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JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
Magistrado ponente
AP3772-2023
Radicación N° 50868
(Aprobado Acta No. 238)
Bogotá D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).
MOTIVO DE LA DECISIÓN
La Sala se pronuncia sobre el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la demanda de revisión presentada por el abogado de Jaime García Tautiva contra las sentencias de 27 de febrero de 2003, 17 de enero de 2013, 22 de marzo de 2012 y 18 de diciembre de 2014 proferidas por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante las cuales respectivamente se confirmaron las sentencias de 24 de julio de 2002, 25 de noviembre de 2011, 30 de noviembre de 2011 y 7 de mayo de 2013 emitidas en su orden por los Juzgados Quinto, Séptimo, Séptimo y Sexto Penales del Circuito de la misma ciudad y, en consecuencia, condenaron al mencionado, como autor de los delitos de peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público.
HECHOS
El acontecer fáctico que dio lugar a los correspondientes procesos penales fue sintetizado en las providencias de segunda instancia, en los siguientes términos:
En la decisión proferida el 27 de febrero de 2003 dentro del radicado No. 2002-0170-01 se remite a la síntesis factual realizada por el juez de primera instancia:
Se resume de autos que el aquí procesado JAIME GARCIA TAUTIVA, laboró para la RAMA JUDICIAL. Dirección Ejecutiva del Distrito de Ibagué, en el cargo de Jefe de Sección Grado 14 concretamente como JEFE DE LA OFICINA JUDICIAL, desde el día 11 de junio de 1998 hasta el 21 de marzo de 2002, y una de sus funciones previstas en el Acuerdo 208 de 1997 emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, numeral dos, “consistía en Ordenar y organizar la custodia y entrega de títulos judiciales”.
Los cargos que se le formulan en tal calidad, versan sobre la apropiación en provecho suyo, al parecer a partir del mes de junio de 2001 y hasta el mes de enero de 2002. de la suma total de MIL CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MII SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($1.043.476.798.50) m/cte., correspondiente al cobro irregular de TÍTULOS JUDICIALES de diferentes procesos adelantados por Despachos Judiciales, que se encontraban en custodia en la oficina Judicial a su cargo, depositadas las correspondientes cantidades en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en esta misma ciudad, para lo cual utilizó a terceras personas, entre otras identificadas como JORGE ENRIQUE SANTOS GÓMEZ, FRANCISCO, ANTONIO MOLINA, JOHN ERICSSON BERMÚDEZ y LUIS OLIVO BARRAGAN MARROQUIN. (fs. 221, c.2).
Para llevar a cabo dicha apropiación falsificaba los oficios que después remitiría al Banco Agrario de Colombia, solicitando en algunas ocasiones el fraccionamiento de títulos de alta cuantía, para después de la misma manera, solicitar el pago a favor de personas totalmente ajenas a los correspondientes procesos judiciales. Mediante una REPRODUCCIÓN FOTOSTATICA A COLOR” de oficios originales emanados de los respectivos Despachos Judiciales. (fs. 144 ss., c.)
Asimismo, aprovechaba su facultad de corroborar con su firma estampada en el respectivo título judicial el endoso que aparentemente había ordenado el Juzgado a cuya orden había sido expedido. para el fraccionamiento del valor, la conversión, o el pago total, para realizarlo a favor de las personas que utilizó, quienes se encargaban de cobrarlos por ventanilla o a través de cuentas bancarias. haciéndolos pasar por los beneficiarios.
Se llevó a cabo el fraccionamiento ilegal de los siguientes Títulos Judiciales, expedidos a la orden del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué, dentro del Proceso Ejecutivo de CREASALUD LTDA., contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, y la apropiación como se precisa a continuación:
1. # 0007683876. expedido el 24 de mayo de 2001 por la suma de $2.100.000. 000.oo, a la orden del Juzgado 3 Civil del Circuito de Ibagué, dentro del proceso de CREASALUD contra CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN, utilizando el Oficio # 032 del 17 de enero de 2002 del citado Juzgado, que falsificó para aparentar que comunicaba la orden, dirigido al director de la Oficina Judicial, quien lo remitió con el Oficio DESAJ-OJ035 del 21 de enero de 2002, con base en los que el banco expidió el 25 de enero de 2002. los siguientes títulos:
[…]
466010000018631, cobrado por JORGE ENRIQUE SANTOS GÓMEZ el 30 de enero de 2002, por ventanilla. 46606010000018632 por $131.225. 000.oo. cobrado por JORGE ENRIQUE SANTOS GOMEZ. el 30 de enero de 2002, por ventanilla. […]
2. # 0008062910 por S194.047.000.00, expedido el 3 de agosto de 2001, a la orden del Juzgado 3 Civil del Circuito de dentro del mismo proceso de Ibagué, CREASALUD contra CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN, utilizando el Oficio 1428 de! l0 de septiembre de 2001 del citado Juzgado, que falsificó para aparentar que hacía conocer la orden, dirigido al director de la Oficina Judicial, quien lo remitió con el Oficio DESAI-OJI522 DEL 12 de septiembre de 2001, con base en los que el banco expidió el 17 de septiembre de 2001, los siguientes títulos, para el mismo proceso: 466010000000568 por $15.000.000.00., 466010000000569 por $25.000.000.00, 466010000000570 por $25.000.000.00, 466010000000571 por $28.000.000.00, 466010000000572 por $39.920.000.0o, 466010000000573 por $55.000.000.00.[…]
Igualmente fueron cobrados para apropiarse de los dineros, los siguientes títulos judiciales: 0004977 135 por $25 000.000 oo expedido a la orden de Juzgado 2 1 aboral del Circuito de Ibagué, el 2000-1-5 dentro del proceso de LUZ. MERY BARRIOS BOCANEGRA Contra SEGUROS CONDOR S. A. cobrado por JORGE ENRIQUE SANTOS GOMEZ. el 10 de septiembre de 2001. por ventanilla, 000796 1314 por $81.618.000.00 expedido a la orden del Juzgado 3 Civil del Circuito de Ibagué, el 2001-7-17. dentro del proceso de CREASALUD LTDA. contra CAJA NACIONAL DE PREVISION. cobrado por JORGE ENRIQUE SANTOS GOMEZ el18 de septiembre de 2001. por ventanilla, 466010000003684 por
$209.890. 000.oo expedido a la orden del Juzgado 3 Civil del Circuito de Ibagué, dentro del proceso de CREASALUD contra CAJA NACIONA DE PREVISION. cobrado por JORGE ENRIQUE SANTOS GOM1EZ. el 30 de octubre de 2001, por ventanilla.
De 0007808896 por $17.012.715.00 a la orden del Juzgado Civil del Circuito de Ibagué, dentro del proceso de CREASAIUD contra CAJANAL TPS. cobrado por FRANCISCO ANTONIO MOLINA, el 5 de octubre de 2001 a través de consignación, 000468.3631 por $14602.798.50 a la orden del Juzgado 2 Laboral del Circuito de Ibagué, el 1999-1 -6, dentro del proceso de OMAR FERNANDO GARCIA BATTE contra ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. cobrado el 19 de junio de 2001, 466010000003575 por $ 38.758.285.oo a la orden del Juzgado 3 Civil del Circuito de Ibagué del 2001-10-10 dentro del proceso CREASALUD LTDA NACIONAL Contra CAJA DE PREVISION, cobrado el 22 de octubre de 2001 por FRANCISCO ANTONIO MOLINA, mediante consignación, 4660100000035998 por S118.632.000.o0 a la orden Juzgado Civil del Circuito de Ibagué, dentro del proceso de CREASALUD contra CAJA NACIONAL DE PREVISION. cobrado por FRANCISCO ANTONIO MOLIN.A el 19 de octubre de 2003 mediante consignación, y 466010000003 597 por S12.593.000.o0 a la orden de Juzgado 3 Civil del Circuito de Ibagué, dentro proceso de CREASALUD contra CAJA NACIONAL DE PREVISION. cobrado por LUIS OLIVO BARRAGÅN MARROQUIN, c! 13 de diciembre de Del 2001. por ventanilla.
Dentro de la decisión proferida el 17 de enero de 2013 al interior del radicado No. 2007-00183-02:
Tuvieron ocurrencia en esta localidad, entre el 20 de junio de 2001 y el 03 de julio siguiente, cuando JAIME GARCIA TAUTIVA, quien, para ese momento en su calidad de empleado de la oficina judicial, estaba encargado del manejo de los títulos judiciales, ofició al Banco Agrario para que no se prorrogara ningún C.D.T., lo que originó que la entidad, una vez vencidos los respectivos títulos valor, los registrara- consignara su valor- en un cuenta corriente, de donde se descontaba gradualmente las diferentes sumas en la medida en que los títulos judiciales eran cobrados; mediante esta modalidad, el procesado cobró y se apropió la suma de quinientos once mil sesenta y nueve pesos ($511.069.o0), que correspondía a siete (7/ títulos judiciales -números 510557, 516051, 528 1906, 5281913, 5281920, 5482817 y 54824- cuyo valor fue consignado por Concepto de cuota respectiva dentro del proceso de fijación de cuota alimentaria tramitado por LUCERO DEL SOCORRO MARTÍNEZ Contra ARMANDO ROA TOVAR, en el Juzgado 5° de de Familia de esta ciudad, Cue habían sido previamente convertidos en el C.D.T. No.18918. (…) -FI. 247 cdno. 2-.
En la providencia emitida del 22 de marzo de 2012 en el radicado No. 2007-00193-02:
Los hechos tuvieron lugar entre el 21 de septiembre de 2000 y el 20 de junio de 2001, Cuando JAIME GARCÍA TAUTIVA, quien para esa época laboraba como empleado de la Oficina Judicial de la Dirección Seccional de Administración Judicial de esta ciudad, encargado del manejo de los títulos judiciales, ofició al Banco Agrario de Colombia para que cancelara los títulos judiciales identificados con los números 0005271696, por valor de $1.050.167 y 0002619365, por valor de $ 1.286.205 que había sido consignados por un embargo decretado dentro del proceso judicial adelantado por GLORIA ROMER QUIJANO en contra de ÁLVARO ORLANDO CERÓN ARCINIEGAS, en el Juzgado Quinto de Familia de Ibagué y para que los convirtiera en CDTS.
Fue así como el banco constituyó los dos Certificados de Depósito a Término con números 18892 y 18893.Posteriormente el 20 de junio de 2001, mediante oficio DESAJ-OJ_0918, el procesado solicitó al banco no prorrogar los CDTS y por esa razón, los dineros fueron enviados a la cuenta del juzgado, donde fueron irregularmente reclamados por terceras personas.
En la sentencia emitida el 18 de diciembre de 2014 dentro del radicado No. 2011-00006-01:
La presente investigación se inició a partir de las copias remitidas por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Ibagué, quien informa que mediante auto del 20 de enero de 2007, solicitó al Juzgado Sexto de Familia de Ibagué convertir a la cuenta de su despacho los títulos judiciales nro. 6261130, del 4 de septiembre de 2000, por valor de setecientos veintiséis mil setecientos noventa y cinco pesos ($726.795) y nro. 2932276, del 23 de abril de 1999, por valor de seiscientos diez mil seiscientos treinta y cinco pesos con noventa y cinco centavos ($610.635, 95), cuyos valores fueron consignados al aludido Juzgado de Familia. para hacer parte dentro del proceso de sucesión de Miguel Ángel Quintero; al acusar recibo, este despacho comunicó que, según informe secretarial que adjuntaron, “no se halló radicación alguna” con el referido proceso.
Conforme a lo anterior, el despacho de la jurisdicción civil requirió a la oficina judicial de Ibagué, para que informara si
fueron consignados y pagados los relacionados títulos judiciales por IVAGRAS, Ltda.; mediante oficio DESAJ-OJ 001119 del 21 de noviembre de 20072, la oficina judicial indicó que los títulos judiciales números. 002932276 y 6261130 fueron cancelados por el Banco Agrario, el 30 de agosto de 2001, según consulta general de depósitos judiciales enviado por la relacionada entidad financiera.
En razón a lo anterior, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Ibagué, mediante auto del 16 de enero del 2008, dentro del proceso de sucesión del causante MIGUEL ÁNGEL QUINTERO con rad. 2002-00547, remitió copias de la actuación procesal a la Fiscalía General de la Nación, Seccional Tolima, Unidad de Delitos contra la Administración Pública, para lo de su competencia.”
Para la época de los hechos, el encargado de firmar los títulos judiciales y realizar todos los movimientos ante el Banco Agrario era JAIME GARCÍA TAUTIVA, quien se desempeñaba como Jefe de Oficina Judicial.
ANTECEDENTES PROCESALES
1.- Estando abierta una investigación penal por la Fiscalía, en la cual estaban vinculados entre otros Jaime García Tautiva, a instancia de éste se llevó a cabo formulación de cargos el 8 de julio de 2002, diligencia en la cual aceptó su autoría por los delitos de peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público.
Tal acto llevó a que el 24 de julio de 2002 el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Ibagué emitiera fallo anticipado dentro del proceso 2002-0170, condenando al citado a la pena principal de 17 años y 4 meses de prisión y multa equivalente a 43.333 salarios mínimos legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo lapso, además de la pena accesoria de pérdida del cargo público, así como la de carácter civil de sufragar la suma de $1’043’476.798.50 más intereses a favor de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Rama Judicial1.
2.- Luego el ente Fiscal adelantó una nueva investigación, en la cual se profirió resolución de acusación el 15 de febrero de 2007, contra el señalado García Tautiva por el tipo penal de peculado por apropiación.
El conocimiento del juicio correspondió al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Ibagué, el cual, tras la realización de las audiencias preparatoria y de juicio oral y público del proceso 2007-00183, el 25 de noviembre de 2011 condenó a García Tautiva por el punible endilgado al procesado, y en consecuencia fijó pena principal de 5 años y 6 meses de prisión y multa por la cantidad de $1’081.650 y sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual termino que la pena principal2.
3.- Posteriormente, al existir múltiples denuncias de hechos relacionados con la apropiación de otros títulos judiciales, la Fiscalía dispuso la apertura de instrucción y ordenó vincular mediante indagatoria a Jaime García Tautiva. Entonces, clausurada la investigación, encontró mérito para dictar resolución de acusación en contra del procesado por las conductas punibles de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
El trámite del juicio correspondió al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Ibagué, que al interior del proceso 2007-00193 en sentencia del 30 de noviembre de 2011 condenó a Jaime García Tautiva a las penas principales de diez (10) años seis (6) meses de prisión, multa equivalente a ($2.336.373) y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de once (11) años y nueve (9) meses, al hallarlo penalmente responsable de los delitos por los que fue convocado a juicio3
4.- Posteriormente, cerrada una nueva investigación, el Ente acusador profirió resolución de acusación contra Jaime García Tautiva, como presunto responsable del delito de peculado por apropiación.
En firme la acusación, luego de agotado el trámite pertinente, el 7 de mayo de 2013 el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué, dentro del proceso 2011-00006 profirió fallo condenatorio por el punible de peculado por apropiación, imponiendo pena principal de 4 años de privación de la libertad, una multa por el valor de $ 1’337.460.95 de pesos y accesoria de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el mismo lapso.4
5.- inconforme con las anteriores determinaciones, la defensa interpuso recursos de apelación, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, que, conforme a su orden de mención, fueron resueltas en providencias de los días: 27 de febrero de 2003, 17 de enero de 2013, 22 de marzo de 2012, y 18 de diciembre 2014. En estas se confirmaron los fallos condenatorios de las primeras instancias5.
Frente a dichos fallos de segunda instancia, el apoderado del procesado presentó Recursos extraordinarios de casación.
6.- Respectivamente, los días 27 de junio 2007, 5 de agosto de 2013, 19 de febrero de 2014 y 5 de agosto de 2015, la Corte inadmitió los recursos de casación promovidos por la defensa6.
7.- El 10 de noviembre de 2016 las relacionadas condenas contra Jaime García Tautiva fueron objeto de acumulación jurídica de penas.
8. Jaime García Tautiva, a través de apoderado, formuló acción de revisión con fundamento en las causales 2° y 6° contenidas en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000.
LA DEMANDA DE REVISIÓN
1.- El apoderado de Jaime García Tautiva, afirmó que su defendido aceptó indebidamente los cargos que se le atribuyeron dentro del proceso llevado en su contra ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Ibagué. Al respecto subraya que su poderdante no fue debidamente asesorado por el apoderado que ejercía su defensa en el momento y cedió al interés de una pronta resolución del proceso. Además, indicó que el juez no cumplió con su deber de verificación al avalar tal allanamiento «sin tener siquiera certeza de su responsabilidad»
Conforme a lo anterior, sustentó que es procedente la revisión de dicho fallo por configurarse «vulneración al debido proceso específicamente a su derecho a la defensa». En apoyo de la propuesta citó jurisprudencia que avala la procedencia de la acción de revisión frente a decisiones con aceptación de cargos.
2.- Luego, el demandante expuso que la causal 2° contenida en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000, es viable puesto que al momento de realizarse la dosificación de la pena en las sentencias objeto de revisión se fijó teniendo en consideración el delito de peculado por apropiación, el cual a su juicio no se adecuaba en su tipicidad a ninguna de las conductas de Jaime García Tautiva. Continuó su disertación citando a la sentencia de constitucionalidad C-996 del 2 de agosto de 2000.
3.- También estimó, de otra parte, que la causal 6° de revisión del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 es procedente, pues las acciones penales llevadas en contra de su defendido no debieron iniciarse dada la atipicidad de la conducta reprochada a su defendido.
Para respaldar su tesis, trajo a colación extensos apartes de las sentencias de casación con radicado 11541 del 12 de julio de 2000, radicado 12443 del 14 de junio de 2001, radicado 25536 de fecha 27 de julio de 2006 y radicado 9297 del 9 de abril de 1997.
Para el actor los citados pronunciamientos «son igualmente aplicables a todos los fallos de condena que se profirieron en contra de mi poderdante, puesto que son explícitos, claros, dicientes de quienes son los funcionarios que cometen el punible de peculado, situación que en ningún momento me acobija por no tener las funciones que reclama la norma para su configuración»
A su modo de ver, con base a los contenidos de esas providencias, el deber de custodia sobre los títulos judiciales o comprobantes de depósito está en cabeza de «los funcionarios del poder judicial […] y de acuerdo con el artículo 125 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (270 de 1996), los funcionarios judiciales son solamente los jueces, fiscales y magistrados, es claro que la vigilancia de los títulos de depósito compete a ellos, de donde se deriva, así mismo, su responsabilidad por el cuidado que deben tener»
«Está demostrado con el acta de posesión y la nómina que se anexa que mi defendido no tenía funciones de juez, fiscal o magistrado y por tanto la conducta punible atribuida, se repite es atípica, siendo el camino para seguir la admisión de la demanda aquí planteada para que a su favor se profiera fallo absolutorio en lo que al delito de peculado por apropiación se refiere».
Sumado a lo anterior aseveró que las decisiones condenatorias en contra de su defendido lo fueron con fundamento en el acuerdo 208 de 1997 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura el cual fue derogado expresamente por el acuerdo número 1856 de junio 11 de 2003 de la misma entidad. Por ende, indicó que por ello encontrándonos en consecuencia que esa función a él atribuida no le genera ninguna responsabilidad en los hechos investigados y por lo tanto la calificación que se le dio es totalmente atípica […] si tenemos en cuenta que para la fecha de inadmisión de la demanda de casación ocurrida el 27 de junio de 2007 ya el acuerdo 208 de 1997 había sido derogado por el 1856 de 2003, el fundamento que tuvo el fallador para basar su condena que lo fue en el acuerdo primario, este ya no tenía razón de ser por cuanto ya no tenía vida jurídica […]»
Con fundamento en tales consideraciones, solicitó «que ante los pronunciamiento (sic) judicial emitido por la Corte Suprema de Justicia que cambió favorablemente el criterio jurídico que sirvió para la imposición de la pena, se haga la disminución punitiva en la misma cantidad en que fue intensificada por el fallador, puesto que siendo atípica la conducta de peculado por apropiación como quedó demostrado, quedando una mínima por cumplir con respecto a las otras conductas punibles, aplicando para ello los principios fundamentales de favorabilidad e igualdad» 7.
CONSIDERACIONES
1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 75, ordinal 2°, de la Ley 600 de 2000, la Corte es competente para conocer de la acción de revisión presentada por Jaime García Tautiva, a través de apoderado, por cuanto se promueve contra fallos de segunda instancia dictados por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué.
2.- En aras de determinar la admisibilidad de la demanda, por un lado, es necesario verificar la observancia de los requisitos generales, comunes para todos los casos, establecidos en el artículo 222 de la Ley 600 de 2000 y, por otro, evaluar el cumplimiento de las exigencias específicas de carácter sustancial para la procedencia de las causales de revisión invocada.
Frente a los primeros, el citado precepto impone al demandante el deber de precisar: i) la actuación procesal cuya revisión se solicita, con la identificación del despacho que produjo el fallo; ii) el delito o delitos que motivaron la actuación procesal; iii) la causal que se invoca y los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya la solicitud; iv) la relación de las evidencias que fundamentan la petición; v) el aporte de copia de las sentencias de primera y segunda instancia, según el caso; y, vi) constancia de su ejecutoria.
Examinado el libelo presentado por el abogado de Jaime García Tautiva se advierte que no cumple a cabalidad tales exigencias, debido a que no se anexó la constancia de ejecutoria de la decisiones objeto de revisión, tal como exige el inciso final del citado artículo 222, pues lo que se aportó fueron algunos escritos en los cuales la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué8 indicó el día en que inició y finalizó el término previsto en el artículo 210 de la Ley 600 de 2000, modificado por el artículo 101 de la Ley 1395 de 2010, para que los sujetos procesales promovieran el recurso extraordinario de casación, que efectivamente fue interpuesto, mas no hace referencia a la fecha en que las sentencias cuestionadas adquirieron firmeza.
Por esa razón dicha «constancia» carece de idoneidad formal y material para acreditar el presupuesto en mención.
La inobservancia de la aludida exigencia, de conformidad con la jurisprudencia sobre la materia, es motivo suficiente para que se imponga la inadmisión de la demanda; sin embargo, también se ha indicado que el principio de limitación, en virtud del cual se prohíbe al juez completar o corregir las deficiencias del respectivo escrito, no puede emplearse para «sacrificar el aspecto sustancial».9
Esta Corporación de manera uniforme ha señalado la obligatoriedad de la constancia de ejecutoria como una exigencia insalvable para la admisibilidad de la demanda, así:
[E]l imperativo legal impone acompañar certificación, expresa y directa, que haga una declaración de certeza sobre la firmeza material de la decisión que se reclama examinar, para habilitar el ejercicio de la acción, al establecer, como presupuesto necesario el agotamiento de cualquier mecanismo de impugnación. Además, la norma en cita no permite que la misma se dé por supuesta, de manera que allegar “la constancia de ejecutoria” no es un mero formalismo sino un requisito previsto por el legislador11
Ahora bien, aunque el incumplimiento de la aludida exigencia constituye motivo suficiente para que se imponga la inadmisión de la demanda, la Sala evaluará el cumplimiento de los requisitos de carácter sustancial para la procedencia del presente mecanismo, en lo que atañe a lo expuesto por el demandante, particularmente en lo que respecta a las causales 2° y 6° del artículo 220 de la Ley 600 de 2000.
Esta determinación se justifica en la necesidad de clausurar la controversia planteada por el accionante y, de paso, prevenir la instauración de una futura acción de revisión sobre la base de alegatos que se aprecian inconsistentes, según pasa a explicarse.
3.- Para la Corte es evidente que con los señalamientos sobre la vulneración del debido proceso, el derecho a la defensa y el control jurisdiccional sobre la aceptación de cargos, el recurrente busca imponer una lectura subjetiva sobre el trámite del proceso ordinario, con el planteamiento de un debate propio de las instancias que pugna con la naturaleza de esta acción.
Al respecto, resulta oportuno destacar la naturaleza excepcional de la acción de revisión. Esta no comporta un mecanismo ordinario por el que pueda debatirse el sustento de las decisiones proferidas por los jueces de instancia o continuar con las discusiones jurídicas o probatorias que han sido suficientemente superadas y definidas mediante una sentencia ejecutoriada.
Desde esa perspectiva, la única finalidad de la acción de revisión es remover los efectos de la cosa juzgada ante la injusticia o yerro de la determinación confutada. Lo anterior con fundamento en causales taxativamente consagradas y ante el cumplimiento de los supuestos de hecho que las integran. De allí que su procedencia no esté supeditada al arbitrio de quien la invoca, sino que es indispensable acreditar la existencia de uno o más de los motivos legalmente previstos, a partir de los cuales pueda evidenciarse el contraste entre lo decidido y la verdad material.
Así las cosas, para esta Corporación es palmario que de la exposición de razones no se logra entender bajo qué causal se acomoda la solicitud de revisión y menos se puede aprehender cuáles son los supuestos de hecho que sustentan el acaecimiento del yerro reprochado. Expresado de otro modo, no se acredita la existencia de un motivo legalmente establecido para la procedencia de la acción.
Frente a situaciones semejantes, la Sala insistentemente ha puntualizado que la demanda de revisión no es un escrito de libre confección y en ese entendido se deben observar los presupuestos fijados en el artículo 222 del Código de Procedimiento Penal de 2000 cuando las sentencias cuya firmeza se pretende remover fueron dictadas dentro de ese marco procesal.
4.-De la revisión cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que no podía iniciarse o proseguirse.
4.1-El evento segundo de revisión resulta viable cuando se establece que el fallo no ha debido emitirse porque i) el Estado no podía emprender la acción penal o ii) no era factible proseguir con ésta, ante la configuración de alguna de las hipótesis contempladas en el artículo 82 de la Ley 599 de 2000; verbigracia, prescripción, desistimiento, falta de querella o petición válidamente formulada, indemnización integral, conciliación, amnistía propia, indulto, o cualquier otro motivo legalmente previsto para su extinción.
La demostración de cualquiera de tales fenómenos de naturaleza objetiva, en sede de revisión, conlleva dejar sin valor la decisión cuestionada y declarar la cesación del procedimiento.
Extraña a la Sala la total ausencia de articulación entre las declaraciones esbozadas por el defensor y el establecimiento de la ocurrencia de alguna de las situaciones de procedencia de la 2° causal invocada.Es evidente que en la argumentación se omitió dar cuenta de cuál era la relación entre la dosificación efectuada por las sentencias cuestionadas y la imposibilidad de emprender la acción penal o el acaecimiento de alguna de las hipótesis de su extinción. Esto enseña sin ningún esfuerzo la incoherencia entre el planteamiento y su desarrollo, que impide de manera categórica que se dé curso a la acción extraordinaria.
5.- De la acción de revisión por cambio de criterio de la jurisprudencia con efectos favorables al sentenciado.
Finalmente, Jaime García Tautiva a través de su apoderado, promovió acción de revisión con fundamento en el ordinal 6° del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 que habilita remover los efectos de cosa juzgada de la decisión judicial cuando la Sala de Casación Penal varía de manera favorable el criterio jurídico que sirvió para sustentar el fallo condenatorio.
5.1- Conforme se ha indicado por esta Corporación, en decisión AP130-2020, radicado No. 49302, para que proceda la citada causal se deben acreditar los siguientes presupuestos:
i) La identificación de una variación o del entendimiento diverso de un criterio jurídico en las interpretaciones efectuadas por la Corte en sus pronunciamientos judiciales (CSJ AP, 5 de dic 2002, rad. 18572).
ii) La identidad entre los fundamentos contenidos en el fallo cuestionado y los que dieron origen al cambio jurisprudencial (CSJ SP, 11 de feb 2015, rad. 43309).
iii) La falta de aplicación del criterio jurídico por virtud del desconocimiento de su existencia o la emisión de la sentencia atacada con anterioridad a su formulación (CSJ SP, 20 de ago. 2014, rad. 43624).
iv) Finalmente, la irrogación de efectos favorables al accionante frente al juicio de responsabilidad.
5.2- El demandante pretende que se rescindan los fallos condenatorios dictados los días: 27 de febrero de 2003, 22 de marzo de 2012, 17 de enero de 2014 y 18 de diciembre 2014, Por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, para lo cual cita extensos apartes de las sentencias de la Corte proferidas dentro de las radicaciones 11541 del 12 de julio de 2000, 12443 del 14 de junio de 2001, 25536 de fecha 27 de julio de 2006 y 9297 del 9 de abril de 1997.
Afirmó que con base en los contenidos de estas providencias se establece que la custodia sobre títulos judiciales está en cabeza de «los funcionarios del poder judicial» y que, conforme a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, el cargo de jefe de la Dirección Seccional de la Rama Judicial del Distrito Judicial de Ibagué que ostentó su defendido no otorga tal atribución. Por tal razón la conducta atribuida no se adecuó al tipo penal de peculado por apropiación al carecer el sujeto activo de la calificación jurídica necesaria para su tipificación.
Es notoria la ineptitud de tales argumentos para hacer procedente la causal sexta de revisión. En primer lugar, el recurrente no identifica de forma clara cuál es la variación del criterio jurídico que quedó sentado en las sentencias ya mencionadas con base en jurisprudencia de esta Corte ni cuál fue la novedosa que puede favorecer al condenado a tal punto que su influjo hace ineludible remover la fuerza de la cosa juzgada.
En segundo lugar, al dejar al margen ese necesario ejercicio, lo suple con la exposición de lo que estima se debe entender a partir de esas jurisprudencias, con lo cual de modo definitivo destina al fracaso la pretensión.
Es así, puesto que en ninguna de las nombradas providencias se expresa que el sujeto calificado del tipo penal de peculado por apropiación sea exclusivamente aquel que ostente la calidad de funcionario judicial. Contrario sensu, tales decisiones se ciñen en materia de la tipificación del tipo bajo comento a lo dicho en los artículos 133 del anterior código penal, Decreto 100 del 23 de enero de 198012 y del 397 del actual, Ley 599 de 2000, que expresan que el sujeto calificado del tipo penal en cuestión es el «servidor público».
De todos modos, hay que destacar que el artículo 18 de la Ley 190 de 1995 modificó en su momento al artículo 63 del aludido Decreto 100 de 1980 expresando que:
Para todos los efectos de la ley penal, son servidores públicos los Miembros de las Corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Para los mismos efectos se considerarán servidores públicos, los miembros de la Fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución política.
PARÁGRAFO. La expresión “empleado oficial” se sustituye por la expresión “servidor público”, siempre que aquélla sea utilizada en el Código Penal o en el código de Procedimiento Penal.
Por otra parte, el artículo 20 de la Ley 599 de 2000 contiene que:
Para todos los efectos de la ley penal, son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Para los mismos efectos se consideran servidores públicos los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Política.
De lo que se viene de ver queda claro, entonces, que los funcionarios judiciales al ser empleados y trabajadores del Estado están subsumidos en la categoría de servidores públicos. Asunto distinto es que los tres primeros fallos de la Corte citados por el recurrente traten de asuntos en los que los procesados fueron jueces, por ende, funcionarios judiciales y, por supuesto, servidores públicos.
Aunado a lo anterior, tampoco se afirma en tales fallos que la custodia de títulos judiciales resida exclusivamente en los funcionarios judiciales, contrario sensu, en algunas de estas se expresa que «no solo las personas a quienes la ley ha encomendado de modo expreso la custodia o administración de un bien del Estado, puede cometer peculado, sino “las que reciben en consideración a sus funciones” y “dispongan de él en modo que implique el ejercicio de una de ellas “ y que la disposición del bien no le hubiera sido posible a la persona si esta no desarrollara, así fuere de manera temporal, esas funciones»13
Así las cosas, es evidente que el aducido cumplimiento de los presupuestos para la aplicación del nuevo criterio doctrinal al caso concreto no se cumple, puesto que no se acredita la existencia de la variación de un criterio jurídico en las interpretaciones de la jurisprudencia de la Corte al no evidenciar un cambio en el entendimiento del sujeto calificado del tipo en comento.
Por ende, es palmario que no se satisfacen los preceptos de admisibilidad de la demanda con fundamento en la causal sexta de revisión del artículo 220 de la Ley 600 de 2000.
Por último, se debe responder a la mención efectuada sobre la tipicidad sobreviniente del peculado por apropiación debido a la derogación del Acuerdo 208 de 1997 y 1676 de 2002 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura por parte del acuerdo número 1856 de junio 11 de 2003 de la misma entidad.
Sobre ese particular se destaca que el último acuerdo mencionado no implicó un cambio en los criterios jurídicos que permiten sustentar la tipicidad del peculado por apropiación endilgado al procesado, ya que el tercer acto administrativo mencionado no varió que la función de tenencia y custodia sobre los títulos judiciales sea atribuible a jefes de Oficinas Judiciales, pues estos no dejan de ser miembros del nombrado ente. Y mucho menos trasforma el criterio jurisprudencial de la relación material entre el servidor público y el bien por motivo del ejercicio de funciones públicas como elemento de configuración del punible contenido en el artículo 397 del Código Penal.
En consonancia con lo que se viene de decir, reitera la Corporación la imposibilidad de debatir a través de la acción de revisión asuntos no ajustados exactamente a las causales taxativas establecidas en la Ley, tal como vendría a ser el asunto de atipicidad en el sentido propuesto por el demandante. Por esto se reitera, que la revisión trata de una acción con sus propias formas y de naturaleza excepcional y que, de ninguna manera, dada su naturaleza excepcional y la finalidad que persigue, la demanda que la introduce puede quedar a la liberalidad argumentativa.
6.- En vista de que la demanda no cumple con los requisitos generales y específicos de las causales invocadas para la procedencia de la acción mediante la cual se pretende remover la intangibilidad de la cosa juzgada, la decisión que se impone no puede ser otra que inadmitirla.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
INADMITIR la demanda de revisión presentada por Jaime García Tautiva, a través de apoderado.
Contra esta decisión procede el recurso de reposición.
Notifíquese y cúmplase.
HUGO QUINTERO BERNATE
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
FERNANDO LEON BOLAÑOS PALACIOS
GERSON CHAVERRA CASTRO
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Folios86-106 del Cuaderno Número 1 de la Corte.
2 Folios 138-155 del Cuaderno Número 1 de la Corte.
3 Folios 210-243 del Cuaderno Número 1 de la Corte.
4 Folios 1-20 del Cuaderno Número 2 de la Corte.
5 Las decisiones del 22 de marzo de 2012 y del 17 de enero de 2013 modificaron parcialmente la magnitud de las condenas. Folios 166 a 193 y 254 a275 del Cuaderno número 1 de la Corte.
6 Folios del 116 a 128, 204 a 217, 284 a 293 del Cuaderno Número 1 de la Corte y Folios 58 a 66 del Cuaderno Número 2 de la Corte.
7 Folio 82 del Cuaderno número 1 de la Corte.
8 Folios 201 y 281, del Cuaderno número 1 de la Corte.
de la Corte.
9 CSJ AP, 07 jul 2010, rad. 34025.
10 CSJ AP, 27 jun 2012, rad. 38852.
11 CSJ AP1027-2020, 27 de may. 2020, rad. 52199; cfr. CSJ AP 5 jul. 2007, rad. 24.421; CSJ AP 14 nov. 2007, rad. 28.466; CSJ AP, 10 dic. 2010, rad. 35.249; CSJ AP, 27 jul. 2011, rad. 35057; CSJ AP, 9 abr. 2013, rad. 39.374; AP457-2015, 4 feb. 2015, rad. 43.620; CSJ AP, 28 jun. 2017, rad. 50280.
12 Articulo modificado por el artículo 19 de la Ley 190 de 1995.
13 Cfr CSJ, SP, CP, Radicado 9297 del 9 de abril de 1997, MP Dídimo Páez Velandia pp-23
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