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SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS #2
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Magistrado ponente
ATP1676-2023
Radicación #134781
Acta 243
Bogotá, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).
VISTOS:
Se pronuncia la Corte sobre los impedimentos manifestados por los doctores Héctor Hugo Torres Vargas y María Cristina Yepes Aviví, magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, para conocer la acción de tutela presentada por JHON CARLOS PATIÑO MORALES contra el Juzgado 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, el Complejo Carcelario y Penitenciario y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Seccional, todos de esa ciudad.
ANTECEDENTES:
1. JHON CARLOS PATIÑO MORALES presentó acción de tutela contra el Juzgado 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, el Complejo Carcelario y Penitenciario y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, todos de Ibagué, con el propósito de que el juzgado de penas ordene su remisión a la última institución aludida, para que ésta determine si su estado de salud es incompatible con la vida en reclusión.
2. La actuación fue repartida al despacho del doctor Luis Guiovanni Sánchez Córdoba, magistrado del Tribunal Superior de Ibagué, quien, el 20 de noviembre de 2023, avocó conocimiento de la acción contras las autoridades demandadas y vinculó al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, para que se pronunciaran sobre los hechos expuestos por el actor.
3. Surtido el trámite correspondiente, el magistrado enunciado presentó el respectivo proyecto a los demás integrantes de la Sala Penal de esa Corporación judicial.
Sin embargo, mediante auto del 29 del mismo mes y año, los magistrados manifestaron su impedimento para conocer del trámite con fundamento en la causal 4ª del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, toda vez que conocieron de otra solicitud de amparo 73001220400020230102000 promovida por el accionante en contra del juzgado de penas. Afirmaron que surtido el trámite de rigor, mediante fallo del 19 de noviembre de 2023, negaron las pretensiones de la demanda tras constatar que el 11 de octubre de este año, el Juzgado 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué negó la solicitud de prisión domiciliaria por grave enfermedad presentada por el actor.
En dicha oportunidad, precisaron que el accionante pudo recurrir en reposición y apelación el auto del 11 de octubre de 2023, pero no lo hizo. Por tanto, desechó la oportunidad de promover a su favor los medios de defensa idóneos y habilitar la doble instancia en la vía ordinaria, lo cual le habría permitido exponer los errores atribuidos a la decisión censurada y alegados en ese trámite.
Asimismo, le indicaron al actor que «no es procedente considerar que la autoridad judicial le está vulnerando el debido proceso al accionante, por no pronunciase sobre la solicitud del 27 de septiembre de 2023, ya que mediante auto del 11 de octubre siguiente le negó la prisión domiciliaria por enfermedad» Además, que el juzgado de penas carece de competencia para pronunciarse sobre el cambio de establecimiento, sumado al hecho de que la solicitud fue remitida de forma simultánea al Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-.
4. El 1º de diciembre siguiente, el magistrado ponente no aceptó el impedimento, al estimar que el reproche de la nueva solicitud de amparo radica exclusivamente en que el juzgado de penas le ordene al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ibagué que valore si su estado de salud es incompatible con la vida en reclusión.
Destacó que si bien existe un informe pericial de esa entidad del 26 de septiembre de 2023, el cual sirvió como fundamento para negar la prisión domiciliaria por grave enfermedad, determinó que en esta oportunidad no se predica vulneración alguna respecto al auto del 11 de octubre pasado. Por tanto, remitió las diligencias a la Corte para su definición.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
Según lo disponen los artículos 39 del Decreto 2591 de 1991 y 58A de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 83 de la Ley 1395 de 2010, la Corte está facultada para pronunciarse respecto del presente impedimento, debido a que fue planteado por dos magistrados de Tribunal y, además, rechazado por el restante integrante de su Sala.
En el presente asunto, los doctores Héctor Hugo Torres Vargas y Maria Cristina Yepes Aviví, magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, plantearon la causal de impedimento prevista en el numeral 4° del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, por haber «(…) dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso».
La Sala ha admitido que esa causal se configura en dos casos. El primero, al expresar opiniones en contextos diferentes al ejercicio de las funciones judiciales –procedencia general– y, el segundo, en cumplimiento de estas, pero por fuera de la actuación en la cual se realiza la declaración de impedimento –procedencia excepcional–. En todo caso, aquella siempre debe referirse al asunto en concreto sometido al conocimiento del juzgador y con suficiente relevancia para comprometer su imparcialidad.
Ahora bien, la opinión a la que aludieron los magistrados Héctor Hugo Torres Vargas y María Cristina Yepes Aviví, fue exteriorizada en cumplimiento de deberes judiciales. Sin embargo, lo hicieron en una actuación diferente, esto es, dentro de otra acción de tutela interpuesta por JHON CARLOS PATIÑO MORALES contra las mismas autoridades accionadas y la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, la Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelarios -USPEC- y Ejemedica SAS.
Superado ese primer examen de procedencia, debe verificarse si la opinión expuesta al interior de ese asunto es lo suficientemente trascendente como para perturbar la imparcialidad e impedir al funcionario judicial actuar con libertad al ver comprometido su juicio.
Los medios de convicción allegados al trámite acreditan que JHON CARLOS PATIÑO MORALES denunció que el Juzgado 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué no ha suministrado respuesta de fondo a su petición del 17 de octubre de 2023, por medio de la cual solicitó que se ordene una nueva valoración médica en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de esa ciudad.
Advierte la Corte que la opinión exteriorizada en la acción de tutela 73001220400020230102000 estaba encaminada a atender la falta de pronunciamiento por parte del juzgado de penas sobre la solicitud del 27 de septiembre de 2023, por medio de la cual pidió la concesión del beneficio de la prisión domiciliaria por grave enfermedad.
En esa medida, si bien el Juzgado emitió auto del 11 de octubre de 2023, con fundamento en la valoración médica practicada al accionante, lo cierto es que en la presente acción de tutela se censura una presunta vulneración de garantías fundamentales por la ausencia de respuesta de otra petición. De ninguna manera, eso está claro, se cuestiona la anterior determinación. Por ende, cabe concluir, que si bien los reproches se presentaron en el mismo proceso, fueron por situaciones completamente disímiles.
Para la Sala es palmario, entonces, que los magistrados no están incursos en la causal de impedimento señalada, pues tal y como lo afirmó el magistrado ponente, el actor critica la falta de respuesta a la solicitud del 17 de octubre de 2023 y no el auto del 11 de octubre de este año, por medio del cual el juzgado de penas le negó la prisión domiciliaria por grave enfermedad.
Por ende, no existen razones que impongan aceptar la separación del conocimiento de la acción de tutela, por lo que se declararán infundados los impedimentos. En consecuencia, se ordenará devolver de inmediato el expediente al despacho de origen para lo de su cargo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE:
1. DECLARAR INFUNDADOS los impedimentos manifestados por los doctores Héctor Hugo Torres Vargas y Maria Cristina Yepes Aviví, magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué.
2. DEVOLVER inmediatamente las diligencias al Tribunal de origen.
Contra este auto no procede recurso alguno.
CÚMPLASE,
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
HUGO QUINTERO BERNATE
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria