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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
MAGISTRADA PONENTE
CP037-2015
Radicación No.: 45.052
Acta No. 134
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil quince (2015).
VISTOS
Procede la Corte a emitir concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombo – venezolano LEIVER PADILLA MENDOZA, elevada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
ANTECEDENTES
1. Mediante Nota Verbal No. 004198 del 5 de noviembre de 2014, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por conducto de su Embajada en Colombia, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la detención preventiva con fines de extradición de LEIVER PADILLA MENDOZA, ciudadano con nacionalidades venezolana y colombiana, requerido por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas «por estimarlo coautor de la comisión de los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO,…ROBO AGRAVADO COMETIDO A MANO ARMADA,…ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR…{y} HOMICIDIO CALIFICADO»1.
2. Mediante resolución del 6 de noviembre de 2014, el Fiscal General de la Nación decretó su captura con fines de extradición, la que llevaron a cabo integrantes de la Policía Nacional el 7 siguiente, en las instalaciones del CAI Aeropuerto de la ciudad de Cúcuta2.
PADILLA MENDOZA había sido privado de la libertad el 2 de noviembre anterior en vía pública de la ciudad de Cartagena, donde fue retenido en virtud de una Circular Roja de INTERPOL, solicitada por el Gobierno venezolano3.
3. Mediante Nota Verbal No. 006119 del 19 de noviembre de 20144, la referida representación diplomática formalizó el requerimiento de extradición de LEIVER PADILLA MENDOZA, aportando la documentación pertinente para el trámite, debidamente apostillada5.
4. El Ministerio de Relaciones Exteriores conceptuó que «…el tratado aplicable al presente caso es el “Acuerdo sobre extradición”, suscrito en Caracas, en el marco del Congreso Bolivariano, el 18 de julio de 1911»6.
Remitió además la nota verbal referida y los correspondientes anexos al Ministerio de Justicia y del Derecho, entidad que a su vez dispuso el envío del expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
5. Mediante auto del 24 de noviembre de 2014, se dio inicio al trámite en esta Corporación. En orden a garantizar el derecho de defensa del solicitado y como no designó representante judicial, la Sala nombró de oficio a un miembro de la Defensoría del Pueblo y le reconoció personería mediante auto del 18 de diciembre del mismo año, en el cual también ordenó correr el traslado contemplado en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004 para presentar pruebas.
Dentro de ese término, el Ministerio Público consideró innecesario solicitar la práctica de alguna prueba dentro del trámite de extradición.
Por su parte, el defensor público de LEIVER PADILLA MENDOZA elevó algunas peticiones, las que fueron negadas por improcedentes, mediante providencia CSJ AP762 – 2015.
En el mismo proveído, de manera oficiosa la Sala ordenó oficiar a la Dirección de Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación, para que solicitara la cartilla decadactilar o algún documento expedido por las autoridades venezolanas que contuviera las huellas dactilares de LEIVER PADILLA MENDOZA y posteriormente, requiriera la realización de un cotejo dactiloscópico entre las huellas del capturado por cuenta de este trámite y las que corresponden a quien se identifica con la cédula de identidad venezolana V-16.557.223, con el fin de corroborar la plena identidad del reclamado.
6. La información solicitada fue recibida en el despacho de la Magistrada Ponente el 25 de marzo de 20157, fecha en la cual se dispuso correr traslado por el término de cinco (5) días para que los intervinientes presentaran alegatos, de conformidad con lo preceptuado en el inciso 3° del artículo 500 de la Ley 906 de 2004, término dentro del cual, se pronunciaron el Delegado del Ministerio Público8, el requerido9 y su defensor10.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
1. Del Ministerio Público.
Luego de sintetizar la actuación, exponer consideraciones generales sobre la procedencia de la extradición, citar la normatividad aplicable y precisar cuáles son los fundamentos del concepto a cargo de la Corte, la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal enuncia los documentos aportados con la solicitud de extradición y la forma como fueron expedidos y autenticados en el país de origen, para concluir que está acreditada la validez formal de la documentación.
En lo que tiene que ver con la identificación plena del solicitado en extradición, manifiesta que en la información allegada por el gobierno venezolano, se precisa que el requerido, LEIVER PADILLA MENDOZA, nació el 20 de febrero de 1981 en Caracas, Venezuela y es titular de las cédulas de ciudadanía venezolana No. V 16.557.223 y colombiana No. 73.204.087, sin que el defensor o su requerido censuraran ese aspecto. Por lo que en su opinión, se cumple con este condicionamiento.
Como el hecho que motiva la extradición debe estar previsto en la legislación colombiana como delito, «y tenga señalada pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años», la Procuradora Delegada hace referencia a las conductas por las cuales es solicitado para determinar que las conductas descritas, tienen en nuestra normatividad su equivalente jurídico en los tipos penales de homicidio (art. 103 del Código Penal) agravado (art. 104); hurto (art. 239) calificado (art. 240) y agravado (art. 241); y concierto para delinquir (art. 340 ibídem), con penas superiores a esa proporción. Considera, por tanto, que se cumple con el requisito de la doble incriminación.
En cuanto a la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero con la resolución acusatoria nacional, asevera la Delegada que el «acta de cargos» remitida por la autoridad foránea, guarda consonancia con la resolución de acusación propia de la ley procesal colombiana, ya que se indica los supuestos de hecho que fundamentan la decisión, contiene las adecuaciones a las normas de ese país y determina la persona en quien recae el compromiso penal. De ahí entonces, se cumple igualmente con esta exigencia.
Por ende, solicita a esta Corporación, que conceptúe de forma favorable a la extradición de LEIVER PADILLA MENDOZA, pero pide que se exhorte al Gobierno Nacional, con el propósito de que advierta al país requirente que juzgue al reclamado por la conducta que originó la solicitud, además, que no se le someta a pena de muerte, desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o a penas de destierro, prisión perpetua y confiscación y se le reconozcan todos los derechos y garantías inherentes al ser humano, contenidos en la Constitución y el bloque de constitucionalidad.
2. Del defensor del requerido.
Solicitó a esta Corporación que la entrega de PADILLA MENDOZA, esté sujeta al cumplimiento por parte del país reclamante, de los condicionamientos relativos a la protección de los derechos fundamentales que le asisten, es decir, que sea procesado por el delito por el cual fue pedido en extradición, que no sea sometido a pena de prisión perpetua o a la condena capital y se respete la garantía de dignidad humana que le es inherente.
3. Del solicitado, Leiver Padilla Mendoza.
Pide a la Corte que emita concepto desfavorable a la solicitud de extradición, bajo el entendido de que en el país vecino no cuenta con garantías para que se adelante su proceso penal, obedeciendo el juicio que allí se le adelanta a «un montaje».
Trae a colación los casos de dos políticos de ese país, en los que, según él, se evidencia la vulneración de los derechos de quienes son juzgados por las autoridades de Venezuela, por razón de una indebida o ausente valoración del acervo probatorio.
También señala que solicitó al Viceministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, la concesión del derecho de asilo por esa situación, solicitud de la cual está aguardando respuesta.
Tales son las razones por las que depreca de la Sala, que «se niege (sic) el concepto emitido» al menos, «hasta tanto se resuelva la petición…para que me sea concedido el asilo en este país».
CONCEPTO DE LA CORTE
1. Aspectos generales.
La competencia de la Sala de Casación Penal dentro del trámite de extradición, está enfocada a emitir concepto sobre la procedencia de entregar o no a la persona solicitada por un país extranjero.
Ahora bien, es preciso recordar que el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que en el presente caso debe aplicarse el «Acuerdo sobre Extradición», suscrito en Caracas el 18 de julio de 1911 y aprobado en nuestro país a través de la Ley 26 de 1913, al cual debe acudir la Sala para emitir concepto, verificando los requisitos contenidos en el citado instrumento internacional, los que se condensan así:
1.- Que el pedido se haya formulado por vía diplomática y esté acompañado, en el caso de personas procesadas, de copia auténtica del auto de detención emanado de juez competente con la designación exacta del delito que lo motiva y su fecha de ocurrencia, de las declaraciones u otras pruebas en virtud de las cuales se hubiere dictado, así como las señas de la persona reclamada y de las normas sobre prescripción;
2.- Que las pruebas consideradas por la autoridad judicial del Estado requirente para dictar el auto de detención o la sentencia condenatoria también puedan justificar similares medidas, si la comisión del punible se hubiese verificado en él;
3.- Que el hecho por el cual se solicita tenga carácter delictivo y una pena mínima superior a seis meses de privación de la libertad en el país requirente y en el requerido (principio de doble incriminación);
4.- Que no esté prescrita la acción o la pena, conforme a las leyes del Estado requerido;
5.- Que el individuo no haya cumplido su condena o haya sido amnistiado o indultado en el país donde hubiere cometido la conducta; y
6.- Que no se trate de un delito político o conexo a él. (Cfr. CSJ AP179 – 2015)
También prevé el citado Acuerdo que cada uno de los Estados signatarios
…convienen en entregarse mutuamente, de acuerdo con lo que se estipula en este Acuerdo, los individuos que procesados o condenados por las autoridades judiciales de cada uno cualquiera de los Estados contratantes, como autores, cómplices o encubridores de alguno o algunos de los crímenes o delitos especificados en el artículo 2, dentro de la jurisdicción de una de las partes contratantes, busquen asilo o se encuentren dentro del territorio de una de ellas. Para que la extradición se efectúe es preciso que las pruebas de la infracción sean tales, que las leyes del lugar donde se encuentren el prófugo o enjuiciado justificaría su detención o sometimiento a juicio, si la comisión, tentativa o frustración del crimen o delito se hubiese verificado en él.
Además, en este caso, se aplican las disposiciones del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) que no se opongan al Acuerdo Bolivariano sobre Extradición, según se desprende de lo dispuesto en el inciso 3º del artículo VIII del referido convenio, que prevé: «La extradición de los prófugos, en virtud de las estipulaciones del presente Tratado, se verificará de conformidad con las leyes de extradición del Estado al cual se haga la demanda» (En ese sentido, CSJ AP, 27 de noviembre de 2013, Rad. 42.334 y CSJ AP7631 – 2014).
Con base en ese marco normativo, entrará la Sala a estudiar la solicitud de extradición del ciudadano colombiano LEIVER PADILLA MENDOZA, verificando para el efecto: a) la validez formal de la documentación allegada con la solicitud; b) la identidad plena del solicitado; c) el cumplimiento del principio de la doble incriminación; d) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero; y e) examinará si con arreglo a los instrumentos internacionales aplicables al caso, existe alguna causal que impida conceder la extradición.
2. Validez formal de la documentación presentada.
2.1. Precisa el artículo VI del Acuerdo Bolivariano sobre Extradición, que la solicitud de extradición debe hacerse por la vía diplomática.
Por su parte, el canon VIII del citado instrumento internacional, refiere que debe acompañarse «de la sentencia condenatoria si el prófugo hubiese sido juzgado y condenado; o del auto de detención dictado por el tribunal competente, con la designación exacta del delito o crimen que la motivaren y de la fecha de su perpetración, así como de las declaraciones u otras pruebas en virtud de las cuales se hubiere dictado dicho auto, caso de que el fugitivo sólo estuviere procesado».
Tales documentos deben presentarse en original o copia autenticada, agregando el texto de las leyes aplicables al caso y las señas de la persona reclamada.
2.2. La Corte constata el cumplimiento de tal exigencia, toda vez que la solicitud fue presentada por la vía diplomática, esto es, fue radicada por conducto de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La petición fue acompañada de copia autenticada de la providencia del 14 de octubre de 201411 mediante la cual, el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, ordenó la aprehensión de LEIVER PADILLA MENDOZA por los delitos de homicidio agravado, robo agravado cometido a mano armada y asociación para delinquir, cometidos contra quien en vida respondía al nombre de Robert José Serra Aguirre.
Además, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado cometido con alevosía y por motivo fútil en la ejecución de un robo agravado y el de asociación para delinquir, en agravio de María Hogdalis Herrera Sequera.
La determinación analizada contiene la relación de los hechos imputados, los delitos que se le atribuyen y su fecha de realización, así como las reproducciones de los elementos materiales probatorios tenidos en cuenta por la autoridad foránea para dictar la orden de detención y los datos personales que permiten identificar al reclamado.
De igual forma, se aportaron copias de las leyes aplicables al caso y de las relativas a la prescripción de la acción y de la pena12,
Así las cosas, se verifica la validez formal de la documentación presentada con la Nota Verbal 006119 del 19 de noviembre de 2014, cumpliéndose a cabalidad este condicionamiento. Por lo tanto, desde esta perspectiva, los documentos allegados por el país extranjero se tornan aptos y suficientes para ser considerados por la Corte en el estudio que debe preceder su concepto.
3. Identidad plena del solicitado en extradición.
En las Notas Verbales y la documentación allegada por las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, se informó que LEIVER PADILLA MENDOZA es ciudadano de ese país, nació el 20 de febrero de 1981 en Caracas, y se identifica con la cédula de identidad No. V-16.557.223.
Además, al momento de su captura presentó la cédula de ciudadanía colombiana No. 73.204.087, documento con el cual se identificó, cuyo número aparece en el acta de derechos del capturado13, en la diligencia de notificación de los motivos de la aprehensión14 y en el memorial mediante el cual solicitó la designación de un defensor de oficio15.
Del mismo modo, un perito de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol constató la plena identidad de LEIVER PADILLA MENDOZA, a través de confrontación dactiloscópica hecha entre las huellas del capturado y las obrantes en la tarjeta de registro dactilar de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, correspondientes al número de identidad 73.204.08716.
Y también, en razón de la prueba de oficio decretada por la Sala, se arrimó al trámite el peritaje dactiloscópico llevado a cabo por un perito de la SIJIN – MECAR, quien confrontó las huellas del detenido por cuenta de este trámite, con las obrantes en el informe de notificación roja de Interpol, emitido contra PADILLA MENDOZA como portador del documento de identidad venezolano V-16.557.22317.
Por lo anterior, no hay duda de que el reclamado por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, es la misma persona que está privada de la libertad por cuenta de esta actuación.
En ese orden de ideas, se verifica también satisfecha esta exigencia.
4. El principio de la doble incriminación.
Frente a esta exigencia, la Corporación examina si los comportamientos atribuidos al reclamado como ilícitos en el país extranjero tienen en Colombia la misma connotación, es decir, si son considerados delitos y, de ser así, si conllevan la pena mínima señalada en el tratado o en el Código de Procedimiento Penal, según sea el caso.
En tal sentido, el artículo I del Acuerdo sobre Extradición prevé la entrega en los eventos donde el reclamado es procesado o ha sido condenado por un hecho de connotación delictual tanto en el estado requirente como en el requerido, sancionado con privación de la libertad cuyo máximo exceda de seis meses.
Pues bien, los cargos con fundamento en los cuales el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, ordenó la aprehensión preventiva de LEIVER PADILLA MENDOZA, fueron descritos por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela así:
El…Sub-Director de Investigaciones en la Dirección de Delitos Comunes del Ministerio Público…presentó ante el Tribunal Noveno de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, solicitud de Medida Judicial Privativa de Libertad, en los términos siguientes:
“…determinándose la presunción del peligro de fuga, SOLICITAR ORDEN DE APREHENSIÓN DE LOS CIUDADANOS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:
1.- LEIVER PADILLA MENDOZA (…), en aras de clarificar si es el “Colombia” que aparece como coautor de los delitos que se mencionarán posteriormente y quien presuntamente, tal y como declararon en la audiencia oral y privada de presentación de imputados el día de ayer celebrada en ese tribunal, está utilizando la identificación de HERMES YGNACIO FARIÑEZ, alias “Colombia”, por lo que, el status en el sistema de información policial, debe permanecer como requerido (…)
En la investigación desarrollada por el Ministerio Público, se ha logrado determinar, que en fecha 01 de octubre de 2014, en la residencia de la víctima hoy occiso ROBERT SERRA (diputado de la Asamblea Nacional para el momento de los hechos), ubicada en la esquina de SAN FERNANDO A NAZARENO, CASA S/N FRENTE AL COLEGIO REPÚBLICA DE BOLIVIA, ingresaron seis sujetos armados, quienes sometieron en primer lugar a la ciudadana MARÍA HOGDALIS HERRERA SEQUERA en el área de la cocina, la amordazaron de manos y pies y le propinaron diversos golpes que le produjeron hematomas y equimosis en el área de la cara y oreja, así como ocho heridas punzo penetrante a la altura del tórax que le causó indefectiblemente la muerte, a consecuencia de SHOCK HIPOVOLEMICO POR HERIDA DE ARMA BLANCA. En el mismo orden de ideas, fue sorprendido el ciudadano ROBERT SERRA, a quien le propinaron hematomas y equimosis faciales y treinta y seis heridas con objeto punzo penetrante, cuya causa de muerte de igual manera fue SHOCK HIPOVOLEMICO POR HERIDAS DE ARMA BLANCA a la altura del tórax (en su mayoría en el lado izquierdo donde se encuentra un órgano vital como lo es el corazón) otras en el lado derecho y otras por la espalda (zona escapular), solo teniendo una en el brazo (como defensa), lo que indica que la participación tuvo que realizarse entre varias personas, quienes lo sostenían mientras mínimo dos le causaban las heridas mortales. Además de ello, el Ministerio Público debe traer a colación la morfología de las heridas las cuales no son iguales, lo que indica varias armas punzo penetrantes incriminadas.18
Los anteriores hechos se actualizan en los artículos 10319 y 10420 del Código Penal colombiano, que tipifica el delito de homicidio con circunstancias de agravación y lo sancionan con pena de prisión mínima de 400 meses. También en el de hurto calificado y agravado, reglado en los cánones 23921, 24022 y 24123 ejusdem con pena mínima superior a 9 años de prisión, atendiendo a las circunstancias en que ocurrió.
Así mismo, encuentran correspondencia en el inciso 2º del artículo 34024 del estatuto punitivo, que consagra el delito de concierto para delinquir agravado, con sanción de 8 años de prisión.
Tales conductas también están tipificadas en el ordenamiento foráneo, el homicidio en los artículos 40525, 406 numerales 1º y 2º26 y 407 numeral 2º27 del Código Penal de ese país. El robo agravado, en los apartados 45528 y 45829 de esa codificación y el concierto para delinquir en el canon 77 numerales 1, 5, 8 y 1230 de la misma codificación, así como en el 29 numeral 7º31 y 3732 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada de Venezuela.
Además, las conductas atribuidas a LEIVER PADILLA MENDOZA en la República Bolivariana de Venezuela, se encuentran enlistadas en los numerales 1º, 7º y 9º del artículo I del Acuerdo Bolivariano sobre Extradición y, como se dijo, están tipificadas en nuestro país y sancionadas con pena privativa de la libertad que supera ampliamente el término mínimo de seis meses contemplado por el instrumento internacional, razón por la cual se colma este requisito.
5. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.
El artículo VIII, del Convenio sobre Extradición suscrito en Caracas el 18 de julio de 1911, dispone que el país reclamante deberá aportar, cuando se trate de una persona no condenada, original o copia del auto de detención dictado por el tribunal competente, con la designación exacta del delito o crimen que lo haya motivado, así como la fecha de su perpetración y las declaraciones u otras pruebas en virtud de las cuales se hubiere dictado dicho auto, en el caso de que el fugitivo sólo estuviere procesado.
En el caso, se observa del auto dictado por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual se ordenó la aprehensión de LEIVER PADILLA MENDOZA, que contiene una indicación clara y precisa de los hechos imputados, las circunstancias de tiempo y lugar en las que se ejecutó la conducta punible, las pruebas allegadas, la ubicación jurídica del comportamiento y las disposiciones legales aplicables al caso.
Lo anterior permite colegir que el auto de detención dictado por la autoridad de Venezuela, cumple los requisitos formales y sustanciales exigidos en el instrumento internacional, por lo que se verifica cumplido también este condicionamiento.
6. Causales de improcedencia.
6.1. Prevén los artículos IV y V del Convenio sobre Extradición, que no procederá la misma en los siguientes casos:
a) si el hecho por el cual se pide se considera en el Estado requerido como delito político o hecho conexo con él;
b) cuando la conducta esté sancionada con pena privativa de la libertad menor a seis meses;
c) cuando según la Legislación del Estado al cual se dirige la solicitud, la acción o la pena hubieren prescrito; y,
d) cuando, por el mismo hecho, la persona objeto de la petición ya hubiera sido juzgada, amnistiada o indultada en el Estado requerido.
6.2. Para el caso, se tiene que los delitos que se le endilgan a LEIVER PADILLA MENDOZA – homicidio agravado, hurto calificado y agravado y concierto para delinquir agravado –, no son de naturaleza política.
Sobre el punto y en respuesta a la alegación de PADILLA MENDOZA en el sentido de que se emita concepto desfavorable por haber solicitado «asilo» en nuestro país, al estimar que, en su criterio, es requerido «por motivos políticos», debe señalar la Sala que ninguna de las conductas por las que fue pedido en extradición tiene tal carácter, ni está contenida en el Título XVIII del Código Penal, que trata «de los delitos contra el régimen constitucional y legal», pues se refieren es a reatos comunes, ocurridos al parecer, por la violenta incursión al domicilio del Diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Robert Serra, con el fin de hurtar los bienes de su vivienda.
Además, frente a una eventual improcedencia de la extradición por razón de la solicitud de asilo que eleva un requerido, dijo la Sala en pretérita oportunidad que:
…el efecto suspensivo que conlleva el trámite del refugio lo es sobre la ejecución de la decisión que autoriza la extradición, como se desprende del artículo 28 del Decreto 4503 de 2009 por el cual se reglamenta el procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado:
“ARTÍCULO 28. EXTRADICIÓN. La interposición de una solicitud para el reconocimiento de la condición de refugiado tendrá efecto suspensivo sobre la ejecución de una decisión que autorice la extradición del solicitante de asilo hasta que el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado haya sido completado mediante resolución en firme.
El reconocimiento de la condición de refugiado tendrá el efecto de terminar cualquier procedimiento de extradición iniciado contra el refugiado a petición del Gobierno del país de su nacionalidad o residencia habitual.”. (CSJ AP, 8 de noviembre de 2011, Rad. 36.000, resaltados fuera de texto).
En el presente asunto, no se está ante la ejecución de una decisión que autorice la extradición, la que está en cabeza del Presidente de la República, sino en una de las fases previas a tal determinación, a saber, el concepto que debe emitir la Corte Suprema de Justicia sobre la procedencia o no de la solicitud, de conformidad con el contenido de los artículos 499 a 504 de la Ley 906 de 2004, sin que la solicitud de asilo se encuentre dentro de los elementos que en atención al Acuerdo Bolivariano sobre Extradición y el Código de Procedimiento Penal, debe observar la Sala para emitir el concepto de rigor.
6.3. De otro lado, encuentra la Sala, que la pena privativa de la libertad por los delitos por los que fue solicitado en extradición LEIVER PADILLA MENDOZA, es superior a seis meses, como se explicó en antecedencia.
6.4. Frente a la prescripción de la acción penal, el Convenio impone a la Corte examinar la configuración de esa categoría jurídica en Colombia, con la salvedad de que sólo se revisará la prescripción de la acción por cuanto el requerimiento tiene como propósito obtener la entrega de PADILLA MENDOZA para procesarlo por los delitos imputados por las autoridades venezolanas.
En ese sentido, de conformidad con el artículo 83 del Código Penal, la acción penal prescribe «en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco años, ni excederá de veinte…».
Acorde con la información aportada por el país requirente, se advierte que la acción no ha prescrito en este asunto, por cuanto desde la materialización del punible (1º de octubre de 2014) no ha transcurrido el término máximo previsto en la ley colombiana para que opere ese fenómeno jurídico.
6.5. Finalmente, no se observa que por los mismos hechos, LEIVER PADILLA MENDOZA ya hubiera sido juzgado, amnistiado o indultado en el Estado requerido.
6.6. En síntesis, no se configura ninguna de las causales de improcedencia de la extradición, en los términos del aludido instrumento internacional.
7. Exigencia del artículo I del Acuerdo Bolivariano sobre Extradición.
Según el aparte final del canon I del Acuerdo sobre Extradición, «para que la extradición se efectúe es preciso que las pruebas de la infracción sean tales, que las leyes del lugar donde se encuentre el prófugo o enjuiciado justificaría su detención o sometimiento a juicio, si la comisión, tentativa o frustración del crimen o delito se hubiese verificado en él», situación que impone a la Corporación examinar las pruebas consideradas por la autoridad judicial de la República Bolivariana de Venezuela para proferir la orden de aprehensión en contra del requerido.
De conformidad con la documentación aportada con la solicitud, el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictó orden de aprehensión en contra de LEIVER PADILLA MENDOZA, con fundamento en las actas de investigación elaboradas por detectives de la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminológicas, así como quince entrevistas rendidas por varios ciudadanos cuyos nombres fueron sometidos a reserva y las pesquisas adelantadas por inspectores de la Dirección de Investigaciones Estratégicas del Servicio Bolivariano de Inteligencia – SEBIN33.
A partir de tales elementos de convicción coligió la probable existencia de las conductas reprochadas y la participación de PADILLA MENDOZA en los hechos materia de requerimiento, tras advertir que al parecer, respondía al alias de «el Colombia», persona a la cual los testigos referenciaron como aquella que había participado en los hechos donde fueron asesinados el Diputado Serra Rojas y su asistente personal. Así mismo, dedujo el funcionario que la detención preventiva era necesaria ante el «peligro de fuga…en virtud de lo que es la magnitud del daño causado y la pena que se pudiera llegar a imponer»34.
Dichos elementos materiales probatorios, dentro del sistema procesal penal acusatorio contemplado en la Ley 906 de 2004, serían suficientes para que la Fiscalía General de la Nación, en la audiencia respectiva ante el juez de control de garantías, hubiese imputado la comisión de los punibles de homicidio agravado, hurto calificado y agravado y concierto para delinquir agravado, con la consecuente imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad, derivado ello de la entidad de las conductas reprochadas al ahora solicitado en extradición.
Lo anterior, considerando además que se satisfacen los presupuestos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, según los cuales la medida de aseguramiento se decretará cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física, obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado pudo ser autor o partícipe de la conducta delictiva, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:
i) Que sea necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia;
ii) Que el imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y,
iii) Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso.
Con sustento en la disposición en comento, la Sala colige el cumplimiento de los fines constitucionales de la medida de aseguramiento, por cuanto el requerido puede constituir un peligro para la comunidad y es probable que no comparezca voluntariamente al proceso, dada la gravedad de las conductas que se le atribuyen.
8. Concepto
Los razonamientos expuestos en precedencia, acordes con lo señalado por el Ministerio Público, permiten tener por acreditadas las exigencias legales para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a través de su Embajada en nuestro país, respecto del ciudadano colombo – venezolano LEIVER PADILLA MENDOZA, por las conductas relacionadas por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas en la orden de aprehensión dictada el 14 de octubre de 2014.
8.1. La Corte considera pertinente precisar, en orden a proteger los derechos fundamentales del requerido – quien a pesar de haber nacido en Caracas, cuenta también con nacionalidad colombiana –, que el Estado solicitante deberá garantizarle la permanencia en el país extranjero en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, cuando llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en razón de los cargos que motivaron la solicitud de extradición.
Del mismo modo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno Nacional puede subordinar la concesión de la extradición a las condiciones consideradas oportunas y exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por el país solicitante35 y como lo sugiere la Procuraduría General de la Nación a través de su Delegado.
Así mismo, debe condicionar la entrega de LEIVER PADILLA MENDOZA a que se le respeten –como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones – todas las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular a que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que la sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social36.
Además, no puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, por mandato de la Carta Política, ni dársele una denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica.
Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país solicitante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, y garantiza su protección37.
De la misma manera, el Gobierno, encabezado por el señor Presidente de la República como Jefe de Estado, deberá efectuar el respectivo seguimiento a las exigencias que se impongan a la concesión de la extradición y determine las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2° del artículo 189 de la Constitución Política.
Finalmente, el Gobierno Nacional advertirá al del Estado requirente, que en caso de un fallo de condena, deberá computarse el tiempo que LEIVER PADILLA MENDOZA ha permanecido privado de la libertad con ocasión de este trámite de extradición.
8.2. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de LEIVER PADILLA MENDOZA de anotaciones conocidas en el curso del proceso, por las conductas relacionadas por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas en la orden de aprehensión dictada el 14 de octubre de 2014.
Comuníquese esta determinación al requerido, a su defensor, al Ministerio Público y al Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo. Devuélvase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su competencia.
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Folios 3 y 4 de la carpeta.
2 Folios 163 a 165 ídem.
3 Folios 138 a 145 ídem.
4 Folio 127 de la carpeta.
5 Folio 216 del cuaderno anexo No. 1.
6 Mediante oficio DIAJI No. 2435 del 20 de noviembre de 2014, obrante a folio 125 de la carpeta.
7 Folio 78 del cuaderno de la Corte.
8 Folios 91 a 102 del cuaderno de la Corte.
9 Folios 86 a 90 ídem.
10 Folio 85 ibídem.
11 Folios 2 a 54 de la carpeta anexa No. 2.
12 Folios 202 a 212 de la carpeta anexa No. 2.
13 Folio 164 de la carpeta.
14 Folio 165 ídem.
15 Folio 15 del cuaderno de la Corte.
16 Folios 132 y 133 de la carpeta anexa No. 1.
17 Folios 59 y 60 del cuaderno de la Corte.
18 Cfr. Folios 161 a 167 de la carpeta anexa No. 2.
19 ARTICULO 103. HOMICIDIO. El que matare a otro, incurrirá en prisión de doscientos ocho (208) a cuatrocientos cincuenta (450) meses.
20 ARTICULO 104. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION. La pena será de cuatrocientos (400) a seiscientos (600) meses de prisión, si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere:
(…)
4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil.
(…)
7. Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación.
21 ARTICULO 239. HURTO. El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses.
La pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
22 ARTICULO 240. HURTO CALIFICADO. La pena será de prisión de seis (6) a catorce (14) años, si el hurto se cometiere:
(…)
2. Colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones.
3. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren sus moradores.
4. Con escalonamiento, o con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar, o violando o superando seguridades electrónicas u otras semejantes.
La pena será de prisión de ocho (8) a dieciséis (16) años cuando se cometiere con violencia sobre las personas
23 ARTICULO 241. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA. La pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes, si la conducta se cometiere:
(…)
10. Con destreza, o arrebatando cosas u objetos que las personas lleven consigo; o por dos o más personas que se hubieren reunido o acordado para cometer el hurto.
24 ARTICULO 340. CONCIERTO PARA DELINQUIR. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.
Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil (30000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
25 El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona, será penado con presidio de doce años a dieciocho años.
26 En los casos que se enumeran a continuación se aplicaran las siguientes penas:
1. Quince años a veinte años de prisión a quien cometa el Homicidio por medio de veneno o de incendio, sumersión u otro de los delitos previstos en el Título VII de este Libro, con alevosía o por motivos fútiles o innobles, o en el curso de la ejecución de los delitos previstos en los artículos 449, 450, 451, 453, 456 y 458 de este Código.
2. Veinte años a veintiséis años de prisión si concurrieren en el hecho dos o más de las circunstancias indicadas en el numeral que antecede.
27 La pena del delito previsto en el artículo 405 de este Código será de veinte años o veinticinco años de presidio:
(…)
2. Para los que lo cometan en la persona de…diputado o diputada de la Asamblea Nacional…
28 Quien por medio de violencia o amenazas de graves daños inminentes contra personas o cosas, haya constreñido al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito a que le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de éste, será castigado con prisión de seis años a doce años.
29 Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes se haya cometido por medio de amenazas a la vida, a mano armada o por varias personas, una de las cuales hubiere estado manifiestamente armada, o bien por varias personas ilegítimamente uniformadas, usando hábito religioso o de otra manera disfrazadas, o si, en fin, se hubiere cometido por medio de un ataque a la libertad individual, la pena de prisión será por tiempo de diez a diecisiete años; sin perjuicio a la persona o personas acusadas, de la pena correspondiente al delito de porte ilícito de armas.
30 Son circunstancias agravantes de todo hecho punible las siguientes:
1. Ejecutarlo con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable obra a traición o sobre seguro.
(…)
5. Obrar con premeditación conocida.
(…)
8. Abusar de la superioridad del sexo, de la fuerza, de las armas, de la autoridad o emplear cualquier otro medio que debilite la defensa del ofendido.
(…)
12. Ejecutarlo en despoblado o de noche. Esta circunstancia la estimaran los Tribunales atendiendo a las del delincuente y a los efectos del delito.
31 Se consideran circunstancias agravantes de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, cuando éstos hayan sido cometidos:
(…)
7.- Contra…Diputados o Diputadas a la Asamblea Nacional…
32 Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada, será penado o penada por el solo hecho de la asociación con prisión de seis a diez años.
33 Relacionadas a folios 168 a 172 de la carpeta anexa No. 2.
34 Folio 51 ídem.
35 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la Constitución Política de Colombia
36 Como lo disponen los Artículos 29 de la Constitución; 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)
37 Postulado que encuentra respaldo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23)