40277(06-02-13)

2013

Asistente Jurídico Inteligente

Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.

ⓘ Puedes seleccionar un fragmento de texto o analizar el artículo completo.

    CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

Magistrado Ponente  

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO  

Aprobado acta N° 029  

Bogotá,  D.  C., seis (06) de febrero de dos  mil trece (2013)   

V I S T O S  

Procede  la Corte a emitir concepto sobre la  petición    de    extradición    del    ciudadano    venezolano   ERNESTO   MAFFI   DUNN,   elevada  por  el  Gobierno de los Estados Unidos de América.   

SOLICITUD Y ANTECEDENTES  

1.  Con Nota Verbal No. 1794 del 31 de julio  de  2012, el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada  en  Colombia  solicitó  la detención provisional con fines de extradición del  ciudadano  venezolano  ERNESTO  MAFFI DUNN.  En  consecuencia,  el  Fiscal  General  de  la  Nación, mediante  resolución  emitida el 27 de agosto del mismo año, dispuso su captura, la cual  se hizo efectiva el 3 de septiembre siguiente.   

2.  Cumplido  lo  anterior,  la  autoridad  reclamante,  por  conducto  diplomático  y a través de la Nota Verbal No. 2504  del 22 de octubre de 2012, formalizó la petición.   

3.  El Ministerio de Justicia y del Derecho,  previo   concepto  de  su  homólogo  de  Relaciones  Exteriores  acerca  de  la  inexistencia  de convenio aplicable al caso, mediante oficio del 16 de noviembre  de  2012, remitió a la Corte la documentación enviada, debidamente traducida y  autenticada.   

4.  Previo  requerimiento  de  la  Sala a la  persona  solicitada  para  que  se  pronunciara  sobre  la  designación  de  un  defensor,    el    señor    MAFFI   DUNN confirió poder a un abogado de confianza.   

5.  Encontrándose el asunto al despacho del  Magistrado  Ponente  una  vez  cumplido  el  término  previsto  para  la  etapa  probatoria,  el ciudadano reclamado y su defensor solicitaron se diera vía a la  extradición  simplificada  contemplada  en  el  artículo 70 de la Ley 1453 del  2011,  petición de la cual se corrió traslado a la señora Procuradora Tercera  Delegada  para la Casación Penal, quien la coadyuvó luego de considerar que se  realizó  de  manera  libre, voluntaria y espontánea, aunado al cumplimiento de  las exigencias legales para disponer la entrega.   

DOCUMENTOS ALLEGADOS  

1.  Las  Notas Verbales 1794 y 2504 de 31 de  julio  y  22  de  octubre  de  2012, respectivamente, a través de las cuales se  allegó la solicitud de extradición.   

2.  Declaraciones  en  apoyo de la petición  rendidas  bajo  juramento  ante  el  Tribunal  del  Distrito Este de Pensilvania  (Estados  Unidos)  por  Maureen Mc Cartney, Fiscal Adjunta para ese Distrito, el  14   de   septiembre  de  2012,  y  Aaron  M.  Oakley,  Agente  Especial  de  la  Administración  para  el  Control  de  Drogas,  DEA,  el 8 de octubre del mismo  año.   

3.  La acusación formal No. 12-278 del 6 de  junio  de  2012,  proferida por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el  Distrito  Este  de  Pensilvania,  en  contra de ERNESTO  MAFFI DUNN.   

4.  La orden de arresto a nombre del citado,  dictada por el mismo Tribunal en la fecha señalada.   

5. Trascripción de la legislación aplicable  al caso.   

6.  Certificación  de  la  Vicecónsul  de  Colombia  en Washington, D. C., sobre la legitimidad de la firma del auxiliar de  autenticaciones  del  Departamento  de  Estado de los Estados Unidos que validó  los documentos soportes del pedido de extradición.   

CONSIDERACIONES DE LA CORTE  

La  Sala,  en  aplicación  del trámite  simplificado  de  que  trata el  artículo  70  de  la  Ley  1453  del  2011, emitirá concepto favorable para la  extradición  del  ciudadano  venezolano  ERNESTO MAFFI  DUNN,     en   tanto  se  reúnen  los  requisitos   demandados   por   el  artículo  502  del  Código  de  Procedimiento     Penal     para     el    efecto,    como    se    detalla    a  continuación.   

1. Validez formal de  la documentación presentada.   

El artículo 495 del Código de Procedimiento  Penal  (Ley  906  del  2004)  exige que la solicitud de extradición se haga por  vía  diplomática,  acompañada  de  los  siguientes  documentos  y en la forma  establecida en la legislación del Estado requirente:   

    

* copia  o  trascripción  auténtica  de  la  acusación  o del fallo  dictado en el país extranjero, o su equivalente;   

* indicación   de   los   actos   que   determinan  la  solicitud  de  extradición   y   señalamiento   del   lugar   y   la   fecha  en  que  fueron  ejecutados;   

* inclusión  de  los datos que sirven para establecer la identidad de  la persona reclamada;   

* la  reproducción   certificada   de   las   disposiciones   penales  aplicables  al  caso.     

A  su  vez  el  artículo 259 del Código de  Procedimiento  Civil,  modificado  por  el 1°, numeral 118, del Decreto 2282 de  1989  (disposición  aplicable  en virtud del principio de integración previsto  en  los  artículos  25  y 495, último inciso de la Ley 906 de 2004), establece  que   los   documentos   públicos   otorgados   en  país  extranjero  por  sus  funcionarios,   o   con   su  intervención,  deberán  presentarse  debidamente  autenticados  por  el  cónsul  o  agente diplomático de la República y que la  firma  de  esos  funcionarios  debe  ser avalada por el Ministerio de Relaciones  Exteriores de Colombia.   

Estas  exigencias  de  carácter  formal  se  satisfacen  en  el  caso  analizado,  toda  vez que Magdalena Boynton, Directora  Asociada  de  la  Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, del  Departamento  de  Justicia  de  los Estados Unidos, avaló las firmas de quienes  suministraron  las  declaraciones  de  apoyo  a la solicitud de extradición. El  Procurador  de  los  Estados  Unidos,  Eric  H.  Holder, Jr., hizo lo propio con  aquella,  todo lo cual fue certificado por Hillary Rodham Clinton, Secretaria de  Estado.   

Por  su parte, la Vicecónsul de Colombia en  Washington,  D.  C.,  cuya  firma  es refrendada por el Ministerio de Relaciones  Exteriores  de  Colombia,  dio  fe  de  que  quien  suscribe  el documento es el  funcionario auxiliar de autenticaciones del Departamento de Estado.   

En  esas  condiciones,  se  tiene  que  los  requerimientos  formales  de  legalización  de  la  documentación que sirve de  sustento  a  la solicitud de extradición exigidos por las normas de los Estados  requirente  y  colombiano, se cumplieron a cabalidad en el presente evento, esto  es,  se  tornan  aptos para ser considerados por la Corte en el estudio que debe  preceder al concepto.    

2. La identidad de  la   persona  reclamada  en  extradición.   

El  Gobierno  de los Estados Unidos informó  que  el  requerido  responde al nombre de ERNESTO MAFFI  DUNN,  ciudadano de nacionalidad venezolana, nacido el  8  de  septiembre  de  1965  e  identificado con la cédula de identidad número  6.267.588 de Venezuela.   

El 3 de septiembre de 2012, autoridades de la  Policía  Nacional  capturaron  a  quien  se  identificó  con  ese documento de  identidad   como   ERNESTO   MAFFI   DUNN,  y  por  petición  de  la  Corte,  se remitió copia íntegra del  experticio  practicado  por  perito en dactiloscopia de la nombrada institución  con  lo  que  se  verificó  su  plena  identidad,  esto  es, que el aprehendido  corresponde   a   quien   aparece   registrado   con   el  mencionado  nombre  y  documento.   

Por tanto, no existe duda alguna respecto de  que  el detenido es el ciudadano pedido en extradición, además, con esos datos  ha  suscrito  las  actas  en  donde se le comunicaron sus derechos, también las  actuaciones  surtidas ante la Sala de Casación Penal, tema que, por otra parte,  no  ha  sido  puesto  en duda; por el contrario, la petición expresa del señor  MAFFI  DUNN de que se aplique  la   extradición   simplificada   evidencia   su  consentimiento  al  respecto.   

En  consecuencia, se satisface el segundo de  los   presupuestos   del  artículo  502  de  la  Ley  906  de  2004.   

3. Principio de la  doble incriminación.   

3.1.  La  exigencia  hace  referencia  a  la  necesidad   de  que  los  comportamientos  delictivos  imputados  a  la  persona  reclamada  en  extradición  estén  previstos  como  conductas  punibles  en la  legislación  colombiana,  y  que  tengan  señalada  sanción  privativa  de la  libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años.    

De  esta  manera, se tiene que la acusación  del  Gran  Jurado  del  Tribunal  para  el Distrito Este de Pensilvania imputa a  ERNESTO  MAFFI  DUNN y otros  lo siguiente:   

“Cargo uno. El  Gran Jurado acusa que:   

Desde  o  cerca  del  10  de  enero hasta o  alrededor  del 13 de septiembre de 2011, en el Distrito Este de Pensilvania y en  otras  partes,  los acusados… deliberadamente conspiraron y acordaron juntos y  con  otras  personas  conocidas  y  desconocidas  por el Gran Jurado, de cometer  delitos  contra  los Estados Unidos en violación del Título 18, Código de los  Estados  Unidos,  Sección  1956,  al:  (a) deliberadamente realizar y tratar de  realizar  transacciones  financieras  afectando  el  comercio  interestatal y el  comercio  exterior  con  transacciones  que  involucraban  actividades  ilegales  específicas,  es  decir,  conspiración  para  importar  y  conspiración  para  distribuir  sustancias  controladas…  sabiendo  que  las transacciones estaban  diseñadas  completamente o parcialmente para ocultar y disimular la naturaleza,  ubicación,  fuente,  titularidad, y control de las ganancias de las actividades  ilegales  específicas,  y  mientras  realizaban  o  trataban  de realizar tales  transacciones   financieras,   sabían   que   la  propiedad  asociada  con  las  transacciones  financieras  representaban  las  ganancias  de  alguna  clase  de  actividad  ilegal…  y  (b)  transportar,  transmitir  y transferir y tratar de  transportar,   transmitir   y   transferir   instrumentos  monetarios  o  fondos  vinculados  con  las  ganancias  de actividades ilegales específicas, es decir,  conspiración   para   importar  y  conspiración  para  distribuir  substancias  controladas…  de  un lugar de los Estados Unidos o por medio de un lugar fuera  del  mismo,  sabiendo  que  los  fondos  vinculados en la (sic) transportación,  transmisión  y transferencia tenían el propósito completamente o parcialmente  de  ocultar  y  disimular  la  naturaleza,  ubicación,  fuente,  titularidad, y  control     de     las     ganancias     de     las     actividades     ilegales  específicas…”   

“Cargos  dos  al  veinticinco…  Cargos  veintiséis a veintisiete… El Gran Jurado además acusa que:   

…En  o cerca de las fechas establecidas a  continuación  (Desde  el  15  de febrero al 1 de abril de 2011), en el Distrito  Este   de  Pensilvania  y  en  otras  partes,  los  acusados…  deliberadamente  realizaron  y  trataron  de  realizar, y ayudaron e incitaron, y conscientemente  causaron   las   siguientes  transacciones  financieras  afectando  el  comercio  interestatal  (se  relacionan y cada transacción financiera constituye un cargo  separado)…   Al   realizar,  ayudar,  incitar  y  deliberadamente  causar  las  transacciones  financieras  descritas  anteriormente…  los acusados… sabían  que  los  bienes  asociados  con las transacciones financieras representaban las  ganancias  de  alguna clase de actividad ilegal… las transacciones financieras  descritas  anteriormente…  tenían  que  ver  con las ganancias de actividades  ilegales  específicas,  es  decir,  conspiración para importar y conspiración  para  distribuir  substancias  controladas…  y los acusados… actuaron con el  conocimiento   que   las   transacciones   estaban  diseñadas  completamente  o  parcialmente,  para  ocultar  y  disimular  la  naturaleza,  ubicación, fuente,  titularidad,   y   control   de   las  ganancias  de  las  actividades  ilegales  específicas…”   

“Cargos veintiocho al cuarenta y cinco. El  Gran Jurado además acusa que:   

…En  o cerca de las fechas establecidas a  continuación  (Desde  el  15 de febrero al 18 de marzo de 2011), en el Distrito  Este   de  Pensilvania  y  en  otras  partes,  los  acusados…  deliberadamente  transportaron,   transmitieron,   transfirieron   y   trataron  de  transportar,  transmitir,  transferir  fondos y ayudar e incitar el transporte, transmisión y  transferencia  de  fondos de un lugar en los Estados Unidos a un lugar fuera del  mismo,  sabiendo  que  los fondos vinculados en la transportación representaban  ganancias   de   alguna   clase   de   actividad   ilegal  y  sabiendo  que  esa  transportación,  transmisión  y  transferencia tenía el propósito completo o  parcial  de  ocultar y disimular la naturaleza, ubicación, fuente, titularidad,  y  control  de  las  ganancias  de  las  actividades ilegales específicas…(se  relacionan    y    cada    transacción    financiera    constituye   un   cargo  separado)…”   

“Cargo  cuarenta  y  seis. El Gran Jurado  además acusa que:   

…En o cerca del 21 de septiembre de 2011,  en  el  Distrito  Este de Pensilvania y en otras partes, el acusado ERNESTO   MAFFI   DUNN   deliberadamente  transportó,  transmitió,  transfirió,  y ayudó e incitó la transportación,  transmisión,  y  transferencia  de  fondos  de un lugar de los Estados Unidos a  otro  fuera  del  mismo,  siendo  la  transferencia  electrónica de $354.540 de  Beneficial  Bank en Filadelfia, Pensilvania a HSBC Bank en Hong Kong, cuenta que  termina  en  1888, titular de cuenta H.B., sabiendo que los fondos vinculados en  la  transportación  representaban ganancias de alguna clase de actividad ilegal  y  sabiendo  que  esa  transportación,  transmisión  y transferencia tenía el  propósito  completo o parcial de ocultar y disimular la naturaleza, ubicación,  fuente,  titularidad,  y  control  de  las ganancias de las actividades ilegales  específicas,  es  decir,  conspiración  para  importar  y  conspiración  para  distribuir sustancias controladas…” .   

3.2.  Así  mismo, la acusación señala las  normas  del  Código  de  los  Estados Unidos aplicables a tales cargos, las que  rezan:   

“Sección    1956    del    Título  18…   

Lavado de recursos monetarios  

(a)  (1) El que, con conocimiento de que la  propiedad  involucrada  en  una transacción financiera representa las ganancias  de  alguna  forma  de  actividad  ilícita,  realice  o  trate  de  realizar tal  transacción  financiera  y  de  hecho  la  misma  involucre  las  ganancias  de  actividades ilícitas especificadas-   

***  

(B) con conocimiento de que la transacción  fue pensada en su total o parte-   

(i) para ocultar o disfrazar la naturaleza,  la  ubicación  el  origen,  la  titularidad,  o  el control de las ganancias de  actividades ilícitas especificadas;   

***  

(2) Quienquiera que transporte, transmita o  transfiere,  o  intenta  transportar,  transmitir  o  transferir  un instrumento  monetario  o  fondos  de  un lugar en los Estados Unidos o por un lugar fuera de  los  Estados  Unidos  o a un lugar en los Estados Unidos desde o a través de un  lugar fuera de Estados Unidos,   

***  

(B)  con conocimiento de que el instrumento  monetario  o fondos involucrados en el transporte, transmisión, o transferencia  representan  el  producto  de  algún  tipo de actividad ilícita y sabiendo que  dicho  transporte,  transmisión,  o  transferencia  está  designada en parte o  totalmente-   

(i)  para ocultar o disimular el origen, la  ubicación,  la  fuente,  la  pertenencia  o  el control de las ganancias de una  actividad ilícita específica;   

***  

Deberá ser sentenciado a pagar una multa de  no  más  de  $500.000  o  el  doble  del  valor de la propiedad implicada en la  transacción,  lo  que  sea  mayor,  o  a  encarcelamiento por no más de veinte  años, o ambas penas.   

***  

(h)  El  que  se  concierte  para  cometer  cualquier  delito  definido  en  esta  sección  o  en  la  sección  1957 será  castigado  con las mismas penas que se prevén para el delito cuya comisión era  el  objeto  del  concierto.   

Sección 841 del Título 21…  

Actos prohibidos A  

(a) Actos ilícitos  

Salvo   lo   que   se  autorice  en  este  subcapítulo,  será  ilegal  que  cualquier persona con conocimiento de causa o  intencionalmente-   

(1)  fabrique,  distribuya,  o  dispense, o  posea  con  intenciones  de  fabricar,  distribuir  o  dispensar,  una sustancia  controlada”   

Sección 846 del Título 21  

El  que  intente o concierte para perpetrar  cualquier  delito  definido  en este subcapítulo será castigado con las mismas  penas  que  se  prevén  para  el  delito  cuya  comisión era el objetivo de la  tentativa o el concierto.   

3.3.  En  el  caso  analizado, las conductas  delictivas   imputadas   al   señor   EDUARDO  MAFFI  DUNN  tienen  sus equivalentes en los artículos 323 y  340     del   Código   Penal   colombiano   (Ley   599   de   2000),   que  rezan:   

“Artículo 323,  modificado  ley  747  de  2002,  artículo  8,  inciso  1°,  ley  1121 de 2006,  artículo  17,  ley  1453 de 2011, artículo 42. Lavado de activos. El  que  adquiera,  resguarde,  invierta,  transporte,  transforme,  almacene,  conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o  inmediato  en  actividades  de… tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o  sustancias  sicotrópicas…  o vinculados con el producto de delitos ejecutados  bajo  concierto  para  delinquir,  o les dé a los bienes provenientes de dichas  actividades  apariencia  de  legalidad  o  los  legalice,  oculte  o  encubra la  verdadera  naturaleza,  origen,  ubicación, destino, movimiento o derecho sobre  tales  bienes  o  realice  cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen  ilícito,  incurrirá  por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta  (30)  años  y  multa  de  seiscientos  cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000)  salarios mínimos legales vigentes…   

…  El lavado de activos será punible aun  cuando  las  actividades  de  que provinieren los bienes, o los actos penados en  los  apartados  anteriores,  se  hubiesen realizado, total o parcialmente, en el  extranjero.   

Las   penas  privativas  de  la  libertad  previstas  en  el  presente  artículo  se aumentarán de una tercera parte a la  mitad  cuando para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de  cambio  o  de  comercio  exterior,  o  se introdujeren mercancías al territorio  nacional…”   

“Artículo 340,  modificado por la ley 733 de 2002, artículo 8°, ley  890  de  2004,  artículo  14  y  ley 1121 de 2006, artículo 19. Concierto para  delinquir.  Cuando  varias  personas  se  concierten  con  el  fin  de  cometer  delitos,  cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de  cuatro (4) a nueve (9) años.   

Cuando el concierto sea para cometer delitos  de…  lavado  de activos o testaferrato y conexos … la pena será de prisión  de  ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta  treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales.   

La  pena  privativa  de  la  libertad  se  aumentará  en  la  mitad  para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan,  encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir”.   

Por  consiguiente,  confrontadas  las normas  invocadas  por  el  país requirente con las disposiciones internas de Colombia,  fácilmente  se advierte que las conductas de lavado de activos y concierto para  delinquir  (en  este  caso  agravado  por  recaer  en  la  citada  ilicitud)  se  encuentran penalizadas en los dos Estados.   

4. Equivalencia de  las decisiones.   

La  ley  procesal  penal  colombiana  exige  establecer  que  la decisión judicial extranjera que contiene los cargos contra  la  persona  reclamada  corresponda  en  sus aspectos formal y sustancial con el  acto   conocido   en   aquella  como  resolución  de  acusación y/o escrito de acusación.   

Entonces, la decisión del país reclamante,  como  sucede  con  la colombiana, debe ser la que marca el inicio de la fase del  juicio,  esto  es,  aquella  a  través de la cual el Estado acusa a una persona  determinada  de  violar  la  ley  penal,  discrimina  los  cargos que le imputa,  consigna  los  hechos  que  le  sirven  de fundamento y determina la época y el  lugar  de  comisión  del  ilícito  o  ilícitos,  para que el acusado tenga la  posibilidad de conocerlos y enfrentarlos.    

La  acusación  emitida  por  el  Tribunal  estadounidense  cumple  con  unas  exigencias de forma y fondo que coinciden con  las  previstas  en  el artículo 337 de la Ley 906 de 2004, porque contempla las  circunstancias  de  tiempo,  modo  y  lugar  en  que se realizaron las conductas  punibles,  sus  descripciones típicas, las pruebas en que se apoyan los cargos,  las  normas  sustanciales  aplicables  al caso y con ella se marca el inicio del  debate al interior del juicio.   

En  consecuencia, se tiene que la   providencia   dictada  en  el  exterior  y  la  regulada  en  la  legislación  patria  son  equivalentes.  Por  tanto, se cumple este requisito e  igualmente,  se  reitera,  el atinente al factor punitivo, puesto que en los dos  países  el  tope  inferior  de  las  sanciones  supera  los cuatro (4) años de  prisión.   

ACLARACIONES FINALES  

1.  El  artículo  35  de  la  Constitución  Política,  modificado  por  el  1º  del  Acto  Legislativo 01 de 1997, faculta  conceder  la  extradición  de  nacionales  colombianos  por  conductas  que  se  consideren  delictivas  en  la  legislación  patria,  cuando  ellas se hubieren  cometido  en  el  exterior,  exceptuando  el  mandato constitucional los delitos  políticos  y  aquellos  hechos  cometidos con antelación al 17 de diciembre de  1997.   

Ninguna de tales eventualidades se estructura  en  el  caso  analizado,  en  tanto  no  se trata de un nacional colombiano, las  conductas  imputadas  vinculadas con el lavado de activos de bienes provenientes  del  narcotráfico  no  tienen  connotación política, los hechos acaecieron en  territorio  norteamericano  y  fueron ejecutados años después de aquella fecha  límite.   

2.  Si  el  Gobierno  Nacional  accede  a la  entrega  de  la  persona  reclamada,  debe condicionarla a que no sea juzgada ni  sancionada  por  hechos  diferentes  a los relacionados en la solicitud. Tampoco  podrá  ser  sometida  a  tratos  o  penas  crueles, inhumanas o degradantes, ni  castigado  con  pena  perpetua. Si la legislación extranjera permite imponer la  pena  de  muerte, debe exigirse que sea conmutada según lo señala el artículo  494 de la Ley 906 de 2004.   

3.   Al   Gobierno  Nacional  también  le  corresponde  condicionar  la entrega a que el país reclamante, de acuerdo a sus  políticas  internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales  para  que  el  requerido  pueda  tener  contacto regular con sus familiares más  cercanos.   

4. Finalmente, el tiempo en que el ciudadano  estuvo  detenido  por  cuenta  del  trámite  debe  serle  reconocido como parte  cumplida de la posible sanción que se le imponga.   

5.  De  la  misma  manera,  se  exhorta  al  Gobierno,  encabezado  por  el  señor Presidente de la República, como supremo  director  de  la  política  exterior y las relaciones internacionales, para que  efectúe  el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la  concesión  de  la extradición y determine las consecuencias que se derivarían  de  su  eventual  incumplimiento, al tenor de lo señalado en el numeral 2° del  artículo 189 de la Constitución Política.   

6.   En   caso   de   que   EDUARDO   MAFFI   DUNN   sea  absuelto  o  declarado  no  culpable  de  los  cargos  que  dieron origen a su extradición y  dejado   en  libertad,  el  Estado  requirente  deberá  asumir  los  gastos  de  transporte   y   manutención   del   extraditado,   con   destino  a  su  país  natal.   

En  mérito  de lo expuesto, la SALA  DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,   

EMITE   CONCEPTO   FAVORABLE  sobre  la  petición  de  extradición  del  ciudadano  venezolano  EDUARDO MAFFI DUNN, hecha por  el  Gobierno  de  los  Estados  Unidos  de  América,  respecto  de  los  cargos  contemplados  en  la acusación 12-278 de 6 de junio de 2012 emitida por el Gran  Jurado para el Tribunal del Distrito Este de Pensilvania.   

Por  la Secretaría de la Sala comuníquese  esta     determinación    al    requerido    MAFFI  DUNN,   a   su  defensor,  a     la      Agente     del     Ministerio  Público    y    al    Fiscal    General    de   la  Nación.   

Devuélvase  el  expediente al Ministerio de  Justicia y del Derecho para los trámites subsiguientes de ley.   

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ  

JOSÉ       LUIS       BARCELÓ  CAMACHO                 FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO   

MARÍA    DEL    ROSARIO    GONZÁLEZ  MUÑOZ                         GUSTAVO    ENRIQUE    MALO  FERNÁNDEZ   

LUIS  GUILLERMO  SALAZAR OTERO                            JULIO    ENRIQUE    SOCHA  SALAMANCA   

JAVIER ZAPATA ORTIZ  

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA  

Secretaria  

    

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *