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EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado Ponente
STP15581-2019
Radicación Nº 107709
Acta No. 300
Bogotá, D.C., doce (12) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).
ASUNTO
Se pronuncia la Sala en relación con la demanda de tutela presentada por EDUARDO CARMELO PADILLA HERNÁNDEZ, a través de apoderado, contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, a quienes acusa de haber vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo honra y buen nombre, dentro del proceso disciplinario con radicado No. 110011102000201605072-01 que se adelantó en su contra.
PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER
Determinar si la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura vulneró los derechos fundamentales del accionante al no pronunciarse sobre el escrito presentado como «prueba sobreviniente», radicado por su apoderado ante esa Corporación el pasado 23 de agosto de 2019 y, por el contrario, dejar en firme la sanción que le impuso la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.
ANTECEDENTES PROCESALES
1. Mediante auto de 31 de octubre de 2019 esta Sala avocó el conocimiento de la acción y ordenó correr traslado de la demanda a las autoridades accionadas con el fin de garantizarles su derecho de defensa y contradicción.
RESULTADOS PROBATORIOS
1. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá refirió que mediante sentencia de 10 de abril de 2019 sancionó en primera instancia al accionante. Indicó además que como su decisión fue apelada, ordenó el envío de las diligencias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que desatara la alzada, sin que a la fecha hubiese retornado.
2. La Secretaría de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura hizo un recuento del trámite adelantado en el proceso disciplinario seguido contra el accionante y señaló que la providencia que confirmó la sanción fue aprobada en Sala 59 del 22 de agosto de 2019.
Agregó que de conformidad con el artículo 16 de la Ley 1123 de 2007 –Código Disciplinario del Abogado- que permite la integración normativa en asuntos no previstos, y los artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002 –Código Disciplinario Único- que se refieren la ejecutoria y notificación de las sentencias dictadas por el Consejo Superior de la Judicatura, la decisión de marras adquirió firmeza desde el momento en que se suscribió por la Sala.
Frente a la ejecución y cumplimiento de la sanción se remitió al artículo 47 de la Ley 1123 de 2007 que señala como fecha de inicio a partir del momento en que la oficina de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura anota la respectiva sanción en su base de datos.
3. Los demás vinculados guardaron silencio durante el término de traslado concedido por el Despacho.
CONSIDERACIONES
1. De conformidad con lo establecido en el numeral 8º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 2017, la Sala de Casación Penal es competente para resolver la demanda de tutela instaurada por el apoderado de EDUARDO CARMELO PADILLA HERNÁNDEZ, al comprometer actuaciones del Consejo Superior de la Judicatura.
2. La Sala, a fin de resolver el problema jurídico planteado, atenderá la línea jurisprudencial que ha establecido esta Corporación1, en lo relacionado con lo equivocado que resulta tomar la acción de tutela como mecanismo para controvertir las actuaciones y decisiones judiciales, pues no puede entenderse como un recurso más de libre escogencia por parte del interesado y en cualquier tiempo, sino que debe preservarse la necesidad de comprender que el Legislador circunscribió y previó las oportunidades para formular las quejas o cuestionamientos que se consideren necesarios.
Ello se funda en uno de los más preciados principios constitucionales (artículo 228 de la Carta Política), que orientan el desarrollo de la actividad judicial, como lo es la autonomía e independencia de los jueces, el cual igualmente se encuentra ilustrado por la seguridad jurídica.
Lo anterior porque es dentro del desarrollo o al interior de la respectiva actuación que las partes deben ejercer sus actos de postulación encaminados a superar los eventuales vicios de fondo o de estructura que se susciten en la tramitación del respectivo asunto.
No obstante, se ha aceptado la procedencia de la tutela para controvertir un trámite o providencia judicial cuando se ha incurrido en una causal de procedibilidad, es decir, si el funcionario judicial genera un perjuicio irremediable emanado de una ostensible arbitrariedad que entra en contradicción con la constitución o la ley, con trascendencia en la vulneración de un derecho fundamental de la persona, previo claro está el cumplimiento de unos requisitos de carácter formal, que determinan la procedencia del amparo, y que son definidos jurisprudencialmente por la Corte Constitucional (CC T-923/04 y T-116/03) en los siguientes términos:
«i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez; iv) que ante una irregularidad procesal, el defecto tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia; v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados; vi) que no se trate de sentencia de tutela».
Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-212 y T-780 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «…si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta».
Con relación a las exigencias específicas, la sentencia C-590 de 2005, indicó que debe configurarse:
b. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, [que se puede estructurar a partir de dos formas: (i) la absoluta, que se presenta en los eventos donde el funcionario judicial sigue un procedimiento diferente al establecido en la ley, u omite alguna de las principales fases del proceso y quebranta los derechos de defensa y contradicción de las partes; y (ii) por exceso ritual manifiesto, el cual se manifiesta cuando el fallador desconoce el contenido del artículo 228 de la Constitución Política, en tanto le impide a las personas el acceso a la administración de justicia y el deber de dar prevalencia al derecho sustancial.2].
b. Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
b. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión;
b. Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
b. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
b. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4.
b. Violación directa de la Constitución. [Como fue desarrollado en la sentencia de SU-198 de 2013, esta se configura (i) cuando el juez resuelve dejando de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, -«(a) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (b) cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (c) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución»-; o (ii) aplica la ley al margen de las disposiciones constitucionales]».
Así las cosas, cuando a través de la acción de tutela se busca cuestionar una decisión judicial, la misma tiene carácter excepcional, y su prosperidad está atada a que se cumplan los requisitos de procedibilidad anteriormente enunciados, por lo tanto el accionante tiene la carga de demostrar lo planteado en el libelo.
3. En el asunto que se examina, no puede asegurarse, como lo hace el apoderado del accionante en la demanda, que la decisión adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura configura una verdadera e inocultable vía de hecho, toda vez que, para llegar a tal extremo debe enfrentarse a una decisión abiertamente contraria a la Constitución y la ley, en la que el funcionario realice su propia voluntad por encima del orden jurídico, al punto que sea el juez de tutela el llamado a intervenir para impedir la trasgresión de derechos fundamentales que surjan con ocasión de tal irregularidad, circunstancias que en manera alguna se denotan en dichos proveídos.
Para el accionante existió una supuesta afectación de derechos fundamentales porque la autoridad accionada no tuvo en cuenta, en su decisión, el escrito que presentó como prueba sobreviniente el 23 de agosto del presente año, con el cual pretendía demostrar que sí representó los intereses del quejoso y que en ningún momento incumplió sus deberes como abogado.
Para la Sala, tal postura no es fiel a la situación fáctica en la que se encontraba el proceso disciplinario seguido contra EDUARDO CARMELO PADILLA HERNÁNDEZ, pues olvida el accionante que al momento de radicar el escrito denominado prueba sobreviniente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ya había resuelto en segunda instancia el mencionado asunto y solo quedaba pendiente surtir el trámite de notificación correspondiente por para de la Secretaría de esa Corporación.
Precisamente, durante el trámite de traslado otorgado en la presente tutela, la Secretaría del Consejo Superior de la Judicatura fue clara en sostener que la decisión en segunda instancia fue aprobada en Sala 59 del 22 de agosto de 2019, esto es, un día antes de radicarse el memorial al que se ha hecho alusión.
Así, se tiene que de conformidad con el artículo 205 de la Ley 734 de 2002 -Código Disciplinario Único-, dicha providencia cobró ejecutoria el mismo 22 de agosto del presente año cuando fue firmada por los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Al respecto el artículo 205 señala: «La sentencia de única instancia dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las que resuelvan los recursos de apelación, de queja, la consulta, y aquellas no susceptibles de recurso, quedarán ejecutoriadas al momento de su suscripción. (Resalta la Sala).
Ahora, tampoco podría alegarse, como lo pretende el actor, que por no estar notificada la providencia es admisible presentar alegatos o argumentos adicionales, pues el artículo 205 de la misma disposición determina que las decisiones de la autoridad accionada, en virtud de los recursos de apelación, cobran firmeza inmediata independientemente de su notificación:
«ARTÍCULO 206. NOTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES. La sentencia dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y la providencia que resuelva los recursos de apelación y de queja, y la consulta se notificarán sin perjuicio de su ejecutoria inmediata»5. (Se resalta).
En ese orden, resulta infundado atribuirle a la parte accionada la vulneración de derechos fundamentales cuando es la misma norma la que determina a partir de cuándo cobró firmeza la sentencia.
Si PADILLA HERNÁNDEZ radicó un escrito el 23 de agosto de 2019 y la sentencia sancionatoria dictada en su contra en segunda instancia quedó ejecutoriada el día anterior -22 de agosto de 2019-, resulta improcedente acudir a la acción constitucional con el ánimo de que el juez de tutela acoja como mejor y más elaborado su alegato, a fin de que se deje sin efectos lo actuado por la jurisdicción ordinaria.
4. Frente a la solicitud de tener por cumplida la sanción de dos (2) meses impuesta en su contra, debe señalar la Sala que se trata de un asunto reglado y no depende de la interpretación que sobre el particular tenga el juzgador.
Sobre tal aspecto el artículo 47 de la Ley 1123 de 2007 determina que la ejecución de la sentencia empieza a regir a partir del momento en que la oficina de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura anota la respectiva sanción en su base de datos y no desde la fecha en que se profiere la decisión «artículo 47. Ejecución y registro de la sanción. Notificada la sentencia de segunda instancia, la oficina de Registro Nacional de Abogados anotará la sanción impuesta. Esta comenzará a regir a partir de la fecha del registro».
Quiere decir lo anterior que ajustada a derecho se halla la determinación censurada, de manera que la sola inconformidad del quejoso no habilita al juez de tutela para reabrir la discusión resuelta por el juez ordinario dentro del ámbito de su competencia, máxime que la misma normatividad es clara en indicar en qué momento cobran ejecutoria las decisiones del cuerpo colegiado accionado y desde cuándo debe entenderse que empieza a ejecutarse la sanción.
Ante tal panorama, el principio de autonomía de la función jurisdiccional (artículo 228 de la Carta Política) impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como las controvertidas sólo porque el demandante no las comparte o tiene una comprensión diversa a la concretada en dicho pronunciamiento.
5. Olvida el accionante que este trámite constitucional no es una tercera instancia ni está instituido como una jurisdicción paralela a la ordinaria y tampoco es la sede a la que se acude como última opción cuando los resultados de acudir a las vías establecidas en el ordenamiento jurídico han sido desfavorables, por no poder existir concurrencia de instrumentos judiciales porque siempre prevalecen estas últimas, de ahí que se afirme que la tutela no es un camino adicional o complementario, pues su carácter y esencia es ser único medio de protección que al presunto afectado en sus derechos fundamentales le brinda la Constitución y la ley.
6. Acorde con lo anterior, al no observarse ninguna vulneración de garantías fundamentales, la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad, razones por las que se negará el amparo invocado.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas No. 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
1. Negar el amparo de tutela presentado por EDUARDO CARMELO PADILLA HERNÁNDEZ, por las razones expuestas en precedencia.
2. Notificar este fallo a las partes de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión de este fallo, en caso de no ser impugnado.
Cúmplase
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Ver entre otras, STP-5074-2018, 17 abr. 2018, rad. 96314, STP1635-2018, 06 feb. 2018, rad. 96794 y STP787-2018, rad. 96314.
2 CC SU-355/2017.
3 CC T-522/ 2001.
4 Cfr. Sentencias T-462/2003, SU-1184/2001, T-1625/2000 y T-1031/2001.
5 Ley 734 de 2002.