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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
Aprobado Acta No. 419
Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil trece (2013).
ASUNTO:
La Sala resuelve sobre la admisibilidad de las demandas de casación presentadas por los defensores de los procesados Eduardo Beltrán Cuéllar y Víctor Manuel Ocampo Roncancio, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Neiva, confirmatoria en parte de la dictada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Adjunto de la misma ciudad, que condenó al primero por las conductas punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público y, al segundo, únicamente por el delito contra la administración pública en cita.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE:
Los primeros fueron declarados por el ad quem en los siguientes términos:
“…El 31 de diciembre del año 2001, la Universidad Surcolombiana, por conducto del entonces rector Jesús Antonio Motta Manrique, firmó tres contratos de obra [para edificar la cafetería de la sede central de esa institución educativa], a saber: el primero correspondió al número 0096 por valor de $72.963.300.oo, contratista INARQ Ltda., y el objetivo era la construcción de la obra negra; el segundo fue el número 00105, contratista Francisco Javier Amaya Moreno, por valor de $73.000.000.oo, y el fin era la obra gris; y el tercero fue el número 00106, contratista Rafael Farfán Cedeño, por valor de $74.000.000, cuyo propósito fue la realización de los acabados y exteriores de la obra. Estas contrataciones fueron imputadas al rubro No. 1117051190 de los presupuestos correspondientes a las vigencias fiscales 2001 y 2002.
Como soporte de los referidos contratos se adujo la aprobación impartida por el Comité de Contratación [de la mencionada alma mater] reunido el 31 de diciembre de 2001, según acta No. 033 de dicha fecha, [integrado por Jesús Antonio Motta Manrique (rector), Miriam Lozano Ángel (Vicerrectora Administrativa), Eduardo Beltrán Cuéllar (Vicerrector de Recursos y Bienestar Universitario), Florentino Monsalve Murillo (Jefe de la Oficina de Planeación) y Víctor Manuel Ocampo Roncancio (Asesor Jurídico)].”
Con fundamento en lo anterior, el 31 de diciembre de 2007, en la Fiscalía Veinte Seccional de Neiva, se precluyó la instrucción a favor de Miriam Lozano Ángel y formuló resolución acusatoria así: contra Eduardo Beltrán Cuéllar y Jesús Antonio Motta Manrique, como presuntos coautores de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público; respecto de Víctor Manuel Ocampo Roncancio, por igual forma de intervención pero solo por la conducta punible mencionada en primer término; y frente a Florentino Monsalve Murillo, también en calidad de coautor pero únicamente por el ilícito indicado en último lugar; decisión que quedó ejecutoriada el 22 de julio de 2009, al ser confirmada por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de la citada ciudad.
La etapa de la causa correspondió adelantarla al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva, donde celebradas la audiencia preparatoria y la vista pública, el proceso pasó a su homólogo Adjunto1, en el cual, el 7 de abril de 2011, se condenó a Eduardo Beltrán Cuéllar y Jesús Antonio Motta Manrique, como coautores de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, a quienes se les impuso las penas de 60 meses de prisión, multa de $14.300.000 e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 90 meses.
Así mismo, se condenó a Víctor Manuel Ocampo Roncancio a las penas de 48 meses de prisión, multa de $14.300.000 e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 60 meses, al ser hallado coautor de la conducta punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
En cuanto hace a Florentino Monsalve Murillo, si bien en la parte considerativa de la sentencia se concluyó que debía condenársele como cómplice del delito de falsedad ideológica en documento público, en la parte resolutiva se determinó que era coautor de esa infracción y se le impuso las penas de 48 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el termino de cinco años.
Finalmente, a todos los procesados se les negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero se les concedió el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria.
Apelada esa decisión por los defensores de todos los incriminados, el Tribunal la confirmó en parte, por cuanto resolvió condenar al inculpado Eduardo Beltrán Cuéllar como determinador de las conductas punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, manteniéndole las mismas penas que le fueran impuestas en el fallo de primer grado.
De otra parte, condenó al procesado Florentino Monsalve Trujillo como cómplice del delito de falsedad ideológica en documento público, por lo que le fijó las penas de 2 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por “6 meses”, a quien le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
Contra ese fallo los abogados de los acusados Eduardo Beltrán Cuéllar y Víctor Manuel Ocampo Roncancio presentaron recurso de casación.
LAS DEMANDAS:
La presentada a nombre del procesado Víctor Manuel Ocampo Roncancio:
Está compuesta por cinco cargos, cuyo contenido se sintetiza de la siguiente manera:
Primer cargo:
El impugnante denuncia la violación directa de la ley sustancial en razón de la aplicación indebida de la Ley 80 de 1993 y el artículo 410 del Código Penal, lo cual condujo a la correlativa falta de aplicación de las Leyes 65 de 1963, 55 de 1968, 30 de 1992 —artículos 28, 57, 65, 93 y 94—, el Decreto Ley 1250 de 1995, la Ley 489 de 1998, el Acuerdo 075 de 1994 del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana y los artículos 25 y 32-5 del Estatuto Punitivo.
Con el propósito de demostrar la anterior formulación, el defensor sostiene que de conformidad con el artículo 1º de la Ley 55 de 1968, modificado por los artículos 1º y 2º de la Ley 13 de 1976, la Universidad Surcolombiana es un establecimiento público autónomo del orden nacional dotado de personería jurídica, según se infiere de la Ley 65 de 1963.
Expresa que al ostentar esa naturaleza, el Acuerdo 017 de 2000, por cuyo medio se expidió el Estatuto General de Contratación de la Universidad Surcolombiana por el Consejo Superior de la misma institución educativa, debía ser publicado en el Diario Oficial a efectos de que fuera aplicable, conforme se desprende de lo previsto en el Decreto 01 de 1984, la Ley 57 de 1985 y el artículo 119 de la Ley 489 de 1998.
Ahora, una vez cita criterio de autoridad sobre la necesidad de la publicación de aquel tipo de acuerdos2, concluye que como el mencionado no lo fue, entonces para la contratación que concita la atención en este caso debía aplicarse el 075 de 1994, el cual, en sus artículos 70 y 71, no establece topes para la contratación directa, amén de que disponía la aplicación del derecho privado, por lo que en este caso la conducta es atípica.
Segundo cargo:
El demandante acusa la sentencia de haber violado de forma directa la ley sustancial, lo cual condujo a la aplicación indebida de los artículos 29 —inciso 2º— y 410 del Código Penal, así como a la consecuencial falta de aplicación de los artículos 29, 85, 93 y 94 de la Constitución Política; 1, 6, 9, 10, 13 y 32-5 del Estatuto Punitivo; y 1, 2, 6, 7, 8, y 39 del Código de Procedimiento Penal.
En orden a comprobar ese enunciado, el impugnante recuerda que si bien, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala, el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales previsto en el artículo 146 del Decreto Ley 100 de 1980 incluía el elemento subjetivo: “con el propósito que obtener provecho para sí, para el contratista o para un tercero”; en el actual Código Penal se consagra, frente a esa infracción, que basta celebrar el contrato sin cumplir las normas constitucionales o legales, así como los principios de la contratación administrativa para que se pueda predicar la delincuencia en cita, de tal manera que ahora el elemento subjetivo se contrae a “tramite el contrato”, sin que se pueda ignorar que para endilgar el ilícito en comento debe concurrir el incumplimiento de los requisitos de la índole mencionada (constitucionales y legales).
Así las cosas, el defensor sostiene que en el caso particular resultó suficiente con deducir que el procesado había participado en el “trámite de los contratos” cuestionados, para endilgarle el delito consagrado en el artículo 410 de la Ley 599 de 2000, sin tener en cuenta si estaba demostrada su culpabilidad.
En esa medida, recuerda que la intervención del acusado en la contratación objetada se efectuó en cumplimiento de las funciones de su cargo como Jefe de la Oficina Jurídica, por lo que se limitó a “conceptuar sobre la legalidad y coherencia normativa de los actos administrativos y a asesorar a los actores institucionales en el tratamiento de cuestiones jurídicas” e, igualmente, a “revisar los contratos que suscribía la Universidad”.
Subraya que el concepto emitido por el implicado como miembro del Comité de Contratación de la universidad, conforme lo dispone la Resolución 004773 del 25 de octubre de 2000 expedida por la Rectoría, no obligaba a la administración.
Adicionalmente, sostiene que no hubo prueba acerca de que el enjuiciado hubiera asistido a reunión alguna o que fuera convocado al Comité, como tampoco lo fueron sus otros miembros, en especial a la celebrada y a la que se refiere el acta No. 033 del 31 de diciembre de 2001.
Expresa el actor que al procesado se le dedujo responsabilidad por el hecho de haber dado su visto bueno a los contratos, mas no porque hubiese suscrito alguno de ellos, lo que da lugar a la “violación directa” de normas sustanciales.
En esa medida, asegura que como frente al procesado no es posible predicar el elemento normativo del tipo consagrado en el artículo 410 del Código Penal: “tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos”; se le ha debido dictar sentencia absolutoria.
Añade que como al acusado se le imputó su coautoría en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, resalta que dentro de sus funciones solo estaba la de conceptuar acerca de su viabilidad jurídica, sin que ello implicara involucrarse en la contratación, así que si en gracia de discusión los contratos no se ajustaban a la legalidad que reclamó el juzgador de primer grado, tal circunstancia no daba lugar a deducirle responsabilidad al inculpado, pues el elemento normativo del tipo atrás anotado, debía estar probado más allá de las disquisiciones argumentativas del sentenciador a quo.
Alega que los elementos de la coautoría del acuerdo común y la trascendencia del aporte funcional en la realización del hecho, no tienen soporte probatorio alguno, pues el Juez inferior le endilgó el delito al procesado a partir de predicar la existencia de artificios en el concepto jurídico emitido por el encausado, mas no porque ese concepto fuera trascendente para producir el resultado criminoso.
Finalmente, asegura que la conducta del acusado se produjo en el marco de la causal de ausencia de responsabilidad consagrada en el numeral 5 del artículo 32 del Código Penal y agrega que en el caso particular simplemente se estuvo frente a un conflicto de interpretaciones acerca de si se debía aplicar el régimen de contratación estatal.
Tercer cargo:
El defensor denuncia la violación indirecta la ley sustancial, por cuanto se incurrió en error de hecho en la modalidad de falso juicio de identidad al apreciar la prueba documental.
Con el ánimo de demostrar ese enunciado, el censor expresa que si bien el Juzgador a quo predicó la ilegalidad de los contratos números 0096, 00105 y 00106 en razón del marco jurídico que debía aplicarse, según se explicó en el primer cargo, los referidos contratos cumplieron con su objeto, es decir, la construcción de la cafetería de la sede central de la Universidad Surcolombiana.
Adicionalmente, indica que como el acusado simplemente estaba habilitado legalmente para emitir el concepto jurídico acerca de la viabilidad de dichos contratos, no es posible descargarle responsabilidad en la contratación administrativa, pues su labor se reducía a conceptuar, asesorar y revisar los contratos.
Señala que distinto a lo concluido en el fallo impugnado, donde se insistió en que la Ley 80 de 1993 era aplicable, los contratos números 0096, 00105 y 00106 se ciñeron al régimen contractual vigente para la Universidad Surcolombiana en razón de ser un ente autónomo.
Finalmente, una vez cuestiona que se hubiera dejado de lado el contenido de los contratos y se tomara en consideración lo expresado en prueba pericial para concluir que en el presente asunto se había incumplido el régimen de la contratación estatal, expone que de no haberse incurrido en ese error el fallo no habría sido condenatorio.
Cuarto cargo:
El demandante alega la violación indirecta de la ley sustancial a consecuencia de haberse incurrido error de derecho por “falso juicio de legalidad y convicción” en la estimación de la prueba.
En respaldo de esa postulación asegura que se dio valor probatorio al informe del Cuerpo Técnico de Investigación a pesar de que fue irregularmente allegado a la actuación, por cuanto “no fue rendido adecuadamente y no cumplió con todos los ritos de formación de la prueba”.
Afirma que el Juez a quo no se percató que dicho informe “no alcanzó el valor que el estatuto procesal exige en la materia, tampoco tuvo en cuenta los criterios para la apreciación del dictamen (art. 257 C.P.P.)” y a pesar de su “falta de fundamentación técnico científica” terminó aceptándolo para inferir “una empresa criminal” que, a través de un “concepto jurídico artificioso”, se pretendía apropiar de los recursos de la Universidad Surcolombiana mediante los contratos números 0096, 00105 y 00106.
Una vez recuerda que a los peritos les está vedado emitir juicios de responsabilidad, asegura que la valoración realizada por el Juez a quo sobre la prueba pericial “no favoreció” al procesado, pues a partir de lo allí consignado se estructuró la sentencia en donde se acogieron los cuestionamientos en él consignados.
Quinto cargo:
El impugnante pregona la violación indirecta de la ley sustancial derivada de error de hecho por “falso juicio de identidad y raciocinio” al apreciar la prueba.
Expresa que a pesar de que la prueba testimonial fue legalmente allegada a la actuación, el Juez a quo “no reconoció su virtud y optó por sostenerse en la culpabilidad”, así que a juicio de la defensa, “se distorsionó su objetividad, conllevando a un falso juicio de identidad y falso raciocinio”.
Argumenta que se “tergiversó, distorsionó” la prueba testimonial, pues a pesar de que:
(i) Duverney Vargas Cárdenas (ingeniero civil que laboró en la universidad para la época de los hechos) sostuvo que la contratación era manejaba por Eduardo Beltrán Cuéllar (Vicerrector de Recursos y Bienestar Universitario) y que la obra de la cafetería podía ser realizada por uno o varios contratistas;
(ii) Miriam Lozano Ángel (Vicerrectora Administrativa) negó que hubiese sido citada al Comité de Contratación para la época de los hechos;
(iii) Mercedes Quintero Díaz (asistente de Eduardo Beltrán Cuéllar) afirmó que el Comité de Contratación no se reunía sino que simplemente se tenía un formato al que se le cambiaba la información de la contratación de turno;
(iv) Mario Perdomo Cifuentes, (asistente del rector de la universidad Jesús Antonio Mota Manrique) indicó que el “100%” de la contratación era manejada por Eduardo Beltrán Cuéllar y el que rector se limitaba a preguntarle si se había “reunido” el Comité de Contratación y si se había “cumplido lo de ley”;
El juzgador le atribuyó responsabilidad al procesado Víctor Manuel Ocampo Roncancio, no obstante que ninguno de los anteriores declarantes le endilgó conducta irregular alguna, por tanto, el libelista concluye que se incurrió en “falso juicio de identidad y falso juicio (sic) de raciocinio”, pues el Juzgador a quo ha debido “apreciar… [esos] testimonios en el contexto probatorio que le era exigible”, así como estimarlos en conjunto.
Agrega el censor que en el sub judice se presentan “falsos raciocinios” que dieron lugar a predicarle al procesado el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por cuanto la prueba que sirvió para deducirle a Jesús Antonio Motta Manrique y a Eduardo Beltrán Cuéllar el delito de falsedad ideológica en documento público, también sirvió para atribuirle a su representado el ilícito citado en primer término.
Así mismo, afirma que la conducta del implicado es atípica, toda vez que no se demostró, frente a los contratos números 0096, 00105 y 00106, que estos se hubieran celebrado sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales.
Finalmente, el actor sostiene que se violaron las reglas de la “sana crítica” en punto de “los principios de la lógica”, pues los medios de convicción demostraron que la contratación estuvo ajustada al régimen que era aplicable en este caso, así que no era posible, con la misma prueba, sin desconocer el principio de no contradicción, que en la sentencia se arribara a la conclusión de la ilegalidad de la contratación, cuando de los mismos elementos de persuasión se desprende que fue legal, de manera que si no hubiese incurrido en ese error, el sentido de la sentencia habría sido distinto.
Así las cosas, el defensor considera que como el Tribunal “supuso la prueba de los elementos estructurantes del tipo penal prescrito en el artículo 410 del Código Penal”, pide casar la sentencia y absolver al inculpado Víctor Manuel Ocampo Roncancio.
Demanda allegada en representación de Eduardo Beltrán Cuéllar:
En ella se proponen dos censuras cuyo alcance se resume de la siguiente forma:
Primer cargo
El impugnante denuncia la violación directa de la ley sustancial, por cuanto estima que se incurrió en la “interpretación errónea” de los artículos 30, 286 y 410 del Código Penal, los numerales 12 y 15 de la Resolución No. 3183 de 1996, que recoge el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos para el Ejercicio de los Empleos de la Universidad Surcolombiana, y la Resolución No. 004773 de 2000, por medio de la que se creó el Comité de Contratación de la misma institución educativa; lo cual condujo a condenar al procesado Eduardo Beltrán Cuéllar como determinador de los delitos de falsedad ideológica en documento privado y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, toda vez que el citado, en su condición de Vicerrector de Recursos y Bienestar Universitario, no extendió o suscribió el Acta No. 033 del Comité de Contratación del referido claustro, tampoco estaba legalmente facultado para ello, ni tramitó o celebró los contratos números 0096, 00105 y 00106.
En orden a dar sustento a esa postulación, expresa, en relación con el ilícito de falsedad ideológica en documento público, con apoyo en criterio de autoridad, que éste exige para su configuración, que el servidor público en ejercicio de las funciones propias de su cargo consigne directamente una falsedad en un documento que pueda servir de prueba.
Expone que si el documento no se expide por el servidor público en ejercicio de sus funciones desaparece la tipicidad respecto de la conducta punible en cita.
Recuerda que de acuerdo con la Carta Política y demás normas, no hay empleo público que no tenga funciones detalladas en la Constitución, la ley o reglamento, así que para predicar la “autoría” en el delito previsto en el artículo 286 del Código Penal, se requiere que el servidor público directamente y en ejercicio de sus funciones extienda o suscriba el documento falso, así que si no ostenta aquella calidad se está ante otras formas de participación, es decir, las de determinador, cómplice o interviniente.
Indica que si bien en el caso de la especie el procesado fue acusado como coautor y en la sentencia de segundo grado fue condenado como determinador, tal situación, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, no genera la nulidad de lo actuado, pero en el fallo se debe precisar tal situación.
De otra parte, el demandante sostiene que sin pretender cuestionar la valoración de la prueba, según corresponde a la causal invocada, en la sentencia se dio por probado que: (i) los procesados, incluido su representado Eduardo Beltrán Cuéllar, eran servidores públicos para la época de los hechos; (ii) Jesús Antonio Motta Manrique era el rector de la Universidad Surcolombiana y el único facultado para firmar los contratos de dicha institución educativa, según lo prevé el numeral 15 de la Resolución No. 3183 de 1996; (iii) el implicado Beltrán Cuéllar, en su condición de Vicerrector de Recursos y Bienestar Universitario, de conformidad con el numeral 12 de la referida resolución, podía suscribir contratos con previa autorización y ella no se expidió para el presente caso; (iv) según la Resolución No. 004773 de 2000, el Comité de Contratación era un organismo asesor de la rectoría de la universidad en esa materia, (v) el Acta No. 033 del 31 de diciembre de 2001, por medio de la cual se acogió la propuesta más favorable para la construcción de la cafetería de la sede central de la universidad, fue signada por quien estaba legalmente facultado para hacerlo, es decir, el rector Motta Manrique, acta respecto de la cual se demostró que era falsa ideológicamente, pues el referido Comité no se reunió; y (vi) quien firmó los contratos números 0096, 00105 y 00106 fue el mencionado rector.
Así las cosas, asegura que el enjuiciado Jesús Antonio Motta Manrique, como requisito necesario para legalizar los contratos, consignó en el Acta No. 033 del 31 de diciembre de 2001 del Comité de Contratación, hechos que no tuvieron ocurrencia, por lo cual acertadamente se le condenó.
No obstante, el error de los falladores estuvo en extender los efectos de esos sucesos al acusado Eduardo Beltrán Cuéllar, de manera que inicialmente el Juez a quo concluyó equivocadamente que era coautor, pues si bien ostentaba la calidad de servidor público, dentro de su órbita funcional no estaba la de certificar lo que ocurría al interior del mencionado comité y tampoco suscribió el acta anotada, así que el Tribunal igualmente no lo podía condenar como determinador.
Una vez el actor afirma que si bien en primera instancia se le dedujo responsabilidad al incriminado Beltrán Cuéllar en calidad de coautor con fundamento en indicios, sostiene que lo cierto es que “no existe prueba directa” que lo señale como determinador de la suscripción de los contratos.
Luego de criticar el cambio de coautor a determinador realizado por el ad quem, pues pone de presente que lo afirmado por Jesús Antonio Motta Manrique, en su calidad de rector de la Universidad Surcolombiana, es que fue engañado por Eduardo Beltrán Cuéllar, así que no era posible hablar de que hubo una concertación para cometer el delito, elemento necesario para predicar que éste determinó a aquel, asegura que de allí se sigue que su representado no podía ser condenado por el delito de falsedad ideológica en documento público.
Agrega el defensor que evidenciada la “errónea interpretación” de las normas citadas en el presente cargo, los argumentos expuestos para el efecto son válidos frente al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, pues dentro de la órbita funcional del procesado Beltrán Cuéllar como servidor público vinculado a la Universidad Surcolombiana, no estaba la facultad legal de suscribir los contratos 0096, 00105 y 00106, “motivo más que suficiente para que se case la sentencia aquí impugnada y, en su lugar, se dicte una en la que se absuelva”.
Segundo cargo:
El demandante acusa la sentencia de haber violado de forma directa la ley sustancial, a consecuencia de la “interpretación errónea” del inciso 3º del artículo 52 del Código Penal, por cuanto el inculpado Eduardo Beltrán Cuéllar solo podía ser condenado a la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena de prisión, es decir, 60 meses, mas no por 90 meses como se hizo en la sentencia.
En sustento de ese enunciado, afirma el libelista que de conformidad con la norma en cita, la pena de prisión conlleva la accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por un tiempo equivalente a aquella, la cual se puede incrementar hasta una tercera parte, así que si aquí la sanción privariva de la libertad fue de 60 meses y la tercera parte de esta cifra asciende a 20 meses, de allí se sigue al implicado únicamente se le podía imponer la pena de inhabilidad por 80 meses y no por 90, como se hizo en la sentencia.
En esa medida, solicita casar el fallo y que se le imponga al acusado Eduardo Beltrán Cuéllar la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses.
CONSIDERACIONES DE LA SALA:
I. Cuestión Previa:
De manera constante la Corte ha señalado que el recurso extraordinario de casación no es una instancia adicional a las ordinarias previamente agotadas y, por tanto, no está concebido como un instrumento que permita la continuación del debate fáctico y jurídico surtido durante el proceso, sino que, por su naturaleza, se trata de una sede única que parte de los supuestos de que la sentencia de segunda instancia se ha dictado dentro de un juicio legalmente adelantado, pero además, que la decisión en ella contenida es acertada, por lo que corresponde al impugnante desvirtuar esos dos supuestos.
Dicho propósito únicamente puede lograrse mediante la presentación de una demanda escrita, en la que se identifique la sentencia recurrida, se acrediten la legitimidad y el interés para recurrir, se expresen con claridad y precisión los fundamentos fácticos y jurídicos de la pretensión, y se demuestre la objetiva configuración de uno o varios de los motivos de casación taxativamente previstos en el Código de Procedimiento Penal.
Así mismo, de conformidad con los principios que gobiernan el recurso extraordinario, en el libelo se debe demostrar la necesidad de la intervención de la Corte en orden a satisfacer alguno de los fines establecidos por el legislador en el artículo 206 ibídem, valga decir, la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes en el proceso o la reparación de los agravios padecidos por estos.
Por tal motivo, le corresponde al demandante el deber de cumplir con unos mínimos requisitos de forma y contenido que conduzcan, como se dijo, a desquiciar las bases del fallo de segundo grado.
Entre los requisitos que ha de agotar el impugnante, se destaca el deber de interponer el recurso dentro de la oportunidad legalmente prevista y la carga de acreditar la existencia de interés para acudir a la sede extraordinaria.
A su vez, al demandante también le corresponde señalar, con absoluta precisión, la causal o causales que apoyan su pretensión; enunciar, desarrollar y sustentar de manera clara y exacta el cargo o cargos que a su amparo pretenda proponer, pero también, debe demostrar con nitidez que la intervención de la Corte en el asunto particular resulta necesaria para cumplir alguno o varios de los fines previstos por el recurso.
Bajo esa perspectiva, en orden a predicar una debida sustentación, le compete al censor exponer, de forma completa, de conformidad con el principio de sustentación suficiente, que el cargo o cargos propuestos en la demanda se bastan a sí mismos para lograr la infirmación total o parcial de la sentencia.
Por tanto, una adecuada sustentación del recurso exige que el demandante compruebe que el juzgador de segundo grado efectivamente incurrió en error al tomar la decisión, bien de actividad (vitium in procedendo) o de juicio (vitium in iudicando), para cuyo efecto no basta con sostener que una determinada infracción se cometió, sino que es indispensable especificar en qué consistió, qué repercusiones tuvo en la decisión recurrida, qué consecuencias desfavorables se derivaron de ella para la parte impugnante, y por qué la intervención de la Corte es necesaria para el cumplimiento de los fines del recurso.
De otra parte, como en las demandas presentadas por los defensores de los procesados Eduardo Beltrán Cuéllar y Jesús Antonio Motta Manrique se proponen cargos con fundamento en la causal primera de casación prevista en el artículo 207 de la Ley 600 de 2000 que recoge los sentidos de violación directa y de infracción indirecta de la ley sustancial, resulta oportuno señalar los derroteros que se deben seguir en cada caso, a efectos de constatar posteriormente si los mismos se cumplieron.
II. Sobre la causal de violación directa de la ley sustancial:
Inicialmente es preciso mencionar, que cuando se acude a este sentido de vulneración, al impugnante le corresponde plegarse tanto a la realidad fáctica declarada en la sentencia, como a la valoración probatoria allí consignada.
Conviene recordar que tres son los conceptos a través de los cuales se llega a la violación directa de una norma de derecho sustantivo, cada uno de los cuales exige composiciones argumentativas claramente definidas e independientes.
Así, cuando lo perseguido es demostrar la exclusión evidente de una norma, se impone comprobar el error acerca de su existencia, validez o falta de selección.
Empero, si se pretende evidenciar la aplicación indebida de una determinada disposición, el esfuerzo ha de orientarse a constatar la defectuosa adecuación del supuesto fáctico probado respecto de la hipótesis contemplada en el precepto.
Finalmente, si lo deseado es poner de presente la interpretación errónea de la norma, la tarea se debe concentrar en comprobar que a ésta se le confirió un efecto limitado o excedido distinto al derivado de su contenido.
Adicionalmente, es preciso mencionar que como la interpretación errónea parte de la base de que la disposición vulnerada fue correctamente seleccionada, no debe confundirse con los casos en donde por dársele un alcance equivocado, no es aplicada o se utiliza en forma indebida.
En efecto, es pertinente recordar que la aplicación indebida o la exclusión de una norma se pueden dar a consecuencia de su errónea interpretación.
En estos eventos, el yerro de hermenéutica conduce, en punto de la aplicación indebida, a desbordar el verdadero sentido de la disposición y, por ello, se la pone a gobernar un asunto que no contempla. En cuanto hace a la exclusión de su aplicación, el error en la exégesis del precepto lleva a restringir sus efectos jurídicos y por eso no se la utiliza.
Ahora, cuando se alega que como fruto de la interpretación de la norma se incurre en su aplicación indebida, corresponde al impugnante (i) precisar el aspecto de derecho objeto del ataque y establecer la naturaleza del instituto jurídico recogido en él, puntualizando su ubicación en el ordenamiento positivo, (ii) especificar cuál fue la exégesis dada en la sentencia al mismo, (iii) indicar las razones por las que ella resulta equivocada y (iv) explicar porqué la comprensión propuesta en la demanda es la correcta, lo que impone demostrar la coherencia de la interpretación formulada por el actor frente a las categorías jurídicas relacionadas con la temática y respecto del universo regulatorio inherente al punto de derecho cuestionado.
III. Sobre la causal de violación indirecta de la ley sustancial:
Cuando se está frente a este tipo de quebranto, se parte del supuesto de que el juzgador ha incurrido en errores en la apreciación de la prueba; bien de hecho: por falso juicio de identidad, de existencia o falso raciocinio; o de derecho: por falso juicio de legalidad o convicción; lo cual condujo a la aplicación indebida de la norma o a su falta de selección, como consecuencia de la concurrencia de uno o varios de los yerros antes advertidos, que dan lugar a una situación fáctica distinta a la que objetivamente arrojan los medios de persuasión al ser valorados acertadamente.
Cabe señalar que los errores de hecho se presentan cuando el juzgador yerra al contemplar materialmente el medio de conocimiento, bien porque deja de apreciar un elemento de persuasión, a pesar de que fue válidamente allegado (falso juicio de existencia por omisión); o porque supone su práctica sin que en efecto lo haya sido y le otorga poder suasorio (falso juicio de existencia por invención); o cuando no obstante la prueba se incorpora legalmente, al fijarse su contenido éste es adicionado, cercenado o distorsionado en su expresión fáctica, haciéndole producir efectos que objetivamente no afloran de él (falso juicio de identidad); o porque habiendo sido adecuadamente traído el elemento de persuasión al proceso, si bien en la sentencia es apreciado en su exacta dimensión fáctica, en la tarea de asignarle su mérito demostrativo el juzgador se aparta de los postulados de la lógica, de las leyes de la ciencia o de las reglas de experiencia, es decir, de los principios de la sana crítica, como método de valoración probatoria aceptado en la ley procesal penal (falso raciocinio).
Ahora, en los casos en que la censura se encamine a denunciar un falso juicio de existencia por omisión, es perentorio que el recurrente precise el medio de persuasión que se dejó de apreciar, señalando qué se establece objetivamente en él y cuál el mérito que le corresponde si se siguen los postulados de la sana crítica. Además, es indispensable que indique cómo de su valoración conjunta con el restante acervo probatorio se llega a conclusiones diversas a las consignadas en el fallo, ya de forma total o parcial y, por ende, se hace indispensable revocar o modificar la parte resolutiva de la sentencia objeto de impugnación extraordinaria.
De otra parte, si el demandante dirige el reparo a constatar un falso juicio de existencia por invención, le corresponde identificar el fallo y el sector del mismo en donde se alude al medio de convicción del que predica que materialmente no fue practicado. Además, le compete acreditar la incidencia del yerro anotado, es decir, cómo de no haberse supuesto el elemento de conocimiento, las conclusiones del fallo habrían dado lugar a una situación procesal distinta y sustancialmente favorable para la parte impugnante, bien de manera total o parcial al confrontarse el restante acervo probatorio que sí obra en la actuación, de manera que se haga necesario revocar o modificar la parte resolutiva del fallo objeto del recurso de casación.
Si lo perseguido por el censor es denunciar la estructuración de un error de hecho derivado de falso juicio de identidad en la apreciación de la prueba, se impone que especifique qué en concreto dice el medio de conocimiento; qué exactamente dijo del mismo el fallador, cómo se le adicionó, cercenó o tergiversó en su expresión material haciéndole por tanto producir efectos que objetivamente no surgen de él y lo más importante, el demandante debe determinar la repercusión del yerro de valoración, para lo cual debe adelantar la tarea de demostrar que eliminado el error alegado y realizada una nueva confrontación del material probatorio restante que ha sido válidamente allegado y acertadamente estimado, las conclusiones del fallo impugnado son total o parcialmente diferentes y sustancialmente favorables frente a los intereses representados por el recurrente.
Ahora, cabe puntualizar que cada una de las situaciones anotadas es diferente, por cuanto cuando se adiciona la prueba, se alude al hecho de predicar expresiones que ella no contiene y de las cuales se sirve el juzgador para arribar a su decisión.
Así mismo, cuando se cercena un específico elemento de comprobación, ello supone que se ha omitido una parte de él, a partir de lo cual el juzgador adopta su determinación.
A su vez, la distorsión de la prueba se refiere a que a pesar de tenerse en cuenta su contenido material, de ella no se extrae la conclusión a la que arriba el juzgador, esto es, le cambia su sentido3.
De otra parte, si lo pregonado por libelista es la configuración de falso raciocinio en razón del desconocimiento de los postulados de la sana crítica al apreciar el elemento de persuasión, ha de indicar qué dice éste de manera objetiva, qué infirió de él el juzgador y cuál el mérito persuasivo que le fue otorgado. Así mismo, le corresponde señalar cuál postulado de la lógica, de las leyes de la ciencia o máxima de la experiencia fue ignorada y, correlativamente, ha de precisar cuál es la regla de la lógica apropiada, el aporte científico correcto o la máxima de la experiencia que debió tomarse en consideración y de qué manera. Finalmente, debe demostrar la trascendencia del error alegado, indicando cuál debe ser la apreciación correcta de la prueba cuestionada, poniendo de manifiesto que ello habría dado lugar a proferir un fallo sustancialmente distinto y favorable, bien de forma total o parcial en relación con los intereses representados por el libelista.
En cuanto hace a los errores de derecho cometidos en la estimación de la prueba, estos pueden surgir, bien de la contemplación material del medio de conocimiento por parte del juzgador, quien lo acepta no obstante haber sido allegado a la actuación con vulneración de garantías o de las formalidades legales para su incorporación o práctica (falso juicio de legalidad positivo); o lo deja de valorar a pesar de que aquellas fueron objetivamente cumplidas, pues considera que no concurren frente a un determinado elemento de persuasión (falso juicio de legalidad negativo).
Adicionalmente, en los dos casos que se vienen de mencionar, es del resorte del libelista acreditar la trascendencia del yerro frente a las conclusiones del fallo, es decir, debe demostrar que con la marginación de la prueba calificada de ilegal, los restantes medios de comprobación conducen a una decisión sustancialmente diversa y favorable a la que es objeto de impugnación o, que con la incorporación del elemento de prueba que el censor estima legal pero el juzgador no, las conclusiones son distintas y positivas frente a las contenidas en la sentencia recurrida por vía extraordinaria.
Los errores de derecho también pueden surgir porque el juzgador le niegue al medio de conocimiento el valor suasorio que la ley le asigna (falso juicio de convicción positivo), o le concede al mismo uno diverso al que la ley le reconoce (falso juicio de convicción negativo), en esa medida, el desarrollo de un ataque con fundamento es esta clase de yerros requiere inicialmente la identificación del elemento de persuasión sobre el cual en concreto se pregona una de las posibilidades de defecto de estimación anotadas y, a su vez, precisar la norma en que se fija su poder suasorio.
Adicionalmente, es indispensable emprender dos tareas: la primera, mencionar el valor demostrativo concedido por el juzgador a la prueba y, la segunda, entrar a especificar cuál debe otorgársele, visto el contenido de la disposición que regule el punto.
Agotada esa labor, por igual es indispensable demostrar la incidencia del yerro de apreciación, lo cual se consigue confrontando el conjunto de los elementos de persuasión en que se basa la sentencia impugnada con la prueba estimada conforme lo fija la ley, en orden a evidenciar su influencia en la declaración de justicia contenida en el fallo atacado por vía del recurso extraordinario.
De otra parte, cabe señalar que como cada uno de los errores de hecho y de derecho de apreciación probatoria que se vienen de identificar responden a momentos lógicamente distintos, no resulta acertado que frente a un mismo elemento de persuasión y dentro de un mismo cargo, se denuncien simultáneamente, pues ello implicaría el desconocimiento del principio lógico de no contradicción.
Ahora, cuando se cuestiona la prueba indiciaria a través del recurso de casación, ello preliminarmente implica la exigencia de identificar, con total claridad, el elemento de convicción de esa naturaleza sobre el cual se denuncia el error de valoración.
Esto igualmente supone la necesidad de precisar, por tratarse la prueba inferencial de una construcción intelectual del juzgador, en cuál momento de su formación se presentó el yerro, es decir, si en la estructuración del hecho indicador, en la obtención de la inferencia lógica o, en la determinación de la capacidad demostrativa del indicio.
Entonces, si la queja recae sobre el hecho indicador, como de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal éste “debe estar probado”, corresponde al impugnante identificar la clase de error de valoración respecto del medio de persuasión en el cual está fundado ese elemento de la prueba indirecta.
Conviene resaltar, que como el hecho indicador se demuestra a través de cualquier medio de convicción, esto implica que los ataques contra él se pueden intentar mediante la denuncia de errores de hecho o de derecho en cualquiera de las modalidades anteriormente reseñadas.
Por igual se hace necesario destacar, que demostrado el yerro de estimación frente al elemento de convicción que soportaba el hecho indicador, se entiende desvirtuada la prueba indiciaria, pues el paso siguiente en su estructuración es eminentemente intelectual, el cual envuelve la existencia de una base material dada por el hecho indicante que, de suyo, ya no existiría en la forma concebida originalmente por el juzgador.
En cuanto hace a la inferencia lógica, como se trata de una labor reflexiva del fallador, su ataque en casación solo puede intentarse alegando errores de hecho por falso raciocinio, lo cual impone adentrarse en los terrenos de la violación de las reglas de la sana crítica. Por tanto, corresponde al censor señalar cómo el juzgador erró en la contemplación de la prueba al desconocer los principios de la lógica, las leyes de la ciencia o las máximas de la experiencia al momento de arribar a la conclusión.
Esta situación exige, por consiguiente, dejar de lado toda discusión en torno a la prueba en que se fundamentó el hecho indicador, pues de no procederse así se incurriría en la contradicción de repudiar la base de la inferencia y no ésta. No obstante, si el actor pretende atacar ambas cosas, necesariamente debe hacerlo en cargos separados a fin de salvaguardar el principio de no contradicción que gobierna el recurso de casación.
De otra parte, cuando se cuestiona la determinación de la capacidad demostrativa de la prueba indiciaria, como de acuerdo con el artículo 287 del Código de Procedimiento Penal, ésta debe realizarse “en conjunto teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con los medios de prueba que obren en la actuación procesal”, dado que tal labor también es de carácter intelectual, igualmente solo puede ser reprochada en casación a través de errores de hecho por falso raciocinio, ataque que implica aceptar los hechos indicadores y las inferencias lógicas que en cada caso dedujo el funcionario judicial.
Adicionalmente, se debe concretar si el yerro se presentó al momento de analizar la gravedad, convergencia y congruencia entre los distintos indicios y las de éstos con los demás medios de persuasión, o al asignar su fuerza demostrativa al ocuparse de su valoración conjunta, especificando en la censura, tanto el tipo de error cometido como cuál postulado de la sana crítica fue desconocido.
Acto seguido, se debe enseñar la apreciación probatoria correcta, a través de la cual se llegue a una declaración de justicia sustancialmente diversa y favorable a los intereses del impugnante respecto de la contenida en el fallo atacado, lo que supone demostrar que ello es posible tras confrontar los demás fundamentos en que se sustente la sentencia.
De otro lado, debe reiterar la Sala, que cuando el demandante decide perfilar su ataque por la vía indirecta con el fin de denunciar la violación de normas sustanciales por errores en la apreciación de los medios de conocimiento, la naturaleza excepcional del recurso de casación impone la necesidad de demostrar cómo ha de corregirse el yerro probatorio denunciado, con miras a que termine modificado el supuesto fáctico y por tanto la parte dispositiva de la sentencia.
Esta tarea encierra entonces, el deber de realizar un nuevo análisis de los medios de conocimiento, valorando, de conformidad con las reglas de la sana crítica, las pruebas que fueron excluidas a pesar de su legalidad; en su real dimensión material las que fueron omitidas, añadidas, cercenadas o tergiversadas; también ha de suprimir las inventadas; desechar las ilegalmente incorporadas o practicadas; y ajustar su poder suasorio al determinado en la ley, según cada caso.
Esa tarea, desde luego, no debe ser ejecutada de manera insular sino conjunta, esto es, a través de la confrontación entre lo acreditado por las pruebas válidamente allegadas a la actuación y acertadamente apreciadas y lo que resulte de la corrección probatoria derivada del ataque casacional.
Adicionalmente, es preciso mencionar que los errores en punto de la valoración de la prueba no pueden surgir de la escueta disparidad de criterios entre la estimación de los juzgadores y la ofrecida por los sujetos procesales, sino de la evidente contradicción entre aquella y las reglas de la sana crítica que gobiernan la apreciación de los medios de convicción.
En esa perspectiva, en sede de casación no es posible realizar la simple confrontación entre la valoración realizada por los juzgadores bajo los postulados de la sana crítica y la ensayada por las partes, por cuanto en ese escenario prevalecerá la de aquellos y no la de estas, en razón de la doble presunción de legalidad y acierto que ampara a la sentencia de segunda instancia cuando se acude al recurso extraordinario.
Así las cosas, resulta desacertado tratar de imponer, a través de la casación, las apreciaciones personales de los sujetos procesales sobre las de los juzgadores, es decir, determinar el poder suasorio que ha debido concedérsele a un específico elemento demostrativo.
Por tanto, no se trata de alegar discrepancias interpretativas entre la apreciación que de las pruebas hizo el juzgador y cómo aspira el demandante que ello se haga, por cuanto tal postura resulta impertinente en sede del recurso extraordinario de casación, reitérese, dada la presunción de legalidad y acierto que ampara el fallo.
Entonces, precisado el esfuerzo argumentativo que corresponde desarrollar al impugnante cuando invoca bien la violación directa o el desconocimiento indirecto de la ley sustancial, la Sala entra a verificar si aquel se cumple en relación con las demandas formuladas por los defensores de los procesados Eduardo Beltrán Cuéllar y Víctor Manuel Ocampo Roncancio.
IV. Sobre las demandas en particular:
1. La presentada a nombre del procesado Víctor Manuel Ocampo Roncancio:
Primer cargo:
Como en esencia está sustentado en que el Acuerdo 017 de 2000, por cuyo medio se expidió el Estatuto General de Contratación de la Universidad Surcolombiana por el Consejo Superior de la misma institución educativa, no fue publicado en el diario oficial y por tanto no era posible aplicarlo a los contratos números 0096, 00105 y 00106 a efectos de deducir el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales bajo el argumento de que fueron fraccionados; se impone señalar que el cargo en esas condiciones carece de trascendencia, por cuanto deja de lado el alcance de la jurisprudencia del máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa que sirvió para resolver la controversia, conforme lo expuso el Tribunal, así que en realidad el reparo del libelista simplemente se contrae a tratar de imponer su criterio personal.
En ese sentido, inicialmente resulta oportuno señalar, para mayor claridad, que el ilícito consagrado en el artículo 410 del Código Penal se le atribuyó al procesado porque a pesar de que la obra de la cafetería de la sede central de la Universidad Surcolombiana ha debido realizarse con fundamento en un solo contrato por razón de la naturaleza del objeto, se suscribieron tres —es decir, los números 0096, 00105 y 00106— con el concurso del implicado en su condición de Asesor Jurídico de la referida alma mater, incurriéndose por tanto en un fraccionamiento, toda vez que sumada su cuantía superaban los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos (2001)4, monto a partir del cual, de acuerdo con el numeral 5º del artículo 10º del Acuerdo 017 de 2000, era necesario agotar una invitación pública, por lo que no era posible la contratación directa como ocurrió aquí.
Precisado lo anterior, si bien el libelista trae a colación criterio de autoridad5 con el propósito de evidenciar la necesidad de publicar en el diario oficial los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana a efectos de darlos a conocer a la comunidad en general, se observa que tal criterio se plasmó con ocasión de un supuesto de hecho que no recoge el que aquí puntualmente se analiza, en tanto que mientras allí la discusión radicaba en la necesidad de informar a los particulares los actos administrativos de la referida institución educativa, en el que citó el Tribunal para responder a la inquietud formulada por los defensores de los procesados Jesús Antonio Motta Manrique y Víctor Manuel Ocampo Roncancio sobre la publicidad del Acuerdo 017 de 2000, se precisó que frente a los funcionarios de la misma entidad que haya expedido el respectivo acto administrativo no podía afirmarse que se requiriese de su publicación para que se le diera aplicación por éstos.
En ese sentido, el juzgador de segundo grado expresó:
“Vigencia y eficacia del Acuerdo No. 017 de 2000…
En lo relativo a este primer asunto, contéstese al letrado que según la enseñanza jurisprudencial, la no publicación en el diario oficial de un acto administrativo, como en el presente caso lo sería el acuerdo de la referencia, en nada afecta su legalidad y por lo tanto no genera la nulidad alegada, pues la única consecuencia de tal omisión es que el mismo se torna inoponible frente a terceros, sin afectar su existencia y fuerza vinculante. En relación con la temática en estudio, el Consejo de Estado en providencia del 13 de febrero de 2009 sentenció lo siguiente «…puesto que está más que decantado por la ley y la jurisprudencia que la validez de los actos administrativos no está condicionada a la publicación…»6, ya en la sentencia del 13 de abril de 2005, este mismo Alto Tribunal había sentado la siguiente posición sobre el tema:
«…señala que la falta de publicación o la publicación irregular de los actos administrativos, no es causal de nulidad de los mismos, sino un requisito de eficacia y oponibilidad. La publicidad de un acto administrativo no es requisito para su validez, solo constituye un requisito de eficacia del mismo, éste no será obligatorio para los particulares hasta tanto no se dé a conocer7.
Tratándose de actos generales, para que sean obligatorios se requiere su publicación en el Diario Oficial o en la gaceta o boletín que en cada entidad se destine para ese fin, de acuerdo con el artículo 43 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 119 de la Ley 489 de 1998, con lo cual se da cumplimiento al principio de publicidad.
Existen algunos actos generales que se refieren a las labores y organización de las dependencias de la Administración y cuyos destinatarios se encuentran al interior de la entidad que los expide, por lo que para ellos resultan obligatorios a partir de su expedición, toda vez que conocen el acto administrativo antes que la publicación se realice8.
En estos casos, a pesar de que los actos no hayan sido publicados, se puede exigir su cumplimiento a la Administración, pues ella misma los expidió y no puede invocar su desconocimiento»9.
Dígase que el Acuerdo 017 de 2000, por medio del cual se expidió el Estatuto General de Contratación de la Universidad Surcolombiana, cuyo objeto fue «adoptar las reglas y principios generales que rigen los contratos que celebre…», fue expedido por el respectivo Consejo Superior Universitario en uso de las facultades conferidas en la Ley 30 de 1992, gozando así de presunción de legalidad. Además, pese a su no publicación en el diario oficial, el Estatuto en mención fue conocido por Jesús Antonio Motta Manrique…, pues no de otra forma encontraría comprensible explicación, su expresa invocación a manera de fundamento legal en los contratos de obra suscritos por él y ahora cuestionados…”
Ahora, más adelante, el ad quem se refirió puntualmente al caso del acusado Víctor Manuel Ocampo Roncancio y expresó lo siguiente:
“Sobre la vigencia del Acuerdo 017 de 2000….
La inquietud planteada sobre el particular será atendida y resuelta en igual forma y sentido y con idénticas razones a las aludidas en capítulo anterior, cuando se abordó esta misma temática, es decir… [que] pese a no haberse publicado debidamente, fue conocido por los funcionarios de la USCO. Por lo tanto, mal haría la Sala en excusar el actuar reprochado al Asesor Jurídico de la referida Universidad, pues el mismo desconoció la reglamentación vigente y obligatoria en materia contractual al momento de emitirse el consabido concepto jurídico10”
Agréguese sobre esto último, que el procesado Víctor Manuel Ocampo Roncancio fue tan conocedor del contenido del Acuerdo 017 de 2000, que no solo, según lo indicó el Tribunal, en los contratos que revisó estaba invocado como sustento de mismos, sino que los suscribió avalando su presunta legalidad.
Se aprecia entonces, que el sustento del cargo carece de asidero, pero además, que el censor deja de lado la valoración probatoria realizada por el Tribunal a efectos de evidenciar que el procesado Ocampo Roncancio conocía perfectamente el alcance del Acuerdo 017 de 2000 que imponía en el numeral 5º de su artículo 10º, contratar previa invitación pública, pues de acuerdo con la naturaleza de la obra, esto es, la construcción de la cafetería de la sede central de la Universidad Surcolombiana, no debía fraccionarse en varios contratos.
Así las cosas, el cargo se inadmitirá.
Segundo cargo:
A pesar de que el actor lo perfila con fundamento en la violación directa de la ley sustancial, no sigue los derroteros argumentativos que se dejaron plasmados inicialmente, pues de forma permanente alude a que el Tribunal no demostró la culpabilidad del procesado Víctor Manuel Ocampo Roncancio en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en tanto que el citado simplemente se limitó a revisar los contratos que suscribía la universidad.
Adicionalmente, con el propósito de cuestionar la coautoría de Ocampo Roncancio en dicha infracción, sostiene que si en gracia de discusión los contratos no se ajustaban a la legalidad, de tal circunstancia no se sigue que se le pudiera deducir responsabilidad al mencionado, sin que sean de recibo las disquisiciones del Juez a quo e incluso no tiene soporte probatorio los elementos de la coautoría, en especial el relativo al acuerdo común y el referido a la trascendencia del aporte funcional en la realización del hecho.
En esa medida, se aprecia que la censura es una diatriba contra la sentencia sin ningún rigor casacional, pues el censor se limita a criticar con un estilo propio de instancia la condena impuesta al inculpado Víctor Manuel Ocampo Roncancio.
Con todo, conviene precisar que el Tribunal sí se ocupó de demostrar la culpabilidad en grado de coautor del procesado, pues al respecto puso de presente lo siguiente:
“En criterio de la Sala, el aporte de este acusado terminó siendo determinante en la consumación del delito contra la administración pública, pues sin su firma en los correspondientes contratos… y sin su concepto jurídico favorable… el cual se afianzó sobre una sofística y artificiosa motivación; la contratación de marras muy seguramente no se habría llevado a feliz término.
Es que en la indagatoria rendida por Víctor Manuel Ocampo Roncancio admitió haber hallado ajustado a la legalidad el contrato de obra número 106 del 31 de diciembre de 2001, pues fue asesorado en la parte técnica por el ingeniero Duverney Vargas Cárdenas, por lo cual le dio su visto bueno. En relación con este tema aclaró: «…En cuanto hace alusión a la división de la obra en tres partes, obra negra, obra gris y obra blanca, para el efecto ante mi desconocimiento en materia de obras de construcción dada mi formación profesional relacionada únicamente a lo que compete en materia jurídica o legal, fui asesorado con tal propósito por el ingeniero Duverney Vargas Cárdenas»…
Pero es que como ya se dijera en acápite anterior, el busilis a resolver no radicaba en la posibilidad física y técnica de fraccionar la construcción de la cafetería en múltiples contratos de obra, sino en la viabilidad jurídica de hacerlo sin atropellar los principios de transparencia y selección objetiva que deben primar en materia de contratación oficial.
Enfatícese que en lo atinente a la artificiosa y acomodada motivación del concepto jurídico en mención, ello se colige no solo del informe 1354 del 30 de julio de 2007, rendido por la investigadora criminalística del C.T.I. e ingeniera civil, según el cual, la cafetería de la sede central de la Universidad Surcolombiana no requería ser construida por especialidades, pues la misma podía realizarse por cualquier profesional experto y capacitado en el área;… sino del propio testimonio del ingeniero Duverney Vargas Cárdenas, asesor en contratación de la USCO para la época cuando fungió como rector Motta Manrique. Éste además de referir que entre sus labores estaba la de examinar desde la óptica técnica los contratos de obra, sin tener que emitir concepto alguno previo, dijo no recordar haber revisado ningún documento relacionado con la precitada construcción. Indagado sobre el tema, depuso lo siguiente: «Yo conceptos no emitía nada, en parte precontractual ni contractual emitía concepto; en asuntos de obra civil yo revisaba las actas que mencioné, pero se trataba de contratos que ya se venían ejecutando; pero yo no emitía ningún concepto sobre lo que iban a contratar”… Interrogado puntualmente acerca de lo dicho por el asesor jurídico Víctor Manuel Ocampo en relación con la asesoría por él brindada en cuanto a la viabilidad de ejecutar la obra de manera fraccionada, contestó: «Pues la verdad no recuerdo, yo me acuerdo que en alguna oportunidad se habló de eso… la verdad no recuerdo haber firmado ningún concepto técnico al respecto»… De otro lado, consideró que si bien técnicamente la construcción de la cafetería de marras podía ser ejecutada por tres contratistas independientes, también era viable su construcción por una sola persona. A la pregunta de si dadas las características de la citada obra resultaba aconsejable la intervención de un solo contratista, textualmente respondió: «la verdad no, eso lo había podido hacer uno solo, pero también lo podían haber hecho varios, es decir, esa obra se pudo haber ejecutado o construido con un solo contratista, o también con dos o tres, ese es mi concepto»…
(…)
Sobre el dolo [del procesado]
Refiérase que el no haberse mantenido relación personal con los contratistas de la obra materia de controversia, intervenido en la tramitación, celebración o liquidación de los contratos, ni manejado los recursos destinados a financiar su construcción, como tampoco obtenido provecho económico o de otra naturaleza a raíz del correspondiente proceso contractual; son aspectos con irrelevante incidencia en la configuración del dolo en el tipo penal aquí juzgado, pues lo reprochable en este caso no fueron los referidos aspectos, sino el omitir el cumplimiento del presupuesto contractual exigido por el ordina 5º del artículo 10º del Acuerdo 017 de 200011, a sabiendas de su obligatoriedad; y acudir a un concepto jurídico a fin de justificar artificiosa y sofísticamente ese irregular proceder, dándole de esta manera aparentes visos de legalidad al proceso contractual así finiquitado… A lo expuesto, adiciónese lo dicho por la Corte Suprema de Justicia en relación con el aspecto subjetivo del delito en cuestión:
«La Corte tiene dicho que el elemento subjetivo del tipo dispuesto en el artículo 410 del Código Penal, resulta del simple hecho de celebrar el contrato sin acatar los principios y normas de carácter constitucional y legal que rigen la contratación administrativa, pues, el objeto de protección es el principio de legalidad en la contratación estatal. De ahí que, cuando se desconozcan principios como el de selección objetiva, eludiendo el procedimiento preestablecido para privilegiar a unos contratistas en detrimento de otros, el beneficio de aquello surge de la adjudicación de un contrato tramitado irregular e ilícitamente y se estructura objetivamente el tipo penal aún en el evento de que el resultado favorezca a la administración y genere desventaja para el contratista»12.”
Así las cosas, contrario a lo pregonado por el libelista, no es cierto que en la sentencia se le haya deducido responsabilidad al incriminado por el simple hecho de que hubiese pasado por alto lo consagrado en el numeral 5º del artículo 10º del Acuerdo 017 de 2000 que regulaba la contratación de la Universidad Surcolombiana, sino que la prueba se encargó de reflejar que era pleno conocedor de la referida norma, que por la naturaleza de la obra a realizar no era posible su fraccionamiento y que por la cuantía de la misma se requería de invitación pública, así que de allí que el Tribunal aseguró que el concepto jurídico emitido por aquel envolvió una justificación “artificiosa y sofística”, quien además acompañó el proceso de contratación al punto que suscribió los contratos cuestionados.
Igualmente, distinto a lo que refiere el demandante, no es de recibo su afirmación según la cual el procesado contrajo su intervención a conceptuar sobre la forma de contratación, pues, tal como recién se dejó expuesto, la misma fue más allá, además de que estuvo acompañada del conocimiento de que no era posible evadir la invitación pública, conforme lo dedujo el ad quem a partir de lo manifestado por el ingeniero Duverney Vargas Cárdenas y del contenido del informe del Cuerpo Técnico de Investigación13, donde se dejó claro que no era necesario dividir la obra a efectos de ser ejecutada por varios contratistas, pues bastaba con un arquitecto o ingeniero con experiencia, amén de que allí se señaló que no había constancia de concepto técnico alguno acerca de la necesidad de fragmentar la edificación de la cafetería de la forma como finalmente se hizo.
Tampoco puede aceptarse que no se demostró la concurrencia del grado de intervención de coautor en cabeza del procesado Víctor Manuel Ocampo Roncancio, puesto que si se mira con detenimiento, el concepto jurídico emitido por éste14 se produjo el 16 de noviembre de 2000, en concreto a raíz de la solicitud que en ese sentido le hiciera el también enjuiciado Jesús Antonio Motta Manrique15, quien, a su vez, según lo reconoció en la indagatoria16, se sirvió del mismo para firmar los contratos cuestionados, los cuales incluso, como se recordará, fueron suscritos por el propio Ocampo Roncancio, de donde se sigue que la prueba que recoge la conducta de los citados pone de manifiesto el acuerdo que tenían, como también que el aporte del último en cita fue determinante, según lo refirió el juez plural, en tanto que con el concepto jurídico en cuestión se pretendía amparar la contratación irregular.
Las precisiones que se viene de señalar a su turno permiten rechazar de plano el argumento del actor según el cual, el incriminado estaba amparado por la causal de ausencia de responsabilidad consagrada en el numeral 5º del artículo 32 del Código Penal17, por cuanto indudablemente la ley no autoriza conductas que vayan en contra del ordenamiento jurídico, pues en el caso de la especie, conforme se dejó explicado en líneas anteriores, no se trató de que simplemente el inculpado hubiese emitido un concepto jurídico, sino que su contenido material y los efectos que de él se derivaron fueron contrarios a los postulados de la contratación administrativa, en especial respecto del principio de transparencia.
Entonces, como en modo alguno la censura objeto de estudio se desarrolló bajo los derroteros de la violación directa de la ley sustancial que fue invocada en su sustento, toda vez que permanentemente se cuestionó la valoración que de la prueba realizó el Tribunal, pero además, sistemáticamente el censor ignoró la realidad que arrojaron los medios de convicción, de allí se sigue que el reproche será inadmitido.
Tercer cargo:
El ataque que perfila el impugnante en esta oportunidad por igual se inadmitirá, pues de su contenido se advierte que ignora el esfuerzo argumentativo puesto inicialmente de presente en esta decisión, cuando lo que se denuncia es la violación indirecta de la ley sustancial y en particular tal sentido de vulneración se sustenta en la existencia de error de hecho en la modalidad de falso juicio de identidad.
En efecto, se observa que el reproche en esencia se apoya en que como el acusado simplemente emitió su concepto jurídico sobre la viabilidad de dividir la obra de la cafetería en varios contratos, de lo anterior no era posible derivarle responsabilidad en la contratación administrativa realizada de forma irregular, presentación que en modo alguno atina a demostrar el yerro de apreciación probatoria que se alega, pues, por el contrario, la queja se deja en el mero enunciado.
Ahora, como la glosa en cita ya fue objeto de análisis al estudiar el cargo que precede, no se hace necesario volver sobre este aspecto.
Adicionalmente, es oportuno señalar que contrario a lo afirmado por el recurrente, el juzgador de segundo grado no tuvo en cuenta específicamente la Ley 80 de 1993 para derivarle responsabilidad al inculpado, pues para el efecto en realidad acudió a lo previsto en el Acuerdo 017 de 2000 y en particular al numeral 5º de su artículo 10º, que establecía la necesidad de invitación pública para la construcción de la cafetería de la Universidad Surcolombiana, en razón de que la cuantía de la misma superaba 500 salarios mínimos legales mensuales de la época (año 2001).
Lo anterior a su vez desvirtúa la afirmación del demandante en cuanto que los contratos números 00996, 00105 y 00106 se ciñeron al régimen contractual vigente de la Universidad Surcolombiana, pues evidentemente ello no fue así, conforme quedó ampliamente explicado al analizar el primer cargo, por lo que también sobra reiterar lo allí expuesto.
Ahora, la desorientación del libelista es tan profunda, que al finalizar el cargo se limita a cuestionar el fallo por tener en cuenta la prueba pericial, es decir, el informe del Cuerpo Técnico de Investigación, para deducirle responsabilidad al procesado, sin que atine a demostrar el error de estimación probatoria que ello envolvió.
Así las cosas, se observa que en el ataque que se examina es una constante el uso de simples enunciados y de allí el silenció argumentativo del censor en punto del error de hecho por falso juicio de identidad que denuncia, lo que lleva, conforme se dejó expuesto desde el comienzo, a inadmitir esta censura.
Cuarto cargo:
Como quiera que se funda en que el Juez a quo incurrió en la violación indirecta de la ley sustancial, por cuanto al estimar la el informe del Cuerpo Técnico de Investigación incurrió en error de derecho por “falso juicio de legalidad y convicción”; tal formulación lleva a anticipar que esta censura, al igual que las anteriores, debe ser inadmitida.
En efecto, son varios los defectos formales que evidencia el cargo al estar planteado de la manera que se acaba de resumir, pues inicialmente es del caso mencionar que no se debe perder de vista que el recurso extraordinario de casación se debe dirigir contra el fallo de segundo grado, en tanto es contra aquel que se permite promover el medio de impugnación en cita.
Al margen de esa puntual inconsistencia, por igual se identifica otra no menos importante, pues de manera incorrecta el censor pregona que frente a la prueba pericial se incurrió en falso juicio de legalidad y falso juicio de convicción.
Esta presentación riñe con el principio de no contradicción, pues si se acude al alcance de cada una de esas modalidades de error de derecho, conforme quedó explicado al inicio de la parte considerativa de este proveído, pronto se advierte que lógicamente es imposible predicar de una misma prueba falso juicio de legalidad y falso juicio de convicción.
Desde luego, como el falso juicio de legalidad hace alusión a que no concurrieron los requisitos legales para la práctica o la incorporación de la prueba y por ello se la debe desechar, mientras que el falso juicio de convicción se refiere a que no se le otorgó al medio de conocimiento el valor que la ley le da o se le atribuye uno que no tiene, de esto se sigue que se está ante dos momentos distintos.
En efecto, el falso juicio de convicción parte de suponer que la prueba ha sido legalmente practicada e incorporada a la actuación, de tal manera que lo que se cuestiona por esta vía es el poder suasorio que el juzgador le da por fuera de lo que prevé el legislador para ella.
En esa medida, no es posible afirmar respecto de un mismo elemento de conocimiento, que fue ilegalmente traído a la actuación y a su vez que se le tenga en cuenta pero que se ajuste su poder suasorio conforme lo dispone la ley, pues evidentemente no es posible acudir a una prueba ilegal para el efecto.
Dejando de lado las inconsistencias formales que se vienen de identificar, se tiene que el ataque contra la prueba pericial simplemente es enunciado mas no es desarrollado y comprobado.
Al respecto se observa que con frases generales el actor cuestiona la valoración del informe del Cuerpo Técnico del Investigación, sin especificar detalladamente el motivo de la crítica, pues utiliza expresiones como “no alcanzó el valor que el estatuto procesal exige en la materia”, “tampoco tuvo en cuenta los criterios para la apreciación del dictamen”, le “faltó fundamentación técnico científica”.
Es tan precaria la fundamentación del cargo, que al final del mismo el censor solo atina a indicar que la valoración realizada por el juzgador sobre la prueba pericial “no favoreció” al procesado, con lo cual se evidencia que en realidad la queja se encamina a imponer el criterio del impugnante mas no a poner de manifiesto un error de derecho.
Incluso no es cierto que en la prueba pericial se hayan realizado juicios de valor sobre la responsabilidad del procesado como lo sostiene el libelista, pues allí simplemente se hizo referencia a que establecida la naturaleza de la obra, la misma podía hacerse por un arquitecto o ingeniero con experiencia, sin que por tanto se efectuara comentario dirigido a señalar quiénes eran los culpables, al punto que ni siquiera se citaron los nombres de los procesados a lo largo de la experticia y tampoco se hizo referencia a ellos de manera genérica.
Es más, si se revisa con detenimiento, se advierte que en realidad la queja sobre la prueba pericial no se dirige a cuestionar su práctica o incorporación sino el poder suasorio que despertó en el juzgador, de donde se sigue que si algún reparo se quería hacer en ese sentido, el defensor ha debido perfilar su reproche a través de un falso raciocinio, precisando las leyes de la ciencia que se dejaron de aplicar.
En fin, como la censura está integrada por un conjunto de enunciados sin ningún desarrollo casacional, de lo anterior se sigue que debe ser inadmitida.
Quinto cargo:
Debido a que este ataque está fundado en la violación indirecta de la ley sustancial porque supuestamente el juzgador de segundo grado incurrió en error de hecho, tanto en la modalidad de falso juicio de identidad como en falso raciocinio, era de esperarse que el recurrente se dedicara, en el primer caso, a evidenciar la forma en que se había adicionado, cercenado o tergiversado la prueba y; frente al segundo evento, que expresara la manera en que se violaron las reglas de la sana crítica, siguiendo para el efecto el esfuerzo argumentativo expuesto al comienzo de la parte considerativa de esta decisión.
No obstante, ello no ocurrió, pues el recurrente se limita a señalar el contenido de la prueba testimonial, tras lo cual asegura que como ninguno de los declarantes le atribuyó al procesado una actuación irregular frente a la contratación, entonces no era posible deducirle el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La presentación del cargo en esos términos, pone de manifiesto que en realidad no se enseña un error de hecho, ya en la modalidad de falso juicio de identidad o en la de falso raciocinio, por la potísima razón de que no se muestra de qué manera se produjo la adición, el cercenamiento o la tergiversación de la prueba, como tampoco cuál fue la regla de la sana crítica que se desconoció al valorarla, pues lo que hace el impugnante es hacer el recuento de la prueba testimonial y sin más afirma que de allí no se deprenden las conclusiones a las que arribó el Tribunal.
En esa medida, en este caso no se cumple la carga argumentativa que es exigible en reproches que, como éste, se encaminan a evidenciar la violación indirecta de la ley sustancial, por cuanto se deja a medio camino la tarea que frente al recurso de casación se impone.
En efecto, tras la identificación de la prueba testimonial, le correspondía al demandante entrar a comprobar la forma como se había incurrido en los errores de hecho que denunció.
Bajo esa perspectiva, no bastaba, como parece entenderlo el actor, con señalar el medio de convicción y tras ello concluir que de allí no se derivaba que el procesado había incurrido en algún tipo de irregularidad frente a la contratación de la construcción de la cafetería de la sede central de la Universidad Surcolombiana.
Además, es claro que con tal presentación se trata de mostrar los hechos de manera sofística, pues el censor olvida que la imputación fáctica que sirvió de sustento para derivarle al acusado el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, se cifró en el hecho de que emitió un concepto sin sustento jurídico alguno que patrocinó el fraccionamiento de la contratación de la construcción de la cafetería del sede central de la Universidad Surcolombiana en aras de evadir el proceso de invitación pública que imponía el Acuerdo 017 de 2000 por razón de la cuantía de la obra, mas no si se reunió o no el Comité de Contratación de la referida universidad, o quién manejaba la contratación en dicha institución de educación superior, como lo quiere hacer ver.
No es cierto entonces, que el Acta No. 033 del 31 de diciembre de 2001, por cuyo medio se dio ficticia cuenta de la reunión del Comité de Contratación de la Universidad Surcolombiana, a efectos de aprobar la construcción de la cafetería de la sede central de la misma, hubiese sido lo que sirvió de sustento para derivarle responsabilidad al procesado en el ilícito contra la administración pública consagrado en el artículo 410 de la Ley 599 de 2000.
Adicionalmente, ningún falso raciocinio sería posible predicar si en efecto el acta en cuestión hubiese servido para demostrar múltiples hechos, pues no debe ignorarse que una prueba bien puede comprobar varios aspectos y no uno solo.
Las precisiones que vienen de señalarse a su vez sirven para afirmar que no se presentó la distorsión de la prueba testimonial, debido a que el recurrente parte de un supuesto distinto al que tuvo en cuenta la sentencia para deducirle responsabilidad al implicado, valga reiterar, que a raíz del concepto jurídico que emitió sin fundamento alguno, se le dedujo responsabilidad en el delito contra la administración pública.
De otra parte, con lo consignado en la segunda censura en punto de la configuración del delito de contrato sin cumplimiento de requisito legales y la responsabilidad como coautor del procesado, se responde la inquietud que ahora reitera el actor, pues no es cierto, como allí se evidenció, que frente a los contratos números 0096, 00105 y 00106 no hubiera cometido el delito anotado.
En síntesis, como el demandante en este cargo parte de supuestos distintos a los contemplados en la sentencia para derivarle responsabilidad al procesado en el delito consagrado en el artículo 410 del Código Penal, pero además, simplemente se dedica a señalar el contenido de la prueba sin mostrar la verificación concreta de los errores de hecho que pregona, de esto se sigue que el reparo debe ser inadmitido.
Demanda allegada en representación de Eduardo Beltrán Cuéllar:
Primer cargo:
A pesar de que inicialmente el recurrente divaga ampliamente sobre la construcción dogmática del delito de falsedad ideológica en documento público, así como en relación con los hechos que considera demostrados; lo que en esencia discute en la censura postulada al amparo de la violación directa de la ley sustancial, es que no hay prueba que permita deducirle al procesado, tanto el delito anotado, como el de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ambos como determinador.
Expuesta la censura en esos precisos términos, resulta oportuno remitirse en esta ocasión a lo señalado al comienzo de la parte considerativa de esta determinación, con el propósito de percatarse del enfoque equivocado que asume el impugnante, en tanto no es posible, cuando se discute la violación directa de la ley sustancial, controvertir el tema probatorio como abiertamente lo hace el libelista.
Adicionalmente, confunde los conceptos de interpretación errónea y errónea interpretación, los cuales tienen alcances distintos, como igualmente se especificó al inicio de la parte motiva de esta providencia.
Lo anterior conduce entonces a pronosticar desde ahora que la censura será inadmitida, pues no solo aquellas inconsistencias afloran, sino que el impugnante deja de lado la extensa argumentación ofrecida por el Tribunal con el ánimo se sustentar que el implicado fue determinador de los delitos consagrados en los artículos 289 y 410 de la Ley 599 de 2000.
Ahora, en relación con la crítica probatoria, sea del caso señalar que amén de que se reputa totalmente impertinente teniendo en cuenta la causal invocada, la misma en sí es un esfuerzo estéril por mostrar una realidad distinta a la que los medios de convicción se encargan de evidenciar.
En efecto, de manera sofística, con la intención de desvirtuar la responsabilidad del acusado como determinador, el censor expone que el también procesado Jesús Antonio Motta Manrique se mostró como una víctima de Eduardo Beltrán Cuéllar, por lo que asegura que a partir de allí no era posible deducir que el primero hubiera actuado inducido por este último.
En esa medida, cabe señalar que si en gracia de discusión se siguiera esa muy particular visión del defensor del implicado Beltrán Cuéllar, se llegaría a la elemental consideración de que estaría sugiriendo una autoría mediata, lo que de suyo no lo revelaría de responsabilidad.
No obstante, tal presentación riñe con el análisis realizado por el Tribunal con apego a la prueba, quien concluyó que las explicaciones ofrecidas por Motta Manrique no eran de recibo, por la simple consideración de que en su injurada había aceptado que conocía del alcance del Acuerdo 017 de 2000, en cuanto a la exigencia de invitación pública cuando la cuantía de las obras era superior a 500 salarios mínimos legales mensuales, al punto que citó el referido acuerdo en los contratos números 0096, 00105 y 00106 que suscribió personalmente.
Ahora, baste recordar lo expuesto por el juzgador de segundo grado para percatarse de que el implicado Eduardo Beltrán Cuéllar determinó a Jesús Antonio Motta Manrique a cometer los delitos de falsedad ideológica en documento público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Al respecto señaló:
“Dígase que si bien la revisión del expediente pone de presente que la gestión investigativa del ente acusador, a fin de acopiar elementos de convicción sobre la directa intervención de Beltrán Cuéllar en las etapas pre y postcontractuales, no fue la mejor… no por ello puede pasarse inadvertidos los testimonios de Mario Perdomo Cifuentes y Duverny Vargas Cárdenas, al igual que el dicho del propio Motta Manrique, quienes diáfana y uniformemente dieron cuenta del notorio e incisivo interés de aquél en la legalización del trámite —así fuera éste ficticio— surtido a efectos de brindarle soporte jurídico a la artificiosa ruptura de la unidad del contracto de construcción de la cafetería de la sede principal de la USCO; como tampoco se podría ignorar la prueba documental representada en el oficio calendado el 28 de diciembre de 2001, es decir, días previos a la confección de la falsa acta 033 del mismo año, mediante el cual el procesado Eduardo Beltrán Cuéllar y Jesús Antonio Motta Manrique solicitaban a la Jefe de la Oficina de Presupuesto de la Universidad, la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal por valor de $73.000.000.oo, con el propósito de «realizar la construcción de la obra negra de la cafetería de la Sede Central»…
Las precitadas probanzas… permiten inferir razonablemente la participación del acusado Beltrán Cuéllar como determinador de los delitos aquí juzgados, pues aunque materialmente no ejecutó las acciones descritas en los respectivos tipos penales, pues no suscribió ninguno de los contratos censurados; mediante medios idóneos, como firmar en asocio del rector la petición de apropiación presupuestal antes referida y haberle hecho creer a éste que el Comité de Contratación sí se había reunido y aprobado la celebración de los tres contratos de obra, condujo o indujo a Jesús Antonio Motta Manrique a consumar los ilícitos contra la administración y la fe pública de marras.
Es que determinador, «es aquella persona, que sin participar materialmente en la ejecución de la conducta delictiva ordena, sugiere o contrata o por cualquier medio idóneo convence a otro para que lo haga…»18. Precísese que esta forma de participación criminal, según decantada posición jurisprudencial, puede exteriorizarse a través de cualquier manifestación idónea que persuada y convenza a otro a cometer la conducta ilícita que le interesa, sin que sea necesaria una posición privilegiada o de superioridad respecto del determinado19.
(…)
A más de lo ya dicho y concluido en el presente acápite, recávese que en opinión de la Sala, no existe la alegada perplejidad en cuanto a la participación de Beltrán Cuéllar en la celebración de los contratos sin haberse cumplido la exigencia de la invitación pública y demás ritos ordenados por el ordinal 5° del artículo 10 del Acuerdo 017 de 2000; como tampoco en la falsedad ideológica de documento público a él enrostrada.
Si el acusado elaboró o no el acta No. 033 de 2001 del Comité de Contratación de la USCO, o si su firma fue o no estampada en dicho documento público, es un aspecto que por sí solo no lo releva de su protagónico proceder en la comisión del ilícito en referencia, pues lo cierto es que la prueba testimonial en su conjunto, evidencia su incisiva y personal gestión desplegada para que el Rector firmara sin objeción alguna la espuria acta; aspecto éste diáfanamente demostrativo de su participación determinadora en la comisión de la falsedad ideológica en documento público por el cual fuera condenado.
La precedente conclusión se soporta además de lo expresado por Florentino Monsalve Murillo, en el sentido de haber firmado un proyecto de acta del Comité de Contratación, procedente de la Vicerrectoría de Recursos [y Bienestar Universitario a cargo del procesado Eduardo Beltrán Cuéllar], el cual finalmente no fue convocado por el Rector de la USCO y por lo tanto nunca se reunió; en lo dicho por el mismo Rector de aquél entonces y su asistente.
El primero de ellos, es decir, Jesús Antonio Motta Manrique, tras referirse a la génesis de la construcción de la cafetería de la USCO y el fin último buscado con la obra, relató que una vez el Vicerrector Eduardo Beltrán Cuéllar se apersonó de la misma, se estudió la viabilidad de ejecutarla fraccionadamente o por especialidades, esto es, estructuras, obra gris y acabados; para lo cual se contó con el concepto favorable del asesor jurídico Dr. Víctor Manuel Ocampo Roncancio. Insistió en que lo relacionado con la contratación radicaba en cabeza del precitado Vicerrector, pues mientras él carecía de formación y experiencia administrativa y jurídica, éste la poseía en abundancia, pues era abogado y se había desempeñado como secretario general del alma mater…
El segundo, o sea, Mario Perdomo Cifuentes, categóricamente dijo que el tema de la contratación era manejado directamente por Beltrán Cuéllar, sin embargo, cuando éste le llevaba a su ex jefe la documentación para la firma, siempre lo indagaba acerca de si el comité se había reunido, respondiéndole afirmativamente, ante lo cual procedía a estampar su rúbrica. En relación con esta temática, refirió: «… toda la contratación se manejaba en la Vicerrectoría de Recursos a cargo de Eduardo Beltrán Cuéllar…».
Por último, vale la pena recordar el testimonio de la señora Mercedes Quintero Díaz, asistente de la Vicerrectoría de Recursos y Bienestar de la USCO cuando su jefe inmediato era Eduardo Beltrán Cuéllar, y la rectoría estaba en manos de Motta Manrique. Ella refirió bajo juramento que las actas del comité de contrataciones eran elaboradas en esa dependencia y su compañera Edna Cerquera se encargaba de llevárselas inicialmente a Florentino Monsalve y luego al Rector para su firma, sin embargo, dicho comité jamás era convocado y sus integrantes nunca se reunían.
En torno a los mentados asuntos, textualmente relató: «Esa acta era elaborada en la Vicerrectoría de Recursos y Edna Cerquera la llevaba para la firma del profesor Florentino Monsalve, quien era el jefe de Planeación, y del Dr. Jesús Antonio Motta Manrique, quien era el ordenador del gasto. En lo que yo conocí nunca hubo reunión de ningún integrante del comité, simplemente se elaboraba el acta porque era un requisito para que el jurídico diera el visto bueno del contrato».
A la concreta pregunta sobre quién ordenaba la confección de las actas del Comité de Contratación, contestó: «Las actas eran ordenadas por el Dr. Eduardo Beltrán Cuéllar, Vicerrector de Recursos y Bienestar, el contenido se hacía sobre formato que ya venía establecido, solo se cambiaban las fechas…, esas actas las hacíamos Edna Cerquera o yo…». Interrogada en cuanto al motivo de tan irregular proceder, la deponente explicó que cuando al asesor jurídico Dr. Víctor Ocampo le llegaban los soportes de los contratos para su revisión, éste llamaba a la Vicerrectoría de Recursos exigiendo la respectiva acta como requisito para su visto bueno, ante lo cual el Dr. Beltrán Cuéllar les ordenaba elaborar la consabida acta a fin de completar la documentación requerida por el jurídico. Reiteró que siempre se acudió al referido trámite, esto es, simular la reunión del Comité de Contratación sin haberse nunca convocado, menos reunido. Pese a lo anterior, en aparte posterior de su declaración, dejó en claro que las actas elaboradas en la Vicerrectoría de Recursos normalmente eran las atinentes a las compras, pues las relativas a contratos de obra, se realizaban en la Oficina de Planeación a cargo en ese entonces de Florentino Monsalve.
Sobre el tema dilucidó lo siguiente: «Cuando tenía relación con obras… las actas eran elaboradas en la Oficina de Planeación…». Tras serle puesta de presente el acta 033 del multicitado comité y preguntársele si la elaboró, contestó: «No recuerdo, pero si se trataba de obra lo más posible es que se hubiera hecho en la Oficina de Planeación, en la Vicerrectoría de Recursos se hacían las actas más que todo para compras de elementos». En otras palabras, no descartó tajantemente la intervención de la dependencia a cargo de Beltrán Cuéllar en el trámite en comento; aspecto éste que encuentra parcial respaldo en las mismas expresiones del mentado acusado, cuando, contrariando a su asistente, afirmó que debido a la inexistencia de equipos de computación en la oficina de Rectoría, a menudo acudían a la suya a elaborar documentación relacionada con el Comité de Contratación
De otro lado, en desarmonía con su asistente Mercedes Quintero, refirió que «la Vicerrectoría de Recursos no tenía nada que ver con la elaboración de actas, minutas, ni contratos, pues (…) existía una persona dependiente de la Vicerrectoría Administrativa que debía ser la encargada de esos oficios»”.
Como se puede apreciar, de lo expuesto por el Tribunal claramente se concluye que el procesado Eduardo Beltrán Cuéllar actuó como determinador, de donde se sigue que las glosas que el recurrente orienta a señalar que el citado no consumó directamente los delitos de falsedad ideológica en documento público y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales resultan inanes.
En suma, como en el reproche objeto de análisis son permanentes las críticas del defensor acerca de la valoración de la prueba directa —e incluso sobre la indiciaria, que en modo alguno ataca conforme se dejó expuesto al comienzo de la parte considerativa de la presente decisión—, pero además, deja de lado los hechos que en efecto fueron demostrados, de lo anterior se sigue que la censura debe ser inadmitida.
Segundo cargo:
Como quiera que el demandante alega la violación directa de la ley sustancial bajo el argumento de que el juzgador de segunda instancia incurrió en la interpretación errónea del inciso 3º del artículo 52 del Código Penal, pues en este caso la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas respecto del procesado Eduardo Beltrán Cuéllar debió ser equivalente al monto fijado para la de prisión aumentada hasta en la tercera parte, es decir 80 meses, de manera que se debe ajustar la sanción inicialmente mencionada a dicho monto, pues se fijó en 90 meses; de allí se sigue que el censor incurre en varios yerros en la formulación de la presente censura, lo cual conduce a anticipar que será inadmitida.
En primer lugar, se equivoca el libelista al invocar la interpretación errónea del inciso 3º del artículo 52 del Estatuto Punitivo, pues como se dejó explicado al inicio de la parte considerativa de este proveído, tal concepto de violación parte del supuesto de que la norma que se aplicó es la correcta pero no el alcance que se le otorga por parte del juzgador, situación que no se presenta aquí, toda vez que la normatividad que sirvió para fijar la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en el sub judice, no fue la que viene de citarse sino la contenida en los artículos 286 y 410 ibídem.
En efecto, en el caso que concita la atención se procedió por los delitos de falsedad ideológica en documento público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, los cuales tienen como pena principal, además de la de prisión y multa, la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
Específicamente, para el delito contra la fe pública es de 5 a 10 años y para el ilícito contra la administración pública es de 5 a 12 años.
En esa medida, es claro que cada una de las infracciones por las que se procedió en este asunto en contra del acusado Eduardo Beltrán Cuéllar tienen como pena principal la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
Esta circunstancia conduce a que al fijar la pena en cuestión, se siga la regla contenida en el artículo 31 del Código Penal, es decir, que cuando se está ante un concurso de conductas punibles, el sujeto agente debe quedar “sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas”.
Así las cosas, en el asunto de la especie, se observa que el Juez a quo, una vez procedió a calcular la pena conforme lo establecen los artículos 31, 60 y 61 del Código Penal frente a cada una de los delitos imputados al enjuiciado Eduardo Beltrán Cuéllar, tomó la pena más grave, que en este caso corresponde a la asignada legalmente para el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y la incrementó, en relación con la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en 30 meses, en orden a punir el delito contra la fe publica, para un total de 90 meses.
De lo anterior se desprende, que si el delito contra la administración pública (art. 410 del C. P.) tiene una pena mínima de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 años, o lo que es lo mismo de 60 meses, y a este guarismo se le adicionaron 30 meses en razón del ilícito contra la fe pública (art. 286 ibídem) que tiene una pena mínima de 5 años, o lo que es igual, de 60 meses, es claro que la sanción en cuestión se ajustó al principio de legalidad, pues no desbordó el quantum que era posible imponer siguiendo la regla contemplada en el artículo 31 del Código Penal.
Evidenciado que la censura se enfocó equivocadamente, pero además que es intrascendente, no queda otra alternativa que inadmitirla.
De otra parte, a pesar de que se observa que el Tribunal, al momento de determinar la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas al encausado Florentino Monsalve Murillo, la fijó en “6 meses” al hallarlo cómplice del delito de falsedad ideológica en documento público, cuando por lo menos ha debido ser de 2 años y seis meses para ajustarla a la legalidad, ahora no es posible corregir tal yerro en razón de la limitación derivada del principio de non reformatio in pejus.
Finalmente, atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de la misma, posición de los impugnantes dentro del proceso e índole de las controversias que plantea el caso, no se encuentra violación de garantías de incidencia sustancial ni procesal que deban ser protegidas oficiosamente y conduzcan a superar los defectos de las demandas, por lo que se impone su inadmisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 212 y 213 del Código de Procedimiento Penal.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE:
INADMITIR las demandas de casación presentadas por los defensores de Eduardo Beltrán Cuéllar y Víctor Manuel Ocampo Roncancio.
Contra esta providencia no procede ningún recurso.
Notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ EYDER PATIÑO CABRERA
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo PSAA11-7966 del 10 de marzo de 2011 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
2 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6 de agosto de 2009, radicación No. 11001-03-28-000-2009-00005-00 y Corte Constitucional, sentencia C-646 de 2000.
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia del 27 de febrero de 2012, radicación No. 35635.
4 El salario mínimo para el año 2001 era de $286.000 y el valor de los contratos arrojaba la suma de $219,963.300, lo que equivale a 769 salarios mínimos legales mensuales.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 6 de agosto de 2009, radicación No. 11001-03-28-000-2009-00005-00.
6 “Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 13 de febrero de 2009. C.P. María Nohemí Hernández Pinzón”.
7 “Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 7 de febrero de 2002, exp. 2820, C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá.”
8 En igual sentido, se agrega, Consejo de Estado, Sección Segunda, Auto del 23 de octubre de 1991, expediente 6121, C.P. Álvaro Lacompte Luna.
9 “Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 13 de abril de 2005, exp. 14066, C.P. Ligia López Díaz.”
10 Se hace referencia al concepto jurídico emitido por el procesado Víctor Manuel Ocampo Roncancio en el cual pone de manifiesto, no solo su conocimiento acerca del Acuerdo 017 de 2000, sino que afirma que “se requiere adjudicar las obras por especialidades teniendo en cuenta que no se atenta ni se vulnera el principio de transparencia” (subraya y negrilla en el original, fl. 239 del C.O. No. 1).
11 “Invitación pública a través de edicto publicado en diario de amplia circulación a nivel local, regional o nacional, cuadro comparativo de propuestas, concepto de la instancia técnica respectiva según la naturaleza del bien o servicio a contratar, certificación de la División Financiera sobre la disponibilidad presupuestal, recomendación del Comité de Contratación y aprobación del Consejo Superior Universitario.”
12 “Sentencia de única instancia del 21 de junio de 2010. Rad. No. 30677.”
13 Fls. 1 a 3 del C.O. No. 2.
14 Ver folios 238 y 239 del C.O. No. 1, en donde tal inculpado expresó que “En atención a la solicitud de concepto de la referencia, sobre la viabilidad jurídica para la celebración y ejecución de los contratos de obra civil para la construcción de… la Cafetería de la Sede Central de la Universidad Surcolombiana, debo manifestar lo siguiente…
(…)
Anteriormente se recurría a la prohibición de fraccionar los contratos como mecanismo para garantizar el principio general en la selección de contratistas.
No obstante lo anterior, no se vulnera los principios generales de la contratación administrativa, en el caso materia de análisis, se requiere para la construcción de la cafetería de la sede principal de la Universidad ejecutar la obra por especialidades, toda vez que su desarrollo requiere de idoneidad para su ejecución en la construcción…”
15 Folio 238 del C.O. No. 1.
16 Folio 225 del C.O. No. 1.
17 “Se obre en legítimo ejercicio de… un cargo público.”
18 “C.S.J. Cas Penal. Sent. Aprobada con acta No, 162. 19 de enero de 2010. M.P. Luis Quintero Milanés”
19 “C.S.J. Cas Penal. Sent. Aprobada con acta No, 106. 23 de septiembre de 2003. M.P. Edgar Lombana Trujillo”