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GERSON CHAVERRA CASTRO
Magistrado Ponente
STP5920-2020
Radicación n° 715 / 110674
Acta No 131
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veinte (2020).
ASUNTO
Resolver la impugnación presentada por ARMANDO GUTIÉRREZ GARAVITO, respecto del fallo proferido el 24 de marzo de 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, a través del cual declaró improcedente el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y libertad, dentro de la acción de tutela que promovió en contra de los Juzgados Quinto Penal del Circuito, Cuarto Penal del Circuito Especializado y Primero Penal Municipal Ambulante con Función de Control de Garantías de Villavicencio y la Fiscalía 107 Especializada DEDOG, a cuyo trámite se vinculó a las partes e intervinientes dentro del proceso penal n° 500016000020180032700.
ANTECEDENTES
1. Fundamentos de la acción
1.1. Refiere el accionante que, se encuentra privado de la libertad desde el 1° de septiembre de 2018, por cuenta del proceso penal No. 50001 60 00567 2016 02458 hoy bajo el CUI No. 50001 60 00000 2018 00327 00, en el que se le señala de haber cometido los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas y hurto calificado, cargos que no aceptó en la audiencia de formulación de imputación.
1.2. Aduce que, el Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Villavicencio, le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión, prevista en el artículo 307 literal A numeral 1° de la Ley 906 de 20041. Lo anterior por solicitud que le hiciera el Fiscal 107 Especializado DECOC de esa ciudad, expidiéndose para el efecto la boleta de detención No. 065 del 1° de septiembre de 2018.
1.3. El 18 de diciembre de 2018, el Fiscal 107 Especializado DECOC -señala- radicó escrito de acusación2 en el que, en ninguno de sus apartes se indica que el procesado pertenezca a un Grupo Armado Organizado (GAO), conforme lo estableció la Ley 1908 de 2018. El escrito fue asignado al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, despacho que el 30 de abril de 2019, llevó a cabo audiencia de acusación.
1.4. El 28 de julio de 2019 el Fiscal 107 Especializado DECOC de Villavicencio, presentó solicitud de prórroga de medida de aseguramiento, bajo el CUI 50001 60 00000 2018 00327 00 con fundamento en el artículo 307 del C. de P.P. y el 6 de septiembre de 2019 el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante con Función de Control de Garantías de la ciudad, accedió a la prórroga de la medida de aseguramiento. Su defensor interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión con base en que el plazo razonable de la medida de aseguramiento se había vulnerado al llevar más de un año privado de la libertad y que no existían EMP nuevos que autorizaran la prórroga de la misma.
1.5. El 7 de octubre de 2019, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Villavicencio, decide revocar la providencia de primera instancia al considerar que «no había lugar a la prórroga de la medida por cuanto no son aplicables las reglas del artículo 307 del C.P.P, sino las del artículo 307 A de la misma normatividad adicionado por el artículo 23 de la Ley 1908 de 2018», sin embargo, mantuvo la medida de aseguramiento bajo el argumento de que el procesado hacía parte de los Grupos Armados Organizados (GAO). En desacuerdo con ello, expresó el actor, que ello no fue objeto de la imposición de la medida de aseguramiento, ni de la acusación, ni de la decisión del A-quo, ni de la apelación, razón por la cual se desconoció el principio de limitación que regía tal pronunciamiento, violando así el derecho al debido proceso y libertad.
De modo que, consideró que el Ad quem excedió «los limites propios de la apelación en contra de mi derecho a la libertad, extendió su pronunciamiento más allá de lo peticionado por la fiscalía, de lo decidido por el juez de primera instancia y de los argumentos del apelante único objeto de alzada”.
1.6. El mismo 7 de octubre en horas de la tarde, se llevó a cabo audiencia de libertad por vencimiento de términos solicitada con fundamento en el artículo 317, numeral 5° de la Ley 906 de 2004 y, el mismo Juez Primero Penal Municipal Ambulante que había autorizado la prórroga de la medida de aseguramiento, negó la libertad solicitada «porque según él, había cometido un error y el trámite se debería adelantar mediante el Art. 317 A del C. de P.P.»3.
Contra esta decisión se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el 16 de enero de 2020 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito, confirmándola «de acuerdo a lo postulado en el Art. 317A del C de P.P.»4.
1.7. El demandante, inconforme con lo resuelto, acudió a la acción pública de habeas corpus y el 31 de enero de 2020 el Tribunal Administrativo de Boyacá la negó por cuanto el régimen aplicable no era el articulo 317 numeral 5° de la Ley 906 de 2004, sino como lo había considerado el Juez Quinto Penal del Circuito de Villavicencio, el artículo 317 A del C.P.P.5
1.8. Censura6 que la decisión del Juzgado 5° Penal del Circuito de Villavicencio del 7 de octubre de 2019 a través de la cual resolvió la apelación postulada por su defensa en contra del auto proferido por el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante con Función de Control de Garantías de Villavicencio, aplicó la Ley 1908 de 2018 a hechos ocurridos durante años anteriores a su vigencia, sin considerar, además7, que con la declaratoria de inconstitucionalidad del parágrafo 1° del artículo 3° de la Ley 1941 de 2018 perdía valor la calificación que como GAO le había sido asignada a la organización criminal con la cual se le pretendía vincular.
Corolario de lo expuesto solicitó que en el amparo de sus derechos fundamentales se deje sin efectos la decisión proferida el 7 de octubre de 2019 por el Juzgado 5° Penal del Circuito de Villavicencio por considerarla contrario a derecho.
2. Las respuestas de las autoridades accionadas
2.1. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de la ciudad, confirmó que a ese despacho le correspondió conocer por reparto el proceso No. 50001 60 00 000 2018 00327 00, en contra del actor. En ese contexto, destacó que el 5 de septiembre de 2019 aceptó la conexidad de los procesos 2018-00329 y 2018-0327 adelantados contra Yenny Liseth Galindo, Sandro Quinbayo Romero, José Raúl Quinbayo Romero, Never Hurtado Correa, Deiver Yovani González Barragán y Armando Gutierrez Garavito y, que el proceso se encuentra curso de audiencia preparatoria la cual está suspendida8.
Frente a los hechos y pretensiones de la tutela, indicó que no han incurrido en acción u omisión que vulnere los derechos fundamentales de GUTIÉREZ GARAVITO, razón por la cual solicita su desvinculación9.
2.2. El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Villavicencio, mediante oficio No. 0133 del 12 de marzo de 2020, se opuso a la demanda de amparo, pues las decisiones adoptadas se emitieron bajo preceptos normativos y jurisprudenciales claros y aplicables a su caso en particular.
2.2.1. Al respecto, expresó que no hubo indebida aplicación de la Ley 1908 de 2018 en punto de la prórroga de la medida de aseguramiento o la solicitud de libertad por vencimiento de términos, ya que, contrario a lo afirmado por el actor, la Fiscalía en diferentes oportunidades manifestó que su proceso se adelantaba dentro de dicho marco normativo al advertirse que Gutiérrez Garavito10 se encuentra vinculado a la investigación como miembro de un grupo armado organizado, esto es, el grupo denominado “El Clan del Golfo”.
Lo anterior, si se considera que de acuerdo con el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1908 de 2018, el Consejo Nacional de Seguridad así lo había determinado desde julio de 2018. Luego, teniendo en cuenta que para la fecha en que se llevó a cabo la formulación de imputación era plenamente aplicable la Ley 1908 de 2018.
Además, resaltó que, como juez de control de garantías en segunda instancia, no es la liberalidad de las partes la que define cuál ley se aplica o no, porque las normas tienen vigencia y aplicabilidad con independencia de su voluntad, por lo que, inclusive, de aceptarse que la Fiscalía no hubiese señalado que el procedimiento se tramitaría bajo los parámetros de la Ley 1908, esta simple circunstancia no hubiese tenido la potencialidad de dejar sin efectos y aplicabilidad una norma claramente vigente.
Del mismo modo, frente a la legalidad y vigencia de la norma por la que debía seguirse el procedimiento, de cara al argumento del actor consistente en que no debía aplicarse la Ley 1908 de 2018 porque la investigación surgía por hechos ocurridos años atrás a su vigencia, señaló que según la jurisprudencia nacional11 para efectos de la libertad por vencimiento de términos, la norma que opera es la que rige la actuación al momento procesal pertinente.
2.2.2. En ese orden de ideas, defendió la decisión de revocar la prorroga de la medida de aseguramiento a Gutiérrez Garavito en el entendido que conforme con los parámetros de la Ley 1908 de 2018 estaría vigente durante toda la actuación conforme lo establecido en el canon 317A y por consiguiente, los considerandos que le llevaron a corregir la decisión judicial de primer grado -6 de septiembre de 2019-, al no ser conteste con la realidad fáctica, procesal y normativa del caso.
Al igual que la que adoptó respecto de la libertad por vencimiento de términos, al ser consecuencia del análisis previamente decantado, pues, reitera, tal pedimento no debía evaluarse al amparo del numeral 5° del artículo 317 del C.P.P. sino del numeral 5° del artículo 317 A, que establece como causal liberatoria que transcurran 500 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se hubiese dado inicio a la audiencia de juicio por causa no imputable al procesado o su defensa, lo cual, no había ocurrido.
2.2.3. De otro lado, refirió que es cierta la afirmación de la parte actora relacionada con la declaratoria de inconstitucionalidad del parágrafo 1° del artículo 3° de la Ley 1941 de 201812, no obstante, asegura, para el momento en que se profirieron las decisiones sobre la privación de la libertad de Gutiérrez Garavito, tal precepto tenía plena aplicabilidad, pues se informó sobre su inconstitucionalidad el pasado 21 de febrero y los autos de segunda instancia fueron proferidos en sesiones del 7 de octubre de 2019 y 17 de enero de 2020. Luego entonces las providencias emitidas se encuentran amparadas por la legalidad.
Bajó los argumentos reseñados expone la justificación de las decisiones proferidas por esa célula judicial y atacadas por intermedio de la acción de tutela.
2.2.4. Por último, expresó que no se han agotado todos los medios de defensa ordinarios con los que cuenta el actor al interior del proceso penal para la obtención de su libertad ante el Juez de Garantías, por lo que de manera respetuosa solicita se declare la improcedencia de la acción constitucional interpuesta por Armando Gutiérrez Garavito, en contra de ese despacho judicial13.
2.3. La defensa del accionante coadyuvó el amparo invocado por su representado.14
2.4. La Fiscalía 107 DECOC, indicó que la acción de tutela no está llamada a reemplazar los procedimientos ordinarios o especiales, tampoco a sustituirlos pues su fundamento principal está encaminado a garantizar los derechos fundamentales.
Que la investigación que adelanta esa Fiscalía en contra del actor se adelanta bajo la ritualidad de la Ley 906 de 2004 y la formulación de imputación se llevó a cabo el 1º de septiembre de 2018, esto fue, bajo la vigencia de la Ley 1908 de 2018, estructurándose la inferencia razonable de autoría y participación como presunto integrante del Grupo Armado Organizado.
Manifestó que es dentro del proceso penal que se han de resolver los asuntos que ahora reclama el actor como vulnerados, pues no se vislumbra la configuración de un perjuicio irremediable que torne inmediata la intervención del juez constitucional. Por lo anterior solicitó sea declara la improcedencia del amparo deprecado.15
2.5. El Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante con Función de Control de Garantías de Villavicencio, hizo un relato de las fechas en que atendió las solicitudes de prórroga de medida de aseguramiento y libertad por vencimiento de términos respecto del procesado Armando Gutiérrez Garavito. Anexó consulta de procesos de la página web de la Rama Judicial.16
EL FALLO IMPUGNADO
La Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, luego de advertir que la demanda de amparo está dirigida contra decisiones de carácter judicial, concluyó que, ésta, no satisface el requisito de subsidiariedad, dado que el asunto [causa penal seguida en su contra] está en trámite y, pese a haberse agotado dos instancias, aún cuenta con medios ordinarios de defensa de sus derechos al interior del proceso y ante los jueces con función de control de garantías.
Acotó que no se advierte un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención inmediata del juez de tutela para salvaguardar la garantía al debido proceso y el derecho de defensa.
Que, si bien ya se acudió al habeas corpus, como mecanismo ideal para el restablecimiento del derecho a la libertad, ello no impide que se intente de nuevo a través de los jueces de garantías.
Razones a partir de las cuales declaró improcedente la tutela reclamada respecto de los aludidos derechos.
LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con la decisión el libelista, sustento su disenso en que ya agotó infructuosamente los mecanismos ordinarios de defensa e incluso la acción de habeas corpus para proponer su reparo y, por consiguiente, recurrir de nuevo a ellos le llevaría al mismo resultado dado que los jueces accionados ya fijaron su posición pese a la declaratoria de inconstitucionalidad del parágrafo 1° del artículo 3° de la Ley Ley 1941 de 2018, fundamento normativo que dio lugar a calificar la estructura criminal denominada «CLAN DEL GOLFO», como un Grupo Armado Organizado “GAO”, al cual se le vincula, contexto dentro del cual los términos a considerar por la judicatura son más extensos y, en consecuencia, llevan a que se mantenga la misma posición frente a su derecho a la libertad.
Concluye señalando que su pretensión no es otra que la nulidad del pronunciamiento [auto del 7 de octubre de 2019] del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Villavicencio, para que se restablezca su derecho a la libertad a «consecuencia obligada del resarcimiento de sus garantías».
CONSIDERACIONES
1. Es competente la Sala para conocer del presente asunto conforme con lo dispuesto por el Decreto 1983 de 2017, toda vez que el reproche involucra una decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, de la cual la Corte es su superior funcional.
2. El trámite de amparo fue consagrado como un procedimiento preferente y sumario, destinado a la protección inmediata de las garantías constitucionales primarias cuando sean amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o un particular y siempre que no exista otro instrumento de resguardo apto o se esté ante un perjuicio irremediable, evento último en el cual procede como mecanismo transitorio.
3. En este caso, el mecanismo de amparo está directamente encaminado a dejar sin efecto la decisión del 7 de octubre de 2019 dictada por el Juzgado 5° Penal del Circuito de Villavicencio a través de la cual, pese a revocar la prórroga de la medida de aseguramiento dispuesta el 6 de septiembre de 2019, por el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante con Función de Control de Garantías de la misma ciudad, dispuso mantener vigente la inicialmente adoptada17 desde el mes de noviembre de 2018 en contra del accionante.
4. Así y de acuerdo con los antecedentes señalados, el problema jurídico a resolver estriba en determinar si la providencia cuestionada transgrede o amenaza con violar las garantías fundamentales del accionante por estar incursa en la causal de procedencia del mecanismo de protección activado denominado defecto material o sustantivo, por cuanto en sentir del demandante se soporta en norma declarada inconstitucional.
5. En ese contexto, debe recordarse que acorde con la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Cfr. Sentencias: C-590 de 2005, SU-195 de 2012 y T-137 de 2017, entre otras) la acción de tutela contra providencias judiciales solamente es procedente de manera excepcional y siempre que se cumplan ciertos y rigurosos presupuestos de procedibilidad, agrupados en (i) requisitos generales y (ii) causales específicas.
5.1. Los primeros implican i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que, cuando se trate de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) que la parte accionante identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la afectación como los derechos vulnerados y que estos se hubiesen alegado en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible y, por último, vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Aplicando las premisas jurisprudenciales antes expuestas al caso concreto, debe señalarse que en lo que atañe a las exigencias de carácter general, las mismas se cumplen, toda vez que (i) el caso es de relevancia constitucional, pues lo que es objeto de debate es la aparente vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y libertad, derivada de la decisión proferida en el marco del proceso penal seguido en contra del demandante. Sumado a lo anterior (ii) no existe otro medio expedito de defensa judicial, toda vez que el proveído cuyos efectos pretende invalidar el demandante no admite ningún recurso, pues éste fue proferido al resolverse la apelación contra la decisión del 6 de septiembre de 2019 emitida por el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante con Función de Control de Garantías de Villavicencio; (iii) la demanda se interpuso dentro de un término razonable, apenas transcurridos seis meses después de proferida la actuación censurada; (iv) el actor identificó con suficiencia los fundamentos fácticos y las pretensiones, así como los derechos que consideran vulnerados, los cuales fueron ventilados en el curso del proceso judicial, y, finalmente, (v) no se discute por este cauce una sentencia de tutela.
5.2. Constatado entonces, el cumplimiento de la totalidad de los requisitos generales, corresponde ahora a la Sala determinar si, en efecto, la decisión adoptada por la autoridad jurisdiccional accionada constituye una violación a los derechos de que es titular el accionante, de conformidad con la doctrina constitucional sobre causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En relación con esta última, la jurisprudencia antes referida ha reiterado que para verificar el cumplimiento de este requisito se debe lograr la demostración de por lo menos uno de los siguientes vicios: a) un defecto orgánico (falta de competencia del funcionario judicial); b) un defecto procedimental absoluto (desconocer el procedimiento legal establecido); c) un defecto fáctico (que la decisión carezca de fundamentación probatoria); d) un defecto material o sustantivo (aplicar normas inexistentes o inconstitucionales); e) un error inducido (que la decisión judicial se haya adoptado con base en el engaño de un tercero); f) una decisión sin motivación (ausencia de fundamentos fácticos y jurídicos en la providencia); g) un desconocimiento del precedente (apartarse de los criterios de interpretación de los derechos definidos por la Corte Constitucional) y; h) la violación directa de la Constitución.
6. Atendiendo a que el reproche concreto que se le enrostra a la providencia versa sobre el defecto material o sustantivo, por aparentemente estar soportada en norma declarada inconstitucional, la Sala analizará en un primer momento el desarrollo jurisprudencial del citado defecto y seguidamente pasará a establecer si éste se configura en el caso concreto y enseguida adoptará la decisión que corresponda frente al resguardo reclamado.
6.1. En cuanto a la causal en cita la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que dicho defecto se configura cuando:
“(i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable porque a) no es pertinente, b) ha sido derogada y por tanto perdió vigencia, c) es inexistente, d) ha sido declarada contraria a la Constitución, o e) a pesar de que la norma cuestionada está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque la norma utilizada, por ejemplo, se le dan efectos distintos a los señalados expresamente por el legislador;
(ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes” o cuando se aplica una norma jurídica de forma manifiestamente errada, sacando de los parámetros de la juridicidad y de la interpretación jurídica aceptable la decisión judicial;
(iii) no se toman en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes;
(iv) la disposición aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución;
(v) un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza “para un fin no previsto en la disposición”;
(vi) la decisión se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso; o
(vii) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso concreto”18. (Énfasis de la Sala).
7. Ahora bien, necesario se advierte relacionar el desarrollo procesal que ha tenido el proceso penal seguido en contra del accionante dentro del cual fue emitida la providencia cuestionada por vía de tutela, así:
El 1° de septiembre de 2018, por parte del Juzgado 9° Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Villavicencio le fue impuesta a Armando Gutiérrez Garavito medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención en centro carcelario.
El 6 de septiembre de 2019, por solicitud de la Fiscalía 107 Especializada de Villavicencio, el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante con Función de Control de Garantías de la misma ciudad, le prorrogó la medida de aseguramiento en virtud de lo normado en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal; decisión ésta que fue recurrida por la defensa técnica y que correspondió al Juzgado 5° Penal del Circuito aquí convocado.
El 7 de octubre de 2019, el aludido despacho resolvió el recurso de apelación y dispuso la revocatoria del auto de primera instancia, en tanto que, en el caso, no era procedente la aplicación de la figura jurídica de la prórroga, pues, al tratarse de una investigación relacionada con Grupos Armados Organizados -GAO-, el marco normativo de referencia era la ley 1908 de 2018 dentro de la que no se prevé la posibilidad de prorrogar la medida de aseguramiento, corrigiéndose así la decisión adoptada por el a quo en función de garantías, no obstante se dispuso la continuidad de la privación de la libertad de Gutiérrez Garavito, en tanto que, por virtud del aludido ordenamiento, la medida restrictiva aún permanecía vigente.
8. La disconformidad del accionante para con la providencia en cita se hace consistir en que para efectos de la medida de aseguramiento proferida en su contra no puede ser considerada la Ley 1908 de 2018 por cuanto (i) en ninguna de las actuaciones por parte de la Fiscalía se le ha señalado que pertenezca a organización criminal alguna y, (ii) la clasificación que se hizo al CLAN DEL GOLFO como Grupo Armado Organizado -G.A.O.- desapareció por virtud de la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso 2° del parágrafo 1° del artículo 3° de la ley 1941 de 2018.
Sobre el particular debe señalarse que:
8.1. Escrutado el escrito de acusación del 18 de septiembre de 2018 y, contrario a lo afirmado por el libelista, éste ha sido relacionado desde entonces como parte de una estructura criminal denominada “CLAN DEL GOLFO”; así, se advierte relacionado en dicha actuación19:
[…] En efecto, la región de los Llanos Orientales se ha caracterizado por la existencia de organizaciones al margen de la ley, obedeciendo a estructuras que para ostentar poderío ilegal se han valido del empleo de armas de fuego generando intimidación en la población y alto grado de desafío contra las autoridades legalmente constituidas como Ejército y Policía Nacional, ello con el fin de propiciar en todos los órdenes el ilícito negocio del narcotráfico. Así se tiene de la estructura naciente de la alianza entre las organizaciones criminales conocidas como “Libertadores del Vichada” y el “Clan del Golfo” de la que fue gestor ARMANDO GUTIÉRREZ GARAVITO, lo fue uno de sus objetivos atentar contra miembros integrantes de la contraria estructura criminal conocida como “Bloque Meta”.
Así, dentro de este panorama de ilicitud se tiene que ARMANDO GUTIÉRREZ GARAVITO, conocido como “El señor de los gallos”, según elementos materiales de prueba, evidencia física e información legalmente obtenida, venía actuando como cabecilla financiero de la naciente estructura criminal, consolidada mediante al alianza efectuada con el dirigente del “Libertadores del Vichada”, ARNULFO GUZMÁN HERNÁMDEZ, conocido con el alias de “Richard” tradicional integrante de grupos de delincuencia organizada en esta región de los Llanos Orientales. (Negrillas de la Corte).
8.2. En cuanto a la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma a partir de la cual la estructura criminal denominada CLAN DEL GOLFO fue clasificada como Grupo Armado Organizado por parte del Consejo de Seguridad Nacional debe decirse que, solo hasta el 20 de febrero de 2020 la Corte Constitucional mediante el comunicado N° 08 informó sobre el particular20, comunicación de la que se extracta:
[…] 3. Síntesis de la providencia.
En el presente proceso, la Corte decidió una acción pública de inconstitucionalidad interpuesta contra el inciso segundo del parágrafo 1º del artículo 3º de la Ley 1941 de 2018. La disposición demandada establecía que la declaración del cumplimiento de los requisitos y la calificación como grupo armado organizado por parte del Consejo de Seguridad Nacional en cada caso concreto eran requisitos para que el gobierno pudiera “examinar la posibilidad de decidir” si adelantaba diálogos de paz con grupos armados. La demanda consideró que dicha norma vulneraba el numeral 4º del artículo 189 de la Constitución Política, el cual establece que el presidente de la República está encargado de restablecer el orden público donde fuera turbado, el artículo 2º, que prevé como un fin del Estado asegurar la convivencia pacífica, y el 22 que establece el derecho a la paz.
La Corte declaró inexequible el inciso demandado, puesto que consideró que desconocía el carácter de suprema autoridad nacional en materia de orden público del presidente de la República. El inciso demandado impedía al presidente iniciar un proceso de paz con una organización armada al margen de la ley, a menos que ésta cumpliera los requisitos definidos por el Consejo de Seguridad Nacional, y hubiera sido calificada previamente por éste como grupo armado organizado (GAO). Sin embargo, todos los integrantes de dicho Consejo, distintos al presidente, son sus subalternos. Por lo tanto, la Corte sostuvo que una decisión que corresponde al resorte exclusivo del presidente no puede estar sujeta a las condiciones fijadas por sus subalternos.
Finalmente, aunque no fue planteado por los demandantes, pero sí por algunos intervinientes, la Corte consideró que la definición de grupo armado organizado al margen de la ley ya está contemplada en el derecho internacional humanitario, en particular en el artículo 1.1 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949. Este cuerpo normativo, que resulta directamente aplicable en nuestro ordenamiento jurídico, define los requisitos que deben cumplir las organizaciones armadas para considerarse grupos armados organizados. El cumplimiento de tales requisitos, a su vez determina la existencia de un conflicto armado no internacional, y la aplicabilidad del protocolo mismo. Por lo tanto, sin perjuicio de las facultades que tiene el presidente para verificar que una organización armada cumple materialmente los requisitos del artículo 1.1 del Protocolo II, el Consejo de Seguridad no puede establecer requisitos nuevos o distintos, ni atribuirle, con carácter constitutivo, el carácter de grupo armado organizado a una organización criminal específica. (Subrayas de la Sala).
De allí que, si bien es cierta la declaratoria de inconstitucionalidad, también lo es que al momento en que la autoridad judicial accionada adoptó la decisión cuestionada, tal precepto normativo tenía plena aplicabilidad, pues recuérdese que el proveído cuestionado es del 7 de octubre de 2019.
En consecuencia, refulge evidente que en el presente asunto no se advierte configurado el defecto que se le endilga a la providencia cuestionada.
9. Además de lo señalado, no escapa del presente estudio la disconformidad del accionante para con el aparente desconocimiento del principio de limitación por parte del Juzgado 5° Penal del Circuito de Villavicencio, al resolver la apelación en contra del auto del 6 de septiembre proferido por el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante con Función de Garantías de la misma ciudad, el cual había prorrogado la medida de aseguramiento; actuación que para la Corte no ofrece reparo alguno, conforme a la jurisprudencia que sobre el particular ha proferido la Sala de Casación Penal en la que se señala:
[…] la Corporación ha relievado que la competencia funcional del juzgador de segundo nivel no se extiende más allá de los lindes de lo impugnado, y de aquellos asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de inconformidad, precisando que con este concepto se refiere a «todo aquello que está íntimamente ligado con lo que es materia de la alzada, a lo que tiene una conexidad sustancial con los aspectos objeto de cuestionamiento respecto del pronunciamiento judicial recurrido. De otro modo dicho, el superior no puede ocuparse de aspectos diferentes a los que le delimita el escrito de sustentación del recurso.»21, y ha especificado que este principio no impide que si el togado de segundo grado advierte la violación de las garantías fundamentales de cualquiera de los sujetos procesales proceda a repararlas mediante el mecanismo oficioso de la nulidad22.23 (Énfasis de la Sala).
Conforme al citado precedente, es claro que, el Juez accionado en ejercicio de sus competencias, avocó el conocimiento del asunto adecuadamente, en tanto, para resolver el recurso presentado en contra de la prórroga de la medida, era necesario establecer la vigencia de esta conforme con las normas que así la regulan y por ello, asumió dicho aspecto, desde la normativa en cita, para establecer los efectos de su decisión en punto a la privación de la libertad del actor. De allí que la conexión sustancial de las dos temáticas habilitaba su competencia para pronunciarse en los términos en que lo hizo.
Y, en tal sentido, no se apreciaba obstáculo alguno para que ajustara a la realidad fáctica, procesal y normativa del caso la decisión, pues, en efecto, las prorroga solicitada por el delegado de la Fiscalía General de la Nación no era procedente, ya que la inicialmente dispuesta por el Juzgado Noveno Penal con Función de Garantías de Villavicencio el 1° de septiembre de 2018, conforme a los parámetros aplicables al caso (Ley 1908 de 2018), se encontraba vigente al momento en que se resolvió la aludida solicitud.
10. Por otra parte, claro es que la pretensión principal del libelo entraña oculto el propósito para que, declarada la nulidad de la providencia atacada, sus efectos alcancen la decisión adoptada por el mismo despacho judicial el 17 de febrero de 2020, a través de la cual confirmó el auto del 16 de diciembre de 2019 del Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante con Función de Control de Garantías de la misma ciudad que le negó la libertad por vencimiento de términos.
Al respecto, debe señalarse que corresponde al actor, acorde con el nuevo escenario jurídico, dada la declaratoria de inconstitucionalidad, plantear ante la autoridad judicial competente la configuración de la causal de libertad que se considere acreditada, lo cual conlleva, igualmente, a la improcedencia del recurso de amparo reclamado, ante el desconocimiento de su carácter residual y subsidiario.
Conforme lo expuesto, sin fundamento se advierten los argumentos que expone el libelista y, en consecuencia, improcedente resulta el resguardo reclamado, motivo por el cual el fallo confutado será confirmado.
* * * * * *
En razón de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión en Tutela N° 3, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero-. CONFIRMAR el fallo recurrido.
Segundo-. Notificar esta decisión en la forma prevista por el Decreto 2591 de 1991.
Tercero.-. Remitir el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GERSON CHAVERRA CASTRO
Magistrado
JAIME HUMBERTO MORENO ACERO
Magistrado
EYDER PATIÑO CABRERA
Magistrado
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Folios 34 a 36 expediente de tutela – Acta Audiencia Preliminar Concentrada
2 Folios 38 a 56 Ídem -copia escrito de acusación en contra del accionante
3 Folio 9 Expediente de tutela
4 Ibidem
5 Folios 62 a 75 Ídem
6 Folio 19 Ídem
7 Folio 21 Ídem
8 Según su respuesta debía continuarse los días 15 y 17 de abril de 2020
9 Folios 103 a 104 Ídem
10 A quien se le sindica de la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas y hurto calificado y agravado.
11 Sentencia STP723 de 2016, M.P. Luis Guillermo Salazar Otero
12 Folio 20 expediente de tutela inciso final
13 Folios 106 a 122 Ídem
14 Folios 124 a 127 Ídem
15 Folios 133 a 141 Ídem
16 Folios 142 a 156 Ídem
17 Auto del 1° de septiembre de 2018 proferido por el Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Villavicencio. Folios 35 a 37 expediente de tutela
18 Cfr. Corte Constitucional. SU-050 de 2017; SU-416 de 2015, SU-400 de 2012, SU-399 de 2012, T- 367 de 2018, T453 de 2017.
19 Folios 38 a 56 expediente de tutela
20https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado%20No.%2008%20del%2019%20y%2020%20de%20febrero%20de%202020.pdf
21 Cfr. CSJ. SP. de 16 de diciembre de 2015, Rad. 38957.
22 Cfr. Ídem.
23 CSJ SP1961-2019, Rad. 53196