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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado Ponente
AP3299-2014
Radicado 43.554
Aprobado acta No. 189
Bogotá, D.C, dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014).
Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Sexto Delegado ante el Tribunal Superior de Cali, contra el auto proferido el 18 de marzo del presente año, por medio del cual esa Corporación negó la práctica de la totalidad de las pruebas solicitadas por el ente acusador en el juicio que se adelanta contra el doctor ANDRÉS VELÁSQUEZ MUÑOZ.
ANTECEDENTES
1.- El día 30 de septiembre de 2013, el Fiscal Sexto Delegado ante el Tribunal Superior de Cali, acusó al doctor ANDRÉS VELÁSQUEZ MUÑOZ, Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, por la posible comisión del delito de Prevaricato por acción.
En el escrito de acusación sostuvo que mediante auto del 24 de agosto de 2009, el doctor VELÁSQUEZ MUÑOZ, obrando en su condición de Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, sustituyó la prisión intramural por la domiciliaria a David Augusto de Heras Soilán, por tratarse de un hombre cabeza de familia, gracia que le había sido negada por el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Cali en la sentencia del 23 de junio de 2007, la cual fue confirmada parcialmente por el Tribunal Superior, que modificó la sanción en el sentido de imponerle una pena de 22 años y cuatro meses de prisión, como autor del delito de homicidio agravado en concurso sucesivo y homogéneo.
Anotó que la investigación se inició por denuncia interpuesta por el doctor Gustavo Montoya Restrepo, Coordinador de Procuradores Judiciales Penales, quien fue informado por la también Procuradora, doctora Floralba Loaiza, que el proceso que se lleva en el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, en el cual se vigila el cumplimiento de la pena impuesta a David Augusto de Heras Soilán, fue indebidamente fotocopiado e ilegalmente adjudicado con otro radicado al Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, quien sustituyó la prisión intramural por la domiciliaria ya indicada.
2.- El 30 de octubre del mismo año, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cali llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación.
En ella, de conformidad con el artículo 340 de la Ley 906 de 2004, el Fiscal acusó al imputado por la posible comisión del delito de prevaricato por acción e inició el descubrimiento probatorio (artículo 344 de la misma Ley). Con tal fin, se refirió a los medios de prueba testimoniales y documentales en los mismos términos plasmados en el anexo al escrito de acusación (minuto 27:25 y ss.).
3.- El día 18 de marzo, el Tribunal realizó la audiencia preparatoria.
En dicha diligencia, según lo dispuesto en el numeral 3º, del artículo 356 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía y la defensa enunciaron las pruebas, y de acuerdo con el artículo 357 de la misma obra, después de indicar las estipulaciones en esa materia, hicieron la correspondiente solicitud de pruebas.
Del registro de la audiencia se observa que el Tribunal, de acuerdo con el artículo 356 de la Ley 906 de 2004, les concedió a las partes la oportunidad de enunciar, pactar estipulaciones y solicitar las pruebas para demostrar sus pretensiones.
En ese contexto, la defensa le pidió al Tribunal que se abstuviera de decretar las “pruebas testimoniales” solicitadas por la Fiscalía, debido a que no argumentó la conducencia y pertinencia de las mismas. De igual manera, manifestó que los documentos que la Fiscalía pretende introducir al juicio con el testimonio de la doctora Flor Alba Loayza no deben admitirse, al no haber señalado cómo serían incorporados al debate oral.
El Procurador, respecto de la solicitud de la Fiscalía, señala que nadie puede ser juez y parte a la vez, y afirmó que el único documento que podría incorporar al juicio la doctora Flor Alba Loayza como testigo es su acta, mas no otros de funcionarios a quienes se ha debido relacionar como testigos de acreditación.
4.- El Tribunal decidió negar la totalidad de las pruebas solicitadas por la Fiscalía, al considerar que enunció, pero no argumentó su pertinencia y conducencia, tal como lo exige el artículo 357 de la Ley 906 de 2004.
Añadió que las partes tienen el deber de indicar para que requieren la prueba con fundamento en su teoría del caso en el evento de que vayan a llevarlo al juicio oral. Por unanimidad, la Sala las negó en su totalidad al no haber cumplido la fiscalía con esa carga procesal (3:58 disco 4).
También decidió negar el testimonio de Alfredo Yépez Muñoz, prueba solicitada por la defensa, por su notoria impertinencia.
5.- La Fiscalía apeló la decisión.
Adujo que el artículo 357 del Código de Procedimiento Penal dispone que el Juez decretara las pruebas solicitadas por las partes teniendo en cuenta las reglas de pertinencia y conducencia del código. En ese entendido – dice –, hizo alusión a las mismas, a la espera de que se le concediera la oportunidad para indicar la pertinencia y conducencia de las mismas.
Con todo, señaló que se refirió a elementos probatorios específicos, entre ellos el testimonio de la doctora Flor Alba Loayza Montoya, quien tal como lo adujo en el escrito de acusación, fue quien encontró irregularidades en el trámite judicial que indican que la decisión proferida por el Juez VELASQUEZ MUÑOZ es ilegal y manifiestamente contraria a la ley.
Por lo tanto, la testigo está en capacidad de declarar acerca de la manera cómo obtuvo esos documentos y de las irregularidades inherentes al trámite que concluyó con una decisión ilegal. En consecuencia, es la persona indicada para incorporar esos documentos al juicio.
De otra parte, aduce que con los documentos que hacen parte del anexo del escrito de acusación, se pretende demostrar las circunstancias en las cuales se cometió la conducta, razón por la cual la pertinencia se infiere de ese contexto.
Señala también que el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, dispone que el Juez “decretará las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieren prueba”, condición que se satisface en el caso de las solicitadas por la fiscalía, según lo expuso en el escrito de acusación y en las etapas subsiguientes, cumpliendo con la carga procesal que le corresponde.
6.- En el traslado a los no recurrentes, la Defensa señaló que la Fiscalía no mencionó la pertinencia porque pensó que lo haría con posterioridad. Por lo tanto, solicita que se declare desierto el recurso por falta de sustentación al no controvertir la decisión del Tribunal. En caso de que no lo sea, pide que la Corte no atienda las solicitudes planteadas, pues el Fiscal se dedicó a justifica su proceder y no a impugnar la providencia.
A Juicio del Procurador, el Magistrado Ponente actuó de acuerdo con el debido proceso. Pero ha debido declarar desierto el recurso, pues el apelante no atacó la estructura fundamental de la decisión. En su criterio, el recurrente ha debido alegar si se desconocieron derechos fundamentales, y no lo hizo. Pide, por lo tanto, despachar negativamente la apelación interpuesta.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Primero. La Corte es competente para conocer de la providencia impugnada, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º, del artículo 32 de la Ley 906 de 2004.
Segundo. El proceso penal se concibe como un método dialéctico que propende por: (i) el respeto formal y material a las garantías judiciales debidas a las partes y a quienes en el intervienen, (ii) la aproximación racional a la verdad y (iii) la correcta aplicación del derecho sustancial.
La impugnación involucra en la discusión un tema atinente al método de “aproximación racional a la verdad”, pues según lo sostienen la defensa, el Procurador y el Tribunal, el sistema acusatorio impone como condición sustancial que la parte que solicita la prueba realice en la audiencia preparatoria un análisis de la pertinencia de los elementos probatorios que pretende hacer valer en el juicio. Sin esta exposición, agregan, el juez no tiene alternativa distinta que negar las pedidas por quienes incumplen con esa carga procesal.
En un tono elemental, el fiscal sostiene que esperaba la oportunidad para sustentar su petición, afirmación que envuelve una denuncia de vulneración al debido proceso y a la legitimidad del trámite.
Pues bien:
La Corte ha explicado cuál es la finalidad de la audiencia preparatoria y en qué consisten las diferentes etapas que la conforman (Cfr. CSJ. AP. Rad. 27608 del 29 de junio de 2007 y AP. Rad 36562 del 13 de junio de 2012). En ese sentido, ha indicado que el propósito de dicha audiencia es realizar el principio de “depuración probatoria”, para lo cual se han dispuesto cuatro fases: descubrimiento, enunciación, estipulación y solicitud probatoria, actos que les compete a las partes y cuya secuencia no es un asunto de forma, sino presupuesto de las condiciones de validez de la prueba, necesarias para llevarle al juez el conocimiento “de los hechos y circunstancias materia del juicio y de la responsabilidad penal del acusado.”
En efecto: la enunciación precede a las estipulación, debido a que no se puede pactar sin conocer los medios de prueba con los que cuentan la Fiscalía y la defensa para sustentar su teoría del caso; y la solicitud es ulterior, pues la estipulación probatoria como manifestación de voluntad bilateral excluye de la discusión hechos y circunstancias que han sido aceptadas por las partes y que no serán objeto de debate en el juicio, como no sea para confrontarlas respecto de su incidencia en el análisis conjunto de la prueba.
En ese orden, no se puede equiparar la enunciación con la solicitud, pues mientras aquella está dirigida a que la fiscalía y la defensa indiquen los medios probatorios que harán valer en la audiencia del juicio oral, la solicitud está encaminada a sustentar su pertinencia y conducencia (artículos 357 y 375 de la Ley 906 de 2004), cuestiones conceptual y sustancialmente distintas, pues si los dos actos fueran iguales o equivalentes, no tendría sentido que el legislador se hubiera referido a la solicitud de pruebas cualificando su contenido, en el sentido de exigir de manera explícita en el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, que las pruebas solicitadas deberán tener relación con los hechos de la acusación (pertinencia), los cuales se podrán demostrar a través de los medios lícitos (conducencia) que las partes libremente deciden que sean aducidos al proceso.
Y como paso ulterior, el artículo 359 del C. de P.P., expresamente dispone:
“Las partes y el Ministerio Público podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad con las reglas establecidas en este código, resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba”.
Integrando sistemáticamente esa disposición con lo dispuesto en los artículos 356 y 357, la Corte ha señalado que:
“Esta facultad, inserta profundamente en el derecho de defensa y su correlato de contradicción, sólo puede ser ejercida, no apenas porque así lo consagre el legislador dentro del derrotero antecedente consecuente consagrado en la Ley 906 de 2004, sino porque la lógica probatoria así lo impone, luego de que se ha hecho la postulación argumental de quien solicita la práctica del medio suasorio y, huelga anotarlo, previo al pronunciamiento del juez de conocimiento aceptando o negando su práctica, en el entendido, como se anotó al inicio, de que la decisión resuelve la controversia planteada por los contrarios.” (CSJ. AP, radicado 27.608 del 29 de junio de 2007)
Lo anterior demuestra que no se trata de una secuencia formal, sino de actos con contenidos precisos y distintos que corresponden a la dialéctica del trámite y que imponen a las partes el deber ineludible de precisar en la solicitud de pruebas la pertinencia, conducencia y utilidad de las mismas, con el fin de entregarle al juez, con la garantía de la previa contradicción y confrontación probatoria entre las partes, los elementos de reflexión indispensables para que decida acerca de la validez, eficacia y aptitud de los medios de prueba que habrán de practicarse en el juicio oral y evaluarse en la sentencia, carga que de no cumplir lleva irremediablemente a que se nieguen las que han sido solicitadas.
Es más:
Esta secuencia material de la audiencia preparatoria, además de deslindar los roles del juez y las partes – a no dudarlo uno de los más importantes elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio -, también incide en la caracterización de una de las finalidades más importantes del proceso penal: la forma de aproximación racional a la verdad, una verdad, como expresa Ferrajoli, más reducida, pero ciertamente más controlada que la verdad sustancial más o menos apriorísticamente intuida por el juez del sistema inquisitivo.1
Desde ese punto de vista, es evidente que la iniciativa probatoria no le compete al Juez, pues de acuerdo con el modelo acusatorio esa atribución le está conferida a las partes (artículo 361 de la Ley 906 de 2004), pero le corresponde, de acuerdo con las razones que le han entregado las partes al sustentar su solicitud de pruebas, definir cuáles son lícitamente útiles y tienen relación con los hechos, pues como lo ha señalado Taruffo,
“… [el juez] es el sujeto al que le compete la función epistémica fundamental, esto es, la determinación final de los hechos. Esta función requiere que el juez dirija sus actuaciones, en el curso del proceso hacia esa finalidad. De esto se siguen dos consecuencias principales. Por un lado, le corresponde la tarea de gobernar la admisión y la práctica de las pruebas, además de la de determinar su valor en el ámbito de la decisión final sobre los hechos.” 2
Esta afirmación, por lo demás, se articula con dos enunciados legales que definen el papel del juez frente al tema probatorio en el proceso acusatorio: la imparcialidad, claro (artículos 4 y 361 de la Ley 906 de 2004), y la de ser garante de la legalidad de la prueba, condición esencial para definir valida y discursivamente si de ellas surge el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y la responsabilidad del acusado (artículo 381 ibídem).
Como tal le corresponde, en orden a decretar las pruebas que se han de practicar en el juicio, realizar un test acerca de la necesidad de la prueba, determinar el vínculo entre el medio y los hechos (pertinencia) y su aptitud legal (conducencia), para lo cual ha de tener en cuenta los supuestos fácticos del escrito de acusación, las normas que definen la relevancia jurídica del comportamiento, los medios probatorios enunciados, las estipulaciones y la solicitud probatoria de las partes, sustentada en su pertinencia, utilidad y conducencia, todo lo cual le permitirá objetivamente develar la necesidad de decretar las pruebas solicitadas.
En efecto:
Desde la formulación de la acusación el juez ya tiene una aproximación a los hechos, la calificación jurídica de la conducta y los medios de prueba, de manera que la audiencia preparatoria no es el primer acercamiento que tiene con el tema probatorio, por lo cual está en plena capacidad para discernir acerca de la utilidad, pertinencia y conducencia de los medios de prueba, y de preservar las condiciones atinentes para tomar esas definiciones, sin sustituir a las partes o colmar sus deficiencias.
En síntesis, el Juez no participa de la iniciativa probatoria, por supuesto. Pero como garante de su validez y de las condiciones básicas de legalidad de la prueba, tiene el poder deber de definir cuáles habrán de practicarse, para lo cual debe analizar la conducencia, pertinencia y utilidad, decisión que le compete de manera privativa. No de otra manera se explica que el artículo 357 de la Ley 906 de 2004 determine que el Juez concederá la palabra a la fiscalía y a la defensa para que soliciten las pruebas que requieren para sustentar su pretensión, luego de lo cual las decretará “cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieren prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad.”
En consecuencia, como director del proceso y garante de las condiciones de validez de la prueba, el juez debe facilitar, procurar y solicitar a las partes que fundamenten sus solicitudes probatorias, exigencia que de no satisfacerse conduce a su inadmisión si no se cumplen con las exigencias materiales que se ha mencionado; pero cuando es el juez quien no preserva esa secuencia procesal por un indebido entendimiento del rol que le compete, no puede después negarlas argumentando una situación que a él le corresponde preservar en procura de que el proceso cumpla con uno de sus fines supremos: la aproximación racional a la verdad.
En este caso, el Magistrado que presidió la audiencia dirigió el debate en tal forma que le imprimió al mismo el orden indicado en el artículo 356 de la Ley 906 de 2004, propició que las partes enunciaran las pruebas, estipularan hechos que declararon probados, como en efecto ocurrió, y les concedió la oportunidad para formular sus solicitudes probatorias, momento en el cual el Fiscal Delegado ante el Tribunal, quien por la función que ocupa en la escala judicial se supone que debe tener la formación y preparación para llevar a cabo la acusación y el juicio, se limitó, como incluso lo había hecho desde la audiencia de formulación de acusación, a relacionar simplemente los medios de prueba, sin sustentar su utilidad, pertinencia y conducencia.
En esas condiciones, no podía el Tribunal sustituir al fiscal en su rol, complementar su petición, intuir la finalidad, pertinencia y utilidad de las pruebas solicitadas, pues de hacerlo, en las circunstancias indicadas, el juez rompería el equilibrio entre las partes y, en últimas, tomaría partido, como se dijo, por una verdad sustancial más o menos apriorísticamente intuida por el juez del sistema inquisitivo, cuestión que sin duda no corresponde a la filosofía del sistema y al principio de que son las partes y no el juez, a quienes le corresponde la carga probatoria.
En tales circunstancias, como quiera que las partes no llegaron a convenios con el juez acerca del trámite de la audiencia y de la secuencia de la misma, ni pactaron un mínimo acuerdo acerca de los medios de prueba, de su pertinencia y utilidad, el Tribunal garantizó debidamente el debido proceso probatorio de acuerdo con lo señalado en el artículo 356 y 357 de la Ley 906 de 2004, por lo cual ante la carencia de sustentación de la pertinencia y conducencia de los medios de prueba, el Tribunal no tenía opción diferente que la de rechazar la prueba, con todo y lo que ello significa para la aproximación racional de la verdad.
Ello, porque como lo ha enseñado la Sala (CSJ AP, radicado 36.562, del 13 de junio de 2012):
“El método por medio del cual se construye la verdad, está dado por el procedimiento penal, en las reglas de prueba, inspirados uno y otras en los valores y principios traducidos en forma de garantías procesales en los últimos siglos, mediante los cuales sólo puede ser fundamento de tal conocimiento aquello que ha sido buscado, asegurado, descubierto, ofrecido, decretado, practicado, incorporado y valorado conforme lo disponen dichos preceptos.” (resaltado fuera de texto)
En consecuencia, de acuerdo con lo expresado, la Sala confirmará la decisión apelada.
DECISION
Por lo tanto, la Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
Confirmar la decisión de fecha y origen impugnada, por medio de la cual la Sala de Decisión del Tribunal Superior de Cali, negó las pruebas solicitadas por la fiscalía.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUELLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Ferrajoli, Luigi. Derecho y razón. Ed. Trota.
2 Taruffo, Michele, Simplemente la verdad. El Juez y la construcción de los hechos. Ed. Marcial Pons. Pag. 197.