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Proceso No 25915
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
MAGISTRADO PONENTE
ÁUGUSTO IBÁÑEZ GUZMÁN
Aprobado: Acta No. 180
Bogotá. D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil nueve (2009).
ANTECEDENTES
1. Mediante sentencia del 18 de marzo de 2005, el Juzgado 4° Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a Delio Trujillo Trujillo a la pena principal de 72 meses de prisión, multa por 2000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas por un periodo igual a la pena de prisión, como autor del delito de lavado de activos.
Impuso la obligación de indemnizar los perjuicios causados y negó la condena de ejecución condicional y la prisión domiciliaria.
2. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión del A quo en providencia del 28 de octubre de 2005, que fue recurrida en casación.
3. El pasado 12 de septiembre de 2006, la Sala inadmitió la demanda por ausencia de los requisitos lógicos y argumentativos, pero dispuso el trámite para su intervención oficiosa, dada la posible vulneración del principio de legalidad, en el proceso de dosificación punitiva.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL
1. Mediante escrito del 14 de abril del 2000, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, con sede en Bogotá, pusieron en conocimiento de la fiscalía la información lograda sobre la existencia de varios ejecutivos del Banco de Bogotá que, valiéndose de sus cargos y de la actividad legal de venta de dólares, contactaban clientes de buena reputación comercial e interesados en invertir en esas divisas, a quienes convencían de abrir cuentas corrientes, hacer consignaciones (para comprar dólares) fraccionadas y ordenar el pago a diversas personas, supuestamente conocidas del banco. Luego, consignaban los dólares en cuentas que los compradores tenían en entidades financieras de los Estados Unidos, dinero que era producto de la venta de estupefacientes en ese país.
Una de las personas que accedió a la propuesta fue Francisco José Vergara Carulla, quien en el año de 1999 invirtió un capital en una operación de cambio de divisas, en la que, entre otras personas, intervino Delio Trujillo Trujillo, por entonces Asesor Comercial de la División de Comercio Internacional del Banco de Bogotá.
Trujillo Trujillo puso en contacto a Vergara Carulla con José Iván Matallana Eslava, quien le dijo conocía la persona que vendía la moneda extranjera y podía situarla en su cuenta de los Estados Unidos.
Una vez le fue confirmada la operación1
, Vergara Carulla entregó a Trujillo Trujillo los cheques en pago de la transacción, cinco de ellos, por valor de $ 47.000.000 cada uno, que fueron emitidos a favor de la firma Inversiones Rodríguez Matallana Eslava y Compañía.
Previamente, Trujillo Trujillo le había entregado un listado de nombres, y le había solicitado girar los títulos a esas personas, sin restricción alguna, a lo cual se negó.
El 22 de diciembre de 1999, la Corte para el Distrito Este de Nueva York ordenó la congelación del último giro, US $ 185.907, consignado en la cuenta de Vergara Carulla, porque el dinero provenía de la venta de estupefacientes, según confesión allí realizada por José Vega Ávila. En reclamación judicial, parte de ese dinero le fue devuelto.
Con Manuel Gustavo Moreno Torres sucedió un hecho similar y, de su cuenta del Banco de Bogotá en Miami, el 28 de diciembre de 1999 le fueron congelados US $ 312.676. Moreno Torres realizó una conciliación con las autoridades de los Estados Unidos y le fue reintegrada parte de esa suma.
2. Adelantada la investigación, el 11 de julio del 2003 la fiscalía acusó al procesado como coautor del delito de lavado de activos previsto en el artículo 247 A del Código Penal de 1980, adicionado por el artículo 9° de la Ley 365 de 1997.
Luego fueron proferidas las sentencias ya indicadas.
EL MINISTERIO PÚBLICO
Recomienda casar de oficio y parcialmente la sentencia para preservar el principio de legalidad y favorabilidad respecto de la pena de multa y en consecuencia proceda a ajustarla en beneficio del procesado Delio Trujillo Trujillo.
CONSIDERACIONES
1. El principio de legalidad de los delitos y de las penas, previsto en el artículo 29 de la Constitución, conforme al cual “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa” garantiza que el Estado, en ejercicio del ius puniendi, sólo podrá sancionar al reo por la comisión de las conductas punibles previamente definidas en la ley y dentro de los límites cuantitativos y cualitativos allí consagrados. En consecuencia, los funcionarios judiciales no pueden imponer las sanciones por fuera de los parámetros legales, porque además de violentar el referido principio, también desconocen el de igualdad de las personas ante la ley y el de seguridad jurídica. Así mismo deben observar, con la misma rigurosidad, la aplicación preferente de la ley permisiva o favorable.
2. En el asunto que se examina, el fallador atribuyó responsabilidad al procesado Delio Trujillo Trujillo por
lavado de activos y le impuso la pena de 72 meses de prisión y multa de 2000 salarios mínimos mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas por un periodo igual a la pena principal.
Para ese efecto, aplicó el artículo 61 del Código Penal de 2000 para dividir el marco punitivo en cuartos (uno mínimo, dos medios y otro máximo) bajo esa directiva, el primer cuarto va de 72 a 99 meses; el segundo de 99 meses y 1 día a 126 meses; el tercero de 126 meses y 1 día a 153 meses y; el cuarto de 153 meses y un día a 180 meses.
En efecto, el fallador concretó la sanción penal en el primer cuarto para aplicar el mínimo exigido, es decir 72 meses de prisión al estimar que no existían antecedentes penales y porque el delito se enmarcó dentro de un concepto de “dolo de baja intensidad”.
Se constata que el sentenciador no desbordó los parámetros legales, ni aparece afectado los principios de legalidad y favorabilidad. Por tanto, no hay lugar a modificar la pena privativa de la libertad impuesta al sentenciado Trujillo Trujillo.
Sin embargo, no sucede lo mismo frente a la multa la cual debió calcularse atendiendo los mismos parámetros de ponderación observados para la pena de prisión.2
Tanto el Código Penal de 1980 en su artículo 247A y el Código Penal de 2000 artículo 323 tienen señalada para el delito de lavado de activos la misma pena de multa (500 a 50.000). Por tanto, comparten los mismos criterios de cuantificación para la pena privativa de la libertad.
En el presente caso, el fallador incurrió en vulneración de garantías fundamentales, ya que si determinó que la pena de prisión a imponer al procesado correspondía al mínimo establecido para el tipo penal en comento, el mismo parámetro debió aplicar para fijar la sanción de multa, dado que no resulta coherente ni acorde con el principio de proporcionalidad de la pena que, por un lado, se castigue con el mínimo establecido para el delito respecto de la pena privativa de la libertad y, por el otro, se imponga la sanción máxima para la pena pecuniaria.
La Sala para corregir el yerro y en consonancia con lo conceptuado por el Ministerio Público, estima que lo correcto era haber ubicado la pena de multa dentro del ámbito punitivo de movilidad de los cuartos y después proceder a fijarla de conformidad con los mismos criterios observados para la pena de prisión impuesta, es decir, situarla al interior del primer cuarto fijando el guarismo mínimo equivalente a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Así las cosas, la Sala casará parcialmente y de oficio la sentencia impugnada para en su lugar imponer al señor Delio Trujillo Trujillo como pena principal de multa, el equivalente de quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época de los hechos.
En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Casar, oficiosa y parcialmente, el fallo del 28 de octubre de 2005, proferido por la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, exclusivamente para fijar en quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigente para la época de los hechos la pena de multa a Delio Trujillo Trujillo.
Contra esta decisión no procede ningún recurso.
En lo restante, la sentencia permanece vigente.
Notifíquese y cúmplase.
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS JAVIER ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 Los giros electrónicos fueron realizados entre el 18 y el 24 de febrero de 1999, por un monto total de US $ 485.907.
2 Casación 25528 del 17 de agosto de 2006.