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Magistrada Ponente
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
SP3002-2020
Radicación 54.039
(Aprobado Acta Nº 170)
Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veinte (2020)
VISTOS
Efectuado el trámite de sustentación del recurso extraordinario de casación en los términos previstos en el art. 3° del Acuerdo 020 de 2020, expedido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se resuelve el recurso de casación interpuesto por el defensor de POLICARPO SANGUÑA contra la sentencia del 18 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá).
I. HECHOS
El 12 de noviembre de 2012, en Duitama (Boyacá), POLICARPO SANGUÑA le propinó un disparó a Yuly Catherine Montealegre Trujillo, su compañera permanente, quien falleció debido a la herida causada. El suceso tuvo ocurrencia en el lugar de residencia de la pareja, al que el señor SANGUÑA arribó luego de haber tenido un altercado con su compañera en una taberna contigua, donde aquél se encontraba ingiriendo licor con otras mujeres. Allí se presentó la señora Montealegre Trujillo, quien al advertir que su compañero departía con una mujer, golpeó a POLICARPO en la cabeza con una botella, en presencia de los demás ocupantes del local comercial.
II. ANTECEDENTES PROCESALES PERTINENTES
Por dichos hechos, en audiencia del 12 de noviembre de 2015, ante el Juzgado 3° Penal Municipal con función de control de garantías de Duitama, la Fiscalía imputó al señor SANGUÑA, en calidad de autor, la posible comisión del delito de homicidio agravado (arts. 103 y 104-1 C.P.), cargo que no fue aceptado por el imputado, quien fue detenido preventivamente.
Presentado el respectivo escrito (el 27 de noviembre de 2015), la acusación se formuló ante el Juzgado 2° Penal del Circuito de ese municipio. En la audiencia, celebrada el 17 de marzo de 2016, el fiscal modificó la calificación jurídica en el sentido de imputar al procesado la comisión de la conducta en circunstancias de ira e intenso dolor (art. 57 C.P.). Ello, en consideración al contenido del interrogatorio rendido por el indiciado el 14 de marzo de 2016.
Estando pendiente la celebración de la audiencia preparatoria, el 16 de mayo de 2016 las partes celebraron un preacuerdo. El acusado aceptaba su responsabilidad a cambio de que se le reconociera una rebaja de pena. El juez de conocimiento improbó el acuerdo, determinación que, habiendo sido apelada por el defensor, fue confirmada por el Tribunal de Santa Rosa de Viterbo mediante auto del 18 de agosto de 2016.
El 19 de diciembre de 2016, fiscal y acusado suscribieron otro preacuerdo, en el que el señor SANGUÑA aceptó responsabilidad por homicidio agravado (arts. 103 y 104-1 C.P.) a fin de acceder, como contraprestación, al reconocimiento de la circunstancia de menor punibilidad del art. 57 ídem. El juez lo improbó nuevamente, pero en segunda instancia el tribunal revocó esa decisión e impartió legalidad a lo acordado a través de auto del 25 de mayo de 2017.
En consecuencia, el 10 de octubre de ese año se llevó a cabo la audiencia de individualización de la pena, en la que el a quo profirió la sentencia. Por encontrar responsable al acusado como autor de homicidio agravado, en circunstancias de ira e intenso dolor, lo condenó a las penas de prisión e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 66 meses y 20 días.
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor contra el fallo de primer grado, la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo lo confirmó mediante la sentencia ya referida.
Dentro del término legal, el prenombrado sujeto procesal interpuso el recurso extraordinario de casación y allegó la respectiva demanda, cuya admisión dispuso la Corte. Efectuado el trámite de sustentación, con pronunciamiento del impugnante, del Fiscal 3° delegado ante la Corte Suprema de Justicia y la Procuradora 3ª delegada para la Casación Penal, la Sala procede a dictar el fallo de rigor.
III. DEMANDA DE CASACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL RECURSO
Con fundamento en el art. 181-2 de la Ley 906 de 2004 (en adelante C.P.P.), el censor acusa la sentencia impugnada de haber sido dictada en un juicio viciado de nulidad. En su criterio, se desconoció la estructura del debido proceso y se violaron las garantías fundamentales del acusado, al haber usurpado los juzgadores la competencia de la Fiscalía al diseñar y presionar una forma concreta de finalización anticipada del proceso, que se sobrepuso a la legal y previamente formulada por el instructor.
Aplicando un indebido control a los términos de la acusación, prosigue, los falladores de instancia desbordaron los límites del examen de legalidad que debían aplicar al preacuerdo inicialmente pactado por las partes. De esa manera, la sentencia impugnada valida una actuación vulneradora del debido proceso, pues sin fundamento legalmente admisible, sostiene, se improbó el primer acuerdo suscrito por las partes, que recogía literalmente la imputación fáctica y jurídica formulada en la audiencia de acusación.
El artículo 350 del C.P.P., puntualiza, prevé que el acuerdo propende porque el procesado se declare culpable del delito imputado o de uno relacionado con pena menor, a cambio de que el fiscal: i) elimine de la acusación alguna causal de agravación punitiva o algún cargo específico o ii) tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena. Empero, subraya, ninguno de esos eventos surgió en el presente caso. POLICARPO SANGUÑA fue acusado como autor de homicidio agravado intencional cometido bajo estado de ira o intenso dolor, cargo que aceptó, tal cual, en el preacuerdo del 17 de marzo de 2016.
Tampoco, puntualiza, se aplicaron las modalidades referidas por en el art. 351 ídem, pues no se llegó a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias; no se convino un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer (se pactó una reducción en el porcentaje que correspondía legalmente dentro de los límites previstos para el homicidio agravado intencional, cometido en estado de ira e intenso dolor) ni la Fiscalía proyectaba formular cargos distintos, más gravosos a los consignados en la acusación.
Ante esta realidad, puntualiza, no emergía razón jurídicamente atendible para que los juzgadores de instancia decidieran inadmitir lo acordado, sin que mediara alguna circunstancia habilitante para ejercer tal control. El tribunal, resalta, pasó por alto que, para modificar la acusación, la Fiscalía contaba con un mínimo probatorio que sustentaba la existencia de la circunstancia de menor punibilidad. De ahí que, indebidamente, abandonó su función de verificar la ausencia de lesión a las garantías para aplicar un análisis dogmático a fin de imponer su “mejor criterio” sobre la calificación jurídica aplicada por el fiscal.
Entonces, agrega, surge clara la arbitraria determinación de los juzgadores de asumir el rol propio de la Fiscalía, así como la errónea motivación que emplearon para impedir la prosperidad del primer acuerdo.
Los falladores, señala, determinaron equivocadamente que el preacuerdo inicial comportaba un doble beneficio, pues inadvirtieron que el instructor contaba con elementos materiales probatorios, evidencia física e información válidamente obtenida, compatible con que, en virtud de los sucesos que antecedieron al homicidio, hallándose en un establecimiento público la víctima le propinó un botellazo en la cabeza al acusado delante de varias personas, conocidas y desconocidas de la pareja. Y como ese suceso, afirma, tuvo lugar sin que mediara provocación alguna por parte del señor SANGUÑA, el fiscal contaba con una base objetiva para imputar, en tanto dueño de la acusación, la mencionada circunstancia de menor punibilidad.
El advenimiento del acto irregular, concluye, se materializó en los autos del 16 de mayo de 2016 (primera instancia) y del 18 de agosto de ese mismo año (segunda instancia), que improbaron el acuerdo inicial celebrado entre las partes y, en consecuencia, compelieron a éstas a buscar un segundo convenio fundado en la aceptación por el acusado del cargo de homicidio, reconociéndosele en contraprestación que obró en estado de ira o intenso dolor, situación esencialmente diferente y perjudicial, respecto de la prevista en el escrito de acusación, comunicada formalmente en la audiencia respectiva.
Por consiguiente, solicita a la Corte que anule la actuación a fin de que el juez de conocimiento proceda a dictar la sentencia con base en el acuerdo que le resultaba obligatorio o, en su defecto, en aplicación del principio de residualidad que rige en materia de nulidades, dicte el fallo de reemplazo imponiendo la condena convenida por las partes en el acuerdo inicial. Dentro del traslado para sustentación, el demandante se ratificó en dicha pretensión, a la luz de los argumentos expuestos en el libelo.
Para el fiscal, la censura no ha de prosperar, pues el primer preacuerdo se improbó por la concesión de doble beneficio, prohibida legalmente. Ello, por cuanto, resalta, la ira o intenso dolor es una atenuante punitiva que debe tener una base fáctica que permita su deducción. Empero, en el presente caso, tales circunstancias no fueron incluidas como hechos jurídicamente relevantes en la acusación, como tampoco se puso de presente qué evidencias soportaban la existencia de la causal de menor punibilidad.
En su criterio, la adición de la acusación a fin de incluir la aludida circunstancia diminuente fue infundada, pues el fiscal de conocimiento no ofreció ninguna razón ni evidencia para ello, tanto así que el a quo no tenía elementos para aclarar si se trataba de ira o de intenso dolor. De ahí que, concluye, deba mantenerse la condena dictada con base en el segundo acuerdo, en el que se reconoció esa atenuante como único beneficio.
En similares términos, la procuradora para la casación penal conceptúa que el fallo impugnado no debe casarse, en la medida en que en el control de legalidad aplicado a los preacuerdos no se vulneraron garantías fundamentales.
Según su juicio, los juzgadores de instancia no aplicaron el denunciado control material a la acusación, por lo que la condena se dictó con fidelidad al marco fáctico y jurídico limitado por lo acordado.
Tras reseñar la actuación procesal y las determinaciones adoptadas por los falladores de instancia a lo largo del proceso, estima que, en el fondo, el trámite impartido al proceso por parte de la Fiscalía le generaba un doble beneficio al procesado, en detrimento de las víctimas, a la vez que desconocía los fines perseguidos con los preacuerdos. A su modo de ver, el primer acuerdo entrañaba la obtención de más de un beneficio (prohibido legalmente) para el acusado, por cuanto la acusación se modificó inmotivadamente.
De ahí que, concluye, si se optó por el reconocimiento de la ira y el intenso dolor, a la luz del art. 350-1 del C.P.P. ese era el único beneficio admitido legalmente, sin que se pudiera adicionar una rebaja de pena adicional. IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
4.1. Delimitación del problema
La Sala debe resolver si el Juzgado y el Tribunal violaron el debido proceso al improbar el primer preacuerdo celebrado por la Fiscalía y la defensa, en virtud del cual el procesado aceptó el delito de homicidio agravado, cometido bajo ira o intenso dolor, a cambio de la rebaja de una tercera parte de la pena. Concretamente, debe decidirse si con dichas acciones los juzgadores le aplicaron un control material a la acusación, como lo plantea el impugnante, o si se limitaron a constatar que la Fiscalía había otorgado un beneficio prohibido legalmente, como lo sostienen la Fiscalía y el Ministerio Público.
Más puntualmente, debe resolverse si el cambio de calificación jurídica realizado por la Fiscalía en la audiencia de acusación, justo antes de publicitar el acuerdo con la defensa, en virtud del cual concluyó que el homicidio agravado se cometió bajo la referida circunstancia de menor punibilidad, debía ser tenido como un ajuste a la legalidad –como lo plantea el censor-, o era razonable pensar que se trataba de un beneficio adicional –como en su momento lo concluyeron los juzgadores-.
Para estos efectos, seguirá el siguiente derrotero: (i) hará un recuento de lo sucedido frente a los dos acuerdos celebrados por la Fiscalía y la defensa –el que fue improbado por el Juzgado y el Tribunal y el que dio lugar a la condena-; (ii) relacionará las reglas aplicables al caso; y (iii) se ocupará de la solución del caso.
4.2. El recuento procesal
4.2.1. Aspectos generales de la acusación y los acuerdos celebrados por la Fiscalía y la defensa
El 20 de noviembre de 2015 la Fiscalía radicó escrito de acusación, en el que la imputación fáctica se contrajo a que:
El día 12 de noviembre de 2012 se reporta a la central de radio por parte del Hospital Regional de Duitama que ingresó una mujer herida por arma de fuego, donde luego de intentar prestarle la atención de urgencias falleció. Se procedió a realizar los respectivos actos urgentes de inspección técnica a cadáver e inspección al lugar de los hechos, fijación fotográfica y entrevistas, entre ellas la del esposo de la víctima, POLICARPO SANGUÑA, quien indicó que se encontraba en la residencia con su esposa, cuando ella tomó un arma de fuego de propiedad del referido y se propinó un disparo en el pecho, lo que finalmente le produjo la muerte.
Dentro del curso de la investigación…se establecieron varias inconsistencias y contradicciones, corroboradas por pruebas técnicas, entre lo dicho por POLICARPO SANGUÑA…con lo dicho en entrevistas de testigos como Amparo Trujillo Tamayo, madre de la occisa, María Luisa Avendaño, dueña de la tienda donde horas antes del suceso se encontraba el acusado tomando cerveza y tuvo un incidente con la occisa, quien le pegó con una botella en la cabeza. Igualmente lo dicho por el señor Deivis Jesús Moscote Chávez, Sargento del Ejército Nacional, quien compartió unas cervezas momentos previos al deceso de la víctima, contradicciones e inconsistencias que se establecieron a través de pruebas técnicas como inspección cadáver, acta de necropsia, informe de laboratorio sobre inspección topográfica y trayectorias balísticas, luces forenses y el informe de la División de Investigaciones, Grupo de Análisis de Comportamiento Criminal, donde se realizó análisis de escena y análisis de evidencia comportamental. Con toda la evidencia técnica se indicó que, teniendo en cuenta los hallazgos de la escena, es posible manifestar que la dinámica generada en ese lugar no corresponde a una autoeliminación de Yuly Catherine Montealegre Trujillo. Por consiguiente, se descarta un suicidio como lo quiere hacer ver el señor POLICARPO SANGUÑA, por lo tanto, estamos frente a una posible conducta de homicidio doloso en atención que en el lugar de los hechos sólo se encontraban la víctima y POLICARPO ZANGUÑA, de donde se deduce que el posible autor del hecho es este último.
Con fundamento en esos hechos, el fiscal enunció en los siguientes términos la calificación jurídica:
La Fiscalía General de la Nación cuenta con elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que le permite afirmar con probabilidad de verdad que POLICARPO ZANGUÑA es el presunto autor del delito contenido en el artículo 103 del C.P. (homicidio)…con circunstancias de agravación contempladas en el artículo 104 numeral primero…En el presente evento, debemos precisar que la hoy occisa Yuly Catherine Trujillo era la compañera permanente del señor ZANGUÑA. Por tanto, el cargo que de manera concreta le imputo es el de ser autor material de la conducta antes referida.
La audiencia de formulación de acusación tuvo lugar el 16 de marzo de 2016. El fiscal manifestó que adicionaba el escrito a fin de incluir, en la calificación jurídica, la imputación de la circunstancia de menor punibilidad de la ira e intenso dolor (art. 57 C.P.). En ese sentido, advirtió que la inclusión de la diminuente derivaba de la información obtenida de evidencia testimonial, a saber, el interrogatorio a indiciado recibido el 14 de idénticos mes y año. Hecha esa advertencia, formuló oralmente la acusación. Al término de la diligencia, el juez fijó el 16 de mayo de 2016 como fecha para adelantar la audiencia preparatoria.
El 17 de marzo de 2016, las partes suscribieron un preacuerdo. A cambio de una rebaja de pena de una tercera parte, el acusado aceptó su responsabilidad por los cargos formulados, a saber, probable autor de homicidio agravado en circunstancias de ira e intenso dolor (arts. 103, 104-1 y 57 C.P.). En punto de la imputación fáctica y jurídica, en el acta contentiva del acuerdo se consignó:
Los hechos ocurrieron el día 12 de noviembre del año 2012, en la vereda La Trinidad del municipio de Duitama (Boyacá), en la callejuela N° 7, casa de habitación de la señora Yuly Catherine Montealegre Trujillo, aproximadamente a las tres de la tarde, cuando el señor POLICARPO SANGUÑA, luego de sostener un altercado con su compañera sentimental Yuly Catherine Montealegre Trujillo en el establecimiento público de la señora María Elisa Avendaño, donde le propinó un botellazo en la cabeza, sin que hubiese mediado ningún tipo de manifestación, lo que le produjo un estado de ira por el comportamiento desarrollado en forma grave e injusta por Yuly Catherine en presencia de varias personas, entre ellas el sargento Deivis Jesús Moscote Chaves, compañero de trabajo del agresor y de la señora María Elisa Avendaño, propietaria de la tienda, trasladándose de este lugar hasta la casa de habitación en donde continuó la discusión. Luego esgrime arma de fuego tipo revólver calibre 38, marca Colt, con número interno 5436sb, la cual ostentaba el respectivo salvo conducto, propinándole un disparo a la altura de abdomen, por lo cual debió ser trasladada al hospital regional de Duitama, donde falleció.
Con base en los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, se determina que el señor POLICARPO SANGUÑA es el autor material del delito…de homicidio…agravado conforme lo regula el art. 104-1, por cuanto el comportamiento se desarrolló contra la cónyuge…en estado de ira conforme lo describe el art. 57 del C.P.
En ese marco, las partes fijaron los términos de la aceptación de culpabilidad, así:
En la fecha se reunieron en las instalaciones del despacho de la Fiscalía 12 de Duitama el acusado POLICARPO SANGUÑA, su defensor y el suscrito fiscal delegado ante los jueces penales del circuito, así como la madre de la víctima, señora Amparo Trujillo Tamayo, en donde se llega al siguiente acuerdo: “de manera libre consciente voluntaria, debidamente informado y asesorado por su defensor, el acusado acepta integralmente los cargos que se le formulan por parte de la Fiscalía y, como contraprestación, recibirá un descuento punitivo de la tercera parte, quedando en consecuencia la sanción de la siguiente manera: se parte de mínimo de la pena establecida, toda vez que no se imputaron circunstancias de mayor punibilidad, es decir 400 meses. Como quiera que la acción se ejecutó bajo el estado de ira e intenso dolor, se tomará la sexta parte del mínimo establecido, quedando la sanción en 66.66 meses y a este monto le hacemos el descuento de la tercera parte, que corresponde a 22.22 meses, quedando como definitiva la sanción de 44.44 meses. Se deja constancia por parte del despacho que el acusado presentó públicas disculpas a la víctima por los hechos que motivaron la presente actuación y acordaron, como mecanismo de no repetición, que modificará su comportamiento y se someterá a terapias de tipo psicológico para moderar su temperamento y fijan como monto a indemnizar la suma de dieciocho millones de pesos, los cuales se cancelarán dentro de los 30 días siguientes a la decisión que ponga fin a la presente actuación.
No siendo otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada y se firma por quienes intervinieron después de leída y aceptada en todas sus partes1”.
Sometido a control por parte del juez de conocimiento, el a quo declaró ilegal el preacuerdo, por cuanto, a su modo de ver, al acusado se le concedió un doble beneficio, con infracción del art. 351 inc. 2° del C.P.P.
Esa determinación fue confirmada por el tribunal mediante auto del 18 de agosto de 2016. Para el ad quem, el preacuerdo no comporta un doble beneficio, como lo estimó el juez; empero, ha de ser improbado por cuanto la circunstancia de menor punibilidad no cuenta con un mínimo de prueba que la soporte. En ese sentido, en la referida decisión se lee:
El preacuerdo no podía ser aprobado, pero no porque en el mismo se hubiere forjado más de un cambio favorable de la pena, evento prohibido por la ley, sino porque en la acusación no aparece la prueba mínima de la circunstancia de atenuación que, en esta etapa, sí puede examinarse, ya que lo que se valora no es la acusación en sí, sino el preacuerdo, el cual debe guardar congruencia, aunque no exacta, sí mínima con los hechos y el material probatorio aportado.
En el preacuerdo se dijo que la única contraprestación a cambio de la aceptación de culpabilidad sería la disminución de la tercera parte de la pena, lo que es cierto, pero lo que no es cierto y no podía ser aceptado por el juez es que el fiscal, desbordando sus facultades, procediera a tipificar la conducta de homicidio con atenuación punitiva, sin que de los hechos expuestos ni de los elementos probatorios que con la presentación del preacuerdo tuvo el juez a su disposición, se pudiera determinar la ira e intenso dolor, puesto que, en ese momento, en que se debe entrar a analizar la culpabilidad, que tiene una absoluta relación con la tipicidad, se debe establecer la prueba mínima para condenar, que ineludiblemente debe surgir de los elementos probatorios.
Conforme a lo anterior, al examinarse los hechos expuestos en la acusación y los elementos probatorios aportados con el preacuerdo, no se puede establecer la mínima prueba respecto de la ira e intenso dolor preacordada entre la Fiscalía y el acusado, lo que de manera alguna implica entrar a hacer un control material a la acusación, la que se reconoce como presupuesto en este caso del preacuerdo, cuyos hechos y consecuencias jurídicas deben ser tenidos en cuenta por quienes llevan a cabo una negociación, para ser determinadas probatoriamente mediante el examen de legalidad que debe hacer el juez de conocimiento, siempre al menos en búsqueda de la prueba mínima que le exige la ley para condenar, puesto que será el fundamento de la sentencia condenatoria que deberá dictar la que exige la prueba y que ésta le permita establecer sin duda alguna que el procesado es autor y culpable de los hechos preacordados.
Ante ese panorama, las partes acordaron una nueva aceptación de culpabilidad. Mediante acta del 19 de diciembre de 2016, en referencia a los hechos fijados en la acusación, el procesado aceptó su responsabilidad, esta vez, a cambio de que ser sentenciado por homicidio agravado, pero que “se le reconozca como único beneficio que obró en estado de ira e intenso dolor”.
Ese acuerdo igualmente fue improbado por el juzgado en decisión interlocutoria del 19 de diciembre de 2016. En síntesis, adujo que, si bien la Fiscalía consideraba que se presentaron circunstancias de ira e intenso dolor, ello contradecía lo determinado por el tribunal al confirmar la improbación del primer preacuerdo bajo el supuesto de que no existía base probatoria para aplicar dicha diminuente. Entonces, destaca, al haberse determinado que no hay un mínimo de prueba al respecto, el acuerdo seguía siendo inadmisible.
No obstante, en respuesta al recurso de apelación promovido por el defensor, en auto del 25 de mayo de 2017 el ad quem revocó lo decidido por el juez y aprobó el segundo preacuerdo. En esta oportunidad, el tribunal expuso:
Para esta Sala, el preacuerdo celebrado por las partes no desbordó las facultades atribuidas a la Fiscalía, no desconoció garantías fundamentales ni, como erradamente lo consideró el a quo, se afectó el principio de legalidad, pues se mantuvo el delito que fue imputado, esto es, homicidio agravado. Y si bien esa calificación jurídica fue modificada por el ente investigador en la audiencia de acusación endilgándole la causa de atenuación punitiva de la ira o intenso dolor prevista en el art. 57 del Código Penal, es claro que al presentarse el segundo preacuerdo en audiencia del 19 de diciembre, la Fiscalía aclaró que la acusación se hacía por el punible de homicidio agravado en acatamiento a lo resuelto por el tribunal en el primer preacuerdo, procediendo en consecuencia a reconocer, como único beneficio otorgado al acusado por aceptar su responsabilidad penal en la conducta punible, el diminuente punitivo aludido…actuación que se encuentra dentro de sus facultades, conforme lo previsto en el art. 350 del C.P.P., que permite celebrar un preacuerdo tipificando la conducta de una forma específica con miras a disminuir la pena o, según lo señalado en el art. 351 ídem, sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Además, en cumplimiento a lo señalado en el art. 327 inc. 3° ídem, la Fiscalía presentó elementos de juicio que permitían deducir la existencia del delito de homicidio y la participación del procesado, sin que exista vulneración alguna a las garantías fundamentales.
(…)
Además, no era viable exigirle a la Fiscalía que presentara elementos materiales probatorios que demostraran la existencia de la causal de atenuación punitiva de la ira e intenso dolor que fue reconocida como único beneficio en virtud del preacuerdo, pues dicho requerimiento contraría la naturaleza de dicha figura procesal, pues si estuviera probada, lo razonable sería que la Fiscalía la hubiese reconocido al momento de calificar el delito en la audiencia de acusación, lo que incluso sí se hizo, pero no le fue avalado por el juez de primera instancia ni por este tribunal, pero por razones diversas, como fue el hecho de haberse concedido dos rebajas en el mismo, resultando desatinado y carente de todo sentido suponer que los beneficios que se conceden en los preacuerdos deben estar probados, porque ello es ajeno a la naturaleza del preacuerdo.
4.2.2. La manera como fue abordada en la acusación y en los preacuerdos la circunstancia de menor punibilidad prevista en el artículo 57 del Código Penal
En la imputación fáctica contenida en el escrito de acusación -leída en la respectiva audiencia- el fiscal ciertamente aludió a algunas circunstancias antecedentes que, en ese estado del proceso, podrían corresponder a uno de los elementos definitorios de la ira y el intenso dolor. Pero precisamente por ello, de entrada se advierte insuficiente la formulación de los hechos jurídicamente relevantes, dado que la acusación apenas dio cuenta de una agresión de la víctima al acusado horas antes de que éste le disparara, más en el plano fáctico no fijó ningún referente sobre el desequilibrio emocional en que habría actuado el procesado, como tampoco dio cuenta del necesario nexo causal entre el comportamiento ajeno, grave e injustificado y la reacción violenta.
La ira e intenso dolor no surgen de cualquier agresión que, simplemente, anteceda al comportamiento típico. Dicho aspecto, apenas, podría constituir un elemento objetivo para valorar si tal actitud implica un comportamiento ajeno grave e injustificado. La otra cara de la moneda es precisamente el estado interno en que se comete la conducta, pues si aquél no se verifica, mal podría hablarse de ira o intenso dolor, estado que justifica disminuir la respuesta punitiva por un aminorado grado de culpabilidad. Sin ese factor, la fragmentaria referencia a situaciones externas quedan en el vacío, sin que pueden dar lugar al reconocimiento de la diminuente señalada en el artículo 57 del Código Penal.
La jurisprudencia ha clarificado cómo se estructura la ira e intenso dolor, causal que se focaliza en el estado emocional del sujeto activo y en la que las circunstancias ajenas a él deben articularse para verificar si se produjo o no la alteración síquica que impulsa un reaccionar violento.
Al respecto, en la SP10274-2014, la Sala puso de presente los elementos necesarios para configurar la ira o intenso dolor, a saber, que el acto delictivo: i) se cometa como consecuencia de un impulso violento; ii) provocado por un acto grave e injusto, de lo que iii) surge necesariamente la relación causal entre uno y otro comportamiento.
Es por ello que si la atribución de la ira o intenso dolor únicamente se hace depender de una circunstancia ajena al sujeto activo, sin la verificación de su estado emocional y, por ende, sin el correspondiente nexo causal entre la ofensa y la disminución de la capacidad intelectiva y volitiva del -inicialmente- agraviado, la formulación de hechos jurídicamente relevantes es insuficiente.
Es que, como precisa la jurisprudencia (CSJ SP346-2019, rad. 48.587), la atemperación de la pena por la vía de la ira o el intenso dolor no sólo exige la verificación de circunstancias objetivas, externas, correspondientes a un comportamiento ajeno grave e injustificado, sino que se haya producido una alteración subjetiva emocional en el sujeto activo, que influye en la realización de la conducta típica:
(E)l art. 57 de la Ley 599 de 2000 ha previsto la ira o intenso dolor como figura atemperante de la sanción punitiva referida esencialmente a delitos atentatorios de la vida e integridad personal, recogiendo aquellas hipótesis en que el hecho se lleva a cabo en estado de emoción violenta provocada por la conducta de la víctima, esto es, cuando obedece a una condición subjetiva emocional que consecuentemente da lugar a una responsabilidad penal atenuada.
Jurisprudencia de la Corte estructurada a través de varias décadas, esencialmente con uniformidad sobre el sentido y alcance jurídico de esta circunstancia atenuante de la pena, ha coincidido en considerar que el privilegio emocional subjetivo de esta causal paliativa exige para su reconocimiento que al momento de realización de la conducta punible se haya procedido en estado de ira o de intenso dolor determinado por un comportamiento ajeno grave e injusto.
Por tanto, fue y continúa siendo postulado normativo del precepto regulador de esta figura, estar plenamente probada la existencia de un comportamiento con las connotaciones de grave e injusto de un tercero contra quien se reacciona emocionalmente, así como el necesario nexo de causalidad entre ese estado síquico y ser aquella su causa, la cual por lo demás, debe tener por tanto la virtualidad de desencadenarlo, pues conforme se ha advertido insistentemente, si bien no se exige simultaneidad o concomitancia en la reacción, sí es imperioso que el sujeto obre bajo los efectos de un ‘raptus’ emotivo, toda vez que de acuerdo con la concepción dogmática de este instituto, la ira atenuante en relación con este aspecto tiene arraigo en circunstancias de objetiva verificación, toda vez que no se trata de hacer sustentable la aminorante a partir de personalísimos sentimientos o de favorecer temperamentos impulsivos, iracundos, irascibles, irritables, coléricos, ni de propiciar extensiones genéricas a otros estados anímicos o con procedencia en otros orígenes, sino de reconocer la presencia de situaciones humanas que implican una disminución de la capacidad intelectiva y volitiva del agraviado provocada por una ofensa, sin que ello implique desde luego una pérdida absoluta de dichas facultades, que como se sabe corresponden a estados de inimputabilidad penal.
Al formular acusación, el fiscal señaló que, “con lo dicho en entrevistas de testigos, como María Luisa Avendaño, dueña de la tienda, el acusado (estaba) tomando cerveza y tuvo un incidente con la occisa, quien le pegó con una botella en la cabeza”. La existencia de esta circunstancia -aclaró el prenombrado funcionario al indicar que adicionaba el escrito de acusación antes de formular este acto oralmente- hacía necesario integrar a la imputación jurídica la circunstancia de menor punibilidad del art. 57 del C.P.
No obstante, tales referentes fácticos de imputación, contenidos en la acusación, resultaban del todo insuficientes para adecuar el comportamiento en el precepto que regula la diminuente en mención, pues el fiscal simplemente aludió a un conflicto antecedente entre la pareja, pero nada dijo acerca de la gravedad e injusticia de la actuación de la víctima y menos del estado emocional del acusado al momento de cometer el crimen. Además, como se verá, la evidencia aportada por la Fiscalía en esa etapa no acreditaba que el fatal desenlace hubiera sido directamente provocado por el comportamiento de la víctima durante el altercado que tuvo con su compañero en la tienda.
En primer lugar, si bien no se exige concomitancia entre el comportamiento grave e injusto provocador de la alteración emocional a que se refiere el art. 57 del C.P., también es verdad que sí ha de existir un nexo directo entre la ofensa y la reacción del sujeto activo de la conducta punible. Mas en el presente caso, hay varias situaciones que impiden afirmar la requerida perturbación emocional por ausencia de conexión entre el altercado previo y la agresión mortal, a saber: i) el aspecto temporal y ii) la insuficiente gravedad del comportamiento atribuido a la víctima.
Sobre la primera cuestión, como lo destacó el tribunal en el auto del 18 de agosto de 2016, luego de que Yuly Catherine le pegara a POLICARPO en la cabeza, aquélla se retiró del lugar y se fue a su lugar de residencia, al que el procesado arribó tres horas después.
Ese tiempo es ciertamente considerable para diluir la posible ofuscación que pudo haber sentido el señor SANGUÑA debido a que su compañera lo golpeó en público, delante de amigos, conocidos y desconocidos.
Aunado a lo anterior, la evidencia aportada por la Fiscalía da cuenta, en todo caso, que la agresión no fue de una gravedad superlativa, como quiera que POLICARPO SANGUÑA le dio menor importancia cuando se encontraba en la tienda. Apenas se limpió con una servilleta y continuó departiendo con sus contertulios, hasta que se fue a casa, no porque estuviera exaltado, sino debido a que su celular se quedó sin batería. Así se extracta de apartes del fallo de primer grado:
De igual manera, se tiene la entrevista de María Elisa Avendaño Becerra, propietaria de una tienda en La Trinidad, quien afirma que, el día de los hechos, a eso de las doce y media del día, llegaron a su tienda el señor SANGUÑA y el Sargento Moscote en una moto y le pidieron dos cervezas. Se sentaron afuera, siguieron tomando y les brindaron a unas muchachas que estaban dentro, pero al parecer no se conocían. Ya llevaban como seis cervezas cuando llegó la señora Catherine y, sin decir nada, le dio un botellazo a Policarpo en la cabeza y se fue. Moscote le alcanzó una servilleta y agua para que se limpiara y le preguntó por qué ella le había pegado, él le dijo que por no contestarle el celular. Ella se asomó a la esquina, pero no la vio más.
(…)
Igualmente se cuenta con la entrevista de Deivis Jesús Moscote Chávez, quien refiere que…como a las dos de la tarde, invitó (a POLICARPO SAÑGUÑA) a tomarse unas cervezas y, en eso, llegó Catherine a la tienda donde estaban y se le presentó una situación donde tuvo que pedir la cuenta e irse, se despidió de ellos y fue a su casa a buscar el celular que POLICARPO había dejado cargando en su casa.
Adicionalmente, la Corte debe señalar que, por las particularidades del presente caso, hay una razón adicional que deja en el vacío la gravedad del comportamiento atribuido a la víctima. Por tratarse de un asunto de violencia contra la mujer, la perspectiva de género obliga a aplicar un enfoque diferencial en la comprensión del asunto.
En punto de la gravedad, en la SP10724-2014, la Sala estableció algunos lineamientos para valorar factores capaces de producir, en la magnitud exigida por la norma, una perturbación emocional que, habiendo impulsado al sujeto activo a cometer la conducta, justifique aminorar la pena:
Por ello, la gravedad y la injusticia de la provocación debe ser estudiada en cada situación, dadas las condiciones particulares de los protagonistas del conflicto y de aquellas en las que se consumó el hecho, como por ejemplo, su situación psico-afectiva, la idiosincrasia, la tolerancia, las circunstancias (tiempo, modo lugar, oportunidad, tono, expresión corporal y oral etc.), los sentimientos (honor, dignidad y auto estima), la formación (moral, cultural), el grado de educación, el nivel social y económico. De lo expuesto se infiere que no toda provocación es grave e injusta y que sólo los estados de ánimos originados por comportamientos con estas últimas connotaciones quedan amparados por la diminuente de la ira o dolor examinada, siempre que la provocación provenga de quien padece las consecuencias.
Bajo esa óptica, la Sala no puede pasar por alto que el reconocimiento de la ira o intenso dolor en el presente caso comportaría la justificación de algo inadmisible, esto es, la reacción violenta de un hombre con fundamento en estereotipos machistas. Recientemente, la Corte (CSJ SP2136-2020, rad. 52.897) reiteró su postura en torno a que el enfoque de género en casos de violencia contra la mujer obliga al fallador a valorar las situaciones fácticas “eliminando estereotipos que tratan de universalizar, como criterios de racionalidad, simples prejuicios machistas”.
Entre esos estereotipos, se destacó en la referida sentencia, se encuentra el de “la mujer co-responsable”, según la cual la violencia es manifestación de una relación disfuncional y no de una historia de discriminación estructural, por lo que a la víctima le corresponde parte de la culpa de las lesiones recibidas.
En esa dirección, no podría avalarse la reacción homicida adoptada por el acusado, bajo el entendido de que su honor machista se vio gravemente lesionado porque la compañera permanente de aquél lo golpeó públicamente, frente a sus amigos y conocidos.
Finalmente, se advierte que los términos del último acuerdo celebrado por la Fiscalía y la defensa (por el que se emitió la condena) son acordes a la idea de que el procesado no actuó a partir de la perturbación psíquica provocada por un comportamiento ajeno, grave e injustificado. En efecto, este asumió la obligación de someterse a un tratamiento para “moderar su temperamento”, y es bien sabido que la circunstancia prevista en el referido artículo 57 no se orienta a justificar temperamentos agresivos o expresiones de intolerancia, sino a entender que el ser humano, bajo circunstancias extremas, puede ver menguada su capacidad de autocontrol.
4.3. Las reglas aplicables al caso
Reiteradamente la Sala ha resaltado las diferencias entre el control material a la acusación, entendida como la actividad de parte realizada en una determinada fase del procedimiento –ordinario o abreviado-, con las verificaciones que deben hacer los jueces al momento de emitir sentencia. Esto último –la emisión de la sentencia- corresponde a la expresión más importante del ejercicio jurisdiccional (CSJ SP 11 dic. 2018, rad. 52.311, entre otras).
Desde esta perspectiva, ha de entenderse que la acusación contiene la pretensión que la Fiscalía le presenta al juez competente sobre la forma como debe resolverse el caso, y es en ese ámbito –el de la estructuración y presentación de la pretensión punitiva, concretada en la acusación- es que a los jueces les está vedado realizar un control material, sin perjuicio de las consabidas labores de dirección, orientadas a que la Fiscalía cumpla los aspectos formales previstos en la ley, entre los que se destaca la relación clara de los hechos jurídicamente relevantes.
Aunque es claro que las decisiones que toma la Fiscalía al momento de estructurar la acusación limita el margen decisional de los jueces, principalmente porque no pueden emitir condena por hechos diferentes a los incluidos en la acusación –principio de congruencia-, también lo es que al realizar la labor jurisdiccional los juzgadores deben verificar los presupuestos mínimos de la condena, que varían en el trámite ordinario y en el abreviado.
En punto de las diferencias entre la condena emitida en el trámite ordinario y el abreviado, la Sala ha resaltado: (i) las decisiones están sometidas a estándares de conocimiento diferentes –convencimiento más allá de duda razonable, en el primero, y la determinación de un “principio de verdad”-, en el segundo-; y (ii) para la emisión de una condena anticipada, el juez debe verificar los límites legales para la concesión de beneficios y, en general, constatar que no se han violado los derechos de las partes o intervinientes (SP2073-2020, rad. 52.227, entre otras).
A pesar de estas diferencias, debe quedar claro que los jueces, al emitir sentencia (bien en el trámite ordinario o el abreviado), no están obligados a: (i) dar por ciertos los hechos incluidos en la acusación, cuando no están demostrados “más allá de duda razonable” o bajo el estándar reducido de que trata el artículo 327, bajo el entendido de que este último se orienta a proteger los derechos del procesado y, además, a salvaguardar un “principio de verdad” para las víctimas; y (ii) convalidar calificaciones jurídicas inapropiadas. Adicionalmente, en el trámite abreviado no pueden: (iii) conceder beneficios que exceden los límites legales; y (iv) emitir sentencia cuando se advierte que han sido violados los derechos del procesado, de las víctimas, etcétera (ídem).
Igualmente se ha aclarado que en virtud del carácter progresivo de la actuación la Fiscalía puede introducir algunos cambios a las premisas fáctica y jurídica incluidas en la imputación, los que, incluso, pueden resultar favorables al procesado, pero en todo caso: (i) cuando esas modificaciones se presentan como “ajustes a la legalidad” y no como beneficios otorgados a cambio del sometimiento a una condena anticipada, están sometidas a las reglas generales de la imputación y la acusación, entre las que se destacan la obligación de expresar con claridad los respectivos hechos jurídicamente relevantes y la constatación del estándar de conocimiento previsto en los artículos 287 y 336; (ii) aunque los jueces no pueden controlar materialmente dicha actuación de parte, al momento de decidir sobre la viabilidad de la condena deben verificar que la calificación jurídica corresponda a los hechos relacionados por el acusador y que frente a ese referente factual se cumple el estándar previsto en el artículo 327 de la Ley 906 de 2004 –en los casos de terminación anticipada-; y (iii) sin perjuicio de la obligación de constatar que no se han violado los derechos del procesado o de cualquier otra parte o interviniente (CSJ SP 11 dic. 2018, rad. 52.311; CSJ SP 5 jun. 2019, rad. 51.007, entre otras).
Valga reiterar que la obligación del fiscal de especificar en qué eventos las modificaciones a los cargos son producto del ajuste a la legalidad y cuándo corresponden a un acuerdo, no se reduce a la simple enunciación de la razón del cambio. Cuando se plantea que no se trata de un beneficio sino de la corrección de la imputación, es necesario que la Fiscalía cumpla las obligaciones legales, entre ellas, la relación clara de los hechos jurídicamente relevantes y la selección de las normas aplicables al caso.
Lo anterior opera tanto para el delito base como para las circunstancias de mayor o menor punibilidad. En cuanto a estas, el fiscal, al estructurar la acusación, y el juez, al emitir la sentencia, deben: (i) precisar sus elementos estructurales, previstos en la respectiva norma penal; (ii) verificar que en la hipótesis factual se incluyeron los aspectos que encajan en cada uno de esos requisitos legales; y (iii) constatar que estos elementos factuales encuentran un respaldo suficiente en las “pruebas” allegadas, según el estándar dispuesto para cada una de esas actuaciones (CSJSP, 12 agosto 2020, Rad. 53596, entre otras.).
Tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional (C-1260 DE 2005 Y SU 479 de 2019) como la de esta Corporación (52227 de 2020) han aclarado que las partes, en virtud de un acuerdo, no pueden: (i) incluir circunstancias de menor punibilidad u otros cambios de la calificación que no tengan base fáctica y probatoria; (ii) mucho menos, cuando ello entraña una rebaja de pena desproporcionada; y (iii) sin que pueda desatenderse la obligación de obrar con diligencia extrema cuando la víctima pertenece a un grupo poblacional especialmente vulnerable.
Lo anterior, sin perjuicio de que el acuerdo consista en tomar como referente una norma penal menos gravosa, no para que el juez emita la condena a la luz de un referente jurídico que no se ajuste a los hechos presentados por el acusador, sino para efectos de calcular la pena, evaluar la procedencia de subrogados penales, entre otros, según los términos del convenio, como sucede en el caso de quien indiscutiblemente es autor pero, en virtud del acuerdo, se le impone la pena que le correspondería al cómplice (SP2073-2020, rad. 52.227 y SP2295-2020).
En este último evento resulta claro que: (i) las partes no tendrían que presentar evidencias que den cuenta, siguiendo con el mismo ejemplo, de que el procesado es cómplice y no autor, ya que la alusión a la norma penal más favorable –para efectos de calcular la pena, evaluar subrogados penales, etcétera, según los términos del convenio-, constituye, precisamente, el beneficio por someterse a la condena anticipada; (ii) todo bajo el entendido de que la condena se emitirá por la calificación jurídica que corresponda –autor, según este ejemplo-, así para los fines de la pena se tome como referencia una norma penal diferente; (iii) el juez debe constatar que el beneficio otorgado no sea excesivo, bien por su pluralidad –prohibido expresamente por el legislador-, o porque el otorgado, por excesivo, resulte contrario a la necesidad de aprestigiar a la justicia y demás principios que rigen estas formas de solución del conflicto derivado del delito; y (iv) igualmente, es su deber salvaguardar los derechos del procesado y de la víctima, sobre todo cuando esta es especialmente vulnerable (ídem).
Lo anterior, sin que pueda perderse de vista que los límites a los acuerdos, establecidos en el ordenamiento jurídico y desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación, no están orientados a socavar las bases del sistema de tendencia acusatoria regulado en la Ley 906 de 2004.
Al margen del debate acerca de si la denominada “justicia premial” es, en efecto, un elemento estructural del sistema acusatorio, lo cierto es que no podría hablarse de un modelo de enjuiciamiento criminal verdaderamente democrático bajo la idea de que cada funcionario judicial pueda decidir a su antojo y sin control la suerte de los procesados, con una notoria e inaceptable afectación de la legalidad, la igualdad –de trato-, la seguridad jurídica, entre otros aspectos constitucionalmente relevantes; como tampoco podría considerarse ajustado a la Constitución el que las víctimas estuvieran sujetas al capricho, la ideología o la forma de pensar de cada fiscal o cada juez, lo que, al igual que lo anterior, en nada contribuiría a la prontitud, eficacia y prestigio de la administración de justicia.
4.4. La solución del caso
Lo primero que debe aclararse es que la Fiscalía realizó la imputación y la acusación sin que los jueces hayan realizado algún tipo de control material. De hecho, el ente acusador cambió la calificación jurídica –en el sentido de incluir la circunstancia de menor punibilidad prevista en el artículo 57-, sin que se advierta que el juez de conocimiento haya pedido alguna aclaración sobre los fundamentos fácticos y probatorios de ese cambio, ni haya cuestionado dicha selección normativa.
En lo concierne a la intervención del Juzgado y el Tribunal en el ámbito propio de su competencia, la Sala estima pertinente diferenciar dos situaciones: (i) lo que sucedió con los “ajustes” a la acusación y el subsiguiente acuerdo celebrado por las partes, que fue improbado en ambas instancias; y (ii) el acuerdo que dio lugar a la condena del procesado.
4.4.1. Frente al primer acuerdo
En este caso es claro que: (i) desde la formulación de imputación la Fiscalía se refirió a la agresión física de la víctima hacia el procesado; (ii) en esa relación de hechos, se incluye un aspecto que, eventualmente, podría asociarse a solo uno de los elementos estructurales de la circunstancia de menor punibilidad regulada en el artículo 57 del Código Penal –la víctima golpeó con una botella la cabeza del procesado, al parecer levemente-, porque este estaba departiendo con otras mujeres en una taberna ubicada cerca de su sitio de residencia-, bajo el entendido de que en la calificación jurídica ni se insinuó que los hechos pudieran ser subsumidos en dicha norma; (iii) bajo esa misma situación fáctica, y poco antes de dar a conocer el preacuerdo celebrado con la defensa, en la audiencia de acusación anunció que introduciría un cambio en la calificación jurídica –la premisa fáctica se mantuvo incólume-, orientada a reconocer que el procesado actuó en estado de ira o intenso dolor –no precisó cuál de las dos circunstancias2-; y (iv) inmediatamente, Fiscalía y defensa publicitaron el preacuerdo, en virtud del cual el procesado admitía los cargos –ya atenuados- a cambio de una rebaja de pena equivalente a la tercera parte, lo que daría lugar a la imposición de la pena de prisión de 44.44 meses por la muerte de su esposa, en lugar de los 400 meses previstos como pena mínima para del delito de homicidio agravado.
El Juzgado y el Tribunal entendieron que se trató de la concesión de beneficios plurales, prohibidos por el ordenamiento jurídico, en esencia por dos razones: (i) en los hechos jurídicamente relevantes incluidos en la acusación no se encuentran los referentes de todos los elementos estructurales de la circunstancia de menor punibilidad prevista en el artículo 57 del Código Penal; y (ii) las evidencias presentadas por la Fiscalía para cumplir la exigencia prevista en el artículo 327 de la Ley 906 de 2004 no dan cuenta de que el procesado haya actuado bajo estado de ira o intenso dolor –se insiste, nunca se aclaró a cuál de estas modalidades se refirió el acusador-.
Para la Sala es claro que el Juzgado y el Tribunal, al invalidar el primer acuerdo, actuaron conforme a derecho, porque: (i) en ningún momento llevaron a cabo un control material a la acusación, ya que la Fiscalía realizó esta actividad de parte con amplia libertad; (ii) al verificar la procedencia de la condena anticipada solicitada por el acusador –con la anuencia de la defensa-, encontraron que la circunstancia de menor punibilidad invocada por la Fiscalía no tenía ningún soporte fáctico ni probatorio, pues en los hechos jurídicamente relevantes no se incluyeron los referentes estructurales de la circunstancia de menor punibilidad prevista en el artículo 57 del Código Penal, ni las evidencias aportadas daban cuenta de los mismos; (iii) así, razonablemente concluyeron que el referido cambio de calificación jurídica obedeció a una concesión del fiscal, orientada a que el procesado renunciara al trámite ordinario; y (iv) a ese beneficio se sumó otro, consistente en la rebaja de una tercera parte, orientado a que la pena ascendiera a 44.44 meses de prisión por haberle causado la muerte a su compañera permanente.
Las anteriores razones son suficientes para desestimar las pretensiones del impugnante.
4.3.2. El acuerdo que dio lugar a la condena
Ante esa decisión del Juzgado y el Tribunal, la Fiscalía optó por celebrar un nuevo acuerdo, en el que, sin ambages, se dijo que la circunstancia de menor punibilidad ya mencionada se concedía como único beneficio a cambio de que el procesado optara por la terminación del procesado a través de una condena anticipada.
En armonía con su postura inicial (ni los hechos ni las evidencias daban cuenta del supuesto estado de ira o intenso dolor), el Tribunal, al revocar la decisión del Juzgado, concluyó que el nuevo acuerdo debía ser aprobado, bajo el entendido de que el beneficio no tenía que ser demostrado –en lo que tiene razón-, pues de estar acreditado que el procesado actuó bajo estado de ira o intenso dolor ello debió reconocerse al someter el caso a la estricta legalidad.
Sin embargo, es evidente que el juzgador de segundo grado no tuvo en cuenta que la pluralidad de beneficios es solo una de las formas de conceder prerrogativas desbordadas a cambio del sometimiento a una condena anticipada, ya que el mismo efecto –en ocasiones más intenso- se presenta con ciertos cambios de calificación jurídica sin ninguna base fáctica, como sucede, precisamente, con la inclusión de circunstancias de menor punibilidad como la regulada en el artículo 57 del Código Penal. Al respecto, debe resaltarse la notoria analogía fáctica que existe entre este caso y los evaluados por la Corte Constitucional en la SU 479 de 2019, y por esta Corporación en la sentencia 52227 del año en curso, pues en todos ellos la inclusión de una calificación jurídica que no corresponde a los hechos dio lugar a una rebaja de pena superior al 80%.
Igualmente, el Tribunal no consideró la imposibilidad de avalar un acuerdo cuando a los hechos se les imprime una calificación jurídica que no corresponde, tal y como se explicó en las sentencias en mención.
No obstante, la Corte no estudiará la posibilidad de introducir modificaciones al fallo en virtud de la corrección de dichos yerros, dado que ello, sin duda, podría desmejorar la situación del procesado, lo que sería improcedente habida cuenta de que este tiene la calidad de impugnante único. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 31 de la Constitución Política y 20 de la Ley 906 de 2004.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
NO CASAR la sentencia impugnada.
Contra esta decisión no proceden recursos.
Notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.
Cúmplase.
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
GERSON CHAVERRA CASTRO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Aclaró voto
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
JAIME HUMBERTO MORENO ACERO
FABIO OSPITIA GARZÓN
EYDER PATIÑO CABRERA
HUGO QUINTERO BERNATE
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Negrillas añadidas.
2 CSJSP, 13 ago 2014, Rad. 43190; CSJSP, 8 oct 2008, Rad. 29338; CSP, 14 dic 1999, Rad. 12343; entre otras.