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Extradición 54476
Obdumar Antonio Cubillán Hernández
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado Ponente
AP1252-2019
Radicación Nº 54476
Aprobado Acta No 83
Bogotá, D.C., tres (03) de abril de dos mil diecinueve (2019).
ASUNTO
Procede la Corte a resolver acerca de la petición de pruebas formulada por Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal, dentro del trámite de extradición adelantado al ciudadano Obdumar Antonio Cubillán Hernández reclamado por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
ANTECEDENTES
1. Mediante Nota Verbal II.2.C6.E3 0002210 de 25 de septiembre de 20181, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela solicitó la detención preventiva del ciudadano venezolano Obdumar Antonio Cubillán Hernández, por estimarlo responsable de la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y asociación para delinquir, previstos en los artículos 149 y 37 de la Ley Orgánica contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, según orden de aprehensión emitida el 9 de junio de 2018, por el Juzgado del Control del Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas Tribunal2.
2. La Fiscalía General de la Nación mediante Resolución de 26 de septiembre de 2018 dispuso la captura con fines de extradición de Cubillán Hernández3, quien había sido detenido por miembros de la Policía Nacional el 19 del mismo mes y año, con fundamento en la Circular Roja de Interpol No. A-7000/7-2018, publicada el 4 de julio de 2018.
3. A su vez, el Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, de la República Bolivariana de Venezuela, a través de proveído emitido el 28 de noviembre de 2018, declaró procedente la solicitud de extradición del mencionado ciudadano4.}
4. Con Nota Verbal II.2.C6.E3 003023 de 12 de diciembre de 2018, el Estado requirente formalizó la solicitud de extradición del citado ciudadano5, aportando la documentación pertinente para el trámite debidamente apostillada.
5. Protocolizada la petición de entrega, el 17 de diciembre de 2018, la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería de Colombia, mediante el oficio DIAJI No.34076, dirigido a su homólogo del Ministerio del Derecho, conceptuó que para el caso los tratados aplicables son «El “Acuerdo sobre extradición” adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911», y «La “Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”, adoptada en Viena, el 20 de diciembre de 1988».
6. Por su parte, la Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, con oficio No. OFI19-0599 -1100 de 15 de enero del año en curso7, remitió a esta Corporación la solicitud de extradición con la respectiva documentación reunida.
7. Una vez la Sala reconoció personería para actuar a la defensora del requerido8, ordenó surtir el respectivo traslado para la petición de pruebas, previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004.
8. Vencido el término para solicitar pruebas, la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal, pidió realizar confrontación dactiloscópica a fin de verificar la plena identidad del requerido en extradición.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Las Pruebas en el Trámite de Extradición
La aducción y práctica de pruebas al interior del trámite de extradición está sometida a la observación de los criterios de conducencia, pertinencia y utilidad de los medios de convicción solicitados9, cuya determinación está guiada y limitada por los asuntos necesarios para la emisión del concepto de extradición, tales como, el cumplimiento de las previsiones constitucionales sobre la materia y los requisitos señalados, para el caso, en el «Acuerdo sobre Extradición» suscrito en Caracas el 18 de julio de 1911, celebrado entre Colombia y varios países americanos, entre ellos, la República Bolivariana de Venezuela.
En ese orden, puesto el inciso 3º del artículo VIII del citado «Acuerdo Bolivariano sobre Extradición» precisa que «la extradición de los prófugos, en virtud de las estipulaciones del presente Tratado, se verificará de conformidad con las leyes de extradición del Estado al cual se haga la demanda», tienen aplicación, para ese propósito, las disposiciones del Código de Procedimiento Penal.
Por ello, las pretensiones formuladas en este escenario deben referirse a los elementos consagrados en el artículo 502 de la Ley 906 de 2004 de manera que, se accederá a la práctica de las pruebas orientadas a constatar i) la validez formal de la documentación presentada, ii) la plena de la identidad del solicitado, iii) la incriminación de la conducta en los dos países, iv) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero, v) el acatamiento de lo señalado en los tratados públicos, cuando fuere el caso, vi) la existencia de aspectos o circunstancias ligadas a la imposición de condicionamientos en caso de emitirse concepto favorable a la extradición10, vii) la concurrencia o no de las restricciones contenidas en el artículo 35 de la Constitución Política, así como viii) la observación de la prohibición de doble juzgamiento11.
De esta forma, si las pruebas impetradas no guardan relación con esos temas, versan sobre hechos notoriamente impertinentes o carecen de utilidad, deben ser desestimadas.
En conclusión, la Corte solo está habilitada para decretar aquellas pruebas que sean conducentes, pertinentes y útiles, únicamente en relación con las exigencias previstas en el artículo 502 citado y los requisitos contenidos en el Tratado aplicable al caso.
2. Sobre las pretensiones en concreto
Precisados los parámetros bajo los cuales corresponde adelantar la actividad probatoria en la fase judicial del trámite de extradición, se procederá a resolver lo solicitado por la Representante del Ministerio Público.
Pues bien, se advierte que la única solicitud realizada por la Procuradora, es en relación a adelantar la confrontación dactiloscópica a fin de verificar la identidad de Obdumar Antonio Cubillán Hernández, no obstante para esta Sala, tal pretensión resulta inútil y por ello se negará, por cuanto la información allegada por el país requirente y la recopilada por las autoridades colombianas tras producirse la captura del mencionado ciudadano es suficiente para poder examinar ese requisito al momento de emitir el concepto respectivo.
En efecto, obra impresiones dactilares y registro fotográfico, tarjeta decadactilar, e, igualmente, el país solicitante aportó datos puntuales respecto de su identificación.
De otra parte, el día de su captura se le realizó cotejo dactiloscópico por parte de la Policía Nacional de Colombia, estableciéndose que su identidad coincide con la indicada en los documentos de identificación que obran en la actuación.
2.2. De otra parte, como a la Corte le corresponde verificar que el reclamado no haya sido ya juzgado con decisión con efectos de cosa juzgada por los mismos hechos por los cuales se requiere su entrega, pues ello constituye una circunstancia impediente de la extradición, es procedente oficiar a la Fiscalía General de la Nación para que informe si Obdumar Antonio Cubillán Hernández ha sido investigado o se adelanta en su contra proceso penal; en caso positivo, deberá comunicar el estado actual de la misma, remitiendo copia de las decisiones de fondo allí proferidas o en su defecto precisar el juzgado en el cual se adelantó la correspondiente etapa de juicio.
Seguidamente, la Secretaría de la Sala solicitará al despacho judicial respectivo, informe el estado actual del diligenciamiento, anexando copia de las decisiones de fondo con su respectiva constancia de ejecutoria.
De otra parte, se oficiará a la Policía Nacional y al Sistema de Información de Antecedentes SIAN, para que informen si contra Cubillán Hernández se adelantó o adelanta investigación o aparecen registrados antecedentes contra aquél.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE
1. Negar la prueba solicitada por la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal, conforme a lo considerado en este proveído.
2 Oficiar a la Fiscalía General de la Nación para que informe si Obdumar Antonio Cubillán Hernández ha sido investigado o se adelanta en su contra proceso penal; en caso positivo, deberá comunicar el estado actual de la misma, remitiendo copia de las decisiones de fondo allí proferidas o en su defecto precisar el juzgado en el cual se adelantó la correspondiente etapa de juicio.
Solicitar, por la Secretaría de la Sala, al despacho judicial respectivo, informe el estado actual del diligenciamiento, anexando copia de las decisiones de fondo con su respectiva constancia de ejecutoria.
De otra parte, oficiar a la Policía Nacional y al Sistema de Información de Antecedentes SIAN, para que informen si contra Cubillán Hernández se adelantó o adelanta investigación o aparecen registrados antecedentes contra aquél.
3. Contra este auto procede el recurso de reposición.
Notifíquese y cúmplase
EYDER PATIÑO CABRERA
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Cfr. Folio 55 carpeta adjunta.
2 Folios 3-10, cuaderno adjunto Nro. 2.
3 Folios 39-43, cuaderno adjunto Nro. 1.
4 Folios 132-Cuaderno anexo.
5 Folios 46-47, ibídem.
6 Fls 44 y 45, ibídem.
7 Folio 1 cuaderno Corte.
8 Folio 13, ibídem.
9 Recuérdese cómo la Corporación tiene decantado que la prueba es conducente cuando ostenta la aptitud legal para forjar certeza en el juzgador, lo cual presupone que el medio de convicción esté autorizado en el procedimiento; es pertinente cuando guarda relación con los hechos, objeto y fines de la investigación o el juzgamiento; es racional cuando es realizable dentro de los parámetros de la razón y, por último, es útil cuando reporta algún beneficio, por oposición a lo superfluo o innecesario.
10 En lo que concierne al estado de salud de los requeridos en extradición, en la providencia CSJ AP, 3 jul 2013, rad. 41270, se aclaró que: «A pesar de que en principio habría lugar a sostener que la prueba reclamada por la defensa no es pertinente, por cuanto no se vincula con los requisitos que debe constatar la Corte al momento de emitir el concepto respectivo, a su vez no debe perderse de vista que el medio de convicción deprecado tiene relación con los eventuales condicionamientos que pueden imponerse en caso de que el concepto sea favorable a la extradición, en particular en punto del tratamiento que se le debe prodigar al solicitado por su calidad de persona humana y de nacional colombiano por nacimiento».
11 Cfr. CSJ CP001-2015 y CSJ CP166-2014, entre otros
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