Asistente Jurídico Inteligente
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JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado Ponente
STP3107-2021
Radicación n.° 115567
(Aprobación Acta No.69)
Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintiuno (2021)
VISTOS
Resuelve la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas, la acción interpuesta por el apoderado de JUANA FRANCISCA PEDROZO LEAL, contra la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad y Positiva Compañía de Seguros S.A., con ocasión al proceso ordinario laboral de radicación número 47001310500220130049600 (en adelante, proceso ordinario laboral 2013-00496).
ANTECEDENTES
Y
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Aduce el apoderado de la señora JUANA FRANCISCA PEDROZO LEAL que, interpuso demanda ordinaria laboral contra Positiva Compañía de Seguros S.A. -en adelante, Positiva S.A.-, con el fin que se le reconociera y pagara la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su hijo José Alberto Peña Pedrozo –a causa de un accidente de trabajo-, a partir del 28 de marzo de 2006, más los reajustes de ley, los intereses moratorios y la indexación.
El asunto correspondió en primera instancia al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, quien mediante sentencia del 11 de febrero de 2014, falló a favor de las pretensiones de la accionante.
Esta decisión, fue impugnada por la parte demandada, y, mediante sentencia de segunda instancia de 7 de abril de 2016, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta revocó la decisión de primer grado, y en su lugar, absolvió a Positiva S.A. de todas las pretensiones incoadas en su contra.
Como consecuencia de lo anterior, la señora JUANA FRANCISCA PEDROZO LEAL, mediante apoderado, presentó recurso extraordinario de casación, el cual fue resuelto por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, quien mediante sentencia SL4953 del 1 de diciembre de 2020, resolvió no casar la sentencia proferida en segundo grado dentro del proceso ordinario laboral 2013-00496.
Por estos motivos acude al presente trámite constitucional, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a partir de las decisiones objeto de reproche, y con la finalidad que se deje sin efectos las sentencias de los días 7 de abril de 2016 y 1 de diciembre de 2020, proferidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, respectivamente. Por consiguiente, solicita que se ordene emitir un nuevo fallo conforme a las disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales, atinentes al caso, donde se condene a Positiva S.A., tal como en su momento lo hizo el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta.
RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS
1.- La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia manifestó que mediante providencia SL4953-2020, resolvió no casar la sentencia proferida en segundo grado dentro del proceso ordinario laboral 2013-00496, en las que se consignaron los motivos de su decisión.
Aseveró que, la decisión objeto de reprocho se adoptó con base en el precedente de esta Corporación, es estricto acatamiento de la Constitución y la ley.
2.- El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta manifestó que emitió sentencia de primera instancia dentro del proceso ordinario laboral de referencia, por lo tanto, remitió audio y acta de la audiencia celebrada el 11 de febrero de 2014.
3.- Positiva S.A. manifestó que, la demanda de tutela va encaminada a atacar una decisión judicial, por lo que solicitó que sea declarado improcedente el amparo constitucional, puesto que, no se cumple con los requisitos para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales.
4.- La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta optó por guardar silencio en el presente trámite constitucional.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 1983 de 2017, esta Sala es competente para resolver la acción de tutela interpuesta por el apoderado de JUANA FRANCISCA PEDROZO LEAL, contra la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad y Positiva Compañía de Seguros S.A.
Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional1.
La acción de tutela contra providencias judiciales, exige:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.2
f. Que no se trate de sentencias de tutela.
Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a continuación se relacionan:
i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello.
ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
iii) Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión;
v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
vii) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4.
viii) Violación directa de la Constitución.
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
La presente acción de tutela se centra en un punto específico: determinar si con la decisión emitida el 1 de diciembre de 2020 por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, mediante la cual resolvió no casar el fallo de segundo grado dentro del proceso ordinario laboral 2013-00496, se configuran los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en consecuencia, debe concederse el amparo.
Luego de examinar las pruebas obrantes en el expediente, la Sala considera que la presente solicitud de amparo debe ser denegada, debido a que no existe una vulneración a los derechos fundamentales de la parte actora, dentro del proceso ordinario laboral proceso ordinario laboral 2013-00496 que pueda endilgársele al accionado.
En el presente asunto, la accionante censura las decisiones de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso ordinario laboral 2013-00496, mediante las cuales se resolvió revocar el fallo de primera instancia, y, posteriormente, no casar el fallo de segundo grado dentro del proceso de referencia.
Esta Sala en su condición de juez de tutela de primera instancia revisó el expediente y encontró que la petición de amparo no prospera en la medida que, lo que busca la señora JUANA FRANCISCA PEDROZO LEAL es que, por vía de tutela, se sustituya la apreciación del análisis que al efecto hizo el juez designado por el legislador para tomar la decisión correspondiente.
Resulta improcedente fundamentar la queja constitucional en las discrepancias de criterio de la accionante frente a las interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural dentro del recurso extraordinario de casación interpuesto, para que se impartan unos trámites sobre asuntos donde la autoridad judicial actúo dentro del marco de autonomía e independencia que le han sido otorgadas por la Constitución y la ley.
A partir de las alegaciones presentadas por la accionante, la Sala advierte que el fundamento de su solicitud de amparo es el desacuerdo con las determinaciones adoptadas por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y Sala de Casación Laboral de esta Corporación, al fallar en contra de sus pretensiones dentro del proceso ordinario laboral 2013-00496. Lo anterior, teniendo en cuenta que, las autoridades judiciales accionadas concluyeron de las pruebas testimoniales y el interrogatorio de parte allegado al proceso, que la demandante no dependía económicamente de su fallecido hijo, y, por el contrario, se demostró que su hijo, José Alberto Peña Pedrozo, le brindaba una pequeña colaboración mensual para el pago de servicios públicos, pero quien sufragaba los gastos del hogar era JUANA FRANCISCA PEDROZO LEAL.
Siendo así, la circunstancia expuesta, no configura un requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Al respecto, debe recordarse que si bien las determinaciones adoptadas en el marco de los procedimientos pueden resultar contrarias a los intereses de alguno de los sujetos procesales, la ley estableció diversos mecanismos para cuestionarlas y lograr que el superior funcional estudie y evalúe el asunto.
La simple discrepancia o desacuerdo con el contenido de una decisión, no habilita la interposición de la acción de tutela porque es un mecanismo excepcional, el cual no fue diseñado como una instancia adicional.
Dentro de la autonomía que se garantiza y reconoce a los funcionarios judiciales, está la de interpretar las normas para resolver el caso concreto, y esa labor permite que la comprensión que lleguen a tener distintos jueces sobre una misma norma sea diversa, y que unas interpretaciones sean mejor recibidas que otras. De manera que, la razonabilidad de la argumentación presentada resulta relevante al momento de hacer la valoración respectiva.
Así las cosas, no puede la accionante, pretender que, en sede de tutela, se impartan decisiones diferentes a las admitidas dentro del proceso ordinario laboral en el cual fungió como demandante su esposo, cuando se evidencia que, las autoridades judiciales accionadas actuaron en derecho, y la acción de amparo constitucional, solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas realizadas por el juez natural en el proceso ordinario laboral 2013-00496.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por JUANA FRANCISCA PEDROZO LEAL, contra la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad y Positiva Compañía de Seguros S.A., por las razones expuestas.
SEGUNDO. NOTIFICAR a los sujetos procesales por el medio más expedito el presente fallo, informándoles que puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes, contados a partir de su notificación.
TERCERO. Si no fuere impugnado, envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006
2 Ibídem
3 Sentencia T-522 de 2001
4 Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001