28688(28-11-07)

2007

Asistente Jurídico Inteligente

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    Proceso     No  28688   

CORTE   SUPREMA   DE  JUSTICIA   

SALA   DE   CASACIÓN  PENAL   

                                                 Magistrado  Ponente   

                                                 DR.  ALFREDO  GÓMEZ  QUINTERO   

                                               Aprobado Acta  No. 240   

Bogotá, D.C.,veintiocho (28) de noviembre de  dos mil siete (2007)   

VISTOS:  

Dirime  la  Sala el conflicto de competencias  aparentemente   suscitado   entre   los  Juzgados  Segundo  Penal  del  Circuito  Especializado  de  Pasto y Sexto Penal Municipal de Pasto, quienes en su orden y  oportunidad  rehusaran  conocer  del proceso seguido a BELISARIO PINCHAO y JOSÉ  ANTONIO  PINCHAO MAIGUAL, por el delito de extorsión  en cuantía inferior  a 50 S.M.L.M.   

HECHOS  

    

1. Los hechos que concitan la atención  de la Sala fueron resumidos   así:     

“Según  denuncia  formulada por el señor  JOSE  LAUREANO  TIMANA MAIGUAL, el pasado 23 de septiembre de 1998, en la ciudad  de  Pasto, el señor Belisario y un hijo de él lo conminaron a entregar la suma  de  cuatro  millones de pesos.(4.000.000.oo), para no atentar contra su vida, la  de  sus  familiares  y  del  mismo  modo no causarle daño a sus bienes, quienes  manifestaron   que   los   habían   enviado   personas   pertenecientes   a  la  guerrilla”.   

2.    Dicha  denuncia  motivó  a  realizar   la  misión número 683 por la Unidad de Policía Investigativa,  que  obtuvo  como resultado la captura en flagrancia de BELISARIO PINCHAO y LUIS  ANTONIO PINCHAO MAIGUAL en el momento de recibir el dinero.   

3. La investigación contra BELISARIO PINCHAO  y  LUIS  ANTONIO  PINCHAO  MAIGUAL  correspondió a la Fiscalia Décima Local de  Pasto,  no obstante atendiendo el programa de descongestión que se adelantó en  la  Unidad de Fiscalía, se envió el presente asunto a la Fiscalia Novena Local  con  el  fin  de  que  procedería a la calificación del sumario, autoridad que  mediante  resolución  del  13  de  julio  de  1999  los  acusó  como presuntos  responsables del delito de extorsión.   

4.  Correspondió  por  reparto  la  causa al  Juzgado  Cuarto Penal Municipal de Pasto, autoridad que en auto del 21 de agosto  de  2002  ordenó  remitir  por competencia las diligencias al Juzgado Penal del  Circuito  Especializado  de  la  misma  ciudad  con  fundamento en la entrada en  vigencia  de  la  ley 732 de 2002, sin embargo este último, luego de recibir la  actuación  ordenó  su  devolución  de  acuerdo  con  el decreto 2001 del 9 de  septiembre de 2002, por ser la cuantía inferior a 500 SMLMV.   

5.  De  igual  manera  el  Juzgado  Municipal  alegando  el  mismo decreto envió el proceso, ahora, a los Juzgados Penales del  Circuito    –reparto-,  correspondiéndole  al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pasto, despacho que  anuló  la  actuación  en  auto  del  10  de  octubre  de  2002, por no haberse  notificado  en  debida  forma la resolución de acusación desde el 27 de agosto  de  1999,  ordenando  enviar  las diligencias a la Fiscalía Novena Local de esa  localidad.   

6.   Una vez ejecutoriada la resolución  de  acusación   mediante  auto  del  3  de  diciembre  de 2002, el Juzgado  Segundo  del  Circuito  volvió  asumir  el  conocimiento  de  las  diligencias,  llevando   a   cabo   audiencia  preparatoria  el  23  de  abril  de  2003;  sin  embargo    mediante  auto  de  8  de  mayo  de  2003  dispuso  remitir  las  diligencias  al  Juez  Penal  del Circuito Especializado de las misma ciudad, en  virtud  de  que la providencia de abril 29 de 2003 de la H. Corte Constitucional  dejó  sin efectos la prórroga del Estado de Conmoción decretado a través del  Decreto  1837  de  2002, quedando insubsistente, entre otros, el Decreto 2001 de  2002.  Por  lo  tanto consideró que recobró vigencia el artículo 14 de la Ley  733  de  enero  29 de 2002, que atribuyó la competencia para conocer del delito  de  extorsión  sin  consideración  a  la  cuantía  a  los  Jueces Penales del  Circuito Especializados.   

7.  De  las  presentes  diligencias  asumió  conocimiento  el  Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado, que habiendo  fijado  fecha  para  celebrar audiencia pública, resolvió una vez más en auto  del  7  de  julio  de  2004  remitir  las  diligencias  al  Juzgado Cuarto Penal  Municipal  de  Pasto  con  amparo  en  las Sentencias de la Corte Constitucional  C-048/2004   y   C-1064  de  2002  relativas  a  la  exequibilidad  del  decreto  Legislativo   2001   de   2002  y   propuso  alternativamente  –de  no  ser  de  recibo  lo señalado-  colisión negativa de competencia.   

8.  A  su  turno  el  Juzgado  Cuarto  Penal  Municipal  de  Pasto, mediante providencia del 14 de julio de 2004 no compartió  las  razones  expuestas  por el señor Juez Especializado y aceptó el conflicto  propuesto,  ordenando remitir el asunto a la Sala Penal del Tribunal Superior de  Pasto para resolver lo pertinente.   

9. El Tribunal Superior del Distrito Judicial  de  Pasto  Sala  de  Decisión Penal mediante proveído del 1º de septiembre de  2004,    resolvió   atribuir   al   Juzgado  Segundo  Penal  del  Circuito  Especializado  el  conocimiento de las diligencias, con fundamento en el auto de  15  de  julio  de 2003 emitido por esta Colegiatura, mediante el cual conforme a  la  Ley  733  de  2002  se  atribuye la competencia para conocer del ilícito de  extorsión  sin  importar  la  cuantía  a  los Jueces Penales del Circuito  Especializados.   

10.  Nuevamente  el Juzgado Segundo Penal del  Circuito  Especializado  conoció del proceso y llevó a cabo audiencia pública  de  Juzgamiento  el  6  de  octubre de 2004, y encontrándose en consecuencia el  proceso   ad   portas  del  proferimiento  del  fallo  rehúsa  la  competencia1,  esta  vez escudándose en la  Ley  1121  de  2006,  que  establece  como  regla la cuantía para conocer de la  actuación  por  parte  de  la  justicia  especializada,  enviando así el   expediente  a  la  justicia  ordinaria  para  que  se  asigne  al  Juzgado Penal  Municipal  correspondiente,  planteando  de  igual  forma  que en caso de que el  Juzgado  Penal Municipal asignado no comparta la decisión colisión negativa de  competencias.   

11.  Por  reparto  el  Juzgado  Sexto  Penal  Municipal  avocó  conocimiento  del  presente asunto en auto del 20 de junio de  2007  y luego de trascurridos dos meses dispuso en providencia del 22 de octubre  de   la  misma  anualidad  el  envío  de  la  actuación  a  esta  Corporación  argumentando  que  no  es  competente  para conocerla al amparo de la Ley 733 de  2002, promoviendo así conflicto negativo de competencias.   

CONSIDERACIONES:  

Prima  facie ha de  anunciarse  que  el  conflicto de competencias no ha sido debidamente trabado lo  que inhibe a la Sala de su conocimiento.    

De  manera constante la jurisprudencia de la  Corte  viene  sosteniendo  que  para  que  se  entienda correctamente trabado un  conflicto  negativo  de  competencias,  se  requiere  del  cumplimiento  de  los  siguientes presupuestos:   

“a)  Que  el  funcionario  que  está  adelantando  el proceso al estimar que no es competente  para  continuar  conociendo  de él, lo remita a aquel que considere competente,  explicando los motivos que fundamentan su posición.   

“b)  Que  el  funcionario  que  lo  recibe analice los motivos expuestos por quien se declaró  incompetente;  si  no  los  acepta remite el proceso con el auto explicatorio al  superior para que este decida.   

“En este orden de  ideas,  es  lógico  entender que si el funcionario a quien se remite el proceso  admite  las  razones  expuestas por quien inicialmente rechazó la competencia y  en   consecuencia  dispone  continuar  con  el  trámite  del  proceso, tal  decisión  implica  que  agotó  la  fase  procesal  iniciada  para  discutir la  competencia,  de  donde  si  después  encuentra  que  no era el competente para  conocer   del   caso,   debe   provocar   una   nueva  colisión  y  esperar  el  pronunciamiento  del  funcionario  que  inicialmente  rechazó la competencia, a  quien  entonces  le correspondería, de no aceptar las razones expuestas, trabar  el   conflicto  y  remitir  el  proceso  al  superior  para  que  se  decida  de  conformidad2.”  -Autos  de 14 de abril y 9 de junio  de  2004,  Rdos. 22.126 y 22.420, respectivamente, y noviembre 17 de 2005,   Rdo.        24.501,        entre       otros-.3   

Siendo por ello, por lo que la Corte no puede  desatar  un  conflicto  que,  como  en  el  evento presente, no se ha trabado en  debida  forma,  o  dicho de manera sencilla, no puede resolver un conflicto  que  no  ha  surgido.  Ello,  por  cuanto  el  Juez  Segundo  Penal del Circuito  Especializado  de  Pasto  al concluirse incompetente por virtud del advenimiento  de  la  Ley  1121  de  2006  procedió  a  remitir  la  actuación al Juez Penal  Municipal  de  Pasto  (Reparto), autoridad que avocó conocimiento, para luego y  de  ahí el desatino de cara a la colisión de competencias, en forma inconsulta  decidió  abstenerse  de  conocer el presente asunto y aceptar una colisión que  ya no supervivía jurídicamente.   

Si  el Juzgado Municipal dictó un auto en el  cual  asumió  el  conocimiento,  ello  obedeció  a  que  en  su  sentir era el  competente  para conocer, no pudiendo simplemente remitir el proceso a esta Sala  cuando  ya  había pasado por la etapa en la cual podía rehusar la competencia.   

Finalmente   cabe   hacer   una  precisión  adicional,  en  el estudio del proceso se observa que con anterioridad se había  desatado  un  conflicto similar al que ocupa la atención de la Sala, pero en su  ocasión  fue  resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, lo que  de  acuerdo  a la reiterada jurisprudencia de esta Corporación no es dable dado  que  en  los  eventos  donde se encuentre como autoridad colisionante un Juzgado  Especializado,  es  la  Corte  Suprema  de  Justicia  la  llamada  a conocer del  asunto:   

“  No  obstante no aparecer norma expresa  que  faculte  a  la  Sala  de  Casación Penal para conocer de los conflictos de  competencia  que se suscitan entre un Juzgado Penal del Circuito Especializado y  un  Juzgado  Penal  Municipal  de un mismo Distrito Judicial, la Corte ha venido  asumiendo  su  definición,  en  razón  de  la naturaleza del incidente y en el  entendimiento  de que el artículo 18 transitorio de la ley 600 de 2000 apunta a  establecer   que   todo   conflicto   donde  se  halle  involucrado  un  Juzgado  Especializado,  sea  resuelto  por  la Corte, según se infiere de la expresión  asuntos  de  la  jurisdicción penal, que el legislador utiliza, sin distinción  de    lugar   donde   se   suscita   el   problema4.   

Finalmente  no  puede  pasar desapercibida la  Corte  la  demora  en  el  trámite de la actuación, especialmente derivada del  constante   ir   y  venir  del  proceso  entre  juzgados  que  rehusaban  asumir  conocimiento,      sin     que     –como  se  observa-  a  la  fecha  aún  no se ha definido el tema en  virtud de la impropiedad a que se ha hecho referencia.   

Toda  esa  problemática  había  podido  ser  superada  si  alguno de los funcionarios en conflicto se preocupara de consultar  la  reiterada  jurisprudencia  que  sobre el tema ha producido últimamente esta  Sala.   

En  mérito  de  lo expuesto, la CORTE  SUPREMA  DE  JUSTICIA,  Sala  de Casación Penal,   

RESUELVE:  

Abstenerse de desatar el conflicto negativo de  competencia  propuesto  por  el  Juzgado  Sexto  Penal  del  Municipal  de Pasto  (Nariño) a quien se le remitirán las diligencias.   

Contra  esta  decisión  no  procede  recurso  alguno   

Cópiese y cúmplase.  

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO  

SIGIFREDO          ESPINOSA  PÉREZ              MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS   

Comisión de servicio  

AUGUSTO        J.       IBAÑEZ  GUZMÁN                 JORGE                                LUIS                               QUINTERO  MILANÉS                                       

        YESID       RAMÍREZ  BASTIDAS                  JULIO                                ENRIQUE                               SOCHA  SALAMANCA                             

JAVIER ZAPATA ORTIZ  

Teresa Ruiz Núñez  

Secretaria  

    

1 Auto  del 25 de mayo de 2007   

2  C.S.J.   Sala   de   Casación   Penal,   radicación   26922,  7  de  marzo  de  2007   

3 C. S.  de   J.,   Sala  de  Casación  Penal,  Auto  de  14  de  marzo  de  2006,  Rdo.  25.208.   

4 Cfr.  Radicados  19200 de 19 de marzo de 2002, 19354 de 30 de abril de 2002 y 27207 de  16 de mayo de 2007, entre otros.     

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