Asistente Jurídico Inteligente
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SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS N.° 2
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Magistrado ponente
STP6182-2019
Radicación n.° 104606
Acta 115
Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019).
VISTOS:
Resuelve la Sala la impugnación interpuesta por ALFREDO VEGA QUINTERO, contra la sentencia de tutela proferida el 3 de abril de 2019 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, que accedió al amparo de su derecho fundamental de petición vulnerado por la Procuraduría General de la Nación.
Al trámite fue vinculado el Procurador Provincial de Ocaña.
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:
Según informó el ex alcalde de Aguachica para el periodo 2012-2015 ALFREDO VEGA QUINTERO, el 2 de febrero de 2017 solicitó a la Procuraduría General de la Nación la revocatoria directa del acto administrativo sancionatorio de primera instancia proferido el 15 de enero de 2015 por el Procurador Provincial de Ocaña, mediante el cual lo suspendió en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de tres meses.
Con providencia del 4 de diciembre de 2018, el Procurador General de la Nación revocó parcialmente la determinación controvertida y, a causa de ello, le impuso a ALFREDO VEGA QUINTERO la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por 30 días, acorde con el artículo 4º de la Ley 581 de 2000. En todo lo demás le impartió confirmación.
En desacuerdo, por escrito del 23 de diciembre de 2018 solicitó al Procurador General de la Nación que examinara la totalidad de los argumentos expuestos como sustento de la revocatoria directa pretendida y, por ende, anulara íntegramente el acto sancionatorio aludido. Sin embargo, denunció que a la fecha de interposición de la presente acción de tutela (18 Mar 2019), no ha obtenido respuesta.
Por lo demás, afirmó que la determinación del 4 de diciembre de 2018 constituye vía de hecho, en razón a que no desató la totalidad de los argumentos expuestos contra el fallo del 15 de diciembre de 2015.
Por lo anterior, ahora acude ante la jurisdicción constitucional solicitando el amparo de sus derechos fundamentales de petición y debido proceso. En consecuencia, demandó que se ordene resolver su requerimiento, así como la totalidad de los planteamientos contenidos en la solicitud de revocatoria directa.
TRÁMITE DE LA ACCIÓN:
Con auto del 19 de marzo de 2019, el Tribunal admitió la demanda y corrió el traslado correspondiente a las autoridades aludidas.
La Procuraduría General de la Nación se opuso a la prosperidad de la solicitud de protección constitucional. Afirmó que la supuesta solicitud presentada por el accionante envuelve un verdadero recurso contra la providencia que resolvió la petición revocatoria directa, pese a que ésta no admite controversia alguna por la vía gubernativa.
El Tribunal accedió al amparo del derecho de petición del accionante, tras establecer que su requerimiento no ha sido atendido por parte de la autoridad accionada. Por ello, le ordenó a la Procuraduría General de la Nación que, en el término de 48 horas contado a partir de la notificación de esa determinación, dé respuesta al escrito radicado el 23 de diciembre de 2018.
Por lo demás, encontró incumplido el presupuesto de subsidiariedad, en razón a que el interesado puede controvertir la legalidad de la decisión adversa a sus intereses ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
ALFREDO VEGA QUINTERO impugnó el fallo. Señaló que su pretensión no está encaminada a dejar sin efectos el acto administrativo proferido el 4 de diciembre de 2018 sino obtener su adición por parte de la Procuraduría General de la Nación, en razón a que al emitir su pronunciamiento omitió varios aspectos de controversia.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
De conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para desatar la segunda instancia respecto de la sentencia adoptada por un tribunal superior de distrito judicial.
El análisis en esta sede se limitará a los motivos de impugnación, pues el amparo del derecho de petición del demandante se ajusta al marco jurídico aplicable y, además, no fue controvertido por ninguna de las partes.
El accionante cuestiona que la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar no haya accedido al amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad que conforma el extremo pasivo de esa acción. Sin embargo, desde ya se advierte la necesidad de confirmar tal determinación. Las razones fundamentales son las siguientes:
Acorde con reglas previstas por la jurisprudencia constitucional que rigen el ejercicio del derecho fundamental de petición, la contestación a los requerimientos presentados por los ciudadanos no implica, necesariamente, la aceptación de lo solicitado. En otras palabras, su observancia no está determinada por una respuesta positiva por parte de las autoridades públicas o los particulares.
En ese orden, corresponde a la Procuraduría General de la Nación al examinar el requerimiento del 23 de diciembre de 2018, determinar si se ajusta o no a las previsiones del artículo 287 del Código General del Proceso, que dispone:
«Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad (…)».
Se confirmará, por tanto, el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas N° 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
1. CONFIRMAR el fallo de 3 de abril de 2019 proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, que accedió al amparo solicitado por ALFREDO VEGA QUINTERO.
2. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
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