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Proceso No 30711
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
Aprobado acta Nº 153
Bogotá D.C., mayo veintisiete ( 27 ) de dos mil nueve (2009)
V I S T O S
La Corte resuelve el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor de FABIÁN PRIETO SILVA contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 23 de mayo de 2008, mediante la cual confirmó la dictada por el Juzgado Trece Penal del Circuito de esta ciudad el 14 de marzo de la misma anualidad, que lo condenó en calidad de determinador, a una pena principal de veintisiete años de prisión y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por veinte años; al hallarlo responsable del delito de homicidio en concurso con tentativa de homicidio, agravados, y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
HECHOS
Así fueron relatados por el Tribunal en la sentencia recurrida:
“El 19 de enero de 2007, NÉSTOR ORLANDO MIRANDA BARAHONA y su esposa LEIXER FORERO SASTOQUE, quien se encontraba en estado de embarazo, se dirigieron al Barrio Carvajal de esta ciudad, en el que ésta última debía cumplir una cita.
Cuando el vehículo en que se movilizaban se encontraba en la Calle 37 F Sur, frente al número 72 J 19, LEIXER descendió para localizar la dirección a la que se dirigía. No obstante, en ese momento se acercó un individuo y le propinó dos disparos de arma de fuego; luego, fue hasta el vehículo y le hizo dos disparos a NÉSTOR ORLANDO, uno de los cuales impactó en su humanidad; después, regresó al lugar en el que yacía LEIXER y le propinó dos disparos más y, finalmente, se dirigió a un lugar aledaño en el que, con la puerta trasera izquierda, abierta, lo esperaba un taxi en el que abandonó el lugar.
LEIXER falleció de inmediato, en tanto que NÉSTOR ORLANDO sobrevivió. No obstante lo impactante de la secuencia, este último tuvo los arrestos suficientes para anotar en la palma de su mano la placa del taxi en que huyeron los implicados, la que le fue suministrada por una pareja que se había percatado de ese dato.
Con base en tal información se desencadenó una investigación que permitió localizar al sicario, a un taxista y a otro sujeto –JAIRO ALBERTO RAIGOZA GRAJALES, CARLOS ORIOL ALVIS NUNO y FABIÁN PRIETO SILVA, respectivamente-. El primero aceptó cargos y hoy se encuentra condenado por homicidio, tentativa de homicidio y
porte ilegal de armas, en tanto que los dos restantes fueron condenados en este proceso, en primera instancia, como coautores de esos hechos.”
ANTECEDENTES
La investigación condujo a la captura y posterior condena de Jaime Alberto Raigoza Grajales –quien aceptó cargos como autor material- y a la vinculación de Carlos Oriol Alvis Nuno y Fabián Prieto Silva, el primero como conductor del taxi en que se transportó el homicida, y el segundo como determinador.
Realizada la audiencia en la que el Juez 54 con funciones de Control de Garantías de Bogotá reconoció la legalidad de la captura de PRIETO SILVA y ALVIS NUNO, se les imputó el concurso heterogéneo de homicidio simple, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, en coparticipación criminal. Por ello, se les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, decisión que apelada, fue confirmada por el Juzgado 27 Penal del Circuito, mediante decisión de 2 de mayo de 2007.
Luego de radicado el escrito de acusación por parte de la Fiscalía, le correspondió el asunto al Juzgado Trece Penal del Circuito con funciones de conocimiento, despacho que celebró la correspondiente audiencia de formulación de acusación el 23 de abril de 2007.
El 30 de mayo del mismo año, tuvo lugar la audiencia preparatoria, diligencia en desarrollo de la cual se decretaron algunas de las pruebas pedidas, se negaron otras, además de las exclusiones solicitadas por la defensa, mediante decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá.
El juicio oral culminó el 3 de octubre, y luego de tramitarse el correspondiente incidente de reparación integral se dictó sentencia el 14 de mayo de 2008.
La anterior decisión fue impugnada por Los defensores de PRIETO SILVA y ALVIS NUNO, la cual fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá, por lo que la defensa de FABIÁN PRIETO SILVA interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo de segunda instancia.
Por providencia del 13 de noviembre de 2008 la Corte admitió el referido recurso.
LA DEMANDA
La defensa técnica del procesado FABIÁN PRIETO SILVA, con fundamento en la causal prevista en el numeral 3º del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, planteó un cargo, el cual se sintetiza de la siguiente manera:
Se acusa la sentencia por el manifiesto desconocimiento de las reglas de producción de la prueba sobre la cual se fundamentó el fallo, relacionada específicamente con el registro de un automotor, y con la búsqueda selectiva en la base de datos de COMCEL, lo cual condujo, a la aplicación indebida de los artículos 27, 31, 104 y 365 del Código Penal.
Del registro del vehículo taxi de placas SGY 496, en el que se encontraron residuos de disparo de arma de fuego, refiere el casacionista que fue practicado sin la expedición previa de orden escrita impartida por el fiscal en los términos del artículo 230 del Código de Procedimiento Penal, y sin la autorización que alternativamente hubiera podido expresar el tenedor del automotor, por lo que se tornó en ilegal dicho hallazgo y por tanto no susceptible de ser valorado por el juez.
Siendo irrebatible la inexistencia de la orden escrita de registro impartida por el fiscal, el recurrente dedicó su esfuerzo a examinar los eventos en que el artículo 230 de la Ley 906 de 2004 exceptúa la exigencia de la referida orden, deteniéndose en el numeral 1º, frente al cual argumentó que en la medida que el automotor se encontraba arrendado al acusado CARLOS ORIOL ALVIS NUNO, era éste el único con legitimidad y capacidad para autorizar el respectivo cacheo, y no su propietario Néstor Fernando Contreras Mora, con cuyo
consentimiento, finalmente se realizó, con los resultados ya anotados.
Señaló que el desconocimiento de las reglas de producción de la prueba no se quedó allí sino que se extendió a la ausencia del control judicial de la diligencia de registro, la cual debió producirse dentro de las veinticuatro horas siguientes, según lo ordenado en los artículos 250.2 de la Constitución Política y 237 de la Ley 906 de 2004; para concluir que estas falencias contagiaron de ilegalidad tanto el registro como el hallazgo obtenido y todo lo que de allí se derivó, concretándose así el primer ataque contra el fallo.
También censuró el libelista la búsqueda selectiva en bases de datos de COMCEL con la que se logró comprobar que existió comunicación fluida entre el supuesto determinador de las conductas punibles objeto de juzgamiento, señor FABIÁN PRIETO SILVA, y el señor CARLOS ORIOL ALVIS NUNO, conductor arrendatario del taxi, y quien supuestamente transportó a Jairo Alberto Raigoza Grajales –el que aceptó ser ejecutor material del atentado del que fueron víctimas los esposos Leixer Forero Sastoque y Néstor Armando Miranda Barahona- además de esperarlo mientras lo perpetraba para facilitar la huída y por tanto asegurar la impunidad de sus delitos.
El cuestionamiento a tal actividad de investigación realizada el 20 de marzo de 2007, “búsqueda selectiva en bases de datos”, lo sustenta el impugnante en que para su práctica no medió autorización previa del juez de control de garantías, como se ordena en la sentencia C-336 de 2007, en la que se declaró la constitucionalidad condicionada de los artículos 14 y 244 del Código de Procedimiento Penal; lo cual también contagió de ilegalidad a los elementos probatorios allegados a la investigación; por lo que no podían ser valorados por el juez, ni menos ser fundamento de la condena de PRIETO SILVA.
Precisó, además, que no es que se esté pretendiendo la aplicación retroactiva de la sentencia de constitucionalidad, como se manifestó en el fallo de segundo grado, por dos razones: primero porque dicha providencia lo único que hizo fue ratificar un mandato que ya constaba en el numeral 3º del artículo 250 constitucional; y, en segundo término, porque las pruebas sólo alcanzan tal condición cuando son sometidas a la contradicción e inmediación, en el juicio (artículos 377 y 379 del C. de P.P.), y para cuando dichos hallazgos se convirtieron en prueba por medio de los testimonios de introducción en la vista pública (de Diego Armando Álvarez Cardozo, funcionario de Policía Judicial, y Carlos Parada Lozano, empleado de COMCEL), ya la sentencia de constitucionalidad que condicionaba la validez de dichos actos de investigación era
conocida, por cuanto fue proferida el 9 de mayo, y el juicio se inició el 9 de agosto de 2007.
Concluyó afirmando que cualquiera de las dos ilegalidades, cada una por sí misma, afecta la estructura argumentativa en la que se sustenta el fallo condenatorio, de suerte que con la prosperidad de uno solo de los ataques, sería suficiente para que la Corte, enmendando el error cometido por las instancias, case la sentencia y dicte una de naturaleza absolutoria.
AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN
El defensor en su intervención reiteró su solicitud de que se case la sentencia atacada, con fundamento en los mismos argumentos contenidos en su demanda.
A su turno, el Fiscal solicitó la desestimación del cargo advirtiendo que la Constitución Política reservó funciones excepcionales a los agentes del ente acusador, en medio de las cuales pueden disponer por sí mismos la afectación de algunos derechos, como la intimidad, cuando se trata de actos de investigación.
El representante del Ministerio Público se sumó a la solicitud de la Fiscalía, en tanto estimó que no puede haber lugar a que se
rodee al procesado de meras formalidades en perjuicio de las funciones de la Fiscalía que no cuenta con suficientes instrumentos para adelantar su investigación.
Finalmente, el apoderado de las víctimas hizo eco de lo sostenido por la Fiscalía, destacando que por regla general los fallos tienen efectos hacia el futuro a partir de su firma y que concretamente la sentencia C-336 de 2007 tiene fines aclarativos, esto es, que se limita a ofrecer una interpretación dentro de las varias posibles, para afirmar que el procedimiento de registro del automotor fue legal de acuerdo con la normatividad vigente para la época de su realización, y concluye con el pedimento de que se confirme la sentencia impugnada.
CONSIDERACIONES
En el único cargo formulado, el libelista invocó como soporte de su pretensión, la causal de casación contenida en el numeral 3º del artículo 181 de la Ley 906 de 2004 que señala:
“3. El manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia.”
El censor concretó su ataque en adverar el desconocimiento de las reglas de producción de dos pruebas sobre las cuales se fundamentó la sentencia: la inspección realizada a un vehículo automotor, y la búsqueda selectiva en las bases de datos de COMCEL, por lo que se analizarán uno a uno sus señalamientos.
1. La ilegalidad del registro del taxi de placas SGY 496, conducido habitualmente por Carlos Oriol Alvis Nuno.
Planteó el impugnante que el registro del vehículo de servicio público se hizo de manera ilegal por cuanto para su realización no existió orden del fiscal, no se contó con el consentimiento de quien tenía la expectativa de intimidad, ni se sometió el procedimiento a control judicial posterior, como lo indican las normas procesales que regulan las actividades de investigación judicial.
En este sentido, advirtió el casacionista que como consecuencia de tales omisiones, todo lo obtenido con ocasión de tan ilegal proceder, y los hallazgos posteriores originados en el mismo, no debieron ser valorados por el juez.
El pedimento de declaratoria de ilegalidad y la consecuente exclusión de lo obtenido con ocasión del registro del automotor, será despachado desfavorablemente por lo siguiente:
1.1. La legitimidad de la defensa de FABIÁN PRIETO SILVA para reclamar la supuesta ilegalidad del registro.
Para reclamar como vulnerado el debido proceso en la diligencia de registro o allanamiento, la ley exige que quien lo alegue posea una expectativa de privacidad sobre el bien objeto de la intervención estatal. El artículo 231 del Código de Procedimiento Penal limita su postulación así:
“INTERÉS PARA RECLAMAR LA VIOLACIÓN DE LA EXPECTATIVA RAZONABLE DE INTIMIDAD EN RELACIÓN CON LOS REGISTROS Y ALLANAMIENTOS. Únicamente podrá alegar la violación del debido proceso ante el juez de control de garantías o ante el juez de conocimiento, según sea el caso, con el fin de la exclusión de la evidencia ilegalmente obtenida durante el procedimiento de registro y allanamiento, quien haya sido considerado como indiciado o imputado o sea titular de un derecho de dominio, posesión o mera tenencia del bien objeto de la diligencia. Por excepción, se extenderá esta legitimación cuando se trate de un visitante que en su calidad de huésped pueda acreditar, como requisito de umbral, que tenía una expectativa razonable de intimidad al momento de la realización del registro.”
El casacionista propone a la Corte la discusión de la legalidad de la diligencia de registro del vehículo automotor de servicio público en la pretensión de que se reconozca como ilegal, y, como consecuencia, se excluya tanto lo hallado en dicha diligencia como lo que de ella se desprendió.
Por ello, debe dilucidar la Corte, en primer término, si la defensa de PRIETO SILVA tiene legitimidad para solicitar la exclusión de
los hallazgos del registro tachado de ilegal, en tanto él no era titular del derecho a la intimidad en relación con el rodante explorado.
El derecho norteamericano y puertorriqueño son la fuente inmediata de la figura conocida como “standing”, que consiste en la legitimidad exigida para alegar como vulnerada la intimidad personal; de suerte que sólo puede solicitar la exclusión de los hallazgos obtenidos en la diligencia, el titular del derecho constitucionalmente protegido. En efecto,
“Una violación a la Enmienda Cuarta o la sección 10 del artículo II de la Constitución del E.L.A. es sufrida, por supuesto, por unas personas en particular. Supongamos que la persona A sufre un registro ilegal, en violación a la protección constitucional. Cuando la evidencia obtenida mediante tal registro ilegal se pretende utilizar contra el acusado, persona B, que no ha sufrido la violación constitucional, ¿debe permitirse al acusado B solicitar la supresión de la evidencia ilegalmente obtenida, a pesar de que quien sufrió el registro ilegal fue A? Este es el problema del “standing” o acción legitimada para invocar la regla de exclusión”.1
El “standing” equivale en términos generales a tener legitimidad para discutir, de suerte que “el titular del derecho a la intimidad, afectado por el registro ilegal, es quien tiene derecho a invocar la protección contra el registro ilegal y solicitar la supresión de la evidencia obtenida mediante el registro ilegal. La propia Regla 234 de las de
Procedimiento Criminal que regula la moción de supresión de evidencia, empieza por señalar que quien presenta la moción es “la persona agraviada por un allanamiento o registro ilegal””.2
Atendiendo la evolución del precedente federal norteamericano relativa al “standing”3, el artículo 231 de la Ley 906 de 2004 recogió todas las posibilidades construidas en torno a limitar la legitimación para solicitar la exclusión de evidencias originadas en procedimientos ilegales que se vincularan con el derecho a la intimidad, a saber: el titular de un derecho de dominio, posesión o mera tenencia del bien objeto de la diligencia, el visitante en calidad de huésped, o el indiciado o imputado que pudieran alegar alguna expectativa legítima a la intimidad en el lugar invadido, para lo cual se enumeraron cinco factores que deben ser considerados al momento de valorar si un acusado es titular de “standing” respecto del lugar registrado4:
1. “Si la persona que reclama la protección tenía derecho de excluir a la demás gente del lugar registrado.
1. Si el lugar registrado es uno donde una persona prudente puede esperar que esté exenta de intrusión gubernamental.
1. Si la persona, aunque no esté en posesión o control del lugar registrado tiene acceso legítimo a dicho lugar.
1. Si la persona ha tomado algunas medidas o precauciones para mantener su privacidad en el lugar registrado.
1. Si la persona razonablemente espera estar protegida en su intimidad en el lugar registrado.”
Esta forma de exigir personería para plantear la ilegalidad del registro y la consecuente exclusión de los hallazgos obtenidos, dejaría por fuera de tal posibilidad al indiciado o imputado que no tuviera ningún tipo de relación con el espacio invadido ilegalmente.
Sin embargo, por fuera del entorno geográfico consultado, observa la Corte que debe darse respuesta a la tensión surgida entre el derecho del procesado a escudriñar y cuestionar la legalidad de los procedimientos con que fueron adelantadas las labores de investigación, así la titularidad del derecho vulnerado no se encuentre en cabeza suya, como ejercicio de su defensa técnica, frente a la expectativa general de la efectividad del derecho material.
Encuentra la Corte que el debido proceso exigido constitucionalmente para la producción de la prueba no está limitado por una expresión que lo condicione a los procedimientos relacionados de manera directa y exclusiva con el justiciable.
De ahí que el quebranto al debido proceso en la producción de la prueba pueda ser alegado y discutido por el procesado, así sólo se haya afectado una fase del proceso de producción de la prueba que no tenga como directo perjudicado al imputado, quien a la postre, de todas maneras, se verá afectado.
Razonar de otra manera conduciría a situaciones francamente contrarias al sentido de la disposición constitucional contenida en el inciso final del artículo 29. Podría pensarse, a modo de ejemplo, que el testigo de cargo fue obligado a declarar por medio de tortura, o que la consulta en la base de datos, legalmente ordenada y controlada judicialmente, se realizó de manera subrepticia, o que la interceptación con fundamento en la cual se obtuvo información relevante contra un tercero es ilegal. En estos eventos no podría negarse el “standing” al imputado para discutir su violación al debido proceso, con el argumento de que él no fue el torturado, o no es el propietario de la institución cuya base de datos fue asaltada, o que no fue uno de los participantes en la conversación interceptada ilegalmente.
En este sentido en la doctrina española se observa una cierta tendencia a dicha postura5:
“Por último, estimamos que no es necesaria una especial legitimación en quien invoque la “inutilizabilidad” de las pruebas, es
decir, no ha de requerirse que el peticionario haya sido objeto en sí mismo de la lesión del derecho fundamental presuntamente vulnerado, pues con independencia de la titularidad o no del derecho violado siempre se vería afectado, en última instancia, su derecho a la presunción de inocencia caso de haber sido utilizada dicha prueba como fundamento en un pronunciamiento condenatorio.”6
Así se concluye que a FABIÁN PRIETO SILVA, aunque no tenía expectativa razonable de intimidad para alegar la ilegalidad del registro del mencionado vehículo automotor de servicio público, le asiste legitimidad para discutir la legalidad de tal procedimiento.
1.2. No obstante lo anterior, la vinculación de Fabián Prieto Silva con la hipótesis investigativa proviene de una fuente independiente al registro del automotor.
Señala el libelista que debe declararse ilegal el registro del vehículo automotor y como consecuencia excluirse la evidencia obtenida a partir de su realización, esto es, el hallazgo de residuos de disparo de arma de fuego, que vincula a ALVIS NUNO con el episodio violento investigado, y de paso, a PRIETO SILVA con el mismo.
Al respecto conviene recordar que el artículo 29 de la Constitución Política señala que “Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”, mandato que, en sede del sistema adversarial, es desarrollado en los artículos 23 y 455 de la Ley 906 de 2004, que señalan:
“Artículo 23. Cláusula de exclusión. Toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por la que deberá excluirse de la actuación procesal.
Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas, o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia.”
“Artículo 455. Nulidad derivada de la prueba ilícita. Para los efectos del artículo 23 se deben considerar, al respecto, los siguientes criterios: el vínculo atenuado, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y los demás que establezca la ley.”
Este contexto normativo otorga al juez la posibilidad de ponderar a la hora de decidir sobre la exclusión de pruebas obtenidas como consecuencia de procedimientos ilegales, tal como lo admitió la Corte Constitucional.7
En materia probatoria, la iniciativa queda en manos de las partes y se aplica la regla de exclusión entendida como la inadmisibilidad, en la etapa de juicioi
[xxii], de evidencia obtenida en el curso de un registro o detención contrarias a las garantías constitucionales,
extendiéndose a aquella cuyo origen está vinculado estrechamente con ésta, conocida, a partir del asunto Silverthorne Lumbre Co. vs. United States como doctrina del árbol envenenado o “fruits of the poisonous tree”, la cual ha venido siendo atenuada en casos de vínculo atenuadoii[xxiii], fuente independienteiii[xxiv] y descubrimiento inevitableiv[xxv].
Al respecto de la disposición acusada, considera la Corte que el legislador, actuando dentro de su margen de configuración normativa, reguló un conjunto de criterios que le servirán al juez para realizar una ponderación cuando deba proceder a excluir de la actuación procesal pruebas derivadas, es decir, las que son consecuencia de las pruebas excluidas o que solo puedan explicarse en razón de su existencia. Para tales efectos, el juez deberá adelantar una valoración acerca de los hechos; examinar la incidencia, relación y dependencia existentes entre unos y otros; y además, determinar si el supuesto fáctico se tipifica o no en alguna de las reglas legales dispuestas con el propósito de determinar si el vínculo causal se rompió en el caso concreto.
Por eso, al analizar la viabilidad de la exclusión pretendida por el casacionista, resulta oportuno destacar que la primera mención de la posible participación de PRIETO SILVA con los hechos delictivos materia de la investigación, surgió desde los albores de la indagación, pues a las pocas horas del atentado, Miranda Barahona relató al investigador lo siguiente: a) que el único enemigo que tenía su esposa era su ex novio Prieto Silva, b) que la asediaba insistentemente con amenazas de causarle daño por medio de un escándalo, a tal punto que recientemente ella le
había formulado una querella por tal razón; c) que rondaba en un taxi el lugar de habitación de varios de sus parientes; d) que minutos antes de su asesinato recibió una llamada de él, lo que la molestó mucho; e) que minutos después del homicidio, él -Miranda Barahona-, que conservó el celular de su esposa, recibió una llamada de alguien que se identificó como Fabián Prieto Silva, preguntando por ella; información suficiente para vincularlo desde ese mismo momento como posible autor o partícipe de tales hechos, a una hipótesis criminal a partir de identificar un móvil pasional; la cual estaba en la obligación de ser investigada por la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con el mandato contenido en el artículo 250 de la Carta Política y 207 de la Ley 906 de 2004.
Lo anterior, con fines de demostrar que para la vinculación de Prieto Silva con la hipótesis delictiva resultaba suficiente la entrevista rendida por Miranda Barahona desde el centro asistencial, por lo que en nada incidía en su situación procesal la diligencia de registro del vehículo de servicio público conducido regularmente por Carlos Alvis, por cuanto al margen de tal actividad existe suficiente prueba para fundamentar su condena.
En este orden argumentativo considera la Corte que aún, frente a una eventual ilegalidad de la diligencia de registro del automotor, la vinculación de PRIETO SILVA como posible
responsable se realizó por una fuente independiente a la mentada pesquiza, como fue la entrevista del sobreviviente
Miranda Barahona; razón por la cual el ataque carece de la trascendencia suficiente para remover la doble presunción de acierto y legalidad que acompaña al fallo.
Bastan estos argumentos para concluir que este ataque no está llamado a prosperar.
1. La ilegalidad de la consulta selectiva en la base de datos de COMCEL.
El demandante señaló que por virtud de lo ordenado en el artículo 250.2 de la Constitución, y lo decidido en la sentencia de constitucionalidad C-336 de 2007 (de 9 de mayo de 2007) era claro que el control judicial realizado de la búsqueda selectiva en la base de datos de COMCEL (adelantada el 20 de marzo de 2007) debió ser previo y no posterior como en realidad sucedió, lo cual hizo que tal actividad fuera ilegal y en consecuencia la evidencia hallada debía ser excluida del conjunto probatorio.
El problema jurídico que se plantea con el ataque se sitúa en el campo de los límites temporales de la ley y los efectos del condicionamiento de la exequibilidad del artículo 244 de la Ley 906 de 2004, hecha por la Corte Constitucional.
Es claro que la referida ley comenzó a regir desde el 1º de enero de 2005 en el Distrito Judicial de Bogotá, y cada precepto suyo ha producido efectos durante todo el período de su vigencia, esto es, hasta cuando han sido derogados, modificados por leyes posteriores o hasta cuando se ha condicionado su constitucionalidad a una determinada interpretación, como le sucedió al artículo 244, el cual produjo plenos efectos hasta el 9 de mayo de 2007, fecha en que se profirió la sentencia C-336.
La Corte Constitucional determinó que la consulta selectiva en bases de datos requiere control judicial previo, pero sólo a partir del 9 de mayo de 2007.
Lo anterior porque es la propia Corte Constitucional la llamada a fijar los efectos de sus fallos, y en la sentencia C-336 de 2007 no señaló que produjera efectos hacia el pasado. El inciso segundo del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991 indicaba:
“Los fallos de la Corte sólo tendrán efecto hacia el futuro, salvo para garantizar el principio de favorabilidad en materias penal, policiva y disciplinaria y en el caso previsto en el artículo 149 de la Constitución.”
Dicha norma fue declarada inexequible por cuanto la Corte Constitucional consideró que era contraria a la Carta Política la
limitación incluida en la norma; por lo que el efecto de sus fallos debía ser declarado por esa Corporación8:
“f). ¿CUAL ES LA AUTORIDAD LLAMADA A SEÑALAR LOS EFECTOS DE LOS FALLOS DE LA CORTE?
Para responder esta pregunta, hay que partir de algunos supuestos, entre ellos estos.
El primero, que los efectos de un fallo, en general, y en particular de los de la Corte Constitucional en asuntos de constitucionalidad, se producen sólo cuando se ha terminado el proceso, es decir cuando se han cumplido todos los actos procesales. En otras palabras, cuando la providencia está ejecutoriada.
El segundo, que la propia Constitución no se refirió a los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad, limitándose a declarar en el inciso primero del citado artículo 243, como se indicó, que los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada. Pero, bien habría podido la Asamblea Constituyente dictar otras normas sobre la materia. No lo hizo porque, en rigor, no eran necesarias.
Pero, fuera del poder constituyente, ¿a quién corresponde declarar los efectos de los fallos de la Corte Constitucional, efectos que no hacen parte del proceso, sino que se generan por la terminación de éste?. Únicamente a la propia Corte Constitucional, ciñéndose, como es lógico, al texto y al espíritu de la Constitución. Sujeción que implica tener en cuenta los
fines del derecho objetivo, y de la Constitución que es parte de él, que son la justicia y la seguridad jurídica.
En conclusión, sólo la Corte Constitucional, de conformidad con la Constitución, puede, en la propia sentencia, señalar los efectos de ésta. Este principio, válido en general, es rigurosamente exacto en tratándose de las sentencias dictadas en asuntos de constitucionalidad.”
Así las cosas, la sentencia sólo puede producir efectos a partir de la terminación del proceso de constitucionalidad, a menos que la Corte, en ejercicio del poder deferido por la Carta Política como su suprema guardiana, le asigne efectos hacia el pasado; lo cual no sucedió con la sentencia C-336 de 2007.
No podría ser de otra manera para garantizar la seguridad jurídica de todos los destinatarios de la ley, para ofrecer ex ante la certeza de que la única forma de la limitación excepcional de los derechos habría de ser la que se indica en su texto, como mecanismo para excluir la arbitrariedad y garantía del in dubio pro libertatis, dirigida, tanto a los servidores públicos llamados a aplicarla, como a los particulares titulares de la legalidad y el debido proceso.
La interpretación a la que invita el casacionista va por la senda de la contrariedad de los principios de legalidad y debido proceso, lo cual se enfrenta con los postulados del Estado de derecho.
Por estas consideraciones el cargo no prospera.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
R E S U E L V E
PRIMERO: NO CASAR la sentencia de segunda instancia del 23 de mayo de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, contra de FABIÁN PRIETO SILVA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión.
Ordenar la devolución del proceso al tribunal de origen
Contra esta decisión no procede ningún recurso.
Comuníquese y Cúmplase.
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
Comisión de servicio
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS JAVIER ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 Chiesa Aponte, Ernesto. Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados unidos. Volumen I, página 207, Editorial Nomos, Bogotá, 1995, página 202.
2 Chiesa Aponte, Obra citada, página 207.
3 SALAS Calero, Luis. Problemas modernos y complejos de la prueba en el proceso penal: últimas tendencias en Estados Unidos sobre las reglas de exclusión probatoria.
4 Chiesa Aponte, obra citada, página 206.
5 MIRANDA Estrampes, Manuel. El concepto de prueba ilícita y su tratamiento en el proceso penal. Ediciones Bosch, Barcelona 1996, página 125.
6 En el mismo sentido MARTÍNEZ García, Elena. Eficacia de la prueba ilícita en el proceso penal (a la luz de la STC 81/98 de 2 de abril).
7 En sentencia C-591 de 2005.
8 Corte Constitucional, Sentencia C-113 de 1993.