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GERSON CHAVERRA CASTRO
Magistrado Ponente
STP8778-2023
Radicación n° 132154
Acta No 149
Bogotá, D.C., tres (03) de agosto de dos mil veintitrés (2023).
ASUNTO
Se pronuncia la Sala en relación con la acción de tutela promovida por Porfirio Riveros Gutiérrez, en contra de la Sala de Casación Laboral, División de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y los señores Dagoberto Ortegón y Garzón y Yezid Navarro Cartagena, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y buena fe.
Al trámite fueron vinculadas las Fiscalías 163 y 206 Locales de Bogotá, la Dirección Seccional de Fiscalías de igual ciudad, así como las partes intervinientes dentro del proceso laboral seguido con el radicado 73268310500120190012701.
LA DEMANDA
Expone el accionante que, desde hace 27 años, ejerce exclusivamente su labor profesional como abogado, representando al personal docente del sector público, promoviendo demandas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Señala que, mediante radicado No. 73268310500120190012701 se adelantó proceso ordinario laboral que promovió Dagoberto Ortegón Garzón contra Yezid Navarro Cartagena, el cual se adelantó en primera instancia en el Juzgado Laboral del Circuito de Espinal y en segunda, ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, actuación en la que se accedieron a las pretensiones del trabajador.
Detalla que si bien, al interior de dicho expediente aparece Porfirio Riveros Gutiérrez como apoderado del demandado, Yesid Navarro Cartagena, lo cierto es que su nombre fue utilizado falsamente y sin su consentimiento, pues nunca lo ha representado ni intervenido en dicho trámite, máxime que se trata de un lugar del país en donde no ejerce su rol de abogado.
Particularmente, refiere que en dicha actuación se promovió demanda de revisión, que fue objeto de rechazo por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto CSJ AL074-2023 del 19 de enero de 2022, en el que, además, impuso multa en contra del abogado Porfirio Riveros Gutiérrez, bajo la creencia errada de haber sido apoderado de la parte recurrente en revisión, es decir de Yesid Navarro Cartagena.
A raíz de esta determinación, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el 26 de mayo de 2022, libró mandamiento de pago en su contra, del cual se enteró el 9 de septiembre de la misma anualidad, cuando consultó el módulo de procesos de cobro coactivo en la página web de la Rama Judicial.
Al conocer la anterior irregularidad, el 13 de septiembre de 2022, interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, actuación a la que se le asignó el radicado No. 25377600066420220018700, asignada a la Fiscalía 206 Local de Bogotá, respecto de la cual el demandante no menciona qué actuaciones se han surtido al interior de dicho trámite.
Al igual, en la misma fecha acudió ante la Sala de Casación Laboral a efectos de solicitar la nulidad de la multa impuesta en su contra, petición que le fue rechazada en auto AL1578-2023 del 1º de marzo de 2023, con fundamento en que concurre presunción de legalidad del poder otorgado el 5 de agosto de 2021, por Yesid Navarro Cartagena ante la Notaría Segunda de Espinal, Tolima, no obstante, ordenó remitir copias con destino a la Fiscalía General de la Nación a efectos de que investigue la posible suplantación del abogado.
Ahora, mediante la presente acción de tutela el libelista cuestiona las determinaciones adoptadas por la Sala de Casación Laboral, el 19 de enero de 2022 y 1º de marzo de 2023, en las que impuso la multa en contra de él, como representante judicial, y la que no accedió a la declaratoria de la nulidad de la anterior providencia, al considerar que vulneran sus derechos fundamentales.
Consecuencia de ello, peticiona que se ordene a la Corporación accionada que emita una nueva decisión en la que se indique que no es merecedor de multa alguna.
RESPUESTAS
1. El Juez Laboral del Circuito de Espinal, Tolima, se limitó a indicar que al interior del proceso laboral aparecía el nombre del abogado Porfirio Riveros Gutiérrez como apoderado de Yesid Navarro Cartagena, sin que se observara ningún desconocimiento de las garantías superiores reclamadas por el demandante, las cuales se circunscribían exclusivamente a las desplegadas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Conforme lo anterior, solicitó que se denegara la acción de tutela en relación con el despacho judicial que representa.
2. El Magistrado ponente de la Sala de Casación Laboral detalló que dicha Corporación no ha incurrido en ninguna irregularidad con la emisión del auto CSJ AL074-2022 del 19 de enero, mediante el cual se rechazó la demanda de revisión y se impuso multa al abogado de la parte recurrente, por la suma de $4.542.630, equivalente a cinco (5) veces el salario mínimo legal mensual vigente, pues así lo establecía el artículo 34 de la Ley 712 de 2001.
Al igual, refiere que ninguna anomalía se extrae de la decisión adoptada en auto AL1578-2023 del 1º de marzo de 2023, en la que no se accedió a la solicitud de nulidad pues no se estructuraba ninguna causal que ameritara dicho pronunciamiento, pues lo cierto es que en la actuación cuestionada «quien intervino como apoderado del recurrente aportó poder con la debida presentación personal del representado, de tal manera que no era dable para la Sala requerir otra prueba adicional» para establecer su validez.
No obstante, lo anterior, agregó que debe tenerse en cuenta que se cuestiona una decisión judicial que se emitió el 19 de enero de 2022, notificada por estado el 21 del mismo mes y año, lo que significa que, en el presente caso, no se cumple con el presupuesto de la inmediatez que caracteriza a la acción de tutela, al superarse el término prudencial de seis meses para promover la demanda de amparo.
Finalmente, señaló que, por similares hechos, el mismo accionante promovió acción de tutela que fue conocida por la Sala de Casación Penal en fallo STP3208-2023 del 21 de febrero de 2023.
3. La Fiscal 206 Local de Bogotá se limitó a informar que, revisado el sistema de consulta de procesos de la Fiscalía General de la Nación, la indagación seguida con el radicado 25377600664202200187 no corresponde a la denuncia promovida por Porfirio Riveros Gutiérrez.
4. La Fiscal 163 Local de Bogotá refirió que le fue asignada la denuncia penal promovida por el accionante, seguida con el radicado número 253776000664202200186, no obstante, al percatarse que las posibles conductas a investigar son las de fraude procesal y falsedad en documento privado, procedió inmediatamente a remitirla a la Unidad correspondiente para que adelante su trámite.
Finalmente, aseveró que tan pronto se tenga conocimiento de la Fiscalía que conozca el caso, se informará al denunciante, al tiempo que deja constancia que «durante este lapso la víctima no ha comparecido a solicitar información sobre su proceso».
CONSIDERACIONES
1. De conformidad con lo establecido en Decreto 333 de 2021, concordante con el artículo 44 del Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal de esta Corporación es competente para resolver la presente demanda de tutela.
2. Según lo establece el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona ostenta la facultad para promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.
3. En el asunto sub examine, son dos los problemas jurídicos a resolver:
i. Establecer si concurre temeridad de la presente acción de tutela con respecto a la fallada por esta Corporación en providencia CSJ STP3208-2023, rad. 128672, 21 feb. 2023 (Rad. 11001020400020230019600), como lo deja entrever la accionada Sala de Casación Laboral de esta Corporación.
ii. Superado ello, determinar si la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia vulneró los derechos fundamentales del demandante al emitir las providencias AL074-2022 del 19 de enero y AL1578-2023 del 1º de marzo, al interior del recurso de revisión seguido bajo el radicado No. 73268310500120190012701.
4. De la temeridad.
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 señala que, «Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.»
Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia T-089 de 2019, explicó que:
«La temeridad consiste en la interposición injustificada de tutelas idénticas respecto de las mismas (i) partes, (ii) hechos y (iii) objeto, haciendo un uso abusivo e indebido de esa herramienta constitucional. Su prohibición busca garantizar el principio constitucional de buena fe y, a su vez, la eficiencia y prontitud en el funcionamiento del Estado y de la administración de justicia. Sin embargo, “la conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y no puede ser inferida de la simple improcedencia de la tutela o revisando circunstancias meramente formales. Tal conducta requiere de un examen minucioso de la pretensión de amparo, de los hechos en que se funda y del acervo probatorio que repose en el proceso”1.
En virtud de lo anterior, esta Corte ha señalado que, el juez constitucional deberá analizar cada caso desde lo material y no solo ceñirse a lo formal, toda vez que en el detalle de las circunstancias fácticas puede estar la razón por la que el accionante se encuentre presentando una nueva acción de tutela. De manera que la autoridad judicial podrá pronunciarse nuevamente cuando se evidencie alguna de las siguientes hipótesis: “(i) la persistencia de la vulneración de derechos que se solicitan sean amparados; (ii) el asesoramiento errado de los abogados para la presentación de varias demandas; (iii) el surgimiento de nuevas circunstancias fácticas o/y jurídicas; o (iv) la inexistencia de una decisión de fondo en el proceso anterior”2. (Negrilla fuera de texto)
Ahora bien, la cosa juzgada se configura cuando existe la triple identidad mencionada, es decir, de partes, hechos y pretensiones, sin que se evidencie la configuración del elemento subjetivo que es la intención de buscar engañar a las autoridades judiciales y abusar del ejercicio de la acción de tutela. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que un fallo de tutela hace tránsito a cosa juzgada, en el evento en que esta Corporación se pronuncia sobre una determinada acción de tutela ya sea mediante fallo o a través del auto de selección que notifica la no selección de la misma. Lo anterior, de conformidad con el artículo 243 de la Constitución Política de Colombia3. La figura de cosa juzgada constitucional prohíbe «(…) que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, pues ello desconocería la seguridad jurídica que brinda este principio de cierre del sistema jurídico»4.
Conforme lo expuesto, es posible concluir que dentro del curso de una acción de tutela se puede configurar la cosa juzgada constitucional y/o la temeridad, cuyo punto de convergencia de las dos instituciones procesales es la presencia de identidad de partes, hechos (causa) y pretensiones (objeto), diferenciándose únicamente en que para la configuración de la temeridad se requiere la falta de justificación razonable y objetiva en la existencia de múltiples demandas de tutela5.
4.1. Del caso concreto y la inexistencia de una acción temeraria.
De acuerdo con la información recaudada al interior del presente trámite constitucional se sabe que, en pretérita ocasión, el demandante en tutela promovió otra acción constitucional en contra de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual se identificó con el radicado interno de la Corte 128672, en donde se plasmaron los hechos relevantes y pretensiones de la siguiente manera:
1. En proveído CSJ AL074 del 19 de enero de 2022, dentro del radicado No. 73268310500120190012701, la Sala de Casación Laboral de esta Corte rechazó, por improcedente, el recurso extraordinario de revisión interpuesto por PORFIRIO RIVEROS GUTIÉRREZ como apoderado de Yezid Navarro Cartagena. Además, al abogado le impuso multa de $4’542.630, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 712 de 2001.
2. En cumplimiento de la decisión, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dio inicio al proceso de cobro coactivo No. 110010709000020220015500 en contra de PORFIRIO RIVEROS GUTIÉRREZ, en el que, con oficio del 9 de mayo de 2022, le comunicó el cobro persuasivo y el 26 siguiente libró en su contra mandamiento de pago.
3. Con memorial del 13 de septiembre de 2022, PORFIRIO RIVEROS GUTIÉRREZ solicitó a la Sala de Casación Laboral la nulidad de la multa que le fue impuesta bajo el supuesto que no fue representante judicial de Yezid Navarro Cartagena en el referido proceso laboral.
3. El 4 de noviembre de 2022 envió un correo electrónico a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en el que manifestó “adjunto a la presente una propuesta de excepción de mérito, en el cobro coactivo de la Rama, para que se analice y no se incurra en una justicia, hasta tanto se resuelva por parte de la Corte lo pedido”, y anexó la solicitud de nulidad que elevó a la Corte.
4. Mediante resolución DEAJGCC22-8872 del 9 de diciembre de 2022, la Dirección rechazó la excepción propuesta.
5. PORFIRIO RIVEROS GUTIÉRREZ acude a la acción de amparo constitucional, como mecanismo transitorio, tras estimar vulnerados sus derechos constitucionales con ocasión a la multa que le fue impuesta por la Sala de Casación Laboral de la Corte y el proceso de cobro coactivo que se adelanta en su contra.
Insiste que en el proceso laboral en el cual le fue impuesta la multa, fueron suplantados su nombre, datos y firma, pues jamás ha fungido como apoderado del ciudadano Yezid Navarro Cartagena, hecho que denunció el 12 de septiembre de 2022 a la Fiscalía General de la Nación.
Considera que el proceso de cobro coactivo le causa un perjuicio irremediable, con ocasión de los intereses generados y el posible decreto de medidas cautelares con las que vería afectado su patrimonio, de tal suerte que, insiste, dicho trámite debe suspenderse hasta tanto la Sala de Casación Laboral resuelva el incidente de nulidad.
Pretende, en consecuencia, que en amparo de sus derechos fundamentales se ordene a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la suspensión del proceso de cobro coactivo, mientras la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resuelve el incidente de nulidad.
Como se observa, si bien la anterior acción constitucional está dirigida ante idénticas autoridades y se refiere a las supuestas irregularidades en la falsificación del poder y suplantación de su nombre al interior de la actuación laboral, en dicha oportunidad cuestionó, puntualmente, el procedimiento de cobro coactivo que adelanta la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, así como la demora, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en resolver el incidente de nulidad que promovió contra del auto AL074-2022, de allí que los problemas jurídicos a elucidar se precisaron así:
[Establecer] la viabilidad de la acción de tutela para cuestionar la resolución por medio de la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial rechazó la excepción propuesta por PORFIRIO RIVEROS GUTIÉRREZ tendiente a que se suspendiera el proceso de cobro coactivo que se tramita en su contra, o si contrario a ello, la misma resulta improcedente por tener el actor a su disposición otros mecanismos de defensa para obtener el pronunciamiento que por esta vía pretende y de los cuales no ha hecho uso.
[y] Si la Sala de Casación Laboral de esta Corte vulnera los derechos fundamentales del actor, al no resolver el incidente de nulidad que elevó en relación con la multa que le fue impuesta.»
Cabe recordar que, en dicha sentencia de tutela, esta Corporación determinó que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir el trámite del cobro coactivo ante la posibilidad de acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, en segundo lugar, que no se evidenciaba una mora judicial injustificada ante la falta de respuesta a la solicitud de nulidad.
5. De la acción de tutela contra las decisiones de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, identificadas como CSJ AL074-2022 del 19 de enero y AL1578-2023 del 1º de marzo, proferidas al interior del recurso de revisión radicado No. 73268310500120190012701.
5.1. Inicialmente se debe reiterar que la jurisprudencia constitucional ha señalado que cuando se propone la acción de tutela contra decisiones judiciales esta se torna excepcional pues está ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad: unos genéricos y otros de carácter específicos.
Los primeros hacen referencia a:
a) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;
b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable;
c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, el cual impone que la tutela se haya promovido en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración;
d) que cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora;
e) que la parte accionante identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y
f) que no se trate de sentencias de tutela.
Por su parte, las causales específicas implican la demostración de, por lo menos, uno de los siguientes vicios:
a) Defecto orgánico: falta de competencia del funcionario judicial;
b) defecto procedimental absoluto: desconocer el procedimiento legal establecido;
c) defecto fáctico: que la decisión carezca de fundamentación probatoria;
d) defecto material o sustantivo: aplicar normas inexistentes o inconstitucionales;
e) error inducido: que la decisión judicial se haya adoptado con base en el engaño de un tercero;
f) decisión sin motivación: ausencia de fundamentos fácticos y jurídicos en la providencia;
g) desconocimiento del precedente: apartarse de los criterios de interpretación de los derechos definidos por la Corte Constitucional, y
h) violación directa de la Constitución.
5.2. Aplicados los anteriores derroteros al caso sub examine, surge concluir que se cumplen a cabalidad los presupuestos de orden general, pues no se ofrece a duda que se está frente a un asunto de relevancia constitucional, ya que se trata de analizar si la Sala de Casación Laboral efectivamente incurrió en algún defecto al dictar las providencias del 19 de enero de 2022 y 1º de marzo de 2023, en la que rechazó el recurso extraordinario de revisión e impuso multa en contra del abogado de la parte recurrente, así como la que no accedió a la declaratoria de nulidad de la anterior determinación.
Se corroboró que la parte actora no cuenta con otro medio de defensa distinto al de la acción de tutela, pues el cuestionamiento constitucional se dirige en contra decisiones contra las cuales no procede ningún otro medio de impugnación.
Frente al principio de inmediatez, contrario a lo aseverado por la Sala accionada, tampoco se extrae su incumplimiento, dado que como lo afirma el accionante, el 13 de septiembre de 2022 conoció de la multa impuesta en su contra y seguidamente, promovió nulidad contra la decisión del 19 de enero del mismo año, solicitud que fuere despachada de manera desfavorable en auto del 1º de marzo de 2023, fecha última que permite afirmar que acudió en tutela en un plazo razonable, si en cuenta se tiene que entre ese acto y la presentación de demanda de amparo efectuada el 21 de julio siguiente, no trascurrieron más de 5 meses.
Igualmente se determinó que el accionante identificó de forma razonable, tanto los hechos que originaron la vulneración denunciada como los derechos que estima afectados, lo que permite establecer que el defecto denunciado, de ser existente, sería de gran relevancia e impactaría de manera determinante en las resultas de la actuación valorada, la cual, dicho sea de paso, no corresponde a otro trámite de tutela.
5.3. Ahora, respecto de los presupuestos específicos, contrario al parecer de la libelista, no se verifica la existencia de algún defecto que habilite el amparo anhelado y con ello la intervención del juez constitucional, toda vez que, de la lectura de las providencias dictadas por la Sala de Casación Laboral, con facilidad, se puede apreciar que se resolvió el asunto sometido a su consideración de manera razonada, todo conforme al pormenorizado análisis de los medios de convicción existentes en la actuación.
Pues bien, en primer lugar, con la determinación adoptada en auto CSJ AL074-2023 del 19 de enero de 2022, la máxima Corporación de la Jurisdicción Laboral dejó sentado que:
Así lo ha expuesto esta Sala de forma reiterada, por ejemplo, en providencias CSJ AL3432-2016, CSJ AL1873-2019, CSJ AL413-2021, CSJ AL1053-2021 y CS AL5291-2021, entre otras.
En ese orden, es evidente que en el sub lite el peticionario sustenta el recurso extraordinario de revisión en la causal 8.º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, hoy causal 8° del artículo 355 del Código General del Proceso que, como se advirtió, resulta totalmente desacertado, pues, se itera, las causales en que se fundamenta tal medio de impugnación se encuentran inmersas en la legislación laboral que le es propia.
Por consiguiente, al fundarse el recurso de revisión en causales ajenas de las mencionadas deberá rechazarse por improcedente y, en consecuencia, en los términos del artículo 34 de la Ley 712 de 2001, se impondrá una multa al procurador judicial del demandante, equivalente a cinco (5) veces el salario mínimo legal mensual vigente.
Como se puede entender, en el presente caso, la imposición de la multa tuvo como fundamento el que se promovió recurso extraordinario de revisión bajo una causal abiertamente improcedente regulada en el Código General del Proceso, compendio normativo que no es aplicable en los conflictos de naturaleza laboral en punto al planteamiento de nulidades, por lo que resultó viable disponer su rechazo y consecuencialmente aplicar la multa que consagraba el artículo 34 de la Ley 712 de 2001, vigente para el momento de su imposición.
Al igual, no puede pasarse por alto que dicha carga pecuniaria se dirigió contra el apoderado promotor que se registraba al interior de la actuación judicial, que no es otro que el abogado Porfirio Riveros Gutiérrez, e independientemente que en la presente demanda de tutela alegue que fue suplantado y falsificado el poder para actuar, este es un acontecimiento que no era posible de verificar por la máxima Corporación de la jurisdicción ordinaria laboral al momento de emitir la referida providencia, pues, resáltese, que el mandato fue otorgado mediante presentación personal, del 5 de agosto de 2021, ante la Notaria Segunda de Espinal, Tolima, y suscrito por quien adujo ser “Porfirio Riveros Gutiérrez” al aceptarlo, documento que se presume legal y auténtico, mientras no se determine probatoria y judicialmente lo contrario.
Ahora bien, como es sabido, en contra de la anterior determinación, el abogado Porfirio Riveros Gutiérrez promovió solicitud de nulidad que fuere atendido en providencia AL1578-2023 del 1º de marzo de 2023, así:
[…] el memorialista fundamenta su petición en el artículo 134 del Código General del Proceso, que hace referencia a la oportunidad y trámite de las nulidades, pero omite invocar de forma expresa alguna de las causales contempladas en el artículo 133 ibidem, lo que de plano es razón suficiente para el rechazo de la solicitud.
Por otra parte, señala el solicitante que a pesar de coincidir su nombre, número de cédula y tarjeta profesional con los datos del apoderado que aparece en el poder otorgado por el recurrente Yezid Navarro Cartagena, su identidad fue suplantada, por eso solicita que se realice un estudio grafológico a la firma que aparece estampada en los documentos del proceso, con el fin de demostrar que no es la persona que ha actuado como apoderado judicial del recurrente en aquel o en el mismo recurso de revisión.
Pues bien, para resolver la solicitud así planteada es suficiente decir que el trámite del recurso extraordinario de revisión se surtió conforme a las exigencias legales, pues quien intervino como apoderado del recurrente aportó poder con la debida presentación personal del representado ante el Notario Segundo del Círculo del Espinal Tolima (fl.1), de tal manera que por ello no era dable para la Sala requerir otra prueba de dicho apoderamiento. En consecuencia, en las anteriores circunstancias no se presenta razón suficiente que pueda originar la invalidez total o parcial de la actuación por medio del cual se rechazó por improcedente el recurso extraordinario de revisión y, a la par, se impuso multa a quien aparecía fungiendo como apoderado, el abogado Porfirio Riveros Gutiérrez, ni hay que decirlo, con ello y lo aquí acreditado se pudo vulnerar el derecho de defensa alegado.
Así las cosas, en la situación expuesta no es dable acceder a la solicitud de nulidad procesal propuesta por el solicitante, toda vez que, por una parte, efectivamente no alegó causal alguna de tal naturaleza y por otra, no existió dentro del trámite de la revisión vulneración al debido proceso. Amén de que no es del resorte del proceso laboral o del trámite del mecanismo extraordinario establecer la veracidad de las afirmaciones de quien aquí se ha tenido como apoderado de Yesid Navarro Cartagena.
No obstante, en virtud de las afirmaciones vertidas en la solicitud del memorialista, se dispondrá la expedición de copias de lo actuado con destino a la Fiscalía General de la Nación, para que, conforme a sus competencias, investigue la veracidad de las dichas afirmaciones y las presuntas conductas punibles derivadas de aquellas, además, se ordenará informar sobre lo decidido a la oficina de cobro coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para lo de su competencia.
En similar sentido, no puede considerarse irregular el anterior pronunciamiento judicial, pues la Sala de Casación Laboral, de manera razonable, desestimó la solicitud de nulidad con fundamento en que no se hizo mención, sustentó ni acreditó ninguna de las causales establecidas en el artículo 134 del Código General del Proceso.
Adicional, dicha Corporación adujo que, en otras palabras, no puede considerarse falso el poder otorgado al abogado con la simple manifestación del solicitante, pues estaba respaldado por una autenticación ante notario; así como tampoco resulta procedente a través de dicho mecanismo judicial del procedimiento laboral, efectuar un estudio grafológico a efectos de determinar la veracidad de la información contenida en el documento que el actor tilda como falso.
En efecto, esta Sala constitucional verifica que en el presente evento no existe evidencia o pronunciamiento judicial que determine la falsedad del poder suscrito el 5 de agosto de 2021, suscrito por Yesid Navarro Cartagena ante la Notaría Segunda de Espinal, Tolima, y aceptado por quien afirmó ser el abogado “Porfirio Riveros Gutiérrez”, escenario que impide a la Sala de Casación Laboral atender de manera favorable el requerimiento que elevó el accionante, a efectos de retirar del ordenamiento jurídico la providencia judicial en la que se le impuso la multa.
6. Visto lo anterior, la Sala puede concluir que en el asunto sub judice no se evidencia que los derechos fundamentales del accionante hubieren sido vulnerados, pues como quedó en evidencia, las providencias objeto de cuestionamientos no constituyen una vía de hecho, ya que cuenta con unas valoraciones de orden legal y probatorio que resultan ser razonables y plausibles, a partir de la cuales se explica con suficiencia y claridad los motivos por las cuales la imposición de la multa y la improcedencia de decretar su nulidad resultan consecuentes con el ordenamiento jurídico y con las documentos obrantes al interior de la actuación judicial, que hasta el momento no han sido calificados como falsos.
En ese sentido, lo que se advierte en este caso, es una inconformidad de parte del accionante con la autoridad demandada en tutela, por no haber acogido sus planteamientos y pretensiones, evento que no puede ser concebido como un agravio en contra de sus garantías fundamentales, así como tampoco la habilita para acudir a la acción de tutela con el fin de hacer de ella una instancia adicional en donde, un juez Constitucional, entre a efectuar valoraciones sobre aspectos que ya fueron atendidos y resueltos por lo funcionarios competentes.
En consecuencia, se procederá a negar el amparo deprecado.
7. Finalmente, pese a que no es objeto de escrutinio constitucional el trámite brindado a la denuncia penal que interpuso el quejoso el 13 de septiembre de 2022, se sabe que inicialmente esta fue radicada en la Fiscalía 163 Local de la capital del país, quien informó que el 2 de agosto del año en curso remitió para reasignación el asunto.
Y consultado el sistema SPOA6 de la Fiscalía General de la Nación, se conoció que en la misma calenda se asignó a la Fiscalía Delegada 83 Especializada de la Unidad Fe Pública y Orden Económico, adscrita la Dirección Seccional de Bogotá.
En consecuencia, se exhortará a la Dirección Seccional del Fiscalías de Bogotá, para que por su intermedio, inste al despacho a cargo de la indagación para que adelante con la mayor diligencia la actuación pertinente a fin de identificar si los hechos denunciados existieron y se ajustan a una conducta penal, ello en la medida que la actuación denunciada no reviste mayor complejidad y determinar la materialidad de la falsedad que se indica, en un pronto tiempo, permitiría la oposición efectiva que pretende el acá accionante a la obligación que se ejecuta a través del proceso de cobro coactivo.
Por lo expuesto, la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Sala de Decisión de Tutela No. 3, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero.- NEGAR el amparo constitucional deprecado por Porfirio Riveros Gutiérrez.
Segundo.- Exhortar a la Dirección Seccional del Fiscalías de Bogotá, en los términos indicados en la parte motiva de esta decisión.
Tercero.- De no ser impugnado este fallo ante la Sala de Casación Civil de la Corporación, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo estable el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GERSON CHAVERRA CASTRO
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Sentencia T-1215 de 2003
2 Sentencia T-726 de 2017.
3 Artículo 243 de la Constitución Política de Colombia: “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”.
4 Sentencia T-001 de 2016.
5 CSJ STP7395-2022 y STP10360-2022.
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