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Proceso No 16892
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
MAGISTRADO PONENTE
ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
Aprobado: Acta No. 37
Bogotá, D. C., cinco (05) de mayo del dos mil cuatro (2004).
VISTOS
La Sala se pronuncia sobre la viabilidad de iniciar o no instrucción en contra del doctor Aurelio Iragorri Hormaza, conforme a los hechos denunciados por el representante legal de la empresa “Centrales Eléctricas del Cauca, S. A., E. S. P.”, “Cedelca”.
ANTECEDENTES
El 31 de octubre de 1996, el Gerente General de la empresa Centrales Eléctricas del Cauca, S. A., E. S. P., “Cedelca”, Felipe Fabián Orozco Vivas, y el ingeniero José Hildebrando Castro Zúñiga, suscribieron la orden de trabajo 0478, para la construcción de redes de baja tensión y el montaje de transformadores en la vereda “Chisquío”, municipio de El Tambo (Cauca), por un valor de $18.185.624, de los cuales el último recibió $15.301.404 -$9.078.896 el 13 de diciembre siguiente, y $6.222.508 el 8 de abril de 1997-, correspondientes al 90% del valor total del contrato. Los días 19 de noviembre, y 13 y 27 de diciembre de 1996, se suscribieron documentos que daban cuenta del inicio, suspensión y avance de la obra.
Se estableció, sin embargo, que esa labor jamás se realizó, por cuanto la electrificación de la vereda se había cumplido en el año de 1992, por parte de pobladores de la región que acudieron a un crédito de la Caja Agraria, deuda que no pudieron cancelar. Por esto, los encargados de “Cedelca” decidieron cambiar la destinación de los dineros de la orden de trabajo y dispusieron que, con ellos, el contratista cancelara la obligación con la entidad bancaria.
En desarrollo de la investigación penal, se mencionó el nombre del actual Senador de la República, doctor Aurelio Iragorri Hormaza, como quien, al parecer, y a cambio de que lo apoyaran en las elecciones, habría prometido conseguir los recursos para saldar la deuda, y quien, además, habría determinado la comisión de las irregularidades mencionadas, que significaron la desviación de los dineros de la orden de trabajo para pagar un compromiso particular.
Dentro de la investigación adelantada fueron vinculadas varias personas y adoptadas, finalmente, las siguientes decisiones, consecuencia de la utilización del mecanismo de la sentencia anticipada:
a) El Juzgado Tercero Penal del Circuito y el Tribunal Superior de Popayán condenaron a José Hildebrando Castro Zúñiga –contratista- a 12 meses y 20 días de prisión, como cómplice de los delitos de peculado por apropiación –modalidad extensiva-, y falsedad en documento privado.
b) El mismo Juzgado impuso a Luis Carlos Plaza Pastrana y a Carlos Edgardo Medina Gutiérrez –funcionarios de “Cedelca”-, las penas de 25 meses y 10 días de prisión, como coautores de esas conductas.
Respecto de Felipe Fabián Orozco Vivas –Gerente de “Cedelca”-, se tomaron varias determinaciones:
a) Cesación de procedimiento frente al peculado por apropiación, de conformidad con el artículo 82.7 del Código Penal –indemnización integral-.
b) Cesación de procedimiento dictada por el Tribunal de Popayán en relación con el peculado por aplicación oficial diferente, debido a atipicidad de la conducta.
c) Sentencia absolutoria de primera instancia por la falsedad documental.
La fiscalía remitió copias a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en consideración a la cita que se hizo del integrante del Congreso.
Se adelantaron unas diligencias preliminares.
CONSIDERACIONES
Con el fin de dilucidar si hay lugar o no al ejercicio de la acción penal, es necesario demarcar tres aspectos diferentes, en torno de los cuales se desarrollaron los comportamientos investigados.
Primero: los hechos de 1992.
En ese año se realizó la electrificación de la vereda Chisquío, en el municipio de El Tambo (Cauca).
Sobre esa actividad no surge ningún cuestionamiento, pues la obra se llevó a cabo con dineros de los integrantes de la comunidad, quienes los adquirieron por créditos que les otorgara la Caja Agraria.
Segundo: la orden de trabajo de 1996.
El hecho investigado resulta precisamente de su utilización, porque, según se afirma, las deudas fueron canceladas con el numerario producto de tal orden, toda vez que los residentes en la vereda no pudieron o no quisieron pagarla.
La orden de trabajo 0478, del 31 de octubre de 1996, fue destinada al cubrimiento de las obligaciones con la Caja Agraria. Para materializarla, se suscribieron actas de inicio –del 13 y del 19 de diciembre de 1996-, de suspensión –27 de diciembre siguiente- y de avance –8 de abril de 1997- de la obra. Fueron pagados así $15.301.404 del total del valor pactado, trámites todos contrarios a la verdad, porque, como se dijo, el trabajo no se hizo -se había realizado tiempo atrás- y la suma fue desviada con el propósito de cancelar la deuda de los pobladores.
Que la obra no se ejecutó y que los datos consignados en esos documentos contrariaban la verdad, es una verdad indiscutible, como se demuestra con copiosa prueba testimonial, documental y pericial, así como con la prueba de inspección.
A partir de lo anterior, se ha venido hablando de las siguientes infracciones:
Peculado por apropiación, en su modalidad extensiva, conducta definida en los artículos 133 y 138 del Código Penal de 1980, modificados por los artículos 18 a 20 de la Ley 190 de 1995.
Surge de algo evidente: el dinero procedente del Fondo Nacional de Regalías, previsto para la electrificación de una vereda, fue empleado para cancelar deudas particulares. Hubo, pues, apropiación de bienes para beneficiar a terceros.
Y tal peculado sería por extensión, por cuanto “Cedelca” era una empresa cuya propiedad mayoritaria la tenía el Estado, pero desde 1995 la institución y sus empleados se subordinaron al régimen de las personas privadas. Así, la apropiación se habría cometido por parte de quienes administraban bienes pertenecientes a un ente donde el Estado tenía la mayor parte –artículo 138.1 del Decreto 100 de 1980-.
El Código Penal del 2000 –Ley 599- no trasladó con el mismo nombre la conducta punible citada. No obstante, sus elementos esenciales fueron recogidos por el denominado abuso de confianza calificado, definido en sus artículos 250 y 251.3.
Falsedad en documento privado, descrito en los artículos 221 del Código Penal de 1980, y 289 del estatuto punitivo del 2000, respectivamente.
También es clara y en forma plural, pues la orden de labores y las actas de iniciación, suspensión y avance ya mencionadas se referían a trámites totalmente contrarios a la verdad.
Igualmente se ha hecho referencia a peculado por destinación oficial diferente, con base en que los dineros girados tomaron rumbo diverso al establecido en su origen.
Tercero: las imputaciones al Senador Aurelio Iragorri Hormaza.
1. Algunas versiones de quienes conocieron los acontecimientos hicieron alusión al Senador Iragorri Hormaza. Por ejemplo:
a) David Vásquez, en declaración que rindiera en “Cedelca”, tras relatar el incumplimiento en el pago de la obligación, agrega que
“entonces con la cuestión de la política con el Doctor AURELIO se comprometió a pagar esa deuda…”.
En diligencia ante la fiscalía, afirmó que el crédito logrado
“era para pagarlo con Auxilios Parlamentarios que nos había prometio el Dr. Aurelio Iragorri, porque en ese entonces existían los auxilios parlamentarios. Viendo que se terminaron los Auxilios Parlamentarios quedó la gente con esa deuda”.
De este relato se desprende que la presunta promesa del doctor Iragorri Hormaza se habría hecho con antelación a la Constitución de 1991, pues trataría de lograr “auxilios parlamentarios” para cancelar la obligación. Sin embargo, descartados estos, no pudo cumplir la oferta.
Además, en el texto de la declaración se observa que el acercamiento y, por ende, la promesa, no provenían directamente del Senador, sino de quienes a su nombre hacían campaña política. Por eso, el testigo aclara que los contactos iniciales fueron con Hildebrando Castro y luego con
“JOSÉ NATANAEL ROJAS que es de Chisquío y es quien le hace la política al Dr. Aurelio… también el Alcalde de El Tambo Lucio, con quien hasta tuvimos un altercado”.
b) En su indagatoria inicial, Carlos Edgardo Medina Gutiérrez explica que en enero o febrero de 1997 fue citado a una reunión por Felipe Fabián Orozco, a la que asistieron varias personas, entre ellas, el Senador Iragorri Hormaza, y que allí
“se plantea la necesidad de cancelar los dineros que unos usuarios de la vereda Chisquío sector Alto debían a la Caja Agraria, al respecto planteo ante dicha solicitud que los recursos asignados por el Fondo Nacional de Regalías son para desarrollo de nuevos proyectos de electrificación rural y no permiten el pago de dichas deudas por no estar concebidas para tal fin”.
La versión fue repetida por el indagado con posterioridad. En esta ocasión, el señor Medina Gutiérrez agrega que él personalmente solicitó al contratista y al interventor que dentro de lo legal buscaran la forma de solucionar la deuda con la Caja Agraria.
Ningún cargo directo hace en contra del congresista. Sólo afirma su asistencia a esa reunión, pero no que hubiese hecho la propuesta, pues quien se pronunció al respecto fue Medina Gutiérrez y –según aclaró- por requerimiento del Gerente de “Cedelca”, no del Senador Iragorri.
Más adelante adopta otra postura: señala al Gerente Fabián Orozco Vivas, como quien le había insinuado se destinaran los dineros para cancelar la obligación bancaria, y luego rectifica y añade que la petición de acceder a ese pago fue conjunta, es decir, de aquel y del doctor Aurelio Iragorri Hormaza, éste, porque se hallaba presente.
En una nueva diligencia explica que siempre había actuado
“como transmisor de la solicitud u orden que el Doctor Orozco quiso que le llegara al interventor y contratista”
y, ante pregunta específica, contesta que
“la idea para cambiar el destino de los dineros, fue ordenada o solicitada por el Dr. OROZCO, en presencia del Senador IRAGORRI, en la Oficina de Gerencia de la Empresa”.
De las intervenciones del doctor Medina se desprenden tres conclusiones: una, que jamás imputó a Iragorri Hormaza la conducta consistente en aconsejar, coaccionar, convencer, etc.; dos, que, si acaso, el congresista habría estado en la reunión pero que quien habría sugerido el comportamiento indebido sería Orozco Vivas; y tres, que a Iragorri lo fue involucrando paulatina y dubitativamente: al principio, éste nada tuvo que ver; luego, estuvo presente en una reunión; después, Orozco, en su presencia, le propuso la solución; y, finalmente, Orozco fue quien dio la orden.
La fragilidad del declarante es patente y, por ende, poco atendible. Y con mayor razón si se tiene en cuenta su conducta consistente –luego de retirado- en ingresar a las instalaciones de “Cedelca” y sustraer subrepticiamente documentos relacionados con el hecho investigado, lo que obligó a que se prohibiera su permanencia allí, además de una diligencia de allanamiento que produjo el hallazgo de documentación atinente a lo mismo en su morada.
c) El Gerente indagado -Felipe Fabián Orozco Vivas- dice que había asistido a varias reuniones a las cuales concurrió el Senador, en las que también se hallaban integrantes de las diversas comunidades en búsqueda de todo tipo de ayudas, pero que nunca obligó a nadie a un “mal proceder o cosa parecida”.
Estas afirmaciones son reiteradas, con mayor énfasis, en una posterior intervención.
d) La señora Sixta Oliva Orozco Muñoz cuenta que se había entrevistado con el doctor Iragorri Hormaza, quien le habría prometido ayuda para saldar el crédito con la Caja Agraria, a través de los fondos de cofinanciación. Agrega que en otra ocasión, el Senador le comentó que existía una partida de 25 millones de pesos, una parte de ella destinada a la deuda y otra a nuevas obras. Pero –aclara- finalmente no supo cómo se recibieron y cómo se entregaron las partidas. Dice:
“la plata no sabemos quien se la giró al gerente de la caja agraria… desconozco de partidas de Cedelca para el pago del crédito”.
Este relato, cercano a la época en que sucedieron los hechos, resulta más confiable que el entregado por la señora Sixta Oliva el 22 de mayo del 2003, en el que afirma que el investigado fue quien consiguió el dinero y canceló el crédito, y que, como en un principio sólo se abonó una parte,
“el Doctor IRAGORRI… inmediatamente llamó al Doctor FELIPE FABIÁN OROZCO que también estaba allí y le dijo que esa plata debía estar cancelada desde el año de 1994 porque creo que esa plata llegaba era a CEDELCA y en esa semana misma giraron el resto”.
e) Jesús Antonio Tulande Orozco afirma que el imputado prometió ayudarles a conseguir el dinero para cancelar el crédito, y que, con posterioridad
“la señora OTILIA BOLAÑOS nos dijo que había llegado una partida para el pago de la deuda de la Caja Agraria… que CEDELCA S. A. realizaría el pago a la Caja Agraria, pero que debían votar por AURELIO IRAGORRI”.
Acontece, no obstante, que la señora María Otilia Bolaños lo contradice, pues niega cualquier participación del congresista. Sobre éste, expone:
“desconozco el que les hubiera cumplido o no porque yo solamente recuerdo que la gente se le acumulaba a pedirle apoyo para los proyectos que tuvieran pero yo no tengo conocimiento de más”.
f) Rafael Muñoz explica que en entrevista con el senador Iragorri Hormaza,
“nos dijo que él conocía la gente de Chisquío, sus problemas y que iba tratar de ayudarlos”.
Pero nunca supo si concretó esa promesa. Al cabo de mucho tiempo, Natanael Zambrano fue quien los enteró de que a “Cedelca” había llegado el dinero para pagar la acreencia.
g) La versión de Melquicedec Erazo Hidrovo (o Melquisidec Gerardo Hidrovo) es diferente. Expresamente afirma que quienes se comprometieron a pagar el crédito en la Caja Agraria fueron los seguidores del congresista y que, al cabo del tiempo, como no cumplieron, éste les dijo que ahora sí se iba a cancelar la obligación.
Posteriormente, el testigo dijo que en una reunión a la que no compareció el Senador a pesar de estar citado, el doctor Jesús Ignacio García –del grupo político de Iragorri Hormaza-,
“iba con la autonomía de él para que se comprometiera con nosotros y entonces nos comprometimos que así como él nos ayudaba a conseguir los recursos para la deuda nosotros le ayudábamos a conseguir votos para su campaña política… nos dijo que estuviéramos tranquilos que ya nos iba a conseguir los recursos… que ya había constatado con el Dr. AURELIO, que tuviéramos paciencia… volvimos a Popayán al directorio del Dr. AURELIO y fue cuando él ya nos dio unas cartas… que ya él había empezado a hacer algunos trámites… él no nos dio la cara nunca pero autorizaba al DR. JESÚS IGNACIO para que hiciera los convenios”.
En otra intervención procesal, el declarante asegura que el doctor Iragorri fue quien saldó la obligación, hecho que conoció porque
“llegó la información a los líderes y ellos en las reuniones informaron que el Doctor AURELIO había ayudado a cancelar la deuda”.
De las palabras de este testigo se desprende que el doctor Iragorri Hormaza no tuvo realmente contacto con los pobladores, y que quien hablaba a su nombre era uno de sus seguidores.
h) El señor Cristóbal Rojas Tulande solamente oyó decir que el Senador iba a auxiliarlos. No se enteró de la forma como fue cancelada la deuda.
i) Lo mismo testificaron Reinaldo Cadavid Montenegro, Oswaldo Tulande, Dagoberto Achinte Orozco, Susana Rodríguez Hurtado, Víctor Daniel Rodríguez Hurtado, Rosmira Astaiza Muñoz, Marino Astaiza, Carmen Esneda Bolaños de Vásquez, Miraldo Arnulfo Orozco, Fanny Rodríguez Hurtado, Rafael Muñoz, María Leonor Orozco de Rojas, Alirio Astaiza, Humberto Tulande, Alfredo Achinte, Inocencio Montilla Bambague y Édgar Ferney Orozco.
Inclusive una de estas personas, doña Fanny Rodríguez Hurtado, añade que no conoció a Iragorri, quien nunca fue a la vereda.
j) Lucio Muñoz Meneses explica que él mismo había adelantado las gestiones ante “Cedelca” y la Caja Agraria, y que llegaron a un acuerdo, en virtud del cual la primera pagaría lo adeudado a la segunda.
Respecto del Senador Iragorri, afirma que simplemente había elaborado unas cartas a diversas instituciones para que ayudaran a los pobladores.
k) En términos similares declara Luis Ramiro Ordóñez Zambrano.
l) La señora Emma Vernaza Niño, quien fue Gerente de “Cedelca”, recuerda que por ese entonces fue consultada sobre si sería posible que, recibidos unos dineros del Fondo de Regalías para electrificar Chisquío, se utilizaran para cancelar la obligación, dado que la obra ya se había efectuado. Sobre ello –dice- expuso sus dudas porque sólo sería viable con autorización del Ministerio de Hacienda. A pesar de su detenida narración, no menciona dentro de esa consulta, y en relación con esos diálogos, al Senador Iragorri.
m) Doña Asunción Rodríguez Hurtado cuenta que el Senador había ofrecido pagar la deuda,
“pero lo que no sé si él fue que los ayudó o quién sería… Yo no sé si el Dr. Aurelio tendría algo que ver con eso”.
Y en los renglones siguientes rectifica: el doctor Iragorri Hormaza no hizo la promesa,
“fue el Dr. Jesús Ignacio García y ofreció la ayuda a nombre del Dr. Aurelio Iragorri”.
2. Se aportó copia de una comunicación que el doctor Aurelio Iragorri Hormaza dirigió, el 4 de marzo de 1994, al Ministro de Minas y Energía, al Director Nacional de Planeación y al Gerente de “Cedelca”, en la cual describía la situación del crédito logrado por los residentes de Chisquío y su apremiante situación, que les impedía cumplir con el pago. Por ello, les solicitó a esas autoridades
“destinar la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15’000.000,oo) M/CTE, de los programas de cofinanciación incluidos en el Presupuesto Nacional para la vigencia fiscal de 1994, para recoger esa obligación comunitaria”.
Este documento enseña que el congresista sabía que la electrificación de la vereda se había llevado a cabo en 1992 y que su valor fue cancelado por los pobladores. También muestra que solicitó la búsqueda de recursos para saldar el crédito.
Esa petición, firmada por el doctor Iragorri Hormaza, admitida en dos oportunidades por éste como creación suya, enviada a las autoridades nacionales mencionadas por él, y remitida igualmente por él mismo a la fiscalía, permite concluir, frente al sentido común y a las reglas de la experiencia, que sería insólito que hubiera actuado de esa manera si simultáneamente se alistaba o posteriormente se aprestaría a determinar a otras personas para que cometieran delitos, precisamente relacionados con esa actuación.
3. En el “Informe de gestión y estados financieros de la junta directiva y el gerente” de “Cedelca”, para la vigencia de 1996, se lee que
“el Senador Aurelio Iragorri Hormaza nos colaboró en la obtención de recursos, a través del Fondo Nacional de Regalías”.
La mención confirma el documento suscrito por aquél sobre las gestiones que desplegaba para que se aportara capital con destino a trabajos de electrificación, todo ello legítimo y realizado por los canales oficiales.
De aquí se infiere, también, que mal podría desarrollar tales actividades públicas y legales con el propósito de -una vez logrado el resultado que buscaba- determinar a varios funcionarios de “Cedelca” a la perpetración de conductas punibles.
4. Las demás personas que conocieron el decurso de los hechos niegan la participación del congresista en ellos.
5. El doctor Medina ha dicho que en la reunión desarrollada entre enero y febrero de 1997, con la concurrencia del Gerente de “Cedelca”, de representantes de la vereda y del Senador Iragorri, se habló de la necesidad de resolver los problemas a los pobladores deudores, o de la orden que le dio Orozco Vivas para desviar dineros, o de la insinuación que éste le hiciera sobre el mismo punto. La prueba indica lo siguiente en torno al punto:
a) En ningún momento Medina ha afirmado que Iragorri le hubiera propuesto, aconsejado, ordenado, o similares, la desviación para cancelar la deuda. Tampoco ha dicho que Orozco e Iragorri, de acuerdo, o de consuno, le hubieran señalado esa línea.
b) El Senador ha expresado que no tiene certeza sobre si por esos días estuvo en Popayán. Al contrario, expresa, con base en pruebas, que no visitó esa ciudad durante tal lapso.
c) El Jefe de la Sijin del Departamento de Policía del Cauca relacionó las ocasiones en las que el doctor Iragorri Hormaza estuvo en la región por aquellos días, toda vez que en cada desplazamiento que hacía a la ciudad se le debía asignar personal de escolta.
El texto en que lo hace, sin embargo, es ambiguo, pues, de una parte, cuenta que en el “Libro de minuta” aparecía fijado ese servicio, en tanto que, para enero y febrero de 1997, en el “Libro de escoltas”,
“no se encontró registro alguno donde hayan sido asignadas escoltas por parte de la institución a la mencionada personalidad”.
d) Si la reunión se hizo a comienzos de 1997, para ese entonces ya los delitos se habrían perpetrado, como que la “supuesta obra” se habría contratado y ejecutado a finales de 1996. No tendría sentido, entonces, que el Senador instigara ilícitos ya cometidos o, al menos, preparados o iniciados.
e) Ningún miembro ni representante de las comunidades que -dice Medina- se hallaba en el lugar de la propuesta, ha ratificado las palabras de éste. Nadie refiere la insinuación de Orozco Vivas a Medina, ni la sugerencia de Iragorri, o de Orozco e Iragorri a Medina.
f) El Senador hizo llegar a la investigación copia de su agenda que, afirma, recoge todos los compromisos que debe cumplir. No aparece en el documento que por esos días hubiera estado en Popayán y participado en la reunión tan mencionada.
g) El Señor Castillo, asistente del Senador de largos años, y quien se encarga del manejo de sus citas, reuniones y desplazamientos, ha declarado sobre el no viaje de éste a Popayán en los días conocidos y en cuanto tampoco tenía reunión alguna con las personas varias veces citadas.
6. Si en las condiciones que surgen de los autos, se trataba de una coparticipación criminal, es lógico que los varios participantes supieran, concluyeran, calcularan o supusieran de dónde provenía la idea, cómo se había gestado y cómo sería desarrollada.
Sin embargo, los otros procesados, todos vinculados a “Cedelca” -Plaza, Castro y Orozco-, ni siquiera mencionan tangencialmente la intervención del Senador. En vez de ello, de las palabras de los dos primeros –que igualmente acudieron a sentencia anticipada- resulta claro que las órdenes e instrucciones eran impartidas exclusivamente por Carlos Medina. Mientras tanto, Orozco, como ya se dijo, no solo niega lo narrado por Medina, sino que no incluye desde punto de vista alguno a Iragorri.
De lo anterior, se arriba a las siguientes conclusiones:
1. Contra el Senador cursarían las imputaciones de Medina, porque habría asistido a una reunión en la que se fraguaría la comisión de los delitos; y las palabras de varios testigos, de acuerdo con las cuales, por razones políticas, habría prometido arreglarles el problema, es decir, buscar la cancelación de las deudas.
2. En cuanto a Medina, dígase, por las razones atrás aludidas, primero, que no le hizo reparos concretos a Iragorri; segundo, que todo el resto de la prueba lo infirma; y, tercero, que por las características suyas que enseña en el proceso, no merece credibilidad.
3. Sobre lo segundo, obsérvese: algunos testigos son contradictorios; otros, declaran de oídas; unos más, afirman que quien hacía las promesas no era Iragorri sino los integrantes de su grupo político, especialmente el doctor José Ignacio García; y los más, niegan su intervención en los sucesos.
Si a lo acabado de exponer se suman las demás reflexiones probatorias, concretamente aquellas que indican la buena fe del Senador, se concluye que no participó, a título de determinador, en ninguna conducta delictiva.
Por tanto, se impone dar aplicación al artículo 327 del Código de Procedimiento Penal y declarar la inhibición para abrir investigación penal.
Con base en lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
Abstenerse de iniciar instrucción en contra del Senador Aurelio Iragorri Hormaza.
Procede el recurso de reposición.
Notifíquese y cúmplase.
HERMAN GALÁN CASTELLANOS
JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria