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FABIO OSPITIA GARZÓN
Magistrado Ponente
STP1641-2023
Tutela de 1ª instancia No. 128276
Acta No. 014
Bogotá D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023).
VISTOS
Se resuelve la acción de tutela instaurada por FABIO GILBERTO ROJAS GUEVARA contra la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Como hechos jurídicamente relevantes se destacan los siguientes:
1. El 28 de junio de 2022, la Universidad la Gran Colombia confirió a FABIO GILBERTO ROJAS GUEVARA el título de abogado.
2. El 12 de julio siguiente, el accionante radicó solicitud de inscripción como abogado y expedición de la tarjeta profesional, a través del correo electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co.
3. Mediante comunicación No. 28159 del 1° de septiembre de 2022, la autoridad accionada dio a conocer al actor la expedición de su tarjeta profesional No. 390031 y el 7 de septiembre siguiente le indicó que dicho documento es de carácter provisional, en razón a que, de conformidad con la Ley 1905 de 2018, debe presentar y obtener la certificación de aprobación del examen de Estado que habilite su inscripción en el Registro de Abogados.
4. Inconforme, el 12 de octubre de 2022 FABIO GILBERTO ROJAS GUEVARA radicó una solicitud tendiente a que se ordenara la expedición y entrega de su tarjeta profesional en forma definitiva, para cuyo fin solicitó la eliminación de la anotación “PROVISIONAL”.
5. Mediante oficio del 9 de noviembre siguiente, la autoridad accionada dio respuesta negativa a su solicitud, tras hacer énfasis en la exigencia prevista en la Ley 1905 de 2018, a la vez que le explicó que, mediante Acuerdo No. 11985 de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura estableció que los graduados en vigencia de la referida ley, “podrán tramitar la solicitud de inscripción y expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado, con vigencia provisional hasta la publicación de los resultados de la primera prueba realizada”.
Aclaró que la expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado con vigencia provisional no limita el ejercicio de la profesión, sino que condiciona su vigencia al cumplimiento de la exigencia prevista en la Ley 1905 de 2018, tal como se estableció en la sentencia del 27 de octubre de 2022 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al interior del radicado No. 11001031500020220496000.
6. Al estimar que la anterior respuesta no atendió en forma clara y concisa su requerimiento, el día 26 de noviembre de 2022 elevó otra solicitud a la que se dio respuesta mediante oficio del 27 de diciembre del mismo año, misma que, según alega, no resuelve de fondo las 71 peticiones allí planteadas.
7. En virtud de la situación fáctica descrita, el accionante pretende el amparo de su derecho fundamental de petición y, en consecuencia, se ordene a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, dé respuesta de fondo a la solicitud elevada el 26 de noviembre de 2022.
TRÁMITE DE LA ACCIÓN
La demanda fue admitida el pasado 18 de enero y se dispuso correr traslado a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, que informó lo siguiente:
El señor FABIO GILBERTO ROJAS GUEVARA, presentó peticiones los días 12 de octubre y 26 de noviembre de 2022, a las cuales dio respuesta mediante oficios del 9 de noviembre y 27 de diciembre del mismo año, respectivamente.
Recalcó que el actor ha realizado peticiones reiteradas y con múltiples preguntas, que se circunscriben a su inconformidad con la inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la asignación de la Tarjeta Profesional de Abogado con Vigencia Provisional No. 390031, en los términos del Acuerdo PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
Puso de presente que, dada su inconformidad con la expedición de la tarjeta profesional de carácter provisional, el gestor del amparo promovió otra acción de tutela en su contra, de la que conoció la Sala de Casación Civil de esta Corporación, autoridad judicial que en fallo STC12828-2022 del 28 de septiembre de 2022, negó la protección de sus derechos fundamentales.
A su parecer, no ha vulnerado los derechos fundamentales de FABIO GILBERTO ROJAS GUEVARA, a quien ha dado respuesta a las solicitudes que ha elevado relacionadas con la expedición de la tarjeta profesional de abogado, conforme a la normatividad que resulta aplicable a su caso.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Competencia
Problema jurídico
Determinar si la Unidad Nacional de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia URNA del Consejo Superior de la Judicatura, vulneró el derecho fundamental de petición del señor FABIO GILBERTO ROJAS GUEVARA, al no resolver de fondo la petición que elevó el 26 de noviembre del año inmediatamente anterior, relacionada con la expedición de su Tarjeta Profesional de Abogado de carácter definitivo.
Análisis del caso concreto
1. La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales, cuando sean amenazados o vulnerados por la conducta activa u omisiva de las autoridades públicas o los particulares, en los casos que la ley regula, siempre que el interesado no cuente con otros medios de defensa judicial (artículo 86 de la Constitución Política y 1º del Decreto 2591 de 1991).
2. Previo a resolver lo pertinente, debe precisar la Sala que i) el señor FABIO GILBERTO ROJAS GUEVARA promovió otra acción de tutela contra la Unidad Nacional de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia URNA del Consejo Superior de la Judicatura, con ocasión a la expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado con vigencia temporal y, en razón de ello, ii) la Sala de Casación Civil de esta Corte profirió fallo STC12828-2022.
No obstante, los hechos allí debatidos son distintos a los que ahora nos convocan, lo que descarta el ejercicio temerario de la acción. En efecto, en el presente asunto se debate la omisión de la autoridad accionada en dar respuesta congruente y de fondo a la petición elevada el 26 de noviembre de 2022, en tanto que, en la acción que estudió la Sala homóloga en dicha oportunidad, el actor pretendió que se ordenara la expedición de la Tarjeta Profesional de carácter definitivo.
Al resolver dicha pretensión, la Sala de Casación Civil descartó el cumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, bajo las siguientes consideraciones:
“2.- En efecto, memórese que el precursor requiere que se ordene a la citada Unidad, que nuevamente le «expida y haga entrega» de la «tarjeta profesional de abogado n° 390031», sin que contenga «la anotación de PROVISIONAL» y, por ende, proceda a excluir o borrar dicho adjetivo del «certificado de vigencia» que se consulta en la página web de la Rama Judicial, toda vez que, para cuando «solicitó y aportó» los «documentos» demandados para su elaboración (12 jul. 2022), el Acuerdo PSCJA22-11985 de 2022, que autorizó la implementación de dicho calificativo, no había sido promulgado (29 ag.).
Sin embargo, del plenario no se evidencia que el gestor previamente haya elevado tales rogativas a la referida institución para provocar una manifestación que responda positiva o negativamente a sus anhelos, declaración que no puede anticipar el «juez de tutela», en tanto, significaría una intromisión de este remedio especial en los fueros propios del funcionario que está llamado a hacerlo.”
En las anotadas condiciones, al advertirse que no se estructura la temeridad en razón a que existe una postulación novedosa del 26 de noviembre de 2022, la Sala realizará el estudio de fondo de la situación planteada por el accionante.
3. La Constitución Política, en su artículo 23, consagra el derecho fundamental de petición, cuyo núcleo esencial consiste en, (i) la facultad de elevar peticiones respetuosas a las autoridades, (ii) el derecho a obtener una respuesta oportuna, de fondo, clara, precisa y consecuente con lo solicitado, y (iii) el derecho a ser informado de ella, independientemente que sea favorable o no a los intereses del peticionario. (CC T-369-2013, entre otras)
Los términos para contestar los diferentes tipos de solicitudes están señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, que dispone que toda petición -salvo norma legal especial- deberá resolverse en los 15 días siguientes a su recepción.
5. El 12 de octubre de 2022, FABIO GILBERTO ROJAS GUEVARA elevó una petición a la autoridad accionada, en la que solicitaba diversa información y mostraba inconformidad con la expedición de la tarjeta profesional de abogado con vigencia temporal.
Ahora bien, el 26 de noviembre de 2022 FABIO GILBERTO ROJAS GUEVARA radicó otra petición en la que insistió en las censuras en relación con la expedición de la tarjeta profesional de abogado con carácter provisional, en la que elevó diversas solicitudes que son las que motivan en esta acción de tutela.
A efecto de verificar si la Unidad accionada respondió de fondo la petición cuya falta de respuesta motiva en esta oportunidad la inconformidad del actor, la Sala cotejará la contestación ofrecida por la accionada a cada una de las solicitudes que le fueron elevadas, así como la inconformidad que frente a cada punto planteó FABIO GILBERTO ROJAS GUEVARA, con el fin de verificar si fue vulnerada la garantía constitucional invocada:
i) Explicar las razones por las cuales no se dio respuesta al numeral primero de la petición radicada el 12 de octubre de 2022, en la que solicitó “Pronunciarse en Derecho y con argumentación jurídica sobre todos y cada uno de los hechos narrados en este escrito en el orden que están expuestos para ratificar la veracidad o inexactitud de estos”.
ii) dar respuesta concreta y congruente a lo solicitado en el numeral PRIMERO del derecho de petición radicado ante la peticionada el 12 de octubre de 2022 y anexar la misma en la contestación del presente derecho de petición.
Respuesta
“La Unidad se pronunció frente a cada una de las solicitudes del 12 de octubre de la presente anualidad, con la debida motivación.”
Inconformidad frente a la misma
No hubo pronunciamiento alguno frente a la petición del 12 de octubre de 2022.
A juicio de la Sala, la Unidad de Registro Nacional de Abogados sí resolvió de fondo las anteriores inquietudes, pues la respuesta ofrecida por la demandada a la petición elevada por el accionante el 12 de octubre de 2022, atendió cada uno de los interrogantes en esa oportunidad elevados.
En efecto, mediante oficio del 9 de noviembre de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia- le precisó a FABIO GILBERTO ROJAS GUEVARA que, de conformidad con el artículo 1° de la Ley 1905 de 2018, para el ejercicio de la profesión de abogado, además de la acreditación de los requisitos legales vigentes, el graduado debe acreditar certificación de aprobación del Examen de Estado que realice el Consejo Superior de la Judicatura, exigencia que aplicará a quienes inicien la carrera de derecho después de la promulgación de la norma, esto es, con posterioridad al 28 de junio de 2018.
Explicó que, mediante Acuerdo No. 11985 de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura estableció que los graduados destinatarios de la Ley 1905 de 2018 podrán tramitar la solicitud de inscripción y expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado, con vigencia hasta la publicación de los resultados de la primera prueba realizada.
Que FABIO GILBERTO ROJAS GUEVARA inició la carrera de derecho el 28 de enero de 2019 en la Universidad La Gran Colombia con sede en esta ciudad, esto es, después de haber sido promulgada la referida ley, de tal suerte que en aplicación a lo dispuesto en el Acuerdo PSCJA-11985 de 2022, la Unidad lo inscribió en el Registro Nacional de Abogados y le asignó la Tarjeta Profesional No. 390031 con vigencia provisional.
Aclaró al actor que el que se hubiese dado aplicación al citado Acuerdo, pese a haber sido proferido con posterioridad a su petición, no implica la vulneración al principio de irretroactividad de la ley.
Frente a la consulta realizada el 1 de septiembre de 2022 en la página del Sistema del Registro Nacional de Abogados, relacionadas con el Certificado de Vigencia de la Tarjeta Profesional de Abogado, le aclaró que el proceso de asignación de la tarjeta profesional de abogado de carácter provisional requiere un proceso adicional interno para que se vea reflejado en el Sistema de Información, por lo que fue con posterioridad que se realizó la actualización de la vigencia de la Tarjeta Profesional No. 390031, con base en la aplicación de las mencionadas normas.
Precisó que los efectos y alcances de la tarjeta profesional de abogado con vigencia temporal, son los mismos a los atribuidos por el Decreto Ley 196 de 1971 a las tarjetas profesionales de abogado que no tienen condicionada su vigencia y, en tales condiciones, su expedición no constituye ninguna limitante o impedimento para la vinculación laboral de sus titulares en entidades públicas o privadas, dado que la condición de la vigencia radica única y exclusivamente en el requisito de presentar el Examen de Estado con el que deben cumplir los graduados de las facultades de derecho del país que hayan iniciado la carrera con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1905 de 2018.
En las anotadas condiciones, lo afirmado en relación a que “La Unidad se pronunció frente a cada una de las solicitudes del 12 de octubre de la presente anualidad, con la debida motivación.”, era una aseveración cierta que permite descartar la vulneración del derecho de petición.
Numerales 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13,15 y 16
i) Indicar si los señores José Urbano Rentería Valoy, Edwin Guillermo Lora López, Víctor Manuel Moscoso Zapata, Cesar Augusto Castrillón Jiménez y Carlos Andrés Sandoval Cuadros, eran destinatarios de la Ley 1905 de 2018.
ii) Si la respuesta es positiva, informarle por qué les fue expedida la tarjeta profesional sin el calificativo provisional.
Respuesta
“La URNA se encuentra revisando cada caso en particular.”
Inconformidad frente a la misma
Es evasiva y sin argumentos de ninguna clase.
Razón le asiste al actor cuando manifiesta que frente a tales interrogantes la Unidad no le brindó respuesta de fondo, pues bajo el supuesto de encontrarse “revisando cada caso en particular”, dejó sin definir si los aludidos abogados son destinatarios de la Ley 1905 de 2018 y en qué términos les fue expedida la tarjeta profesional respetiva.
En estos puntos, es evidente la afectación del derecho de petición de FABIO GILBERTO ROJAS GUEVARA.
Numerales 5, 8, 11, 14 y 17
Si la respuesta frente al punto anterior es negativa, “sírvase responder en derecho y con prueba documental la justificación y anexar la misma en la contestación del presente derecho de petición.”
Respuesta
“La pregunta formulada no es clara”
Inconformidad frente a la misma
Es evasiva y sin argumentos de ninguna clase.
Esas preguntas estaban íntimamente ligadas a las anteriores, por lo que no se entiende cuál es la falta de claridad que plantea la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
Fácil resulta comprender que lo pretendido por el actor es que se le informen las razones por las cuales los abogados relacionados en los numerales anteriores no son destinatarios de la Ley 1905 de 2008 (si es que no lo son). En consecuencia, no puede considerarse como respuesta de fondo el que la Unidad hubiese manifestado al actor que sus preguntas no eran claras y, por tanto, debe brindarse la protección constitucional reclamada.
Numerales 18, 20, 22, 24, 26
Sírvase anexar copia de las actas correspondientes al estudio de la documentación de José Urbano Rentería Valoy, Edwin Guillermo Lora López, Víctor Manuel Moscoso Zapata, Cesar Augusto Castrillón Jiménez y Carlos Andrés Sandoval Cuadros.
Respuesta
“El procedimiento interno que realiza la URNA para la revisión de documentos del trámite de tarjeta profesional de abogado no se consigna en un acta de estudio”.
Inconformidad frente a la misma
Evidencia las falencias de la accionada para el estudio y expedición de la tarjeta profesional de abogado.
No encuentra la Sala reparo frente a las respuestas suministradas por la URNA a dichas pretensiones, pues si frente al estudio de la documentación aportada por los abogados para la expedición de sus tarjetas profesionales no se levanta acta, mal puede i) pretenderse su entrega y ii) cuestionar los procedimientos internos que tenga la entidad con dicho fin.
Bajo el anterior contexto, la respuesta de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia es clara y de fondo.
Numerales 19, 21, 23, 25 y 27
Sírvase anexar copia de las actas correspondientes al proceso de expedición de las tarjetas profesionales de José Urbano Rentería Valoy, Edwin Guillermo Lora López, Víctor Manuel Moscoso Zapata, Cesar Augusto Castrillón Jiménez y Carlos Andrés Sandoval Cuadros.
Respuesta
“Los documentos requeridos se encuentran en revisión por parte de la Unidad, por lo tanto, no pueden ser enviados al peticionario”.
Inconformidad frente a la misma
Vulnera su derecho de acceso a la información, pues es obligación del Estado brindar a los ciudadanos el acceso a la información que esté en su poder
La respuesta ofrecida por la Unidad, a las solicitudes orientadas a obtener las “actas de expedición de las tarjetas profesionales” de los nombrados abogados, resulta evasiva pues se limitó a indicar que se encontraba revisando cada caso particular, sin concretar si existe o no la documentación requerida y, en caso afirmativo, si es viable su entrega.
Numeral 28
Indicar si FABIO GILBERTO ROJAS GUEVARA es destinatario de la Ley 1905 de 2018.
Respuesta
Sí
Numeral 29
Por qué hubo un trato diferente en la expedición de la tarjeta profesional, entre él y los abogados mencionados en los numerales anteriores.
“El proceso que la URNA adelanta para la inscripción y de expedición de las tarjetas profesionales se realiza conforme a las normas especiales sobre la materia y este trámite es el mismo para todas las solicitudes, sin distinción alguna”.
Inconformidad frente a la misma
“No es congruente con lo solicitado, por cuanto sí fui objeto de trato diferente”.
En estos puntos existió una contestación clara y concreta, lo que descarta la afectación del derecho de petición.
El que el actor considere que recibió un trato discriminatorio en la expedición de su tarjeta profesional, no implica que la URNA deba darle respuesta afirmativa al interrogante planteado en tal sentido, máxime cuando esa dependencia le explicó, a lo largo de la respuesta analizada, así como a la ofrecida a la petición elevada el 12 de octubre del año anterior, las razones por las cuales dicho documento, en su caso, tiene el carácter de provisional.
Numerales 30, 34 y 47
30. Indicar por qué inicialmente le fue expedida la Tarjeta Profesional sin el calificativo provisional.
34. Cuál fue el debido proceso que se aplicó en su caso para expedir inicialmente una tarjeta profesional sin anotación, y luego cambiarla por una provisional.
47. Se informe por qué si el certificado de vigencia de su tarjeta profesional que descargó el 1 de septiembre de 2022 no reflejaba la anotación provisional, el generado el 7 del mismo mes y año sí consignaba dicha información.
Respuesta
Una vez revisada la documentación enviada por usted el 12 de julio de 2022 y la información de fecha de inicio de estudios y fecha de grado enviada por la Universidad la Gran Colombia el 6 de julio de 2022 (información corroborada el 12 de agosto), se identificó que había iniciado estudios de la carrera de derecho posterior al 28 de junio de 2018 y, por tanto, le son aplicables los requisitos establecidos en la Ley 1905 de 2018 para obtener la tarjeta profesional de abogado; en consecuencia, la tarjeta profesional de abogado N.º 390.031 se inscribió y expidió con la anotación de vigencia provisional tal como lo estable el parágrafo transitorio 1° del artículo 2 del Acuerdo PSCJA22-11985 de 2022.
Inconformidad frente a la misma
No expone
La Sala encuentra que, en forma reiterada, la entidad accionada explica al actor que su tarjeta profesional siempre ha tenido la glosa de provisionalidad y que el certificado de vigencia que descargó el 1 de septiembre de 2022 no tenía la anotación, porque, para ese momento, el sistema no reflejaba toda la información relacionada con el aludido documento, por un procedimiento interno adicional.
En relación con esas temáticas la Unidad emitió respuesta que satisface las exigencias del derecho de petición.
Numerales 31 y 33
Sírvase anexar copia del acta mediante la cual se expidió la tarjeta profesional de abogado No. 390031 sin calificativo alguno, así como del acta mediante la cual se impuso la vigencia temporal.
Respuesta
En momento alguno la Unidad ha expedido la Tarjeta Profesional No. 390031 sin la anotación de provisionalidad.
Inconformidad frente a la misma
Es falsa, porque por inicialmente había sido informado de la expedición de su tarjeta profesional sin la anotación de provisionalidad.
Al igual que se advirtió al analizar las respuestas ofrecidas por la demandada a los numerales 19, 21, 23, 25 y 27, se evidencia que la Unidad nada respondió al actor frente a la solicitud orientada a que le suministraran el “acta de expedición” de su tarjeta profesional de abogado y el acta de la actuación mediante la cual se fijó la vigencia temporal.
Es decir, que la Unidad en ese puntual aspecto no emitió respuesta clara y concreta, no especificó si existe o no la documentación requerida y, en caso afirmativo, si es viable su entrega. Por tanto, frente a las preguntas 31 y 33 se estructura la vulneración del derecho de petición.
Numerales 32 y 39
i) ¿Tiene validez el certificado de vigencia de su tarjeta profesional 501855 del 1 de septiembre de 2022?
ii) Informar a partir de qué momento es válido el certificado de vigencia descargado de la página web de la Rama Judicial cuando no tiene observación alguna frente a su temporalidad.
El documento que expide la Unidad que certifica la vigencia de la tarjeta profesional de abogado, es válido hasta tanto la información no haya variado.
Aclaró que el certificado al que hace alusión el actor, acredita que la tarjeta profesional de abogado no. 390031 se encuentra vigente al momento de su expedición y se mantendrá vigente hasta la fecha de publicación de los resultados del examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018, o hasta que una decisión judicial disponga lo contrario.
Inconformidad frente a la misma
No expone
Numerales 35, 55, 56 y 61
Indicar si la tarjeta profesional de abogado es igual a una expedida en forma provisional, así como explicar qué significa el término provisional, qué diferencia hay entre la tarjeta provisional y la definitiva, y se aporte la normatividad que indica los alcances y/o restricciones de la tarjeta profesional provisional.
Respuesta
La tarjeta profesional de abogado con vigencia provisional, tiene iguales efectos y alcances a los atribuidos por el Decreto 196 de 1971 a las tarjetas profesionales de abogado que no tienen condicionada su vigencia, por lo que, tener este documento en dicha condición no vulnera ni limita los derechos al trabajo e igualdad de los abogados o sus representados. Simplemente condiciona su vigencia al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1905 de 2018, siempre que el inicio de la carrera se haya dado con posterioridad a su entrada en vigencia.
En respaldo, citó las decisiones proferidas el por el Consejo de Estado al interior de los radicados No. 110010315000202204960 del 27 de octubre de 2022 y 11001031500020220528500 del 3 de octubre del mismo año.
Adicionalmente, aclaró que la tarjeta profesional provisional no constituye ninguna limitante o impedimento para la vinculación laboral de sus titulares en entidades públicas o privadas.
Inconformidad frente a la misma
“No hay respuesta taxativa y congruente a las peticiones números 35, 56, 55 y 61, es decir, la contestación diverge con lo solicitado; por otro lado, en ningún escrito he mencionado la expedición de una licencia temporal que sí está normada y publicitada ampliamente, contrario a la Tarjeta Profesional Provisional que no existe dentro de la normatividad dentro de la cual me la expidieron.”
Contrario al criterio del actor, encuentra la Sala que la Unidad sí respondió con claridad sus interrogantes, pues le explicó que la tarjeta provisional tiene los mismos efectos consagrados en el Decreto 196 de 1971 y, además, que su diferencia estriba en que su vigencia está condicionada a la presentación y aprobación del examen consagrado en la Ley 1905 de 2018.
Además, de la respuesta analizada y de la ofrecida a la petición del 12 de octubre de 2022, se advierte que la entidad demandada ha dejado en claro que la tarjeta profesional provisional fue reglamentada en el Acuerdo 11985 de 2022 para los profesionales que son destinatarios de la citada Ley.
Numerales 37 y 38
Explicar cuál es el protocolo utilizado para la publicación de los certificados de vigencia de las tarjetas profesionales, concretamente el de la suya.
Respuesta
Los procesos realizados por el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados SIRNA para la generación de los certificados de vigencia, se encuentran disponibles de manera pública en la página web del Consejo Superior de la Judicatura.
Explicó que el Sistema cuenta con un procedimiento consistente en que por cada petición en línea, la información correspondiente al número de documento que se solicita, genera el respectivo certificado de vigencia, teniendo en cuenta los datos cargados en las bases de datos de la Unidad.
Aclaró que al momento de realizar el registro de una persona como abogado y generarle el número de tarjeta profesional, de inmediato se puede realizar la generación del certificado de vigencia. Sin embargo, al consultarse en forma inmediata, podría no generarse toda la información cargada en el sistema.
Inconformidad frente a la misma
“El sistema de generación del número de tarjeta profesional y certificado de vigencia no es confiable por cuanto “al consultarse inmediatamente podría no reflejarse la totalidad de la información cargada en el sistema”, aspecto gravísimo por tratarse de información relevante y si la accionada manifiesta que la información puede no ser confiable, ¿Qué acciones ha tomado para solucionar ese gravísimo inconveniente?”
Para la Sala, el que a juicio del accionante el sistema de generación del certificado de vigencia de la tarjeta profesional no sea confiable, no significa que la demandada no haya resuelto de fondo su inquietud, pues nótese que le suministró una explicación detallada del procedimiento utilizado para la generación de ese documento, con lo que se advierte una respuesta clara, concreta y de fondo.
i) Bajo qué argumento jurídico es viable comunicar sobre la expedición de una tarjeta profesional definitiva y luego, modificarla a provisional.
ii) Para el día en que radicó la solicitud de expedición de tarjeta profesional, qué normatividad viabilizaba su expedición de carácter provisional.
iii) Qué normatividad autoriza la expedición de la tarjeta profesional con límite temporal hasta el 30 de abril de 2024.
iv) Qué norma jurídica autorizó la expedición de la tarjeta profesional temporal. Anexar la misma.
v) Aportar copia de la normatividad donde se muestre la legalidad de la tarjeta profesional de carácter provisional.
Respuesta
La URNA realizó la anotación de vigencia provisional de las tarjetas profesionales de abogado atendiendo lo dispuesto expresamente en el parágrafo transitorio 2° del artículo 2° del Acuerdo PSCJA22-11985 de 2022 del Consejo Superior de la Judicatura.
Inconformidad frente a la misma
“No corresponden a lo peticionado; además, no pueden integrarse para unificar la respuesta por cuanto no se refieren al mismo hecho.”
La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia ilustró al accionante acerca de que su tarjeta profesional no fue cambiada a provisional, Que el certificado de vigencia inicialmente descargado no reflejaba esa información, pero que ello obedeció a que, para ese momento, el sistema no estaba totalmente actualizado.
Además, insistió que la expedición provisional de ese documento se reguló en el Acuerdo 11985 de 2022 y está soportada en la Ley 1905 de 2018, que exige la presentación y aprobación del examen de Estado.
Numerales 41, 65 y 67
i) ¿Qué responsabilidad subjetiva tienen los destinatarios de la Ley 1905 de 2018, cuando el cumplimiento de la misma sale de su esfera?
ii) Frente a ello, qué interpretación da la Unidad al principio ad impossibilia nemo tenetur
iii) En qué momento puede endilgársele responsabilidad frente a la no presentación del examen.
Respuesta
La Ley 1905 está dirigida a todas las personas que quieran obtener la tarjeta profesional de abogado y que hayan iniciado estudios después de su entrada en vigencia. Aclaró que ningún egresado de la carrera de derecho está obligado a solicitar la tarjeta profesional, de tal suerte que no tenerla no conlleva sanción disciplinaria. Sin embargo, representar derechos e intereses de terceros sin dicho documento, en los casos exigidos en la ley, sí lo es.
Aclaró que aquellas personas que soliciten la inscripción y expedición de la tarjeta profesional de abogado y hayan iniciado estudios en vigencia de dicha normativa, están en la obligación de cumplir los requisitos exigidos en la misma.
Inconformidad frente a la misma
Incongruentes y evasivas con lo solicitado.
No puede tildarse de incongruente ni evasiva dicha respuesta, pues en forma clara y coherente la Unidad explicó que ningún egresado de la carrera de derecho está obligado a solicitar la expedición de la tarjeta profesional, de tal suerte que ninguna responsabilidad disciplinaria se deriva del hecho de no portarla, salvo si se trata de representar intereses ajenos.
Debe la Sala recordar al actor que el hecho de no recibir respuesta de la forma por él esperada no se traduce en la vulneración a su derecho fundamental de petición.
Para el momento en que radicó la solicitud de inscripción y expedición de la tarjeta profesional de abogado, qué requisitos aparecían visibles en la página web de la Rama Judicial para su otorgamiento.
Respuesta
Indicó que para el 11 de julio de 2022, la página web reflejaba los siguientes requisitos:
* Formulario único para múltiples trámites con firma y huella.
* Fotocopia de la cédula de ciudadanía o extranjería.
* Dos fotografías recientes fondo azul 3X4.
* Fotocopia del acta de grado.
* Recibo de la consignación en la cuenta de ahorros No. 00130034290200462655 de la Rama Judicial.
Resaltó que se trata de los mismos documentos que se exigen en la actualidad.
Inconformidad frente a la misma
Se confirma que para la época no era exigible el requisito relacionado con la presentación del examen.
La respuesta ofrecida al interrogante planteado por el actor refleja que se relacionaron los documentos que se exigen para la expedición de la tarjeta profesional, lo que constituye, a no dudarlo, una respuesta clara, concreta y de fondo.
Numerales 44 y 47
44. Indicar y anexar, qué interpretación dio el Consejo Superior de la Judicatura al artículo 2° de la Ley 1905 de 2018 que dispone “El requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado establecido en la presente ley se aplicará a quienes inicien la carrera de derecho después de su promulgación”.
47. También indicarle por qué inicialmente se expidió la tarjeta profesional sin calificativo alguno y luego, en forma inconsulta, se expidió el mismo documento con carácter provisional y se agregó como observación “De conformidad con la Ley 1905 de 2018 y el Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022, esta Tarjeta Profesional Provisional tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2024”
Respuesta
El artículo 2° de la Ley 1905 de 2018, en forma expresa establece que el requisito de aprobación del examen de estado para obtener la tarjeta profesional de abogado, es exigible para quienes hayan iniciado sus estudios en fecha posterior a su promulgación, esto es, después del 28 de junio de 2022.
Inconformidad frente a la misma
No es coherente por cuanto tratan de situaciones diferentes, en tanto que en el numeral 44 solicitó la interpretación que dio la accionada a la aplicación del artículo 2° de la ley 1905 de 2008, “en el sentido que desde mi concepto, el adverbio “después” que denota posterioridad temporal, no significa inmediatez”.
Mientras que la petición 47 textualmente decía: “47. Sírvase responder y anexar la misma en la contestación del presente derecho de petición, ¿Por qué el Consejo Superior de la Judicatura, después de expedir la TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO 390031 y publicar el 01/09/2022 el certificado de vigencia sin calificativo alguno, decidió de forma inconsulta, expedir tiempo después, otra TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO 390031 y agregar en el certificado de vigencia la observación “De conformidad con la Ley 1905 de 2018 y el Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022, esta Tarjeta Profesional Provisional tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2024?”
La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia sí dio a conocer al actor el alcance dado al artículo 2° de la Ley 1905 de 2018, pues le indicó que resulta aplicable a quienes hayan iniciado materias en su vigencia, esto es, a partir del 28 de junio de 2018.
Además, la Unidad en relación con la petición del numeral 47, como quedó visto en consideraciones precedentes, ya había señalado que no existió ningún cambio de tarjeta profesional provisional.
Numeral 46
Indicar por qué el Consejo Superior de la Judicatura se demoró más de 2 meses en expedir su tarjeta profesional.
Respuesta
Porque para la fecha en que realizó la solicitud, la Unidad no contaba con la confirmación de la fecha de inicio de sus estudios de la carrera de derecho, requisito indispensable para determinar la exigencia del requisito señalado en la mencionada ley.
Inconformidad frente a la misma
“No corresponde con la realidad, por cuanto en el escrito de contestación del punto 30 de calenda 27 de diciembre de 2022 manifiestan textualmente “Una vez revisada la documentación enviada por usted el 12 de julio de 2022 y la información de fecha de inicio de estudios y fecha de grado enviada por la Universidad la Gran Colombia el 6 de julio de 2022 (información corroborada el 12 de agosto), se identificó que había iniciado estudios de la carrera de derecho posterior al 28 de junio de 2018 y, por tanto, le son aplicables los requisitos establecidos en la Ley 1905 de 2018 para obtener la tarjeta profesional de abogado; en consecuencia, la tarjeta profesional de abogado N.º 390.031 se inscribió y expidió con la anotación de vigencia provisional tal como lo estable el parágrafo transitorio 1° del artículo 2 del Acuerdo PSCJA22-11985 de 2022. Como se aprecia, la tardanza es injustificada por cuanto la información fue enviada por la universidad por primera vez el 6 de julio de 2022 y fue corroborada, no rectificada, el 12 de julio de 2022, además, dentro del estudio de mi documentación nunca fui requerido ni informado de requisitos faltantes.”
Existió respuesta de fondo. El que a juicio del actor la información suministrada por la Unidad no corresponda a la realidad no significa que no se haya atendido su interrogante. No hay vulneración del derecho fundamental de petición.
Numerales 48 y 64
Qué norma establece que la tarjeta profesional provisional tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2024 e indicar en forma exacta e inequívoca la fecha de publicación del examen de Estado de que trata la Ley 1905 de 2018.
Respuesta
Le indicó que dicha fecha es la estimada para la realización del examen de Estado para abogados de la Ley 1905 de 2018, conforme el parágrafo transitorio 1° del artículo 2 del Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022.
Inconformidad frente a la misma
“Afirman que la fecha es aproximada, sin embargo, en la Observación del certificado de vigencia mencionan una fecha exacta de vigencia “Hasta el 30 de abril de 2024”, es obvio interpretar que a la fecha mencionada inclusive, ya deben publicarse los resultados del examen en los términos de la Ley 1905 de 2018, entonces el examen debe aplicarse con la debida anticipación, fecha que la accionada aún no tiene definida ni siquiera aproximada, aún no se publicita la inscripción para que los destinatarios puedan cumplir con el requisito, la petición era informar sobre fechas exactas de la programación por cuanto la Ley 1905 de 2018 fue promulgada hace más de 4 años y medio, tiempo suficiente para programar todas las etapas de un Examen de Estado, y más aún si se quiere con esta ¿acreditar la idoneidad de la profesión de abogado de los nuevos egresados?”
Sí se resolvió de fondo este interrogante, pues se indicó al actor la fecha estimada de realización del examen de Estado, conforme a lo previsto en el Acuerdo 11985 de 2022. En consecuencia, las interpretaciones o alcances que dé el accionante a la norma, no se traduce en una respuesta incongruente o incoherente.
Numerales 49 y 50
i) ¿Qué es un acuerdo?
Respuesta
i) “La URNA no es un órgano consultivo sobre conceptos jurídicos, sin embargo, se recuerda que un acuerdo es un acto administrativo de carácter general que contiene una decisión colegiada.”
ii) Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.
Inconformidad frente a la misma
Reprocha que, en la elaboración de dicho Acuerdo, no se hubiesen tenido en cuenta los representantes de las universidades, ni al Ministerio Público.
El que el actor no comparta la forma en que el Consejo Superior de la Judicatura elabore y apruebe los acuerdos, no desemboca en la vulneración del derecho en esta oportunidad invocado. Lo importante es que la solicitud fue contestada.
Numerales 51, 52, 53 y 62
51) Indicar en qué etapa de promulgación del referido Acuerdo fue tenido en cuenta su destinatario.
52) Anexar acta de las reuniones y debates de los estudios previos a la expedición del Acuerdo 11985 de 2022.
53) Anexar el acta final del referido acuerdo.
62) Anexar actas de todos los debates para la implementación del examen de estado establecido en el artículo 1° de la Ley 1905 de 2018.
Respuesta
En los archivos de la URNA no reposan las actas de las sesiones de la sala plena del Consejo Superior de la Judicatura.
Inconformidad frente a la misma
No expone
Numeral 59
Sírvase anexar copias de las actas mediante las cuales se ha aprobado la publicación de la publicidad en diferentes medios de la TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO PROVISIONAL.
Respuesta
En los archivos de la unidad no reposan las actas de las oficinas de comunicaciones del Consejo Superior de la Judicatura. Más le recordó que las leyes y acuerdos que expiden las autoridades competentes son de libre consulta pública en las páginas oficiales.
Inconformidad frente a la misma
No expone
La Sala debe recordar que, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, “si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los diez (10) días siguientes al de la recepción si obró por escrito.
Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario.”
En las anotadas condiciones, se concluye que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia vulneró el derecho fundamental de petición de FABIO GILBERTO ROJAS GUEVARA, pues si consideraba que no era competente para resolver los cuestionamientos relacionados con la i) tramitación del Acuerdo 11985 de 2022 y si en la elaboración del mismo fueron tenidas en cuenta algunas autoridades, ii) entrega de las actas de reuniones previas a su expedición, del acta final de aprobación, de las actas de los debates para la implementación del Examen de Estado y las actas de “la publicación de la publicidad en diferentes medios de la tarjeta profesional de abogado”, era su deber remitir las solicitudes elevadas en tal sentido (numerales 51, 52, 53, 59 y 62) a la autoridad que consideraba competente, esto es, al Consejo Superior de la Judicatura, y enviar al peticionario copia del oficio remisorio.
¿Qué significa el término provisional?
Respuesta
Manifiesta que la Unidad no es órgano consultivo, más le aclara que conforme a la RAE significa “que se hace, se halla o se tiene temporalmente.”
Inconformidad frente a la misma
No expone
Numerales 63 y 67
Indicar cuál es la fecha exacta de presentación del examen de Estado.
Respuesta
No se ha establecido la fecha exacta de aplicación de las pruebas, sin embargo, es el 30 de abril de 2024 la fecha estimada para ello.
Inconformidad frente a la misma
No expone
Esas preguntas fueron debida y claramente respondidas por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
Numerales 66, 69 y 70
i) Indicar cuáles son los preceptos y argumentos constitucionales mediante los cuales el CSJ puede sustentar en un eventual proceso judicial que no ha vulnerado ningún derecho fundamental a FABIO GILBERTO ROJAS GUEVARA.
II) 69 y 70 (pregunta repetida) “¿Es absolutamente necesario acudir al aparato de lo Contencioso Administrativo para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y mediante orden judicial se me expida la TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO sin condicionamiento alguno, cuando existen otros medios de defensa como este?”
Respuesta
Le indicó que carece de competencia para realizar asesorías jurídicas y le recordó que los ciudadanos tienen derecho a ejercer las acciones que consideren pertinentes para proteger sus derechos, siempre que sean procedentes.
En tal sentido citó el fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado el 27 de octubre de 2022.
Inconformidad frente a la misma
“Manifiestan erróneamente que yo promoví una acción de tutela cuyo número de proceso mencionado 11001031500020220496000 el cual falló el Consejo de Estado el 27 de octubre de 2022, esa motivación es falsa, señalo que no soy el autor de esa Tutela ni tengo vinculación alguna con la misma, gravísimo que el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA fundamente la respuesta de un derecho de petición endilgándome la impetración de una acción de tutela cuyo demandante es persona determinada y que nada tiene que ver con este petente.”
La contestación fue clara, congruente y de fondo. El actor malinterpretó el alcance de la respuesta, pues no es que se haya indicado que promovió la acción de tutela con el referido radicado, sino que, como sustento de la contestación, la Unidad citó el fallo proferido por el Consejo de Estado al interior de otro trámite constitucional.
Numeral 71
Sírvase responder y anexar las respuestas de todas las peticiones en orden taxativo, sin subsumirlas ni remitirse a respuestas anteriores.
Respuesta
Las peticiones relacionadas a un mismo asunto fueron agrupadas para su respuesta, dando de esta forma solución a cada una de sus solicitudes.
Inconformidad frente a la misma
La accionada agrupó peticiones para simplificar respuestas, haciendo caso omiso a lo pedido.
La Unidad explicó la metodología utilizada y no está obligada a brindar al actor respuesta en los términos por él pretendidos. Lo relevante era que diera respuesta clara, concreta y de fondo a las solicitudes postuladas.
6. 6.2. Del amparo al derecho de petición
6.1. Pertinente es recordar que el ámbito de protección constitucional no involucra el sentido de la respuesta. En estos casos, el juez de tutela debe limitarse a examinar si hay contestación o no a la solicitud respetuosamente presentada, en los términos que exige la normatividad legal, sin auscultar el alcance positivo o negativo de la respuesta, por no ser de su resorte y por implicar el desconocimiento de la discrecionalidad de que goza el funcionario que debe resolver de fondo el asunto. (CC T – 146 de 2012).
6.2. Como la Sala advirtió que la Unidad no atendió la totalidad de preguntas elevadas por el actor en la petición objeto de análisis, lo procedente es conceder el amparo del derecho fundamental de petición de FABIO GILBERTO ROJAS GUEVARA.
En consecuencia, se ordenará a la Unidad del Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, resuelva de fondo la totalidad de interrogantes elevados por FABIO GILBERTO ROJAS GUEVARA en la petición del 26 de noviembre de 2022, concretamente los relacionados en los numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, y 33.
Respecto de los numerales 51, 52, 53, 59 y 62 de la petición del accionante, los deberá remitir a la autoridad que considera competente, esto es, al Consejo Superior de la Judicatura, y enviar al peticionario copia del oficio remisorio.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, Sala Segunda de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
1. AMPARAR el amparo del derecho fundamental de petición invocado por FABIO GILBERTO ROJAS GUEVARA.
2. ORDENAR a la Unidad del Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, resuelva de fondo la totalidad de interrogantes elevados por FABIO GILBERTO ROJAS GUEVARA en la petición del 26 de noviembre de 2022, concretamente los relacionados en los numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, y 33.
3. NEGAR en los demás el amparo pretendido.
4. NOTIFICAR este proveído, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, informando que puede ser apelado dentro de los tres días siguientes.
5. De no ser impugnada esta sentencia, enviar la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
FABIO OSPITIA GARZÓN
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
HUGO QUINTERO BERNATE
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria