Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
Proceso No 22214
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrada ponente:
MARINA PULIDO DE BARÓN
Aprobado Acta N° 58
Bogotá, D.C., junio treinta (30) de dos mil cuatro (2004).
VISTOS
Se pronuncia la Sala sobre las pruebas solicitadas dentro del término de traslado previsto en el artículo 518 de la Ley 600 de 2000 por el defensor de JOSÉ RUBIEL SEPÚLVEDA RAMÍREZ, requerido en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
ANTECEDENTES
El Ministerio del Interior y de Justicia envió a esta Corporación el expediente relacionado con el trámite de extradición del ciudadano colombiano JOSÉ RUBIEL SEPÚLVEDA RAMÍREZ, quien fue capturado el 15 de enero de 2004 por orden del Fiscal General de la Nación, en atención a la Nota Verbal N° 2160 del 5 de diciembre de 2003, que remitió el Gobierno de los Estados Unidos de América, por medio de su Embajada en nuestro país.
La solicitud de extradición fue formalizada a través de la Nota Verbal N° 584 del 12 de marzo de 2004, acompañada de la documentación correspondiente, y el Ministerio de Relaciones Exteriores conceptuó que, por no existir convenio aplicable al caso, es viable acudir a las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal colombiano.
En aplicación de lo previsto en el artículo 518 del estatuto procesal penal se corrió traslado al requerido, a su defensor y al Procurador Delegado para que solicitaran pruebas, oportunidad que fue utilizada por el segundo.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La viabilidad de la práctica de pruebas está determinada por su procedencia en punto del concepto que corresponde emitir a la Corte, el cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 520 del estatuto procesal penal, se fundamenta en “la validez formal de la documentación presentada, en la demostración plena de la identidad del solicitado, en el principio de la doble incriminación y en la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero”.
Como según fue expresado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en este asunto rigen los preceptos del estatuto procesal penal, es oportuno señalar que su artículo 235 dispone el rechazo de las pruebas inconducentes, impertinentes o inútiles. La conducencia supone que la práctica de la prueba solicitada es permitida por la ley como elemento demostrativo de los precisos temas sobre los que compete a la Corte rendir su concepto. La pertinencia del medio probatorio apunta no únicamente a su relación con el objeto de demostración, sino a que resulte apto y apropiado para acreditar un tópico de interés al trámite, y la utilidad de la prueba se refiere a que sirva, es decir, a que demuestre algo que aún no ha sido comprobado en la actuación.
Teniendo en cuenta esos parámetros, se resolverá la petición de pruebas elevada por el defensor del capturado con fines de extradición, la cual se allegó oportunamente a la Secretaría de esta Sala.
1. Solicitud de pronunciamiento respecto al fundamento legal de la equivalencia del acta de acusación con la resolución de acusación.
Para la Sala esta solicitud es ostensiblemente inoportuna, por cuanto de acuerdo con lo estipulado en el artículo 520 del estatuto procesal penal, un pronunciamiento de esa naturaleza sólo corresponde expresarlo a la Corte cuando entre a emitir el respectivo concepto, momento para el cual se difiere la manifestación deprecada por la defensa, por tanto, no se ordena la práctica de esta prueba.
2. Prueba pericial de comparación de voces entre la grabada en las interceptaciones realizadas en la investigación del Estado requirente y la del aquí solicitado, para establecer de manera irrefutable que la voz de JOSÉ RUBIEL SEPÚLVEDA RAMÍREZ concuerda con la de la persona reclamada en extradición.
Frente a esta solicitud la Sala debe recordar, de una parte, que el trámite de extradición no se concibe como un proceso en estricto sentido, de modo que los resultados perseguidos no se corresponden con los de demostración de las conductas imputadas y la responsabilidad del solicitado en extradición, y de otro lado, que como consecuencia de ello, el debate tiene su escenario propio dentro del proceso judicial que realiza el Estado requirente.
De esta manera, la solicitud de práctica de prueba orientada a determinar la uniprocedencia de una determinada voz con la de la persona requerida en extradición, es asunto que la defensa debe debatir al interior del proceso criminal, de ahí que la Sala no esté autorizada a inmiscuirse en discusiones que versen sobre el mérito y los resultados de las pruebas recaudadas, base de la acusación, pues son características de la legislación procesal y de la dinámica de justicia del Estado que eleva la petición, por tanto, no se ordena la práctica de esta prueba.
3. Tener como pruebas las sentencias de la Corte Constitucional C-543 del 1º de octubre de 1998, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz, C-622 del 25 de agosto de 1999, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo y C-740 del 22 de junio de 2000, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, en la que se reitera que “ningún colombiano puede ser extraditado por hechos que hayan sido cometidos en Colombia, así sea parcialmente”.
Esta prueba se reputa innecesaria por cuanto conocido el efecto erga omnes de los fallos de exequibilidad proferidos por la Corte Constitucional, se concluye que corresponde a todas las autoridades públicas estarse a lo dispuesto en ellos, como que se entienden incorporados a la normatividad nacional vigente cuando proceden a fijar su alcance, la cual, de acuerdo al artículo 188 del estatuto adjetivo civil, no exige demostración; por lo tanto, evidente resulta que la aducción de las sentencias de constitucionalidad solicitada, no se requiere en punto de abordar los precisos temas sobre los cuales corresponde a la Corte rendir su concepto.
Si la pretensión de la defensa con este tipo de solicitud, como lo deja al descubierto al sugerir que no es viable la extradición de colombianos por delitos cometidos en territorio patrio, así sea parcialmente, conviene recordar de una parte, que la Sala debe sujetarse a lo expuesto por las autoridades del país requirente en la respectiva resolución de acusación, acerca del lugar de comisión de los delitos imputados, pero sin perder de vista la forma en que se dice que el reclamado intervino (autor, cómplice, determinador, etc.); de otra, que el tema compete abordarlo al emitir el concepto respectivo, por tanto, no se ordena la aducción de esta prueba.
4. De acuerdo al principio de doble incriminación, realizar cotejo entre la tipicidad de los hechos endilgados por el Estado requirente conforme la traducción realizada y la que a ellos corresponde en nuestro estatuto punitivo.
Como quiera que de acuerdo con el artículo 520 del estatuto procesal penal, corresponde a la Corte pronunciarse en su concepto sobre el principio de doble incriminación, en la oportunidad prevista en el artículo 519 ibídem entrará a realizar el examen a que haya lugar sobre este tópico.
Dado que no existen pruebas por practicar, de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 518 de la Ley 600 de 2000, se dispone que por la Secretaría de la Sala SE CORRA TRASLADO, durante el término de cinco (5) días, al solicitado en extradición, su defensora y al Procurador Delegado, para que presenten sus alegatos previos al concepto de la Corte, una vez en firme esta decisión.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
RESUELVE
1. NO DECRETAR la práctica de las pruebas solicitadas por el defensor del solicitado en extradición, por las razones consignadas en la anterior motivación.
2. CORRER TRASLADO por el término de cinco (5) días, al solicitado en extradición, JOSÉ RUBIEL SEPÚLVEDA RAMÍREZ SANCHEZ, a su defensor y al Procurador Delegado, para que presenten sus alegatos previos al concepto de la Corte (artículo 518 del estatuto procesal penal), una vez en firme esta decisión.
Notifíquese y cúmplase.
HERMAN GALÁN CASTELLANOS
JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
Aclaración de voto
MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA
TERESA RUÍZ NÚÑEZ
Secretaria