Asistente Jurídico Inteligente
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Eyder patiño Cabrera
Magistrado Ponente
STP17439-2019
Radicación n.° 108101
Acta 326
Bogotá, D.C, cinco (05) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).
ASUNTO
Se resuelve la acción de tutela promovida por Mario Fernando González Ibagon, en contra de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por la presunta vulneración de su derecho al debido proceso.
Al presente trámite fueron vinculadas la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Quindío y Silena Botero Penagos.
ANTECEDENTES
1. Fundamentos de la acción
1.1 Silena Botero Penagos interpuso queja disciplinaria en contra de Mario Fernando González Ibagon, por faltar a sus deberes como profesional del derecho, particularmente porque fue contratado para interponer una demanda judicial para obtener la indemnización de unos perjuicios, no obstante, abandonó su labor sin adelantar ninguna actuación.
1.2 El 18 de agosto de 20161, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, suspendió por el término de 2 meses en el ejercicio de la profesión de abogado a González Ibagon por haber incurrido en la falta prevista en el numeral 1º del canon 37 de la Ley 1123 de 2007.
1.3 Contra esa determinación el actor interpuso recurso de apelación y el 17 de octubre de 20182 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la ratificó.
1.4 El 30 de octubre de 2019 solicitó ante la accionada la nulidad de la actuación.
1.5 Inconforme con lo anterior, Mario Fernando González Ibagon presentó acción de tutela en contra de las referidas autoridades judiciales por la vulneración de suu derecho fundamental al debido proceso, ante la alegada mora en resolver su petición.
2. La respuesta
2.1 Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
La Abogada indicó que la Secretaría Judicial no ha vulnerado de manera alguna las garantías constitucionales del actor, en tanto que se han adelantado todas las gestiones que se les han encomendado.
CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Corresponde a la Corte determinar si las autoridades accionadas vulneraros el derecho fundamental al debido proceso del peticionario, tras la alegada mora en resolver la solicitud de nulidad en la actuación disciplinaria que se adelantó en su contra.
2. Mora Judicial
2.1 Conforme lo señala expresamente el artículo 29 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas.
En ese sentido, el canon 228 Superior expresamente ordena que los términos procesales se observen con diligencia y que su incumplimiento debe ser sancionado.
Del mismo modo, la Ley 270 de 1996 regula como principios que informan la administración de justicia, los de acceso a la justicia, celeridad y eficiencia (preceptos 2, 4 y 7, respectivamente).
Es así como la Constitución Política y el ordenamiento legal protege al ciudadano de los excesos de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, imponiéndoles a estos la obligación de respetar los términos judiciales previamente establecidos por el legislador, de tal suerte que obtenga una solución oportuna a las controversias planteadas ante la jurisdicción, en aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.
De ésta manera, constituye un imperativo de obligatorio cumplimiento para el funcionario judicial, el proferir sus decisiones dentro de los tiempos fijados en el procedimiento que regula la actuación, salvo que la mora esté justificada por una situación probada y objetivamente insuperable, que impida al juez o fiscal adoptar oportunamente la decisión.
Lo anterior significa que el solo vencimiento de los términos judiciales no transgrede el derecho al debido proceso, se requiere que la demora en resolver un asunto no esté fundadamente justificada para que sea clara la vulneración de dicha garantía esencial.
La Corte Constitucional ha señalado, para los casos en los cuales es evidente una dilación injustificada, siempre y cuando se esté ante la existencia de un perjuicio irremediable, la procedencia de la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales que puedan ser vulnerados.
Sobre el particular, el Tribunal Constitucional señaló:
De lo anterior se infiere que a fin de que proceda la acción de tutela, es indispensable que determinada dilación o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los términos dentro de un proceso, no constituye per se una violación al debido proceso, salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. Así entonces, la mora judicial sólo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones “imprevisibles e ineludibles”, tal como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los términos señalados por la ley. De lo expuesto se concluye que constituye una violación de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, aquella denegación o inobservancia de los términos procésales que se presenten sin causa que las justifiquen o razón que las fundamenten3 (Negrillas fuera de texto).
Por lo tanto, debe resaltar la Sala que no toda dilación dentro del proceso judicial es vulneratoria de derechos fundamentales, por lo que la tutela no procede automáticamente ante el incumplimiento de los plazos legales por parte del funcionario judicial, sino que debe acreditarse la falta de diligencia de la autoridad pública. Además de lo anterior, debe demostrarse que con la mora, se produzca un perjuicio irremediable que haga procedente la tutela en el asunto en particular4.
3. Caso en concreto
3.1 En el caso sometido a examen, frente a la supuesta mora de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en resolver al solicitud de nulidad del actor al interior de la actuación disciplinaria que se siguió en su contra, encuentra la Sala que dicho cuerpo colegiado ha ido resolviendo paulatinamente en orden de llegada y que no se puede acceder a las pretensiones de la accionante, pues ello sería desconocer el derecho que le asiste a las otras personas que se encuentran a la espera de que esa corporación atienda sus solicitudes en los procesos disciplinarios que adelanta.
Así las cosas, no hay lugar a prodigar el amparo solicitado, máxime cuando el juez constitucional no puede alterar los turnos dispuestos para resolver los asuntos, en tanto ello implicaría lesionar las garantías de otras partes que también se encuentran a la espera de que su asunto sea decidido, toda vez que al tenor de lo previsto por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, ellos se resuelven según el orden de entrada al despacho, el cual sólo puede alterarse en casos excepcionales.
2.2 De otro lado, esta Sala de Decisión ha señalado que frente a la hipotética mora en que pueda incurrir un funcionario judicial, existen otras vías judiciales eficaces que desplazan la acción de tutela.
Efectivamente, la sociedad actora cuenta con otro medio de defensa judicial como lo es la figura jurídica de la recusación, a la que puede acudir si considera que injustificadamente el funcionario judicial se ha demorado en la solución del asunto puesto a su consideración, mecanismo procesal que tornan inviable el amparo propuesto.
Esto significa que la parte peticionaria todavía tiene a su alcance este mecanismo idóneo para preservar o recuperar los derechos supuestamente amenazados o quebrantados. Ese supuesto torna inviable la posibilidad de acudir a la solicitud de amparo como un mecanismo alternativo o coetáneo a la petición de nulidad que actualmente se surte ante el Tribunal accionado.
Por las anteriores razones se negará el amparo propuesto.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas n.º 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero. Negar la tutela instaurada por Mario Fernando González Ibagon.
Segundo. Ordenar que, si la decisión no es impugnada ante la Sala de Casación Civil de esta Corporación, se remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Eyder Patiño Cabrera
Jaime Humberto Moreno Acero
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Cfr. Folios 11 a 35– cuaderno original.
2 Cfr. Folios 52 a 76 – ibídem.
3 Ver T-1154 de 2004.
4 Así lo señaló la Sala en decisiones CSJ STP, 19 mar. 2013, Rad. 65770 y CSJ STP, 9 jul. 2013, Rad. 67.797.