17233(19-12-01)

2001

Asistente Jurídico Inteligente

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    Proceso No 17233  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  SALA   DE   CASACION  PENAL   

MAGISTRADO PONENTE:  

Dr. HERMAN GALAN CASTELLANOS  

APROBADO ACTA No.201  

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de diciembre de  dos mil uno (2001).   

  VISTOS  

Resuelve la Sala sobre la admisibilidad de la  demanda  de  casación presentada por el defensor de JOSE IGNACIO MOJICA ACOSTA,  contra  la  sentencia  proferida por el Tribunal Superior de Cundinamarca (30 de  septiembre  de 1999), la que confirmó el fallo dictado por el Juzgado Penal del  Circuito  de Ubaté (C), modificándolo en el sentido de  condenar al aquí  recurrente  por  el  delito de homicidio simple y no por homicidio agravado como  lo hizo el a quo, a la pena principal de 25 años de prisión.   

El  trámite  de  la casación corresponde en  este caso al régimen jurídico anterior a la ley 553 de 2000.   

  HECHOS   Y   ACTUACION  PROCESAL   

1.   El  3  de  noviembre  de  1996  en  el  establecimiento  público  ubicado en la calle 5 número 1 – 30 del municipio de  Guachetá  (C)  JOSE  IGNACIO  MOJICA ACOSTA disparó un arma de fuego contra su  tío MARCO ANTONIO HERNANDEZ DUARTE, ocasionándole la muerte.   

1.  La  Fiscalía  01  de Ubaté adelantó la  investigación,  despacho  que  luego  de  oír  en  indagatoria  al  procesado,  imponerle  mediada  de aseguramiento consistente en detención preventiva por el  delito  de  homicidio  simple, procedió a cerrar la investigación, calificando  el  sumario  con  acusación  (16  de  junio  de 1998) por el delito imputado al  momento  de  resolverse  la  situación  jurídica.  La  anterior  decisión fue  confirmada  por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal respectivo al resolver la  apelación  (8  de septiembre de 1998), modificándola en el sentido de formular  la imputación por el delito de homicidio agravado.    

El Juzgado Penal del Circuito de Ubaté   y  el  Tribunal Superior de Cundinamarca, luego de agotado el rito respectivo en  cada  una  de  las  instancias  de  su  competencia,  dictaron sentencia con los  resultados ya reseñados.   

Contra el fallo de segunda instancia interpuso  recurso de casación el defensor del procesado.   

LA  DEMANDA   

El demandante atribuye al Tribunal violación  indirecta   de  la  ley  sustancial,  cargo  que  desarrolla  con  la  siguiente  argumentación:   

1. La decisión se obtuvo después de incurrir  el  ad  quem  en  un falso juicio de convicción en el análisis de las pruebas.  Les  dio  un  sentido  diferente  al que les correspondía según la lógica, la  ciencia,  la experiencia y el sentido común. Esa convicción errada es atacable  como  falso  juicio  de  identidad,  pues  constituye  una  tergiversación  del  contenido material de la prueba.   

Después de hacer las anteriores aseveraciones  concluye  el  impugnante que los errores del juzgador le impidieron reconocer la  “legitima  defensa,  ni el estado de necesidad y por la fuerza como afectó su  razonamiento ni siquiera comentó el principio de la duda”.   

Hace  el  recurrente  reflexiones  sobre  la  trayectoria  de  los disparos y de cómo ocurrieron los hechos para el Tribunal,  sintetizando  que  dicha  corporación hace las apreciaciones no con base en los  medios  de  prueba  sino  que  “imagina”  las  situaciones,  por fuera de la  experiencia y la lógica,   

Refiere la demanda que JOSE IGNACIO MOJICA ha  sido  condenado  con  base  en  hipótesis  y no en pruebas, así ocurre con los  hechos  que  el  juzgador admitió como indicios que denominó del móvil, de la  trayectoria  de  los  disparos,  fuga  y posesión del arma. Sobre éste último  afirma  que los proyectiles que aparecieron en la chaqueta no constituyen prueba  de  la  posesión  del  arma  y  al  tenerlo así el Tribunal no tiene en cuenta  “otras circunstancias, el Juzgador está equivocado”.    

Se solicita a la Sala casar la sentencia para  que  dicte  sentencia  absolutoria con base en lo dispuesto en el numeral cuarto  del artículo 29 de la C.N.   

  CONSIDERACIONES  DE  LA  CORTE   

                                            

1. El propósito de quien acude a la casación  a  través del cuerpo segundo de la causal primera, como en este caso lo hace el  demandante,  no puede ser otro que demostrar a través de la prueba y los hechos  la  existencia  de  un  error  de  juicio  que  vicie de ilegalidad el fallo. En  armonía  con  esto,  es  necesario  que el libelista, cumpliendo los requisitos  legales  (formales y sustanciales) y técnicos, cuestione la validez legal de la  sentencia  a  través de una argumentación que corresponda a la causal y motivo  de  casación,  así  como  al  sentido  de  violación  de la norma sustancial.   

         

2. El escrito que el defensor de JOSE IGNACIO  MOJICA  ACOSTA  ha  presentado  como  demanda  de  casación,  da  lugar  a  las  siguientes observaciones:   

                               

2.1.  Se invoca la violación indirecta de la  ley  sustancial por error de hecho, al haberse apartado el fallo impugnado en la  apreciación  de las pruebas de la “sana crítica”, sin precisar cuál regla  de  técnica,  ciencia,  lógica o experiencia provocó un yerro trascendente en  la  orientación  de  la  providencia, y por qué fue desconocida. De manera que  desde  este  punto de vista la formulación del cargo es genérica e incompleta,  y  no  permite  tener  claridad sobre la inconformidad del recurrente y el error  atribuido al Tribunal.   

2.2.   Es  sabido  que  a  éste  mecanismo  extraordinario  se  llega  luego  de  superadas las instancias y por lo tanto le  corresponde  al demandante señalar el error, lo que debe hacer mediante escrito  cuyo carácter es técnico más no de corte libre.   

                                            

Así  por ejemplo, se vale de transcripciones  parciales  para  sustentar  su  pretensión,  con  lo  cual  hace  nugatoria  la  demostración   del   reparo,   por   faltar  a  la  objetividad  del  contenido  procesal.   Esto  ocurre  al reprochar al juzgador por no haber considerado  la  siguiente referencia de la prueba pericial en cuanto a la trayectoria de los  disparos:  “se  me  pregunta  sobre  la posibilidad o factibilidad de que esto  haya  ocurrido  manifiesto  que sí puede ser posible, más con esto no se está  aceverando  (Sic)”.  La  parte de la prueba pericial que abruptamente dejó de  transcribir  el recurrente para completar la respuesta que suministró el perito  deja  sin  sentido  la  oración  y  por  la  misma  razón  sin  concreción el  propósito que buscaba acreditar el recurrente.   

En  el  discurso  del  censor  sobresalen sus  personales  apreciaciones,  oponiéndolas  a  la de los juzgadores de instancia,  confundiendo  la  casación  con  una  instancia  adicional,  dado que entendió  cumplir  con  los deberes que el recurso le imponían con argumentos tales como:  El  Tribunal  censuró algunos testigos por querer favorecer al procesado “sin  sustento  legal”,  agregando  que  del  hermano del óbito no se habló nada a  pesar   de   asistirle   “ánimo   de   perjudicar   a  su  sobrino”.  Estas  disquisiciones   no  demuestran  error  en  la  providencia  impugnada  sino  la  inconformidad  con  el sentido de la decisión, aspecto éste que no corresponde  al objeto del recurso extraordinario de casación.   

                     

2.3. En esta oportunidad, el único reparo fue  desarrollado  mediante  argumentación  que  rompe la estructura lógica con que  debe   formularse  técnica  y  jurídicamente  el  cargo,  esto  es,   sin  coherencia,  haciendo  caso  omiso  al  principio  de  no  contradicción, de no  formulación  de  reproches excluyentes, a menos que se formulen separadamente y  de  manera  subsidiaria.  Veamos  lo  que  se  encuentra  con  la  lectura de la  demanda:   

Acusa   al   Tribunal,   al  inicio  de  la  formulación  del  cargo, de haber apreciado indebidamente la prueba. Sin razón  valida  pasa  a sostener que se apartó el juzgador de las reglas de la ciencia,  la  experiencia  y  la lógica, argumento que corresponde al falso raciocinio, y  cuando  parecía  que  se  encaminaba  por  ese  sendero  la censura, cambió de  sustentación  para  entrar  a  sostener  que la causa de los hechos denunciados  corresponden  a  un  falso juicio de identidad por tergiversación de la prueba,  culminando  el  desarrollo  con  imputaciones  al  ad quem de haber imaginado la  prueba, lo que es propio del falso juicio de existencia.   

No  obstante  reflejar  lo  expuesto  en  el  acápite  anterior  el  desconocimiento  de  la  técnica que rige la casación,  mayor  perplejidad  causa  el hecho de afirmarse que se violó la ley sustancial  por  cuanto que el Tribunal a consecuencia de la referidos errores no reconoció  en  el  obrar  del procesado la “legitima defensa, ni el estado de necesidad y  por  la fuerza como afectó su razonamiento ni siquiera comentó el principio de  la   duda”.   Aseveraciones   éstas   últimas  que  jurídicamente  resultan  excluyentes,  tales  hipótesis  no  pueden  ser  y  no  ser  a  la  vez, por su  diferente  naturaleza  no  pueden obedecer a la misma  argumentación demostrativa.   

2.5.  Para  el  casacionista  la proposición  jurídica  no  revistió  importancia  alguna.  No  identificó el sentido de la  violación  de  las  normas  que denunció como quebrantadas, ni suministró los  fundamentos  jurídicos  por  los  cuales  reclamaba el desconocimiento de tales  disposiciones.   

                               

3.  La  técnica  que  ha de observarse en la  demanda  de  casación  es una manifestación del debido proceso. De ahí que el  desconocimiento  de  aquella,  como  en  este  caso ocurrió, según las razones  anotadas,  obliga  a  la  inadmisibilidad  de dicho escrito, pues le impide a la  Corte  efectuar  un  estudio  lógico  sobre  los fundamentos de un fallo que se  presume acertado y ajustado ala ley.   

En  mérito  de  lo  expuesto,  la  Sala  de  Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,   

RESUELVE   

Primero.  Inadmitir  la  demanda de casación  presentada  por  el  defensor  de  JOSE  IGNACIO  MOJICA ACOSTA, por las razones  expuestas en la parte motiva. Declara desierto el recurso.   

Segundo.  Como  contra  esta  providencia  no  procede recurso alguno.   

Tercero. Regresar la actuación al Tribunal de  origen.    

Comuníquese y cúmplase.  

         

CARLOS EDUARDO MEJIA ESCOBAR  

FERNANDO  E.  ARBOLEDA  RIPOLL                  JORGE   E.  CORDOBA  POVEDA   

HERMAN   GALAN  CASTELLANOS                                            CARLOS    A.    GALVEZ    ARGOTE                                             

JORGE   A.   GOMEZ   GALLEGO                                          EDGAR      LOMBANA     TRUJILLO                         

ALVARO  O.  PEREZ PINZON                                            NILSON      PINILLA     PINILLA                         

TERESA    RUIZ  NUÑEZ   

                                                                                 Secretaria   

         

                               

                       

                    

                                  

                                      

                                  

                                      

         

    

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