AP4278-2019(55902)

2019

Asistente Jurídico Inteligente

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EUGENIO  FERNÁNDEZ CARLIER  

Magistrado  ponente  

AP4278-2019  

Radicación  nº 55902.  

Acta  No. 254  

Bogotá,  D.C., dos (2) de octubre de dos mil diecinueve (2019).  

ASUNTO  

La  Corte se pronuncia sobre la colisión negativa de competencia  suscitada entre los Juzgados Primero Penal del Circuito Especializado  de Cali y Primero Penal del Circuito de la misma categoría de  Bogotá, ambos de Extinción de Dominio, para conocer  del proceso que se adelanta respecto de varios bienes inmuebles que  son o fueron propiedad de Alexander  Ayala Serna.  

ANTECEDENTES  

1.  Mediante  informe de 13 de abril de 2009, la Policía Judicial C.T.I. de  Cali, solicitó que se estudiara la posibilidad de dar inicio  al trámite de extinción de dominio respecto de los  integrantes de una organización criminal dedicada al homicidio  agravado y concierto para delinquir entre otros delitos.  

2.  En consecuencia, la Fiscalía 21 Delegada de la Unidad Nacional  de Extinción del Derecho de Dominio, mediante resolución  del 30 de agosto de 2002, dispuso la apertura de la fase inicial  contemplada en el artículo 2º de la Ley 793 de 2002,  modificado por la ley 1453 de 2011, con el fin de determinar la  viabilidad de dar inicio al trámite de extinción de  dominio de los bienes de Alexander  Ayala Serna.  

3.  Posteriormente, la Fiscalía 14 Especializada de Bogotá,  a quien fue reasignado el trámite, lo ajustó a las  previsiones de la Ley 1708 de 2014 y presentó ante los jueces  penales del circuito especializados de Cali, demanda de extinción  de dominio respecto de los bienes inmuebles identificados con  matricula inmobiliaria No.  280-57709  localizado en la vereda Hojas Anchas en el municipio de Armenia y No.  370-697450,  370-697451  y  370-697452,  lotes continuos ubicados en la capital del Valle del Cauca.  

4.  El asunto correspondió por reparto al Juez Primero Penal del  Circuito Especializado de Extinción de Derechos de Dominio de  Cali, quien mediante auto de 07 de mayo de 2019 manifestó su  incompetencia para conocer del trámite, al considerar que los  procesos de extinción de dominio iniciados en vigencia de la  Ley 793 de 2002, deben agotarse con apego a esa normatividad, lo cual  encamina a que la competencia recaiga en los Jueces de Extinción  de Dominio de Bogotá.  

En  consecuencia, ordenó enviar las diligencias a los despachos  homólogos de esta ciudad y propuso colisión negativa en  caso de que no se aceptaron sus planteamientos.  

5.  Surtido el respectivo trámite, se le asignó el  conocimiento del caso al Juez Primero Penal del Circuito  Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, quien  en auto del 22 de julio del presente año, también  rehusó su competencia para adelantar el proceso.  

Las  razones de su decisión se contraen a explicar que el   planteamiento de su homologo fue equivocado por cuanto confundió  la fase inicial con la resolución de inicio y concluyó  de manera desacertada que el régimen de transición está  supeditado a la fecha en que se emitió la resolución de  fase inicial, lo cual, en su criterio, desatiende lo dispuesto por el   artículo 217 de la ley 1708 de 2014 que establece que se  regirán por la Ley 793 de 2002 o la 1453 de 2011 los procesos  «…en  que se haya proferido resolución de inicio»1.  

Acorde  con lo anterior, remitió la actuación a esta  Corporación, para decidir el asunto.  

CONSIDERACIONES  

1.  Esta Corporación es competente para definir la colisión  de competencia planteada entre el Juzgado  Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de  Dominio de Cali y su homólogo de Bogotá,  de acuerdo con el numeral  4° del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, normatividad a  la que expresamente acude el artículo 26 de la Ley 1708 de  2014 –Código de Extinción de Dominio- en lo  concerniente a los asuntos procedimentales no previstos en ella  durante la fase inicial2,  toda vez que se trata de despachos judiciales de diferentes distritos  especializados de extinción de dominio, como pasa a  explicarse.  

2.  El legislador a través de la Ley 333 de 1996, el Decreto  Legislativo 1975 de 2002, la Ley 793 de 2002, -que a su vez fue  objeto de varias modificaciones, de las cuales sobresalen las  introducidas por medio de la Ley 1395 de 2010, y la Ley 1453 de  2011-, y el actual Código de Extinción de Dominio, Ley  1708 de 2014, ha regulado el trámite de dicha acción.  

3.  La  última normativa compiló la regulación sobre la  materia e introdujo variaciones sustanciales al procedimiento, así  como un régimen de principios generales, con  la pretensión de construir un auténtico sistema de  normas para  el ejercicio del mecanismo de extinción del derecho de dominio  [Corte Constitucional, sentencia C–958–2014].  

3.1  Su artículo  218 derogó «expresamente  las Leyes 793 y 785 de 2002, Ley 1330 de 2009, así como todas  las demás leyes que las modifican o adicionan, y también  todas las leyes que sean contrarias o incompatibles con las  disposiciones de este Código».  

3.2  Como excepción a la derogatoria, el inciso segundo del  referido precepto señala expresamente: «Sin  perjuicio de lo anterior, el artículo 18 de la Ley 793 de  2002, y los artículos 9º  y 10 [de]  la  Ley 785 de 2002, seguirán vigentes».  

3.3  A su vez, el canon 217 de la mencionada ley estableció un  régimen de transición en los siguientes términos:  

“Los  procesos en que se haya proferido resolución de inicio con  fundamento en las causales que estaban previstas en los numerales 1  al 7 de la Ley 793 de 2002, antes de la expedición de la Ley  1453 de 2011, seguirán rigiéndose por dichas  disposiciones.  

De  igual forma, los  procesos en que se haya proferido resolución de inicio con  fundamento en las causales que estaban previstas en el artículo  72  de la Ley 1453 de 2011,  seguirán rigiéndose por dichas disposiciones. [Énfasis  fuera del texto original]”  

3.4  Esta  Corporación se ha pronunciado con relación a dicho  tópico [CSJ AP1890–2015, 16 abr. 2015, rad. 45775]:  

[e]l  aludido régimen de transición solamente está  referido a las causales  de extinción de dominio, legalmente contempladas al  dictarse la resolución de inicio;  y no comprende las restantes instituciones sustanciales o procesales  contenidas en las diferentes normas que han regulado el tema. En  consecuencia, en la actualidad la ley vigente es la 1708 de 2014,  salvo por las excepciones a las que se ha hecho referencia, dentro de  las cuales no se encuentran las disposiciones atributivas de  competencia. [Negrilla  original, subrayado fuera de texto]  

3.5  Conforme a ese criterio jurisprudencial, que ahora se reitera, la  competencia para conocer de la fase de juzgamiento dentro del trámite  de la acción de extinción de dominio se determina con  fundamento en las previsiones de la Ley 1708 de 2014, mientras que en  relación con los asuntos atinentes a las causales a partir de  las cuales se puede promover ese mecanismo, continúa  aplicándose la normativa anterior.  

3.6  En  ese orden de ideas, no se admite lo manifestado por el Juzgado  Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de  Dominio de Cali, pues si bien es cierto que en la actuación se  surtió la fase  inicial  de conformidad con la ley 793 de 2002, modificada por la  ley 1453 de 2011,  también es de señalar que no se profirió la  resolución  de inicio del  trámite de extinción de dominio que exige el artículo  217 de la Ley 1708 de 2014, para que pueda ser aplicable el régimen  de transición. En consecuencia, la competencia está  regida por la ley vigente y su aplicación es inmediata, sin  que opere fenómeno semejante al de su prórroga (CSJ  AP2833–2017, 3 may. 2017, rad. 49968).  

4.  Por otra parte, en cuanto al servidor judicial que debe asumir el  conocimiento de la actuación acorde con el factor territorial,  el artículo 35 ibídem,  modificado por el canon 9º de la Ley 1849 de 2017, dispuso  lo siguiente:  

“Corresponde  a los Jueces del Circuito Especializados en Extinción de  Dominio del Distrito Judicial donde  se encuentren los bienes,  asumir el juzgamiento y emitir el correspondiente fallo.  

Cuando  haya bienes en distintos distritos judiciales, será competente  el juez del distrito que cuente con el mayor número de jueces  de extinción de dominio.  

Cuando  exista el mismo número de jueces de extinción de  dominio en distintos distritos judiciales se aplicará lo  previsto en el artículo 28  numeral 7 del Código General del Proceso. La aparición  de bienes en otros lugares después de la demanda de extinción  de dominio no alterará la competencia.  

Si  hay bienes que se encuentran en su totalidad en territorio  extranjero, serán competentes en primera instancia los Jueces  del Circuito Especializados en Extinción de Dominio del  Distrito Judicial de Bogotá.  

La  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tendrá  competencia para el juzgamiento en única instancia de la  extinción de dominio de los bienes cuya titularidad recaiga en  un agente diplomático debidamente acreditado,  independientemente de su lugar de ubicación en el territorio  nacional. [Subrayado  fuera de texto]  

4.1  Por su parte, el artículo 2º del Acuerdo PSAA16-10517 de  2016, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la  Judicatura, estableció:  

“Competencia  Territorial. La  competencia territorial de los Distritos Especializados de Extinción  de Dominio quedará establecida de la siguiente manera:  

                                          

Distrito                          de Extinción de Dominio                                                                      

Sede                          de los Juzgados                                                                      

COMPETENCIA                          TERRITORIAL EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE:          

BOGOTÁ                                                                      

Bogotá                                                                      

Bogotá,                          Cundinamarca, Tunja y Santa Rosa de Viterbo.          

NEIVA                                                                      

Neiva                                                                      

Neiva,                          Ibagué y Florencia          

PEREIRA                                                                      

Pereira                                                                      

Pereira,                          Armenia y Manizales.          

CALI                                                                      

Cali                                                                      

Cali,                          Buga, Mocoa, Pasto y Popayán          

CÚCUTA                                                                      

Cúcuta                                                                      

Cúcuta,                          Arauca, Bucaramanga, Pamplona. San Gil y Valledupar.          

ANTIOQUIA                                                                      

Medellín                                                                      

Medellín,                          Antioquia, Quibdó y Montería.          

VILLAVICENCIO                                                                      

Villavicencio                                                                      

Villavicencio                          y Yopal.          

BARRANQUILLA                                                                      

Barranquilla                                                                      

Barranquilla,                          Archipiélago de San Andrés y Santa Catalina,                          Cartagena, Riohacha, Santa Marta y Sincelejo    

4.2  Los  bienes sobre los cuales versa la presente actuación están  inscritos en Armenia y Cali por lo que los mismos se encuentran  situados, de acuerdo con la distribución señalada con  anterioridad, en los Distritos de Extinción de Dominio de  Pereira y la capital del Valle del Cauca.  

Como  quiera que los dos distritos judiciales cuentan con la misma cantidad  de jueces de Extinción de Dominio3,  «se  aplicará lo previsto en el artículo 28 numeral 7 del  Código General del Proceso»   y en consecuencia  «será  competente, de modo privativo, el juez del lugar donde estén  ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones  territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del  demandante».  Por consiguiente se entiende que la Fiscalía 14 Especializada  de Extinción de Dominio, eligió radicar el asunto ante  los jueces de Cali, ciudad a la que se remitirán las  diligencias para que se continúe con el respectivo trámite.  

En  mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de  Casación Penal,  

RESUELVE  

Primero:  DIRIMIR  la presente colisión negativa de competencias, atribuyendo el  conocimiento de este asunto al Juzgado Primero Penal del Circuito  Especializado en Extinción de Dominio de Cali.  

Segundo:  DISPONER  la inmediata remisión de las diligencias al despacho en el que  se radica la competencia, dando aviso de lo aquí decidido al  Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción  de Dominio de Bogotá.  

Tercero:  ADVERTIR  que contra esta providencia no procede recurso alguno.  

Comuníquese  y cúmplase.  

EYDER  PATIÑO CABRERA  

JOSÉ  FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA  

EUGENIO  FERNÁNDEZ CARLIER  

LUIS  ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA  

JAIME  HUMBERTO MORENO ACERO  

PATRICIA  SALAZAR CUÉLLAR  

LUIS  GUILLERMO SALAZAR OTERO  

Nubia Yolanda Nova  García  

Secretaria  

1          Folios 30 y 34 del cuaderno del Juzgado Primero Penal del Circuito          de Extinción de Dominio de Bogotá.  

2          Artículo          26. REMISIÓN: La          acción de extinción de dominio se sujetará          exclusivamente a la Constitución y a las disposiciones de la          presente ley. En los eventos no previstos se atenderán las          siguientes reglas de integración:          

1.          En la fase inicial, el procedimiento, medidas cautelares, control de          legalidad, régimen probatorio y facultades correccionales de          los funcionarios judiciales, se atenderán las reglas          previstas en el Código de Procedimiento Penal contenido en la          Ley 600 de 2000.  

3          Acuerdo No. PSAA15-10402  de          Octubre 29 de 2015, proferido con el Consejo Superior de la          Judicatura.      

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