Asistente Jurídico Inteligente
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JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado Ponente
STP4294-2021
Radicación n.° 115687
(Aprobación Acta No.90)
Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintiuno (2021)
VISTOS
Decide la Sala el recurso de impugnación interpuesto por OLVEY DE JESÚS CÁRDENAS ORTÍZ, contra el fallo de tutela proferido el 11 de diciembre de 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, que negó el amparo invocado contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Remedios – Antioquia, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Segovia – Antioquia, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Caucasia – Antioquia y la Fiscalía 53 Especializada del Gaula Oriente Antioqueño.
ANTECEDENTES
Y
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Fueron recogidos en la decisión de primera instancia en los siguientes términos:
Indica el señor Olvey de Jesús Cárdenas Ortiz, en su extenso escrito de tutela, que ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Remedios (Antioquia) el día 21 de junio de 2020, se llevaron a cabo las audiencias concentradas junto a 8 personas más, así mismo que solo logró ser asistido por su defensor contractual desde la audiencia de imputación por que la juez así lo decidió, pese a tener el poder debidamente otorgado, asevera que no realizaron entrega de los audios de esta audiencia.
Indica que el día 25 de junio del 2020 la juez de Remedios le ordenó la libertad debido a su grave estado de salud, pero ese mismo día fue capturado de nuevo conforme a la orden de captura N° 030 emitida por el Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Caucasia (Antioquia).
Que en las audiencias celebradas durante los días 26, 27 y 28 de junio de 2020, le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado, porte de armas, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público, asegurando que se trata de los mismos delitos por los cuales se profirió la primera orden de captura en el juzgado de Rionegro. Relata además que no entiende la imputación de los delitos de daño en bien ajeno y violencia contra servidor público. Que fue capturado en su vivienda de manera violenta, procedimiento en el cual resultó herido por arma de fuego.
Como problema jurídico resalta que el motivo de su inconformidad es que desde la audiencia de legalización de captura su abogado de confianza le informó a la juez de Remedios, sobre la existencia de un informe de medicina legal, y que la fiscalía conociendo la importancia del informe no dio traslado del mismo, documento en el cual consta que en ese momento no debía estar en un lugar de reclusión de paso.
Cuestiona la competencia del despacho para conocer del asunto, por cuanto los hechos ocurrieron en el municipio de Segovia, y las audiencias preliminares se surtieron en Remedios. Reclama que la juez no valoró su estado de salud, quien omitió el dictamen, donde se establecida que no se encontraba en condiciones para comprender lo ocurrido en el desarrollo de las audiencias preliminares.
Que, al salir del centro hospitalario con orden de libertad, por medio de su abogado defensor le solicitó a la fiscalía 53 especializada la presentación personal, y el delegado fiscal en un acto de deslealtad cuando se enteró de la libertad, procedió a solicitar a otro fiscal que le tramitara una nueva orden de captura y consiguió al juez de Caucasia como instrumento para conseguir su aprehensión. Argumentado la petición en el hecho de que se iba a fugar con ayuda de su abogado, situación que es falsa.
Por lo anterior asegura, que el fiscal 53 especializado ha incurrido en varias conductas punibles, como lo son fraude procesal, calumnia, y falsedad ideológica en documento privado.
Relata que la juez de Remedios conocía de su situación grave de salud, por lo arrojado en las conclusiones de un dictamen de medicina legal donde se estableció que dado al dolor padecido y los diferentes medicamentos que debía de ingerir no se encontraba en condiciones para atender y entender las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.
Indica que inconforme con la determinación de primera instancia, apeló la decisión y en segunda instancia se confirmó, cuestiona la decisión de segunda instancia por cuanto no desarrolló todos los puntos determinantes de los cuales solicitó estudio, es por esto que acude a este mecanismo, no como una tercera instancia si no como protección a sus derechos fundamentales.
Finalmente solicita se declare la nulidad de las providencias de primera y segunda instancia proferidas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Remedios (Antioquia) y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Segovia (Antioquia) respectivamente, donde se declaró la legalidad del procedimiento y se impuso medida de aseguramiento intramural, además por falta de motivación de las mismas, y como consecuencia de lo anterior se ordene su libertad inmediata, para iniciar nuevamente el proceso con las garantías fundamentales y frente al juez competente que para el caso concreto correspondería al juez con control de garantías de Segovia.
EL FALLO IMPUGNADO
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia negó el amparo invocado, al considerar que, no se cumple con el requisito general de subsidiariedad de la acción de tutela, puesto que el escenario propicio para controvertir la medida de aseguramiento que cursa en contra del accionante, es ante un juez ordinario.
Aseveró que, en el presente asunto, no se evidencia la amenaza de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez constitucional.
LA IMPUGNACIÓN
OLVEY DE JESÚS CÁRDENAS ORTÍZ interpuso recurso de impugnación, y solicitó que se revocara el fallo de tutela de primera instancia, pues, a su criterio, el juez de primera instancia impone a la parte actora una carga no prevista en la ley como requisito de procedibilidad para lograr la protección de sus derechos fundamentales.
Alegó que, el a quo no analizó los hechos y argumentos que sustentaron la demanda constitucional, cuando es evidente la configuración de un perjuicio irremediable a partir de la debilidad manifiesta del acusado.
Manifestó su preocupación respecto a la medida de aseguramiento que le fue impuesta en centro carcelario, teniendo en cuenta su estado de salud.
Por lo anterior, reiteró su solicitud de declarar la nulidad de los autos de primera y segunda instancia, por medio de los cuales, las autoridades judiciales accionadas decretaron la legalidad del procedimiento de su captura y se impuso medida de aseguramiento intramural; por consiguiente, solicitó que se ordene su libertad inmediata dentro del proceso penal 2020-00716.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para resolver el recurso de impugnación interpuesto por OLVEY DE JESÚS CÁRDENAS ORTÍZ, contra el fallo de tutela proferido el 11 de diciembre de 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, que negó el amparo invocado contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Remedios – Antioquia, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Segovia – Antioquia, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Caucasia – Antioquia y la Fiscalía 53 Especializada del Gaula Oriente Antioqueño.
Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional1.
La acción de tutela contra providencias judiciales, exige:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.2
f. Que no se trate de sentencias de tutela.
Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a continuación se relacionan:
i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello.
ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
iii) Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión;
v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
vii) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4.
viii) Violación directa de la Constitución.
Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta». -C-590 de 2005-.
La impugnación se centra en un punto específico: determinar si efectivamente existe una vulneración a los derechos fundamentales de OLVEY DE JESÚS CÁRDENAS ORTÍZ, por parte de las actuaciones surtidas por las autoridades judiciales accionadas dentro del proceso penal 2020-00716, y en consecuencia, debe concederse el amparo.
Al examinar las pruebas obrantes en el expediente y el marco jurídico aplicable, la Sala considera que se debe confirmar el fallo de tutela de primera instancia, comoquiera que la presente solicitud de amparo incumple con el requisito general de subsidiariedad, esto es, «que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada».
Conforme a lo expuesto por el juez de tutela de primera instancia, la presente acción de tutela se torna improcedente para el estudio de la misma, dado que el proceso penal 2020-00716, se encuentra en curso.
A partir de las alegaciones presentadas por la parte accionante en su recurso de impugnación, la Sala advierte que el fundamento de su solicitud de amparo es el desacuerdo con la determinación de las autoridades judiciales accionadas al imponer medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva intramural en centro carcelario a OLVEY DE JESÚS CÁRDENAS ORTÍZ, con ocasión del proceso penal 2020-00716que cursa en contra de este.
Es menester indicar a la parte actora que, para ejercer el derecho de defensa y propender por las garantías judiciales, debe hacerlo dentro de la actuación ordinaria, no por vía de tutela, toda vez que ésta no puede emplearse para retrotraer las actuaciones dentro del proceso penal, ni como mecanismo para cuestionar los argumentos en los que el juez natural ordinario funda su decisión cuando el proceso no ha culminado.
Las etapas, recursos y procedimientos que conforman una actuación son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías que conforman el debido proceso.
Bueno es precisar que, mientras el proceso esté en curso cualquier solicitud de protección de garantías fundamentales debe hacerse exclusivamente en ese escenario, porque de lo contrario todas las decisiones provisionales que se tomen en el transcurso de la actuación penal, estarían siempre sometidas a la eventual revisión de un juez ajeno a ella, como si se tratara de una instancia superior adicional a las previstas para el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales.
Se insiste en que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para solicitar la protección de los derechos que se estimen lesionados en el trámite de un proceso judicial, pues para ello el ordenamiento jurídico ha diseñado una serie de instrumentos que, precisamente, buscan garantizar la corrección de las decisiones judiciales que se adopten en su interior5.
En sentencia T-335 de 2018, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional señaló:
«3.1.4.1. La acción de tutela es improcedente cuando se instaura contra procesos judiciales en curso.
En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que, cuando el proceso aún se encuentra en trámite, la intervención del juez constitucional está vedada toda vez que la acción de tutela no constituye -salvo que se esté ante la posible configuración de un perjuicio irremediable- un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario. Incluso, cuando los procesos han culminado, se deben interponer y agotar los medios de defensa (i.e. recursos) que se encuentran previstos en el ordenamiento jurídico.»
Justamente, ha explicado la Sala que las características de subsidiaridad y residualidad, que son predicables de la acción de protección constitucional, disponen como consecuencia que no pueda acudirse a tal mecanismo excepcional de amparo, para lograr la intervención del juez constitucional en procesos en trámite, porque ello, además de desnaturalizar su esencia, socava postulados constitucionales como la independencia y la autonomía funcional que rigen la actividad de la Rama Judicial al tenor de la preceptiva contenida en el artículo 228 de la Carta Política.
Igualmente, estableció que tampoco puede acudirse a este excepcionalísimo medio de defensa para reemplazar los procedimientos ordinarios, cuando el amparo se concibió precisamente para suplir la ausencia de éstos y no para resquebrajar los ya existentes, lo cual impide considerarlo como medio alternativo o instancia adicional al cual acudir para enderezar actuaciones judiciales supuestamente viciadas.
Así las cosas, se reitera, mientras un proceso se encuentre en curso, es decir, no se haya agotado la actuación del juez ordinario, el afectado tendrá la posibilidad de reclamar al interior del trámite el respeto de las garantías constitucionales, sin que sea admisible acudir para tal fin a la tutela6.
Finalmente, tampoco se advierte la existencia de una situación excepcional que habilite el amparo para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado, por las razones expuestas.
SEGUNDO. NOTIFICAR a los sujetos procesales el presente fallo, por el medio más expedito.
TERCERO. Envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006
2 Ibídem
3 Sentencia T-522 de 2001
4 Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001
5 Sentencia T-103 de 2014
6 Cfr. Ver Corte Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y T-332 del 4 de mayo de 2006. CSJ STP Rad. No. 31.781, 32.327, 36.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49, 752, 50.399, 50.765, 53.544, 54.762, 57.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, 64.107, 65.086, 66.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488.