Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
GERSON CHAVERRA CASTRO
Magistrado Ponente
STP6646-2023
Radicación n° 130678
Acta No 116
Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023).
ASUNTO
Se pronuncia la Sala en relación con la demanda de tutela presentada por Fabio Serrano Vesga, en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo y la Fiscalía 130 Seccional de Arboletes, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de debido proceso y acceso a la administración de justicia.
Al presente trámite fueron vinculadas las partes e intervinientes dentro del proceso penal radicado 05516000325201800015, al igual que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Apartadó y los sujetos procesales de la acción de habeas corpus radicada 05045310300220230001700.
LA DEMANDA
De lo indicado en la demanda y lo obrante en la actuación constitucional, se establece que en contra de Fabio Serrano Vesga cursa el proceso penal radicado 05516000325201800015, por el delito de actos sexuales abusivos con menor de catorce años agravado en concurso homogéneo y sucesivo, en cuyo marco, el 23 de octubre de 2019 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo, Antioquia, profirió sentencia condenatoria e impuso a aquel la pena de 168 meses de prisión.
En su sentir, en garantía de sus derechos como procesado debía ser absuelto por existir una duda razonable sobre la existencia de los sucesos imputados, el lugar y la fecha en que se ejecutaron, así como acerca de su responsabilidad penal.
Contra dicha decisión su defensa interpuso recurso de apelación, por cuyo motivo la actuación se remitió el 26 de noviembre de 2019 a la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, sin que a la fecha se haya emitido una decisión de fondo.
Desde otro punto de vista, alega que la Fiscalía Seccional de Arboletes sustentó «ante la opinión pública a través de medios periodísticos Como Noticias Caracol, La Chiva de Urabá y otros más la noticia de “Profesor acusado de violación y 14 denuncias más”», lo que consistió en una noticia mal intencionada que causó indignación nacional y ocasionó que fuera maltratado física y verbalmente cuando llegó a ese lugar el 19 de octubre de 2018, lo cual vulneró su derecho a la honra y al buen nombre, dado que se trataron de afirmaciones carentes de pruebas y sin siquiera existir una denuncia.
Corolario de lo expuesto, Fabio Serrano Vesga interpone acción de tutela, buscando con la misma que se deje sin efectos el fallo condenatorio por incurrir en «vías de hecho porque no está ajustado a derecho»; ii. se ordene a la Corporación demandada emita sentencia de segunda instancia; y iii. que se inicie una investigación en contra de la titular de la Fiscalía 130 Seccional de Arboletes, Antioquia.
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS
1. Una Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia señaló que, en efecto, el 19 de noviembre de 2019 le fue asignado al despacho del que es titular el proceso radicado 05516000325201800015, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa del accionante contra la sentencia condenatoria, proferida el 23 de octubre de 2019 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo, recurso que se encuentra pendiente de estudio, pues lo anteceden otros asuntos de la misma naturaleza.
Hizo alusión a que, mediante Acuerdo 1945 de 2023 la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia presentada por el Dr. Plinio Mendieta Pacheco a partir del 10 de abril de 2023 y fue nombrada en su reemplazo, desde esa data.
De igual forma, argumentó que desde que asumió el cargo de magistrada les ha impartido trámite a los asuntos constitucionales y se ha enfocado en dar prioridad a los procesos penales próximos a prescribir y aquellos otros, en los cuales, mediante fallos de tutela se ha ordenado al Despacho proferir la sentencia. En ese orden, resaltó que ha evacuado 34 procesos penales, entre sentencias y autos interlocutorios de segunda instancia1.
Indicó que por el alto volumen de expedientes a cargo del despacho para el último semestre de 2022 (280), el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PCSJA22-12025 de 14 de diciembre de 2022 ordenó la redistribución de 150 procesos entre los trece despachos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín y dos despachos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia. Para tal efecto, según dicho acto administrativo, los procesos de trámite ordinario deben remitirse gradualmente, esto es, 15 procesos de forma mensual, todo lo cual, se comenzó a implementar el 1º de febrero de 2023 (para autos interlocutorios) y 1º de abril del mismo año (para sentencias penales).
En esa línea, anotó que el caso de esta tutela «se encuentra dentro del listado de aquellos que componen el último envío programado para el mes de noviembre de 2023, para que sea sometido a reparto dentro de los Despachos de Descongestión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo PCSJA22- 12025», lo que indica que la tutela es improcedente, en la medida que el expediente será remitido a los despachos homólogos para su pronta resolución, de acuerdo con el turno asignado para ello.
De otro lado, precisó que al actor se ha respondido sus múltiples solicitudes de impulso procesal, mediante comunicaciones de 18 de mayo, 21 de junio, 26 de julio, 24 de agosto, 22 de septiembre, 24 de octubre y 13 de diciembre de 2022 y 6 de marzo de 2023.
2. Los Juzgados 2 y 4 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, manifestaron que no conocen de causa penal alguna en esa especialidad, en la que el actor sea el sentenciado.
3. El Juez Segundo Civil del Circuito de Apartadó, indicó que no vulneró los derechos del accionante al decidir la acción de habeas corpus adelantada por el aquí promotor, en contra de las mismas accionadas en este trámite y otras autoridades. Precisó que mediante sentencia de 25 de enero de 2023 negó el amparo al establecerse que su privación de la libertad provenía, legítimamente, de la orden judicial emitida en la sentencia condenatoria de 23 de octubre de 2019.
4. El titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo señaló que el accionante presentó dos demandas de tutela anteriores, en abril y agosto de 2021, con fundamento en los mismos hechos, conocidas por esta Corte en sentencias de 20 de abril y 12 de agosto de 2021 (rads. 116019 y 118510) en las que se negó la petición de amparo.
Asimismo, además de indicar que el proceso no ha finalizado, cuestionó la existencia de circunstancias que establezcan la vulneración de los derechos fundamentales del demandante.
5. La Fiscalía 130 Seccional de Arboletes, manifestó que no se vulneraron los derechos fundamentales del actor en el proceso penal seguido en su contra, el cual, en todo caso, se encuentra en curso.
6. Las demás partes interesadas vinculadas a la actuación guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
1. Es competente la Sala para conocer del presente asunto conforme con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 toda vez que la queja constitucional involucra a la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, de la cual esta Sala es superior funcional.
2. Como bien lo refiere el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tiene la potestad de promover acción de tutela con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.
3. En el presente asunto, el problema jurídico a resolver se contrae a cuatro escenarios que serán tratados de manera independiente:
ii. Determinar si la acción de tutela es procedente para atacar la sentencia condenatoria de 23 de octubre de 2019 emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo, Antioquia, en contra del accionante en el proceso penal rad. 05516000325201800015, en la que lo condenó por el delito de actos sexuales abusivos con menor de catorce años agravado en concurso homogéneo y sucesivo, a la pena de 168 meses de prisión.
iii. Establecer si la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia vulneró los derechos fundamentales de Fabio Serrano Vesga al no haber resuelto el recurso de apelación interpuesto por su defensa en contra de la sentencia proferida el 23 de octubre de 2019 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo;
iv. Y, dilucidar si la acción de tutela es procedente para acceder a la pretensión del actor, de iniciar una investigación en contra de la Fiscalía 130 Seccional de Arboletes.
4. De la ausencia de temeridad en la acción de tutela.
El Juzgado Penal del Circuito de Turbo alegó la interposición de dos acciones de tutela por parte del accionante con similitud de hechos con anterioridad, de modo que corresponde verificar si se configura una actuación temeraria y de ser ello así adoptar la decisión que corresponda.
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, sobre el tema, precisa:
«ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.»
Respecto de dicha figura procesal aplicable a los trámites de acción de tutela, la Corte Constitucional (T-089 de 2019) ha establecido que:
«La temeridad consiste en la interposición injustificada de tutelas idénticas respecto de las mismas (i) partes, (ii) hechos y (iii) objeto, haciendo un uso abusivo e indebido de esa herramienta constitucional. Su prohibición busca garantizar el principio constitucional de buena fe y, a su vez, la eficiencia y prontitud en el funcionamiento del Estado y de la administración de justicia. Sin embargo, “la conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y no puede ser inferida de la simple improcedencia de la tutela o revisando circunstancias meramente formales. Tal conducta requiere de un examen minucioso de la pretensión de amparo, de los hechos en que se funda y del acervo probatorio que repose en el proceso”2.
En virtud de lo anterior, esta Corte ha señalado que, el juez constitucional deberá analizar cada caso desde lo material y no solo ceñirse a lo formal, toda vez que en el detalle de las circunstancias fácticas puede estar la razón por la que el accionante se encuentre presentando una nueva acción de tutela. De manera que la autoridad judicial podrá pronunciarse nuevamente cuando se evidencie alguna de las siguientes hipótesis: “(i) la persistencia de la vulneración de derechos que se solicitan sean amparados; (ii) el asesoramiento errado de los abogados para la presentación de varias demandas; (iii) el surgimiento de nuevas circunstancias fácticas o/y jurídicas; o (iv) la inexistencia de una decisión de fondo en el proceso anterior”3. (Negrilla fuera de texto)
Ahora bien, la cosa juzgada se configura cuando existe la triple identidad mencionada, es decir, de partes, hechos y pretensiones, sin que se evidencie la configuración del elemento subjetivo que es la intención de buscar engañar a las autoridades judiciales y abusar del ejercicio de la acción de tutela. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que un fallo de tutela hace tránsito a cosa juzgada, en el evento en que esta Corporación se pronuncia sobre una determinada acción de tutela ya sea mediante fallo o a través del auto de selección que notifica la no selección de la misma. Lo anterior, de conformidad con el artículo 243 de la Constitución Política de Colombia4. La figura de cosa juzgada constitucional prohíbe “(…) que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, pues ello desconocería la seguridad jurídica que brinda este principio de cierre del sistema jurídico”5.
Sin embargo, aun cuando estos tres supuestos se evidencien, el juez constitucional deberá hacer un análisis material entre las acciones de tutela presentadas, con el fin de identificar si existen nuevos elementos que llevaron al actor a presentar la solicitud de amparo y que habiliten al juez para realizar un nuevo pronunciamiento.
Por lo que, la cosa juzgada no es otra cosa que “los efectos jurídicos de las sentencias, en virtud de los cuales éstas adquieren carácter de inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas, de tal manera que, sobre aquellos asuntos tratados y decididos en ellas, no resulta admisible plantear litigio alguno ni emitir un nuevo pronunciamiento”6.
En este asunto, el Juzgado Penal del Circuito de Turbo allegó los fallos de tutela CSJ STP4471-2021, rad. 116019, 20 abr. 2021 y CSJ STP11126-2021, rad. 118501, 12 ago. 2021, frente a los cuales, si bien se estaría frente a una situación fáctica similar -pues en las dos acciones se atacaba también al Tribunal de Antioquia por la falta de decisión del recurso de apelación en el proceso penal rad. 201800015-, por la fecha de emisión de dichas providencias se descarta la existencia de una actuación temeraria, dado que, mientras en aquellas actuaciones se discutía que habían pasado casi dos años sin que se profiriera fallo de segundo grado, con la presente acción constitucional se pone de presente que han transcurrido aproximadamente cuatro años, por lo que, esa diferencia temporal, sin ninguna duda configura hechos novedosos.
En tales oportunidades, las Salas de Tutelas 1 y 3 de esta Sala de Casación, respectivamente, negaron la protección solicitada al concluir que se encontraba justificada la mora judicial por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, con fundamento en el informe del funcionario que en ese entonces fungía como el titular del despacho al que se asignó el asunto, sustentado, en la alta carga laboral y en la prelación dada a los asuntos con prescripción, de víctimas niños, niñas y adolescentes previos al proceso del actor, así como a las acciones constitucionales.
En cambio, en esta ocasión, surgen distintos hechos que son ulteriores a los trámites constitucionales comparados, consistentes, como se verá, además del transcurso del tiempo que está por llegar a los cuatro años, en la designación de una nueva magistrada en el cargo, la emisión de un número importante de decisiones penales con ponencia de dicha funcionaria y la creación de un plan de descongestión a favor de su despacho.
En ese orden de ideas, puede concluirse que la Sala no está en presencia de una actuar temerario frente a ese específico tema, dado que no concurren los elementos que la estructuran, en la medida que si bien se puede predicar identidad de partes y objeto, no así de hechos, puesto que, como se observó, por el paso del tiempo y tras la existencia de nuevas actuaciones judiciales y administrativas, los mismos evidentemente difieren.
Así las cosas, la Sala se adentrará en analizar el nuevo escenario constitucional planteado en esta ocasión, al no hallar configurada la duplicidad de la acción de tutela.
5. De la improcedencia de la tutela para atacar la sentencia condenatoria, por ser un proceso en curso.
Igualmente, ha de destacarse que la jurisprudencia ha sostenido que su prosperidad está atada a que se cumplan una serie de requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que habilitan su interposición, y otros de carácter específico, que apuntan a la procedencia misma del amparo (CC C-590 de 2005 y T-332 de 2006), de ahí que quien acude a ella tiene la carga no sólo respecto de su planteamiento, sino de su demostración.
Dentro de los primeros se encuentran a) que el asunto discutido resulte de relevancia constitucional, que afecte derechos fundamentales; b) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se esté ante un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla con el requisito de inmediatez, esto es, que se interponga dentro de un término razonable y justo; d) que se trate de una irregularidad procesal, y la misma tenga un efecto decisivo o determinante en la decisión que se impugna y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora; e) que se identifiquen de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados, además, que esa violación haya sido alegada dentro del proceso, siempre que hubiese sido posible; y, f) que no se trate de sentencias de tutela.
Los segundos, por su parte, apuntan a que se demuestre que la providencia adolece de algún defecto orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, un error inducido, carece por completo de motivación, desconoce el precedente judicial o viola directamente la Constitución.
En ese orden, el interesado debe demostrar de manera clara cuál es la irregularidad grave en la que incurrió el funcionario judicial, el efecto decisivo o determinante en la decisión que se impugna y cómo afecta sus derechos fundamentales. No basta con aducir cualquier anomalía o desacierto dentro del proceso para que por vía de amparo pueda revisarse la actuación de un funcionario judicial, en tanto que el juez constitucional no es una instancia adicional revisora de la actuación ordinaria.
En otros términos, es factible acudir a la tutela frente a una irrazonable decisión judicial. Y el error de la autoridad debe ser flagrante y manifiesto, pues no puede la acción constitucional convertirse en un escenario supletorio de la actuación valorativa propia del juez que conoce el proceso. Ello desconocería su competencia y autonomía.
5.2. En esta oportunidad, verificados los presupuestos de orden general, la Corte estima que el asunto que concita la atención de la Sala tiene relevancia constitucional, en tanto se invoca la protección del derecho fundamental del debido proceso dentro de la causa penal con radicado 05516000325201800015, a partir del ejercicio de funciones propias de la administración de justicia.
No obstante, se advierte el quebrantamiento al principio de subsidiariedad. Ello porque, de los medios de conocimiento aportados a este diligenciamiento, se conoce que surtidas las fases dentro del proceso penal adelantado en contra del libelista por la comisión del delito de actos sexuales abusivos con menor de catorce años agravado en concurso homogéneo y sucesivo, y emitida la sentencia de condena que el actor busca atacar por este medio, de 23 de octubre de 2019, esta fue impugnada por su defensa y remitida en noviembre de dicho año al Tribunal de Antioquia, en donde se encuentra surtiendo el trámite de la alzada.
Realidad procesal que impide que se acepten sus argumentos relacionados con la valoración de la prueba y la ausencia de su responsabilidad penal, ora la configuración de la duda en su favor, debido a que, es al interior del proceso que está en curso, donde debe hacer valer los argumentos y garantías que estiman lesionadas, a través de los mecanismos ordinarios y extraordinarios consagrados al interior de la Ley 906 de 2004 (Vg. CSJ STP5679-2022, Rad. 123585, 05 may. 2022).
De modo que le corresponde esperar la resolución del asunto en sede de apelación y, eventualmente, de resultar contraria a sus intereses la misma, en ejercicio del derecho a la defensa material, se tiene la oportunidad de plantear su tesis, a través del recurso extraordinario de casación ante la Sala especializada de esta Corte.
5.3. En consecuencia, al existir un escenario natural de discusión, la tutela demandada se torna improcedente, en los términos previstos por el numeral 1° del artículo 6°, del Decreto 2591 de 1991. Respecto a este particular, la Corte Constitucional ha señalado en sentencia CC SU-041-2018, dijo:
(…) Esta Corporación ha decantado desde sus inicios la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, en especial, cuando se emplea contra providencias judiciales7. En sentencia C-590 de 20058, la Corte manifestó que tal principio implica el agotamiento de todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable. De esta manera, el mencionado presupuesto establece un deber del actor de desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
La inobservancia de esta carga procesal instituiría al amparo constitucional como un mecanismo de protección alternativo, que vaciaría las competencias de las distintas autoridades judiciales que ejercen función jurisdiccional en sus distintos ámbitos de conocimiento, puesto que concentraría en la jurisdicción constitucional todas las decisiones que les son inherentes a aquellas y se desbordarían las funciones que la Constitución le otorgó a esta última9.
En ese orden de ideas, la acción de tutela ejercida contra providencias judiciales no puede tenerse como un mecanismo alternativo, adicional o complementario al proceso que adelanta el juez ordinario competente, lo que significa que el juez de amparo no puede reemplazar en sus competencias y procedimientos a los funcionarios especiales que conocen de los asuntos que las partes le someten a su consideración10. Sin embargo, aunque no se hayan agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, la acción de tutela procederá siempre y cuando se acredite la existencia de un perjuicio irremediable.
5.4. Asumir una postura como la pretendida por la parte accionante, implicaría desconocer y pretermitir los procedimientos y decisiones que en ejercicio de su competencia emiten los funcionarios judiciales y abordar, en abierta contraposición a la finalidad del amparo, el análisis de un asunto que está en curso y que deviene en la improcedencia de la tutela.
6. Del acceso a la administración de justicia y la mora judicial.
6.1. La Corte Constitucional, al referirse sobre el derecho fundamental del acceso a la administración de justicia, ha señalado:
«El Art. 29 de la Constitución establece que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas” y regula en forma básica este derecho, el cual tiene carácter fundamental, lo que significa que es inherente a toda persona, incluyendo, por la naturaleza y fines del mismo, a las personas jurídicas, y es de aplicación inmediata conforme a lo estatuido en el Art. 85 ibídem. Dicho derecho, en su modalidad judicial, está estrechamente vinculado al derecho de acceso a la administración de justicia, o derecho a la jurisdicción, que contempla el Art. 229 superior y que consiste en la facultad de acudir a la administración de justicia por parte del Estado para la resolución de los conflictos particulares o para la defensa del ordenamiento jurídico. Dicha vinculación se explica por ser el proceso y, en particular, la sentencia que ordinariamente le pone fin, el medio para la concreción del derecho a la jurisdicción.» (C.C. Sentencia C-1083/05)
Ahora, en lo que al concepto de mora judicial se refiere, ha de indicarse que el sistema jurídico se torna generoso en cuanto a la protección de los términos procesales, así, la Carta Política ha conferido singular importancia al cumplimiento de éstos, y por ello en su artículo 228 establece:
«Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.»
«la administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.»
En ese orden de ideas, una de las manifestaciones del derecho al debido proceso se materializa a través del adelantamiento sin dilaciones injustificadas de las actuaciones judiciales y administrativas, bajo el entendido que el derecho a una pronta y cumplida administración de justicia es propio de un Estado social de derecho. En consecuencia, la autoridad judicial está en la obligación de ofrecer una respuesta oportuna a los administrados con base en un prudente y razonado criterio y con apego a la ley, independientemente de su sentido, pues no de otra forma puede entenderse satisfecha la garantía elevada a rango constitucional.
Sin embargo, los funcionarios judiciales tienen la obligación de respetar los turnos establecidos para fallar los procesos a su cargo y emitir las decisiones según el orden en que se ha asumido el conocimiento del asunto o ha ingresado al despacho, con lo cual además se garantiza a los usuarios de la administración de justicia su acceso en condiciones de igualdad; al tiempo que, se «impide que el juez, por sí y ante sí, pueda anticipar o posponer decisiones a su propio arbitrio, lo que sumiría a la administración de justicia en un manto de duda sobre las razones que hubieren impulsado al funcionario judicial de alterar el orden para proferir las sentencias que son de su resorte. Es decir, se trata de una medida que se relaciona, entre otros, con los principios de moralidad y publicidad, de que trata el artículo 208 de la Constitución» (CC T-429 de 2005)
De la misma manera, la Corte Constitucional en sentencia CC-T-133A/07, frente al tema de la mora en la resolución de las decisiones judiciales, tiene dicho:
«(…) Así las cosas, distintas Salas de Revisión de esta Corporación han indicado que cuando el funcionario judicial concluye que la sobrecarga laboral le impide cumplir los términos procesales, de conformidad con la normatividad vigente, y en particular con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 270 de 1996, deberá “solicitar cuantas veces sea necesaria la intervención del órgano instituido para llevar el control del rendimiento de las corporaciones y demás despachos judiciales y a quien legalmente se le ha atribuido adoptar las medidas para descongestionar aquellos en los que se detecte dicha situación”, a fin de darle la oportunidad de hacer las averiguaciones pertinentes y de adoptar oportunamente las medidas orientadas a conjurar la dilación.
Pero como quiera que la descongestión adquiere la plenitud de su sentido en el propósito de proteger los derechos fundamentales de los asociados, el juez también debe informar a las personas que esperan la adopción de resoluciones relativas a sus casos, “con precisión y claridad” acerca de “las circunstancias por las que atraviesa el despacho judicial y que impiden una resolución pronta de los procesos”, por cuanto el retraso no puede implicar una dilación indefinida del proceso ni la afectación del derecho del justiciable a una tutela judicial efectiva.
El conocimiento de las específicas condiciones que determinan la demora hace parte de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia y le permiten al afectado reaccionar si lo estima pertinente y en la forma que considere adecuada, así como cumplir con los deberes que le atañen en cuanto parte o interviniente en el proceso e, incluso, brindar la colaboración que esté a su alcance en procura de contribuir a la solución del problema.
De esta manera, partes e intervinientes han de ser enterados de las gestiones que el despacho judicial cumple con la finalidad de sortear la congestión y, en un plano más personal e inmediato, el interesado tiene el derecho a recibir información referente a la cantidad de procesos que el despacho debe atender, al turno que le corresponde dentro de ese total, a las circunstancias que determinan la asignación de ese turno y al momento en que, de acuerdo con proyecciones fiables, podría ser adoptada la decisión que espera».
Es así como la doctrina de esa Corporación ha decantado que la mora judicial o administrativa que vulnera el debido proceso, debe reunir las siguientes características: (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora desborde el concepto de plazo razonable que involucra análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y el análisis global de procedimiento; y (iii) la falta de motivo o justificación razonable en la demora.
Lo anterior, sin perjuicio de la realidad judicial que se vive en algunos despachos donde la carga laboral supera cualquier posibilidad de respetar cabalmente los términos, constituye un problema de naturaleza administrativa que de ninguna manera puede imputársele al funcionario judicial y que hace necesario que se examine cada caso en particular, como que tampoco su carga la debe soportar el demandante.
En tal medida, ha de tenerse en cuenta que para nadie es desconocido el cúmulo de trabajo que afrontan los diferentes despachos judiciales, circunstancia que impide adoptar las decisiones dentro de los plazos que establece la norma procesal.
6.2. En este asunto, de acuerdo con la demanda y los medios de convicción obrantes en la actuación, se conoce que el 19 de noviembre de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia recibió el proceso radicado 05516000325201800015, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Fabio Serrano Vesga en contra de la sentencia condenatoria de 23 de octubre de dicha anualidad, sin que hasta el momento, la alzada hubiese sido objeto de resolución tal como lo admitió la autoridad accionada.
De manera que, no está en debate que desde el 19 de noviembre de 2019 se encuentra pendiente por resolver, en la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, el aludido recurso contra el fallo de primera instancia.
Ahora, según lo normado en el artículo 179 de la Ley 906 de 2004, una vez se ha concedido el recurso de apelación contra una sentencia y el asunto corresponda a un Juez Colegiado, este contará con 10 días para que el Magistrado ponente presente su proyecto, en tanto que la Sala dispondrá de 5 días más para su estudio y decisión.
En ese sentido, conforme al referido derrotero, el Magistrado ponente debió presentar proyecto de decisión, a más tardar, el 30 de noviembre de 2019, y la Sala estudiar y resolver el asunto en el lapso comprendido del 2 al 4 de diciembre siguiente.
Sin embargo, hasta la fecha han transcurrido 3 años y 7 meses, sin que la alzada propuesta por la defensa contra la sentencia que condenó al actor hubiese sido resuelta por el Tribunal Superior de Antioquia, siendo evidente que se ha superado el plazo previsto legalmente para ello.
Con todo, el solo vencimiento de los términos judiciales no transgrede, per se, el derecho al acceso a la administración de justicia ni implica la configuración de mora judicial, toda vez que es necesario determinar que la tardanza en resolver el asunto carece de una justificación constitucionalmente admisible.
Sobre el particular, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, en respuesta que brindó a esta actuación por medio de la Magistrada que conoce de la apelación, justificó dicha tardanza en los siguientes factores:
i. Aceptada la renuncia mediante Acuerdo 1945 de 2023 de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia del anterior titular del despacho, ella se posesionó el 10 de abril de 2023.
ii. Desde esa data, impartió trámite a los asuntos constitucionales y se ha enfocado en dar prioridad a los procesos penales próximos a prescribir y aquellos otros, en los cuales, mediante fallos de tutela se ha ordenado al Despacho proferir sentencia.
iii. Ha evacuado 34 procesos penales, entre sentencias y autos interlocutorios de segunda instancia, y relacionó sus radicados.
iv. Dada la alta carga laboral, que ascendía en el segundo semestre de 2022 a 280 expedientes, el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PCSJA22-12025 de 14 de diciembre de 2022 ordenó la redistribución de 150 procesos entre los trece despachos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín y dos despachos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia.
vi. El caso concreto del proceso rad. 05516000325201800015, está enlistado en el último grupo que será enviado en el mes noviembre de 2023 a los Despachos de Descongestión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo PCSJA22- 12025.
En ese orden, es claro que el despacho a cargo de la actuación de Fabio Serrano Vesga, atraviesa una situación particular de alta congestión que viene de años anteriores a la posesión de la actual Magistrada y que ha impedido la resolución del caso en mención pese a los esfuerzos que expone la togada, al igual que, debido a ello, el Consejo Superior de la Judicatura ya adoptó medidas tendientes a superar el denotado escenario, plan dentro del cual se prevé sea resuelta la apelación que concita la atención de la Sala.
6.3. En ese contexto, efectivamente se tiene que el Consejo Superior de la Judicatura, en Acuerdo PCSJA22-12025 de 14 de diciembre de 2022, tuvo que adoptar «…una medida de descongestión para el Despacho 001 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia», para mediar en la búsqueda de una alternativa que permitiese superar la contingencia, incluso, en cumplimiento de la sentencia de tutela emitida por la Sala N° 1 de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ STP13282-2022, Rad. 122581, 27. Sep. 2022).
En dicho acuerdo, se ordenó reasignar 150 procesos del despacho de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia (despacho 01), a los Magistrados (despachos 01 al 13) del Tribunal Superior de Medellín, y a dos de los funcionarios del Tribunal Superior de Antioquia (despachos 05 y 06).
Así, en el artículo 1°, se dispuso la siguiente distribución, exceptuando en su parágrafo primero los procesos cuya acción penal prescriba en el año 2023:
ARTÍCULO 1.° Distribución de procesos penales. A partir del primero (1) de febrero de 2023 y hasta el treinta (30) de noviembre de 2023, descongestionar el Despacho 001 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia con la redistribución de 150 procesos, del más reciente al más antiguo, a los siguientes despachos judiciales:
Imponiéndose como metas a los destinatarios de los procesos en descongestión, que entre el 1º de febrero y el 30 de marzo de 2023 profirieran dos autos en apelación y, entre el 1º de abril y 30 de noviembre de esta anualidad, una sentencia mensual, lo cual no era óbice para que desataran los asuntos en menor tiempo, dando comunicación de ello al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia.
Y dejándose asignada la competencia hasta la culminación del asunto, inclusive, lo concerniente a la aclaración, corrección y adición del fallo -artículo 2-.
Ahora, frente el trámite de envío y registro de anotaciones pertinentes, el artículo 3 del acto administrativo en mención dejó a cargo de la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia con apoyo del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia las referidas tareas, incluyendo el enteramiento a las partes interesadas a fin de garantizar la debida publicidad de la actuación.
Y finalmente los cánones 4 a 6, dejaron señalados los deberes de supervisión, verificación, apoyo y garantía, así como del rendimiento de informes, acerca del cumplimiento de la medida en cabeza del referido Consejo Seccional de la Judicatura y de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, y la entrada en vigencia del referido Acuerdo desde su publicación.
6.4. La anterior reseña se torna relevante, en tanto deja en evidencia que el Acuerdo PCSJA22-12025, no impuso pauta relativa al envío gradual o paulatina de los asuntos que serían objeto de descongestión que justifique, como lo pretende la togada, que el proceso del actor deba esperar a que llegue el mes de noviembre para ser remitido a otro despacho y una vez allí, se adopte la decisión que desate la apelación en trámite.
Por el contrario, en dicho acto se fijaron el número de asuntos a distribuir, su clasificación en autos y sentencias y las metas que se imponen a fin de superar el retraso que había sido objeto de reproche en sede de tutela, sin que, se reitera, se haya indicado que la distribución de los asuntos debe hacerse por envío mensual y en cantidad de 15 como lo expone la funcionaria judicial.
Si ello es así, no se explica la Sala porque habiéndose dispuesto ya la medida para superar la congestión del despacho y clasificado por la titular de éste, que el proceso de interés para esta tutela estaba incluido en la medida adoptada, haya optado por no remitirlo y esperar a que llegue el mes de noviembre de 2023 para su entrega.
Lo anterior, porque ni Acuerdo ni otro elemento allegado a este trámite sumario, deja ver que la remisión de los expedientes deba efectuarse de la forma descrita por ella, al contrario, lo que se tiene es que disponiéndose que la gestión de esos procesos debe agotarse entre el 1º de febrero (en casos de autos) o desde el 1º de abril (para asuntos de sentencias) hasta el 30 de noviembre del año en curso, se decida aplazar la entrega del expediente dilatando su pronta resolución.
Lo que podría además llevar al absurdo, de facilitar que por la demora en ese envió, no solo que el despacho que regenta la Magistrada accionada no adopte la decisión, sino que el que habría podido hacerlo si se le entrega en menor plazo lo haga, tornando la medida de descongestión y la expectativa del actor de que sea prontamente resuelta su actuación en ilusoria.
De modo que, mantener en sus gavetas la actuación, simplemente esperando un turno de envío, hace que pierda efectividad la determinación del Consejo Superior para superar la crisis, lo cual a su turno, permite que el proceso de Fabio Serrano Vesga cumpla cuatro años a la espera de que se profiera decisión de segunda instancia, lapso que, a todas luces, resulta desproporcionado e irrazonable frente a la garantía de acceso a la administración de justicia y de obtener una pronta y célere determinación.
6.5. Con este panorama, la Sala observa necesario intervenir para amparar el derecho fundamental al debido proceso en su manifestación de acceso a la administración de justicia de Fabio Serrano Vesga, para ordenarle a la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia que, en cumplimiento del Acuerdo PCSJA22-12025 de 14 de diciembre de 2022 del Consejo Superior de la Judicatura, proceda, a través de su Secretaría, una vez notificado este fallo de tutela, en un plazo no superior a 48 horas, a enviar al despacho de descongestión que corresponda, el proceso penal rad. 05516000325201800015 a efectos de que se desate la apelación interpuesta por la defensa de dicho procesado, contra la sentencia condenatoria de 23 de octubre de 2019 del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo, Antioquia.
7. De la improcedencia de la acción de tutela para disponer una investigación en contra de la Fiscalía 130 Seccional de Arboletes.
Finalmente, frente a las quejas del accionante en contra de la Fiscal 130 de Arboletes, contra quien pretende se inicie por esta vía una investigación en torno al manejo que dio a la información del proceso frente a los medios de comunicación que atendieron la noticia de su captura y vinculación al mismo, se le aclara al accionante que no es esta la vía para hacer valer sus quejas de tipo penal o disciplinario, y por tanto, si el demandante considera irregular la actuación de esa delegada, tiene la potestad de acudir ante las autoridades correspondientes bajo los canales de comunicación habilitados y los procedimientos previamente establecidos, a mostrar su desacuerdo con lo actuado por la representante del ente investigador a fin que se adopte la decisión que corresponda; pues no es asunto que corresponda al juez constitucional, dada la naturaleza residual de la acción de tutela.
Por lo expuesto, la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Sala de Decisión de Tutela No. 3, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso en su manifestación de acceso a la administración de justicia de Fabio Serrano Vesga, para en consecuencia, ORDENAR a la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia que, en cumplimiento del Acuerdo PCSJA22-12025 de 14 de diciembre de 2022 del Consejo Superior de la Judicatura, proceda, a través de su Secretaría, una vez notificado este fallo de tutela, en un plazo no superior a 48 horas, a enviar al despacho de descongestión que corresponda, el proceso penal rad. 05516000325201800015 a efectos de que se desate la apelación interpuesta por la defensa de dicho procesado, contra la sentencia condenatoria de 23 de octubre de 2019 del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo, Antioquia
SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo en lo que tiene qué ver con el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo y la Fiscalía 130 Seccional de Arboletes, Antioquia.
TERCERO. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. De no ser impugnado este fallo ante la Sala de Casación Civil de la Corporación, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GERSON CHAVERRA CASTRO
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Relacionó los radicados 2023-0382-4, 2017-0450-4, 2018-0326-4, 2018-0519-4, 2018-1658-4, 2019-0395-4, 2019-0582-4, 2019-0616-4, 2020- 0537-4, 2020-0566-4, 2020-0607-4, 2021-0394-4, 2021-0723-4, 2021-0871-4, 2021-1253-4, 2021-1272-4, 2021-1311-4, 2021- 1409-4, 2021-1516-4, 2021-1599-4, 2021-1789-4, 2021-1823-4 2021-1945-4, 2022-0033-4, 2022-1531-4, 2022-1856-4, 2022- 1891-4, 2023-0316-4, 2023-0707-4, 2017-0206-4, 2015-1931-4, 2023-0138-4, 2023-0097-4 y 2016-2552-4
2 Sentencia T-1215 de 2003.
4 Artículo 243 de la Constitución Política de Colombia: “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”.
5 Sentencia T-001 de 2016.
6 Sentencia C-622 de 2007.
7 Ver entre otras sentencias C-543 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo; SU-622 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería, reiteradas en sentencia T-103 de 2014 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
8 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Al respecto ver la sentencia SU-298 de 2015 M.P Gloria Stella Ortiz Delgado.
10 Sentencias SU-026 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; SU-424 de 2012 Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, reiteradas en sentencia T-103 de 2014 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.