Asistente Jurídico Inteligente
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE DECISIÓN PENAL DE TUTELAS N° 2
Magistrado Ponente:
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
Aprobado Acta No. 360.
Bogotá, D.C., noviembre (4) de dos mil diez (2010).
VISTOS:
Decide la Sala la impugnación interpuesta por José Elías Topa, contra la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2010 por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a través de la cual negó el amparo del derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado por el Ministerio de Defensa Nacional.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:
1. El ciudadano atrás referenciado pone de presente que el 31 de mayo de 2010 solicitó al Ministro de Defensa Nacional, se diera aplicación a los decretos 3518/49, 0749/55, 329/58, 01/59 y 4433/2004 y en virtud de ello se le reconociera tiempos dobles por haber prestados sus servicios a las fuerzas militares antes de 1974, y se le pagara una bonificación.
2. Como quiera que pasados tres meses no había obtenido respuesta alguna a sus pretensiones, acudió al juez de tutela en procura de protección de la garantía constitucional prevista en el artículo 23 de la Carta Política.
TRÁMITE DE LA ACCIÓN:
1. La Corporación Judicial competente ante la cual se presentó la solicitud de amparo admitió la demanda de tutela y vinculó a la entidad demandada.
2. El Ministerio de Defensa Nacional manifestó que mediante oficio N° OFI10-80294MDSGDVBSGPS-22 de septiembre 23 de 2010, del cual anexó copia, dio respuesta a la petición elevada por el actor, la cual fue enviada por servicios postales a la dirección que él aportó, comunicación a través de la cual le explicaron los argumentos de orden legal que regulan la prestación del servicio militar obligatorio y demás relacionados en su solicitud, además señaló la inexistencia de norma alguna en el ordenamiento jurídico colombiano donde se pueda establecer el reconocimiento y procedencia de bonificación por prestar el servicio militar.
3. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares informó que la petición fue remitida por competencia a la Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, porque revisado el listado de beneficiarios de esa entidad no se encontró que José Elías Topa sea afiliado de esa dependencia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:
Una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá mediante providencia del 27 de septiembre de 2010, resolvió negar el amparo solicitado porque con base en la información suministrada por el Ministerio de Defensa Nacional, demostrado quedó que la irregularidad puesta de presente al juez de tutela ya fue superada.
LA IMPUGNACIÓN:
Inconforme con lo anterior José Elías Topa recurrió la decisión del Tribunal pero se abstuvo de señalar las razones de su disentimiento, circunstancia que no es obstáculo para que la Sala tome la decisión que corresponda.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o existiendo cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.
2. Del contenido del artículo 23 Superior, la jurisprudencia constitucional ha precisado que el derecho de petición tiene el carácter de derecho fundamental, por ello el mecanismo para lograr su protección cuando quiera que éste resulte amenazado o vulnerado por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública y en ciertos eventos por los particulares, es la acción de tutela ante la ausencia de otro medio de defensa judicial eficaz para hacer efectiva su garantía.
En cuanto a su alcance, el derecho de petición no sólo permite a la persona que lo ejerce presentar la solicitud respetuosa, sino que implica la facultad para exigir de la autoridad a quien le ha sido formulada una respuesta de fondo y oportuna del asunto sometido a su consideración.
3. En ese sentido, la respuesta que se dé a las peticiones debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) Debe ser oportuna, es decir, atenderse dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; (ii) Resolver de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado, y (iii) Debe ser puesta en conocimiento del peticionario, pues la notificación de la respuesta al interesado forma parte del núcleo esencial del derecho de petición, porque de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta se reserva para sí el sentido de lo decidido. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
4. En el asunto sub-exámine, y sin mayor esfuerzo la Sala llega a la conclusión que a José Elías Topa, el Ministerio de Defensa Nacional no le ha quebrantado ninguna garantía fundamental porque tal y como quedó demostrado ya se dio respuesta a la petición elevada el 31 de mayo de 2010, la cual fue enviada a la dirección aportada por él y como consta en la planilla de servicios postales de fecha 23 de septiembre de 2010 numeral 7°1, y el hecho que la misma no satisfaga a plenitud sus expectativas, no por ello deba señalarse esa actuación como arbitraria o caprichosa que amerite la intervención del juez de tutela, máxime cuando basta con observar el oficio No. OFI10 80294 MDSGDVBSGPS-22 de septiembre 23 de 2010 para establecer que uno a uno fueron atendidos los requerimientos del demandante2.
5. Además, si la petición de amparo tiene por finalidad la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados, es evidente que carece de objeto cuando la acción u omisión de la autoridad pública o de los particulares, en los casos expresamente previstos en la ley y que se denuncia como vulneradora de derechos, ha cesado, situación ante la cual la protección constitucional deviene improcedente pues
“El hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que carece de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela.
En efecto, si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”3.
6. Precisa la Sala que una cosa es que resulte violado el derecho de petición cuando no se resuelve material y oportunamente acerca de la solicitud presentada y, otra muy distinta que, ya respondido lo que la autoridad tiene a su alcance como respuesta, el peticionario aspire a que se le conceda forzosamente y de manera inmediata algo que resulta actualmente imposible, pues la acción constitucional fue creada para efectivizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y no para imponer a las entidades proceder de manera contraria al ordenamiento jurídico.
7. Las circunstancias atrás referenciadas hace inferir a la Sala que el Ministerio de Defensa Nacional actuó dentro de los parámetros establecidos en la ley, además la decisión objeto de queja fue comunicada a José Elías Topa, pronunciamiento contra el cual, si a bien lo tiene, puede solicitar las aclaraciones o interponer los recursos que considere pertinentes, o en su defecto, acudir a las acciones previstas en el Código Contencioso Administrativo, esto es, la nulidad y restablecimiento del derecho4, y la de nulidad simple5.
Esta última que puede ser incoada en cualquier tiempo, y en la que además se tiene la posibilidad de reclamar la suspensión provisional del acto administrativo conforme a lo previsto en el artículo 152 del C.C.A., subrogado por el artículo 31 del Decreto 2304 de 1989, cuando éste se opone manifiestamente a la Constitución o a la ley, causa agravio injustificado a una persona o es contrario al interés público o social, constituyéndose así en los medios idóneos para sacar avante las pretensiones incoadas por José Elías Topa.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión Penal de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
1. Confirmar la sentencia impugnada proferida por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, el 27 de septiembre de 2010. Y,
2. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión de esta decisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS JORGE LUIS QUINTERO MILÁNES
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 Fl. 26 c. del Tribunal
2 Fls. 24 y 25 c. Tribunal
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. SU.540-07
4 Artículo 85 Código Contencioso Administrativo.
5 Artículo 84 ib.