Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
Proceso No 19230
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL
Magistrado Ponente:
DR. EDGAR LOMBANA TRUJILLO
Aprobado Acta No. 52
Bogotá D. C., catorce (14) de mayo de dos mil dos (2002).
VISTOS
La Sala resuelve lo que en derecho corresponda respecto de la colisión negativa de competencias suscitada entre el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Bogotá y el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena.
HECHOS Y ACTUACION PROCESAL
1. El sábado 8 de enero de 1994, los señores JUAN CARLOS MEJÍA SALAZAR y JOHN JAIRO PONCE CHARRIA se movilizaban en un campero Mitsubishi, que por carecer de combustible se varó en la calle 26 con carrera 50 de Bogotá, frente a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
En tales circunstancias, fueron abordados por agentes de policía que custodiaban el sector, quienes notaron manchas de sangre en la ropa de los mencionados, igual que en las sillas delanteras del carro, que, además, tenía el parabrisas roto.
Esos hallazgos, aunados a la actitud sospechosa de los mencionados, determinaron su retención; y ya ante las autoridades admitieron que habían hurtado el vehículo a su propietario Hayden Ardila Ribón, conocido de ellos, a quien dieron muerte con un disparo de arma de fuego, y fueron a arrojar en la Autopista Medellín, calle 80, adelante del puente del río Bogotá.
2. Finalizadas las fases de investigación y de la causa, los señores JHON JAIRO PONCE CHARRIA y JUAN CARLOS MEJIA SALAZAR fueron condenados por el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 1° junio de 1995, a la pena principal de cuarenta y tres (43) años de prisión, por el concurso de delitos integrado por homicidio agravado, y hurto calificado y agravado.
Al desatar la apelación interpuesta por los defensores, la decisión de primera instancia fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en fallo del 27 de octubre de 1995.
3. Notificada la sentencia de segunda instancia, el defensor de JHON JAIRO PONCE CHARRIA, y por sí mismo el procesado JUAN CARLOS MEJÍA SALAZAR interpusieron el recurso extraordinario de casación, que fue concedido por auto del 4 de diciembre de 1995.
4. Transcurridos los términos de traslado que contemplaba el artículo 224 del Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700 de 1991), únicamente el defensor de JHON JAIRO PONCE CHARRIA presentó la demanda de casación. El apoderado de JUAN CARLOS MEJÍA SALAZAR se abstuvo de allegar el libelo.
5. Así las cosas, por auto del 14 de junio de 1996, el Tribunal Superior de Bogotá declaró desierto el recurso de casación respecto de JUAN CARLOS MEJÍA SALAZAR; y envió a la Corte Suprema de Justicia la actuación relacionada con el procesado JHON JAIRO PONCE CHARRIA, para efectos del recurso extraordinario.
Los dos implicados fueron dejados a disposición de la Sala de Casación Penal, en la Penitenciaría Central de Colombia La Picota, donde se encontraban privados de la libertad en ese momento.
6. El magistrado ponente de la Sala de Casación Penal declaró formalmente ajustada la demanda presentada en nombre de JHON JAIRO PONCE CHARRIA, y dispuso el traslado al Ministerio Público con el fin de que rindiera el concepto pertinente. JUAN CARLOS MEJÍA SALAZAR tiene la calidad de no recurrente en casación. (Radicado 12.010).
El Procurador Delegado conceptuó; el proyecto de fallo fue radicado, y la Corporación lo estudiará en el turno que le corresponde.
7. Estando el expediente en la Corte Suprema de Justicia, el señor JHON JAIRO PONCE CHARRIA solicitó redención de pena para acceder a los beneficios administrativos consagrados en el Código Penitenciario y Carcelario.
El magistrado sustanciador, por auto del 4 de mayo de 2000, explicó las razones por las cuales, de conformidad con la Ley 553 del mismo año, tratándose de una sentencia que aún no se encontraba ejecutoriada en virtud del recurso extraordinario, peticiones de esa naturaleza tenían que ser resueltas por el funcionario judicial que profirió la sentencia de primera instancia; y por ello, remitió la copia del expediente al Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Bogotá, Despacho a disposición del cual quedaron los dos privados de la libertad.
8. Más adelante, el no recurrente JUAN CARLOS MEJÍA SALAZAR fue trasladado a la Cárcel “San Sebastián de Ternera” del Distrito Judicial de Cartagena, desde la cual solicitó al Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Bogotá la redosificación de la pena a él impuesta, por favorabilidad, acorde con el nuevo Código Penal (Ley 599 de 2000); y en memorial aparte, pidió redención de pena por el trabajo realizado en la prisión.
El Juez de primera instancia consideró que no era competente para decidir al respecto, y remitió las solicitudes al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena, a quien propuso colisión. El último la aceptó, y de ese modo se gestó el conflicto.
ARGUMENTOS DE LOS COLISIONANTES
1. Por auto del 17 de enero de 2002, el Juez Veintisiete Penal del Circuito de Bogotá aseveró que las peticiones del señor JUAN CARLOS MEJÍA SALAZAR, detenido en la Cárcel del Distrito Judicial de Cartagena, tenían que ser resueltas por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la capital de Bolivar, toda vez que la sentencia condenatoria se encontraba ejecutoriada con relación a dicho procesado, debido a que fue declarado desierto el recurso de casación por él interpuesto.
Advirtió que la competencia para resolver peticiones relativas a la libertad, atribuida al Juez de primera instancia por el artículo 19 transitorio de la Ley 553 de 2000, se limita a los asuntos que estuviesen pendientes de la casación, evento en que se encuentra solo el señor JHON JAIRO PONCE CHARRIA, y no así el peticionario MEJÍA SALAZAR, porque él no impugnó en casación.
Con esa convicción, envió las copias pertinentes al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena, proponiéndole colisión negativa de competencias, si no acogiese su criterio.
2. Por su parte, el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena, en auto del 22 de febrero de 2002, manifiesta su desacuerdo con los anteriores planteamientos. Recuerda que la sentencia condenatoria es una sola, y que no es admisible que haya quedado ejecutoriada únicamente para quien no impugnó en casación, pues la ejecutoria parcial del los fallo no está prevista en el sistema penal colombiano.
Por ello, continúa, las peticiones sobre libertad y temas relacionados, entre ellas redosificación por favorabilidad y redención de pena, deben ser resueltas de conformidad con la Ley 553 de 2000, esto es, por el Juez que dictó la sentencia en primera instancia, mientras esté pendiente el recurso de casación, independientemente de que uno de los condenados no hubiese interpuesto el recurso extraordinario.
Así, aceptó la colisión y envió el expediente a la Corte para que fuera dirimida.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Corresponde a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, como lo estipula el numeral 4° del artículo 75 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), dirimir los conflictos de competencias que se susciten entre los juzgados pertenecientes a distintos distritos judiciales.
2. Es errónea la posición del Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Bogotá, en cuanto equivale a asegurar que la sentencia condenatoria, proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá el 27 de octubre de 1995, quedó parcialmente ejecutoriada con relación al señor JUAN CARLOS MEJÍA SALAZAR, por el hecho de haberse declarado desierta la casación por él interpuesta; y que el mismo fallo continua sin firmeza respecto de JHON JAIRO PONCE CHARRIA, en virtud del recurso extraordinario que actualmente se tramita.
El fallo de segundo grado es de naturaleza indivisible y la trayectoria que sigue hacia su firmeza es única, aunque sea plural el número de afectados con él; de ahí que si alguno de los condenados impugna en casación, el asunto en su integridad pasa a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia; con la salvedad que ninguno de los procesados que estuviese privado de la libertad quedará a disposición de la Sala de Casación Penal, puesto que, mientras se define la casación, los asuntos inherentes a la libertad deben ser resueltos por el juez de primera instancia, de conformidad con el artículo 19 transitorio de la Ley 553 de 2000.
El legislador no prevé la posibilidad de ejecutorias parciales o fragmentarias del fallo de segunda instancia; y ello es así para guardar concordancia lógica con algunos principios esenciales de procedimiento y de la casación:
2.1 La unidad procesal, cuya ruptura no está prevista por el artículo 92 del Código de Procedimiento Penal, para la eventualidad en que solo algunos de los condenados interpongan el recurso extraordinario.
2.2 La fuerza vinculante del fallo para todas aquellas personas involucradas en su parte resolutiva. Las sentencias de instancia conforman una unidad jurídica inescindible cuando convergen en el mismo sentido; su ejecutoria es única y se verifica en el mismo momento; razón adicional para que sus efectos no puedan separarse para unos y otros, según hubiesen interpuesto o no el recurso de casación.
2.3 El momento y los efectos de la ejecutoria de una sentencia impugnada en casación. La firmeza de la decisión judicial y el surgimiento de los efectos que siguen a la cosa juzgada -condenatoria o absolutoria- coinciden con la firmeza de la sentencia de casación. Ésta queda ejecutoriada el día en que es suscrita por los dignatarios de la Sala de Casación Penal, salvo cuando sustituya la sentencia materia del recurso extraordinario, caso en el cual deberá notificarse, aún cuando en su contra ya no procedan recursos.
2.4. En materia penal únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva, vale decir la de casación cuando se hubiese tramitado el recurso extraordinario, tienen el carácter de antecedente (artículo 248 de la Constitución Política).
2.5 La “aplicación extensiva”, común para la casación y para la acción de revisión. En los términos del artículo 229 del Código de Procedimiento Penal, consiste en que la decisión que adopte la Corte Suprema de Justicia “se extenderá a los recurrentes y a los no recurrentes y accionantes, según el caso.”
3. En varias oportunidades la Corte Suprema de Justicia ha dilucidado el tema relativo a la determinación de la competencia para resolver solicitudes de libertad, redención de pena y redosificación punitiva por favorabilidad, distinguiendo los eventos en los cuales el fallo está en firme, o si todavía no alcanza fuerza ejecutoria.
En auto del 19 de marzo de 2002 (radicación 17.283), con ponencia de quien ahora funge en la misma calidad, la Sala expresó:
“3. Nótese que, con sujeción a la legislación vigente, ni lo atinente a la libertad del procesado, ni a la aplicación de la ley penal más favorable se encuentra entre las excepciones que habilitarían a la Sala para estudiar incidentes de esa naturaleza, antes del fallo que resuelva el fondo del recurso extraordinario de casación, si a ello hubiere lugar.”
“La aplicación preferencial de la norma penal favorable, derecho fundamental de los procesados, en la mayoría de los casos incide en la libertad, tanto que, muchas veces, con ocasión de un precepto más favorable los detenidos alcanzan los requisitos para recuperar su libertad física.”
“Debido a ello, el juez competente para resolver solicitudes relativas a la libertad del procesado es el mismo llamado a decidir las peticiones que involucren el principio de favorabilidad, originado en la sucesión de la ley penal sustantiva, y de la ley procesal penal con efectos sustantivos.”
“4.. Si se trata de una petición de libertad, redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza, o redosificación de pena por favorabilidad, elevada mientras el recurso de casación se encuentre en trámite, en principio y en términos generales la Sala de Casación Penal no es competente para resolverla de plano, pues según las circunstancias corresponde al juez de primera instancia, al juez de ejecución de penas, o se difiere hasta el fallo, como se verá:”
“4.1. El Juez que profirió la condena en primera instancia. De conformidad con el artículo 19 transitorio de la Ley 553 de 2000, que conserva su vigencia a pesar de haber empezado a regir el nuevo Código de Procedimiento Penal, es el Juez de primera instancia el competente para resolver peticiones relativas a la libertad que formulen los procesados cuya casación se encuentra en trámite, quedando abarcadas dentro del concepto genérico de libertad las solicitudes de redención de pena destinada a la demostración de requisitos para acceder a beneficios administrativos, redosificación de la condena por favorabilidad, libertad provisional, etc.”
“El reconocimiento de redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza, de suyo y en todos los casos influirá en los cómputos indispensables para que un interno acceda a los beneficios administrativos y finalmente pueda recuperar su libertad. Por ende, bajo estas premisas, el Juez de primera instancia es el competente para resolver las solicitudes de redención de pena de los procesados cuya casación se encuentre en trámite.”
“4.2. El Juez de ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. A este funcionario, según lo señalado en el numeral 7° del artículo 79 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), compete resolver las peticiones relativas a la libertad del procesado o sobre favorabilidad, en aquellos eventos en los cuales el trámite posterior al fallo de segunda instancia se hubiese sujetado a las previsiones de la Ley 553 de 2000 entonces vigente, puesto que bajo la égida de esta preceptiva dicho fallo quedaba ejecutoriado el día en que fuere proferido.”
“En este caso la determinación de la competencia deriva de la ejecutoria del fallo de segunda instancia, situación que se mantiene incólume puesto que únicamente rigen hacia el futuro -no retroactivamente- los efectos derivados de los fallos de inexequibilidad de algunas de las disposiciones de Ley 553 de 2000, declarada por la Corte Constitucional en las sentencias C-252, C-260 y C-261 de 2001.”
“4.3. Se difiere hasta el fallo. Si la solicitud de aplicación del principio de favorabilidad tiene como único objetivo la redosificación de la pena, sin estar vinculada a petición de libertad ni a los beneficios administrativos consagrados en el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), la Sala de Casación Penal debe abstenerse de realizar los análisis pertinentes y, mientras no varíe el sentido de la petición, difiere el estudio propuesto al fallo que resuelva el recurso extraordinario de casación, si a ello hubiere lugar.”
“No sobra advertir que hasta tal pronunciamiento de la Corte, si el procesado o su defensor pretenden la aplicación favorable de las normas del actual estatuto punitivo, vinculándola a los beneficios administrativos o a alguna causal de libertad, para cuya decisión resulte necesaria la readecuación de la pena, la solicitud respectiva deberá ser elevada al Juez de primera instancia.”
Los anteriores lineamientos jurisprudenciales se reiteran en esta oportunidad, puesto que las diferentes alternativas ameritan las mismas soluciones a la luz de la legislación vigente.
4. El sustento jurídico del aserto según el cual corresponde al juez de primera instancia resolver solicitudes de libertad, redención de pena y redosificación punitiva por favorabilidad, siempre que el fallo aún no se encuentre ejecutoriado en virtud del recurso extraordinario de casación, es el siguiente:
4.1. El artículo 231 del Código de Procedimiento Penal, Decreto 2700 de 1991, habilitaba expresamente a la Corte para que durante el trámite del recurso extraordinario de casación resolviera las solicitudes inherentes a la libertad de los procesados:
“Las solicitudes de libertad que se propongan ante la Corte durante el trámite de este recurso, se resolverán sobre el cuaderno de copias y no interrumpirán los términos.”
4.2. En la edición No. 43.855 del Diario Oficial, del 15 de enero de 2000, fue publicada la Ley 553 del mismo año, que reformó el capítulo referente al recurso extraordinario de casación, contenido en el Código de Procedimiento Penal, Decreto 2700 de 1991.
La Ley 553 de 2000 derogó expresamente el artículo 231 del mencionado Código de Procedimiento Penal, y en cambio introdujo en su artículo 19 transitorio una norma del siguiente tenor:
“En los asuntos pendientes de resolución de la casación, que deban someterse al procedimiento derogado, lo referente a libertad será de conocimiento del juez de primera instancia.”
4.3. Esta norma transitoria conserva su vigencia, a pesar de haber empezado a regir el nuevo Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, no sólo porque aquella reguló en forma temporal (mientras esté en trámite el recurso extraordinario) un ámbito de la competencia en materia penal, vinculándola a una específica situación procesal, que no desaparece por el cambio operado en el régimen procedimental, sino también, porque ninguna contrariedad se advierte entre el nuevo régimen procesal y dicha regla transitoria de la Ley 553 de 2000, de manera que no queda cobijada por la derogatoria general contemplada en el artículo 535 del nuevo Código de Procedimiento Penal.
4.4. Debe tenerse en cuenta que en el nuevo Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, no se reprodujo un artículo similar o equivalente al artículo 231 del régimen procedimental derogado, de modo que, en tratándose de peticiones inherentes a la libertad debe estarse a lo dispuesto en el artículo 19 transitorio de la Ley 553 de 2000.
4.5. Además, es preciso recordar que la competencia de la Sala de Casación Penal deriva exclusivamente de la ley, la cual, por excepción, frente a determinados asuntos le confiere atribuciones distintas a las derivadas de su naturaleza de Tribunal de Casación.
En ese orden de ideas, por no existir una norma que expresamente autorice a la Corte Suprema de Justicia para resolver cuestiones relativas a libertad de los procesados, cuyo recurso extraordinario se encuentre en trámite, la Sala de Casación Penal no tiene competencia para decidir al respecto.
4.6. Entonces, de conformidad con el artículo 19 transitorio de la Ley 553 de 2000, es el Juez de primera instancia el competente para resolver peticiones relativas a la libertad que formulen los procesados cuya casación se encuentra en trámite, quedando abarcadas dentro del concepto genérico de libertad las solicitudes de redención de pena destinada a la demostración de requisitos para acceder a beneficios administrativos, redosificación de la condena por favorabilidad, libertad provisional, etc.
4.7. Aunque en muchos casos una solicitud de redención de pena no va unida a una pretensión inmediata de libertad, el reconocimiento de la redención, que pertenece exclusivamente a la órbita del juez, si está directa e inherentemente vinculado a las posibilidades de completar los requisitos para obtener la libertad.
La redención de pena comporta la aplicación del sistema penitenciario progresivo, contemplado en el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), traducido en el otorgamiento de beneficios consecutivos a los reclusos, que inicia con el permiso de setenta y dos horas, y va avanzando hasta culminar, luego de una serie escalonada de prerrogativas intermedias, con la libertad provisional, condicional, preparatoria o definitiva, según el caso concreto.
4.8. El reconocimiento de redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza, de suyo y en todos los casos influirá en los cómputos indispensables para que un interno acceda a los beneficios administrativos y finalmente pueda recuperar su libertad. Por ende, bajo estas premisas, el Juez de primera instancia es el competente para resolver las solicitudes de redención de pena de los procesados cuya casación se encuentre en trámite, igualmente en virtud del artículo 19 transitorio de la Ley 553 de 2000.
4.9. Teniendo en cuenta las incidencias del cambio de legislación penal y procesal penal, y que el asunto se encuentra en trámite de casación, las decisiones que adopte el Juez de primera instancia con ocasión de la favorabilidad, si a ello hubiere lugar, tendrán carácter provisional y así deberá declararlo en la parte resolutiva de los autos respectivos, puesto que la determinación de los diversos tópicos del proceso únicamente cobrará carácter definitivo al fallarse el recurso extraordinario.
4.10. La solución anterior se ajusta al debido proceso, pues deja a salvo el principio de la doble instancia, al garantizar a los sujetos procesales la posibilidad de interponer recursos ordinarios contra los autos que estimen lesivos de sus derechos, si les surge interés jurídico ante una redención o redosificación cuyo cálculo no comparten.
4.11. En todo caso, el Juez de primera instancia, e igualmente el Tribunal Superior si interviniere, deberá remitir copia de los autos donde resuelva sobre peticiones de tales especies, con el fin de tenerlas en cuenta al momento de fallar la casación, y de este modo armonizar la actividad de los distintos funcionarios judiciales que intervienen en el proceso penal.
5. No está por demás aclarar que, por excepción, aunque el asunto se encuentre en casación, la competencia para resolver peticiones de redención de pena, libertad provisional y aplicación de la ley penal más favorable radica en el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
Esto ocurre exclusivamente cuando la sentencia condenatoria de segunda instancia hubiese quedado ejecutoriada al ser suscrita por los magistrados del Tribunal Superior. Vale decir, en vigencia de la Ley 553 de 2000, la cual se extendió entre el trece (13) de enero de 2000, fecha de su publicación en el Diario Oficial, y el 17 de marzo de 2001, puesto que el día anterior se verificó la notificación por estado de la Sentencia C-252 de 2001, mediante la cual la Corte Constitucional declaró inexequibles algunas disposiciones de dicha Ley, entre ellas las relativas a la procedencia de la casación.
Lo anterior, por cuanto la Sentencia C-252 de 2001 produce efectos únicamente hacia el futuro, dado que la Corte Constitucional no hizo manifestación en contrario. (Confrontar los autos del 22 de octubre de 2001, radicación 18.631, M.P. Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote; y radicación 18.582, M.P. Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego)
6. En síntesis, la competencia para resolver las solicitudes de redención de pena por trabajo y redosificación punitiva por favorabilidad, elevadas por el señor JUAN CARLOS MEJÍA SALAZAR, no recurrente en casación, detenido en la Cárcel del Distrito Judicial de Cartagena, radica en el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Bogotá, Despacho que profirió la sentencia condenatoria de primera instancia.
7. Se enviará copia del presente auto al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena, para su conocimiento, y con el fin de que si aún conserva copias del expediente las remita al Juez competente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR que la competencia para resolver con carácter provisional las solicitudes de redención de pena y redosificación punitiva por aplicación de la ley penal más favorable, radica en el Juez Veintisiete Penal del Circuito de Bogotá, Despacho al que se remitirá el expediente.
SEGUNDO: Enviar copia del presente auto al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena, para su información.
Comuníquese y cúmplase
ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL JORGE E. CÓRDOBA POVEDA
HERMAN GALÁN CASTELLANOS CARLOS A. GÁLVEZ ARGOTE
JORGE A. GÓMEZ GALLEGO EDGAR LOMBANA TRUJILLO
CARLOS E. MEJÍA ESCOBAR NILSON PINILLA PINILLA
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria