándo  y  si  MARIO  OSORIO ORTEGA resultó  implicado.   

2.  Requerir copia auténtica del testimonio  rendido  por  Matthew  Donahue,  agente especial de la D.E.A., porque dentro del  expediente  no aparece prueba que comprometa la responsabilidad del requerido en  actividades de narcotráfico.   

3.   Obtener   de  todas  las  autoridades  judiciales   del  país  los  antecedentes  de  OSPINA  ORTEGA.  Del  mismo  modo  solicita  que  se  proceda  respecto de los antecedentes de todas las personas acusadas.   

4.  Establecer  si  al  requerido  se  le ha  expedido  pasaporte,  se le ha concedido visa para viajar a los Estados Unidos y  si  ha  salido  del país, en caso positivo, fechas en que lo ha hecho así como  las de regreso.   

5. En relación con supuestas irregularidades  que  se  han  presentado  en  los  lugares  donde MARIO  OSORIO   ORTEGA   ha  estado  recluido  por  parte  de  funcionarios  de  diferentes  instituciones  (presiones  para  confesar, toma de  muestras   de   su   voz),   el   defensor   propone   los   siguientes   medios  probatorios:   

     

i. Aporta    la    denuncia    de    OSORIO  ORTEGA    en    la   cual   da   cuenta   de   tales  anomalías.   

ii. Allega  constancia  levantada  en  la  Penitenciaria “El  Barne” sobre el intento de practicar  la diligencia de toma de voz.   

iii. Solicita  que  se  escuche  en  testimonio  al  perito  que la iba a  realizar,  para  que narre las razones de su presencia en ese lugar. En el mismo  sentido  pide  que se reciba declaración jurada al fiscal que hizo presencia en  ese momento.   

iv. Pide  que  se  oficie  a  los comandantes de la Sijin de Medellín y  Dijin  de  Bogotá,  para  que  informen  quiénes  fueron  los funcionarios que  presionaron  al  requerido  para  que firmara un documento y grabara su voz. Una  vez identificados aquéllos, deberán rendir testimonio.   

v. Del  mismo  modo,  clama  para que se lleve a cabo una inspección a  los  libros  de  detenidos  de esos organismos, para verificar si se registraron  tales eventos.   

vi. Solicita  que  se requiera a la Fiscalía General de la Nación para  que  remita  la  orden de interceptación de los respectivos abonados, con copia  de  los correspondientes cassettes e información de la fecha en que se hicieron  las  escuchas,  en  razón  a  que  se  menciona  en  los documentos anexados al  pedimento   de   extradición   que   fueron  interceptadas  varias  llamadas  a  OSORIO ORTEGA.   

vii. Demanda  que  se  solicite  al  magistrado juez de Columbia, John M.  Facciola  remisión  de  copia  auténtica del testimonio rendido por el testigo  colaborador.   

viii. Aporta  copia  de los siguientes documentos: oficio N° 00197 del 27  de  enero  de 2003 del Director Seccional de Fiscalías de Cartagena; oficio N°  0577  del  12  de diciembre de 2002, del Jefe del Subgrupo Estupefacientes Sijin  Debol  de  Cartagena, oficio N° 004777 del 23 de diciembre de 2002 suscrito por  el  Director  Seccional de Fiscalía de Cartagena, constancia  de la U.S.I.  de   esa   misma   entidad   sobre  carencia  de  antecedentes  de  OSORIO  ORTEGA,  y de las declaraciones de  renta de éste de los años 1995 a 2001.     

Esas  pruebas  se  justifican,  explica  el  defensor,  porque  en  la  formulación  de  cargos  se hace referencia a hechos  sucedidos  en  Colombia,  y  porque  si  las  grabaciones  que se le hicieron al  requerido  en  efecto  las  posee el tribunal extranjero, no hay razón para que  contra su voluntad se le obligara a grabar su voz.   

Además,  porque  tiene  entendido  que  la  principal  prueba  en  poder de la Fiscalía de Estados Unidos está constituida  por  la  grabación  ilegal  que  se  obtuvo  de OSORIO  ORTEGA una vez fue capturado.   

Son  necesarios los elementos de convicción  relacionados,  porque como no se cumplen las exigencias formales previstas en la  ley, se debe subsanar el trámite.   

Del  mismo  modo,  porque  es  indispensable  evitar  una doble incriminación, resulta importante establecer si los hechos ya  fueron  juzgados,  y  para  determinar,  de  otra  parte,  las circunstancias de  tiempo,  modo y lugar, exigidas en el artículo 513 del Código de Procedimiento  Penal, las cuales no aparecen en la documentación aportada.   

El  defensor  también  arguye  que  no  se  analizó  lo  expresado  por  el  testigo, lo cual le permite deducir, aunado al  procedimiento  al  que  fue  sometido  su  asistido,  que  se buscó la forma de  imputarle  responsabilidad,  mediante  usurpación  de funciones, competencias y  jurisdicción.   

II.  La  Corte  tiene  sentado  en numerosos  pronunciamientos  que  el  tópico  de  la  conducencia, pertinencia, utilidad y  necesidad  de  la  prueba  (artículo  235  del  Código de Procedimiento Penal)  dentro  del  trámite  de  extradición  está  relacionado  de manera íntima y  exclusiva  con  los  aspectos  sobre  los  cuales  ha  de versar su concepto, de  acuerdo  con  el  artículo  520  ibídem,  esto  es,  la  validez  formal de la  documentación  presentada  en apoyo de la solicitud de entrega, el principio de  la  doble  incriminación,  la  equivalencia  de  la providencia proferida en el  extranjero  y,  cuando  es  del  caso,  el  cumplimiento  de  lo previsto en los  tratados públicos.   

A  partir de ese marco, resulta evidente que  el  cúmulo  de  pedimentos  elevado  por  el  defensor  es inconducente, porque  ninguno  tiene la capacidad de señalar si el dossier presentado por el gobierno  de  Estados  Unidos  en  respaldo  de  la  petición de extradición del natural  colombiano     MARIO    OSORIO    ORTEGA,  satisface  las  exigencias  de  la legislación patria (artículo  513, Ley 600 de 2000).   

Además,  deviene  el  pedido de pruebas por  completo  impertinente, toda vez que con ellas se busca con claridad discutir la  imputación,  controvertir  los  elementos  probatorios  que se puedan aducir en  contra  de  OSORIO en el país  requirente y discutir la legalidad de su práctica.   

Todos  esos  son  temas  que  se escapan del  ámbito  de  acción  de  la  Corte  dentro  de  este  trámite,  porque igual e  invariablemente  viene  diciendo que significa una intromisión en la soberanía  judicial  del  estado  que requiere la entrega de un individuo, entrar a evaluar  la  fuerza  probatoria  de  las  pruebas  o  su validez, tópicos que pueden ser  discutidos  al  interior  del proceso extranjero al que se llama a comparecer al  extraditable,  de  conformidad  con  las  pautas  y  reglas fijadas en las leyes  correspondientes.   

Del mismo modo, esta Corporación tiene dicho  que  las  pruebas aportadas que no se dirijan a los concretos fines mencionados,  serán  rechazadas.  Por  ese  motivo, los elementos allegados que tocan con los  antecedentes     de     OSORIO    ORTEGA,  con  la  existencia o inexistencia de investigaciones en Colombia  por  los  mismos hechos a que se refiere la acusación proferida en su contra en  Estados   Unidos   y   con   su   situación  económica,  serán  devueltos  al  defensor.   

Del  mismo  modo  se  le devolverán los que  tienen   que   ver   con  las  supuestas  irregularidades  a  que  fue  sometido  MARIO   OSORIO  ORTEGA  con  posterioridad  a  su  captura,  para  que  las encauce ante las correspondientes  autoridades  judiciales  y  disciplinarias  si  estima  que  con  las  mismas se  incurrió en conducta punible o en falta.   

En  mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA  DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,   

RESUELVE   

    

1. Negar   por   inconducentes  las  pruebas  relacionadas  en  los  puntos  1,  2,  3,  4, 5-iii), iv), v), vi) y vii) de las  anteriores consideraciones.     

    

1. Devolver  al  defensor  los documentos mencionados en el punto 5-i),  ii) y viii).     

    

1. En  firme  esta  providencia, córrase traslado a los intervinientes  por  el  término de cinco días para que presenten sus alegatos, de conformidad  con   el   artículo   518,   inciso   3º,   del   Código   de   Procedimiento  Penal.     

Contra  esta decisión procede el recurso de  reposición.   

Cópiese,   notifíquese,   cúmplase   y  devuélvase   

YESID    RAMÍREZ  BASTIDAS   

FERNANDO   ARBOLEDA  RIPOLL              HERMAN           GALÁN          CASTELLANOS         

CARLOS   A.  GÁLVEZ  ARGOTE               JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO   

EDGAR           LOMBANA  TRUJILLO           ÁLVARO  ORLANDO PÉREZ PINZÓN   

MARINA   PULIDO   DE  BARÓN                JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS   

Permiso  

TERESA    RUÍZ  NÚÑEZ   

Secretaria   

    

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