Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
MAGISTRADA PONENTE
SP7510-2016
Radicación No.: 46038
Acta No. 172
Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil dieciséis (2016).
VISTOS
Agotado el trámite de que trata el artículo 195 de la Ley 906 de 2004, resuelve la Sala la demanda de revisión formulada por el apoderado de los condenados CARLOS EDILSON DÍAZ REINA y WILLIAM JARAMILLO PAVA.
HECHOS
Fueron resumidos por el Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de Neiva (Huila) como a continuación se señala:
Los hechos se dieron a conocer por denuncia formulada por el Dr. Fernando Trujillo Santos en su condición de Gerente Regional de la entidad INCOCRÉDITO, constituida estatutariamente como asociación gremial de instituciones bancarias de índole civil con el objeto de prevenir y controlar situaciones de riesgos generados por operaciones efectuadas mediante la utilización ilícita de tarjetas de crédito y débito y de otros dispositivos que permiten la realización de transacciones electrónicas fraudulentas.
Según elementos materiales probatorios puestos de presente por el Fiscal Delegado, se estableció que CARLOS EDILSON DÍAZ REINA estaba dedicado a recaudar la información contenida en las tarjetas originales emitidas en bancos nacionales y extranjeros, lo cual realizaba a través de otros miembros de la organización delictiva como Pedro Vargas Perdomo, así como los propietarios o quienes trabajaban en establecimientos comerciales, para luego ser registradas en las tarjetas que elaboraba el también investigado WILLIAM JARAMILLO PAVA, que eran facilitadas a sus [cómplices] y/o utilizadas en sus negociaciones fraudulentas. Con este último se contactaba de manera permanente vía telefónica, contribuyéndole para la adquisición de las máquinas para clonar tarjetas.
En la diligencia de registro y allanamiento al inmueble donde fue capturado DÍAZ REINA se halló munición ilícita CONSISTENTE EN 18 CARTUCHOS CALIBRE 357 Magnum y 03 calibre 38 Especial; posteriormente entregó de manera voluntaria diversos elementos tales como máquinas, prensas y lectores de códigos, que eran utilizados para el aludido accionar.
En lo atinente a WILLIAM JARAMILLO PAVA el mismo juega un papel preponderante al interior de la banda delincuencial y el accionar delictivo, pues es la persona preparada para la elaboración de las tarjetas falsas (clonadas), al punto de habérsele hallado en su poder, concretamente en la bodega del inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá, donde reside y se produjo su captura en desarrollo de la diligencia registro y allanamiento, las máquinas y otros elementos requeridos para tal labor ilícita, al igual que 1.789 billetes de dólares falsos. Dichas tarjetas posteriormente eran comercializadas por JARAMILLO PAVA a los demás integrantes del grupo delictivo, esencialmente al también investigado CARLOS EDILSON DÍAZ REINA, con quien mantenía contacto permanente, facilitándole los datos que deberían ser plasmados en los respectivos plásticos fraudulentos.
ACTUACIÓN PROCESAL
1. El 15 de noviembre de 2013 ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Neiva (Huila), previa legalización de las capturas, allanamiento y registro, la fiscalía les formuló imputación a CARLOS EDILSON DÍAZ REINA por los delitos de “hurto por medios informáticos y semejantes agravado, violación de datos personales agravado, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones”, y a WILLIAM JARAMILLO PAVA por los injustos de “hurto por medios informáticos y semejantes agravado, violación de datos personales agravado, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y tráfico de moneda falsificada”. No se presentó allanamiento a cargos.
Los procesados fueron afectados con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.
2. La Fiscalía presentó acta de preacuerdo suscrita con los procesados y su defensor. En el acápite de los términos de la aceptación de la culpabilidad, se expresó que CARLOS EDILSON DÍAZ REINA y WILLIAM JARAMILLO PAVA asumían su responsabilidad en los delitos enunciados, a cambio de que la fiscalía les degradara la forma de participación de autores a cómplices.
3. El 26 de septiembre de 2014 el Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de Neiva le impartió aprobación a la negociación referida por considerarla ajustada al ordenamiento jurídico.
4. Mediante sentencia del 15 de octubre de 2014 el juzgado de conocimiento condenó a los sindicados como cómplices de los delitos referidos, a las penas de sesenta y cuatro (64) meses de prisión, multa equivalente a tres punto cinco (3.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por el mismo término de la sanción intramural. Se negaron los subrogados penales.
5. El defensor apeló esa providencia con el fin de que les fuera concedida a sus representados, la rebaja punitiva de que trata el artículo 269 del Código Penal, y el beneficio de la prisión domiciliaria por la calidad de padres cabeza de familia.
6. La Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva en providencia del 18 de diciembre de 2014 confirmó en su integridad la sentencia de primer grado.
7. En firme la decisión condenatoria, el abogado de CARLOS EDILSON DÍAZ REINA y WILLIAM JARAMILLO PAVA presentó demanda de revisión, la que acompañó del respectivo poder, y de las sentencias de primera y segunda instancias.
LA DEMANDA DE REVISIÓN
El demandante sustentó su solicitud en la causal 7° del artículo 192 de la Ley 906 de 2004 aduciendo que con posterioridad a la emisión de la sentencia de condena, la Corte Suprema de Justicia en providencia dictada dentro del proceso con radicación No. 42724, varió favorablemente su doctrina y estableció que la rebaja de pena por reparación integral prevista en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000, también resulta aplicable frente al delito de hurto por medios informáticos y semejantes.
Así, expresó el libelista que CARLOS EDILSON DÍAZ REINA y WILLIAM JARAMILLO PAVA fueron condenados, entre otros, por el delito de hurto por medios informáticos y semejantes agravado. Sin embargo, aunque indemnizaron integralmente a la víctima (INCOCRÉDITO), los jueces de primera y segunda instancias les negaron el otorgamiento del referido diminuente punitivo.
Por tanto, solicitó a la Corte declarar fundada la causal invocada y otorgar a favor de los condenados la correspondiente rebaja de pena, con el consecuente análisis sobre la procedencia de los subrogados penales y/o el decreto de la libertad inmediata de aquellos por pena cumplida1.
ACTUACIÓN SURTIDA EN LA CORTE
Mediante auto del 13 de enero de 2016 se admitió la demanda y se solicitó el expediente que se pide revisar.2
Acto seguido, como quiera que de acuerdo con lo decidido por la Sala, en sesión del 3 de junio de 2015, en los trámites de revisión por la causal 7ª del artículo 192 de la Ley 906 de 2004 (6ª del artículo 220 de la Ley 600 de 2000), no hay lugar a disponer el traslado para la práctica de pruebas, en auto del 18 de febrero de 2016 se declaró superada esa etapa y se fijó fecha para llevar a cabo audiencia de alegatos de conclusión, conforme a las previsiones del artículo 195 de la Ley 906 de 2004.3
ALEGATOS DE LAS PARTES
La audiencia pública correspondiente se llevó a cabo el 25 de abril del presente año. A ella asistieron, el Fiscal 18 Seccional de Neiva, el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, los condenados CARLOS EDILSON DÍAZ REINA y WILLIAM JARAMILLO PAVA y su apoderado judicial.
En la citada diligencia, los intervinientes se pronunciaron al unísono por la prosperidad de las pretensiones. Argumentaron para ello que la rebaja de pena por indemnización integral prevista en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000 resulta aplicable frente al delito de hurto por medios informáticos y semejantes, como así lo expuso la Corte a partir de la decisión CSJ SP, 11 de febrero de 2015, Rad. 42724.
En particular, el defensor y el Delegado del Ministerio Público expresaron que en este caso está demostrado que el criterio jurídico con el cual se sustentó la sentencia condenatoria proferida contra los citados procesados, fue variado por la Sala de Casación Penal de esta Corporación, y que, como obra constancia en el expediente (Folio 73 del cuaderno de primera instancia), DÍAZ REINA y JARAMILLO PAVA resarcieron de manera integral los perjuicios ocasionados a la entidad INCOCRÉDITO, por lo que resulta procedente otorgarles la disminución de pena que establece el artículo 269 del Código Penal.
Finalmente, agregó el Fiscal que de acuerdo a lo anterior, se les debe otorgar a los condenados una rebaja de pena del 50%, para un total de 32 meses de prisión, y que aunque no es viable otorgarles el sustituto penal de la prisión domiciliaria por cuanto no se cumple el requisito de carácter objetivo previsto en la Ley, deja a consideración de la Corporación, el análisis respecto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
CONSIDERACIONES
1. El defensor de CARLOS EDILSON DÍAZ REINA y WILLIAM JARAMILLO PAVA demanda la revisión de la sentencia dictada el 18 de diciembre de 2014 por el Tribunal Superior de Neiva que confirmó el fallo condenatorio proferido el 15 de octubre de la misma anualidad por el Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de la misma ciudad.
La censura se encamina a que se reconozca la rebaja punitiva prevista en el precepto 269 del Código Penal, con base en la postura que la Corte adoptó a partir de la decisión CSJ SP, 11 de febrero de 2015, Rad. 42724, según la cual, aunque el delito de hurto por medios informáticos y semejantes no está consagrado entre los delitos de que trata el Título VII de la Ley 599 de 2000, debe ser susceptible del descuento por reparación integral pues, también atenta contra el bien jurídico del patrimonio económico y su descripción típica esencial –es decir, la conducta, el objeto material y la pena- está regulada en los cánones 239 y 240 del Código Penal.
En particular, afirmó la Corte:
La reparación integral, consagrada en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000, que tiene su antecedente en el artículo 374 del Decreto Ley 100 de 1980, es un derecho, que no un beneficio, consistente en una reducción de la mitad a las tres cuartas partes de la pena en favor de quien hubiere sido condenado por delitos contra el patrimonio económico, siempre que haya restituido el objeto material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado, antes del fallo de primera o única instancia.
Para mayor claridad, es oportuno puntualizar que la norma en cuestión, expresamente, delimita la posibilidad de reconocer esta garantía respecto de «las penas señaladas en los capítulos anteriores», refiriéndose con ello a los delitos consagrados en los capítulos I al VIII del Título VII del Código Penal, lo cual podría sugerir, en sentido literal, que única y exclusivamente los injustos allí reglados son los llamados a ser objeto de tal descuento legal.
Con todo, es lo cierto que en vigencia del Estado constitucional y democrático de derecho, una interpretación sistemática e integradora del estatuto punitivo, garante de los valores de justicia e igualdad jurídica ante la ley, permite concluir que si todos esos capítulos regulan ilícitos contra el patrimonio económico, porque a ese bien jurídico se contraen, de acuerdo con la denominación del Título VII al que pertenecen, igualmente, el delito de hurto por medios informáticos y semejantes debería ser susceptible de idéntica consecuencia legal, es decir, del descuento por reparación integral, sobre todo porque, como fue ampliamente discernido atrás, la conducta reprochada: apoderamiento, el objeto material –la cosa mueble-, el elemento normativo concerniente a la ajenidad del mismo y la pena, sí están descritos en el capítulo I del aludido título (artículos 239 y 240 ejusdem).
(…) lo que sí se encuentra sujeto al criterio analógico, en cuanto resulta ser benigno al procesado, es la posibilidad de otorgar a un supuesto de hecho similar (protección del bien del patrimonio económico), la misma consecuencia jurídica que le imprime el artículo 269 ejusdem a los delitos rubricados bajo los capítulos comprendidos en el Título VII.
Esta postura es compatible y fiel al interés del legislador por entregar una ventaja punitiva a aquel que repare en términos económicos el daño causado por delitos que agredan el patrimonio de las personas. (Subrayas ajenas al texto original).
De esta manera, los lineamientos plasmados en el cambio jurisprudencial que invoca el demandante se cumplen en el evento considerado, pues cabe recordar que CARLOS EDILSON DÍAZ REINA y WILLIAM JARAMILLO PAVA fueron condenados, entre otros, por el delito de hurto por medios informáticos y semejantes, agravado, y aunque indemnizaron de manera integral a la víctima, les fue negada la rebaja de pena de que trata el artículo 269 del código Penal.
Para verificar lo anterior, obra constancia en el expediente de que el representante de la víctima (INCOCRÉDITO) manifestó durante las diligencias de preacuerdo y posteriormente ante el Fiscal 5º Seccional de Neiva, que fue reparado integralmente por los procesados.
En efecto, en el acta de preacuerdo se lee lo siguiente:
(…) de acuerdo a [la] manifestación del representante de INCOCRÉDITO Dr. Fernando Trujillo Santos, los investigados CARLOS EDILSON DÍAZ REINA y WILLIAM JARAMILLO PAVA, reintegraron el valor equivalente a la mitad del incremento patrimonial obtenido con la ilicitud, concerniente al delito de hurto por medios informáticos, garantizando el remanente es decir, la mitad restante hasta antes de celebrarse la audiencia de legalidad del preacuerdo de marras.4
Y, acto seguido, mediante certificación del 15 de agosto de 2014 (expedida antes de llevarse a cabo la audiencia de verificación de preacuerdo), el representante legal de la víctima aseveró que los procesados “consignaron el valor de $130.000.000, en la cuenta corriente No. 009969998013 de Davivienda a nombre de INCOCRÉDITO para así resarcir integralmente los perjuicios ocasionados a las Entidades Financieras”5.
Por tanto, en el caso bajo examen es nítido el cumplimiento de los presupuestos establecidos en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000 para la concesión de la rebaja por reparación integral6 dado que, (i) se trató del delito hurto por medios informáticos y semejantes con el cual se afectó el bien jurídico del patrimonio económico, (ii) los condenados indemnizaron de manera integral los perjuicios ocasionados a la víctima, y (iii) dicha reparación se produjo antes de que se emitiera el fallo de primer grado del 15 de octubre de 2014.
Entonces, se impone declarar fundada la causal contenida en el numeral 7º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004 en lo que a este tópico respecta y de contera, dar cabida a la postura adoptada por la Corte a partir de la decisión CSJ SP, 11 de febrero de 2015, Rad. 42724, lo cual comporta una redosificación de la pena por cumplir, con respeto a los criterios de los jueces de instancia.
2. Para lo que nos ocupa, el Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de Neiva condenó a CARLOS EDILSON DÍAZ REINA y WILLIAM JARAMILLO PAVA en calidad de cómplices a la pena de sesenta y cuatro (64) meses de prisión y multa equivalente a tres punto cinco (3.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El primero de los sentenciados, al ser hallado responsable de los delitos de hurto por medios informáticos y semejantes agravado, violación de datos personales agravado, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y el segundo procesado, por los injustos de hurto por medios informáticos y semejantes agravado, violación de datos personales agravado, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y tráfico de moneda falsificada.
Para llegar a este número, de conformidad con los términos del preacuerdo suscrito por los procesados, el juzgador les impuso el mínimo de 108 meses de prisión por el primero de los punibles mencionados (base), y sumó 5 meses (es decir, 4.6%) por cada uno de los 4 delitos restantes7 en atención al concurso heterogéneo de conductas punibles que se presentó, para un total preliminar de 128 meses de prisión y multa de 6.94 salarios mínimos legales mensuales vigentes (prevista para el delito de violación de datos personales), cantidad a la que le dedujo la mitad por la complicidad, quedando una pena definitiva en 64 meses de prisión y multa de 3.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.
Ahora, en orden a aplicar el cambio jurisprudencial favorable a los procesados, la Corte estima procedente reconocer un descuento por reparación integral (artículo 269 ejusdem) de la mitad de la pena impuesta por el delito de hurto por medios informáticos y semejantes, agravado, considerando que la reparación integral no se produjo en la primera fase procesal (imputación), sino algún tiempo después y que la conducta de defraudación de los usuarios del sistema financiero a través de canales informáticos, desplegada por los acusados, en concurso criminal con varios sujetos, reviste especial connotación, tornando necesario dar alcance a los principios de prevención general y especial.
Por tanto, trasladados esos lineamientos del juez cognoscente al ámbito que se impone aplicar, aprecia la Sala que la situación varía particularmente respecto de cada uno de los procesados. Las razones son las siguientes:
A voces del artículo 31 del Código Penal, luego de dosificada la pena para cada uno de los delitos, se toma la más grave y se aumenta hasta en otro tanto, sin que pueda excederse la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas.
En el caso sub examine, el juzgado de primera instancia consideró que el delito que tenía prevista la pena más grave era el de hurto por medios informáticos y semejantes agravado (108 a 294 meses de prisión), y tomó como pena base el guarismo mínimo. De esta manera, al reducir este monto en la mitad por el fenómeno postdelictual de la reparación integral, la operación aritmética arroja como resultado una sanción de 54 meses de prisión.
En consecuencia, en lo que atañe a CARLOS EDILSON DÍAZ REINA como quiera que la pena para el delito de hurto por medios informáticos y semejantes agravado se establece en 54 meses de prisión. Para efectos de la dosificación punitiva, se presenta una variación en la pena base por cuanto se erige más grave la establecida para el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cuyos extremos punitivos van de 9 a 12 años de prisión (108 a 144 meses).
Se debe tomar entonces como base el guarismo mínimo establecido en 108 meses de prisión, el cual, respetando los lineamientos aplicados por el juez en la sentencia de condena, se incrementa en 5 meses (es decir en proporción igual a 4.6%8) por cada uno de los 4 delitos restantes (donde se incluye el delito de hurto por medios informáticos y semejantes, agravado), para un total preliminar de 128 meses de prisión y multa de 6.94 salarios mínimos legales mensuales vigentes (prevista para el delito de violación de datos personales, en la misma proporción de 4.6%9), cantidad a la cual se le debe deducir la mitad por la complicidad, quedando una pena definitiva de 64 meses de prisión y multa de 3.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Valga aclarar, aun cuando en este caso al aplicar la redosificación de pena a que tiene derecho CARLOS EDILSON DÍAZ REINA por reparación integral, ésta no conlleva a una variación en el monto de la sanción que le fue impuesta, dicha situación obedece a que al realizar el adecuado proceso de dosimetría punitiva conforme a las previsiones del artículo 60 del Código Penal y respetando los parámetros aplicados por el juez cognoscente, se toma como punto de partida la pena mínima establecida para el injusto de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, que es igual en el extremo mínimo a la prevista para el delito de hurto por medios informáticos y semejantes, agravado.
De esta manera, si se parte del mismo monto inicial (108 meses de prisión) y se tiene en cuenta que el sentenciador de primer grado incrementó la pena por cada uno de los delitos adyacentes en 5 meses de prisión, sin consideración alguna a la gravedad, naturaleza o condición en que se ejecutaron; sin duda, la operación aritmética derivada de la dosificación arroja el mismo resultado total de 64 meses de prisión y multa de 3.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Por consiguiente, al no presentarse ninguna modificación en el quantum de pena impuesto al sentenciado, no hay lugar a realizar consideraciones adicionales sobre la procedencia de mecanismos sustitutivos de la sanción intramural.
De otro lado, respecto a la situación de WILLIAM JARAMILLO PAVA, con la aplicación del artículo 269 del Código Penal para el delito de hurto por medios informáticos y semejantes, agravado, también varía la pena base. Sin embargo, en este caso se halla más grave la establecida para el delito de violación de datos personales agravado, cuyos extremos punitivos van de 72 a 168 meses de prisión.
En consecuencia, respetando los parámetros aplicados por el juez de primera instancia en la sentencia de condena, a efecto de la redosificación punitiva, se toma como pena base el guarismo mínimo establecido en 72 meses de prisión, el cual se incrementa en 3 meses y 10 días (es decir en la misma proporción del 4.6%) por cada uno de los 4 delitos restantes (donde se incluye el delito de hurto por medios informáticos y semejantes, agravado), para un total preliminar de 85 meses y 10 días de prisión10. Cantidad a la cual, se le debe deducir la mitad por la complicidad, de manera que queda una pena definitiva de 42 meses y 20 días de prisión11. La pena de multa se mantiene para este condenado en los mismos 3.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes definidos por el juez de instancia.
Ahora bien, como quiera que en este caso el monto de pena impuesto al sentenciado si varía con ocasión de la redosificación punitiva, se impone revisar si él podría tener derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
El artículo 63 del Código Penal, modificado por el artículo 29 de la Ley 1709 de 2014, enumera los siguientes requisitos para ser beneficiario de la suspensión condicional de la ejecución de la pena:
1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de cuatro (4) años.
2. Si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contenidos el inciso 2o del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, el juez de conocimiento concederá la medida con base solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral 1 de este artículo.
3. Si la persona condenada tiene antecedentes penales por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores, el juez podrá conceder la medida cuando los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena.
En el caso examinado se cumplen a cabalidad los requisitos establecidos en la norma. La sanción definitivamente impuesta a WILLIAM JARAMILLO PAVA (42 meses y 20 días de prisión) es inferior a los cuatro (4) años; el sentenciado no registra antecedentes penales vigentes12 y ninguno de los delitos por los que fue condenado está enlistado en el artículo 68 A de la Ley 599 de 200013
.
Por tanto, se concederá al condenado la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad por un periodo de prueba de 7 meses (tiempo que le falta para el cumplimiento total de la condena), previa suscripción de diligencia de compromiso de que trata el artículo 65 del Código Penal y pago de caución equivalente a un (1) salario mínimo legal mensuales vigente.
En consecuencia, se declararán sin valor, parcialmente, las sentencias del 15 de octubre y 18 de diciembre de 2014, dictadas por el Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de Neiva y el Tribunal Superior de la misma ciudad, exclusivamente para:
DETERMINAR las sanciones principales impuestas a CARLOS EDILSON DÍAZ REINA en 64 meses de prisión y 3.5 salarios mínimos legales mensuales de multa, y a WILLIAM JARAMILLO PAVA en 42 meses y 20 días de prisión y 3.5 salarios mínimos legales mensuales de multa, como coautores responsables, el primero, de los delitos de hurto por medios informáticos y semejantes agravado, violación de datos personales agravado, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y el segundo por los injustos de hurto por medios informáticos y semejantes agravado, violación de datos personales agravado, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y tráfico de moneda falsificada. En el mismo monto que la privativa de la libertad, quedará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
Y, para CONCEDER al condenado WILLIAM JARAMILLO PAVA la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad por un periodo de prueba de 7 meses (tiempo que le falta para el cumplimiento total de la condena), previa suscripción de diligencia de compromiso de que trata el artículo 65 del Código Penal y pago de caución equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.
3. No se pronunciará la Sala sobre la libertad de CARLOS EDILSON DÍAZ REINA, como quiera que al tenor de lo informado por el Juez 19 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, mediante oficio Nro. 447 del 10 de mayo de 2016, se evidencia que el sentenciado no ha descontado la totalidad de la pena privativa de la libertad aquí redosificada. Según el despacho ejecutor, de acuerdo con la información que obra en el expediente, DÍAZ REINA registra “un total de pena cumplida de 36 meses y 20 días de prisión” Ahora, respecto de WILLIAM JARAMILLO PAVA la Sala no realizará consideraciones adicionales en razón a la concesión del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
4. Por consiguiente, se ordenará, por secretaría de la Sala, i) oficiar al Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de Neiva, para que libre a las autoridades correspondientes, las comunicaciones a que haya lugar; y ii) remitir copia de esta determinación al Juzgado 19 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, para lo de su cargo.
En mérito de lo expuesto, la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
1. DECLARAR FUNDADA la causal 7ª de revisión invocada por el defensor de los condenados CARLOS EDILSON DÍAZ REINA y WILLIAM JARAMILLO PAVA, en lo que respecta al reconocimiento de la rebaja punitiva prevista en el precepto 269 del Código Penal para el delito de hurto por medios informáticos agravado.
2. DEJAR SIN VALOR, PARCIALMENTE, las sentencias del 15 de octubre y 18 de diciembre de 2014, dictadas por el Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de Neiva y el Tribunal Superior de la misma ciudad, exclusivamente para determinar las sanciones principales impuestas a CARLOS EDILSON DÍAZ REINA en 64 meses de prisión y 3.5 salarios mínimos legales mensuales de multa, y a WILLIAM JARAMILLO PAVA en 42 meses y 20 días de prisión y 3.5 salarios mínimos legales mensuales de multa, como coautores responsables, el primero, de los delitos de hurto por medios informáticos y semejantes agravado, violación de datos personales agravado, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y el segundo por los injustos de hurto por medios informáticos y semejantes agravado, violación de datos personales agravado, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y tráfico de moneda falsificada.
En el mismo monto que la privativa de la libertad, quedará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
3. CONCEDER al condenado WILLIAM JARAMILLO PAVA la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad por un periodo de prueba de 7 meses (tiempo que le falta para el cumplimiento total de la condena), previa suscripción de diligencia de compromiso de que trata el artículo 65 del Código Penal y pago de caución equivalente a un (1) salario mínimo legal mensuales vigente. Cumplidas las condiciones, líbrese la correspondiente boleta de libertad.
4. En todo lo demás, los fallos permanecen vigentes.
5. Ordénese, por secretaría de la Sala, i) oficiar al Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de Neiva, para que libre a las autoridades correspondientes, las comunicaciones a que haya lugar; y ii) remitir copia de esta determinación al Juzgado 19 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, para lo de su cargo.
Contra esta decisión no procede ningún recurso.
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Cuaderno Corte. Folio 57.
2 Ibíd. Folios 121 – 124.
3 Ibíd. Folio 135.
4 Cuaderno primera instancia. Folio 2.
5 Ibíd. Folio 73.
6 Dijo la Sala en la providencia CSJ SP, 11 de febrero de 2015, Rad. 42.724: “El canon 269 de la Ley 599 de 2000, bajo la interpretación consignada en esta providencia, demanda, para la concesión de la rebaja por reparación integral, el cumplimiento de los siguientes presupuestos:
i) El delito objeto de condena debe estar consagrado entre los capítulos I al VIII del Título VII del Código Penal o, en todo caso, atentar contra el patrimonio económico.
ii) El responsable de la infracción penal está obligado a restituir el objeto material del delito o su valor, e indemnizar los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado.
Significa lo anterior que, debe existir una reparación de orden económico, equivalente al valor del daño causado, lo cual se puede alcanzar por dos vías devolviendo el objeto material del ilícito o su equivalente junto con el resarcimiento de los perjuicios causados con la infracción, o satisfaciendo estos últimos, cuando quiera que no fuera exigible o posible la restitución del aludido objeto material (CSJ AP, 22 may. 2013, rad. 38.628).
iii) La reparación tiene que surtirse, necesariamente, antes de que se dicte sentencia de primera o única instancia”.
7 Los extremos punitivos de los delitos por los cuales se emitió sentencia de condena contra DÍAZ REINA y JARAMILLO PAVA, son los siguientes: 1. Hurto por medios informáticos y semejantes agravado: de 108 a 294 meses de prisión, 2.Violación de datos personales agravado: de 72 a 168 meses de prisión y multa de 150 a 1750 s.m.l.m.v, 3. Falsedad en documento privado: de 16 a 108 meses de prisión, 4. Concierto para delinquir: de 48 a 108 meses de prisión, 5. Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones: de 108 a 144 meses de prisión, y 6. Tráfico de moneda falsificada de 48 a 144 meses de prisión.
8 5 meses equivale al 4.7% de 108 meses que es la pena mínima de prisión prevista en la ley para el delito de hurto por medios informáticos agravado.
9 6.94 salarios mínimos legales mensuales vigentes equivale al 4.6% de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes que es la pena mínima de multa prevista en la ley para el delito de violación de datos personales agravado.
10 La operación matemática es la siguiente: 72 + (3 meses y 10 días) + (3 meses y 10 días) + (3 meses y 10 días) + (3 meses y 10 días) = 84 meses y 40 días = 85 meses y 10 días.
11 La operación matemática es la siguiente: 85 meses y 10 días / 2 = 42,5 meses y 5 días; que equivale a 42 meses + 15 días + 5 días = 42 meses y 20 días.
12 Según el informe rendido el 3 de octubre de 2013 por la Policía Metropolitana de Neiva, a nombre de WILLIAM JARAMILLO PAVA se registran 2 sentencias condenatorias proferidas el 21 de julio de 2000 y el 7 de mayo de 2001 por los Juzgados 36 y 21 Penales del Circuito de Bogotá, respectivamente, en las cuales fue hallado penalmente responsable de los delitos de rebelión, y hurto calificado y agravado en concurso con secuestro simple. (Cuaderno Anexo William Jaramillo Pava).
13 ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES. (…) Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; extorsión; homicidio agravado contemplado en el numeral 6 del artículo 104; lesiones causadas con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonal.