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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado Ponente
SP8753-2016
Radicación No. 39290
(Aprobado Acta No. 194)
Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil dieciséis (2016).
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el Procurador 121 Judicial Penal II de Medellín, contra la sentencia absolutoria que por el desplazamiento forzado de Blanca Nubia Arango Pérez y su familia profirió el Tribunal Superior de Distrito Judicial de esa ciudad el 27 de marzo de 2012, a favor de JUAN DAVID GARCÍA.
ANTECEDENTES
Durante el año 2005, en la Vereda Granizal, Municipio de Bello, Antioquia, sectores Altos de Oriente I y II, Adolfo Paz, El Pinal y El Regalo de Dios, hizo presencia un grupo aproximado de treinta paramilitares reinsertados del Bloque Cacique Nutibara comandados por Fabio Acevedo, quienes aprovechando la condición de vulnerabilidad de los habitantes, por la fuerza de la armas, la intimidación y la violencia, se asentaron en el sector y permearon la Junta de Acción Comunal con el propósito de controlar la vida de la comunidad y percibir de ella ingresos económicos por medio de prácticas delictivas en su contra.
Seguidamente, ingresaron a la banda criminal, jóvenes delincuentes de la zona, que obedeciendo al plan delictivo de la organización, cometieron indiscriminadamente diversos punibles, tales como lesiones personales, amenazas, hurtos, consumo de sustancias alucinógenas, desapariciones forzadas, homicidios, extorsiones, cobros por la prestación de servicios públicos, porte ilegal de armas y desplazamientos forzados, entre otros.
En el año 2006, JUAN DAVID GARCÍA alias “el profe”, lideró la empresa criminal y planeó y ejecutó el desplazamiento forzado de Blanca Nubia Arango y su grupo familiar. Para ello, se presentó junto con un grupo de hombres encapuchados y armados en la morada de la víctima el 5 de enero de esa anualidad, a las 2:17 de la mañana, exigiéndole abandonar el barrio en un plazo de 24 horas.
Al día siguiente, cuando la señora Arango Pérez y su familia se disponían a abandonar su residencia, JUAN DAVID GARCÍA, en compañía de un grupo de integrantes de la asociación criminal que se hallaban armados y con la intención de prenderle fuego al vehículo que transportaba a la familia y sus bienes, arengaron palabras soeces que expresaban su satisfacción porque la desplazaban del lugar.
Las diversas víctimas de los reatos cometidos por la organización delincuencial han sufrido amenazas contra su vida y la de sus seres queridos, pese a ello, un grupo significativo de ellas presentó las correspondientes denuncias y concurrieron a la audiencia pública del juicio oral de la presente causa para reconocer y señalar a JUAN DAVID GARCÍA como el autor del desplazamiento forzado de Blanca Nubia Arango Pérez y su núcleo familiar.
ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE
El 14 de septiembre de 2009 le fue formulada imputación a JUAN DAVID GARCÍA1 como presunto autor de los delitos de concierto para delinquir con fines de desplazamiento forzado contra Blanca Nubia Arango Pérez y su familia, Nancy Jiménez Manco y Edilberto Manuel Pacheco Osorio; en concurso heterogéneo con los punibles de constreñimiento ilegal, extorsión y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. A la vez, le fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
En audiencia realizada el 6 de noviembre de 2009, la Fiscalía formuló acusación contra GARCÍA por los punibles que le fueron imputados.
Surtido el juicio oral, el 3 de octubre de 2011 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín con Funciones de Conocimiento condenó a JUAN DAVID GARCÍA a la pena principal de 72 meses de prisión y multa por el equivalente a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2005, y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual tiempo, al hallarlo responsable del delito de concierto para delinquir agravado, y lo absolvió del concurso homogéneo de desplazamientos forzados, así como del constreñimiento ilegal y la extorsión. De la misma forma, negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
Contra la decisión, la Fiscalía2 y el Ministerio Público3 promovieron el recurso de apelación, solicitando la primera, que se revocara el fallo absolutorio del a quo y que en su lugar se emitiera condena contra el procesado por el desplazamiento forzado de que fueron víctimas Blanca Nubia Arango Pérez y Nancy Jiménez Manco, y por el constreñimiento ilegal sufrido por la última de las mencionadas.
El Ministerio Público reclamó decisión condenatoria para el procesado por el delito de desplazamiento forzado en perjuicio de Blanca Nubia Arango Pérez y su familia.
El 27 de marzo de 2012, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín confirmó íntegramente la sentencia al desestimar los argumentos de los recurrentes.
Debido a lo anterior, el Procurador 121 Judicial Penal II de Medellín interpuso y sustentó de manera oportuna el recurso extraordinario de casación, admitido por la Corte el 2 de junio de 2015 superando los defectos de postulación, a fin de examinar de fondo la valoración probatoria surtida dentro del proceso.
LA DEMANDA
Con fundamento en la causal tercera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, el Procurador 121 Judicial Penal II plantea un cargo contra la sentencia emitida por el Tribunal, por falso juicio de identidad y falsa valoración y apreciación de la prueba sobre la cual se funda la sentencia.
Sustenta la censura en las afirmaciones realizadas por Blanca Nubia Arango Pérez, única testigo presencial de los sucesos, quien señaló al procesado como uno de los sujetos que el día de los hechos se presentaron en su casa armados, con sus rostros cubiertos con pasamontañas y ropa oscura, pese a lo cual lo identificó.
Recuerda que la testigo se reafirmó en su señalamiento tanto en las entrevistas «como en las diligencias que rindió», y que también lo reconoció en el juicio oral, sosteniendo su versión en el contrainterrogatorio de la defensa, en el redirecto, en el contra redirecto y en las preguntas que le formuló el a quo.
Reprocha que el juez de segundo nivel le restara credibilidad a este testimonio y lo tildara de falso, porque Arango Pérez fue reiterativa en que alcanzó a ver, no solo a JUAN DAVID GARCÍA, sino también a Jonathan Hernández, a quienes observó a una distancia relativamente cercana de casi tres metros, suficiente para distinguirlos a pesar de que vestían con pasamontañas y ropas oscuras, pues sus movimientos, su silueta, su porte y sus gestos, así lo revelaron.
Sostiene que basta con la descripción del acusado que hiciera la víctima del acusado con absoluta imparcialidad, autonomía e independencia, para acreditar su presencia en el lugar de los hechos, pues lo conocía de tiempo atrás por una relación de amante que tuvo con él y porque sabía que integraba el grupo delincuencial que operaba en la zona, sin ser necesario que estuviera con el rostro completamente descubierto.
Se opone a considerar que el lugar de los acontecimientos estaba completamente oscuro, pues la linterna del celular de Blanca Nubia lo iluminaba, permitiéndole reconocer con mayor veracidad el cuerpo de los individuos que llegaron a presionarla para que abandonara su lugar de residencia.
Estima que el juez de segundo grado desconoció el testimonio de Deisy Alejandra Arango Arango, quien expuso en el juicio oral que escuchó cuando amenazaban de muerte a su mamá.
Arguye que las aserciones de Arango Pérez se confirman cuando, en la claridad de la mañana, fue abordada por varios sujetos del mismo grupo delincuencial, entre los que se hallaban JUAN DAVID GARCÍA y Jonathan Hernández, quienes continuaron lanzándole frases de coacción, reconfirmando las amenazas de muerte para que abandonara el lugar, lo cual lo conduce a preguntarse por qué razón si JUAN DAVID GARCÍA no tenía interés o intervención alguna en el desplazamiento forzado se presentó allí y participó en los actos de presión, coacción, constreñimiento y amenazas.
Anota que Nancy Jiménez Manco y su hermana también reconocieron al procesado durante el juicio como uno de los integrantes de la banda criminal y expresaron que se enteraron de la salida de Arango Pérez del barrio. Que al igual que otros testigos identificaron a los miembros del grupo delictivo por sus apodos y señalaron a Fabio Orlando Acevedo Monsalve como su líder, y a sus posteriores sucesores.
Para el censor, el Tribunal incurrió en un “falso juicio de credibilidad” al deducir que Arango Pérez no se ciñó a la verdad sin que mediara un verdadero proceso de percepción de los hechos, y en un falso juicio de identidad al considerar que la víctima no percibió con suma claridad al procesado, como lo hicieron los demás declarantes que comparecieron al juicio oral.
LA AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN
En la audiencia de sustentación del recurso extraordinario se realizaron las siguientes intervenciones:
1. El Procurador Judicial Segundo para la Casación Penal.
Considera que el fallo del Tribunal no contiene el cercenamiento o la adición probatoria de que trata la demanda y que la decisión se produjo porque la prueba no lo llevó al convencimiento de la responsabilidad penal del procesado en el delito de desplazamiento forzado.
Manifiesta que comparte la duda que condujo al a quo a absolver al enjuiciado por el punible aludido y solicita no casar la decisión de segunda instancia.
1. La Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Estima que el Tribunal realizó un estudio juicioso de la prueba aportada al proceso, pero que incurrió en una contradicción al afirmar que la testigo Blanca Nubia Arango fue sincera en sus exposiciones y, al mismo tiempo, sostener que pudo equivocarse en su percepción de los hechos, lo cual generaría un falso razonamiento del juez de segunda instancia al creerle y no creerle al mismo tiempo.
Destaca que la hija de la víctima que rindió testimonio en el proceso, aseguró que el acusado hacía parte del grupo que el día en que abandonaron su residencia arengaba en su contra, razón por la que no se explica la duda del Tribunal.
Solicita casar parcialmente la decisión, en el sentido de condenar al procesado por el desplazamiento forzado de Blanca Nubia Arango Pérez y su familia.
1. La defensora del procesado.
Expresó que no existe el falso juicio de identidad alegado, sino que el Tribunal no logró superar las dudas sobre el delito de desplazamiento forzado atribuido al procesado, pues la víctima no pudo identificarlo por los rasgos físicos que adujo.
Relieva que en el sitio de los hechos no había alumbrado público, que ella no prendió la luz de su casa y que estaba asustada ante la presencia de hombres armados en su morada.
Afirma que el Tribunal abordó los aspectos neurálgicos de su testimonio, que no es posible reconocer a una persona por su silueta y que la duda se fortalece a favor de su representado cuando la hija de la víctima y Edilberto Manuel Pacheco no lo identificaron. Solicita no casar el fallo demandado.
CONSIDERACIONES
Previamente a examinar el cargo propuesto por el impugnante en contra de la sentencia objeto de censura, debe la Corte destacar la naturaleza jurídica del recurso de casación como medio de control constitucional y legal de las sentencias de segunda instancia cuando se adviertan violaciones que afectan derechos o garantías de las partes4.
De acuerdo con lo consagrado por el artículo 180 de la Ley 906 de 2004, el recurso extraordinario de casación tiene la finalidad de salvaguardar la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios a estos inferidos y la unificación de la jurisprudencia5.
La Sala anuncia desde ya que casará la decisión demandada, pues al examinarla, se advierte que la valoración probatoria se aparta de los parámetros establecidos por la Corte.
Para ello, la Sala desarrollará el siguiente análisis: (i) describirá la naturaleza del delito de desplazamiento forzado y sus consecuencias en la valoración de la prueba; (ii) corroborará la existencia de la estructura delincuencial organizada que operaba en el lugar de los hechos; (iii) analizará el plan criminal de la banda y sus prácticas ilícitas; (iv) estudiará la vinculación del procesado a ella; (v) examinará su posición en su jerarquía al momento de los hechos; (vi) valorará el compromiso de la asociación delictiva en el desplazamiento forzado de Blanca Nubia Arango Pérez y su familia; (vii) considerará el temor que le asistió a las víctimas durante la producción probatoria del presente proceso; luego de lo cual, (viii) expondrá la verdad conclusiva de la responsabilidad del procesado más allá de toda duda en el desplazamiento forzado mencionado; y, (ix) finalizará estableciendo sus consecuencias jurídicas.
I. Naturaleza jurídica del delito de desplazamiento forzado y sus consecuencias en la metodología de valoración probatoria.
El desplazamiento forzado constituye una grave violación de los derechos humanos que suele producirse en contextos de transgresión general de éstos o del derecho internacional humanitario.
Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas emitidos en 1998 por el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas son particularmente relevantes para determinar el contenido y alcance que este delito tiene. Así lo ha definido6:
“Se entiende por desplazados internos las personas o grupo de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos (…) y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.”.
El anterior concepto ha sido acogido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos7 al considerar que el punible de desplazamiento forzado constituye un fenómeno complejo, pluriofensivo, que no puede ser desvinculado de otros delitos, que suele cometerse contra la población más vulnerable, que se produce por la violencia interna padecida en el país8 y que constituye uno de los problemas más graves de la situación de los derechos humanos en Colombia9.
El artículo 22.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos reconoce el derecho de circulación y residencia. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido10 que el artículo también protege el derecho a no ser desplazado forzadamente dentro de un Estado Parte. Igualmente ese Tribunal ha señalado de forma reiterada que la libertad de circulación y residencia son condiciones indispensables para el desarrollo de la persona11.
En la legislación interna, el punible de desplazamiento forzado fue tipificado por primera vez por la Ley 589 de 2000, y actualmente se halla consagrado en el artículo 180 de la Ley 599 de 2000 de la siguiente manera:
“…el que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia…”.
Así, el desplazamiento forzado protege bienes jurídicos de elevada importancia social e individual, tales como el derecho fundamental a tener un domicilio, a acceder a la tierra, a la locomoción y a la circulación, entre otros.
De igual forma, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su comentario General No. 2712, ha sostenido que el contenido de este derecho consiste, entre otros, en el derecho de quienes se encuentren legalmente en un Estado a circular libremente por ese Estado y a escoger su lugar de residencia, lo cual incluye la protección contra toda forma de desplazamiento interno forzado
La Ley 387 de 1997 define la condición de desplazado, así:
“Del desplazado.- Es desplazado toda persona que se haya visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”.
Con base en lo anterior, podemos afirmar que el desplazamiento forzado comporta el ejercicio de una violencia o coacción arbitraria que menoscaba la libertad de la víctima de elegir el lugar del territorio nacional en el que desea habitar y desarrollar su proyecto de vida, pues es sometida a intimidación y al sometimiento de su voluntad a fin de obligarlo a variar su lugar de residencia13.
Conforme con la descripción típica de la conducta, el desplazamiento forzado es un delito permanente cuya comisión se extiende y actualiza mientras se mantenga el desarraigo de las víctimas en virtud de la violencia que ejerce el sujeto activo por medio de amenazas, intimidaciones, muertes, etc., que obligan a los habitantes de un específico grupo humano a estar alejados de sus predios14.
La Corte Constitucional ha analizado el alcance del delito de desplazamiento forzado en Colombia.
En la Sentencia SU 1150 de 2000 expresó que esta situación conlleva una violación múltiple, masiva y continua de los derechos de las personas obligadas a migrar, pues tienen que abandonar su domicilio en razón del riesgo que observan para su vida e integridad personal, peligro derivado de las amenazas directas que les son formuladas o de la percepción generada por los múltiples actos de violencia que tienen lugar en sus sitios de residencia.
Por tal motivo, no sólo la violencia física o las amenazas directas pueden ocasionar el desplazamiento de un grupo poblacional sino también el miedo imperante, dadas las condiciones particulares de la zona15.
Analizando la situación de las víctimas de esta conducta, en la Sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional constató la ausencia de un trato digno y respetuoso de los derechos de los sujetos pasivos, por parte de las instituciones encargadas de su protección, e indicó que estas víctimas deben ser consideradas por el Estado y por la justicia como sujetos de especial protección constitucional.
En su auto 008 de 2009, de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, consideró que uno de los factores que contribuyen a mantener el estado de cosas inconstitucional en relación con la población desplazada, se relacionaba con una altísima impunidad del delito de desplazamiento forzado, y destacó la ausencia de estrategias para solucionar los obstáculos procesales y la incapacidad institucional para solucionarlos.
Con ocasión de la Sentencia T-321 de 2008, estimó que la condición de desplazado por la violencia es una circunstancia de carácter fáctico, que se presenta cuando se ha ejercido cualquier forma de coacción para imponer el abandono del sitio habitual de morada o de trabajo, obligando a la víctima a movilizarse a otro lugar dentro de las fronteras del Estado.
Igualmente, la Corte Constitucional ha reconocido reiteradamente los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición de las víctimas de desplazamiento forzado.
Específicamente, en el Auto 219 de 2011, de seguimiento a la tutela T-025 de 2004, sostuvo que tales prerrogativas implican “el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido y a que se esclarezcan los hechos que implican vulneraciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos de esta población, el derecho a que se investigue y sancione a los responsables de estos delitos, el derecho a ser reparado de forma integral, así como las garantías de no repetición”16.
Y en la Sentencia C-579 de 2013, catalogó al desplazamiento forzado como una de las graves violaciones a los derechos humanos, junto con la desaparición forzada, el genocidio, homicidio y la tortura, entre otros.
Las especiales circunstancias en que suele ser cometido este delito tales como los contextos de macrocriminalidad en que se desarrolla, el sujeto agente de carácter plural, el uso de la coacción, fuerza, armas, intimidación, la evitación del rastro que permita dar con el paradero del victimario, entre otros, conlleva a que la valoración probatoria del testimonio de las víctimas del delito no se fragmente, sino que se aprecie conjuntamente con las demás piezas probatorias en su conjunto.
Debido a ello, la Corte Constitucional destacó, con relación a este punible, que:
“Hay hechos de los cuales es difícil aportar prueba diferente del testimonio de quien lo presenció. Esta situación se presenta por ser este el único testigo y no haber constado en ningún documento la ocurrencia del mismo, ya sea por la sutileza misma que pude caracterizar al hecho en algunas ocasiones, la cual lo hace imperceptible para personas diferentes a quien es afectado por el mismo. Estos hechos de naturaleza sutil son difíciles de probar, ya que muchas veces no hay más testigo que quien vive la tensión de la amenaza”17.
Consecuente con esta realidad, el análisis probatorio de los sucesos sometidos a examen debe ser extremadamente cuidadoso, pues las intimidaciones a las que son sometidas las víctimas de este delito suelen realizarse de manera clandestina y sin dejar huella, para con ello restar credibilidad al testimonio del afectado y asegurar la impunidad de la conducta.
En similar sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha llamado la atención respecto del deber de abordar el estudio de conjunto de la prueba en este tipo de delitos, teniendo en cuenta las especiales circunstancias que rodearon el desplazamiento, la época en que se cometió, el lugar y las reglas de la experiencia extraídas de nuestro entorno nacional18.
A fin de dar aplicación a esta forma de apreciación probatoria es necesario que en el estudio de cada caso se constaten indicadores objetivos que suelen, por regla general, ser expresión de la configuración de éste crimen, tales como: (i) la falta de presencia del Estado en la zona; (ii) la existencia de grupos armados organizados al margen de la ley en el sector; (iii) la estructura de la organización criminal; (iv) su plan delictivo; (v) su modus operandi; (vi) la naturaleza de los delitos cometidos; (vii) la intimidación poblacional; (viii) la cantidad de noticias criminales que dan cuenta del punible y de sus responsables; (ix) la concurrencia de un número plural de testigos al proceso; (x) la coherencia y soporte de los relatos de los afectados; y, (xi) la corroboración por parte de los testigos de la versión que suministra la víctima.
En otras palabras, la verificación del desplazamiento forzado no puede reducirse a un problema de orden subjetivo o individual, sino que implica la comprobación de ciertas circunstancias objetivas como las anteriormente descritas y el análisis global de la totalidad de la prueba legalmente producida en la audiencia de juzgamiento.
En efecto, si bien la consagración del tipo penal de desplazamiento forzado se halla incorporada en el plexo de delitos que atentan contra la libertad individual y otras garantías19, en su concreción, a los desplazados se le transgrede de manera permanente20 otros derechos fundamentales que tornan la conducta pluriofensiva: dignidad personal21, integridad psicológica y física, el derecho a la vivienda, al domicilio, a tener una familia, a la seguridad, a la paz colectiva22 y al buen nombre, entre otros, que tornan altamente recomendable que al valorar la prueba se consideren características como las anteriormente mencionadas.
Con todo, estas realidades no conllevan a la asignación colectiva de responsabilidad penal, que deberá determinarse, como en todos los casos, de manera individual, solo que, la investigación y la valoración probatoria no debe concentrarse exclusivamente en el testimonio de la víctima o en quien realiza los concretos actos intimidatorios para lograr el desplazamiento, sino que debe extenderse a quienes idearon el plan, lo lideraron, apoyaron, y lograron la permanencia del desplazamiento forzado, y a que se consideren las circunstancias temporales, geográficas, políticas, sociales y económicas en que los miembros de la estructura criminal actuaron, para lo cual el plan delictivo, la distribución del trabajo, el relato del sujeto pasivo de la concreta conducta, así como el de otras víctimas de la organización y demás testigos deben ser considerados de manera conjunta.
Se utilizará en consecuencia, una estrategia valorativa que tenga en consideración que los hechos investigados fueron ejecutados como parte de la estrategia criminal de una organización ilegal de la que era parte el procesado, pues la existencia de una agrupación que actúa como agente del punible, imprime una notable diferencia en el examen del material probatorio, que obliga a determinar previamente la existencia del aparato organizado de poder, su estructura, sus planes, la existencia de patrones sistemáticos, el reparto de funciones a su interior, la vinculación del procesado a ella y su posición dentro de la banda. Finalmente, el testimonio de la víctima debe apreciarse con el resultado de este ejercicio valorativo a fin de determinar su veracidad.
I. Existencia de una estructura criminal organizada que operaba en la Vereda Granizal, sectores Altos de Oriente 1 y 2, Adolfo Paz, El Pinal y El Regalo de Dios.
Las distintas atestaciones realizadas en el presente caso dan cuenta de la existencia de una organización criminal que en la fecha de los hechos operaba en la Vereda Granizal, Barrios Altos de Oriente 1 y 2, Adolfo Paz, El Pinal y El Regalo de Dios.
De sus orígenes, los testigos relatan que este sector era una arboleda de eucalipto y ciprés que fue habitada en octubre del año 2003 por varias personas -43 familias- desplazadas de otros sectores23 de la región.
En una primera fase, construyeron un albergue común en el que moraban todos los grupos familiares separados unos de otros por plásticos y, posteriormente, en lotes que ellos mismos demarcaron y que no tenían servicios públicos24. Poco a poco construyeron sus ranchos dando forma al barrio.
Seguidamente, “se pegaron” de las redes primarias de las empresas de servicios domiciliarios y, “por su cuenta”, distribuyeron energía eléctrica al sector, que era suministrada por medio del material que adquirían con los dineros aportados por la comunidad. Seguidamente, hicieron lo mismo con el servicio de agua.
Poco después constituyeron una Junta de Acción Comunal, cuyo propósito consistía en pedir ayudas para la comunidad.
Estando en ello, hizo presencia en el sector una banda de reinsertados del Bloque paramilitar Cacique Nutibara25 comandada por Fabio Acevedo a la que posteriormente ingresaron jóvenes delincuentes de la zona26.
Igualmente, los testigos informaron que bajo la coordinación de Acevedo, estos jóvenes permearon la Junta de Acción Comunal, a través de la cual operaban e imponían sus reglas a la comunidad27 abrogándose la facultad estatal de dirimir conflictos e imponer sanciones tales como golpizas, señalamientos, amenazas y desplazamientos forzados28.
La intrusión de la banda armada en la Junta de Acción Comunal se produjo aproximadamente hasta el año 200729, aunque los testigos dieron cuenta que para la fecha de sus atestaciones el grupo criminal continuaba operando30.
Blanca Nubia Arango Pérez sostuvo permanentemente, que los miembros del grupo armado de muchachos31, eran desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara de las autodefensas32 y que hacían parte de él alias “don Fabio”, “el paisa”, “la fierra”, JUAN DAVID GARCÍA, “machete”33 y Richard34.
Nancy Jiménez Manco, señaló la existencia de esta estructura que se identificaba ante los pobladores del sector como paramilitares35 y que la conformaban alias “machete” “yiyo”, “rolo”, “puntudo”, “el paisa”, JUAN DAVID, “la chinga”, “la chinga 2” y “muñeco”36.
Gloria Amparo Jiménez Manco, indicó que su hermana Nancy vivió en el Barrio El Regalo de Dios hasta que el grupo armado de paramilitares que operaba y mandaba37 en él la hizo salir de allí38. Específicamente afirmó que esta banda delincuencial vigilaba, mataba a las personas, amenazaba y desplazaba39.
Edilberto Manuel Pacheco Osorio, al igual que los anteriores declarantes, adujo la existencia de una organización delictiva compuesta por jóvenes40, quienes lo obligaron a desplazarse del barrio41 y señaló entre sus componentes a alias “don Fabio”, “la zorra”, Gabriel Giraldo y a dos profesores, JUAN DAVID y Aníbal42.
Jorge Luis Borrero Rangel, esposo de Blanca Nubia Arango, indicó que en la época del desplazamiento forzado de su familia operaba en el sector un grupo de desmovilizados de las autodefensas43 que era liderado por los alias “don Fabio Acevedo” y “el paisa”, dedicados a “andar por todo el barrio”44, y que fueron quienes intimidaron a su esposa para desplazarlos45.
Wilson Octavio Ceballos Pemberti señaló la existencia de un grupo que actuaba en el barrio cuyos miembros afirmaban ser paramilitares desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara46, que para la época de su desplazamiento –año 200847-, era comandado por “Richard”48 y del que también hacía parte alias “el gato”, “balazo”, “la zorra” 49, “don Fabio”, William50, “machetazo”, “puntudo”, “el rolo”, “el costeño” y Wilmar51. Del mismo modo, expresó que el número de integrantes era mayor52 y que se reunían en el sector donde se lavaban carros53.
Alberto Pastor Jaramillo54 indicó que en el año 2004 conocieron a Carlos Eduardo Yarce alias “el paisa”, quien comandaba una banda de paramilitares que ejercía el mando en esa región55 y que era dirigido o coordinado por alias “Fabio Acevedo”56.
Advirtió igualmente, que la asociación criminal obró desde el año de 2004 al llegar como Bloque Cacique Nutibara de las autodefensas57, hasta el año 2008 cuando a él lo desplazaron58. Afirmó que la agrupación era liderada por alias “don Fabio” quien tuvo como mano derecha a alias “Richard” durante la época en que él vivió en el barrio59.
El suboficial de la Policía Norvey de Jesús Villada Ospina, Comandante de Reacción e integrante del Grupo Anti Bandas de la Estación de Santodomigo, a cuya jurisdicción se hallaba vinculado el barrio El Regalo de Dios, informó que allí conoció una organización criminal compuesta por varios sujetos, entre ellos, alias “la zorra”, “el profe”, “el divino”, “el gato”, y “el señor Fabio”, entre otros60.
Argemiro Dávila Zuluaga, aseguró que en el año 2003 llegó al barrio “un grupo de gente muy armada”, integrado aproximadamente por treinta hombres61, quienes tomaron el dominio del territorio, y que de éstos quedaron permanentemente alrededor de quince sujetos, a los que dado el poder de la banda, se unieron otros muchachos del barrio.
Señala como algunos de sus integrantes a alias “la zorra”, “John Jaime”, “puntudo”, “el costeño” “el mico”, “yiyo”, “el gato”, Octavio y “don Fabio”, inicialmente conocido como “don Efra” pero posteriormente como “Fabio Acevedo”, encargado de dirigir el personal y quien con posterioridad a la muerte de Octavio, les dijo “que iba a llevar a una persona muy capacitada para manejar el grupo de muchachos”, que fue “Carlos” alias “el paisa”62.
El investigador de la SIJIN de Medellín Carlos Mario Mosquera Hernández, especificó que en la Vereda Granizal solo opera una banda criminal denominada Regalo de Dios63, de la que se señalaba hacían parte alias “don F” o “don Fabio”, “el paisa”, “la fiera”, “Richard”, “la zorra”, “el gato”, “el rolo”, William Ospina y JUAN DAVID GARCÍA -a quien reconoció en la audiencia del juicio-, algunos integrantes de la Junta de Acción Comunal y colaboradores del mismo grupo64.
De acuerdo con las anteriores atestaciones, para la Sala constituye un hecho cierto que en la Vereda Granizal del Municipio de Bello, Antioquia, durante los años 2004 a 2008 –al menos-, operó una estructura criminal organizada, conformada por desmovilizados del Bloque paramilitar Cacique Nutibara, que aprovechando la condición de vulnerabilidad de los pobladores de los barrios Altos de Oriente 1 y 2, Adolfo Paz, El Pinal y El Regalo de Dios, se asentó en el sector por la fuerza de las armas, la intimidación y la violencia y controló la vida de sus habitantes, quienes se hallaban a merced de su voluntad y eran objeto de sus decisiones y ajusticiamientos.
Con fundamento en lo anterior, la Sala halla probada existencia de una estructura criminal armada que operaba en el lugar en donde se produjo el desplazamiento forzado de Blanca Nubia Arango Pérez y su familia.
I. El plan de la banda delictiva y sus prácticas criminales.
De las pruebas incorporadas a la audiencia pública del juicio oral, la Sala puede determinar el plan delictivo de la organización criminal, su modus operandi e incluso, trazar la línea evolutiva de la actividad delincuencial desplegada.
En efecto, los testigos del presente proceso informan que la banda criminal armada65 inició sus actividades ilegales cobrando los servicios de energía y el agua, cuyas redes habían sido construidas por la misma comunidad66.
Seguidamente, se dedicaron al cobro “vacunas” a los carros, el lavado obligatorio67 de los vehículos de servicio público – taxis, buses y colectivos-, los cobros de “vacunas” a las casas, y a los negocios grandes68.
Respecto del significado de la expresión cobro de “vacunas”, Argemiro Dávila Zuluaga informó que se trataba de pasar de casa en casa para cobrar el agua, la luz, la cuota de vigilancia que ellos prestaban -y que no se necesitaba-, “pues ellos eran los que tenían el poder y amenazaban con que nadie podía denunciarlos a las autoridades”69.
Posteriormente, incursionaron en la enajenación de lotes en el sector, “venta de viviendas” sin el consentimiento de sus propietarios, sin contraprestación económica, aún habitadas por las familias, el despojo de parcelas y bienes de las personas de la comunidad70, la usurpación de mejoras, como por ejemplo, de café o plátano que tenían sus habitantes71, el hurto de combustible por medio de un válvula ubicada en la zona de Altos de Oriente72, el hurto de las donaciones provenientes de las Naciones Unidas para la comunidad73, linchamientos, señalamientos, hurtos, consumo de sustancias alucinógenas74, golpizas a las personas que no le caían bien al grupo, la vigilancia armada de la zona, desplazamientos forzados de los habitantes que se negaban a seguir sus instrucciones75, desapariciones forzadas, extorsiones y homicidios76.
Para la planeación de todas estas actividades delictivas el lavadero de carros era el centro de operación77.
Argemiro Dávila Zuluaga, sostuvo que la organización criminal era la que promovía todos los desplazamientos y desapariciones forzadas del sector, y que en la zona no operaba otra organización delictiva78. Relata que la estructura criminal desapareció a Fabio Franco, a quien le vendieron su casa, las mejoras de café que poseía y sus propiedades, e informa que a éste lo encontraron muerto y decapitado en la carretera de El Pinal79.
Igualmente, relaciona como desaparecidos por la estructura delictiva a Leonardo Manso y a Alfonso García Oquendo, cuyas familias fueron desplazadas forzadamente, además de otros diez grupos familiares80 a quienes alias “el paisa” los visitó “con una gente” de noche en camuflados y armados81.
Expresó que el sitio de reunión de la banda delincuencial era el lavadero de carros, e indicó que era utilizado como una fuente de ingreso y de “vacunas” que inicialmente era propiedad de la comunidad pero del que la cofradía criminal se apoderó a su llegada82.
Amparo Jiménez Manco refirió un episodio de la organización delincuencial según el cual, al día siguiente de percatarse que ella y su hermana les escucharon una conversación en la que planeaban el homicidio de una joven del barrio que tuvo conocimiento de unas fosas que la banda tenía en el sector83, llegaron cuatro o cinco de ellos en la noche, con la cara cubierta a amenazarla84.
Jorge Luis Borrero Rangel mencionó que el grupo delictivo le propinó una golpiza a un niño en presencia del procesado85.
Alberto Pastor Jaramillo sostuvo que las soluciones que el grupo le daba a los problemas que se presentaban consistían en lesiones, intimidaciones y desplazamientos forzados, y cita a manera de ejemplo la golpiza con tablas y palos que le dieron a su hijo Faber Jaramillo por haberle advertido a unos visitantes del barrio la inseguridad del sector, motivo por el cual también amenazaron de muerte tanto al joven como a la familia si contaban lo sucedido86.
Ignacio de Jesús Sepúlveda García, informó que fue desplazado por los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara, en una operación de alias “la zorra”, quien con ocasión de un juego de azar lo golpeó “bastante” y lo amenazó de muerte87. Informó que este sujeto pertenecía al grupo88 y que la organización criminal era la responsable del homicidio de Gustavo Zuleta, quien fuera Presidente de la Junta de Acción Comunal89 y especificó que el grupo se rotaba en el lavadero de carros90.
Wilson Octavio Ceballos Pemberti se refirió al lavado de buses91 que según Alberto Pastor Jaramillo92 era de carácter obligatorio, pues se lavaran o no los rodantes tenían que pagarles, y sostuvo que en este lavadero permanecían todos los muchachos de “el paisa”93, afirmando haber observado allí al procesado94.
El suboficial de la Policía Norvey de Jesús Villada Ospina, informó que los integrantes de la organización criminal permanecían concentrados en el lavadero de vehículos y realizaban atropellos contra la comunidad tales como la venta de alucinógenos y porte de armas, y que conoció del hurto de un taxi95.
El investigador de la SIJIN Carlos Mario Mosquera Hernández indicó que en desarrollo de su trabajo conoció las denuncias de Blanca Nubia Arango, Nancy Jiménez Manco y Edilberto Manuel Pacheco Osorio, en las que afirmaban la existencia de un grupo armado al margen de la ley que operaba en la Vereda Granizal y que se dedicaba a la extorsión, el desplazamiento forzado, a amenazar a la comunidad, a la venta ilegal de lotes y a cobrar por los servicios de agua y luz en la vereda96; hechos que fueron denunciados penalmente y ante la Personería de Bello97, entidad que les informó que allí se registraron 19 quejas adicionales a la de Nancy Jiménez Manco que se radicó en la Personería de Medellín98.
Es claro para esta Corporación, que el grupo criminal conocido como “los muchachos” de la Vereda Granizal, tenía como plan criminal el control total de los sectores Altos de Oriente 1 y 2, Adolfo Paz, El Pinal y El Regalo de Dios, con el propósito de sacar provecho económico de las actividades ilegales.
Para ello, no se detuvieron en la ejecución de diferentes conductas punibles, sin consideración de la vulnerabilidad de las víctimas, su origen predominantemente rural, su condición de desplazados intraurbanos, su escaza o avanzada edad, la desarticulación de las familias, la pérdida de la totalidad de los mínimos recursos económicos con los que contaban, las vergonzantes situaciones a las que eran sometidas, el pésimo ejemplo que brindaban a los menores de edad, la usurpación de la autoridad del Estado y la situación de humillación, peligro de vida, riesgo y zozobra para la comunidad que generaban.
Con base en lo anterior, la Corte considera acreditado que la organización criminal que operaba en la geografía en la que se produjo el desplazamiento forzado de Blanca Nubia Arango Pérez y su familia, tenía como plan criminal ejercer el control social y económico de la población para lucrarse de ella, para lo cual la ejecución del delito mencionado constituyó una de sus prácticas criminales frecuentes.
I. La vinculación del procesado a la banda delincuencial en la fecha de los hechos.
Una vez establecida la existencia de la estructura delincuencial armada, su plan y su práctica sistemática actividades criminales tales como el desplazamiento forzado, le corresponde a la Sala determinar si para la fecha en que se produjo el desplazamiento forzado de Blanca Nubia Arango Pérez y su familia el procesado JUAN DAVID GARCÍA hizo parte de ella.
Blanca Nubia Arango Pérez denunció el desplazamiento forzado que sufrió con su familia y señaló como sus responsables al grupo armado de muchachos que operaban en el sector, del cual era integrante, entre otros, JUAN DAVID GARCÍA99.
Deisy Alejandra Arango afirmó que siempre vio en el lavadero a “machete”, “la zorra”, “el rolo” y a JUAN DAVID100, y que éste empezó a andar con la banda criminal cuando dejó de dar clases en la escuela del barrio101.
Nancy Jiménez Manco aseveró que el procesado estuvo vinculado a la organización ilegal hasta el año 2007, cuando le “pegaron una tunda”102.
Sostuvo que en las actividades delictivas de la cofradía delincuencial algunas veces participaban la totalidad de sus integrantes, pero en otras oportunidades solo parte de ellos, pues algunos se quedaban cuidando el lavadero “y otros se iban a hacer lo que correspondía”103.
Edilberto Manuel Pacheco Osorio sostuvo que tenía la convicción de que el procesado pertenecía al grupo porque siempre estaba en el lavadero de carros y “fumando vicio”104, y que ellos se repartían las actividades105.
Igualmente, indicó que JUAN DAVID GARCÍA andaba con el grupo106 y que esta asociación ilegal fue la causante del desplazamiento de Nubia Arango Pérez107.
Jorge Luis Borrero Rangel expresó que el procesado pertenecía a la banda108 y que lo vio andando con los del grupo109 y cuando golpeaban a un niño sin que evitara la golpiza110.
Gloria Amparo Jiménez Manco señaló que en cuatro o cinco oportunidades111 vio al procesado reunido con los demás integrantes de la estructura delincuencial112.
Alberto Pastor Jaramillo señaló113 a JUAN DAVID GARCÍA como el integrante del grupo delictivo con quien tuvo problemas114 pues lo lesionó repetidamente con una varilla debido a las denuncias de estafa por parte de la Junta de Acción Comunal, que realizó frente a representantes de unas organizaciones del Municipio de Bello y de la OEA, suceso en el que también participó alias “poter”115.
En la audiencia pública del juicio oral el testigo incorporó la noticia criminal por las lesiones personales referidas116 y reconoció al procesado como el autor de ellas117. Posteriormente, reiteró la pertenencia del enjuiciado a la banda118.
Del mismo modo, el señor Pastor Jaramillo afirmó que fue amenazado de muerte por los miembros de la Junta de Acción Comunal, situación que le comentó a “Fabio Acevedo” quien le aseveró que a “a usted no lo han matado, usted está pegado de un hilito, usted no lo han matado por mí”119.
Argemiro Dávila Zuluaga, indicó que conoció a JUAN DAVID GARCÍA, alias “el profe”120 en el lavadero de carros en el año 2005 reemplazando a “el paisa”. Destacó que el enjuiciado, a quien reconoció en la audiencia pública del juicio oral121, ingresó a la banda delincuencial a principios de ese año122, pues “tuvo un gran error y por la.., (sic) por el poder que tenía el grupo es lo que yo soy consciente de que tuvo un gran error.”123.
Ignacio de Jesús Sepúlveda García singularizó a JUAN DAVID GARCÍA como uno de los integrantes de la banda criminal que permanecía en el lavadero de carros124 y afirmó que «Juan David cuando yo lo distinguí, cuando yo lo distinguí ahí lo vi como… como tal con los compañeros porque de por sí él no puede negarlo que él con ellos le tocaba ahí compartir lo que realizaban en el lavadero …»125 .
Refirió que los compañeros del procesado eran quienes en ese momento se hallaban presos, pues él se asociaba con todos126 y lo calificó como parte de la agrupación criminal porque se movilizaba con todos ellos127 durante los años 2005 a 2007128.
El investigador de la SIJIN Carlos Mario Mosquera Hernández, sostuvo que como investigador de campo produjo los informes 26/03/2008 y 17/09/2008, que ingresaron al proceso como pruebas, por medio de los cuales se identificaron los nombres de los alias que operaban en la estructura criminal de la Vereda Granizal, logrando determinar a dos personas que respondían al alias de “el profe” y que correspondían a Aníbal de Jesús Hernández y a JUAN DAVID GARCÍA129.
Para la Sala es un hecho cierto que el procesado andaba armado en compañía de los demás integrantes de la estructura criminal:
Deisy Alejandra Arango sostuvo que observó a Juan David el día que estaba limpiando su arma en compañía de los miembros de la banda delincuencial130.
Jorge Luis Borrero Rangel indicó que observó de manera directa que los integrantes del grupo criminal al que pertenecía el procesado andaban armados de noche mientras recorrían el barrio131, específicamente con revólver y changón132; que vio armados a “la zorra”, “el gato”, “machete” y a JUAN DAVID, cuando en horas de la noche deambulaban133 por todo el barrio134.
Este testigo también reconoció al acusado dentro de la sala de audiencias135 e informó que lo vio a finales de 2005 hurtando un taxi en compañía de otros integrantes del grupo que llevaban la cara cubierta136.
Refirió igualmente que el procesado militó en la organización criminal137 desde el año 2005 y que imaginaba que para comienzos del año 2006, cuando fue desplazado con su familia, continuaba haciendo parte de ella138.
Ignacio de Jesús Sepúlveda García sostuvo que la comunidad de El Regalo de Dios señalaba a JUAN DAVID GARCÍA de participar en robos139 que se extendieron del año 2005 al 2007140.
Como resultado de lo anterior, la Corte halla probada la vinculación del procesado a la estructura criminal que operaba en el barrio en que se produjo el desplazamiento forzado de Blanca Nubia Arango Pérez y su núcleo familiar, la cual tenía la ejecución de este delito como una de sus políticas delictivas.
I. La posición del acusado en la banda criminal en la fecha de los hechos investigados.
Según los habitantes de la Vereda Granizal, en la fecha del desplazamiento forzado de Blanca Nubia Arango Pérez y su familia, JUAN DAVID GARCÍA fungió como líder de la organización delictiva.
Nancy Jiménez Manco, afirmó que a finales del año 2005141 el procesado recibió el segundo mando dentro de la estructura criminal, porque el primero era “el paisa”142, información que obtuvo por las jóvenes del barrio143.
Expresó que cuando ocurría cualquier cosa en la zona, acudían a “el paisa” por ser este la cabeza de la estructura delictual y que cuando no se hallaba, debían hablar con el procesado por ser el segundo al mando144.
Gloria Amparo Jiménez Manco, tuvo conocimiento que el enjuiciado era el jefe de la banda, un día en que ella estaba en el barrio y observó al grupo, momento en el cual su hermana le señaló a JUAN DAVID GARCÍA como el líder de la agrupación145, a quien reconoció en la audiencia pública146.
Sostuvo de manera reiterada, que su hermana le indicó que JUAN DAVID GARCÍA lideraba la banda criminal durante las ausencias de alias “el paisa”, momento en el cual “el que seguía de cabeza era el profe”147 y que tanto su familiar, como Blanca Nubia y Argemiro se hallaban en el programa de protección de víctimas de la fiscalía148.
Argemiro Dávila Zuluaga, especificó que el ascenso de JUAN DAVID GARCÍA a la jefatura de la banda delincuencial se produjo a mediados del año 2005 y se prolongó hasta el 2006149, en reemplazo de alias “el paisa”150 y hasta su regreso151. Adujo que la comunidad reconocía al procesado “como quien mandaba en el grupo”, la persona principal de la organización152.
Indicó que en virtud de tal liderazgo el acusado se hallaba a cargo de alias “el puntudo”, “la zorra”, “el gato”, “machetazo”, “el mico”, “el costeño” y otros más153.
Carlos Mario Mosquera Hernández, afirmó que JUAN DAVID GARCÍA se hallaba en un tercer nivel de jerarquía de la estructura criminal. Destaca como cabecilla superior a Fabio Acevedo, seguido por alias “el paisa”; seguidamente el procesado y luego a “la zorra”, “el gato” y “puntudo”, a quienes le sucedían las personas que hacían parte de la Junta de Acción Comunal como William Ospina, Horacio Cifuentes y demás colaboradores del grupo delincuencial154, y que cuando él realizó la investigación alias “el paisa” ya estaba muerto155.
Así, la Colegiatura estima demostrado que en la fecha en que se produjo el desplazamiento forzado de Blanca Nubia Arango Pérez y su familia, JUAN DAVID GARCÍA fungió como el líder de la estructura criminal que operaba en el sector y que tenía como plan delictivo controlar la vida de la comunidad y percibir de ella ingresos económicos por medio de prácticas delictivas tales como el desplazamiento forzado de sus habitantes.
I. Consideraciones respecto del temor de las víctimas en la producción probatoria de la investigación.
Sabido es que el accionar delincuencial organizado y armado genera una especial situación de temor de las víctimas, más aún cuando se hallan en una posición vulnerable.
El presente asunto no constituye una excepción. Los testimonios de las víctimas y pobladores objeto del accionar criminal del grupo delincuencial al que se hallaba vinculado el procesado así lo evidencian:
Manuel Pacheco Osorio, afirmó que “todo el mundo se daba cuenta de lo que estaba pasando pero como tenían miedo no se atrevían a decir nada”156, que todo el mundo le decía que no hablara porque lo iban a matar y que él tenía miedo porque “don Fabio” decía que el que hablara o fuera a una fiscalía, o donde un abogado, o donde fuera, él lo sabía porque todo el mundo se lo comentaba a él157.
Argemiro Dávila Zuluaga, aseguró que debido a las amenazas de la banda criminal todos los integrantes de la comunidad tenían miedo a denunciar158.
Ignacio de Jesús Sepúlveda García sostuvo que era necesario desenmascarar lo que pasaba cueste lo que cueste159 y que si uno quiere que se haga justicia tiene que comenzar el aseo en la casa por la sala160.
También señala que a él lo desplazaron del barrio y que desde la cárcel los miembros de la banda criminal lo llamaban por teléfono a amenazarlo161, razón por la cual se desplazó y se integró al programa de protección a víctimas162.
El suboficial de la Policía Norvey de Jesús Villada Ospina indicó que conoció de la denuncia de una señora de nombre Blanca que fue desplazada del sector y de otras que se hicieron por vía telefónica porque la gente no iba a formularlas por escrito por temor a posteriores represalias por parte de los integrantes de la banda163.
Con relación a la noticia criminal de Blanca Nubia, señaló que ella llegó a la estación solicitando protección policial porque integrantes de la organización criminal la amenazaron y que por ello la acompañó a abandonar el sector164.
Como puede advertirse, a los pobladores de la Vereda Granizal fueron sometidos a una técnica de terror que les produjo temor a denunciar y poner en conocimiento de la autoridad la situación de violencia que generó la estructura criminal a la que pertenecía JUAN DAVID GARCÍA. No en vano muchos de ellos fueron vinculados al programa de protección de víctimas y testigos.
La Corte destaca la valiente actitud de las víctimas al concurrir a la audiencia pública y señalar al enjuiciado como integrante de la asociación delincuencial que participó activamente en varios episodios delictivos y quien la lideró desde finales del año 2005 hasta mediados del año 2006, época en que, justamente, se produjo el desplazamiento forzado de Blanca Nubia Arango Pérez y su familia.
Las víctimas confiaron en sus autoridades y expusieron su vida con sus denuncias, sus testimonios y sus señalamientos contra los integrantes de la estructura criminal, en particular a uno de sus líderes, JUAN DAVID GARCÍA.
La Sala considera demostrado que las víctimas de los delitos cometidos por la empresa criminal que operaba en el lugar en el que acaeció el desplazamiento forzado de Blanca Nubia Arango Pérez y su familia, y que tenían como práctica delictiva este reato, fueron sometidas a una situación de temor generalizado y, aún con ello, fueron coherentes en señalar al procesado y a su empresa criminal, como el responsable de tal conducta delictiva.
I. La valoración conjunta del testimonio de Blanca Nubia Arango Pérez con los hechos acreditados por la Corte.
La Sala ha establecido hasta este momento: (i) la existencia de una empresa criminal que operaba para la fecha de los hechos, en la Vereda Granizal del Municipio de Bello, Antioquia, sectores Altos de Oriente 1 y 2, Adolfo Paz, El Pinal y El Regalo de Dios, lugar en donde se halla ubicada la residencia de la señora Blanca Nubia Arango Pérez y su familia; (ii) su plan delictivo consistente en ejercer la hegemonía en la zona por medio de actividades ilegales tales como el desplazamiento forzado, para con ello percibir réditos económicos de la población; (iii) la pertenencia del procesado a la asociación ilícita; (iv) su liderazgo en ella durante la fecha del desplazamiento forzado de Blanca Nubia Arango Pérez y su familia; y (v) el temor ocasionado por la cofradía delictiva a sus víctimas para evitar su denuncia, su señalamiento y asegurar la impunidad.
En este apartado le corresponde analizar las atestaciones de Blanca Nubia Arango Pérez e introducirlas al panorama demostrativo de la Corte, a fin de derivar si éste es coherente con las conclusiones extraídas de los apartados anteriores.
Pues bien, del testimonio de Blanca Nubia Arango Pérez, realizado el 5 de abril de 2010, se desprende que ella se marchó del barrio El Regalo de Dios de la Vereda Granizal del Municipio de Bello, porque unos hombres encapuchados llegaron a su casa el 5 de enero de 2006 a las 2:17 de la mañana y la amenazaron, diciéndole que tenía 24 horas para abandonar el barrio165. Que de los cuatro hombres que llegaron a su morada, solo uno, a quien nunca había visto ni escuchado166, y con el único que habló167, llamó a su puerta mientras los demás esperaron afuera a menos de tres metros de distancia168 y que esa visita duró de cinco a siete minutos169.
Especificó que el portal de su casa tenía un murito y que el hombre que la amenazó estaba “afuerita del bordito” y que ella se paró en la puerta170, desde donde tenía visibilidad plena al exterior171.
Igualmente adujo que ella salió alumbrando con el celular, que el hombre que llamó a su portón vestía con un pasamontañas, una camisa de soldado y un fusil grande, similar a los que utiliza el Ejército. Que debido al susto que le produjo, intentó cerrar la puerta, pero que éste se lo impidió, que ella se “asomó un poquito” a mirar quién más se hallaba en la calle y vio a otros tres sujetos172 que vestían con ropas oscuras, pasamontañas de los que tapan toda la cabeza y dejan ver hasta “más debajo de la nariz… hasta la boca”173; que portaban armas cortas “como de medio brazo”174, “unas escopeticas de aproximadamente de 50 a 60 centímetros”175.
Indicó que debió alumbrar con el celular y no con la luz de la casa para no despertar a su esposo y que no había alumbrado público176 en todo el sector177.
Al interrogársele si reconoció a alguna de las personas que habían acudido a su residencia, informó que al hombre que se paró en su puerta nunca lo había visto, pero que “por la silueta”178 pudo reconocer a dos hombres de los que estaban afuera de la casa y que eran Jonathan Hernández y JUAN DAVID GARCÍA179.
Debido a la respuesta anterior, se requirió a la testigo para que explicara con más detalle su afirmación, sosteniendo que los había reconocido “por el borde, por los gestos y los movimientos que tenían cuando estaban hablando afuera”, que ella llevaba mucho tiempo180 “reconociéndolos” –más de un año181-, “entonces no fue difícil en la noche, como la noche no estaba tan oscura, reconocerles por el porte, por el caminado, por la forma de moverse”182 “porque ellos caminan en zigzag”183, y que reconoció a JUAN DAVID por el porte, por el caminado, por el movimiento de las manos184, que ninguno de los hombres que estaba afuera había hablado185, pero que la noche estaba clara y perfectamente se podía ver la silueta de las personas, pues pese a que la vestimenta era oscura, el contorno del sujeto con quien había compartido el trabajo “por largo tiempo” no era difícil de distinguir186.
Sostuvo que la visita no fue presenciada por algún vecino “porque era muy de madrugada”187 – las 2:17 a.m.-188, y que su esposo y su hija estaban en la casa cuando los hechos sucedieron, que su esposo no se dio cuenta de lo ocurrido porque había llegado cansado de trabajar y que su hija sin levantarse de la cama había escuchado desde el interior de la casa189.
De los hechos acaecidos el día 6 de enero de 2006, vale decir, el siguiente al que recibió las amenazas en la puerta de su residencia, sostiene que cuando iban a salir de ella, a eso de las 9:00 de la noche con algunas cosas en un camión, apareció de frente el grupo de muchachos que operaba en el barrio, entre ellos Juan David García, con unos tarros, en los que supuso que llevaban gasolina190 porque había escuchado el rumor de que habían dicho que si no salía del barrio le iban a quemar el vehículo191; que algunos de ellos iban armados y con la intención de prenderle fuego al carro con su familia y sus cosas adentro, razón por la cual se bajaron del automotor y ella llamó a policía, y cuando pudieron salir resguardados por los uniformados, el grupo de jóvenes les gritaron con palabreas soeces que al fin la habían hecho salir del lugar192.
De igual modo sostiene que su esposo, su hija, una vecina de nombre Carmen que ya no vive en el barrio y una señora que vivía al frente cuyo nombre no recuerda193 fueron testigos de tales sucesos.
Pues bien, las particulares circunstancias que rodearon el desplazamiento forzado de Blanca Nubia Arango y su familia resultan plenamente coherentes con las verificaciones de la Sala, así:
Las amenazas provinieron de un grupo armado de jóvenes, como el que los múltiples testigos afirman que operaban en el sector y que eran liderados, para la fecha de los acontecimientos por el procesado.
Estos sujetos, al igual que ocurrió en los casos de los desplazamientos forzados de que dieron cuenta Argemiro Dávila Zuluaga194, Amparo Jiménez Manco195, Gloria Amparo Jiménez Manco196, Argemiro Dávila Zuluaga197 e Ignacio de Jesús Sepúlveda198, la visitaron en su casa, en horas de la noche, vestidos de negro y con los rostros cubiertos con pasamontañas, exigiéndole que debían abandonar la residencia en un plazo de un día.
En todos los supuestos la empresa criminal se apoderaba de los bienes que las víctimas eran obligados a dejar, luego de lo cual eran vendidos y su producto apoderado por la banda, tal como lo informaron Nancy Jiménez Manco199, Gloria Amparo Jiménez Manco200, Edilberto Manuel Pacheco Osorio201, Wilson Octavio Ceballos Pemberti202 y Argemiro Dávila Zuluaga203 quienes reconocieron a JUAN DAVID GARCÍA como uno de los sujetos que desplegaba estas conductas204
Los testigos también fueron acordes en informar que una de las razones que generaban el desplazamiento forzado por parte de la banda delincuencial consistía en que los habitantes tuvieran varias cosas. El motivo que se le endilgó a Blanca Nubia fue el tener unos fogones a gas205, a Nancy Jiménez Manco que ella y su esposo tuvieran casas, a Edilberto Manuel Pacheco sus neveras206 y a Argemiro Dávila Zuluaga las mejoras de café y plátano que tenía en su predio207.
El desplazamiento forzado por parte del grupo criminal también era suscitado cuando los ciudadanos advertían los manejos ilícitos de la Junta de Acción Comunal. Blanca Nubia208 se percató de la venta ilegal de lotes, circunstancia corroborada por Deisy Alejandra Arango209, Jorge Luis Borrero Rangel210, Wilson Octavio Ceballos Pemberti211 e Ignacio de Jesús Sepúlveda212, quien corrió la misma suerte por el mismo motivo de Blanca Nubia.
El uso de armas y el tipo de las utilizadas por los sujetos que obligaron a desplazarse a la señora Arango y a su familia, también es concordante con la que los testigos manifiestan haber observado al procesado y a su pandilla, tales como Deisy Alejandra Arango213, Jorge Luis Borrero Rangel214 e Ignacio de Jesús Sepúlveda215.
Adicionalmente se debe considerar que el investigador de la SIJIN de Medellín Carlos Mario Mosquera Hernández confirmó las afirmaciones de Blanca Nubia Arango216 respecto que la banda de GARCÍA era la única que operaba en el sector en el que Blanca Nubia y su familia residían y que los testigos fueron enfáticos en sostener que el barrio no pasaba nada sin el control de ellos.
De esta forma, para la Sala resulta nítido que la persona que el día de los hechos Blanca Nubia Arango Pérez reconoció era JUAN DAVID GARCÍA y que la apreciación probatoria realizada por los jueces de instancia no es aceptable.
Más desatinado aún resulta el raciocino de los juzgadores, cuando se repara en la presencia del procesado al momento en que Blanca Nubia Arango y su familia abandonaban su morada, arengando en su contra y expresando su satisfacción por haber logrado su cometido.
Como se observa, la apreciación del sentenciador contradice el estudio conjunto de la prueba, pues lo que ésta demuestra, a través de las versiones vertidas por los afectados, es que el desplazamiento tuvo lugar en las circunstancias descritas reiteradamente por la víctima, pese a estar sometida a amenazas e intimidación tanto ella como su familia.
I. Superación del estándar probatorio de la convicción más allá de toda duda en la responsabilidad del procesado.
En este apartado, le corresponde establecer si estas demostraciones cumplen con el estándar probatorio de proporcionar un convencimiento más allá de toda duda.
Para la jurisprudencia217, el convencimiento más allá de toda duda de la responsabilidad penal del procesado pertenece a un estadio del discernimiento propio de la certeza racional, que se refiere a una seguridad relativa, o aproximativa, dado que llegar a la seguridad absoluta resulta un imposible gnoseológico.
En consecuencia, conforme con la teoría del conocimiento, no es exigible que la demostración de la conducta humana objeto de investigación sea absoluta, pues tal precepto es un ideal imposible de alcanzar.
En este sentido, la Corte sostuvo que218:
“[…] sería una ilusión metafísica esperar la certeza absoluta de la prueba testimonial (y en especial del conjunto de aserciones que la integran, pero en general de cualquier medio probatorio incorporado al proceso), pues los criterios de aceptación de la verdad (o credibilidad) conducen a decisiones que implican en menor o mayor medida focos de discreción incontrovertibles desde un ámbito racional”.
“El proceso penal […] no puede garantizar de manera completa la justicia material del caso concreto (aunque lo busca), sino se satisface con reducir al mínimo (y no con eliminar, pues ello sería inalcanzable) los momentos potestativos y las posibilidades de arbitrio en la actuación mediante un modelo que dé cabida a la refutación de las teorías e hipótesis en pugna”.
Cierto es, que el proceso de valoración de la prueba tiene al menos dos fases bien definidas en las que el juez debe tener en cuenta criterios disímiles. La primera etapa, consiste en la determinación de la existencia o no de actividad probatoria de cargo, vale decir, en establecer si en la audiencia pública del juicio constan elementos de convicción acopiados, introducidos y practicados con todas las garantías, que tengan un sentido objetivamente incriminatorio.
Definido lo anterior, inicia el segundo ciclo de la valoración, cuyo objeto radica en precisar si la prueba de cargo, analizada de manera individual y en su conjunto, es suficiente o no para condenar, momento en el cual, se aplicará el estándar de la prueba que contempla la legislación.
Así, la formulación de un baremo probatorio tiene como objetivo servir de guía para el juez que valorará los medios de conocimiento introducidos al juicio, al indicarle el grado de confirmación necesario para que la hipótesis objeto de prueba –teoría del caso-, pueda estimarse acreditada, lo cual debe constar en la exposición de los argumentos por los cuales considera que ha alcanzado el nivel exigido –motivación de la decisión-.
Al mismo tiempo, la escala probatoria actúa como mecanismo de control de la valoración judicial, lo cual responde a razones más de tipo político que de índole epistémica. Así, por ejemplo, la exigencia de prueba más allá de toda duda, tiene su fundamento en el modelo según el cual es más aceptable absolver a un culpable que condenar a un inocente.
El Código de Procedimiento Penal de 2004 adoptó como criterio de decisión un estándar probatorio de acuerdo con el cual, la condena debe ir precedida de prueba más allá de toda duda, y aunque nuestra legislación no especifique que la incertidumbre probatoria a superar deba ser racional219, así debe ser entendida, puesto que la duda generada en la sospecha, sentimientos, intuición o en el presentimiento, deben ser desechadas sin esfuerzo.
En el presente asunto, el análisis probatorio realizado en los apartados anteriores, le permite a la Corte concluir que cualquier tipo de duda seria, relevante y concreta respecto de la responsabilidad del ciudadano JUAN DAVID GARCÍA en el desplazamiento forzado de la señora Blanca Nubia Arango y su familia, ha sido superada.
Los jueces de instancia consideraron que la participación del JUAN DAVID GARCÍA en el desplazamiento forzado de Blanca Nubia Arango Pérez no se acreditó porque el reconocimiento que ésta realizó de aquél –por su figura, su porte y sus ademanes-, se ofrecía especulativo y no podía tenerse como estructurante de la certeza exigida por la legislación para la declaración de responsabilidad penal220.
Así, se efectuó por ellos un análisis valorativo basado exclusivamente en las afirmaciones la señora Arango y de su hija Deisy Alejandra, para derivar que al no existir un pleno reconocimiento del procesado, devenía la ausencia de certeza de su participación criminal.
En momento alguno se consideraron otras variables demostrativas puestas de manifiesto por los numerosos testigos que concurrieron al juicio, tales como la precaria situación social que se vivía en las zonas Altos de Oriente 1 y 2, Adolfo Paz, El Pinal y El Regalo de Dios, de la Vereda Granizal; la situación de seguridad en la zona, o la presencia de grupos armados ilegales que aprovecharon la vulnerabilidad de sus habitantes.
De este modo, el método de valoración probatoria articulado por los juzgadores fue inadecuado, pues se examinó de forma insular y exclusiva las atestaciones de Blanca Nubia y de su descendiente, sin considerar los múltiples testimonios que daban cuenta que se trataba no de un delito individual, sino de un caso de graves violaciones a los derechos humanos acaecido en situación de macrocriminalidad, generado, desarrollado y liderado por una organización delictiva compuesta por, al menos, treinta sujetos reinsertados del Bloque paramilitar Cacique Nutibara al que se unieron otros muchachos de la zona, que por la vía armada impusieron su voluntad y generaron masivas vulneraciones a los derechos humanos de los pobladores.
En esos términos, la responsabilidad del acusado se halla acreditada más allá de toda duda.
Fundamentar la absolución del procesado en La valoración insular del testimonio de la víctima es un criterio insuficiente y errado. La Sala no desconoce los descargos realizados por el acusado durante la audiencia pública del juicio, en donde adujo que sostuvo una relación de amante con Blanca Nubia Arango Pérez -que no fue demostrada- y, que aunque se admitiera, no debilitaría el panorama demostrativo al que conduce la prueba de cargo.
Tampoco ignora que durante el desarrollo del juicio se efectuaron afirmaciones como las de Ignacio de Jesús Sepúlveda García, quien sostuvo que desde su punto de vista el procesado no pertenecía a las autodefensas porque no lo vio portando armas; y que otros testigos informaron que no lo observaron propinar amenazas directamente.
Sin embargo, estas aserciones analizadas conjuntamente con la integridad de las versiones plasmadas por los testigos que las efectúan y con los demás testimonios, no le restan fuerza demostrativa a las que, pese a la presión de la intimidación, un número importante de habitantes de la zona objetivo de la corporación criminal, formularon respecto de la responsabilidad de JUAN DAVID GARCÍA en los hechos.
Estas pruebas, examinadas en su conjunto y dentro del contexto social en el que se desarrollaron los sucesos, son para la Corte suficientemente convincentes para respaldar la hipótesis de la acusación respecto de la responsabilidad del procesado.
Bajo tal comprensión, la responsabilidad del procesado supera el estándar del convencimiento más allá de toda duda en el desplazamiento forzado de Blanca Nubia Arango Pérez y su familia, como lo exige el artículo 7º de la Ley 906 de 2004221.
Con base en todo lo anterior, para la Corte se halla acreditado el yerro previsto por la causal tercera de casación –numeral 3 del artículo 181 de la Ley 906 de 2004-, consistente en error de hecho por falso juicio de existencia por omisión que se materializó cuando el cuerpo colegiado fundó su decisión exclusivamente en el testimonio de la víctima y de su hija y omitió los restantes elementos de convicción que tenían trascendencia jurídica en la declaración de justicia.
El cargo prospera.
I. Consecuencias de la decisión.
De acuerdo con las conclusiones del acápite anterior, la Corte habrá de casar parcialmente la providencia impugnada. En tal virtud, declarará la responsabilidad penal de JUAN DAVID GARCÍA por el delito de desplazamiento forzado de Blanca Nubia Arango Pérez y su núcleo familiar y procederá a redosificar las penas, como enseguida se detalla.
Redosificación de la pena.
Debido a que con ocasión de esta decisión el enjuiciado JUAN DAVID GARCÍA, quedará penalizado por un concurso de delitos –concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado-, es necesario dar aplicación al artículo 31 de la Ley 599 de 2000, que estipula que el responsable:
“… quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas.”
De allí surge necesario, que antes de determinar cuál es la pena que corresponde al conjunto de delitos concursales, se dosifique de forma independiente cada una de ellas como si se tratara de un delito único, con el objetivo de saber cuál es el punible más grave según la pena imponible.
Ahora bien, la dosimetría penal relacionada con el delito de concierto para delinquir agravado222 fue realizada por el juez de instancia, quien determinó una sanción de setenta y dos (72) meses se prisión y multa de dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Resta entonces determinar la sanción imponible al encausado por el delito de desplazamiento forzado ocurrido en el año 2006223, el cual apareja una sanción que oscila entre los noventa y seis (96) meses (8 años) a doscientos dieciséis (216) meses (18 años) de prisión, multa que fluctúa entre ochocientos (800) a dos mil doscientos cincuenta (2.250) salarios mínimos legales mensuales vigentes224.
Así las cosas, surge nítido que el primer cuarto de punibilidad (dentro del que se individualizará la pena privativa de la libertad, pues la acusación no contempló motivos de mayor punibilidad, abarca desde los noventa y seis (96) a los ciento veintiséis (126) meses de prisión (8 años a 10.5 años).
La Colegiatura considera que en el presente asunto no es procedente fijar la sanción en el mínimo del cuarto inferior, debido a la calidad de las víctimas seleccionadas, esto es, humildes pobladores de una de las zonas más pobres de la región, que habían invertido su escaso capital económico en la vivienda de la que fueron despojados y que no tenían la capacidad de defenderse de la agresión física, psicológica y armada de sus victimarios.
Tampoco lo aconseja así la forma en que la conducta fue ejecutada, vale decir, desplegada por una organización criminal, en hechos en que participó un número plural de sujetos actores, utilizando armas de fuego, intimidando a las víctimas incluso en el momento del abandono involuntario de la residencia y como parte de un plan consistente en ejercer el dominio territorial, erigirse en autoridad y ejercer el control absoluto sobre la población.
Por tanto, respetando los límites que impone el primer cuarto de punibilidad, la Corte fijará la pena de prisión para el delito de desplazamiento forzado en ciento catorce (114) meses de privación de la libertad personal, conclusión que permite afirmar que es éste, y no el concierto para delinquir agravado, el delito más grave entre los concursantes.
Ahora bien, debido a que la sanción imponible por el concurso no puede ser superior a la suma aritmética de las penas dosificadas individualmente, en el caso que nos ocupa, el zenit imponible será de ciento ochenta y seis (186) meses de prisión (72+114). No podrá exceder, de igual modo, a la pena que corresponda al delito más grave, derivada de todos los factores de la conducta punible, aumentada hasta en otro tanto.
Teniendo en consideración que para el fallador de instancia la conducta de concierto para delinquir agravado no revistió mayor gravedad y que las consecuencias punitivas asignadas a ese delito no fueron objeto del recurso de casación, no es posible incrementar la pena de prisión prevista para el delito base (114 meses) en 72 más (correspondientes al concierto para delinquir agravado), pues ello solamente sería posible si para el sentenciador la pena de este último delito, vistos los criterios descritos en los incisos 3º y 4º del artículo 61 del Código Penal, ameritara una sanción más alta. Como el juzgador no advirtió esa gravedad, la Corte debe determinar el incremento de “hasta en otro tanto” según el criterio ya fijado en el fallo de instancia.
Así las cosas, la Sala habrá de incrementar la pena de prisión de ciento catorce (114) meses en veinte (20) meses más, aumento acorde con la escasa gravedad que el fallador le concedió al concierto para delinquir agravado, para obtener así una pena privativa de la libertad definitiva de ciento treinta y cuatro (134) meses de prisión.
Respecto de la determinación de la pena principal pecuniaria, la Sala partirá de la dosificada realizada por el a quo para el delito de concierto para delinquir agravado, fijada en valor equivalente a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y en aplicación del numeral 4º del artículo 39 del Código Penal, adicionará, por razón del incremento debido a la concurrencia del delito de desplazamiento forzado, novecientos cincuenta (950) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para un total de dos mil novecientos cincuenta (2.950) de dichos salarios como pena principal de multa.
En lo que atañe a la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, la Sala observa que el delito de desplazamiento forzado la prevé como principal y el punible de concierto para delinquir agravado como accesoria, concurriendo así, de manera simultánea las dos calidades.
Siguiendo los derroteros trazados por la Corte225 es necesario respetar los siguientes criterios para su graduación:
“Impera aclarar que respecto de éste procesado la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas está llamada a ser impuesta bajo dos modalidades: como principal, por un lapso de diez (10) años —según la estimación atrás reseñada— en el delito de desaparición forzada, y como accesoria, por una duración de veinte (20) años de conformidad con los artículos 51 y 52 de la Ley 599 de 2000, frente al concurso con los otros delitos contra la vida por los cuales se le halló responsable.
Tratándose entonces de una misma sanción que está prevista en diferente grado y magnitud en los delitos concurrentes, para su adecuada tasación debe acudirse a las reglas de dosificación en los casos de concurso de conductas punibles (Ley 599 de 2000, artículo 31), y con base en esos criterios, de acuerdo con los cuales el sujeto agente queda sometido a la del delito que “establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto”, habrá de preferirse la inhabilitación de derechos y funciones públicas en modalidad principal, por diez (10) años, incrementada —por los demás comportamientos que la consagran como accesoria— en otra cantidad igual, para un gran total de veinte (20) años.226”227
Para dar cumplimiento a tales lineamientos, la tasación
debe consultar las reglas de dosificación en los casos de concurso de conductas punibles (Ley 599 de 2000, artículo 31), partiendo del delito que, en concreto, establece la pena más grave de acuerdo a su naturaleza, razón por la cual se debe partir de la prevista en la modalidad principal, que corresponde al delito de desplazamiento forzado, aumentada hasta en otro tanto, sin que supere su suma aritmética y sin que desborde el límite impuesto para esta clase sanción por el inciso primero del artículo 52 de la Ley 906 de 2004.
Teniendo en cuenta que la pena principal de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el delito de desplazamiento forzado oscila entre noventa y seis (96) meses a doscientos dieciséis (216) meses, y teniendo en cuenta las mismas consideraciones que en el proceso dosimétrico de la pena privativa de libertad, la Sala se moverá dentro del primer cuarto, vale decir, de noventa y seis (96) meses a ciento veintiséis (126) meses y se aumentará el mínimo del cuatro en la misma proporción que aquella, para fijarla en ciento catorce (114) meses, los que, siguiendo los mismos criterios establecidos para la fijación de la pena restrictiva de la libertad, se fija, definitivamente, en ciento treinta y cuatro (134) meses.
Debido a que la Sala ha sostenido que «cuando concursan conductas punibles en donde por lo menos una de ellas tiene prevista pena de inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas como principal, la inhabilitación respecto de los otros delitos, que por igual concursen, a pesar que de conformidad con lo consagrado en el inciso 3º del artículo 52 del Código Penal son accesorias, debe entenderse que todas se reputan como principales»228, la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas se impondrá como pena principal.
I. Consideraciones Finales.
1. El cambio del sentido del fallo.
Para la Sala es importante hacer mención al cambio del sentido del fallo en que incurrió el juez de primer nivel y que ha sido puesto en consideración por la agencia fiscal.
La Colegiatura advierte que en la audiencia de 3 de junio de 2011 se anunció el sentido del fallo condenatorio por los delitos de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado en concurso homogéneo respecto de Blanca Nubia Arango, su núcleo familiar y Nancy Jiménez Manco, y por el constreñimiento ilegal de esta última; y sentido absolutorio por el delito de desplazamiento forzado de Víctor Manuel Pacheco Osorio.
Posteriormente, el 30 de agosto de 2011 se divulgó la modificación del sentido del fallo, en esta oportunidad con carácter mixto, vale decir, se mantuvo el alcance condenatorio por el delito de concierto para delinquir agravado, pero se varió a absolutorio frente a los demás punibles estudiados.
La Sala debe precisar que si bien se tiene dicho que al juez de conocimiento le está vedada la modificación del sentido del fallo una vez finalizado el debate probatorio, debiendo éste ser congruente con el contenido de la decisión vertida en la correspondiente sentencia, en el caso que nos ocupa, la irregularidad, además de resultar intrascendente puesto que el nuevo anuncio fue claramente a favor del procesado, ninguna de las partes interesadas demandó su nulidad, lo cual provocó la convalidación de la irregularidad.
2. El rol del Juez en el Estado Constitucional y Social de Derecho.
La adopción de un modelo de Estado Social de Derecho implica que la principal función que están llamados a cumplir los jueces sea la protección de los derechos fundamentales. En tal sentido, el ámbito de sus competencias no se limita, como antaño, a interpretar y a aplicar la ley para la resolución de un caso concreto, sino que se extiende a la adopción de todas aquellas medidas eficaces que conduzcan a satisfacer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
En este orden de ideas, el cumplimiento del mandato constitucional e internacional de protección de esta calidad de víctimas implica que si al momento de ejercer sus competencias legales los jueces se percatan de la existencia de una situación que respecto de sus víctimas amerita desplegar un ámbito especial de protección, el máximo órgano de justicia ordinaria pueda adoptar ciertos actos procesales encaminados a revertir tal estado de cosas.
Aquello no comporta un exceso o un desbordamiento en el ejercicio de sus competencias legales como Corte de Casación. Por el contrario, hacer caso omiso ante casos que probatoriamente están evidenciando la posible comisión de un crimen de lesa humanidad y la lesión de derechos tanto individuales como colectivos de las víctimas, que ameritan una necesidad de intervención del Estado para garantizar las medidas de resarcimiento, conllevaría a un desconocimiento del imperativo constitucional de protección de derechos, y de contera, a un incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Colombia.
En otras palabras, en un Estado Social de Derecho la comprensión del principio de legalidad, que limita la actuación de todas las autoridades públicas incluidas las judiciales, debe acompasarse con los mandatos de optimización en materia de derechos humanos.
Así las cosas, si al momento de analizar un caso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia advierte que, a primera vista, pudo perpetrarse un crimen de lesa humanidad, que el mismo ha quedado impune, o que las víctimas requieren un acompañamiento especial en aras de garantizar sus derechos, con base en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, específicamente, el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos229
, cuenta con la competencia para compulsar las respectivas copias a la Defensoría del Pueblo a efectos de que analice la posibilidad de asistir a las víctimas en la presentación de las acciones respectivas y a que se verifique e impulsen las actuaciones administrativas tendientes a garantizarles la restitutio in integrum, lo que en efecto se ordenará.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
R E S U E L V E
Primero: CASAR parcialmente la sentencia impugnada por el Procurador 121 Judicial Penal II de Medellín.
Segundo: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a JUAN DAVID GARCÍA a las penas principales de ciento treinta y cuatro (134) meses de prisión, multa por valor equivalente a dos mil novecientos cincuenta (2.950) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por término semejante al de la pena privativa de la libertad, como autor penalmente responsable del concurso de delitos de concierto para delinquir agravado y del desplazamiento forzado de Blanca Nubia Arango Pérez y su núcleo familiar.
Tercero: Compulsar copias de esta decisión a la Defensoría del Pueblo para lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
En lo demás, la sentencia mantiene su vigencia.
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.
Cúmplase.
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Ante el Juzgado Treinta y Ocho Penal Municipal de Medellín con Funciones de Control de Garantías.
2 Cfr. Folios 122 a 127 ibídem.
3 Cfr. folios 117 a 121 ibídem.
4 Cfr. Ley 906 de 2004, art. 181.
5 Cfr. ibídem, inciso 3º del art. 184.
6 Cfr. https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdmhb.htm, búsqueda de 11 de mayo de 2016.
7 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Fondo, reparaciones y costas, párrafo 175; y Caso Masacre de Ituango vs. Colombia, Sentencia de 1 de julio de 2006, Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, párrafo 234; Caso Masacres del Rio Negro vs. Guatemala, Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012, párr. 173.
8 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 1993.
9 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 1999, disponible en http://www.cidh.org/countryrep/Colom99sp/indice.htm
10 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de las Masacres de Río Negro vs. Guatemala, Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012.
11 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Masacres de el Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 25 de octubre de 2012.
12Cfr.http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1400
13 Cfr. CSJ. SP. de 26 de marzo de 2014, Rad. 38795.
14 Cfr. Ibídem.
15 Cfr. ídem.
16 Cfr. ídem.
17 Cfr. Sentencia de la CC. T-323 de 2001, de 26 de marzo.
18 Cfr. CSJ. SP. de 26 de marzo de 2014, Rad. 38795.
19 Si bien la conducta puede materializarse con el desplazamiento de un solo individuo, generalmente se presenta de manera sistemática y grupal de comunidades completas.
20 De allí que se trate de un delito de ejecución permanente, que se extiende durante el tiempo que dure el desplazamiento.
21 La Corte Constitucional en su sentencia T-025 de 2004 afirmó que el desplazamiento forzado, su prolongación y su no corrección constituyen una clara afrenta contra la dignidad de sus víctimas.
22 Cfr. SCC C-370 de 2006.
23 Cfr. Record 07:08´´ CD 7, reiterado 01:10´12´ ibídem.
24 Cfr. Record 01:37´16´´ CD 7.
25 Cfr. Declaración de Argemiro Dávila Zuluaga, record 01:08´00´´, de Ignacio de Jesús Sepúlveda García, record 01:32´55´´CD 8, reiterado a record 02:27´45´´ ibídem.
26 Cfr. ibídem, record 01:05´08´´, CD 8.
27 Cfr. Record 26´15´, CD 7.
28 Cfr. Record 01:12´53´´ CD 7.
29 Cfr. Record 01:28´26´´ CD 7.
3030 Cfr. Declaración de Argemiro Dávila Zuluaga, record 01:08´50´´ CD 8.
31 Cfr. Record 20:57, 22:45, 27:32, 28:38, 30:05, 34:56, 36:29, 38:52, 39:58, 42:11 CD 3, entre otros.
32 Cfr. Record 41:06 CD 3.
33 Cfr. Record 41:42 ibídem.
34 Cfr. Record 42:11 ibídem.
35 Cfr. Record 01:36´37´´ CD5.
36 Cfr. Record, 01:45´58´´ CD 5.
37 Cfr. Record 11´51´´CD 6, reiterado a record 55´53´´ ibídem.
38 Cfr. Record 11:51 CD 6.
39 Cfr. Record 23´51´´ CD6.
40 Cfr. Record 02:32´58´´ CD 5.
41 Cfr. Record 02:34´08´´, reiterado a record 02:37´07´´ CD 5.
42 Cfr. Record 02:37´16´´y 02:37´28´´CD 5.
43 Cfr. Record 03:06´36´´, CD 5.
44 Cfr. Record 03:06´45´´ CD 5, reiterado record 03:13´44´´ ibídem.
45 Cfr. Record 03:07´17´´ ibídem.
46 Cfr. Record1:20´08´´ CD 6.
47 Cfr. Record 01:26´35´´ CD 6.
48 Cfr. Record 01:20´25´´ ibídem.
49 Cfr. Record 01:14´41´´ ibídem.
50 Cfr. Record 01:21´37´´ ibídem.
51 Cfr. Record 01:20´49´´ ibídem.
52 Cfr. Record 01:22´46´´ ibídem, reiterado a record 01:36´37´´ ibídem.
53 Cfr. Record 01:30´58´´ ibídem.
54 Cfr. Record 16´58´´ CD 7.
55 Cfr. Record 12:13 CD 7.
56 Cfr. Record 20´27´´ CD 7, reiterado a record 01:14´31´´ ibídem.
57 Cfr.Reiterado a record 01:39´14´´ CD 6.
58 Cfr. Record 01:23´16´´, reiterado a record 01:36´26´´ y record 01:39´14´´ ibídem.
59 Cfr. Record 01:33´21´´ CD 6, reiterado a record 01:40´00´´ ibídem.
60 Cfr. Record 01:51´44´´ CD 7.
61 Cfr. Record 12´24´´ CD 8.
62 Cfr. Record 13´26´´CD 8.
63 Cfr. Record 08´11´´ CD 9.
64 Cfr. Record 12´13´´ CD 9.
65 Cfr. Record 01:24´56´´ CD 8.
66 Cfr. Record 1:05´44´´ CD7.
67 Cfr. Record 01:22´29´´ CD 8, en el mismo sentido record 01:58´38´´ CD 8 y Carlos Mario Mosquera Hernández a record 01:02´38´´ CD 9, corroborado a record 01:04´48´´ ibídem.
68 Cfr. Record 02.17´36´´ CD 5.
69 Cfr. Record 41´04´´ CD 8, reiterado a record 58´18´´ ibídem.
70 Cfr. Record 25´55´´ CD 8.
71 Cfr. Record 52´54´´ CD 8.
72 Cfr. Record 02:29´39´´ CD 8.
73 Cfr. Record. 02:00´11´´, corroborado a record 02:31´30´´ CD 8.
74 Reiterado records 58´18´´ y 01:02´02´´ CD 8.
75 Cfr. Declaración de Blanca Nubia Arango Pérez, record 36´29´´ CD 3, Deisy Alejandra Arango Arango, record 35´10´´CD 5 y record 54´07 CD5
76 Cfr. Record 01:17´43´´, CD 8.
77 Cfr. Record 01:24´08´´ CD 8.
78 Cfr. Record 01:17´43´´ CD 8.
79 Cfr. Record 01:18´18´´ CD 8.
80 Cfr. Record 01:19´45´´CD 8.
81 Cfr. Record 01:21´50´´ CD8.
82 Cfr. Record 21´41´´CD 8.
83 Cfr. Record 14´03´´ CD 6.
84 Cfr. Record 15:08, ibídem.
85 Cfr. Record 03:11´55´´CD 5.
86 Cfr. Record 21´54´´ CD 7.
87 Cfr. 01:36´11´´ CD 8.
88 Cfr. Record 01:37´19´´ ibídem.
89 Cfr. Record 02:10´54´´ ibídem.
90 Cfr. Record 01:50´33´´ ibídem.
91 Cfr. Record 01:23´08´´ CD 7.
92 Cfr. Record 58´16´´ CD 7, reiterado a record 01:22´07´´ ibídem.
93 Cfr. Record 59´34´´ ibídem.
94 Cfr. Record 01:19´21´´ ibídem.
95 Cfr. Record 01:58´55´´ ibídem.
96 Cfr. Record 29´14´´ CD 9.
97 Cfr. Record 30´36´´ ibídem.
98 Cfr. Record 48´00´´ ibídem.
99 Cfr. Record 37:18, CD 1.
100 Cfr. Record 46´08´´CD 5.
101 Cfr. Record 1:06´49´´y 1:07´05´ CD 5.
102 Cfr. Record 01:5´50´´, reiterado record 02:22´04´´y 02:22´14´´ CD 5.
103 Cfr. Record 02:07´50´´y 02:08´51´´ CD 5.
104 Cfr. Record 21:42´48´´, reiterado 02:42´59´´ CD 5.
105 Cfr. Record 02:43´45´´ CD 5.
106 Cfr. Record 02:38´28´´, reiterado a record 32:39´57´´ ibídem.
107 Cfr. Record 02:47´45´´ ibídem.
108 Reiterado record 03:25´36´´ ibídem.
109 Reiterado folio 03:26´10´´ y 03:26´31´´ ibídem
110 Cfr. Record 03:25´42´´ ibídem.
111 Cfr. Record 43´44´´ CD 6.
112 Cfr. Record 33´02´´ ibídem.
113 Cfr. Record 28´37´´ CD7.
114 Cfr. Record 28´36´´ ibídem.
115 Cfr. Record 37´28´´ ibídem.
116 Cfr. Record 43´56´´ ibídem.
117 Cfr. Record 31´11´´ ibídem.
118 Cfr. Record 01:22´59´´ ibídem.
119 Cfr. Record 1:00´21´´ ibídem.
120 Cfr. Precisión realizada en el record 31´34´´ CD 8.
121 Cfr. Record 34´30´´ ibídem.
122 Fecha de ingreso corroborada por este testigo a record 01:10´10´´ ibídem.
123 Cfr. Record 19´57´´ ibídem.
124 Cfr. Record 01:47´45´´ ibídem, reiterado a record 01:53´22´´ ibídem.
125 Cfr. Record 01:53´44´´ ibídem.
126 Cfr. Record 01:54´35´´ ibídem.
127 Cfr. Record 01:56´10´´ ibídem.
128 Cfr. Record 02:40´44´´ ibídem.
129 Cfr. Record 19´47´´ CD 9.
130 Declaración de Deisy Alejandra Arango record 01:07´55´´ CD 5.
131 Cfr. Record 03:16´13´´ ibídem.
132 Cfr. Record 03:18´32´´, reiterado a record 03:25´29´´ ibídem.
133 Cfr. Record 03:16´13´´ ibídem.
134 Cfr. Record 03:08´44´´, reiterado 03:08´58´´ ibídem.
135 Cfr. Record 03:09´422´´y 03:10´19´´ ibídem.
136 Cfr. Record 03:10´19´´ CD 5, reiterado a record 03.15´25´´y 03.15´45´´ y 03:16´55´´ibídem.
137 Cfr. Record 03:17´41 ibídem.
138 Cfr. Record 03:17´23´´ ibídem.
139 Cfr. Record 02:02´25´´ CD 8.
140 Cfr. Record 02:06´29´´ ibídem.
141 Cfr. Record 01:50´00´´. CD 5.
142 Cfr. Record 01:48´54´´ y 01:54´45´´ ibídem.
143 Cfr. Record 01:50´49´´ ibídem.
144 Record 01:56´34´´, reiterado record 02:12´18´´ ibídem.
145 Cfr. Record 28´12´´ CD 6
146 Cfr. Record 28´27´´ ibídem, reiterado a record 29´50´´ ibídem.
147 Cfr. Record 45´58´´ ibídem, reiterado a record 58´20´´ ibídem.
148 Cfr. Records 41´45´´, 01:00´04´´ y 00:01´23´´ ibídem.
149 Cfr. Record 37´33´´ CD 8.
150 Cfr. Record 01:00´52´´ ibídem.
151 Cfr. Record. 49´16´´ ibídem.
152 Cfr. Record 38´51´´ ibídem.
153 Cfr. Record 39´57´´ ibídem.
154 Cfr. Record 01:03´19´´ CD 9.
155 Cfr. Record 01:05´15´´ ibídem.
156 Record 02:35´11´´ CD 5.
157 Cfr. Record 02:44´04´´ ibídem.
158 Cfr. Record 41´04´´ CD 8.
159 Cfr. Record 01:37´19´´ ibídem.
160 Cfr. Record 01:38´24´´ ibídem.
161 Cfr. Record 02:35´02´´ ibídem.
162 Cfr. Record 02:35´28´´ ibídem.
163 Cfr. Record 01:56´22´´CD 7.
164 Cfr. Record 01:57´11´ ibídem.
165 Cfr. Carpeta 3, audio de la audiencia pública del juicio oral, record 20´20´´.
166 Cfr. Ibídem, record 01:3828´´´.
167 Cfr. Ibídem, record 02:22´26´´.
168 Cfr. Ibídem, record 20´35´´, 01:35´24´´ y 01:40´23´´.
169 Cfr. Ibídem, record 20:22´14´´.
170 Cfr. Ibídem, record 02:23´18´´
171 Cfr. Ibídem, record 02:23´35´´.
172 Cfr. Ibídem, record 20´57´´.
173 Cfr. Ibídem, record 02:25´07´´.
174 Cfr. Ibídem, record 22´45´´.
175 Cfr. Ibídem, record 01:37´25´´.
176 Cfr. Ibídem, record 01:35´53´´.
177 Cfr. Ibídem, record 01:36´08´´.
178 Cfr. Ibídem, record 25´16´´.
179 Cfr. Ibídem, record 25´34´´ y record 01:39´25´´.
180. Cfr. Ibídem, record 26´13´´.
181 Cfr. Ibídem, record 26´13´´ y 01:17´21´´
182 Cfr. Ibídem, record 25´46´´. 02:23´00´´.
183 Cfr. Ibídem, record 01:40´00´´.
184 Cfr. Ibídem, record 01:39´38´´.
185 Cfr. Ibídem, record 01:39´52´´.
186 Cfr. Ibídem, record 01:40´33´´.
187Cfr. Ibídem, record 02:22´47´´
188 Cfr. Ibídem, record 20´20´´.
189 Cfr. Ibídem, record 32´31´´.
190 Cfr. Ibídem, record 3005´´.
191 Cfr. Ibídem, record 01:42´49´´.
192 Cfr. Ibídem, record 28´53´´.
193 Cfr. Record 32´57´´ ibídem.
194 Cfr. Record 21´41´´ CD 8.
195 Cfr. Record 01:30´55´´CD 5 y 15´08´´ CD 6.
196 Cfr. Record 15´42´´ CD 6, record 01:06´34´´ ibídem y record 01:05´02´´ ibídem.
197 Cfr. Record 01:10´19´´ CD 8.
198 Cfr. Record 10´45´´ CD8, record 02:08´11´´ ibídem.
199 Cfr. Record 02:00´15´´ CD 5.
200 Cfr. Record 18´03´´ CD 6 y record 5´07´´ ibídem.
201 Cfr. Record 02:45´23´´ CD 5.
202 Cfr. Record 01:18´38´´ CD6.
203 Cfr. Record 01:12´00´´ CD 8.
204 Cfr. 01:47´25´´ CD 5; record 03:09´25´´ CD 5; record 24´32´´ Cd 6, record 26´36´´ CD 6; record 28´46´´ CD6, record 31´23´´ CD 6;
205 Cfr. Record 21´50´´ CD 3, corroborado por Deisy Alejandra Arango a record 10´57´´ CD 5.
206 Cfr. Record 03:33´19´´ CD 5.
207 Cfr. Record 25´55´´ CD 8.
208 Cfr. Record 23´08´´ CD 3.
209 Cfr. Record15´16´´ CD5.
210 Cfr. Record 03:05´51´´ CD 5.
211 Cfr. Record 16´58´´ CD 7 y 01:00´21´´ ibídem.
212 Cfr. Record 01:34´10´´ CD 8.
213 Cfr. Record 01:07´55´´ CD5.
214 Cfr. Record 03:18´32´´ reiterado a record 03:25´29´´ CD 5.
215 02:25´31´´ CD 8.
216 Cfr. Record 01:28´26´´ CD 3.
217 Cfr. CSJ, SP. de 23 de febrero de 2011, Rad. 32120.
218 Cfr. CSJ, SP. de 23 de febrero de 2011, Rad. 32120, cit.
219 Las actas redactoras de la Ley 906 de 2004 dan cuenta de la inexistencia de un debate respecto de este aspecto. Cfr. Osorio Isaza, Luis Camilo, Morales Marín, Gustavo, Proceso penal acusatorio, Ensayos y actas, Acta número 005, Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, 2005, págs. 127 a 138.
220 Cfr. Sentencia de primera instancia, folio 50 y ss, correspondiente a folio 111 reverso y ss. de la carpeta 2, y sentencia de segunda instancia, folios 147 y ss. ibídem.
221 Ley 906 de 2004, artículo 7º. “…Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda”.
222 De acuerdo con lo establecido en las sentencias de instancia, este delito se ejecutó en el año 2005.
223Cfr. Apartado VI de la presente decisión.
224 Debido a que en ese momento había cobrado vigor la Ley 890 de 2004.
225 Cfr. CSJ. SP. de septiembre 30 de 2015, Rad. 42241.
226 CSJ. SP. 3397-2014, 19 mar. 2014, Rad. 38793. En el mismo sentido, CSJ SP. 6955-2014, 4 jun. 2014, Rad. 42737. (cita textual del documento).
227 Cfr. ídem.
228 Cfr. CSJ. SP. de 16 abril de 2015, Rad. 43870.
229 Artículo 2, CADH. «Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno.- Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.».