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EYDER PATIÑO CABRERA
Magistrado ponente
STP13755-2018
Radicación n° 100673
Acta 360.
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
1. ASUNTO
Decide la Sala la impugnación presentada por la accionante LEXANDRA SERRANO ALDANA, contra el fallo proferido el 9 de agosto del año en curso, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual negó la acción de tutela interpuesta en protección de sus derechos fundamentales a la vida, igualdad, seguridad social y mínimo vital, presuntamente vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esa misma ciudad, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., la Compañía de Seguros Bolívar S.A., y Seguros de Vida Colpatria S.A. –hoy Axa Colpatria Seguros de Vida S.A.-, trámite al que fueron vinculados las partes y demás sujetos intervinientes dentro del proceso ordinario laboral que dio origen a este asunto.
2. HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Los sucesos que motivaron la solicitud de amparo constitucional, fueron reseñados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de la forma como sigue:
De lo afirmado en el escrito inicial y de las pruebas allegadas al proceso se infiere que la promotora inició proceso ordinario laboral contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. y Seguros de Vida Colpatria S.A. hoy AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. con el fin de que le fuera reconocida la pensión de sobrevivientes, con ocasión del fallecimiento de su cónyuge Édgar Camilo Ortiz.
Indica la accionante que el conocimiento le correspondió al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga, autoridad que aceptó el llamamiento en garantía a Seguros Bolívar S.A. y, posteriormente, mediante providencia de 10 de septiembre de 2015 accedió a las pretensiones de la demanda y, como consecuencia de ello, condenó a Seguros de Vida Colpatria S.A. hoy AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. como responsable del pago de la pensión de sobreviviente deprecada.
Afirma que la vencida en juicio apeló la anterior decisión ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, Colegiado que en providencia de 11 de febrero de 2016 revocó la de primera instancia y, en su lugar, absolvió a AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. y condenó a Protección S.A. al reconocimiento de la prestación solicitada, así como al pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Refiere que la entidad condenada interpuso recurso de casación contra el fallo de segunda instancia el cual se surte ante esta Corporación y «actualmente se encuentra al despacho para emitir sentencia».
Alega la promotora que han pasado 12 años desde que inició su proceso, en los que ha tenido que afrontar una situación económica compleja y no posee otro mecanismo para evitar que se le cause a ella y a su hija un perjuicio irremediable.
3. PRETENSIONES
LEXANDRA SERRANO ALDANA solicitó que en amparo de sus derechos se ordene a quien corresponda, le pague provisionalmente la pensión de sobreviviente, que reclama dentro del proceso ordinario laboral.
4. INTERVENCIONES
4.1. Compañía de Seguros Bolívar S.A. y Protección S.A.
Los representantes legales indicaron que contra la decisión de segundo grado, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 11 de febrero de 2016, se encuentra pendiente desatar el recurso extraordinario de casación, alternativa de defensa judicial que conduce a la improcedencia del mecanismo constitucional.
4.2. Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.
Los Magistrados que integraron la Sala de decisión, precisaron que el proceso ordinario laboral cuestionado fue remitido a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para resolver el recurso extraordinario de casación que interpuso la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A.
4.3. Axa Colpatria Seguros S.A.
El apoderado judicial señaló que la presente acción constitucional es improcedente debido a que: (i) la accionante no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, (ii) se han adelantado todas las actuaciones dentro del proceso laboral en los tiempos correctos, y (iii) no es la entidad obligada a reconocer la pensión de sobrevivientes a la petente, ni fue quien presentó el recurso de casación contra la providencia censurada.
5. DEL FALLO RECURRIDO
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 9 de agosto del presente año, «negó» el amparo invocado, al considerar que no se reunían los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, principalmente, haberse agotado los medios de defensa judicial ordinarios. Ello, porque, al consultar el estado del proceso, la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A., interpuso el recurso extraordinario de casación contra la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que se encuentra en trámite ante esa alta Corporación.
Adujo que la convocante no acreditó la existencia de daños irreparables que ameriten o justifiquen la intervención transitoria del juez constitucional.
6. DE LA IMPUGNACIÓN
Fue presentada por LEXANDRA SERRANO ALDANA, quien indicó que sí se está causando un perjuicio irremediable, debido a que carece de recursos económicos para la manutención de su menor hija y para cotizar al sistema de salud contributivo; así como que padece serios quebrantos de salud mental.
7. CONSIDERACIONES
7.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 44 del Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta, contra el fallo emitido por la homóloga de Casación Laboral.
7.2. La Corte Suprema de Justicia ha sostenido (CSJ STP3748-2018, 15 mar 2018, Rad.95926; STP3014-2018, 1 mar 2018, Rad.97235; entre otros) de manera insistente, que este instrumento de defensa tiene un carácter estrictamente subsidiario y como tal no constituye un medio alternativo para atacar, impugnar o censurar las determinaciones expedidas dentro de un proceso judicial o administrativo.
7.3. En el caso que concita la atención, LEXANDRA SERRANO ALDANA pretende que por esta vía constitucional, se ordene a quien corresponda, el pago provisional de la pensión de sobreviviente del que considera, son beneficiarias ella y su menor hija.
7.4. Tales exigencias no pueden ser atendidas a través de la acción de tutela, dado el carácter residual y subsidiario que rige la misma, en atención a que la sentencia proferida en segundo grado por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, fue objeto del recurso extraordinario de casación, el cual se encuentra en trámite en la Sala de Casación Laboral, tal como se evidencia en el sistema de gestión judicial Siglo XXI1.
7.5. Significa lo anterior que al encontrarse en curso el proceso laboral, en cuyo interior pretende el reconocimiento y pago de la sustitución pensional como cónyuge supérstite del señor Edgar Camilo Ortiz, surge improcedente esta vía preferente, debido a que, aún tendría a su alcance un medio de defensa judicial, pues, la Sala, de manera reiterada, ha puntualizado que las especiales características de este instituto subsidiario y residual de protección imposibilitan que se acuda a él para obtener que el juez constitucional intervenga de manera indebida en procesos en curso, toda vez que tal proceder desnaturaliza la filosofía que inspiró la acción de amparo, como mecanismo residual de defensa de los derechos superiores y no para su declaración.
7.6. En consecuencia, al existir un escenario natural de discusión sobre el asunto sometido al conocimiento del juez constitucional, la tutela presentada por la accionante se torna improcedente, en los términos previstos en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Al respecto, ha señalado la jurisprudencia constitucional:
(…) Cuando el proceso no ha concluido y se pide la protección del juez constitucional para atacar providencias judiciales en trámite en las que se alegue una vía de hecho, por la sencilla razón de que no obstante la posible irregularidad que se hubiere presentado en el trámite del proceso correspondiente, al no estar culminada la actuación, existen normas en el procedimiento para que el afectado alegue oportunamente estas deficiencias, bien sea, pidiendo nulidades, interponiendo recursos, interviniendo en el proceso, todo con el fin de defender sus derechos. Es decir, la improcedencia de la acción de tutela, en estos casos, radica en la existencia de otro medio de defensa judicial, dentro del propio proceso. De allí que la Corte ha señalado que no toda irregularidad en el trámite de un proceso constituye una vía de hecho amparable a través de esta acción2.
7.7. Finalmente, de cara a las circunstancias que la actora presentó como constitutivas de perjuicio irremediable, no se aprecia la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para su configuración, como son la inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad de la acción, pues si bien relató una serie de quebrantos en la salud y déficit económico, no acreditó tales hechos.
Aunado a lo anterior, se evidenció que la tutelante no está desamparada frente a la prestación del servicio de salud, pues de acuerdo con lo anexado en el libelo introductorio, aparece afiliada al sistema de seguridad social a través del régimen subsidiado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Decisión Penal de Tutelas No.1, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: Notifíquese de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese y cúmplase
EYDER PATIÑO CABRERA
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Folio 3-6 Cuaderno de Segunda Instancia.
2 CC. ST-418/03