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CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO
Magistrado Ponente
AP2697-2023
Radicación n.º 58213
Acta 167
Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
VISTOS
Resuelve la Sala si admite o no la demanda de casación presentada por la defensa del procesado WILLIAM MAHECHA MARTÍNEZ, contra la sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca el 24 de febrero de 2020, por cuyo medio confirmó, con modificaciones en el quantum de la pena, la decisión proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tocaima el 22 de enero de 2019, que lo declaró penalmente responsable del delito de lesiones personales.
ANTECEDENTES PERTINENTES
1. Fácticos
1.1. Los hechos que se declararon probados en los fallos de instancia ocurrieron en el municipio de Viotá (Cundinamarca), el 21 de diciembre de 2014. Ese día, sobre las 5:30 de la tarde, WILLIAM MAHECHA MARTÍNEZ bebía cerveza con otras personas en un bar, cuando discutió con Aristóbulo González Aguilar, de 67 años para el tiempo de los sucesos y propietario de una carnicería contigua a ese establecimiento. MAHECHA MARTÍNEZ le dio un puño en la cara a la víctima, que cayó de espaldas y se golpeó la parte trasera del cráneo contra el pavimento. Quedó inconsciente cerca de cinco minutos.
1.2. En la noche, luego de quejarse de dolores de cabeza, Aristóbulo González fue llevado al hospital de Viotá. Allí se le declaró en estado de coma, pero se recuperó con posterioridad.
1.3. A consecuencia de los sucesos, González Aguilar sufrió incapacidad medicolegal definitiva de 70 días y, como secuelas, perturbación funcional del sistema nervioso central y perturbación funcional de la mano derecha, ambas de carácter permanente.
2. Procesales
2.1. Se instauró querella por aquellos hechos el 23 de diciembre de 2014. Subsiguientemente, la Fiscalía formuló imputación contra WILLIAM MAHECHA MARTÍNEZ como autor del delito de lesiones personales el 15 de junio de 2016. El mencionado no se allanó a los cargos y la delegada fiscal no solicitó la imposición de medida de aseguramiento.
2.2. El escrito de acusación fue presentado el 14 de julio de ese año, en los mismos términos fácticos y jurídicos.
2.3. Agotado el rito procesal correspondiente, el Juzgado Promiscuo Municipal de Tocaima emitió sentencia, el 22 de enero de 2019. Condenó al procesado como responsable del delito de lesiones personales dolosas (art. 114 inc. 2º C.P.1) y le impuso las penas principales de 96 meses de prisión y 34.66 s.m.l.m.v. de multa.
2.4. Fijó la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en el mismo plazo de la intramuros y le negó, tanto la suspensión condicional de la ejecución de la pena, como la prisión domiciliaria.
2.5. Al resolver el recurso de apelación propuesto por la defensa técnica contra la decisión condenatoria, en fallo del 24 de febrero de 2020 la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca (i) redujo la pena de prisión a 48 meses2; (ii) fijó en ese mismo plazo la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas; (iii) le concedió al acusado la suspensión condicional de la ejecución de la condena por un periodo a prueba de dos años y (iv) confirmó en lo demás el fallo de primera instancia.
2.6. WILLIAM MAHECHA MARTÍNEZ, por conducto de apoderado, interpuso y sustentó oportunamente el recurso extraordinario de casación.
LA DEMANDA
3. Se postula bajo un cargo único al amparo de la causal segunda de casación, bajo en los siguientes motivos:
3.1. Para el recurrente, se equivocó el Tribunal al resolver la nulidad pedida en la apelación invocando la Ley 600 de 2000, cuando esa codificación no es «aplicable al caso particular que nos ocupa», lo que implica la presencia de un yerro in procedendo en el fallo.
3.2. No llevó a cabo el ad quem «un estudio juicioso ni profundizó» en los yerros de «apreciación probatoria» que a lo largo del proceso destacó la defensa. Simplemente adelantó una «ligera estimación de la prueba testimonial» dejando de lado, (i) las «falencias sustanciales» que obran en la sentencia, y (ii) que el fallo de primer grado valoró un testimonio no recaudado en el juicio oral, el del médico Wanderley Pirabán Sotelo.
3.3. Con la nulidad formulada en sede de apelación no pretendía discutir extemporáneamente la «valoración probatoria», sino exhibir fallas de la decisión de primer nivel como la ahora puesta de presente y que muestran «injusta» la condena. Por tal razón, en desarrollo del cargo, reitera que la prueba aducida al proceso no debió valorarse.
3.4. El Tribunal vulneró el debido proceso de su prohijado porque desconoció los contenidos normativos que se refieren a la imparcialidad del juez y a la prevalencia de las normas rectoras, pues no evaluó «las pruebas en su totalidad y las midió con racero (sic) distinto».
3.6. De igual manera, la sentencia halló acreditada la existencia de las lesiones con la experticia rendida por el médico Joaquín Luis Hernando Carvajal Barreto, quien introdujo su informe sin que de aquel se corriera traslado a la defensa. Tampoco se verificó en el fallo una «discrepancia o divergencia importante» del dictamen que, dice, es relevante, pues si se contrasta con la pericia del galeno Wanderley Piraban Sotelo, desdice la del perito médico legal, porque este último, al atender a la víctima en el servicio de urgencias, no hizo alusión a «rotura o golpe del labio superior, ni la existencia de sutura con puntos en la cabeza». Su dicho, sin embargo, fue pasado por alto en la decisión controvertida.
3.7. El Tribunal también se equivocó al valorar el testimonio de Gabriel González Sierra, hijo de la víctima, porque su dicho fue «de oídas», no estuvo presente al momento de los hechos y así lo reconoció en el juicio oral. Nada le consta y no percibió directamente la agresión, por lo que se equivocaron los fallos al soportar la responsabilidad penal declarada contra MAHECHA MARTÍNEZ en lo expuesto por ese testigo.
3.8. Es más, los testimonios de descargo ofrecidos en el debate por Armando López Ibagué y Marco Antonio Garzón muestran, de manera coincidente, que era Aristóbulo González Aguilar quien consumía licor, desafió al acusado y, por sí solo, perdió el equilibrio para caerse al pavimento. El ad quem, sin embargo, «olvidó confrontar o no vio» aquellas declaraciones y trasgredió, también desde esa perspectiva, el debido proceso de su defendido.
3.9. La versión rendida en el debate público por Edwin Janey González, nieto de la víctima, y que fue el soporte medular de la condena está llena de «contradicciones e incoherencias». El casacionista, dice, observó al testigo en el juicio «intranquilo e inquieto y nervioso» cuando era interrogado sobre la forma en que vio la agresión e incluso advirtió que el testigo reconoció no haber observado ese suceso directamente. Todos esos aspectos, en su criterio, convierten su dicho en mendaz y poco creíble, al margen de su evidente «parcialidad» derivada del parentesco.
3.10. Las circunstancias expuestas muestran insatisfecho el estándar previsto en el art. 381 del Código de Procedimiento Penal. También, que la duda debe prevalecer en el caso concreto porque, a juicio del casacionista, «la única prueba existente» y sobre la cual se soportó la condena no otorga la claridad necesaria para declarar responsable a su defendido.
3.11. De otro lado, recuerda que en la vista preparatoria impugnó los testimonios de cargo de Octavio Ariza y María Antonia González, «por su impertinencia e inconducencia e inutilidad», pero aquella disconformidad no fue abordada «de fondo» por el juez cognoscente en una postura contraria a la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, al punto que ni siquiera se habilitó la formulación de los recursos que en su criterio procedían. Aquel reproche permite «sustentar más» la vulneración de las garantías de su representado.
3.12. Los yerros son trascendentes, pues de suprimirse los testimonios que fundan la condena y, particularmente, el de Edwin Janey González, no queda otro camino que declarar inocente a WILLIAM MAHECHA MARTÍNEZ.
3.13. Pide a la Corte, por esos motivos, que case la decisión de segundo grado ante la lesión de las garantías fundamentales antedichas y la «indebida e incompleta valoración del acervo probatorio», lo que impone absolver a su representado.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
4. Con la Ley 906 de 2004 se ha buscado resaltar la naturaleza de la casación en cuanto medio de control constitucional y legal habilitado de manera general contra todas las sentencias de segunda instancia proferidas por los Tribunales, con el cometido de obtener la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos o la unificación de la jurisprudencia, en seguimiento de lo consagrado por el artículo 180 de la Ley 906 de 2004.
4.1. Precisamente, en aras de materializar el cumplimiento de tan específicos intereses, la Ley 906 de 2004 dotó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de una serie de facultades especiales, como aquella consagrada en el artículo 184, referida a la potestad de «superar los defectos de la demanda para decidir de fondo» en las condiciones indicadas en dicho precepto, esto es, atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del censor dentro del proceso e índole de la controversia planteada.
4.2. Además de estos criterios, también ha expuesto la Corte que el libelo impugnatorio no puede ser un escrito de libre elaboración y ha de cumplir con unas mínimas condiciones de admisibilidad, tales como: i) la acreditación del agravio a los derechos o garantías que se produjo con ocasión de la sentencia; ii) la indicación de la causal de casación elegida, con sujeción a los parámetros lógicos, argumentales y de postulación propios del motivo casacional invocado; y, iii) la determinación de la necesidad del fallo de casación para alcanzar alguna de las finalidades señaladas para el recurso en el ya citado artículo 180 de la Ley 906 de 20043.
4.3. Si, como postula el inciso segundo del art. 184 ejusdem, no se verifican los supuestos arriba enlistados, habrá de inadmitirse el libelo.
5. Con estas precisiones calificará la Sala el único cargo de la demanda de casación presentada por el defensor de WILLIAM MAHECHA MARTÍNEZ, postulado al amparo de la causal segunda de casación.
5.1. La nulidad, en tanto así se denomina según la jurisprudencia de la Corte la causal invocada por el libelista, es menos exigente en su demostración que las demás causales.
5.2. Es necesario, sin embargo, que en la formulación del reproche el demandante (i) sea preciso al identificar la clase de irregularidad sustancial que determina la invalidación; (ii) exprese si el alegado es un vicio de estructura o de garantía; (iii) plantee los fundamentos fácticos de la pretensión invalidatoria; (iv) indique qué preceptos normativos considera vulnerados; (v) fije el momento procesal en que se produjo la anomalía y la cobertura de la invalidez deprecada; y, (vi) acredite, en términos de trascendencia, la necesidad de acudir a la nulidad como remedio único y extremo para restablecer el derecho afectado con la anormalidad procesal o la garantía cuya lesión se reprocha a la sentencia.
5.3. El casacionista, además, ha de acreditar que el vicio afecta las garantías constitucionales de los sujetos procesales o que desconoce las bases fundamentales de la investigación o del juzgamiento.
5.5. Desde esa perspectiva, una alegación postulada bajo la senda de la causal segunda de casación – nulidad – reclama poner de manifiesto la relevancia del yerro para afectar la validez del fallo cuestionado. Por ende, es carga del casacionista mostrar con plausibilidad y suficiencia cómo el sentido de la decisión habría de ser sustancialmente diverso si no se hubiera incurrido en la irregularidad procedimental.
5.6. Además de los parámetros jurisprudenciales señalados para el cargo invocado, el libelo también debe enmarcarse en los principios que gobiernan el recurso extraordinario de casación, entre los que destacan:
… los de sustentación suficiente según el cual, la demanda debe bastarse a sí misma para provocar la anulación del fallo; el de crítica vinculante, por cuyo medio se exige una argumentación fundada en las causales previstas taxativamente por la normatividad vigente y el cumplimiento de los requisitos de forma y contenido de acuerdo con la seleccionada por el actor; el de no contradicción, que informa que no es posible, en un mismo cargo, invocar varias causales; y el de objetividad, conforme al cual la alegación debe guardar absoluta fidelidad con la actuación4.
5.7. La demanda, contrastada con las exigencias precedentes, muestra que el cargo por cuyo medio el libelista pretende la nulidad del trámite no satisface la carga argumentativa necesaria para su admisión. Por consiguiente, desde ya se anuncia, la demanda será inadmitida por las razones que a continuación expondrá la Corte.
5.7.1. La censura infringe varios de los principios que orientan el recurso de casación. En esencia, los de sustentación suficiente, crítica vinculante y no contradicción.
5.7.2. Ello porque con los reclamos que fundamentan la censura el libelista no discute, en estricto sentido, la vulneración del debido proceso sino la lesión del debido proceso probatorio que es propio de la causal tercera de casación – violación indirecta de la ley sustancial – y que debe postularse, tal y como ha desarrollado la jurisprudencia, a través de los distintos errores de hecho y de derecho que soportan esa vía de ataque en sede casacional.
5.7.3. En efecto, si la censura, en su mixtura de fundamentaciones reprocha que el Tribunal dejó de «evaluar las pruebas en su totalidad», era la vía del error de hecho por falso juicio de existencia a la que debió acudir, bajo alguna de sus facetas, con la carga de mostrar que al proferir la sentencia impugnada el fallador (i) desconoció por completo una prueba debidamente incorporada a la actuación o (ii) le concedió valor probatorio a una que jamás fue recaudada suponiendo su existencia.
5.7.4. Pero ni siquiera consultó el libelista el principio de no contradicción en cuanto a ese aspecto se refiere. Critica, de un lado, que la sentencia de primera instancia se refirió al testimonio del médico Wanderley Pirabán Sotelo sin que éste fuese recaudado en el juicio oral, pero también discute, en el mismo cargo, que la segunda instancia pasó por alto valorar el contenido de aquella atestación, obviando, por supuesto, el carácter excluyente de tales premisas.
5.7.5. También infringe en ese aspecto la corrección material que le exige ser fiel a la realidad del proceso. Es verdad que la sentencia de primera instancia se refirió a la versión ofrecida por ese galeno, en el acápite denominado «pruebas recaudadas», pero en sus consideraciones, el fallo solo tuvo en cuenta, en aras de verificar la materialidad de las lesiones, la última valoración médico legal, esto es, la que el médico Joaquín Luis Hernando Carvajal Barreto le practicó a la víctima el 28 de marzo de 2016.
5.7.6. Con todo, las decisiones de instancia, que para el caso conforman una unidad, reconocieron que la víctima, Aristóbulo González Aguilar, «presentó lesiones por un mecanismo contundente» y sufrió algunas consecuencias, definidas en los fallos como «incapacidad médico legal superior a 30 días y menor a 90 días, y secuelas de perturbación funcional de órgano sistema nervioso central de carácter permanente, perturbación del órgano lenguaje de carácter permanente y perturbación funcional de órgano fuerza mano derecha de carácter permanente». La censura, aunque esboza que la supuesta valoración médica omitida contradice la última experticia que soportó las lesiones, no muestra en qué sentido lo hace ni la trascendencia del error, por lo que queda el reproche en un campo meramente especulativo.
5.7.7. Es más, la sentencia de segundo nivel sí abordó la supuesta existencia de contradicciones en punto de las características de las lesiones de la víctima. Recordó el Tribunal que el testigo Edwin Janey González afirmó haber observado «una herida en el labio superior a su abuelo, sangre en su cabeza y que además se la habían cosido», y que la defensa alegó que no había prueba de aquellas circunstancias; sin embargo, el ad quem halló acreditada la lesión con soporte en la experticia médica introducida al juicio, según la cual existía «hematoma de 1 cm. y herida de 3 cm», aunque advirtió que era «posible que no se encontrara vestigios de la lesión del labio y de las costuras, por el paso del tiempo» desde la fecha del primer dictamen al último, sin que ello mostrara contradicción. Agregó que la defensa no demostró, probatoriamente, que quedara alguna cicatriz.
5.7.9. Es más, al margen de que el reproche, en esos términos, infringe el principio de autonomía al entremezclar argumentos de las causales segunda y tercera de casación, tampoco fundamenta, bajo los principios rectores de las nulidades y en particular los de convalidación e instrumentalidad, de qué manera aquella circunstancia resultaría trascendente para infirmar el juicio de reproche cuando ni siquiera consta en el plenario que haya sido discutido aquel aspecto y la defensa lo controvirtió, no solo en el juicio sino en sede de segunda instancia.
5.7.10. Otro aparte del cargo cuestiona que la decisión de segundo nivel evaluó el dicho «de oídas» de Gabriel González Sierra, quien no estuvo presente al momento de la agresión. También afirma que discutió la «legalidad» de ese testimonio en la fase pertinente, con base en argumentos sobre los que el Tribunal no se pronunció.
5.7.11. Deja de lado el libelista, sin embargo, que la forma adecuada de presentar un yerro en sede de casación por aspectos de esa índole es la del error de derecho por (i) falso juicio de convicción, que se presenta cuando el juez le niega a la prueba el valor asignado por la ley o cuando le da uno que legalmente no le corresponde o (ii) falso juicio de legalidad, en cuya motivación debió enseñar a la Corte de qué manera aceptó la prueba el fallador con violación de las formalidades legales para su aducción y exhibiendo las normas procesales que regulan ese medio de prueba, la acreditación de cómo se produjo la transgresión y su incidencia en el sentido del fallo.
5.7.12. Pero también quebranta la censura el principio de corrección material. El Tribunal reconoció que el mencionado testigo «no percibió en forma directa cómo fue el golpe que originó las afectaciones a la integridad personal de la víctima, pues… reprodujo lo que le contó su sobrino… por lo que sus dichos frente a tal aspecto serían prueba de referencia».
5.7.13. Pero dejó claro la sentencia, que aquella atestación permitía corroborar periféricamente lo dicho por Edwin Janey González, testigo directo del suceso, sin que se desconociera el estándar al que se refiere el inciso 2º del art. 381 del código de Procedimiento Penal, porque ese medio de convicción fue valorado «en conjunto con las demás pruebas practicadas».
5.7.14. Es más, el ad quem resaltó que «no todo lo manifestado» por Gabriel González Sierra podía considerarse como de referencia, porque percibió directamente otros aspectos que rodearon la ocurrencia del delito, entre otros, «por qué su sobrino fue a recoger a su padre y cómo fue la llamada que recibió cuando le informaron lo sucedido».
5.7.15. De igual manera, el Tribunal, al valorar «de manera conjunta» lo dicho por Gabriel González Sierra y Edwin Janey González, halló que se trataba de relatos «claros, coincidentes y coherentes» en cuanto indicaron que Aristóbulo González Aguilar llamó al primero para que lo recogiera y tal fue la razón por la que Gabriel le pidió a Edwin Janey que se desplazara hasta la carnicería. A partir de ese hecho, evidenció el fallo que este último «sí estaba en la carnicería que quedaba al lado de la cantina frente a la cual sucedieron los hechos materia de juzgamiento cuando sucedieron los mismos».
5.7.16. Por consiguiente, el cargo en ese apartado tampoco tiene vocación de admisibilidad. No solo por la infracción de los principios orientadores de las nulidades sino también del de corrección material, así como la inadecuada selección de la causal de casación invocada.
5.7.17. Los reclamos dirigidos a controvertir que la sentencia de segundo grado «olvidó confrontar o no vio» el contenido de los testimonios de descargo ofrecidos en el debate por Armando López Ibagué y Marco Antonio Garzón tampoco se acompasan a la senda de nulidad que fundamenta el cargo. El demandante ha debido invocar la violación indirecta de la ley sustancial a través de un error de hecho por falso juicio de existencia por omisión. Sin embargo, ni siquiera se esboza aquella causal en el libelo, y mucho menos se desarrolla bajo la técnica propia de la sede casacional.
5.7.18. Y, de nuevo, en franco desconocimiento de la corrección material, omite mencionar el demandante que el Tribunal sí abordó aquellas testimoniales. Encontró, sin embargo, que los testigos eran «imprecisos, pues mientras que [Marco Antonio Garzón] dijo que con el solo hecho de que el procesado se parara frente a la víctima, ésta se fue al suelo, [López Ibagué] afirmó que se enredó con un andén y se fue hacia atrás dentro de la cantina».
5.7.19. Ahora, aunque para el Tribunal aquellas imprecisiones no fueron relevantes para minar la credibilidad de lo dicho por los testigos de descargo, sí afectaron «la verosimilitud de sus aseveraciones, si se tiene en cuenta que ni el mismo procesado fue claro en señalar como sucedió la caída… dado que no supo explicar por qué en anterior relato había dicho que sí hubo contacto físico con la víctima y después en juicio oral insistió en que no existió interacción física».
5.7.20. Además, destacó la sentencia que aun cuando aquellos deponentes coincidieron al afirmar que Aristóbulo González estaba tomando licor en otro establecimiento y esa fue la razón de la caída, su dicho, en ese aspecto, no fue creíble, en lo sustancial, porque Edwin Janey González y el mismo procesado expresaron que la víctima se dedicaba era a «lavar la carnicería para el momento de los hechos».
5.7.21. En otro apartado del cargo y de nuevo bajo una mixtura de argumentos deshilvanados, el libelista discute el valor suasorio que el ad quem le otorgó al testimonio de Edwin Janey González González, quien, en su criterio, se mostró «intranquilo e inquieto y nervioso» y exhibió un relato plagado de «contradicciones e incoherencias», todas desatendidas por el Juez Colegiado que, al margen de tales yerros fundó, principalmente en ese testimonio, la declaración de responsabilidad.
5.7.22. Aquí de nuevo el libelista critica el debido proceso probatorio, cuya senda de ataque es, como se ha expuesto a lo largo de este proveído, la causal tercera de casación. Y si en este segmento lo que busca debatir es la apreciación de la prueba testimonial o el valor que a ella le dio la sentencia de segundo nivel, debió invocar errores de hecho derivados de falso juicio de identidad o falso raciocinio, eso sí, bajo los parámetros desarrollados pacíficamente por la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal.
5.7.24. Ello porque (i) había concurrido a la carnicería para recoger a su abuelo por petición de Gabriel González Sierra, (ii) vio el específico evento a través «de una rejilla de la fama en la que se encontraba ayudándole a hacer a aseo» y (iii) luego de ver caer a su abuelo tras el puñetazo, corrió a auxiliarlo.
5.7.25. Además, como en páginas precedentes se expuso, lo relatado por ese testigo a Gabriel González Sierra, aunado al dictamen médico legal de lesiones y al restante acervo probatorio permitió al Tribunal corroborar periféricamente, lo que el declarante presencial del suceso manifestó en el juicio oral y, por esa vía, dio «claridad sobre los hechos materia de juzgamiento» e incluso le permitió desvirtuar la «duda razonable frente a la responsabilidad del procesado».
5.7.26. De otro lado, aunque el Tribunal, quizás por un lapsus, enunció en su decisión que la pretensión de nulidad sería abordada por la égida de lo previsto en el «artículo 306 del C.P.P.», que responde al contenido de la Ley 600 de 2000, no muestra el libelista de qué manera, aquella circunstancia resultaría trascendente a la luz de la causal de casación invocada, cuando al decidir la pretensión invalidatoria, materialmente, la abordó desde la óptica de la Ley 906 de 2004 pero la desechó con fundamento en que el defensor (i) atacó extemporáneamente el decreto de los medios de convicción y, particularmente, la pertinencia del testimonio de Gabriel González Sierra y (ii) controvirtió por esa vía la valoración que del acervo probatorio hizo el a quo, sin que aquellos motivos resultaran atinados para «declarar la nulidad».
5.7.27. Incluso, añadió el fallo de segundo grado, que una eventual irregularidad de cara a aquellas censuras podría ser subsanada en esa sede, como en efecto procedió al analizar aquellos reproches en su decisión, claro está, de fondo, bajo los argumentos a los que en líneas precedentes se ha referido la Sala.
5.7.28. En otro apartado del cargo, predica el casacionista la nulidad del trámite con fundamento en que el a quo desatendió en la vista preparatoria las razones por cuyo medio buscó discutir la admisión de los testimonios de cargo de Octavio Ariza y María Antonia González, que criticó «por su impertinencia e inconducencia e inutilidad» e incluso, reprochó que en esa fase del proceso no se le permitiera atacar la admisión de la prueba a través del recurso de apelación.
5.7.29. Ese cuestionamiento, sin embargo, además de infringir los principios de convalidación y residualidad propios de las nulidades, se aparta de la pacífica postura de la Sala de Casación Penal, en cuanto ha sostenido que, por motivos como los allí postulados, contra «el auto que admite pruebas (numeral 4° del artículo 177 de la Ley 906 de 2004), únicamente procede el recurso de reposición, mientras que contra el que deniega o imposibilita la práctica de las mismas, sí es dable promover el de apelación»; (Cfr. CSJ AP5395 – 2022; CSJ AP2339 – 2021; CSJ AP3180 – 2019 y CSJ AP2554 – 2019, entre otros).
5.7.30. Tampoco mostró el libelista que en aquella oportunidad hubiese discutido una eventual afectación de derechos fundamentales en el recaudo de aquellas testimoniales, bajo las previsiones del art. 23 de la Ley 906 de 2004, como para que por vía de la cláusula de exclusión probatoria se hubiese abordado el debate, incluso a través del recurso vertical. Como bien se ve, la intención del recurrente, tanto en esa sede, como ahora en casación, es debatir la inadmisibilidad de la prueba por estimar indemostrado el estándar de pertinencia en su decreto.
5.7.31. Así lo advirtió el ad quem cuando plasmó en el fallo que el libelista pretendía «cuestionar en forma extemporánea la pertinencia de un testimonio». Ese debate, advirtió, debió zanjarse en la audiencia preparatoria y no en sede de apelación, porque permitirlo implicaría «desconocer el principio de preclusividad de los actos procesales».
5.7.32. Es más, aquella discusión resulta intrascendente a los fines de la pretensión de nulidad, si se considera que las testimoniales de Octavio Ariza y María Antonia González no incidieron de forma positiva o negativa frente a la declaración de responsabilidad. Primero, porque la decisión de segundo grado ni siquiera se refirió a aquellos testigos, y segundo, porque como reconoció la sentencia de primer nivel que para el caso constituye unidad, nada les constaba sobre los hechos jurídicamente relevantes.
5.8. En realidad, el libelista entiende el recurso extraordinario como una tercera instancia para insistir, bajo un alegato de libre factura, en aspectos evaluados por las instancias. Dejó de confrontar la argumentación que llevó al Tribunal a ratificar la condena emitida en primera instancia contra WILLIAM MAHECHA MARTÍNEZ, que se soportó en la valoración conjunta de los medios de convicción incorporados al juicio y, principalmente, en el testimonio de Edwin Janey González González, medios todos que llevaron a las instancias a hallar satisfecho el estándar previsto en el art. 381 del Código de Procedimiento Penal y por esa vía desvirtuar la presunción de inocencia.
5.9. Las razones del Tribunal para ratificar la condena no se confrontan en la demanda de casación, la cual, se insiste, no solo motivó insuficientemente el cargo postulado, sino que tampoco enseña de qué manera podrían desvirtuarse las conclusiones probatorias adoptadas en los fallos controvertidos, mismos que, no sobra añadir, están cobijados por una doble presunción de acierto y legalidad que, para ser rebatida, impone acreditar, con solidez, algún error de juicio susceptible de ser demandable en casación.
5.10. En ese orden, el cargo único de la demanda, como líneas atrás se anunció, será inadmitido.
6. Se impone, por las motivaciones precedentes, inadmitir la demanda de casación formulada por el defensor de WILLIAM MAHECHA MARTÍNEZ, pues tampoco advierte la Sala que sea necesario superar los defectos del libelo para hacer uso de la facultad oficiosa contemplada en el inciso 3º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004.
7. Contra la presente decisión procede el mecanismo de insistencia de conformidad con lo establecido en la norma acabada de mencionar y las reglas que ha definido la Sala de manera pacífica en pronunciamientos anteriores.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL
RESUELVE
1. INADMITIR la demanda de casación presentada por la defensa del acusado WILLIAM MAHECHA MARTÍNEZ, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
2. Contra esta determinación procede el mecanismo de insistencia, en los términos definidos pacíficamente por la jurisprudencia de la Sala.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
HUGO QUINTERO BERNATE
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS
GERSON CHAVERRA CASTRO
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
JORGE HERNAN DÍAZ SOTO
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
FABIO OSPITIA GARZÓN
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 ARTÍCULO 114. PERTURBACIÓN FUNCIONAL. Si el daño consistiere en perturbación funcional (…)
Si fuere permanente, la pena será de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de treinta y cuatro punto sesenta y seis (34.66) a cincuenta y cuatro (54) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2 Tras advertir que el juez de primera instancia trasgredió la congruencia entre acusación y sentencia en lo atinente a la dosificación de la sanción intramuros, pues se ubicó en el primer cuarto medio luego de atribuir al procesado la circunstancia agravante prevista en el art. 58 – 2 del Código Penal (Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil…), que no había sido endilgada por la Fiscalía en la acusación. Agregó que no había yerro alguno en la imposición de la multa, porque respetó los preceptos legales.
3 Entre otros, CSJ AP, 13 de junio de 2007, Rad. 27.537; AP, 25 de julio de 2007, Rad. 27.810.
4 CSJ AP 3439, 25 jun. 2014, rad. 41752 reiterada en CSJ AP946 – 2020.