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JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
Magistrado ponente
CP043-2024
Radicación No. 61357
(Aprobado Acta No.005)
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticuatro (2024).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, la Sala procede a rendir el concepto que en derecho corresponde en relación con la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Aldemar Soto Charry, efectuada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
ANTECEDENTES
1.- Mediante Nota Verbal No. 1150 del 5 de agosto de 2019, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su embajada en Colombia, reclamó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano Aldemar Soto Charry, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.117.331, quien es «requerido para comparecer a juicio por un delito de concierto para el tráfico de narcóticos. Es el sujeto de la acusación formal No. 1:19-cr- 233, dictada el 9 de julio de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia (…)».
2.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 509 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía General de la Nación, con Resolución del 6 de agosto de 2019, decretó la captura con fines de extradición del mencionado, quien fue aprehendido por miembros de la Policía Nacional, el 8 de ese mismo mes y año, con fundamento en la mencionada orden de captura.
3.- La embajada de los Estados Unidos de América formalizó la petición de extradición con la Nota Verbal No. 1637 del 4 de octubre de 2019 y adjuntó los siguientes documentos debidamente traducidos al idioma español:
3.1.- Declaración de apoyo a la solicitud rendida bajo juramento por Kevin L. Rosenberg, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
3.2.- La reproducción de las normas aplicables al caso.
3.3.- Copia de la acusación formal Núm. 1:19-cr-233 dictada el 7 de mayo de 2019 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Columbia.
3.4.- Copia de la orden de aprehensión de la misma fecha, emitida por la citada autoridad judicial.
3.5.- Declaración de apoyo rendida bajo juramento por Adrian Chindgren, Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
3.6.- Copia del informe sobre consulta web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, respecto de Aldemar Soto Charry.
3.7.- Certificados relacionados con la legalización y autenticidad de tales documentos:
i) Expedido por Frances Chang, Directora Asociada a la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Penal, en el cual hace constar que la declaración juramentada de Kevin L. Rosenberg, realizada en apoyo de la solicitud formal de extradición, es el documento original y se conservan «copias fieles» en los archivos oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América en Washington D.C.
ii) Expedido por William P. Barr, Procurador de los Estados Unidos, en el cual hace constar que al anterior documento «he hecho estampar el Sello del Departamento de Justicia y solicitado al Director/Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales que dé fe de mi firma».
iii) Diligencia del consulado de Colombia en Washington en la cual manifiesta que la firma de Dennis Wollen «es auténtica y se encuentra registrada ante este Consulado».
4.- La Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante oficio DIAJI No. 2598 de 7 de octubre de 2019, remitió copia de la documentación pertinente y sus anexos al Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho.
5.- Estando dentro del término de 5 días para revisar la documentación allegada por vía diplomática (artículo 497 de la Ley 906 de 2004), la Secretaría Judicial de la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, mediante Oficio No. OSJSR-E-0730 del 15 de octubre de 2019, envío copia de la decisión de 10 de octubre de 2019 proferida por el Despacho del Magistrado Adolfo Murillo Granados, en la que le ordenaba al Ministerio de Justicia y del Derecho que una vez se encontrara perfeccionado el expediente de extradición, se remitiera de forma inmediata a esa Jurisdicción.
6.- El Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio MJD-EXT19-0031687 del 21 de octubre de 2019 dispuso el envío de la documentación presentada por vía diplomática, traducida y legalizada, dando cumplimiento a lo ordenado.
7. La Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, mediante providencia SRT-AE-007/2021 de 14 de julio de 2021, resolvió negar la aplicación de la garantía de no extradición contenida en el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 solicitada por el señor Aldemar Soto Charry.
8.- Mediante oficio No. QSR-173 de 4 de abril de 2022, la Secretaría Judicial de ese tribunal, remitió el expediente digital de Garantía de no extradición bajo radicado Legali No. 9006324- 75.2019.0.00.0001 a esta Corporación para que se iniciara el trámite de extradición.
9.- Por auto del 3 de mayo de 2022, la Sala reconoció personería jurídica al defensor público asignado a Aldemar Soto Charry y ordenó surtir el traslado para solicitar pruebas previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004.
Sin embargo, el 6 de mayo de 2022 el requerido presentó un memorial donde le otorgaba poder a un abogado de confianza.
10.- Finalizado el término establecido en la ley para la solicitud de práctica de pruebas, la Sala profirió el auto AP1486-2023 del 23 de mayo de 2023, en la cual requirió, de oficio, a la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol DIJIN para que informara si existen actuaciones penales adelantadas en contra de Aldemar Soto Charry.
Sumado a esto, también requirió a esta última entidad para que, por sí misma o a través de las autoridades competentes, realizara un examen dactiloscópico a la persona que fue capturada como consecuencia de la Resolución emitida por la Fiscalía General de la Nación el 6 de agosto de 2019 con fundamento en la Nota Verbal No. 1150 del 5 de agosto de 2019, para acreditar, sin lugar a duda, si es Aldemar Soto Charry.
Por último, se denegaron la totalidad de las solicitudes probatorias efectuadas por el apoderado judicial del requerido en extradición.
11.- Contra la providencia anterior, el apoderado judicial de Aldemar Soto Charry interpuso recurso de reposición, por lo que la Sala, mediante el auto AP3019-2023 del 4 de octubre de 2023, decidió mantener incólume la providencia recurrida.
12.- Finalmente, mediante auto del 12 de octubre de 2023, se habilitó la oportunidad para la presentación de alegatos finales.
Alegatos de los intervinientes.
1.- Del delegado del Ministerio Público.
El delegado del Ministerio Público, al encontrar satisfechas las exigencias convencionales y legales, solicitó que se conceptúe favorablemente a la petición de extradición e instó a que se exhorte al Gobierno Nacional para que advierta al país reclamante sobre el reconocimiento de los derechos y garantías de Aldemar Soto Charry.
2.- Del apoderado judicial del requerido.
Por otra parte, el abogado de confianza designado por Aldemar Soto Charry, luego de realizar un recuento del contexto fáctico que concierne a su representado, argumentó que en el presente trámite se está vulnerando el derecho fundamental al debido proceso de su poderdante, porque la Sala se abstiene injustificadamente de constatar que los hechos endilgados en la solicitud de extradición realmente acaecieron por fuera del territorio colombiano y, además, por negar la solicitud probatoria que, a su parecer, era conducente para esclarecer tal circunstancia.
Reiteró que de la acusación formal o de las declaraciones de apoyo a este documento no se puede desprender que las conductas atribuidas a Aldemar Soto Charry se hayan materializado en los Estados Unidos de América y, mucho menos, que dicho ciudadano en algún momento haya viajado a dicho país.
Aunado a esto, cuestionó que la acusación formal remitida por el Gobierno del Estado requirente cumpla con los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 495 de la Ley 906 del 2004, toda vez que no indica con claridad los hechos atribuidos o el lugar o fecha de su materialización, falencia que, a su criterio, tampoco se cumple con los demás documentos que obran en el expediente, lo cual, también, constituye una violación al derecho fundamental al debido proceso de su prohijado.
Afirmó que «faltaría a la sindéresis jurídica» que se aplicaran al delito de concierto para delinquir reglas de la teoría de la ubicuidad que es propia de otras conductas punibles, como el tráfico de estupefacientes que se efectúa internacionalmente, comoquiera que esta última conducta punible no fue endilgada a Aldemar Soto Charry y, además, la presunta concertación no fue realizada en el exterior.
Por otra parte, recalcó que su poderdante se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz y está pendiente por finalizar las actuaciones correspondientes para reparar a las víctimas, lo que considera que debe estimarse por la Sala al emitirse el concepto que en derecho corresponda, ponderando los derechos de las víctimas en la jurisdicción especial.
CONSIDERACIONES
1.- Aspectos generales sobre la extradición
La jurisprudencia constitucional ha señalado que, en relación con el trámite de extradición, la Constitución estableció un sistema estricto de fuentes formales y materiales, en el cual los tratados públicos se aplican de forma «principal y preferencial» y la ley rige de manera «subsidiaria o supletoria».1
En ese orden, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia está en el deber de verificar, de forma preliminar, el cumplimiento de lo previsto en la Carta Política y, una vez finalizada esa labor, realizar el análisis formal del pedido de extradición. No podrá emitir un concepto favorable si observa que la solicitud puesta a su consideración desconoce las previsiones constitucionales.
Ese entendimiento, se basa en el mandato constitucional irrestricto dirigido a esta Corporación, en su condición de órgano límite de la jurisdicción ordinaria, de salvaguardar los derechos y garantías fundamentales de todas las personas, de conformidad con los artículos 1º, 2º, 4º y 230 ibídem, sobre los fines esenciales del Estado social de derecho, la supremacía de la Constitución Política frente a cualquier otra norma jurídica y la autonomía de la función judicial.
2.- Las previsiones constitucionales sobre la materia y la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
El artículo 35 de la Constitución Política señala: i) «la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana», ii) «no procederá por delitos políticos» ni iii) cuando «se trate de hechos cometidos con anterioridad» al 17 de diciembre de 1997, fecha en la que entró a regir el Acto Legislativo No. 01 de 1997.
Por su parte, el inciso 1° del artículo transitorio 19° del Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017 dispone:
No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema y en particular de la Jurisdicción Especial para la Paz, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia.
A continuación, se verificarán las referidas exigencias.
2.1.- Como se verá en el acápite referente a la doble incriminación, las conductas por las cuales se solicita en extradición a Aldemar Soto Charry son consideradas también delitos en Colombia.
2.2.- En cuanto a la determinación del lugar de ocurrencia de los ilícitos que motivan la solicitud de extradición, en la declaración de apoyo rendida por Adrian Chindgren se indicó que Aldemar Soto Charry hace parte de una organización narcotraficante, la cual «entre aproximadamente el 2018 y 2019, concertaron para distribuir múltiples miles de kilogramos de cocaína, elaborada en Colombia, a representantes de una organización narcotraficante mexicana con conocimiento y razón para creer que la droga se traficaría a los Estados Unidos».
De conformidad con lo anterior, a la luz de la teoría mixta o de la ubicuidad,2 empleada por la jurisprudencia y la doctrina para determinar el factor territorial en los casos de delitos trasnacionales, el concierto para delinquir y el tráfico de estupefacientes, se entienden ejecutadas también en el territorio del Estado requirente y, por esa misma razón, cometidas en el extranjero.
Frente a esto punto, a pesar de la visión del apoderado judicial de Aldemar Soto Charry sobre tal aspecto, la teoría de la ubicuidad aparece como factor determinante en lo que concierne con el delito de concierto para delinquir, porque surge determinante examinar dónde se materializaran sus efectos. No solo se aborda donde se desplegó el acto de concertar, sino también el lugar donde se producen o debieron producirse los delitos objeto de esta empresa criminal. Además, no se puede dejar de lado que en este asunto el cargo incluye una presunta comisión del delito de tráfico de estupefacientes.
Esta es una postura pacifica de la Sala, tal como se puede evidenciar en la providencia CP137-2023:
Pues bien, para determinar el lugar de ocurrencia del delito, la Sala de Casación Penal de esta Corporación tiene pacíficamente establecido que en Colombia aplica la teoría mixta o de la ubicuidad, por virtud de la cual los delitos se entienden cometidos en (i) el lugar donde se desarrolló total o parcialmente la acción, (ii) el lugar donde debió realizarse la acción omitida y (iii) en el sitio donde se produjo o debió materializarse el resultado.
Pues bien, frente a los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, es claro que la conducta estaba dirigida a producir efectos en los Estados Unidos, por lo que es posible concluir, con facilidad, que el delito también ocurrió en ese país extranjero, de manera que se satisface el requisito constitucional antedicho: (…)3
En ese orden de ideas, comoquiera que dentro de la documentación remitida por el Gobierno de los Estados Unidos de América se advierte que se endilgan unos delitos cuyos efectos debieron materializarse en dicho país, también se entienden cometidos en el territorio de ese Estado, cumpliéndose de tal forma el requisito examinado.
2.3.- Por otra parte, la conducta delictiva por la cual se adelanta una investigación contra el requerido en el país reclamante no tiene la calidad de delito político o políticamente motivado.
2.4.- Ahora, en la acusación formal presentada contra Aldemar Soto Charry se indicó que el singular cargo atribuido se consumó «desde octubre de 2018, o alrededor de esa fecha, y continuando hasta incluso el 25 de junio de 2019 (…)».
Ese dato informa que los hechos que fundamentan la solicitud acontecieron con posterioridad al inicio de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 1997.
2.5.- Tampoco opera la prohibición de conceder la extradición de integrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC-EP contenida en el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, en razón a que la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz negó esta garantía con la providencia SRT-AR-007/2021 del 14 de julio de 2021, decisión que fue posteriormente confirmada con el auto TP-SA-GNE-279 del 22 de diciembre de 2021.
En resumen, se observa que el pedido de extradición no contraviene las limitaciones constitucionales previamente señaladas y, por esa razón, la Sala procederá a evaluar el cumplimiento de los requisitos convencionales y legales.
Dado que el tratado de extradición suscrito entre Colombia y los Estados Unidos de América, el 14 de septiembre de 1979, no es aplicable en el orden interno debido a la inconstitucionalidad de la Ley 27 de 1980, declarada por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 12 de diciembre de 1986,4 se procederá a evaluar la solicitud de conformidad con las pautas contenidas en los artículos 493 y 502 del Código de Procedimiento Penal.
El último precepto establece que el concepto a cargo de esta Corte debe fundamentarse en aspectos relacionados con: i) la validez formal de la documentación presentada; ii) la acreditación de la plena identidad del solicitado; iii) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero con la acusación; iv) la doble incriminación de la conducta imputada y v) el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos, cuando fuere el caso.
Además, es claro que los delitos en los cuales se adecúan los hechos que motivan la extradición están sancionados con pena de prisión no menos a 4 años, lo cual satisface lo exigido por el artículo 493.1 del mismo código, requisito que también se supedita su ofrecimiento u otorgamiento.
Lo anterior conforme a lo establecido en la providencia CSJ CP163-2021 del 27 de oct. 2021 rad. 56386, la cual aclaró que la disposición aplicable es la «vigente para la fecha en que se inició el trámite de extradición a instancias del país requirente.» en los casos donde no hay tratado entre las partes, como sucede con Estados Unidos de América.
3.1.- Validez formal de los documentos aportados
La normatividad procesal exige que la solicitud de extradición se haga por vía diplomática, o de manera excepcional por la consular o de gobierno a gobierno, acompañada de los siguientes documentos e información, en la forma establecida en la legislación del Estado requirente: i) copia o transcripción auténtica de la sentencia, de la resolución de acusación o su equivalente; ii) indicación de los actos que determinan la solicitud de extradición y señalamiento del lugar y la fecha en que fueron ejecutados; iii) inclusión de los datos que sirven para establecer la identidad plena de la persona reclamada; y iv) la reproducción certificada de las disposiciones penales aplicables.5
El artículo 251 del Código General del Proceso -inciso 2º- establece que los documentos públicos otorgados en país extranjero por sus funcionarios, o con su intervención, deben presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, o en su defecto por el de una nación amiga, y que su firma debe ser abonada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticarán previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano.6
Esas exigencias formales están satisfechas como se evidenció en la reseña de los documentos anexos al pedido formal de extradición – Nota Verbal No. 1637 del 4 de octubre de 2019 -, revisada en el numeral 3 del acápite de antecedentes, los cuales fueron aportados en traducción al español y debidamente autenticados.
No son de recibo los reproches plantados por el apoderado judicial de Aldemar Soto Charry respecto de un aparente incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 495 de la Ley 906 del 2004, comoquiera que, al examinar de forma integral del expediente, se puede advertir cuáles son los actos que fundamentaron la solicitud de extradición efectuada por el Estado requirente, así como la posible fecha y lugar de su realización, tal como se expondrá con más detalle en un acápite posterior.
En las anotadas condiciones, la documentación que acompaña la solicitud de extradición resulta apta para ser considerada por la Corte en este concepto.
3.2.- Plena identidad de la persona reclamada
El Gobierno de los Estados Unidos de América solicitó la entrega del ciudadano colombiano Aldemar Soto Charry, nacido el 27 de febrero de 1960 en Neiva (Huila), portador de la cédula de ciudadanía No. 12.117.331.
En el informe de laboratorio de dactiloscopia forense del 22 de junio de 2023, prueba que fue solicitada de oficio por la Sala, se determinó lo siguiente:
Una vez realizada la confrontación dactiloscópica entre las impresiones dactilares que obran en el documento descrito en el ítem 8.1 (tarjeta decadactilar) y las impresiones dactilares que obran en el documento descrito en el numeral 4 (Informe de Visita Detallada de la Consulta), se verifica que CORRESPONDEN ENTRE SI, teniendo en cuenta que coinciden en cuando al tipo de dactilograma, una trayectoria continua en el seguimiento de crestas papilares y la ubicación de suficientes puntos característicos de acuerdo a su emplazamiento y correlación. En tal virtud, se toman como referencia para realizar la gráfica de confrontación dactiloscópica, las impresiones dactilares discriminadas como 7. ÍNDICE e Índice Izquierdo respectivamente.
9. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS/CONCLUSIONES
Realizado el estudio de orden técnico al material allegado, se concluye que:
Se realizó procedimiento de verificación de plena identidad para la persona a quien corresponden las impresiones dactilares que obran en la tarjeta decadactilar descrita en el ítem 8.1. es: SOTO CHARRY ALDEMAR identificado con Número Único de Identificación Personal (NUIP) 12.117.331 expedida en Neiva, Huila.
Con base en lo anterior, se concluye que la persona detenida por las autoridades colombianas es la misma que está siendo solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos de América en extradición.
3.3. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero
En atención a lo establecido en el numeral 2 del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, la decisión contentiva de los cargos elevados contra la persona reclamada en extradición debe asemejarse formal y sustancialmente con la acusación,7 es decir, con el acto introductorio a la fase del juicio, a través del cual el Estado inculpa a una persona determinada de violar la ley penal, a partir del señalamiento de los delitos así como de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dice ocurrió la ejecución de los mismos, con el propósito de ofrecerle la posibilidad de conocerlos y enfrentarlos.
Como se ha dicho con anterioridad, en contra del requerido en extradición existe la acusación formal Núm. 1:19-cr-233 dictada el 7 de mayo de 2019 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Columbia.
Se evidencia que ese documento registra las siguientes similitudes con la acusación prevista en nuestro ordenamiento procesal penal: a) se trata de un pliego concreto de cargos contra el acusado para que se defienda de ellos en el juicio; b) una vez formulado, se inicia el juzgamiento que finaliza con el respectivo fallo de mérito y c) en él se señalan de forma sucinta los hechos y la calificación jurídica de las conductas, con indicación de las disposiciones sustanciales aplicables. En consecuencia, se tendrá por acreditada esta exigencia.
3.4.- La doble incriminación de las conductas imputadas
Es necesario comprobar en este aspecto, que los comportamientos por los cuales se reclama la extradición sean también previstos como delito en Colombia, al igual que se señale para estos, en nuestra legislación, una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años.
3.4.1.- La solicitud de extradición se fundamenta en la acusación formal Núm. 1:19-cr-233 dictada el 7 de mayo de 2019 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Columbia, la cual se apoya en los supuestos fácticos que se anuncian a continuación:
El gran jurado emite la siguiente acusación:
CARGO UNO
Cantidad de cocaína involucrada en el concierto para delinquir
Con respecto a los acusados MAURICIO MAZABEL SOTO, ALDEMAR SOTO CHARRY y ALFREDO MOLINA CUTIVA, la sustancia controlada narcótica involucrada en el concierto que se atribuye a cada acusado como resultado de sus propias conductas y la conducta de otros cómplices que razonablemente debieron preveer es cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, en contravención de la Sección 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
De otro lado, en la declaración jurada en apoyo a la solicitud de extradición que rindió Adrian Chindgren, Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) se manifestó lo siguiente:
I. RESUMEN
7. Una investigación realizada por las autoridades del orden público de Estados Unidos y Colombia identificaron una organización narcotraficante (la DTO, por sus siglas en inglés), la cual, entre aproximadamente el 2018 y el 2019, concertaron para distribuir múltiples miles de kilogramos de cocaína, elaborada en Colombia, a representantes de una organización narcotraficante mexicana con conocimiento y razón para creer que las drogas se traficarían a los Estados Unidos.
8. Esta investigación se inició aproximadamente en agosto de 2018, por la Oficina de la DEA Nacional en Bogotá y la Unidad de Investigaciones Sensitivas (SIU) del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Colombia, enfocándose en las actividades de tráfico de cocaína de un grupo de individuos conocidos como miembros de la organización DTO. La investigación reveló que SOTO CHARRY y MOLINA CUTIVA eran miembros de la organización DTO.
II. PRUEBAS
9. En agosto de 2018, o alrededor de esa fecha, la DEA comenzó a colaborar con una fuente confidencial (FC-1) para investigar la organización DTO. Comenzando en agosto de 2018, la FC-1 comenzó a proporcionar información a las autoridades del orden público estadounidenses y colombianas que operaban en Colombia en relación con las actividades narcotraficantes en curso de la organización DTO. Comenzando en septiembre de 2018, la FC-1 tuvo varias reuniones con SOTO CHARRY, y la FC-1 habló de la posibilidad de coordinar ventas de cocaína a gran escala de la organización DTO a cárteles mexicanos de drogas. Durante esas reuniones, la FC-1 se presentó como que estaba trabajando en nombre de otro individuo de Guatemala (una segunda fuente confidencial mencionada como FC-2). La FC-2 se hizo pasar por un intermediario de grandes tratos de drogas con miembros de alto rango del antiguo Cártel Mexicano del Golfo y otras organizaciones mexicanas de narcotráfico. El Cártel del Golfo es conocido por operar en la frontera de Estados Unidos y México para embarcar drogas de Colombia a cárteles operando en la frontera sur de los Estados Unidos con la intención de que esas drogas se importaran a los Estados Unidos.
10. Durante la investigación, los agentes del orden público utilizó a las FC-1 y FC-2 para entablar negociaciones directamente con SOTO CHARRY, MOLINA CUTIVA y Mazabel Soto (todos miembros de la misma organización DTO colombiana) en relación con la compra de cocaína colombiana para organizaciones narcotraficantes mexicanas, con el entendimiento expreso claro de que esas drogas iban con destino final a los Estados Unidos. Con el uso de las FC-1 y FC-2, se capturaron un gran número de declaraciones grabadas en audio y video. Esas conversaciones fueron grabadas legalmente usando aparatos de grabación encubiertos que portaban las FC-1 y FC-2. En esas conversaciones grabadas, SOTO CHARRY, MOLINA CUTIVA y Mazabel Soto hablaron libremente de sus afiliaciones a la organización DTO, las prácticas para procurar coca cruda y materiales de base de cocaína en Colombia, la participación en la elaboración del clorhidrato de cocaína en laboratorios de drogas, el contrabando de múltiples toneladas de cocaína de Colombia al área de Manta, Ecuador, y la exportación del mismo transporte por vía marítima en el Océano Pacífico. Durante la investigación, SOTO CHARRY, MOLINA CUTIVA y Mazabel Soto informaron repetidamente a la FC-1 que tenían la habilidad de coordinar la venta de la cocaína de su organización DTO a la FC-2 y los clientes mexicanos que operaban a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México. La FC-1 informó a los miembros de la organización DTO que las organizaciones mexicanas de narcotráfico que recibían esos embarques de cocaína traficarían al final las drogas a los Estados Unidos.
11. Durante varios meses, las FC-1 y FC-2 negociaron los términos de la compra de múltiples miles de kilogramos de cocaína de SOTO CHARRY, MOLINA CUTIVA y Mazabel Soto, en nombre de organizaciones mexicanas de narcotráfico. Ellos también hablaron de un plan para invertir dinero de la organización mexicana de narcotráfico con SOTO CHARRY, MOLINA CUTIVA y Mazabel Soto para la construcción de un laboratorio de cristalización de cocaína con una alta capacidad de producción. Como parte de esas negociaciones, la FC-1 solicitó que se usara una marca de kilogramo de una “D” en inglés antiguo para la cocaína elaborada en este laboratorio dedicado porque un alto porcentaje de esas drogas se traficarían al final a Detroit, Michigan, en los Estados Unidos. Se explicó que la “D” en inglés antiguo era un símbolo reconocible de un equipo deportivo de Detroit, Michigan y atraería al mercado local.
12. El 3 de octubre de 2018, la FC-1 se reunió con SOTO CHARRY en Neiva, Colombia, y le presentó a la FC-2. Una vez que se conocieron, SOTO CHARRY y la FC-2 participaron en conversaciones sobre la venta y compra de múltiples miles de kilogramos de cocaína, así como que la FC-2 ayudara a SOTO CHARRY con la venta de propiedades inmobiliarias que eran propiedad secreta de miembros de alto rango de la organización DTO para recuperar el dinero invertido. Las FC-1, FC-2 y SOTO CHARRY después viajaron por carro de Neiva a Garzón, Colombia, con el fin de participar en más reuniones con miembros adicionales de la organización DTO que estarían involucrados en el acuerdo de tráfico de cocaína propuesto a la FC-2 y las organizaciones mexicanas narcotraficantes que representaba. En Garzón, Colombia, SOTO CHARRY le presentó a la FC-2 a Mazabel Soto. Mazabel Soto se hizo pasar como miembro de la misma organización DTO que SOTO CHARRY. Mazabel Soto declaró que él era un individuo con las conexiones necesarias con propietarios u operadores de laboratorios de producción de cocaína para garantizar que la cocaína se elaborara para cumplir con las órdenes de múltiples miles de kilogramos que se estaban tratando en las negociaciones hasta ese momento.
13. Durante octubre y noviembre de 2018, SOTO CHARRY, Mazabel Soto y la FC-1 se mantuvieron en contacto y participaron en múltiples reuniones para hablar del trato propuesto de suministro a la FC-2 y las organizaciones mexicanas de narcotráfico con cocaína colombiana. Durante este período, la FC-1 capturó múltiples conversaciones grabadas encubiertamente de SOTO CHARRY y Mazabel Soto hablando claramente del proceso necesario para la aprobación de los cabecillas de su organización DTO colombiana para entablar ese tipo de acuerdo comercial con la FC-2 y los mexicanos.
14. El 30 de noviembre de 2018, SOTO CHARRY, Mazabel Soto y la FC-1 participaron en una reunión con MOLINA CUTIVA, un miembro de la misma organización DTO. Este 30 de noviembre de 2018, se llevó a cabo una reunión en una finca que pertenecía a MOLINA CUTIVA, un miembro de alto rango de la organización DTO. Mazabel Soto, SOTO CHARRY y MOLINA CUTIVA realizaron una reunión por separado y aparte de la FC-1 para hablar de la propuesta de negocios. Después de que concluyó esta reunión separada, Mazabel Soto y SOTO CHARRY regresaron con la FC-1 y le informaron que MOLINA CUTIVA poseía uno de los laboratorios de cristalización de cocaína más grandes de la organización DTO y que MOLINA CUTIVA estaba a cargo de toda la logística para la transferencia del clorhidrato de cocaína de Colombia a Ecuador. Mazabel Soto y SOTO CHARRY también le informaron a la FC-1 que MOLINA CUTIVA había acordado suministrar toda la cocaína necesaria para el acuerdo de negocios y que MOLINA CUTIVA le podría tener la cocaína disponible a las FC-1 y FC-2 en Manta, Ecuador.
15. Al día siguiente, la FC-1 viajó con Mazabel Soto y SOTO CHARRY a la zona de Florencia, Colombia, para reunirse con dos líderes de alto nivel de la organización DTO. A la FC-1 no se le permitió asistir a esta reunión, sin embargo, cuando regresaron Mazabel Soto y SOTO CHARRY informaron a la FC-1 que los líderes de la organización DTO los habían autorizado para proceder con el trato para suministrarle a la FC-2 y a los mexicanos un embarque inicial de 600 kilogramos de cocaína al que se seguirían los 1.000 kilogramos programados regularmente dos veces por semana.
16. El 16 de marzo de 2019, las FC-1 y FC-2 realizaron una reunión con Mazabel Soto y MOLINA CUTIVA en Cali, Colombia, para hablar de tráfico de cocaína. MOLINA CUTIVA y Mazabel Soto hablaron abiertamente de sus negocios de elaborar las drogas para venderlas. Ellos hablaron de cómo iban a entregar las drogas en Manta, Ecuador, antes de embarcar las drogas por mar. Ellos les dijeron a las FC-1 y FC-2 que la capacidad de las embarcaciones era de 450 kilogramos y la capacidad de las “lanchas rápidas” era de 1.000 kilogramos. MOLINA CUTIVA y Mazabel Soto les dijeron a la FC-1 y FC-2 que una organización DTO mexicana aparte había comprado su suministro de cocaína actual de Manta, Ecuador, pero MOLINA CUTIVA y Mazabel Soto proponían un nuevo acuerdo con las FC-1 y FC-2. MOLINA CUTIVA y Mazabel Soto ofrecían construir un laboratorio de procesamiento de cocaína dedicado exclusivamente a la FC-2. Ellos solicitaron un pago inicial de $2.000.000 de dólares estadounidenses y explicaron que la FC-2 recibiría los primeros 1.000 kilogramos de cocaína gratuitamente y después pagarían una cantidad adicional de $1.600 por kilogramo de cocaína después de eso. MOLINA CUTIVA y Mazabel Soto explicaron que el laboratorio podría producir 1.000 kilogramos de cocaína cada 15 días. MOLINA CUTIVA le dijo a la FC-1 y FC-2 que MOLINA CUTIVA le ofrecería el título de sus propiedades como colateral a la FC-2 si la organización de la FC-2 hacía la inversión de los $2.000.000 dólares estadounidenses.
17. Como seguimiento adicional a estas negociaciones, la FC-1 pidió una muestra de la cocaína para probar la calidad de la misma que podían esperar recibir con la inversión solicitada de los $2.000.000 dólares estadounidenses. El 8 de abril de 2018, Mazabel Soto se reunió con la FC- 1 y un Agente Encubierto de la Policía Nacional Colombiana (PNC) en Bogotá, Colombia, y entregó aproximadamente cinco kilogramos de cocaína al Agente Encubierto en Bogotá, Colombia. Durante la entrega, la FC-1 le dijo a Mazabel Soto que la cocaína iba a ir directamente a Miami, Florida, y que la cocaína necesitaba ser de alta calidad. Mazabel Soto contestó que la cocaína tendría más de un nivel de pureza del 96, 97 por ciento. La transferencia física de esos cinco kilogramos la hizo Mazabel Soto al Agente Encubierto de la PNC en Bogotá, Colombia, con el conocimiento y la aprobación de otros miembros de la organización DTO.
3.4.2.- De acuerdo con los soportes, las imputaciones contenidas en la referida acusación están sustentadas en las siguientes disposiciones:
Sección 812 del Título 21 del Código de los Estados Unidos. Categorías de sustancias controladas.
a. Establecimiento:
Existen cinco categorías establecidas de sustancias controladas, conocidas como las categorías I, II, III, IV y V….;
(c) Categorías iniciales de sustancias controladas
Las Categorías I, II, III, IV y V… constarán de las siguientes drogas u otras sustancias …;
Categoría II
a. A menos que se haga una excepción específica o a menos que se enumere en otra lista, cualquiera de las siguientes sustancias, producidas directa o indirectamente por la extracción de sustancias de origen vegetal, o independientemente por medio de la síntesis química, o por una combinación de extracción y síntesis química …
(4) hojas de coca, excepto las hojas de coca y los extractos de las hojas de coca de las cuales se haya extraído cocaína, ecgonina y los derivados de la ecgonina o sus sales; la cocaína, sus sales, los isómeros ópticos y geométricos y las sales de isómeros; la ecgonina, sus derivados, sus sales, isómeros y sales de isómeros; o cualquier compuesto, mezcla o preparación que contenga cualquier cantidad de cualquiera de las sustancias mencionadas en este párrafo.
Sección 959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos. Posesión, elaboración o distribución de sustancias controladas.
(a) Elaboración o distribución con la finalidad de importación ilícita.
Será ilegal para cualquier persona el elaborar o distribuir una sustancia controlada de la categoría I o II… con la intención, el conocimiento, o teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia … sería importada ilícitamente a los Estados Unidos o a aguas dentro de una distancia de 2 millas de la costa de los Estados Unidos….
Sección 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos. Actos prohibidos A.
(a) Actos ilícitos
Toda persona que –
(1) en contravención de las secciones 825, 952, 953 o 957 de este título, a sabiendas o intencionalmente importe o exporte una sustancia controlada, …;
(3) en contravención de la sección 959 de este título, elabore, posea con la intención de distribuir, o distribuya una sustancia controlada,
será castigada según se establece en la sección (b) de esta sección.
(b) Penas
(1) En el caso de una violación a la subsección (a) de esta sección que implique –
(ii) cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos, y sales o isómeros; ….
la persona que cometa dicha violación será sentenciada a un período de encarcelamiento de no menos de 10 años y no más de cadena perpetua… una multa que no exceda lo máximo autorizado de acuerdo con las disposiciones del título 18, o $10.000.000… un período de libertad supervisada de por lo menos 5 años, además del período de encarcelamiento.
Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos. Tentativa y concierto para delinquir.
Toda persona que intente cometer o concierte para cometer algún delito definido en este subcapítulo, estará sujeta a los mismos castigos que los que se ordenen para el delito cuya realización fue el objetivo de la tentativa o del concierto para delinquir.
Sección 3282 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. Delito no capital.
(a) En general – Salvo como se disponga expresamente por la ley, ninguna persona será procesada, juzgada ni castigada por ningún delito, que no sea capital, a menos que la acusación formal o la querella se establezca dentro de un plazo de cinco años a partir de que se haya cometido dicho delito.
4.4.3.- En la legislación colombiana, las conductas descritas corresponden a los delitos de «concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes agravado», tipificados en los artículos 340, 376 y 384 del Código Penal los cuales se transcriben a continuación:
Artículo 340.
Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.
Cuando el concierto sea para cometer delitos de (…) tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias sicotrópicas, (…) lavado de activos, (…), la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 376.
El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 384.
El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos:
3. Cuando la cantidad incautada sea superior (…) a cinco (5) kilos si se trata de cocaína (…).
3.4.5.- En conclusión, el cargo indicado en la acusación formal configura un delito tanto en Colombia como en ese país, y, además, en ambos sistemas normativos el legislador dispuso una pena mínima de privación de la libertad en monto superior a los cuatro años.
4.- Circunstancias que inhiben la procedencia de la solicitud de extradición
Además de lo establecido en los artículos 493 y 502 del Código de Procedimiento Penal, esta Corte habilitó la revisión de algunas circunstancias que inhiben la procedencia de la solicitud, relacionadas con la inobservancia del principio de non bis in ídem8.
4.1.- El «concierto para delinquir agravado y el tráfico de estupefacientes agravado», como se dijo en un inicio, son delitos comunes y no se inscriben en las categorías señaladas y por las cuales se proscribe la extradición.
4.2.- Mediante un auto datado al 24 de mayo de 2023, la Sala requirió a la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, para que consultaran en sus respectivas bases de datos si obraban registros de alguna actuación seguida contra Aldemar Soto Charry.
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional comunicó que contra el requerido existen dos sentencias condenatorias vigentes, una emitida en el proceso identificado con el radicado 410013107002200400039, que corresponde a una sanción penal por 358 meses por ser encontrado penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado y rebelión, mientras que la segunda fue proferida en el marco del proceso 200400039, donde fue condenado por los punibles de homicidio agravado, homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio y terrorismo a una pena de 387 meses.
Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones, indicó que al consultar «los sistemas misionales SPOA y SIJUF» encontraron que figuran dos investigaciones reportadas como activas, una correspondiente al proceso identificado con el radicado 1112 SIJUF por el delito de homicidio, y otra identificada con el número de notifica 11001606606420010001112, la cual es adelantada por el mismo punible.
5.- Sobre la notificación de la cláusula de extinción del derecho de dominio contenida en la acusación formal.
Se aclara que la notificación referente a la cláusula de extinción del derecho de dominio de acusación formal Núm. 1:19-cr-233 dictada el 7 de mayo de 2019 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Columbia no puede ser entendida, en estricto sentido, como un cargo debido a que no comporta imputación alguna, sino el anuncio de la consecuencia patrimonial que la declaratoria de responsabilidad acarrea respecto de los bienes involucrados en los delitos, por cuya comisión se acusa al requerido, razón por la cual, dicho tema es ajeno a la solicitud de extradición, en concordancia, no se encuentra comprendido dentro de los aspectos a analizar en el concepto a emitir por parte de la Sala.
6.- Conclusión
La Sala es del criterio que la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Aldemar Soto Charry, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, es conforme a derecho y, en consecuencia, se procederá a conceptuar favorablemente a dicho pedido.
7.- Respecto del derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz.
En el presente asunto, de la información que obra en el expediente, se puede advertir que, en la actualidad, el último trámite realizado respecto de Aldemar Soto Charry ante la mencionada jurisdicción se materializa en la Resolución SAI-AOI-RC-RJC-176-2022 del 29 de agosto de 2022, a través de la cual la Sala de Amnistía o Indulto decidió remitir el expediente a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, en aras de que este fuera incorporado al macro caso identificado con el radicado 9005390-20.2019.0.00.0001.
De lo narrado por el apoderado judicial de Aldemar Soto Charry en sus alegatos se puede desprender que no se han hecho actuaciones adicionales en dicho trámite y, menos, acreditó alguna intención de su representado por impulsar el procedimiento ante dicha jurisdicción para garantizar los derechos de las víctimas, lo que cuestiona su interés respecto del desenlace del proceso que se surte ante la Jurisdicción Especial para la Paz y la salvaguarda de los derechos de las víctimas.
Por otra parte, también se torna relevante mencionar que el hecho de encontrarse por fuera del territorio colombiano no impide rendir las declaraciones o asistir a las diligencias propias de dicho proceso, comoquiera que esto lo puede hacer de forma virtual, a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), o podría velar por realizarlo en el transcurso de tiempo entre la emisión del presente concepto y la decisión del Gobierno Nacional de autorizar su extradición.9
8.- Sobre los condicionamientos
Es preciso consignar que corresponde al Gobierno Nacional condicionar la entrega a que el reclamado en extradición no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni juzgado por hechos diversos a los que motivaron la petición de extradición, ni sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como tampoco a la sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política.
Igualmente debe condicionar la entrega al respeto, como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones, de todas las garantías debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, a que se presuma su inocencia, a estar asistido por un intérprete, a contar con un defensor designado por él o por el Estado, a que se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación social. Además, a que se remita copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los Tribunales de ese país, en razón de los cargos que aquí se le imputan.
La Corte estima oportuno señalar al Gobierno Nacional, con el objetivo de salvaguardar los derechos fundamentales del requerido, que proceda a imponer al Estado requirente la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y respeto por la persona, en caso de llegar a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable, o su situación jurídica resuelta definitivamente de manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en las imputaciones que motivan la extradición.
Del mismo modo, al Gobierno Nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad.
Por lo demás, es resorte del Gobierno Nacional exigir al país reclamante que, en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad soportado por el requerido con ocasión de este trámite.
9.- El concepto.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición de Aldemar Soto Charry formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, con base en acusación formal Núm. 1:19-cr-233 dictada el 7 de mayo de 2019 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Columbia.
Por la Secretaría de la Sala, comuníquese esta determinación al requerido, a su abogado, al representante del Ministerio Público y al Fiscal General de la Nación para lo de su cargo.
Devuélvase el expediente al Ministerio de Justicia para los trámites subsiguientes señalados en la ley.
HUGO QUINTERO BERNATE
Presidente
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS
GERSON CHAVERRA CASTRO
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
SECRETARIA
1 Cfr. Sentencias C-1106 de 2000; C-740 de 2000 y C-780 de 2004.
2 «(i) el sitio de realización de la acción, según el cual el hecho se entiende cometido donde se llevó a cabo total o parcialmente la exteriorización de la voluntad; (ii) la del resultado, que estima realizado el hecho donde se produjo el efecto de la conducta y; (iii) la teoría mixta o de la ubicuidad, que considera cometido el hecho donde se efectuó la acción de manera total o parcial, como también en el sitio donde se produjo o debió materializarse el resultado». Cfr. CSJ CP, 30 enero 2013, rad. 40275, entre otras.
3 CSJ CP137-2023 del 10 de mayo de 2023, radicado 61337.
4 Publicada en Gaceta Judicial: Tomo CLXXXVII-2 n.° 2426, pág. 580-604.
5 Artículo 495 de la ley 906 de 2004.
6 Esta regulación legal resulta aplicable al caso en virtud del principio de integración normativa previsto en el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal de 2004.
7 Regulada en los artículos 336 y 337 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).
8 Cfr. CSJ CP 30 may 2014, rad. 42951, CP068-2014; CP 12 nov 2014, rad. 42711, CP188-2014 y 11 feb 2015, rad. 44786, CP012-2015, entre otras.
9 Una postura similar adoptó la Sala en la providencia CP049-2022.