Asistente Jurídico Inteligente
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JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
Magistrado Ponente
STP10561-2023
Radicación n.° 131983
(Aprobación Acta No.177)
Bogotá D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
I. ASUNTO
1. Resuelve la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas, la acción interpuesta por BLADIMIR MATEUS ALMENDRALES contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Empresa Colombiana de Petróleos -Ecopetrol S.A.- y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-.
2. Fueron vinculados como terceros con interés legítimo en el presente asunto: José Ricardo Roa López, Saúl Calderón Calderón, Antonio Manuel Durán, Nelson Hurtado Sánchez, Alberto Mejía Lengua, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barrancabermeja, y todas las partes e intervinientes en los procesos ordinario laboral 2018-00044 y especial de fuero sindical 2022-00161.
II. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
3. BLADIMIR MATEUS ALMENDRALES solicita el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, con ocasión a la providencia emitida al interior del proceso ordinario laboral 2018-00044.
4. Del escrito de tutela y documentos aportados al expediente se tiene que el accionante junto con José Ricardo Roa López, Saúl Calderón Calderón, Antonio Manuel Durán, Nelson Hurtado Sánchez y Alberto Mejía Lengua, promovieron demanda laboral en contra de Ecopetrol S.A., con la finalidad de obtener el reconocimiento y pago de la pensión convencional con una mesada equivalente al promedio anual de todos los elementos que integran el salario, conforme el artículo 106 de la Convención Colectiva suscrita entre la Unión Sindical Obrera y la empresa. Asimismo, solicitaron que se les incluyera en la nómina de pensionados a partir de la fecha de su retiro de la empresa y, por todo el tiempo hasta cuando Colpensiones inicie el pago pensional, sin perjuicio de que Ecopetrol continúe cubriendo el excedente de esta; lo que resultara probado ultra y extra petita y las costas del proceso.
5. La demanda fue resuelta en primera instancia el 5 de julio de 2019 por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, que absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra.
7. Por lo anterior, los demandantes recurrieron el fallo de segunda instancia por medio del recurso extraordinario de casación y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión CSJ SL1070-2023, resolvió no casar el fallo de segundo grado dentro del proceso ordinario laboral de referencia.
8. Alegó el accionante que, con la decisión judicial objeto de reproche, la autoridad judicial accionada vulneró sus garantías fundamentales, por cuanto, «(…) desconoce que la Corte Constitucional, en Sentencia T-581 de 2011, describió el defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.»1
9. Por otra parte, indicó que Ecopetrol S.A. promovió un proceso especial de levantamiento de fuero sindical en su contra, el cual cursó en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barrancabermeja quien, mediante proveído del 12 de agosto de 2022, declaró «probada la justa causa alegada y autorizó despedir del demandado». Tal determinación fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en fallo del 22 de noviembre de 2022.
10. Acude a la vía constitucional para que sean amparadas las garantías constitucionales alegadas, y solicita frente a los accionados y vinculados:
«(…) Ordenar a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la sentencia, emita una nueva sentencia en la cual observe el precedente de la Corte Constitucional, en relación con el principio de favorabilidad y su aplicación para la interpretación de convenciones colectivas, de conformidad con los lineamientos expuestos las Sentencias SU-267 de 2019 y SU-027 de 2021, y recientemente en la Sentencia SU-022 de 2023.
(…) Declarar ineficaz el despido realizado por la Empresa ECOPETROL S.A., quien desconoció que dentro del presente asunto, resultan de obligatorio acatamiento las disposiciones contenidas en el numeral 14 del artículo 7 del Decreto 2351 de 1965, y en la jurisprudencia constitucional, concretamente la sentencia C-1443 de 2000, que prohíben “dar por terminado el contrato de trabajo, de forma unilateral, por justa causa, si previamente al reconocimiento de la pensión de jubilación, omitió consultar al trabajador si deseaba hacer uso de la facultad prevista en el artículo 33, parágrafo 3, de la ley 100 de 1993…”.
(…) Se amparen los derechos fundamentes que encuentre vulnerados en el presente trámite, atendiendo la Facultades Ultra y Extra Petita, que ostenta el juez Constitucional.»2
III. TRÁMITE Y RESPUESTAS DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS Y VINCULADOS
11. Mediante auto de 13 de julio de 2023, esta Sala avocó el conocimiento y ordenó correr traslado de la demanda a los accionados y demás vinculados, a efectos de garantizar su derecho de defensa y contradicción.
12. Avocado el conocimiento del asunto y examinados los medios de convicción allegados al trámite constitucional, mediante fallo STP7337-2023 del 26 de julio de la anualidad, esta Sala negó la tutela.
13. Impugnado el fallo y concedida la alzada, con auto ATC974-2023, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dispuso la nulidad de la sentencia proferida por esta autoridad, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los términos del inciso 2º del artículo 138 del Código General del Proceso; en razón a que, en su criterio, debían ser vinculados «la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barrancabermeja, así como a los demás intervinientes en la acción de levantamiento de fuero sindical rad. n.° 2022-00161». Por consiguiente, ordenó declarar la nulidad de la sentencia y vincularlos.
14. Esta Sala avocó nuevamente el conocimiento del asunto y ordenó a la Secretaría correr traslado de la demanda a «la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barrancabermeja, así como a los demás intervinientes en la acción de levantamiento de fuero sindical rad. n.° 2022-00161»; lo que comunicó al demandante, accionado y vinculados, a fin de garantizar sus derechos de defensa y contradicción.
15. El Magistrado Ponente de la Sala de Casación Laboral de esta Corporación manifestó que mediante providencia CSJ SL1070-2023, se resolvió no casar la sentencia proferida en segundo grado dentro del proceso ordinario laboral 2018-00044; providencia en la cual, se consignaron los motivos de la decisión.
15.1. Resaltó que, el proveído emitido no fue caprichoso, y aunque se pueda disentir del mismo, no implica la transgresión de los derechos fundamentales de la parte accionante si lo dispuesto se ajusta al ordenamiento jurídico, como efectivamente sucedió.
16. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barrancabermeja realizó un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso de levantamiento de fuero sindical 2022-00161, e indicó que «las irregularidades que manifiesta el accionante, se llevaron a cabo al interior de ECOPETROL S.A. y LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, y que pudieron incidir en la sentencia dictada por este Juzgado, son desconocidas por la suscrita, máxime si se tiene en cuenta que no fueron alegadas por la defensa.»
17. Leonardo Antonio Arias Martínez, quien fungió como apoderado de Ecopetrol S.A. dentro del proceso especial de fuero sindical, se opuso a los argumentos y pretensiones del accionante, por cuanto «(…) la cuestión planteada por la parte actora a través de la acción de tutela, fue debidamente analizada y resuelta al interior del respectivo asunto, sin que se observe que los Juzgados y Tribunales accionados hubiesen actuado de manera arbitraria o caprichosa, pues así lo deja entrever las consideraciones que soportan las decisiones ahora reprochadas, son razonables y ajustadas a las normas y pruebas oportunamente incorporadas al expediente.»
18. Liliana Trinidad Rojas Núñez, quien fungió como apoderada del accionante dentro del proceso especial, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva, y aseveró que «no cono[ce] mayor información sobre la actuación posterior a dicho fallo de levantamiento de fuero sindical por parte del Juzgado 18 Laboral Circuito de Bogotá.»
19. El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá realizó un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario laboral de referencia3.
20. Ecopetrol S.A. solicitó que se declare la improcedencia del presente amparo invocado, por cuanto no se ha materializado ningún vicio, defecto o vulneración de derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial accionada.
20.1. Agregó que pretende la parte actora convertir la acción de tutela en una tercera instancia, para debatir temas finiquitados4.
21. Óscar José Dueñas Ruíz, quien fungió como apoderado del accionante dentro del proceso ordinario laboral, coadyuvó los argumentos y pretensiones de la demanda constitucional5.
22. Colpensiones y el Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación solicitaron su desvinculación del presente trámite constitucional, por falta de legitimación en la causa por pasiva6.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
23. De conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, y el artículo 44 del Reglamento General de esta Corporación, esta Sala es competente para resolver la acción de tutela interpuesta por BLADIMIR MATEUS ALMENDRALES contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
24. Dispone el artículo 86 de la Constitución Política, y así lo reitera el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que la ley contempla; amparo que solo procederá si el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
25. En atención a la pretensión formulada por la accionante, es necesario acotar que la acción de tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales; y su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad (generales y específicos), que implican una carga para el demandante, tanto en su planteamiento, como en su demostración.
25.1. Los primeros se concretan a que: i) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; iii) se cumpla el requisito de la inmediatez; iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) el accionante identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y; vi) no se trate de sentencias de tutela7.
26. Por el contrario, cuando lo único que se pretende es insistir en puntos que ya fueron planteados ante los jueces ordinarios, con el ánimo de que el juez de tutela aborde nuevamente el debate, la acción resulta improcedente.
27. Análisis del caso concreto:
27.1. La presente acción de tutela se centra en un punto principal: determinar si con la decisión emitida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual no casó la sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral 2018-00044, se configuran los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en consecuencia, debe concederse el amparo invocado por BLADIMIR MATEUS ALMENDRALES.
27.2. Como bien lo refiere el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tiene la potestad de promover acción de tutela con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.
27.3. Con el fin de atender la queja constitucional propuesta, importa precisar que la jurisprudencia constitucional ha señalado que el amparo, cuando se propone contra decisiones judiciales, se torna excepcional, toda vez que lejos está de ser una instancia adicional a la cual se pueda acudir con el fin de derruir sus efectos, salvo que concurra una vía de hecho, criterio que se ha venido desarrollando por las causales específicas de procedibilidad.
27.4. En tal virtud se han fijado una serie de pautas con las cuales se restringe el uso y el abuso del mecanismo constitucional, de manera que quien acuda a él realmente lo emplee como el último recurso a su alcance, pues de lo contrario se atenta contra la estructura de las jurisdicciones y procedimientos que previamente han sido fijados, resaltándose así la naturaleza residual y subsidiaria de la acción.
27.5. En ese sentido, tal como se expuso previamente, la acción de tutela contra decisiones judiciales presupone la concurrencia de unos requisitos de procedibilidad que consientan su interposición: genéricos y específicos, esto con la finalidad de evitar que la misma se convierta en un instrumento para discutir la disparidad de criterios entre los sujetos procesales y la autoridad accionada y contrariar su esencia, que no es distinta a denunciar la transgresión de los derechos fundamentales.
27.6. En ese orden, la parte interesada debe demostrar de manera clara cuál es la irregularidad grave en la que incurrió el funcionario judicial, cuál es el efecto decisivo o determinante en la decisión que se impugna y cómo afecta sus derechos fundamentales. No basta con aducir cualquier anomalía o desacierto dentro del proceso para que por vía de amparo pueda revisarse la actuación de un funcionario judicial, en tanto que el juez constitucional no es una instancia adicional revisora de la actuación ordinaria.
27.7. En otros términos, es factible acudir a la tutela frente a una irrazonable decisión judicial. Y el error de la autoridad debe ser flagrante y manifiesto, pues no puede el juez constitucional convertirse en un escenario supletorio de la actuación valorativa propia del juez que conoce el proceso. Ello desconocería su competencia y autonomía.
27.8. Con fundamento en la demanda de tutela y los demás elementos de convicción que reposan al interior del expediente constitucional, la Sala estudiará la procedencia de la presente solicitud de amparo en contra de providencia judicial.
27.9. Como primera medida, resulta incuestionable que se está frente a un asunto de relevancia constitucional, pues se trata de analizar si la autoridad judicial accionada vulneró, o no, los derechos fundamentales de la parte actora, al no casar el fallo de segunda instancia dentro del proceso de referencia.
27.11. También se encuentra satisfecho el requisito de la inmediatez, ya que la decisión objeto de cuestionamiento data del 1º de marzo de 2023.
27.12. Igualmente, se determinó que la parte actora identificó de forma razonable, tanto los hechos que originaron la vulneración denunciada como los derechos fundamentales que estima afectados, lo que permite establecer que el defecto denunciado, de ser existente, sería de gran relevancia e impactaría de manera determinante en las resultas de la actuación valorada, la cual, dicho sea de paso, no corresponde a otro trámite de tutela.
27.13. En el presente asunto, la última de las decisiones censuradas por la parte accionante, es la proferida por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación que, al decidir el recurso extraordinario de casación interpuesto por, entre otros, el señor MATEUS ALMENDRALES dentro del proceso de referencia, resolvió no casar la sentencia del 30 de octubre de 2020 emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá; falló, así, en contra de las pretensiones de los demandantes.
27.14. Luego de examinar las pruebas obrantes en el expediente, la Sala considera que la presente solicitud de amparo debe ser denegada, debido a que no existe una vulneración a los derechos fundamentales de la parte actora, dentro del proceso ordinario laboral 2018-00044 que pueda endilgársele a la accionada.
27.15. Esta Sala en su condición de juez de tutela de primera instancia revisó el expediente y encontró que la petición de amparo no prospera por cuanto lo que busca la parte accionante es que, por vía de tutela, se sustituya la apreciación del análisis que al efecto hicieron los jueces designados por el legislador para tomar la decisión correspondiente.
27.16. Siendo así, resulta improcedente fundamentar la queja constitucional en las discrepancias de criterio de la parte accionante frente a las interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por los jueces naturales dentro del proceso ordinario laboral 2018-00044, para que se impartan unos trámites sobre asuntos donde las autoridades judiciales actuaron dentro del marco de autonomía e independencia que le han sido otorgadas por la Constitución y la ley.
27.17. A partir de las alegaciones presentadas por la accionante, la Sala reitera que el fundamento de su solicitud de amparo es el desacuerdo con la determinación adoptada por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, que acertadamente no casó la sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral de referencia, con fundamento en el siguiente argumento principal:
«(…) los recurrentes parten de una premisa errada frente al derecho adquirido, pues están considerando que el alcance del mismo es que se mantiene inmodificable en el tiempo su exclusión del sistema general de pensiones y, por esta vía, que en la actualidad sus condiciones para acceder a una prestación de esta naturaleza son las deprecadas en la demanda, esto es, conforme la norma convencional. Y es que con relación al derecho adquirido valga la pena traer a colación la sentencia CSJ SL, del 17 mar.1977 -Acta 10-, y utilizada por la Corte Constitucional en sentencia C C-168 de 1995 (…).
En el horizonte trazado, y en los concretos términos del parágrafo segundo transitorio de la aludida reforma constitucional, el régimen de Ecopetrol quedó afectado por la derogatoria que introdujo la reforma del artículo 48 constitucional a los regímenes especiales y exceptuados (Ver fallos CSJ SL5118-2020; CSJ SL1870-2020).
(…)
De suerte que en virtud de la postura mayoritaria de la sala expuesta, para la pervivencia de las reglas de instrumentos convencionales hasta el límite temporal de la norma constitucional-31 de julio de 2010-, debían ser suscritos con anterioridad a la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, es decir, 29 de julio de este año, con ello se resalta que los instrumentos colectivos a los que alude la censura, posteriores a tal data no mantuvieron su eficacia; ello es así como efectivamente lo es, por cuanto a partir de ese momento, no se podían establecer condiciones diferentes a las previstas en el sistema general de pensiones, por lo que cualquier acuerdo en tal sentido es inane y no produce efecto alguno.
Aquí y ahora, vale la pena memorar que, contrario al error que se endilga al fallador de segunda instancia, este no desconoce la existencia de convenciones colectivas suscritas entre la empresa demandada y la organización sindical USO, ni que las mismas contienen cláusulas relativas a la jubilación; lo que señaló fue que la vigencia de las mismas estaba condicionada a lo estatuido en el Acto Legislativo 01 de 2005; tampoco soslayó que los actores eran beneficiarios de lo consagrado en los textos colectivos suscritos por el sindicato, como se desprende de manera textual de la providencia cuestionada, pues definió que los accionantes «no reunieron los requisitos establecidos en la convención antes del 31 de julio de 2010», es decir, dentro del interregno que contempla la adenda constitucional.
En ese sendero, en el caso bajo estudio, el único instrumento con vocación de mantener la aplicación de sus efectos una vez expedida la reforma constitucional en comento, es precisamente la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera, 2001 -2002 (f°. 226-284) con el respectivo laudo arbitral del año 2003 (f° 186-226) cuya vigencia se pactó en 2 años y no resulta menor que, tal como aceptan los actores en el sustento fáctico de la demanda, en el año 2006, se suscribió un nuevo instrumento convencional (f.° 285-336) y, conforme se evidencia del depósito la convención efectuado de este instrumento al otrora Ministerio de la Protección Social se lee que su vigencia es de 3 años «contados a partir del 9 de junio de 2006», momento desde el cual empezó a producir efectos y si bien, el nuevo acuerdo y otros posteriores (f.° 337-508) a él contemplaban la prestación pensional extralegal, ésta ya estaba supeditada al Acto Legislativo 01 de 2005, esto es, que a partir de su vigencia «no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las leyes del Sistema General de Pensiones» (pár. 2, art. 1o).
Entonces, surge cristalino que, los demandantes no tenían un derecho adquirido, pues no cumplieron los requisitos contemplados en la convención colectiva de trabajo durante su vigencia; por lo que no era viable pactar con posterioridad a la reforma constitucional, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en el sistema general y, en todo caso, cualquiera que se hubiera pactado con anterioridad perdió vigencia el 31 de julio de 2010, según las claras voces del parágrafo transitorio 3 del multicitado acto legislativo.» (Folios 31-33)
27.18. Ahora bien, la circunstancia anteriormente expuesta no configura un requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
27.19. La simple disconformidad o desacuerdo con el contenido de una decisión, no habilita la interposición de la acción de tutela porque es un mecanismo excepcional, el cual no fue diseñado como una instancia adicional.
27.20. Aunado al anterior razonamiento, si bien el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barrancabermeja y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga no fueron accionados directos en la presente demanda constitucional, se advierte que existe un reproche frente a los fallos emitidos al interior del proceso especial de levantamiento de fuero sindical 2022-00161; no obstante, tampoco se evidencia frente a los mismos, una vía de hecho o la configuración de alguna de las causales específicas de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales. Es así, porque el accionante pretende reproducir en sede constitucional el debate propuesto por Ecopetrol S.A. y las inconformidades ventiladas en el proceso de referencia, sobre las cuales las autoridades judiciales correspondientes tuvieron la oportunidad de pronunciarse.
27.21. Por ello, la Sala considera que la intención del actor no es otra que, so pretexto de la vulneración de los derechos de orden superior, reabrir un debate ya finiquitado dentro del respectivo diligenciamiento y por las autoridades judiciales competentes.
27.22. Así, de la lectura de la última de las decisiones atacadas en el proceso especial de levantamiento de fuero sindical, se evidencia que el Tribunal de Bucaramanga resolvió el asunto sometido a su consideración de manera razonable, justificada en las pruebas obrantes en el proceso, en la normatividad y el precedente sobre la materia, a través de las cuales concluyó que: «(…) acertó la primera vara, al declarar acreditada la causal de terminación del contrato de trabajo, prevista en el parágrafo 3o del art. 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 9o de la Ley 797 de 2003, máxime cuando, al demandado se le reconoció de pretérito, pensión de vejez, y se supeditó su inclusión en nómina al retiro del servicio, con el agravante que, el trabajador no es destinatario de la prerrogativa contenida en el art. 1 de la Ley 1821 de 2016.» (Folio 10)
27.23. Así las cosas, al constatar que las determinaciones aquí cuestionadas fueron adoptadas de manera razonable y están justificadas en las pruebas obrantes en los procesos de referencia, la Sala concluye que debe negarse el amparo incoado.
27.24. Es menester resaltar a la parte accionante que, dentro de la autonomía que se garantiza y reconoce a los funcionarios judiciales, está la de interpretar las normas para resolver el caso concreto, y esa labor permite que la comprensión que lleguen a tener distintos jueces sobre una misma norma sea diversa, y que unas interpretaciones sean mejor recibidas que otras. De manera que la razonabilidad de la argumentación presentada resulta relevante al momento de hacer la valoración respectiva.
27.25. No puede la parte accionante, pretender que, en sede de tutela, se impartan decisiones diferentes a las admitidas dentro del proceso, cuando se evidencia que las autoridades judiciales accionadas actuaron en derecho, y la acción de amparo constitucional, solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural en los procesos ordinario laboral y especial de referencia.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
V. RESUELVE:
PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por BLADIMIR MATEUS ALMENDRALES, por las razones expuestas.
SEGUNDO. NOTIFICAR a los sujetos procesales por el medio más expedito el presente fallo, informándoles que puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes, contados a partir de su notificación.
TERCERO. Si no fuere impugnado, envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FERNANDO LEON BOLAÑOS PALACIOS
JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO
Secretaria
1 Expediente digital: “002Expediente_remitido.pdf”, folio 7.
2 Expediente digital: “002Expediente_remitido.pdf”, folio 11.
3 Respuesta emitida en trámite anterior.
4 Respuesta emitida en trámite anterior.
5 Respuesta emitida en trámite anterior.
6 Respuesta emitida en trámite anterior.
7 CC C-590/05; T-780/06; T-332/12 -entre otras.