29643(02-12-08)

2008

Asistente Jurídico Inteligente

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Proceso No 29643  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

Magistrada Ponente:  

MARÍA    DEL   ROSARIO   GONZÁLEZ   DE  LEMOS   

Aprobado Acta No. 348  

Bogotá,  D.C., diciembre dos (2) de dos mil  ocho (2008).   

VISTOS  

Procede  la  Corporación  a rendir concepto  sobre   la   solicitud   de   extradición   presentada   por   el   Estado   de  Israel1   en   relación   con  el  ciudadano  de  ese  país  ILAN                KEDAR2.   

ANTECEDENTES  

Mediante Nota Verbal No. EDI-0146-2008 del 14  de   abril   de   2008   se  reclamó  la  extradición  del  señor  ILAN  KEDAR, requerido por el Estado de  Israel  para cumplir la condena de 18 años de prisión impuesta por el Tribunal  Superior  de  Israel  en  decisión  del  12  de  septiembre  de 2001, cuando al  resolver  la  apelación  presentada  por  la  Fiscalía, resolvió modificar la  sanción  inicialmente determinada en 16 años por el Tribunal Regional de Haifa  el  18  de  abril  de  2000,  que  lo halló culpable de delitos de “tráfico  de  estupefacientes”,  con  fundamento en las siguientes consideraciones:   

“En  el  Acta  de  acusación  presentada  contra   el   acusado   se   ha   detallado  ampliamente  la  relación  de  sus  hechos.   

Esencialmente,  el acusado importó durante  un  periodo  de  casi dos años drogas peligrosas del tipo de la cocaína en una  cantidad de casi 30 Kg., las poseyó y traficó con ellas.   

La  cosa  se llevó a cabo en 5 remesas por  separado,  y  las  drogas  peligrosas fueron enviadas a Israel ocultas dentro de  partes para computadora.   

Una gran parte de las drogas peligrosas que  llegaron  a  Israel,  unos 16 Kg., fue distribuida por todo el país, siendo que  la  última  remesa, de unos 14 Kg., fue confiscada por la policía, evitándose  de esta forma su distribución por parte del acusado.   

Los  delitos que se le atribuyen al acusado  en  el  acta  de acusación fueron importación y tráfico de drogas peligrosas,  así  como también tenencia de drogas peligrosas que no son de uso personal, en  infracción  a  lo  expresado  en  los  artículos  13,  19 (a), 7 (a) (c) de la  Ordenanza  de  las  Drogas  Peligrosas  más  el artículo 29 del Código Penal,  5737-1977.   

El acusado se declaró inocente de todos los  delitos  que  se  le  atribuían  en  el  Acta  de  Acusación  pero después de  escucharse  las  evidencias,  se lo encontró culpable en todo lo que el acta de  acusación le atribuye.   

El detalle de los hechos, el establecimiento  de    los    elementos    y    las    conclusiones    se    encuentran   en   el  veredicto”.   

A su vez, dicho veredicto expresa:  

“El acusado fue  llevado    a    juicio    porque   desde  fines  de  1997  y  hasta  el  14/1/99,  momento  en que   fue   detenido   por   efectivos  policiales,  importó   drogas   peligrosas   del   tipo   de  la  cocaína       de  Colombia   a   Israel,  y  esto  en  cinco envíos por  separado   ejerciendo   tenencia   y   tráfico de dichas drogas.   

(…)  

En   el   acta   de   acusación  se  sostiene que el acusado, israelí domiciliado en Colombia,  envió  los  paquetes  de  droga  a  la  casa de Miro  Mizraji,  vecino  de  Maalot,  primo  de  la  esposa  del acusado y que  llegó  a  Israel desde Colombia hace un par de años para que  Miro   Mizraji   disponga  de  la  droga  según  las  instrucciones del acusado.   

Durante  la  audiencia  de  evidencias  se  aclaró,  sin  la menor duda, que efectivamente las 5  remesas  de las partes para computadora dentro de las  cuales  se  encontraba la droga peligrosa, con un peso  como  se  indica  en  el  acta de acusación, fueron enviadas desde Colombia  a Israel y llegaron a manos de Miro Mizraji, tanto como a  la  vivienda  en la que se domiciliaba Miro Mizraji en  Maalot,  como  a la casa en la que vivía con su compañera Aliza Yalman,  habiendo  también podido llegar a  sus  manos en el momento de ser sacadas del Aeropuerto  Ben Gurion.   

También  quedó  probado  en  el  Tribunal que antes de llegar los 2 paquetes con las partes para  computadora  conteniendo  el  último  envió  de  droga  a  Israel, la policía  israelí   ya  sabía  que  se  trataba  de  drogas  peligrosas.  Los  efectivos  policiales   acompañaron   el   último   envío   durante   su  llegada  al  país  y  se  lo  entregaron a Miro Mizraji, a quien iba  dirigido,  disfrazados  de  empleados de la empresa de mensajería, deteniendo a  Miro Mizraji.   

Éste  aceptó colaborar con la policía en  su   tarea   y   desde   ese   mismo   momento   fueron  grabadas  todas  las conversaciones telefónicas de Miro Mizraji con Colombia,  incluyendo     las     conversaciones    con    el  acusado.   

Asimismo, fueron grabados y aún filmados en  3  oportunidades  en  las  que el acusado, que vino de  Colombia  a  Israel,  fue  a  la casa de Miro Mizraji cuando en las dos primeras  oportunidades  el  acusado tomó muestras de la droga  almacenada   en   la  casa  de  Miro  Mizraji,  siendo  que  a  la  tercera  vez  llegó  para  llevarse todas las drogas de la casa de  Miro  Mizraji,  siendo  detenido  mientras  bajaba  por las escaleras de la casa  portando  en  sus  manos  uno  de  los paquetes con la  droga.   

A   estar   por   el  acusado  (sic), este  no  tiene ninguna relación o implicancia respecto del  primer  envío  de droga como se detalla en el primer  capítulo del Acta de Acusación.   

Respecto  de  las  otras  tres  remesas, el  acusado  confiesa  que  tuvo  en  su poder las drogas  peligrosas  y aún traficó  con  ellas,  esto  es, entregándoselas a otros a cambio de dinero. Respecto del  último  capítulo  del  Acta de Acusación, que es el quinto envío, el acusado  confiesa  que si bien las drogas estaban en su poder y  tenía  la  intención de efectuar tráfico con ellas,  cosa que no llegó a efectuarse ante su detención.   

Como queda dicho, el acusado confiesa haber  sido  parte  de todo un sistema de distribución de la  droga en el país durante los cuatro envíos salvo el primero.   

Con todo declara no haber sido el dueño de  las   drogas   y   no   fue  él  quien  las  importó  al  país.  Sostiene  que toda su función durante la distribución de la droga  se  limita  a que debía tomarlas de manos de Miro Mizraji para entregárselas a  otros,  a  quienes estaba previamente dirigida, siendo  que  los  datos  de  esos  otros  le fueron dados todavía en Colombia. También  debía  recibir  pago por las drogas y transferirlo a  otros.   

Eso  y  más; el  acusado  sostiene  que  ninguna  de  todas  esas  actividades  que  efectuó con  drogas  en Israel deben utilizarse en su contra y que  no  se lo considere responsable de delitos penales por  la  comisión  de los hechos arriba mencionados, dado  que  debió  actuar  de esa manera por las amenazas de  la  mafia  colombiana  y que le corresponde la defensa del encierro como  queda  detallado  en  el  artículo  34-12 del Código Penal.   

(…)  

[Sostiene   el  magistrado]  No  estoy  de  acuerdo  con ninguno de estos argumentos del acusado  como     se     detallará    más    adelante,  y sostengo que no dijo la verdad ante el Tribunal.   

Creo    conveniente    señalar  ya  a  esta  altura  del  veredicto  que  durante  toda su  presencia     y     su     presentación  ante  este Tribunal incluyendo su testimonio como testigo, el  acusado  trató de dar una imagen de que es un hombre  débil,   temeroso,  desesperado  y  que  no  puede  enfrentarse con presiones.   

(…)  

El testimonio del acusado en el Tribunal se  caracterizó  por  su  sangre fría, artificialidad,  manipulatividad  y  astucia  al  no  poder encontrar  soluciones   inmediatas   a  preguntas  que  podían  confundirlo    o    que    le   resultaban   inesperadas  y  dando  también  explicaciones      confusas      y      totalmente  ilógicas.   

También  la  comparación  entre  la  forma de expresarse y su presentación ante el Tribunal  con  aquella  registrada  durante sus conversaciones  grabadas  y  filmadas  con  Miro  Mizraji  no refleja  la imagen inocente y frágil, aquella de un ciudadano  que  lleva un estilo de vida normativo (sic) y que es  la   que  el  acusado  intentó  presentar  ante  el  corazón de este Tribunal.   

A   mi  modo  de  ver,  quedó  probada  la  intervención  del  acusado en la importación de  drogas  al  país, incluyendo la primera remesa y el  tráfico  con  ellas  y  que  todo esto fue llevado a  cabo por el acusado a sabiendas y prestando su pleno  acuerdo como se detallará más adelante.   

(…)  

El día 5/12/99,  después  de  llevarse  a  cabo  un proceso intermedio, he decidido recibir como  evidencia   las  declaraciones  del  acusado  a  la  policía,  declaraciones  que  fueron  presentadas y  marcadas  como  T/102,  T/107  y  T/110  y  a  cuya  presentación  se  opuso  el  representante  legal del  acusado.   

El día 18/3/99  fue  presentada  ante  el  Tribunal  una  declaración  sobre  el  argumento del  acusado  al proceso intermedio en la que se detallan  argumentos  del  acusado  respecto  de este asunto y que deben llevar, según su  opinión,    a    la    conclusión   que   tales   declaraciones   fueron   tomadas   contra   lo   expresado   en   el  artículo   12  de  la  Ordenanza  de  Evidencias,  habiéndose  dado  no  en  forma  libre  y  por propia voluntad,  lo  que  significa  que  al  acusado  le  fue negado el  derecho  a  decir  la  verdad  por  propia voluntad,  motivo por el cual el acusado declaró en falso.   

(…)  

Los  testigos  de  la  acusación  que prestaron declaración a este respecto durante el proceso  intermedio  negaron terminantemente haber actuado en  forma  ilegal  o  reñida con los reglamentos durante  la investigación del acusado.   

Rechazo  todos  los   argumentos   del  acusado  respecto  de  que  se  hubiese  aplicado  sobre  él   apremios  ilegales  durante  su  investigación  y doy preferencia sin ningún tipo de vacilación a  las  versiones  de  los  testigos  de  la acusación  respecto    de    la    forma   en   que   le   fue   tomada   la   declaración   al   acusado,   versiones  para  mí  absolutamente  confiables.   

También rechazo  de  plano  todo  lo  dicho  por el acusado en lo que respecta a que aparentemente   en   parte  de  las  declaraciones  los  efectivos  policiales  tomaron  nota  de cosas que el acusado no  dijo  y  que  las  declaraciones fueron escritas en parte por los investigadores  por   su  propia  iniciativa  basándose  en  datos  recibidos     previamente     de    Miro    Mizraji,    llegando    hasta  a  inventar  determinados  fragmentos  de las declaraciones  como fruto de su imaginación.   

Nada de esto es cierto.  

La comparación  entre  las  declaraciones  del  acusado  y  las  de  Miro Mizraji señala que el  acusado  se refiere,   en   sus  versiones  respecto  del  desarrollo  de  los  acontecimientos,  algunas  cosas que están en abierta  contradicción   con   los  dichos  de  Miro  Mizraji,  siendo  que  el  acusado  proporciona  datos  que  Miro  Mizraji jamás mencionó, llegando algunas de sus  declaraciones  a estar en total contradicción con lo  declarado por Miro Mizraji.   

(…)  

De  mi  confianza  a  lo declarado por los  investigadores ya que todo lo que aparece escrito en  las  declaraciones  del acusado efectivamente fueron  dichas  por  el  acusado y que todas las cosas que dijo fueron anotadas tal como  fueron   dichas,   no   se   agregó  ni  se  quitó  nada.   

Dejo sentado que todas las declaraciones  del  acusado  fueron  dadas  por  su  propia  voluntad,  que      todo     lo     que     está anotado fue efectivamente dicho por  el   acusado   al   personal   policial,  resultando  adecuadas como evidencia ante el Tribunal.   

Respecto  de  la  intervención  del  acusado  en el primer envío de droga, intervención que  el    acusado,   tal   como   queda   dicho   niega  terminantemente,  el  testigo  de  la  acusación No 5, Miro Mizraji,  y  en  su  primer declaración a la  policía,  efectuó  la  siguiente declaración, señalada como T/64 y en la que  dice que:   

«La  primera  vez  que recibí un paquete  fue  hace  casi  un  año, o menos. Regresaba de una  visita   a   mi  familia  en   Colombia  y  cuando  regresé  a  mi  casa  me  comuniqué  con  mi  hermano  en  Colombia,  llamado  Jacobo  (Yakov  en  hebreo), el que me dijo que Ilan  Kader  (sic)  me  envió  un  paquete  y  que  ese  paquete debía llegar  a  mi  casa  y  mi hermano me dijo que Ilan le dijo que me  diga  que  entregue  el  paquete a un muchacho dueño  del  taller  Auto  Front  en  Rishon  Letzion  que  se llama Nathan y me dio una  descripción  que  es alto, flaco y rubio con ojos verdes. Yo recibí el paquete  de  la empresa UPS y también me trajeron los paquetes  a  casa  y  de ahí llevé los paquetes al taller de  Rishon    Letzion   y  encontré   el   taller   y   pregunté   quién   es   Nathan   y  también   lo  identifiqué  según  la  descripción  y  le  dije  que  tenía un paquete y me dijo que sí, que sabía  y  me  dijo  de  entregar  el  paquete  a  una  persona  que estaba aguardando   en   el   interior   del   taller  con  un  vehículo  BMW…»   

(…)  

Dejo  sentado  que las declaraciones dadas  por    el    acusado   a   la   policía           respecto          de          su          participación en la primera remesa son verdaderas.   

También  recibo  como  fidedigna,  en  su  esencia,  la  versión  del  testigo  de  la  acusación No. 5, tal como      fue      dada      en      su      declaración    a    la    policía      respecto      de      la  intervención del acusado  en        todos       los       envíos  de  droga, incluyendo la primera  remesa  y  dejo sentado que hay que agregar, reforzar  y  proveer  a los dichos del acusado en sus declaraciones a la policía  y esto en forma necesaria para la  recepción de los dichos  del     acusado     y     sus     declaraciones     a    la    policía       como       evidencia plena para la verdad de su contenido.   

Dejo sentado que los dichos vertidos por el  acusado  en  estas declaraciones respecto de su parte  en  la  primera  remesa  son  la verdad y esto sin perjuicio de que reciba otras  partes  de  sus  declaraciones  como creíbles      para     mí,   como   se  detallará.   

Esto       y       más:       la       lógica    de   los   dichos   y   en  especial  el  hecho  que  Miro   Mizraji   efectivamente  entregó  el  paquete  con  droga  a  una  persona  en el taller de Nathan  Portman,   amigo   de   la   infancia  del  acusado  y  al  que  el  testigo  no  conocía antes, apoya la  conclusión  posible,  y  única,  que  está dentro de la lógica aceptable de  que  efectivamente el acusado estaba envuelto en esta  operación  y  refuerza  esta   conclusión.  Los  dichos    se   adecuan  también totalmente a la  versión   de   Miro   Mizraji   respecto  de  la  intervención  del  acusado  en  la  mencionada  primera remesa.   

La         “suposición”  del  acusado  respecto  de  la  posibilidad que Miro Mizraji  llegó  al  taller  de  Nathan    Portman    por    otra    vía,  no relacionada con el acusado es  abstracta   y   falta   de   solidez,  debiendo  ser  rechazada.   

En  base  a  lo antedicho dejo sentado que  quedó  probada  ante el  Tribunal  la intervención  del  acusado  también en  la primera remesa.   

Respecto  del  resto  de  las  remesas, el  acusado   confesó,   como   queda   dicho,  que  tomó  parte  en  ellas,  dado  que  recibió  las drogas peligrosas realizando con ellas negocios y esto salvo  respecto        de       la       última  remesa,  cuando  fue detenido  antes   de   poder   realizar  operación alguna.   

En  estas  circunstancias,  no  encuentro  lugar   para   detallar   el   desarrollo   de  los  acontecimientos   respecto   de   la  forma  de  la  recepción  del resto de  las      remesas,      salvo      el      hecho      de      la     contradicción   entre   Miro   Mizraji   y   el   acusado   respecto   de   la  recepción de la segunda  remesa.   

La        versión  del testigo Miro Mizraji dice que  viajó  junto  con  el  acusado  al  Aeropuerto  Ben  Gurion  para recibir la  remesa  y  acordó  con  el  acusado  que  éste lo esperara mientras el testigo  se  ocupara  de tramitar la liberación  de  las  drogas,  pero  al  demorarse el testigo en salir de la  aduana  y  por  motivos  que  el acusado mantiene en  reserva,     éste  decidió dejar el lugar y  el  testigo Miro Mizraji se vio obligado a comunicarse  con  él  a  su casa en Rishon Letzion y llegar hasta  allí para entregarle la  segunda  remesa  de  la  droga  que había liberado de la aduana del Aeropuerto Ben Gurion.   

Doy preeminencia a los dichos del testigo  de  la  acusación  Miro  Mizraji  respecto  de  las  circunstancias en las que  fue     recibida     la     segunda    remesa    y    su    liberación  del  Aeropuerto  Ben Gurion  sobre  la  versión del acusado respecto de este tema.   

A mi parecer y  en  el  marco  de  los intentos del acusado de convencer al Tribunal respecto de  que   no   tuvo   ninguna  participación   en   la   importación    de    la    droga,    tal    como   se   detallará, eligió  mentir  a  este  respecto y negar terminantemente su  llegada       junto       con       Miro       Mizraji      al      aeropuerto.   

Rechazo de plano el argumento del acusado  respecto     de    su    participación   en   la   importación  de la droga y su función   en   la   distribución de la misma.   

El acusado declaró en sus declaraciones a  la   policía   y   aún  en  sus  testimonios  ante  el  Tribunal  versiones  varias  respecto  de  su  parte en todos estos sucesos,  versiones  que  se  contradicen  en  parte  y  entre  sí    en    forma  significativa     y     que    también carecen de sentido en forma extrema.   

El  acusado  dice  en  su  testimonio  al  Tribunal  que  su función  en   ese   mismo  sistema  de  importación     y    distribución  de  droga  en  el  país          residía  en  que  se  desempeñaba  como  nexo entre Miro Mizraji y  los  compradores  de  la droga en el país,      cuando      los     datos     de     esos     compradores   fueron  proporcionados  por  quienes  los  enviaron,  elementos   de   la   mafia,  y  esto  aún         encontrándose en Colombia.   

Según      su      versión  Jacobo Mizraji, hermano de Miro y  aún  el  resto  de  los  elementos  de  la  mafia  desean  no  poner  en  peligro  a Miro razón  por  la  cual  le  endilgaron  la  función      de  mensajero.   

(…)  

De  las  declaraciones  del  acusado en la  policía  y  en  sus  encuentros  con Miro Mizraji, tal como fueron registrados,  grabados  y  filmados  por  la  policía,  surgen otras versiones, absolutamente  distintas.   

La versión del acusado tal como fue en su  testimonio  ante  el  Tribunal  no  se condice con las otras evidencias traídas  ante  este  Tribunal,  incluyendo  sus  declaraciones  a  la  policía,  por  lo  que  rechazo,  como  queda  dicho, sus declaraciones  ante   el   Tribunal  respecto  de  este  tema  como  absolutamente    indignas    de    crédito,  prefiriendo  sobre  ellas  las  descripciones  respecto  de  su              participación  en  las  remesas  tal como fueron  dadas   por   su   parte  a  la  policía,   así  como  también  las  declaraciones  de  Miro  Mizraji en sus declaraciones a la  policía, así      como     también   su  testimonio ante este Tribunal.   

No hay ni pizca de lógica o raciocinio en  la   “función”  desempeñada  por  el  acusado,  tal  como  éste  pretende  presentarla  ante  el  Tribunal,  como  que  debía trasladarse especialmente de  Colombia       a      Israel      sólo  para  transportar la droga desde  la  casa  de  Miro Mizraji a compradores conocidos de  antemano,  y  he aquí que  el  acusado  mismo  dijo en su testimonio en el Tribunal que quienes lo enviaron  supusieron     que    era    el    más   apropiado   para   llevar   a   cabo   esa   función, por el  hecho      de      ser      israelí.   

…   Y  aún   así,    si    la    función       del       acusado  hubiese  sido  tan  simple  y  reducida,  según   sostiene,   no   tiene  ninguna  explicación el hecho de  que  el  acusado haya concurrido a buscar la droga de la quinta remesa a la casa  de Miro Mizraji.   

Resulta  especialmente  extraño  el argumento del acusado respecto  de   que  era  un  simple  emisario,  que  no  busca  compradores,  siendo que este argumento se relaciona con la segunda y la tercera  remesa,  como  que  precisamente  Miro  Mizraji,  el  nuevo  inmigrante  que  se  domicilia  en  un  lugar  tan  alejado, en Maalot, le proporciona al acusado los  datos   del   comprador,   una  persona  domiciliada  en  Rishon  Letzion,  lugar donde el acusado vive en  Israel…  siendo  Miro  quien  lleva  a la droga al  acusado  en Rishon Letzion  y  esto  para  que  el  acusado  se  la  entregue al  comprador.   Se  trata  de  un  conjunto  de  hechos  imposible,     impensable    e    ilógico          (sic)”.   

Documentos  aportados con la petición de  extradición   

Con  el  propósito  de  protocolizar  la  solicitud   de   entrega   del   señor  ILAN  KEDAR  se  incorporaron  al presente trámite, por intermedio  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  y  provenientes  de la Embajada del  Estado     de     Israel,     los     siguientes     documentos,     debidamente  traducidos:   

(i) Nota Verbal No. EDI-0108-2008 del 18 de  febrero  de 2008 a través de la cual esa representación diplomática pidió la  detención  provisional,  con  fines  de  extradición,  del señor KEDAR  nacido  el  26 de junio de 1956 en  Israel,    quien   se   identifica   con   la   cédula   de   ese   país   No.  05432424-9.   

(ii) Nota Verbal No. EDI-0146-2008 del 14 de  abril  de  2008  de  la misma Embajada, con la cual se formaliza la solicitud de  extradición.   

(iii)   Original   de   la   “Solicitud   de   Extradición”  del  señor  ILAN  KEDAR elevada  por  el  Ministerio  de  Justicia  del  Estado de Israel de fecha 20 de enero de  2008, en la cual se incluye el texto de las normas aplicables.   

(iv)  Copia de la Orden de Detención del 2  de enero de 2008 expedida por el Juzgado de Paz de Rishon Letzion.   

(v) Duplicado de la Orden de Prisión del 26  de septiembre de 2001 expedida por el Tribunal Superior de Israel.   

(vi)  Reproducción  del veredicto del 2 de  abril     de    2000    emitido    en    contra    del    señor    KEDAR   en   el   Tribunal  Regional  de  Haifa.   

(vii)  Duplicado  de la sentencia del 18 de  abril 2000 dictada en contra del solicitado por el Tribunal citado.   

(viii)  Copia  de  la  decisión  del 12 de  septiembre    de    2001   proferida   en   contra   del   señor   ILAN  KEDAR  por  el Tribunal Superior de  Israel reunido como Tribunal de Apelación en lo Penal.   

Trámite  surtido  ante  las  autoridades  colombianas   

Dando  alcance a la solicitud de detención  provisional,  con  fines  de  extradición, formulada por el Estado requirente a  través  de  la  Nota  Verbal EDI-0108-2008 del 18 de febrero de 2008, el Fiscal  General  de  la  Nación  decretó  la  orden de captura del señor ILAN  KEDAR mediante Resolución del 19 de  febrero siguiente.   

Esa orden se hizo efectiva el 6 de marzo de  2008  por  miembros del Departamento Administrativo de Seguridad en la ciudad de  Cali  y,  una  vez  agotados  los  trámites administrativos de rigor, al señor  KEDAR  se  le  condujo a la  Penitenciaria  de  Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá), donde actualmente se  encuentra   privado   de   la   libertad   con   fines   de  extradición  hacia  Israel.   

Formalizada  la  solicitud  de extradición  mediante  Nota  Diplomática  No. EDI-0146-2008 del 14 de abril de 2008, al día  siguiente  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  envió  la documentación  reunida  a  la  Cartera del Interior y de Justicia con oficio No. OAJ.E. 0728 en  el  cual  conceptuó: “En atención a lo establecido  en  nuestra  legislación  procesal  penal  interna…  por  no existir Convenio  aplicable  al  caso  es  procedente  obrar  de  conformidad  con el ordenamiento  procesal         penal         colombiano”3.   

Revisadas  las  diligencias con base en esa  normatividad,  en  dicha  Cartera se estimó que estaban reunidos los requisitos  allí  exigidos  y, en consecuencia, el Viceministro de Justicia con escrito No.  OFI08-10539-DIJ-0100  del  17 de abril de 2008, procedió a enviar el expediente  a  la  Sala  de  Casación  Penal  de la Corte Suprema de Justicia para lo de su  competencia.   

Actuación     cumplida    en    esta  Corporación   

Mediante  auto  del  22 de abril de 2008 se  requirió   al   señor   ILAN   KEDAR  para  que  nombrara  defensor y así dar cumplimiento a lo dispuesto  en  el  artículo  529  de  la  Ley  600  de  2000,  quien se abstuvo de hacerlo  argumentando  no  comprender  el  idioma castellano, en consecuencia, a pesar de  que  en principio se intentó dotarlo de un traductor, finalmente se estableció  que  se  trataba de una maniobra dilatoria, por lo cual, con proveído del 25 de  junio siguiente se le solicitó que designara un apoderado.   

Como  el  citado  guardó silencio sobre el  particular,  con  decisión  del 3 de julio de 2008 se le designó un letrado de  oficio,  ordenándose  a  la  par  el  traslado  consagrado en el inciso 1º del  artículo  518  de  la  Ley 600 de 2000, del cual hicieron uso el requerido y el  abogado de confianza que éste finalmente nombró.   

A su vez, con decisión del 20 de octubre de  2008,  se  confirmó  el proveído del 17 de septiembre del mismo año que negó  la  práctica  de  las  pruebas  deprecadas  y  se  ordenó  correr  el término  previsto  en  el  inciso 3º del artículo 518 de la  ley  en  cita,  el  cual  fue utilizado por el Ministerio Público y el defensor  para  expresar  su  criterio  en  torno  del  concepto  que  habrá de emitir la  Corporación.   

Alegatos de conclusión  

El   Ministerio  Público,   representado  por  el  Procurador  Cuarto  Delegado  para la Casación Penal señala, en relación con la validez formal de  la   documentación,   que  la  misma  fue  incorporada  por  vía  diplomática  expresando  el  lugar  y  la  época  de  los  hechos,  así como los datos para  establecer  la  plena identidad del solicitado e, igualmente, ofrece el texto de  las  normas  que  describen  la conducta por la cual fue condenado el requerido,  soportes  que  llevan  el sello oficial del Ministerio de Justicia del Estado de  Israel.   

Por  lo  tanto,  en  su  concepto,  tales  documentos  son  formalmente  válidos,  pues  no  sólo  suplen  las exigencias  establecidas   en   el   ordenamiento  jurídico  al  contener  la  información  necesaria,  sino  que  respecto  de  ellos se agotó el trámite pertinente para  asegurar su autenticidad.   

Ese  criterio  favorable  lo  extiende  al  requisito  de  la  plena  identidad del reclamado, al estimar que los documentos  allegados  en  apoyo  de la petición de entrega precisan que responde al nombre  de  “Ilan  Kadar”, quien  es  ciudadano  israelí nacido el 26 de junio de 1956, el cual se identifica con  la  cédula  de  ese  país  No. 05432424-9, también conocido como ILAN KEDAR.   

Sobre el particular añade que al momento de  su  captura    se    identificó   con    la    cédula   de  extranjería No. 207257 y los datos  allí  consignados  sobre  el  lugar  y  fecha  de  nacimiento coinciden con los  suministrados  por  el  Gobierno  requirente,  además,  recuerda que el estudio  técnico  dactiloscópico realizado con fundamento en la tarjeta de preparación  de   dicho   documento   permitió   confirmar   que   se   trata  de  la  misma  persona.   

En   cuanto  al  principio  de  la  doble  incriminación  sostiene,  a  partir de la Sentencia del 18 de abril de 2000 del  Tribunal  Regional  de Haifa, la decisión 12 de septiembre de 2001 del Tribunal  Superior  de  Israel  reunido  como  Tribunal  de  Apelaciones  en lo Penal y de  acuerdo  con la Nota Verbal No. EDI-0146-2008 del 14 de abril de 2008, que se le  requiere  para  que  cumpla la condena impuesta por el delito de narcotráfico y  procesarlo por el ilícito de fuga.   

En punto del requisito de la equivalencia de  la  providencia  dictada  en  el  país  requirente,  estima  que se cumple este  requisito  en relación con el delito de tráfico de narcóticos, mas no así en  relación   con   el  ilícito  de  fuga  por  ausencia  de  pronunciamiento  al  respecto.   

De    otra   parte,   el   defensor  del  requerido, luego de comentar  las  exigencias consagradas en el artículo 520 de la Ley 600 de 2000, concentra  su  atención  en  el  requisito  de la plena identidad de la persona reclamada,  expresando  que  de  acuerdo con lo preceptuado en el artículo 513 ibídem,   ella  se  exige  “no  de  quien  es  capturado  con fines de extradición, sino de  quien  es  solicitado,  esto  es,  de  quien ha sido acusado o condenado por las  autoridades  judiciales extranjeras y, por ello, los documentos aportados por el  Gobierno  Requirente no pueden ofrecer dudas acerca de la persona”.   

En su concepto, en el caso particular no se  cumple   con   la   exigencia  advertida  por  cuanto  en  la  Nota  Verbal  No.  EDI-0108-2008  se  solicitó  la  captura  de  “ILAN  KADAR  y no de ILAN KEDAR”, con fundamento en lo cual  se  ordenó  y produjo la misma, de tal manera que ello impide predicar “plena  identidad”,  en  consecuencia,  sostiene  que no se satisface a cabalidad este  requisito     y,     por     consiguiente,     se     debe    emitir    concepto  desfavorable.   

CONSIDERACIONES DE LA CORTE  

Aspectos Generales  

Para determinar si procede la extradición o  no  de  un  extranjero  solicitado  por  un  país  con  el cual no hay convenio  aplicable,  la  competencia  de  la Corporación se circunscribe a verificar las  exigencias  contenidas  en  los  artículos  511,  513  y  520  de la Ley 600 de  2000.   

De  acuerdo  con  lo  preceptuado  en  el  artículo  520  de  la  ley  en  cita,  la  Corte,  en  concreto,  debe  revisar  la  validez formal de la documentación allegada por  el  país  requirente,  la  demostración  plena  de  la identidad de la persona  solicitada,  la  presencia  del  principio  de  la  doble  incriminación  y  la  equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.   

En  consecuencia, se procede estudiar si en  este caso se cumplen los presupuestos aludidos.   

1.     Validez     formal    de    la  documentación   

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  513  de  la  Ley  600  de  2000,  la  solicitud de extradición ha de  efectuarse  por la vía diplomática y, de manera excepcional, por la consular o  de  gobierno a gobierno, aportando copia auténtica del fallo o de la acusación  proferida  en  el  país extranjero, con indicación de los actos por los cuales  procede  la petición, así como del lugar y fecha de su ejecución, acompañado  lo  anterior  de  los datos por cuyo medio sea posible identificar plenamente al  reclamado  e,  igualmente,  es  necesario allegar la reproducción auténtica de  las disposiciones penales aplicables al asunto.   

Tales   documentos  deben  ser  expedidos  sujetándose  a  las  formalidades  establecidas  en  la  legislación del país  reclamante    y    han    de    estar   traducidos   al   castellano,   de   ser  necesario.   

En  este  sentido,  según  lo  prevé  el  artículo  259  del  Código  de Procedimiento Civil4,   los  documentos  públicos  otorgados   en   país   extranjero  por  uno  de  sus  funcionarios  o  con  su  intervención,   deben   presentarse   autenticados  por  el  cónsul  o  agente  diplomático  de  la  República  de  Colombia  y,  en su defecto, por el de una  nación  amiga,  lo  cual  hace presumir haberse expedido con sujeción a la ley  del respectivo Estado.   

Así  mismo,  la  norma  comentada  exige  acreditar  la  firma  de nuestro cónsul o agente diplomático por el Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  y, si se trata de agente consular de un país amigo,  se  autenticará  previamente  por  el funcionario competente del mismo y los de  éste  por  el  Cónsul  colombiano;  regulación aplicable al presente caso, en  virtud  del  principio de remisión previsto en el artículo 23 de la Ley 600 de  2000  y  en  razón  de  lo  preceptuado  en  el  inciso final del artículo 513  ibídem.   

Esos  requisitos  de carácter legal están  encaminados  a  demandar  del Estado requirente el suministro de los soportes en  sustento  de  la  solicitud  de extradición, en todos los casos y frente a cada  una  de las específicas obligaciones que amerite el asunto, con el cumplimiento  íntegro de las exigencias formales expresadas.   

Así  las  cosas,  en el caso particular la  Corporación  observa  que  el Estado de Israel, a través de su representación  diplomática,   solicitó   la   extradición   de   su   nacional  ILAN  KEDAR y, al efecto, anexó copia del  veredicto  del  2  de abril de 2000 emitido en su contra en el Tribunal Regional  de  Haifa  e,  igualmente, de la sentencia del 18 de abril siguiente dictada por  la  misma  autoridad judicial, así como de la decisión del 12 de septiembre de  2001,  en  la  cual  el  Tribunal  Superior  de  ese  país  le  incrementó  la  pena.   

De  otra  parte,  aportó  duplicado  de  la Orden de Detención del 2 de enero de 2008 expedida  por  el  Juzgado  de  Paz  de Rishon Letzion y de la Orden de Prisión del 26 de  septiembre de 2001 expedida por el Tribunal Superior de Israel.   

También se evidencia que en los documentos  aportados  por  el  Gobierno  requirente se especifican los actos por los cuales  fue  condenado  el  solicitado  y los lugares y épocas de su ocurrencia, con lo  cual  se satisfacen los requisitos exigidos en el artículo 513 de la Ley 600 de  2000.   

Ahora, tales documentos obran traducidos al  castellano,  están  certificados  y  autenticados por el Ministerio de Justicia  del Estado de Israel y aparecen debidamente apostillados.   

En vista de la existencia y contenido de la  documentación  aportada,  así  como  de su autenticación y certificación, es  claro  para  la  Corporación que el requisito de su validez formal se encuentra  acreditado.   

2.  Demostración plena de la identidad del  solicitado   

Esta  exigencia  busca  establecer  si  la  persona  procesada  o  condenada en el país extranjero, es la misma sometida al  trámite  de  extradición,  lo  cual no implica conocer su verdadera identidad,  por  consiguiente, el requisito se cumple cuando existe plena coincidencia entre  el  individuo  solicitado  y  aquél  cuya  entrega  se  encuentra  en  curso de  resolver.   

Observa  la Corte, en este sentido, una vez  confrontada   la   documentación  allegada  para  formalizar  la  petición  de  extradición,   que   el   reclamado   responde   al   nombre   de  ILAN   KEDAR,  quien  nació  el  26  de junio de 1956 en Israel y se  identifica con la cédula de ese país No. 05432424-9.   

A  su  vez,  se  tiene que al momento de su  captura  exhibió la cédula de extranjería No. 207257 a nombre de “Ilan  Kadar”, razón por la cual con  fundamento   en   las  impresiones  dactilares  registradas  en  la  tarjeta  de  preparación   de  dicho  documento  se  practicó  cotejo  dactiloscópico  con  resultados  positivos, siendo del caso señalar que los datos biográficos allí  consignados,  como  la  fecha,  el  lugar  de  nacimiento y nombre del padre del  solicitado, coinciden con los aportados por el Estado requirente.   

Así  las cosas, si bien hay una diferencia  en  la  ortografía  del  apellido,  tal  situación  resulta intrascendente por  cuanto  como lo tiene establecido la Corporación, la identificación se compone  de  un  conjunto  de  datos que permiten distinguir a una persona de las demás,  los cuales, en este caso, son suficientes para que así ocurra.   

Sobre   el  particular  ha  sostenido  la  Sala:   

“…la identificación «…Alude a todos  los  datos  que  han sido asignados a una persona para su realización dentro de  la  sociedad,  por razón de su origen, sea por el lugar de nacimiento o los que  nacen  del núcleo familiar, como los que se refieren a sus nombres y apellidos,  a  sus  vínculos  de  consaguinidad  o afinidad; luego, a los documentos que lo  identifican  en  los  actos  de  su  vida  pública y privada y en los registros  oficiales  como  son la cédula de ciudadanía, la libreta militar, un carné de  vinculación  al servicio público, los certificados sobre antecedentes penales,  policivos,  disciplinarios,  etc.  Es  decir, la identificación comprende todos  aquellos  datos  que  otorgan  a  una  persona  un  sitio jurídico dentro de la  organización social».   

«En  el marco de la normatividad procesal  penal,  la  palabra  individualización corresponde a la operación a través de  la  cual  se  especifica  o determina a una persona, por sus rasgos particulares  que  permiten  distinguirla  de  todas  las  demás.  Alude  a las personas como  fenómeno  natural, a las características personalísimas de un ser humano, que  lo  hacen  único  e inconfundible frente a todos los demás pertenecientes a su  misma                especie…»”5.   

En  esa  medida,  la  diferencia anotada no  desvirtúa  la identidad existente entre la persona capturada y la solicitada en  extradición,  por  cuanto  del  conjunto  de  datos  aportados  por  el  Estado  requirente  y  de la prueba técnica practicada, se desprende pacíficamente que  se trata del mismo individuo.   

Por  consiguiente,  no  le asiste razón al  defensor  al  pretender  sacar  provecho  de la diferencia en la ortografía del  apellido  del  solicitado  en  extradición,  pues  evidentemente se trata de un  argumento  de  última  hora,  ya  que tanto él como su representado, aceptaron  abiertamente  durante  el  trámite  la  existencia  de una condena proferida en  contra  de  éste  por  narcotráfico  en Israel, al punto que ambos buscaron el  cumplimiento  en Colombia de la pena allí impuesta invocando lo dispuesto en el  artículo 515 de la Ley 906 de 2004.   

Incluso, el reclamado durante el trámite se  dedicó  a  solicitar  su  traslado  de  Israel  a Colombia tras otorgársele un  permiso  por las autoridades de aquél país, situación que precisamente vino a  originar la petición de extradición.   

En  tal  virtud,  la  duda planteada por el  defensor  en torno de la identidad entre la persona capturada y la solicitada en  extradición es inexistente.   

En  estas  condiciones,  razonablemente  se  deduce  que  la  persona cuya entrega se reclama y aquella que fue capturada con  fines  de  extradición  es la misma, por lo cual, en este caso, se satisface el  requisito de la plena identidad del solicitado.   

3.     Principio    de    la    doble  incriminación   

Frente  a  esta  exigencia corresponde a la  Corporación  examinar  si  los  comportamientos  atribuidos  al  reclamado como  ilícitos  en  el  país extranjero tienen en Colombia la misma connotación, es  decir,  son  considerados  delitos,  están  sancionados con una pena mínima no  inferior  a  cuatro  años  de  privación  de  la libertad y no son de aquellos  denominados como políticos o de opinión   

Conviene  señalar  que  la  confrontación  aludida  debe  adelantarse  con fundamento en las disposiciones de orden interno  vigentes  al momento de rendir el concepto, motivo por el cual, incluso, resulta  improcedente  la  aplicación  del  principio  de  favorabilidad con ocasión de  tránsitos  legislativos,  pues  los preceptos del país requerido no son objeto  de  aplicación  por  parte  del  Estado  extranjero6.   

En  este  sentido, se tiene que el señor  ILAN  KEDAR es solicitado  para  que  cumpla  la  pena  fijada  por  el  Tribunal  Superior  de  Israel en decisión del 12 de septiembre de 2001, que le impuso 18  años  de  prisión  al  resolver  la  apelación  presentada  por la Fiscalía,  aumentando  por  tal motivo la sanción inicialmente determinada en 16 años por  el  Tribunal  Regional  de Haifa el 18 de abril de 2000, que lo condenó por los  hechos  ocurridos  “desde  fines del año de 1997 y  hasta   el   14/1/99”,   por   cuanto   los  mismos  configuraron  los  delitos  consagrados en los artículos 7 (a) (c), 13 y 19 (a)  de  la Ordenanza de las Drogas Peligrosas y 29 del Código Penal de Israel, cuyo  contenido,    de    acuerdo    con    los    documentos    aportados,    es   el  siguiente:   

Artículo  7  (a)  (c)  de  la Ordenanza de  Drogas Peligrosas:   

“Tenencia y  uso   

(a)      No      estará  una  persona  en  posesión  de o  hará  uso  de  una  droga  peligrosa, salvo que sea  permitido  por  esta  Ordenanza  o  por  las  reglamentaciones más abajo o bajo  licencia de autoridad competente.   

(c)  La  persona  que  contravenga  las  previsiones  de  esta  sección  se hará pasible de  prisión  por  un  período de 20 años o una multa cuyo valor será de 25 veces  la  multa establecida bajo la sección 61 (a) (4) del  Código   Penal   Israelí,   5737-1977;   y  si  ejerce  tenencia  o  hace  uso  de  la  droga  únicamente para su propio consumo se  hará  pasible de una pena de prisión de tres años  o  una  multa  como  lo  establece  la  sección  61  (a)  (4) del Código Penal  Israelí,           5737-1977”.   

Artículo  13  de  la  Ordenanza  de Drogas  Peligrosas:   

“Exportación, importación, tráfico y  provisión   

Una   persona   no   exportará,  importará  o  facilitará  la  exportación  o  importación  de,  o traficará con, o lleve a efecto cualquier  otra  transacción  respecto  de  o provea una droga  peligrosa    en    cualquier    forma,    tanto    con    o   sin   consideración  salvo  hasta  donde  le  sea  permitido  por  esta  Ordenanza  o por las reglamentaciones mencionadas más abajo, o bajo licencia de  autoridad superior”.   

Artículo  19 (a) de la Ordenanza de Drogas  Peligrosas:   

“Penalidades   

Quien contravenga las provisiones de este  artículo  se  hará  pasible  de  una  pena  de prisión por un término de 20 años o una multa de medio  millón        de        libras”.   

Artículo   29   del   Código  Penal  de  Israel:   

“Partes en el  delito   

(a)          «Autor»  respecto  de la comisión    de    un    delito,    incluye    a    toda    persona  que  lo  cometa  junto  con  otros  o  indirectamente por  intermedio        de        otros.   

(b)          «Autores      conexos»   son  personas  que participan en la comisión de un delito  cometiendo  actos  que  llevan  a su comisión. Es intrascendente tanto si todos  los  actos  son cometidos conjuntamente o algunos de ellos son cometidos por una  persona     y     otros    son    cometidos    por  otros”.   

A  su  vez,  los  delitos  por  los  cuales  resultó  condenado  el señor ILAN KEDAR en  Israel  también  se  encuentran tipificados en el Código Penal  colombiano (Ley 599 de 2000) de la siguiente manera:   

Artículo  376, modificado por el artículo  14 de la Ley 890 de 2004, donde se prevé:   

“Tráfico,  fabricación  o  porte  de estupefacientes. El que sin  permiso  de  autoridad  competente,  salvo  lo  dispuesto  sobre  dosis para uso  personal,   introduzca  al  país,  así  sea  en  tránsito  o  saque  de  él,  transporte,   lleve   consigo,  almacene,  conserve,  elabore,  venda,  ofrezca,  adquiera,   financie  o  suministre  a  cualquier  título  droga  que  produzca  dependencia  incurrirá  en  prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de  mil    (1.000)    a   cincuenta   mil   (50.000)   salarios   mínimos   legales  mensuales”.   

Entonces,  al  cotejar las normas invocadas  por   el   país   requirente   con  las  disposiciones  internas  de  Colombia,  pacíficamente  se  advierte  que  la conducta de tráfico de estupefacientes se  encuentra penalizada tanto allí como acá.   

Además,  se  observa que el delito anotado  tiene  prevista  una pena mínima de privación de la libertad superior a cuatro  (4)  años  y  no  es  de  carácter  político o de opinión, por consiguiente,  respecto   de   éste   se   encuentra  satisfecho  el  principio  de  la  doble  incriminación.   

Ahora,  es  preciso  agregar  que  como  el  Ministerio  Público  incluye  el delito de fuga para hacer la constatación del  principio  de  doble incriminación, conviene advertir que al no haber decisión  al  respecto,  como este mismo interviniente lo reconoce, no es posible realizar  tal comparación.   

Además,  tanto  en  la  Nota  Verbal  No.  EDI-0108-2008  del 18 de febrero de 2008, mediante la cual se pide la detención  provisional  con  fines  de  extradición,  como  en  la  Nota  Diplomática No.  EDI-0146-2008  del 14 de abril siguiente, donde se formaliza la extradición, se  expresa  que el solicitado es requerido para que cumpla con la pena impuesta por  delitos de tráfico de estupefacientes.   

4.   Equivalencia   de  la  providencia  proferida en el extranjero   

Esta exigencia se orienta a verificar si la  pieza  procesal  ofrecida por el país requirente es equivalente a la condena o,  por  lo  menos,  a  la  acusación  prevista  en  el ordenamiento procesal penal  interno.   

En  el  caso  particular, como la decisión  aportada  es  un  fallo  condenatorio,  es oportuno mencionar que no se trata de  establecer  identidad  de formas entre esa decisión y los requisitos contenidos  en  el  artículo 170 de la Ley 600 de 2000, sino de determinar si materialmente  la  pieza  procesal  ofrecida  es  aquélla  en donde, tras el agotamiento de un  juicio  o actuación supletoria, se precisa la persona procesada, se concreta el  lugar  y  época  de  los  hechos  cometidos  por ésta, los mismos se califican  jurídicamente como delito y se fija una pena.   

Frente  al caso particular, se tiene que el  Estado  requirente allegó copia de la sentencia condenatoria del 18 de abril de  2000    dictada    en   contra   del   señor   ILAN  KEDAR  por  el Tribunal Regional de Haifa, la cual fue  objeto  de  apelación  y  por  ello el Tribunal Superior de Israel modificó la  pena allí fijada.   

Ahora,   dicha  sentencia  en  efecto  se  profirió  tras  haberse llevado a cabo el juicio contra el solicitado, tal como  se  desprende  del  contenido  de la misma y del veredicto aportado por el país  requirente,    pues    en   aquélla   decisión   se   expresó:   “El  acusado  se declaró inocente de todos los delitos que se le  atribuían  en el acta de acusación pero después de escucharse las evidencias,  se   lo   encontró   culpable   en  todo  lo  que  el  acta  de  acusación  le  atribuye”.   

A  su  turno,  en  el referido veredicto se  afirmó  que  “El acusado  fue    llevado   a   juicio   porque…  importó  drogas peligrosas del tipo  de  la  cocaína  de  Colombia  a Israel”.   

De otra parte, el fallo allegado igualmente  precisa  la  persona  que  resultó  condenada, es decir, el señor ILAN  KEDAR, además, en relación con el  lugar  y  época  de  los  hechos,  se  señala  que  de manera detallada están  referidos  en  el  veredicto,  donde  en  efecto  se  expresa  que  “El        acusado…  desde  fines  de  1997 y hasta el  14/1/99,  momento en que fue detenido por efectivos policiales, importó  drogas peligrosas del tipo de la  cocaína   de   Colombia   a   Israel,  y  esto  en  cinco  envíos   por   separado   ejerciendo   tenencia   y   tráfico  de  dichas  drogas”.   

Tales conductas a su vez fueron calificadas  jurídicamente   como   constitutivas   de   los   delitos   de  “importación   y  tráfico  de  drogas  peligrosas”  y      “tenencia      de     drogas  peligrosas”,  los  cuales se encuentran descritos en  los  artículos 13, 19 (a), 7 (a) (c) de la Ordenanza de las Drogas Peligrosas y  en el 29 del Código Penal de Israel.   

Finalmente, tras haberse encontrado culpable  al   señor  KEDAR  de  las  infracciones  anotadas,  fue condenado a 16 años de prisión, pena incrementada  a  18  años  en  virtud  de la apelación que contra esa decisión presentó la  Fiscalía.   

En  estas  condiciones,  es indiscutible la  equivalencia  existente  entre  la  condena  dictada en el país extranjero y la  pieza  procesal  contemplada  en  el  artículo  170  de  la  Ley  600  de 2000.  Naturalmente,  conviene  reiterar,  se  trata  de una identidad material y no de  formas.   

La  Corporación, en consecuencia, concluye  que este último requisito también se cumple.   

Respuesta a los alegatos  

Como  se  comparten  los planteamientos del  Ministerio Público, salvo en  lo  relativo  al  principio  de doble incriminación, tal como quedó anotado al  tocar dicho aspecto, sobra cualquier comentario adicional.   

De  otra  parte,  como  el  cuestionamiento  expresado  por  el defensor del solicitado fue  resuelto  al  revisar el requisito de la plena identidad, no se  hace necesario volver sobre el asunto.   

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA  DE  JUSTICIA,  SALA  DE CASACIÓN PENAL, emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud  de  extradición  del  señor  ILAN KEDAR formulada  por  el  Estado  de  Israel  a  través de su Embajada en  Bogotá,  para  que cumpla la pena de prisión impuesta por el Tribunal Superior  de  Israel  en  decisión  del  12 de septiembre de 2001, el cual incrementó la  originalmente  fijada  por  el Tribunal Regional de Haifa en sentencia del 18 de  abril  de  2000,  tras  haberlo  hallado  culpable  de  delitos  de  trafico  de  estupefacientes.   

Comuníquese por Secretaría de la Sala esta  determinación    al    requerido,    señor    ILAN  KEDAR,  a  su  defensor, al Procurador Cuarto Delegado  para  la  Casación  Penal  y  al  Fiscal  General  de la Nación, para lo de su  cargo.   

Devuélvase la actuación al Ministerio del  Interior y de Justicia, para los trámites subsiguientes de ley.   

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ  

Comisión de servicio  

JOSÉ      LEONIDAS      BUSTOS  MARTÍNEZ                        ALFREDO GÓMEZ  QUINTERO                             

MARÍA   DEL   ROSARIO   GONZÁLEZ   DE  LEMOS               AUGUSTO JOSÉ IBÁÑEZ GUZMÁN   

JORGE  LUÍS  QUINTERO MILANÉS                                                YESID RAMÍREZ BASTIDAS   

JULIO ENRIQUE  SOCHA  SALAMANCA                                          JAVIER ZAPATA ORTÍZ   

TERESA    RUIZ  NÚÑEZ   

Secretaria    

1 En el  presente  caso  se aplica la Ley 600 de 2000 por cuanto los hechos que sustentan  la petición de extradición ocurrieron durante su vigencia.   

2  Nombre  tomado  de  los documentos aportados por el Estado de Israel en apoyo de  la solicitud de extradición.   

3  Es  decir,  la  Ley 600 de 2000 en razón de la época de la comisión de los hechos  que sirven de fundamento a la petición de extradición.   

4  Modificado   por   el  numeral  118  del  artículo  1º  del  Decreto  2282  de  1989.   

5 Cfr.  Concepto del 5 de diciembre de 2007, Radicado No.27799.   

6 Cfr.  Concepto del 22 de julio de 2004. Radicado No. 22206.     

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