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Proceso No 16136
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente
Dr. JORGE CÓRDOBA POVEDA
Aprobado acta N° 130
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil dos (2002).
V I S T O S
Procede la Corte a resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor del procesado RICHARD EDER ZAPATA MARTÍNEZ, contra la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, proferida el 15 de marzo de 1999, por medio de la cual lo condenó, entre otros, a la pena principal de 43 años de prisión, a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el lapso de 10 años y al pago de los daños y perjuicios, como coautor de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
H E C H O S
El juzgador de segunda instancia los sintetizó de la siguiente manera:
“El 17 de marzo de 1996, a eso de las tres de la mañana, Luis Alfonso Tuberquia Pulgarín, en compañía de su hermano menor Robinson Montoya Pulgarín, se desplazaba desde su residencia situada en la calle 92 E N° 84-37 del barrio Jorge Eliécer Gaitán hacia la de su suegra ubicada a cuadra o cuadra y media, pero, cuando le faltaba poco para llegar, RICHARD EDER ZAPATA MARTÍNEZ y JOHN FREDY SANDOVAL SERNA le salieron al paso y por lo menos uno de ellos, sin mediar palabra, disparó en cinco oportunidades, lesionándolo en el brazo izquierdo y en diversas partes de la espalda. Apenas cayó al suelo, lo despojaron del arma que siempre llevaba consigo y abandonaron el lugar, mientras Luis Alfonso Tuberquia fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde falleció”.
ACTUACIÓN PROCESAL
Con base en las pruebas allegadas en la investigación previa, la Fiscalía Novena Delegada ante la Unidad Seccional Segunda de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal de Medellín profirió, el 8 de noviembre de 1996, resolución de apertura de la instrucción.
Escuchado en indagatoria Richard Eder Zapata Martínez, la Fiscalía Noventa Delegada de la Unidad Seccional Segunda de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal de dicha ciudad, donde se reasignó el diligenciamiento, le resolvió la situación jurídica, el 21 de noviembre siguiente, con medida de aseguramiento de detención preventiva, por los delitos de homicidio, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
Declarada persona ausente Jhon Fredy Sandoval Serna, quien posteriormente fue escuchado en indagatoria por razón de su captura, resuelta la situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva, por los citados delitos, y allegadas varias pruebas, el 4 de agosto de 1997, se cerró la investigación y, el 19 de septiembre siguiente, se calificó el mérito del sumario con resolución de acusación en contra de los procesados, por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, decisión que quedó ejecutoriada el 19 de noviembre de esa anualidad.
El expediente pasó al Juzgado Veinticuatro Penal del Circuito de Medellín que, luego de tramitar el juicio, dictó sentencia de primera instancia, el 1° de diciembre de 1998, en la que condenó a Richard Eder Zapata Martínez a la pena principal de 43 años de prisión, a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el lapso de 10 años y al pago de los daños y perjuicios, como coautor de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
A Jhon Fredy Sandoval Serna lo condenó a la pena principal de 30 meses de prisión, a la accesoria de rigor y al pago de los perjuicios, como coautor del delito de hurto calificado y agravado, absolviéndolo por los demás punibles.
Apelado el fallo por el defensor de Zapata Martínez, el Tribunal Superior de Medellín, al desatar el recurso, lo confirmó, el 15 de marzo de 1999.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
El defensor del procesado Richard Eder Zapata Martínez, al amparo de las causales tercera y primera de casación, presenta tres cargos contra la sentencia del Tribunal, cuyos argumentos se sintetizan así:
Causal tercera
Primer cargo
Acusa al Tribunal de haber dictado sentencia en un juicio viciado de nulidad, por la existencia de comprobadas irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, al tenor del numeral 2° del artículo 304 del C. de P. Penal.
Sostiene que a los procesados se les imputó en la providencia que les resolvió la situación jurídica, entre otros delitos, el de homicidio simple. Sin embargo, al ser calificado el mérito del sumario, la fiscalía varió inusitadamente su posición atribuyéndoles dicho punible pero agravado, motivo por el cual se vieron sorprendidos por ese cargo, “del que hasta entonces no había tenido ocasión de presentar defensa ni uno ni otro implicado… Y resulta tan sorpresivo e inequitativo este cargo a estas alturas del proceso, ya en sus postrimerías prácticamente, que no sólo conlleva un aumento considerable de la sanción, que en última, de verdad, así se falló”.
Manifiesta que conforme a la Constitución y a la ley, el proceso penal no solo debe ser racional sino garantista a través del derecho de defensa, razón por la cual el artículo 438 del C. de P. Penal contempla que no se podrá cerrar la investigación si no se ha resuelto la situación jurídica del sindicado, lo que se constituye en “requisito esencial para que, con validez dentro del campo legal, pueda entrarse a emitir resolución calificatoria, más aún si, dadas las pruebas allegadas, se vislumbra la eventualidad próxima de una acusación como en el caso a estudio”.
Afirma que durante la instrucción a su defendido siempre se le había imputado la comisión del delito de homicidio simple sobre el cual se ejerció el derecho de defensa. Sin embargo, “cuando probatoriamente se le habían recortado casi todas las posibilidades y técnicamente ya se había agotado buena parte del derecho defensivo (muy importante por cierto), repentinamente la entidad acusadora modifica su visión sobre los hechos para hacerlos MÁS GRAVOSOS al procesado, como en últimas de verdad sucedió”.
Añade:
“Para colmar las irregularidades, valga decirlo de una buena vez, el Juzgado, en total desconocimiento de lo dispuesto por el art. 180, numerales 3° y 4°, del C. P. P., nada dijo sobre este punto, como ni siquiera para analizar si era o no procedente esta causal de incremento de la pena. En verdad su deber era efectuar ‘el análisis de los alegatos y la valoración jurídica de las pruebas en que ha de fundarse la decisión’, así como realizar ‘la calificación jurídica de los hechos y de la situación del procesado’. Con relación a la circunstancia agravante, como vemos, nada, pero absolutamente nada, mencionó el Juzgado. Por supuesto el Tribunal tampoco. Consideramos esta omisión como de poca monta?. Por supuesto que no. Por algo el legislador ha dispuesto la obligación del juez de fundamentar debidamente su decisión, tanto para la adecuación típica de la conducta, la responsabilidad del procesado, como desde luego la existencia probatoria o no de circunstancias aumentativas o diminuentes de la sanción. Esta obligación brilló por su ausencia en el fallador de primera instancia, con la coadyuvancia del de segunda instancia”.
Asevera que el fiscal, por respeto a los postulados de contradicción y de lealtad procesal, ha debido adicionar la providencia que resolvió la situación jurídica de su procurado, incluyendo la agravante y “no dejarlo para la hora de nona como lo hizo”.
En esas condiciones, advierte que el proceder irregular del funcionario instructor implicó un nuevo cargo no contemplado en la medida de aseguramiento, lo que condujo a que su procurado no pudiera ejercer el derecho de defensa, ya sea con la presentación de pruebas, con un discurso jurídico o con la crítica probatoria.
Finalmente, dice que dicha irregularidad resquebrajó el debido proceso, por lo que se impone la declaratoria de nulidad a partir de la resolución que clausuró el ciclo investigativo, con el fin de que los sujetos procesales puedan aportar las pruebas pertinentes o presentar los respectivos alegatos jurídicos en torno al tema.
Como normas vulneradas cita los artículos 29, 228 y 230 de la Constitución Política, 1°, 7°, 16, 180, 388, 389, 438, 441 y 442 del C. de P. Penal y 323 y 324 del C. Penal.
Por lo expuesto, solicita a la Corte casar la sentencia impugnada y, en su lugar, declarar la nulidad en los términos señalados anteriormente.
Segundo cargo
Acusa al ad quem de haber dictado sentencia en un juicio viciado de nulidad, por violación del derecho de defensa.
Anota que en la oportunidad procesal correspondiente y con el fin de despejar unas contradicciones y demostrar la falsedad del dicho del testigo Robinson Montoya Pulgarín, hermano del hoy occiso, solicitó al juez de primer grado una diligencia de inspección judicial en el lugar de los hechos y con la intervención éste, prueba que fue negada tanto en primera como en segunda instancia.
Después de resaltar, desde su personal punto de vista, las presuntas contradicciones en que incurrió dicho declarante, asegura que con la prueba negada pretendía demostrar “la falacia del testigo y, por consiguiente, desecharlo como tal, máxime que de la única versión subsistente entonces (la del implicado Sandoval Serna) se vislumbraba una clara hipótesis de LEGÍTIMA DEFENSA, la cual se confirmó luego con la confesión de ZAPATA MARTÍNEZ. Por supuesto que otra habría sido la suerte de éste, pues habría sido ABSUELTO de los cargos, como se peticionó sin éxito alguno en la vista pública y se reiteró vanamente en el escrito sustentatorio del recurso de alzada contra la sentencia de primer grado”.
Como normas vulneradas cita los artículos 1°, 7°, 259, 294 y 304.3 del C. de P. Penal, en consonancia con el 29, numerales 4° y 5°, de la Constitución Política.
Por lo dicho, solicita a la Corte casar la sentencia impugnada y, en su lugar, declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la etapa del juicio, por vulneración del derecho de defensa de su procurado.
Causal primera
Único cargo
Acusa al Tribunal del haber violado, de manera indirecta, la ley sustancial por error de hecho, por vulneración de lo preceptuado en el artículo 29, numeral 4°, del C. Penal, ya que de la actuación se infiere que su representado actuó en legítima defensa.
Argumenta que en el diligenciamiento se presentan dos versiones encontradas, como son las de Jhon Fredy Sandoval Serna y la de Robinson Montoya Pulgarín, toda vez que el primero, además de ser testigo presencial, se encontraba en compañía de su defendido libando alcohol, cuando vieron pasar al hoy occiso en una motocicleta. “Acto seguido RICHARD, después de haber ido a su casa, lo convido a ir en pos de TUBERQUIA PULGARÍN, para lo cual corrieron como cinco cuadras. Asegura una y otra vez que no sabía para qué lo había convidado mi cliente, como que ignoraba que estuviera armado. Dice que sorpresivamente, en una esquina, se les apareció LUIS ALFONSO, empuñando un revólver y apuntándoles con él, actitud ante la cual RICHARD respondió desenfundando su arma y de inmediato se desató un abaleo entre los dos que lo obligó a emprender las de Villadiego. No sabe quién disparó primero, pero cree que haya sido RICHARD, porque éste, según su parecer, no resultó lesionado”.
No obstante lo anterior, afirma que el otro testigo, sostiene que quienes aparecieron armados fueron los procesados y que su hermano no alcanzó a desenfundar el arma que llevaba porque éstos le dispararon de manera instantánea, explicaciones que al ser acogidas por los juzgadores desdibujaron la planteada legítima defensa, ya que, entre otras razones, consideraron que cuando su defendido convidó al otro coprocesado, ya tenía el ánimo homicida, máxime cuando fue hasta su casa a recoger el arma.
Señala que el Tribunal erró al acoger la versión dada por el hermano del hoy occiso, por las siguientes razones:
“Cuando RICHARD convidó a alias Chócolo, según él mismo, no le dijo hacia donde ni para qué. Pero aun si creyéramos que era para perseguir a LUIS ALFONSO, creeríamos razonablemente que iba a darle alcance cuando éste se desplazaba en motocicleta, en tanto ellos lo hacía de a pié, hacia arriba y embriagados?. Es absurdo admitir siquiera la idea.
“Más todavía, sabemos que el occiso iba en dirección de su residencia, que probablemente allí iba a quedarse y que, según el testigo MONTOYA PULGARÍN, su salida fue netamente circunstancial. Cómo hizo para saber mi cliente que él iba a salir de nuevo a la vía pública para buscar sorprenderlo y darle muerte como lo cree erróneamente el Tribunal?.
“Y a propósito de la salida de LUIS ALFONSO de su casa. No es más bien absurdo creerle al testigo ROBINSON que él haya ido a guardar la moto y luego regresarse a pié donde su suegra, cuando acababa de pasar por allí?… No era más bien que, al ver a RICHARD expuesto en la vía pública y en evidente estado de beodez decidió aprovechar la ocasión para ir a ultimarlo, para lo cual guardó la moto, pues el ruido de ésta podía alertarlo?. No es nada descabellada, sino más bien razonable, esta tesis que se desprende de la versión de SANDOVAL y aún de mi cliente cuando aseveró que ‘ellos ya sabían a qué venían’ y que ‘el hermanito se quedó esperando los tiros’.
“Olvida igualmente el Tribunal que aunque probablemente el occiso fuera de veras un hombre entrenado en el uso de las armas, se encontraba en avanzado estado de embriaguez: 201 mgs.% de concentración etílica, compatible con un tercer grado de beodez, lo cual desde luego DISMINUYE NOTABLEMENTE los reflejos y las reacciones en todo individuo. Este no pudo haber sido la excepción. Ello, aceptando en gracia de discusión, que de veras se tratara de un buen tirador, bien entrenado y que por supuesto el arma que llevaba hubiera estado en buen estado de funcionamiento. Aunque a decir verdad la encuesta no ahondó en esos detalles.
“Tampoco acierta el Tribunal al interpretar adecuadamente el acta de necropsia y su esquema visible a fls. 31 y 32. La mayoría de las lesiones presentan una trayectoria abajo-arriba; cómo explicarlas satisfactoriamente a no ser por la versión de mi cliente de haber disparado desde un plano inferior?”.
Asevera que al existir en el expediente dos versiones claramente enfrentadas, el ad quem olvidó acudir al postulado consagrado en el artículo 294 del C. de P. Penal, pues de lo contrario hubiera desechado la declaración del hermano de la víctima y, consecuentemente, admitido la del coprocesado Sandoval Serna, de la cual se infiere la legítima defensa.
Por lo tanto, solicita a la Corte casar la sentencia impugnada y, en su lugar, absolver a su procurado por haber actuado en legítima defensa de su vida.
CONCEPTO DE LA PROCURADURIA TERCERA
DELEGADA PARA LA CASACIÓN PENAL
Causal tercera
Primer cargo
Estima que el censor parte de una concepción equivocada respecto de la naturaleza de la providencia que resuelve la situación jurídica al procesado, ya que, a su juicio, se trata de una decisión de naturaleza intermedia que no resuelve los extremos de la relación jurídico-procesal en forma definitiva, ni fija los límites de la acusación que deba ser debatida en el juicio, por lo que no ata al juez ni al instructor en el ejercicio de sus actividades.
Recuerda que el objeto de dicha providencia es la de definir si es necesario tomar medidas que garanticen la comparecencia del sindicado al proceso, “y en los casos en que sea privado de la libertad al indagado, poner fin a su estado de captura mediante la legalización de su detención preventiva o su puesta en libertad”, esto es, que no se está acusando ni se están fijando los límites de su responsabilidad penal, por lo que la resolución que resuelve la situación jurídica no es inmutable sino modificable.
Afirma que para el funcionario instructor no era obligatorio mantener la calificación que se hizo de la conducta en la resolución que resolvió la situación jurídica y, por el contrario, podía variarla conforme a la verdad que se venía conociendo en el proceso de investigación a través de los medios de prueba, donde se coligió que se trataba de un homicidio agravado y no simple.
Así mismo, sostiene que el defensor en la etapa del juicio contó con el tiempo y las oportunidades procesales para controvertir la prueba en la que se apoyó el instructor para colegir que el homicidio era agravado, es decir, la necropsia practicada a la víctima, motivo por el cual sugiere a la Corte la improsperidad del cargo.
Segundo cargo
Conceptúa que cuando se trata de medios de prueba solicitados y negados al interior del diligenciamiento, resulta imperioso que las consideraciones expuestas por los funcionarios judiciales, “deben incorporarse, técnicamente, como parte de los argumentos de la demanda porque sólo de esta manera se podrá poner de presente que la negativa del juez fue arbitraria, contraria a las razones del proceso penal y violó las garantías fundamentales de los sujetos procesales”, esto es, que dichos argumentos deben ser el punto de partida para establecer la posible vulneración de la garantía de defensa, “pues siendo la ordenación de pruebas una facultad discrecional del juez dependiente de la necesidad, la pertinencia y la conducencia de la prueba, la simple negación de su práctica no puede constituir base suficiente para la anulación del proceso”.
Anota que las contradicciones que pretendía poner en evidencia el defensor a través de la prueba negada, no se podían aclarar con la inspección judicial, pues esos datos podían extractarse del material probatorio, tal como atinadamente lo sostuvo el Tribunal.
En esas condiciones, agrega que los funcionarios judiciales realizaron un examen sobre la conducencia de la prueba, concluyendo en su negativa, máxime cuando el libelista no demostró que éstos hubiesen abusado de su discrecionalidad y de sus funciones directivas del proceso, transgrediendo el derecho de defensa.
Además, advierte que el censor olvidó que la contradicción de la prueba no se ejerce solamente en el recaudo de la misma, sino a través de la crítica probatoria que hizo del testigo Montoya Pulgarín, como se evidencia de sus escritos, con la cual pretendió restarle credibilidad.
Considera que como quiera que la demanda resulta inepta en la demostración de la infracción, la misma no puede quebrar el fallo.
Causal primera
Único cargo
Conceptúa que el libelista no logró identificar el yerro acusado, pretendiendo que se case la sentencia con la simple enunciación del mismo. Igualmente, que olvidó que cuando se trata de la demostración del cargo, resulta necesario que se establezca, de manera clara, el tipo del error que se cometió y la modalidad de éste, pues sólo conociéndose se podrá entender la pretensión del actor.
Afirma que omitió indicar la clase del error y, además, cuando trató de precisar el vicio, enfrentó sus personales criterios valorativos con los del juzgador sin sustento probatorio y como si se tratara de una tercera instancia.
Dice que tampoco especificó las normas que resultaron infringidas.
En cuanto a los interrogantes que formula el actor, advierte que son sus personales apreciaciones probatorias, las que fueron rebatidas por el ad quem, sin que evidencie la existencia de yerro alguno.
Por lo expuesto, sugiere a la Corte no casar la sentencia impugnada.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Causal tercera
Primer cargo
1. Acusa al Tribunal de haber dictado sentencia en un juicio viciado de nulidad, toda vez que habiéndosele imputado a su defendido en la medida de aseguramiento el delito de homicidio simple, fue sorprendido en la resolución de acusación con el cargo de homicidio agravado, sin
que antes se hubiese adicionada aquella providencia, yerro que, a su juicio, violó el debido proceso y el derecho de defensa.
2. El cargo no puede tener éxito, por falta de razón, así:
Como atinadamente lo destacó el Procurador Delegado, la ley procesal no exigía (Decreto 2700 de 1991, a la sazón vigente) ni exige (Ley 600 de 2000) que la calificación jurídica dada a los hechos en la resolución de acusación guarda armonía con la dada en la medida de aseguramiento, siendo esta última de carácter provisional y conforme a las pruebas allegadas hasta ese momento procesal, pudiendo la imputación ser objeto de variación en la pieza acusatoria, de acuerdo con el nuevo haz probatorio, sin olvidar que ésta es la que fija el marco fáctico y jurídico en que se debe desenvolver el juicio y la sentencia . Si en ella se definen los cargos, la única congruencia necesaria para garantizar la estructura lógica y conceptual del proceso y el derecho de defensa es la que debe existir entre el pliego de cargos y la sentencia, pero no entre ésta y la providencia que define la situación jurídica, pues si después de este acto procesal se puede seguir investigando, es de esperar que las nuevas pruebas puedan dar lugar a que lo consignado
en esa resolución sufra profundas modificaciones, incluso podrían presentarse cambios, sin que surjan nuevas pruebas, simplemente porque al momento de calificar se tenga una mejor comprensión de lo ocurrido y un más informado criterio para decidir, como lo ha dicho la Sala1.
Además, no es cierto que con la calificación jurídica dada en la resolución de acusación se haya limitado el derecho de defensa del procesado, toda vez que tuvo la oportunidad de impugnarla, sin olvidar que contó con toda la etapa del juicio para desvirtuar probatoria y jurídicamente la agravante que hoy rechaza en esta sede.
En consecuencia, el cargo no prospera.
Segundo cargo
1. Acusa al ad quem de haber dictado sentencia en un juicio viciado de nulidad, ya que habiendo solicitado en la etapa del juicio la práctica de una diligencia de inspección judicial en el lugar de los hechos, con el fin de desvirtuar el testimonio del hermano del hoy occiso, le fue negada, lo
que, en su criterio, vulneró el derecho de defensa de su procurado, pues de haberse llevado a cabo se le habría reconocido la causal excluyente de antijuridicidad de la legítima defensa.
2. El cargo así formulado también adolece de errores de técnica que lo llevan al fracaso, a saber:
No demuestra la trascendencia del vicio, como quiera que no ilustra a la Corte cómo el medio de convicción echado de menos era conducente, pertinente y útil con el objeto del diligenciamiento y con la formación del convencimiento del juzgador, esto es, cómo de haber sido practicado y cotejado con los elementos de juicio que sustentaron el fallo, éste hubiera sido favorable al acusado.
Al respecto es preciso recordar que cuando se alega violación del derecho de defensa por la no práctica de las pruebas impetradas, no basta enumerar las omitidas, sino que es preciso señalar su fuente, su conducencia, pertinencia y utilidad y su incidencia frente a la parte conclusiva del fallo, ya que como lo ha señalado la jurisprudencia, la no práctica de determinadas diligencias no constituye, per se, quebrantamiento del derecho de defensa, pues el funcionario judicial sólo está obligado a decretar bien sea de oficio o a petición de los sujetos procesales, la práctica de aquellas pertinentes y útiles para los fines de la investigación y la formación del convencimiento, por lo que la omisión de las inconducentes, dilatorias o inútiles no constituye transgresión de ningún derecho.
3. Finalmente, la prueba solicitada no fue denegada de manera arbitraria por el juez de primera instancia, en decisión confirmada por el Tribunal, sino razonablemente, ya que se fundó en que carecía “en absoluto de sentido una diligencia de inspección al lugar de los hechos para establecer la distancia, la visibilidad y la capacidad de percepción del testigo Robinson Montoya Pulgarín, cuando del proceso surge nítidamente que iba con el occiso cuando le dispararon y vio a sus agresores a corta distancia, no más de cinco metros, bien que se atienda a la declaración del joven o que se acuda a la del sindicado JHON FREDY SANDOVAL. En esas condiciones, saber exactamente la distancia o la visibilidad y capacidad de observar a los agresores es francamente estéril o inútil”.
El cargo no prospera.
Causal Primera
Único cargo
1. Acusa al Tribunal de haber violado, de manera indirecta, la ley sustancial por error de hecho en la apreciación de las pruebas, ya que al existir en el diligenciamiento dos versiones encontradas, esto es, las declaraciones de Jhon Fredy Sandoval Sierra y la de Robinson Montoya Pulgarín, el sentenciador le otorgó crédito a esta última, yerro que condujo a que no se reconociera la existencia de la legítima defensa en la conducta de su poderdante.
2. Este reproche, como también lo conceptúa el agente del Ministerio Público, adolece de protuberantes desatinos técnicos que lo condenan al fracaso, así:
2.1. No dice cuál fue el sentido de la vulneración del artículo 29, numeral 4°, del Código Penal de 1980, es decir, falta de aplicación o aplicación indebida, ni indica cuál fue el precepto sustancial de la Parte Especial del C. Penal quebrantado.
2.2. No indica cuál fue el falso juicio que determinó el error de hecho alegado, si de existencia o de identidad, o si se debió a un falso raciocinio, al haberse desconocido, ostensiblemente, al valorar la prueba, los postulados de la sana crítica.
Si se acepta que quiso aludir al error de hecho por falso raciocinio, en cuanto advierte que se le dio credibilidad al testimonio del hermano de la víctima, en lugar de lo expresado por el otro coprocesado, sin respetar lo previsto en el artículo 294 del C. de P. P., se encuentra que tampoco lo desarrolló, ya que no dijo cuáles fueron las leyes científicas o los principios lógicos o las reglas de la experiencia común quebrantados, de qué manera lo fueron y cuál su incidencia en la parte dispositiva del fallo.
Desconoce el casacionista que otorgarle mérito a unos medios de convicción y negárselo a otros, no configura, por sí, desatino demandable en casación, pues el juzgador goza de libertad para valorarlos, dentro del método de la persuasión racional que nos rige, sólo limitada por los postulados de la sana crítica, cuya infracción debe denunciarse y desarrollarse por la vía del error de hecho por falso raciocinio.
Por las anteriores razones, el cargo no prospera.
Acotación final
En lo que hace relación al principio de favorabilidad, por razón del tránsito de legislación, toda vez que el 25 de julio de 2001 entró en vigencia la Ley 599 de 2000, mediante la cual se expidió el nuevo Código Penal, su análisis le corresponde al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, al tenor de lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 79 del nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000).
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
R E S U E L V E
No casar la sentencia impugnada.
Contra esta providencia no procede ningún recurso.
Cópiese, comuníquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL JORGE E. CÓRDOBA POVEDA
HERMAN GALÁN CASTELLANOS CARLOS AUGUSTO GALVEZ ARGOTE
JORGE ANIBAL GÓMEZ GALLEGO EDGAR LOMBANA TRUJILLO
MARINA PULIDO DE BARÓN YESID RAMÍREZ BASTIDAS
TERESA RUÍZ NUÑEZ
Secretaria
1 Ver, entre otras, auto 9/06/98. única instancia 10242. M. P. Dr. Jorge E. Córdoba Poveda