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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
SP11247-2015
Radicación n° 35.687
Aprobado acta No. 295
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de agosto de dos mil quince (2015).
Asunto a decidir
La Sala emite sentencia anticipada en contra del ex Congresista GUILLERMO LEÓN GAVIRIA ZAPATA, quien aceptó cargos como autor del delito de concierto para delinquir agravado, siendo Senador de la República.
Síntesis de los hechos
1. Tal como consta en autos, tienen origen en una serie de testimonios rendidos ante la Corte por el extraditado confeso paramilitar y narcotraficante JUAN CARLOS SIERRA RAMÍREZ, alias el ‘Tuso Sierra’1, desde su lugar de reclusión de Warsaw -Virginia- (Estados Unidos), durante los días 7 y 8 de junio del año 20102, a través de los cuales sindicó al ex parlamentario GAVIRIA ZAPATA de pactar compromisos con los cabecillas del Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC que se hallaban confinados en el municipio de Puerto Berrío (Ant.) durante el proceso de desmovilización paramilitar, con el fin de obtener apoyo electoral durante su campaña a la reelección como Senador en los comicios del año 20063, en los que ciertamente logró renovar la credencial para seguir ocupando la curul en el período 2006-2010.
Filiación del procesado
2. El doctor GUILLERMO LEÓN GAVIRIA ZAPATA se identifica con la cédula de ciudadanía número 8.284.003 expedida en la ciudad de Medellín (Ant.), natural de Remedios y registrado en el municipio de Segovia (Ant.), de estado civil separado, padre de cinco (5) hijos, residente en la ciudad de Medellín, contador público y político de profesión.
3. Según las certificaciones expedidas por la Cámara y el Senado, el procesado ha fungido como Representante a la Cámara por Antioquia en los cuatrienios de 1990-1994, 1994-1998 y 1998-2002, y como Senador en los períodos 2002-2006 y 2006-20104, hasta el día 19 de agosto de 2008, cuando hallándose privado de la libertad, esta Corporación le formuló acusación por el delito de enriquecimiento ilícito5, a propósito de lo cual presentó renuncia al cargo6
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Actuación procesal
4. Con la finalidad de verificar los acontecimientos relatados por el testigo SIERRA RAMÍREZ, la Sala abrió indagación preliminar el día 9 de febrero de 2011, con fundamento en el artículo 322 de la Ley 600 de 20007, en cuyo escenario fueron practicadas las siguientes pruebas, a saber8:
4.1. El 31 de marzo de 2011 se recibió testimonio al ex comandante político del BCB, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, alias ‘Ernesto Báez de la Serna’9.
4.2. El 19 de mayo de 2011, a través de videoconferencia desde la Cárcel de Warsaw -Virginia- (Estados Unidos), fue ampliado el testimonio de SIERRA RAMÍREZ10.
4.3. Mediante informe 0149 del 31 de mayo de 2011, los investigadores del CTI allegaron los resultados electorales obtenidos por el candidato GAVIRIA ZAPATA en las elecciones legislativas de los años 1998, 2002 y 2006, respectivamente11.
4.4. Por auto del 20 de junio de 2011, la Sala ordenó incorporar al proceso algunas certificaciones aportadas por la defensa, expedidas por la Gerencia del Banco de Occidente, la Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría Secccional de Salud de Antioquia y de la Jefatura de Admisiones y Registros de la Universidad Cooperativa de Colombia12.
4.5. El día 30 de junio de 2011, se practicó el testimonio del ex comandante militar del BCB, RODRIGO PÉREZ ALZATE, alias ‘Julián Bolívar’13.
4.6. En su orden, por auto del 7 de septiembre de 2011, la Sala admitió como prueba documental una certificación expedida por la empresa Heliservice de la ciudad de Medellín, la copia de la columna No. 7 del diario El Espectador que circuló el 9 de agosto de 2011, titulada ”Alias ‘Tasmania’ se ratifica”, y un DVD contentivo de la emisión del noticiero CM& del 8 de agosto de 2011, relacionada con el desmovilizado paramilitar JOSÉ ORLANDO MONCADA ZAPATA, alias ‘Tasmania’14.
4.7. Mediante proveído del 30 de julio de 2012, fue autorizado el ingreso de dos Cds que aluden a algunas entrevistas relacionadas con el ingreso del sindicado a la Casa de Nariño el día 24 de enero de 2006; una constancia expedida por el doctor HENRY LOZANO MOSQUERA en el mismo sentido; las declaraciones extra proceso de JUAN CARLOS RESTREPO ESCOBAR y ADOLFO LEÓN PALACIOS SÁNCHEZ, y la copia de un artículo de la Luciérnaga, publicado el 22 de marzo de 2011, en el que a. ‘Ernesto Báez’ refiere las pugnas que en su momento se presentaron entre el testigo SIERRA RAMÍREZ con algunos funcionarios del Gobierno de turno15.
4.8. Los días 15 de agosto y 19 de septiembre de 2012, fueron practicados los testimonios de los dirigentes políticos JORGE IGNACIO MORALES GIL, JUAN GUILLERMO VALENCIA ÁLVAREZ y ÓSCAR ARBOLEDA PALACIO, respectivamente16.
4.9. Seguidamente, mediante auto del 31 de agosto de 2012, fue ordenado el traslado a estas diligencias del testimonio de JUAN CARLOS SIERRA RAMÍREZ, rendido dentro de la actuación que esta Corporación adelanta en contra del ex Congresista JORGE IGNACIO MORALES GIL, al interior del radicado 35.68817.
4.10. Por auto del 3 de abril de 2013, la Sala ordenó recepcionar testimonio a los ex milicianos PABLO HERNÁN SIERRA GARCÍA a. ‘Alberto Guerrero’ y OSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN a. ‘Piraña’; a los líderes políticos FRANCISCO LUIS LÓPEZ CORREA, LUZ DARIS BERRÍO OSORNO, RAFAEL FLÓREZ RODRÍGUEZ, MILI MEJÍA GALLO, GILDARDO MUÑOZ LONDOÑO y LEONARDO DE JESÚS ZAPATA SUÁREZ, y el traslado a este investigativo de la versión del otrora imputado OSCAR ARBOLEDA PALACIO y el testimonio de FRANCISCO ZAPATA OSPINA, obrantes en el radicado 35346, así como la versión del implicado JORGE IGNACIO MORALES GIL, que reposa en el radicado 3568818.
4.11. Como complemento de la indagación, la defensa aportó copia del testimonio rendido por el ex Presidente ÁLVARO URIBE VÉLEZ dentro del radicado 35346, y por la Corte se dispuso escuchar en versión libre al otrora imputado GAVIRIA ZAPATA dentro de las diligencias preliminares y en testimonio a SERGIO AUGUSTO GONZÁLEZ MEJÍA.
4.12. Por la importancia que representa para la delimitación fáctica de este investigativo, la Sala ordenó el traslado del expediente que esta Corporación inició en el año 2008 a GAVIRIA ZAPATA por el punible de enriquecimiento ilícito19, en el que DAVID HERNÁNDEZ LÓPEZ a. ‘Diego Rivera’20, reveló sus presuntos nexos con el Frente Libertadores del Sur de las AUC de la ciudad de Tumaco (Nariño), el cual se finiquitó con fallo absolutorio, como se indicó21
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4.13. A propósito de las entrevistas rendidas desde su sitio de reclusión de los Estados Unidos, la Sala ordenó el testimonio del extraditado cabecilla paramilitar DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO, alias ‘Don Berna’, el cual se practicó el 24 de febrero de 2014.
4.14. Por auto del pasado 18 de marzo, la Corte abrió formal investigación en contra del sindicado GUILLERMO GAVIRIA ZAPATA, ordenando su vinculación mediante diligencia de indagatoria, que se verificó el día 20 de marzo del año en curso.
4.15. Mediante proveído del 27 marzo del año en curso, le fue resuelta la situación jurídica al procesado GAVIRIA ZAPATA, imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva sin derecho a la libertad provisional, en condición de autor del delito de concierto para delinquir agravado con propósitos de promoción de grupos armados ilegales, de que trata el inciso segundo del artículo 340 del Código Penal, bajo la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el numeral 9 del artículo 58 ibídem.
4.16. Durante el término de notificación del citado proveído, el defensor del procesado interpuso en su contra el recurso de reposición, el cual fue resuelto por auto del 23 de abril del año en curso, confirmándolo en todas sus partes.
4.17. El día 15 de abril del año en curso, fue trasladada del radicado 26625 a estas diligencias, una entrevista practicada en su lugar de reclusión en los Estados Unidos, al máximo comandante político del BCB, CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO, alias ‘Macaco’.
4.18. Por su parte, en desarrollo de la fase de instrucción sumarial, el procesado presentó un escrito ante la Secretaría de la Corporación, con el fin de aceptar los cargos endilgados y hacerse acreedor a los beneficios otorgados por el procedimiento abreviado de sentencia anticipada, de que trata el parágrafo del artículo 40 de la Ley 600 de 2000.
4.19. La diligencia en efecto se llevó a cabo el día 13 de julio del año en curso, en la cual el inculpado confirmó su pedimento, admitiendo los cargos presentados en el acta respectiva, en presencia de su defensor, luego de que la Sala lo instruyó acerca de los alcances acerca del procedimiento de terminación anticipada del proceso, a propósito de lo cual se suspendió la actividad procesal con el fin de emitir la sentencia correspondiente.
4.20. Finalmente, el día 16 de julio del año en curso, el investigador del CTI que viene apoyando estas diligencias, allegó a la Corporación los resultados de la misión de trabajo ordenada para establecer a partir de qué fecha el Gobierno Nacional autorizó el confinamiento del otrora cabecilla paramilitar DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO, alias ‘Don Berna’, en Santa Fe de Ralito.
consideraciones de la sala
La Competencia.
5. Como se ha venido indicando a lo largo de la actuación, la Corte Suprema de Justicia es la autoridad competente para conocer del presente asunto, de conformidad con la vigente interpretación del parágrafo del artículo 235 Superior22, adoptada en los autos del 1º y 15 de septiembre de 200923, que confiere a esta Corporación la potestad de investigación y juzgamiento de los Congresistas que hubieren hecho dejación del cargo, cuando de las pruebas aportadas al plenario se pueda deducir el vínculo entre la función desempeñada y el delito imputado.
6. La esencia de tal prerrogativa radica en la preponderancia que el orden constitucional otorga a la función encomendada a los Altos dignatarios del Estado, en quienes ha quedado depositada la labor fundamental de decidir sobre los asuntos de su competencia en beneficio del interés general, circunstancia que ubica a dichos funcionarios en una posición privilegiada en la escala de jerarquía de los servidores públicos, por cuanto durante el ejercicio de sus funciones, potencialmente pueden llegar a lesionar o poner en grave peligro el bien jurídico de la seguridad pública y por tanto, esta Corporación está facultada para establecerlo, en su condición de máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria y en este caso, como Tribunal excepcional encargado de la investigación y juzgamiento de aforados constitucionales24.
7. Tal situación acontece en el caso del doctor GAVIRIA ZAPATA, quien no obstante haber dejado de pertenecer al cuerpo legislativo desde el día 19 de agosto de 2008, los hechos que se le atribuyen guardan estrecha relación con la función desempeñada, dado que tuvieron origen mientras fungía como Senador de la República durante el período 2002-2006, en cuyo ejercicio pactó compromisos con un grupo armado al margen de la ley para renovar dicha condición en las elecciones del año 2006, a sabiendas que con tal proceder estaba coadyuvando a quebrantar el Estado de Derecho y de contera, poniendo en riesgo la seguridad pública, uno de los bienes jurídicos más importantes tutelados por nuestro ordenamiento penal, como se analizará más adelante.
el acto de aceptación de cargos
y sus consecuencias jurídicas
8. El trámite abreviado de sentencia anticipada de que trata el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, por el que optaron procesado y defensor para obtener los beneficios de rebaja de pena, hace parte del arsenal jurídico que la legislación penal colombiana viene implementando desde hace varias décadas, como instrumento alternativo para la resolución de los conflictos judiciales, dentro de la agenda de una política criminal que se adapte a los estándares internacionales sobre derechos humanos asociados a los postulados del derecho penal mínimo y justicia consensuada, en virtud de los cuales se privilegian en forma ponderada, razonada y controlada los intereses del procesado y la eficacia de la administración de justicia, a través de actos de economía procesal que posibilitan arribar a la verdad histórica, sin las dificultades y vicisitudes propias de un juicio contencioso y sin lugar a dudas, dispendioso.
9. Se trata, en efecto, de un procedimiento de terminación anormal del proceso, en el que el Estado y el sujeto pasivo de la acción penal renuncian a su ejercicio, tras consensuar que los medios de cognición aportados hasta precisos instantes procesales, ostentan suficiente capacidad persuasiva para desvirtuar la presunción de inocencia, sin necesidad de llegar a la solución extrema de ser oído y vencido en un juicio criminal, admitiendo que tales medios serán el sustento del fallo adverso. El acto, no obstante considerarse como una forma de confesión simple, tendrá valor probatorio cuando ésta haya sido manifestada libre y voluntariamente ante el Juez competente y esté corroborada por otros elementos de convicción.
10. Con la aceptación de culpabilidad también queda claro que los cargos que obran en contra del procesado25, sobre los cuales descansa el compromiso penal, ofrecen un valor que supera la probabilidad, que son ciertos en tanto están respaldados en prueba legal y oportunamente incorporada en el expediente, y que los asume a partir de ese momento como plena prueba de la existencia del hecho y de su responsabilidad, en situación análoga a la indicada en el artículo 232 de la Ley 600 de 2000, que prescribe que “no se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza del hecho punible y de la responsabilidad del procesado”26.
equivalencia del acta de aceptación de cargos
con la acusación
11. De conformidad con la jurisprudencia existente en la materia, el acta de formulación y aceptación de cargos con fines de sentencia anticipada, constituye el equivalente de la resolución acusatoria. En dicho instrumento jurídico queda delimitada con precisión la conducta delictiva objeto de pretensión acusatoria del Estado, la cual es admitida por el procesado como obra suya, conducta que no puede ser modificada luego de su aprobación.
12. De modo que, frente a los cargos presentados y admitidos por el procesado en el acta suscrita el día 13 de julio del año en curso, se circunscribirá el control de legalidad sobre el trámite procesal para sentencia anticipada y lo concerniente a los requisitos para proferir el fallo de condena de que trata el artículo 232 de la Ley 600 de 2000, teniendo en cuenta que con posterioridad a la presentación de la solicitud de este trámite se allegaron nuevos elementos de juicio, que aunque no modifican la imputación fáctico-jurídica, deben ser valorados conforme a las reglas de la sana crítica probatoria.
13. Así pues, en cuanto a lo primero, observa la Sala que la petición que elevó el procesado para someterse a las consecuencias de la institución de la sentencia anticipada, previo a la ejecutoria del auto de cierre de investigación, corresponde a una manifestación libre, reflexiva y debidamente informada, prestada en estado normal de sus facultades psíquicas para obtener, como medio adecuado, los beneficios de rebaja de pena por colaboración con la administración de justicia, conforme se apreció en la audiencia de aceptación de cargos, a donde acudió el procesado GAVIRIA ZAPATA en compañía de su defensor, en garantía de la legalidad del acto y de la eficacia de sus derechos fundamentales.
14. Dicha manifestación de voluntad fue presentada ciertamente dentro de la oportunidad procesal señalada en el inciso 1º del artículo 40 de la Ley 600 de 2000, esto es, durante la fase de investigación sumarial, que se aviene con el apartado en cita que establece que: a partir de la diligencia de indagatoria y hasta antes de que quede ejecutoriada la resolución de cierre de la investigación, el procesado podrá solicitar, por una sola vez, que se dicte sentencia anticipada. De manera que, como se aprecia, tal iniciativa del procesado será valorada como una acción direccionada a acreditar los cargos a él imputados.
15. En consecuencia, la Sala se pronuncia a continuación sobre los mismos, acorde con la calificación jurídica definitiva y la prueba de responsabilidad existente, a partir de las manifestaciones del principal testigo de cargo, JUAN CARLOS SIERRA RAMÍREZ, alias ‘El Tuso Sierra’, en cuyos testimonios descansa la prueba sobre dichos tópicos27.
imputación fáctica y jurídica
16. No existe duda en cuanto a que la información suministrada por alias el ‘Tuso Sierra’, constituye la prueba sobre la cual recae el juicio de reproche que ocupa la atención de la Sala en esta oportunidad, sin la cual difícil se hubiera llegado al convencimiento, más allá de toda duda, de que los episodios investigados existieron y que en ellos intervino el procesado GAVIRIA ZAPATA, dada la fidelidad histórica con que este testigo trajo a colación las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los apoyos electorales que los máximos comandantes del BCB le prodigaron en su campaña a la relección de Senador en el año 2006, y que en efecto lo llevaron a revalidar su credencial congresional para el período 2006-2010.
17. Dichas atestaciones adquirieron la entidad de prueba testimonial auténtica, no solo porque a. el ‘Tuso’ es en realidad un testigo de excepción, habida consideración que compartió diversos lugares de presidio y concentración con los cabecillas de la aludida organización paramilitar, al lado de los cuales protagonizó uno de los pasajes más escandalosos de la vida nacional28, sino porque sus dichos fueron avalados por los testigos DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO, alias ‘Don Berna’, CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO, alias ‘Macaco’ y el lugarteniente DAVID HERNÁNDEZ LÓPEZ, alias ‘Diego Rivera’ y además, porque las circunstancias objetivas del caso así lo corroboran.
18. Fue así cómo, fincado en su vívida experiencia, a. ‘el Tuso’ indicó que sus primeros contactos con el doctor GAVIRIA ZAPATA tuvieron lugar entre los años de 1987 y 1991, siendo él empleado y éste cuenta habiente de una sucursal del Banco de Occidente en Medellín y posteriormente, porque cuando el procesado laboró en la Universidad Indesco29, haciendo parte del grupo político del condenado dirigente CÉSAR PÉREZ GARCÍA, le ayudó a ingresar a varios programas académicos. Al respecto señaló:
‘GUILLERMO GAVIRIA me ayudaba, porque GUILLERMO independiente era amigo de JULIÁN BOLÍVAR, él tiene una amistad muy grande con SERGIO y con mi hermano y con JUAN GUILLERMO VALENCIA, porque ellos se conocieron desde la Universidad Cooperativa de Colombia, cuando él era vicerrector’.
19. En ese mismo contexto, ilustró el testigo que el procesado había pactado con su hermano ÁLVARO SIERRA RAMÍREZ, el cargo de Revisor Fiscal de Cor-antioquia en favor de su pariente y vecino JUAN GUILLERMO VALENCIA, en prueba de lo cual aseveró que este testigo concurrió al sitio de ubicación de La Ceja (Ant.), con el fin de legalizar subrepticiamente un proyecto de reciclaje de basuras que habían iniciado los miembros de las AUC, en demostración de su compromiso de mantenerse en rigurosa disciplina social durante el proceso de desmovilización paramilitar.
20. Estas fueron sus palabras:
‘(…), cuando yo hablo con FRANCISO ZAPATA para que pongan todos los alcaldes del equipo de ellos, de los conservadores a votar por JUAN GUILLERMO VALENCIA para revisor fiscal de CORANTIOQUIA…’
‘(…), cuando nosotros llegamos a La Ceja, yo monto un proyecto productivo en La Ceja, que es un proyecto de reciclaje, de recoger las basuras, una recicladora, en ese proyecto participamos DANIEL MEJÍA, ALEMAN, BOTALÓN, MCGUIVER y yo, ese proyecto costó 200, 300 millones en La Ceja donde nos recluyó el presidente, resulta que necesitábamos la asesoría, la maquinaria y demostrar de dónde sacábamos los dineros para el proyecto productivo, nadie podía pues ir a meter su plata allá, sino que eso tenía que ser financiado por una empresa, entonces todos cogimos proyectos productivos, nosotros cogimos reciclaje, CUCO cogió un floricultivo, MACACO hizo una granja, pero todo tenía que mostrarlo de donde venía, entonces dijo DANIEL: déjeme y yo llamó a OSCAR que el hermano es el Director de CORNARE y ellos a mí me deben muchos favores…’
‘La razón se mandó y al otro día estaba el director de CORNARE hablando con nosotros…, en la reunión estuvimos tres personas, estuvo JUAN GUILLERMO VALENCIA el alcalde hoy de Caramanta, estuvo el director de CORNARE y yo, y le dijimos que nosotros habíamos montado ese proyecto pero que necesitábamos que él lo mostrara como si lo estuviera donando y que a él le servía porque esa plata era para ellos, es decir, nosotros la pusimos, él nos las legaliza y del flujo de caja de él tenía haber salido esa plata, se le abrieron las agallas, eran como trecientos millones o algo así, se arrancó y él al otro día nos estaba asesorando en plástico, en cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro, y nos prestó todo ese apoyo totalmente…’
21. Sobre los episodios que comprometen la responsabilidad del procesado GAVIRIA ZAPATA, señaló el ‘Tuso Sierra’ que acaecieron durante las elecciones al Congreso del año 2006, cuando se hallaba en Santa Fe de Ralito huyendo de las autoridades, instantes en que los miembros del BCB le ofrecieron refugio en la finca La Aurora del municipio de Puerto Berrío (Ant.), asignado por el Gobierno Nacional como su sitio de concentración durante el proceso de desmovilización paramilitar.
22. En relación con el traslado al Puerto, explicó el testigo que se produjo el día 17 de agosto de 200530, a bordo de un helicóptero de la empresa Heliservice de propiedad de CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO, alias ‘Macaco’31, en compañía de los ex jefes paramilitares IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, alias ‘Ernesto Báez’ y PABLO HERNÁN SIERRA GARCÍA a. ‘Alberto Guerrero’32, en donde advirtió la celebración de una manifestación política en la plaza pública en homenaje al otrora candidato GAVIRIA ZAPATA, la cual era organizada por ‘Báez’ y coordinada por el ex Diputado a la Asamblea de Antioquia, LEONARDO DE JESÚS ZAPATA SUÁREZ33.
23. Aludiendo a su condición de prófugo de la justicia, señaló SIERRA RAMÍREZ que no hizo parte de la manifestación pública, sino que fue conducido hasta la Casa de la Cultura en donde ‘Báez’ disertaba sobre asuntos de política y que a su terminación fue trasladado a una finca de propiedad de este cabecilla, en donde se había dispuesto un tercer encuentro, en el que coincidió, entre otros, con GAVIRIA ZAPATA, quien ocupaba la mesa principal en compañía de un médico, que después supo se trataba del líder político JORGE IGNACIO MORALES GIL, aspirantes en su orden al Senado y Cámara por Antioquia, para el período 2006-2010.
24. Reveló el deponente, que al final de los comicios del año 2006, los hermanos RODRIGO y GUILLERMO PÉREZ ALZATE, al unísono con ‘Báez’, le manifestaron que la votación obtenida por el procesado en el nordeste antioqueño se había logrado gracias a sus buenos oficios, incluso, que la habían dividido entre él y el aspirante a la Cámara ÓSCAR ARBOLEDA PALACIO, y en contraprestación GAVIRIA ZAPATA había nombrado en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), a la abogada MARGARITA DEL SOCORRO CIFUENTES GUTIÉRREZ, quien resultó ser la tía de alias ‘Julián Bolívar’, circunstancia que despertó tal suspicacia en la opinión pública, que tuvieron que salir a negar el hecho en los estrados judiciales.
25. Sostuvo igualmente el señalado testificante de cargo, que alias ‘Ernesto Báez’, le había exigido la suma de treinta millones de pesos ($30.000.000.oo), para financiar la campaña al Senado de GAVIRIA ZAPATA y la de su fórmula a la Cámara, ignorando si el dinero llegó a sus manos, aunque posteriormente afirmó que durante el tercer encuentro ‘Báez’ le había expresado su complacencia por el éxito de su candidatura, mientras que el procesado hizo lo propio desde la cárcel a través de su abogado SERGIO GONZÁLEZ, con quien le envió un mensaje de agradecimiento por el dinero ofrendado34
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26. Finalmente, adujo SIERRA RAMÍREZ que el sindicado GAVIRIA ZAPATA había servido de mediador con el Presidente de la República de turno en el año de 2005, para lograr su reincorporación al Proceso de Paz.
27. Tales fueron las palabras de JUAN CARLOS SIERRA RAMÍREZ al respecto:
‘Doctor ayer me referí cuando yo estuve en Puerto Berrío, Antioquia, escondido bajo protección de JULIÁN BOLÍVAR y ERNESTO BÁEZ en el 2005–2006. Le contaba que cuando llegué a Puerto Berrío el doctor ERNESTO BÁEZ me invitó a un acto político, el cual iban a hacer una manifestación política al doctor GUILLERMO GAVIRIA y estuvo acompañado de otro aspirante a un cargo popular, Representante a la Cámara, un médico de Antioquia, recuerdo el nombre, se llama el doctor JORGE MORALES quien era su fórmula, GUILLERMO GAVIRIA ZAPATA al Senado y JORGE MORALES a la Cámara, si mal no recuerdo era por el partido liberal, convergencia liberal, que su líder toda la vida fue el cacique CÉSAR PÉREZ GARCÍA, es la reunión del 17 de agosto de 2005.”
‘¿Supo usted cómo financió JULIÁN BOLÍVAR a OSCAR ARBOLEDA?, con plata y con la votación, porque la votación que ponía en el nordeste de Antioquia la ponía JULIÁN, la votación que se ponía en Puerto Berrío, Remedios, Segovia, Zaragoza, todo eso, la ponía JULIÁN, la votación del nordeste la dividían entre ÓSCAR ARBOLEDA y GUILLERMO GAVIRIA ZAPATA. FREDY ZAPATA es de mi pueblo y le ayudaba a ÓSCAR ARBOLEDA mucho más que quizás JULIÁN y YO.’
“…El doctor GUILLERMO GAVIRIA tenía unos compromisos, que yo me haya enterado, con JULIÁN BOLÍVAR, como el de… una tía de JULIÁN, hermana de su madre, o sea hermana de la mamá de JULIÁN, trabajaba en una UTL del doctor GUILLERMO GAVIRIA… tuve conocimiento, porque, como yo lo he dicho, estuve con ellos.”
“De antemano le digo doctor, que cuando el doctor SERGIO GONZÁLEZ MEJÍA iba a La Picota a visitar a MARIO URIBE ESCOBAR, aprovechaba GUILLERMO GAVIRIA para mandarle notas escritas a JULIÁN BOLÍVAR para que le ayudara, negara las declaraciones que había dado DAVID HERNÁNDEZ, y JULIÁN se mostraba muy preocupado por lo de la tía, por las relaciones de la tía con el doctor GUILLERMO GAVIRIA… La designación fue producto de un acuerdo, porque el mismo JULIÁN me lo decía.”
“Muchas veces nosotros nos sentábamos a hablar en la celda de él o en la celda mía, y cuando SERGIO llegaba a dar las razones, tanto de MARIO como de GUILLERMO GAVIRIA, nos sentábamos así como estamos nosotros tres aquí, a hablar de los temas que le mandaba decir GUILLERMO GAVIRIA y éste volvía y les respondía las notas, y yo le preguntaba qué era y él me decía son cuotas que tengo yo ahí, que me ha ayudado GUILLERMO a raíz de las ayudas que yo le he dado, pues más o menos, no son las palabras, pero…”
“Yo de leerlas (las notas) no las leí, pero, claro, si usted saca aquí un papel que le acaba de llegar de allí de la Directora, pues usted lo lee…, yo veo que le trajeron un papel cierto, pero éste (JULIÁN) tan pronto las leía, decía por ejemplo, SERGIO: de lo que me está diciendo aquí, ‘decile’ que no se preocupe, que esté tranquilo, que me ponga como testigo, que me llamen. De hecho me llamaron a la Corte a rendir una declaración sobre eso.” (Resaltados de la Corte).
28. Ahora bien, como quiera que del acontecer fáctico señalado párrafos atrás, se originó la imputación jurídica de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción de grupos armados ilegales respecto del proceder del inculpado, debe la Sala entrar a demostrar su injusto a partir de las categorías dogmáticas de tipicidad y antijuridicidad, las cuales adquieren su cabal estructuración cuando de las relaciones entre los políticos y paramilitares se advierta el propósito de reciprocidad para lesionar o poner en riesgo el bien jurídico de la seguridad pública.
29. La doctrina relacionada con la protección de bienes jurídicos colectivos o de peligro abstracto, concibe la seguridad pública como la posibilidad de que los ciudadanos de una nación se puedan conducir libremente en estado de convivencia pacífica, para cuyo aseguramiento se han construido una serie de disposiciones penales destinadas a la prevención y control de todas aquellas manifestaciones que tiendan a subvertir la tranquilidad de los asociados, en las que se ha conferido por excepción, un valor descollante a los actos preparatorios en el iter criminis, en aras de dar entidad de delito a eventos que entrañen un riesgo a la colectividad.
30. De manera que, cuando el legislador advierte de ciertos actos preparatorios una manifiesta intención para la comisión de un delito,35 erige la norma de prohibición correspondiente mediante la anticipación de la barrera de protección del bien jurídico, quedando enfatizada la fórmula de derecho en dicha fase (preparatoria), bajo una doble dimensión, esto es, como principio de ejecución, y a su vez, el momento consumativo de la infracción (criterio finalístico de acción).
31. Así entonces, el desvalor de acción ínsito en las normas de prohibición queda representado en la idea negativa de ilicitud, en directa proporción con el mayor aporte de energías conturbadoras, mientras que el desvalor del resultado se fundamenta en el riesgo potencial o la afectación que pueda sufrir el bien jurídico tutelado, expresado por la capacidad de generar el estado de disfuncionalidad institucional (grado de intimidación calificada y colectiva).
32. De lo anterior se sigue que, en el proceso de construcción o configuración de los delitos de peligro común y mera conducta, la esencia de la tipicidad no depende de la producción del resultado perseguido por las organizaciones con fines paramilitares y, en general, de cualquier forma de asociación delictiva cuyo propósito sea la violación sistemática de la ley, lo que de suyo ya es delito, ya que es a partir de allí que subyace el desvalor del injusto.
33. Ahora bien, descendiendo al caso concreto, para la Sala tampoco queda duda de que los miembros de las organizaciones paramilitares constituyen una modalidad de crimen organizado, quienes para el cumplimiento de su designio sustituyeron la autoridad legítimamente constituida y con ello quebrantaron los principios que informan el Estado de derecho, bajo una serie indiscriminada de actos de terror y corrupción administrativa, entre otras graves manifestaciones de violencia, que superan los límites de una lesión individual, máxime si se tiene en cuenta que los recursos invertidos en su funcionamiento y financiación de campañas políticas, tuvieron como fuente la actividad del narcotráfico y el terrorismo.
34. La Sala ya se había ocupado del tema en el auto por el cual definió la situación jurídica del procesado y en el acta de presentación de cargos, al igual que lo ha hecho en la mayoría de los procesos de la denominada ‘parapolítica’, en los que, a partir de las manifestaciones de sus principales protagonistas, se han documentado los crueles episodios de violencia desplegados durante el tiempo en que se consolidó el mal llamado proyecto político de las organizaciones de autodefensa en Colombia, quienes so pretexto de confrontar a los grupos subversivos en los diferentes territorios de la geografía nacional, incidieron la mayoría de los estamentos (públicos y privados), hasta llegar a convertirse en el factor principal de desestabilización social.
35. Se dijo también en aquellos precedentes, que la conformación de grupos de autodefensa tan sanguinarios como la guerrilla, desde las denominadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), hasta que se mudaron en Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), trajo como consecuencia no solamente la sustitución del dominio territorial, sino un cambio generacional e ideológico para cooptar las instancias del poder local, regional y nacional, mediante la manipulación de los mecanismos de participación ciudadana, imponiendo candidatos afectos a su causa, con fines de reciprocidad.36
36. El aporte hecho por los líderes políticos a estas organizaciones, como una expresión del delito de concierto para delinquir agravado, es precisamente la hipótesis jurídica que ahora se ratifica respecto del proceder del doctor GAVIRIA ZAPATA, habida consideración que la labor probatoria desplegada durante los estadios de investigación previa e instrucción, satisface con certidumbre su materialidad u objetividad, base fundamental para el análisis del segundo elemento del delito, que se soporta en los ingredientes de orden subjetivo o de responsabilidad penal.
Análisis probatorio y sus resultados
37. En efecto, el plan político criminal urdido por las corporaciones de autodefensa, que desde luego también fue replicado en el departamento de Antioquia por parte de la cúpula del Bloque Central Bolívar, fue el resultado de una operación que incluyó gran parte de las fuerzas políticas de la región, entre ellas el movimiento político en el que se inscribió el procesado durante las elecciones del año 2006, bajo las huestes del Partido Liberal.
38. Así quedó acreditado en el proceso merced a que el principal testigo de cargo JUAN CARLOS SIERRA RAMÍREZ, denunció que los jerarcas del BCB habían utilizado el sitio de concentración de Puerto Berrío como su base de operaciones para continuar realizando actividades delictivas, en su pretensión de tomar el control militar y político de los territorios del Magdalena Medio que comprenden los departamentos de Antioquia, Santander y sur de Bolívar, de cara a las negociaciones con el Gobierno Nacional y en especial, para obtener representación en las corporaciones públicas, en cuyo propósito realizaron convenios con candidatos y dirigentes políticos de todo orden, con el fin de que favorecieran sus intereses desde sus respectivos cargos.
39. Sobre el particular, DAVID HERNÁNDEZ LÓPEZ, alias ‘Diego Rivera’, en un testimonio que fue trasladado a estas diligencias37, precisó que las alianzas entre políticos y paramilitares comprendían un doble propósito, a saber: (i) presionar al Gobierno Nacional para que los grupos de autodefensa fueran reconocidos en el proyecto de sedición y demás bondades de la ley de justicia y paz que para entonces se debatía en el Congreso; y (ii) comprometer a los líderes políticos adeptos a su causa, en los trámites de proyectos de ley encaminados a evitar cualquier decisión que retrocediera la ley 975 de 2005, antes, durante y después de su revisión de constitucionalidad, dada la incertidumbre de su aprobación y ante el temor que acusaban por la posibilidad de ser extraditados o eventualmente ser procesados por la Corte Penal Internacional.
40. Una de las primeras circunstancias que llevaron a la Sala a vislumbrar los compromisos de reciprocidad señalados en precedencia, tiene que ver con las manifestaciones que hizo SIERRA RAMÍREZ respecto de los nexos de GAVIRIA ZAPATA con los hermanos y máximos comandantes militares del BCB, GUILLERMO y RODRIGO PÉREZ ALZATE, alias ‘Pablo Sevillano y ‘Julián Bolívar, al igual que con su hermano ÁLVARO SIERRA RAMÍREZ, el abogado SERGIO GONZÁLEZ, el líder político FRANCISCO ZAPATA OSPINA y el testigo JUAN GUILLERMO VALENCIA, ya que cuando se les interrogó a algunos de éstos sobre el particular, admitieron que dichas relaciones habían tenido lugar en los mismos períodos y escenarios en que fueron descritos por aquél, aunque no para los mismos objetivos.
41. En esa misma línea de investigación, la Corte pudo confirmar que las aseveraciones de a. ’El Tuso Sierra’, relativas a que las reuniones de Puerto Berrío (Ant.), habían sido organizadas por el BCB para promover la reelección como Senador del procesado en los comicios del año 2006, eran ciertas. A tal conclusión se llegó a partir de una serie de datos y hechos particulares que tienen que ver, en primer lugar, con el inusitado aumento de votación que aquél obtuvo en dicho municipio y en Tumaco (Nariño), en donde sin contar con antecedentes importantes en materia electoral, pasó de 36 a 726 y de 04 a 1040 sufragios, entre las elecciones de 2002 y 2006, respectivamente.
42. Frente a la ilegitimidad de esos guarismos, los ex milicianos y ex comandantes paramilitares a. ‘Diego Rivera’, ‘Macaco’ y ‘Don Berna’, convergieron en que habían sido conseguidos con el apoyo condicionado de los ex comandantes GUILLERMO y RODRIGO PÉREZ ALZATE; mientras que el ex dirigente político IVÁN ROBERTO DUQUE a. ‘Ernesto Báez’ los tachó de sospechosos, aduciendo que el acto político de Puerto Berrío en homenaje a GAVIRIA ZAPATA no podía ser ajeno a la organización, ‘puesto que allí no se movía una hoja sin su autorización y su votación dista mucho de la de otros candidatos a quienes superó pese a no tener antecedentes electorales, sin otra explicación, ‘que la de haber sido apoyado por el BCB’.
43. En segundo lugar, para cuando el proyecto político de las AUC se había consolidado mediante la infiltración de buena parte de las instituciones democráticas, pese a que se cuidaron de no dejar vestigios de sus relaciones con la clase política, la codicia por el poder y sus apetitos burocráticos los llevó al cinismo de ubicar a sus parientes y amigos en los cargos más importantes de la administración pública.
44. Ese proceder que se había vuelto frecuente por las AUC en aquellos aciagos momentos de la vida nacional, quedó evidenciado en este asunto al acreditarse que la designación de la doctora MARGARITA DEL SOCORRO CIFUENTES GUTIÉRREZ en la UTL del procesado GAVIRIA ZAPATA, había sido el resultado de los acuerdos y compromisos que éste había pactado con a. ’Julián Bolívar’, tal cual lo había revelado el testigo de cargo SIERRA RAMÍREZ. El vínculo familiar en realidad no tuvo reparos, ya que al interrogársele por ello a sus protagonistas, asintieron en que se trataba de la esposa de ÓSCAR RESTREPO ALZATE, medio hermano de la progenitora del citado cabecilla RODRIGO PÉREZ ALZATE.
45. La tendencia perniciosa de utilizar los recintos de las corporaciones públicas para saldar cuentas burocráticas con los grupos de autodefensa, fue entonces otra de las circunstancias objetivas que llevaron a la Corte al descubrimiento de que los mal llamados ‘acumulados solidarios o de soberanía’ de las AUC, no eran más que técnicas autoritarias para satisfacer sus protervos intereses, al punto que cuando se iniciaron las investigaciones sobre la parapolítica, se comenzaron a advertir actos de esa jaez en casi todos los estamentos públicos de los municipios y ciudades de incidencia de los grupos paramilitares, incluso en el Congreso de la República.
46. De modo que, cuando se produjo el nombramiento de la pariente del cabecilla paramilitar en la UTL del procesado en el año 2006, una vez tomó posesión del cargo como Senador reelecto, el hecho no pasó desapercibido y revirtió sobre ellos como un bumerán, dado que al convertirse en blanco de las conjeturas en la opinión pública, a. ‘Julián Bolívar’ y GAVIRIA ZAPATA hubieron de concebir una coartada desde su lugar de reclusión, con el fin de negar el hecho en los estrados judiciales y especialmente, para dejar en entredicho y desmentir a alias ‘Diego Rivera’, quien había denunciado los nexos de aquél con el Frente ‘Libertadores del Sur’ de las AUC en Tumaco (Nariño).
47. Fue así como, el cabecilla a. ‘Julián Bolívar’ concurrió a estas diligencias y en las que se adelantaron en contra de GAVIRIA ZAPATA por el punible de enriquecimiento ilícito, señalando desconocer dicho vínculo, aduciendo que la designación de la citada abogada en la UTL de aquél había sido producto de una coincidencia, tal como lo había pregonado que iría a suceder el testigo SIERRA RAMÍREZ; mientas que la citada profesional del derecho hacía lo propio en este proceso, pregonando que no le había informado al procesado que su esposo era tío de ‘Julián Bolívar’, y que tampoco conocía sobre los antecedentes paramilitares de la condenada ex Congresista ROCÍO ARIAS HOYOS, a quien también le había prestado sus servicios en su UTL.
48. La respuesta negativa de la jurista sobre tal cuestionamiento, no pudo menos que causar extrañeza a la ex parlamentaria ARIAS HOYOS, quien con tono de ironía reconoció que para entonces era de público conocimiento su afecto a la causa paramilitar, porque para esa época ’me decían que ya estaba muy quemada’; mientras que por su parte, a. ‘Diego Rivera’ ya había testificado en el proceso de enriquecimiento ilícito, que durante los comicios del año 2006, la citada abogada tenía la costumbre de presentarse como asesora de la campaña del procesado delante de su sobrino en las oportunidades en que coincidió con ella en Santa Fe de Ralito, Villa Esperanza, Copacabana y en una oficina de la ciudad de Medellín, y que por su parte, a. ‘Julián Bolívar’ se refería a ella como su tía.
49. Finalmente, como se indicó up supra, el extraditado paramilitar DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO, alias ‘Don Berna’ y el ex comandante General del BCB, CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO a. ‘Macaco’, desde sus respectivos sitios de reclusión en los Estados Unidos, testificaron ante la Corte Suprema de Justicia, señalando el primero, haber observado al presunto paramilitar LEONARDO DE JESÚS ZAPATA SUÁREZ38, en compañía de GAVIRIA ZAPATA en la manifestación de Puerto Berrío, quien durante las elecciones a la gobernación de Antioquia del año 2003, cuando las AUC ya habían definido el cargo a favor de RUBÉN DARÍO QUINTERO, se presentó en condición de componente integral del BCB para solicitarle en unas cinco oportunidades revertir ese privilegio en favor ANÍBAL GAVIRIA CORREA, para lo cual hizo una serie de visitas a Santa Fe de Ralito.
50. Sostuvo igualmente a. ‘Don Berna’, que cuando le reclamó a ‘Báez’ por haber tomado dicha determinación faltando apenas uno o dos meses para las elecciones a la gobernación, éste le manifestó que el Senador GAVIRIA ZAPATA era quien apoyaba la aspiración de GAVIRIA CORREA y a su vez hacía parte integral del BCB, cuyo aporte consistía en la defensa de la iniciativa de la ley de Justicia transicional desde el Congreso de la República, según las instrucciones dadas por a. ‘Julián Bolívar y, a cambio, por comentarios de DAVID HERNÁNDEZ, lo apoyarían electoralmente en Tumaco (Nariño).
51. La credibilidad de a. ‘Don Berna’, que en su momento fue puesta en duda por la defensa a propósito de una confusión sobre el lapso en que estuvo confinado en Santa Fe de Ralito, fue ratificada merced a las labores de investigación ordenadas por la Sala a los miembros de la policía judicial que vienen apoyando estas diligencias, quienes dejaron consignado en el informe No. 950207 del pasado 16 de julio, que el citado testigo suscribió documentos como representante de las organizaciones paramilitares, desde Santa Fe Ralito a partir del primer semestre del año 2003, lo que evidencia que ciertamente se encontraba allí previamente a la celebración de los comicios regionales de esa anualidad.
52. Por su parte, a. ‘Macaco’, quien fungió como Director General del BCB, manifestó que el procesado GAVIRIA ZAPATA había tenido influencias con dicha organización delictiva, por cuanto aseveró, conoció de primera mano sobre algunas directrices impartidas para apoyarlo en el bajo cauca antioqueño y en el departamento de Nariño, al igual que lo hicieron con todos los políticos de las regiones en las que la mencionada estructura ejerció total hegemonía.
53. Así las cosas, el acervo probatorio acopiado hasta este momento procesal en contra del hoy confeso auspiciador del paramilitarismo GAVIRIA ZAPATA, permite a la Sala arribar a la ineludible conclusión de que, en efecto, en desarrollo de su campaña a la reelección como Senador durante los comicios del año 2006, para el período 2006-2010, se alió con los cabecillas del BCB, para favorecer sus propósitos políticos desde el ámbito de sus atribuciones parlamentarias, en cuyo designio se produjo un evidente incremento del riesgo contra el bien jurídico de la seguridad pública, que serán los motivos por los cuales se le condenará anticipadamente por los cargos imputados en el auto de resolución de situación jurídica, los cuales acreditó en el acta de sentencia anticipada.
La calificación jurídica definitiva
54. El comportamiento que se atribuyó al procesado GUILLERMO GAVIRIA ZAPATA es el de autor de concierto para delinquir agravado, descrito en el Libro 2º, Título XII, artículo 340, inciso 2º del Código Penal, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, que a la letra dice:
“Artículo 340. Concierto para delinquir. Modificado L.733 de 2002. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años.
“Cuando el concierto sea para… organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
55. Tal hipótesis delictiva se encuentra afectada por la circunstancia de mayor punibilidad que se dedujo del comportamiento del procesado, dada la posición distinguida que ocupaba en la sociedad para el momento de la comisión del delito, en atención al ‘cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio’, a las voces del artículo 58-9 del Código Penal.
Individualización de la Pena
56. El delito en cuestión contempla una pena de prisión que fluctúa entre 6 y 12 años, lo que corresponde a los extremos mínimos y máximos de 72 y 144 meses, y una multa de 2.000 a 20.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, respectivamente.
57. El ámbito punitivo fijado en precedencia, de acuerdo con los parámetros señalados en los artículos 60 y 61 de la Ley 599 de 2000, se divide en cuartos de la siguiente manera, a saber: i) Cuarto mínimo: Prisión entre 72 y 90 meses y multa de 2.000 a 6.500 s.m.l.m.v. ii) Primer cuarto medio: Prisión entre 90 meses, 1 día y 108 meses y multa de 6.500 a 11.000 s.m.l.m.v. iii) Segundo cuarto medio: Prisión entre 108 meses, 1 día y 126 meses y multa de 11.000 a 15.500 s.m.l.m.v. iv) Cuarto máximo: Entre 126 meses, 1 día y 144 meses de prisión y multa de 15.500 a 20.000 s.m.l.m.v.
58. Ahora bien, como quiera que en el auto de situación jurídica y en el acta de sentencia anticipada se endilgó al procesado la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el numeral 9º del artículo 58 del Código Penal, la cual a su vez concurre con otra de menor punibilidad estipulada en el numeral 1º del artículo 55 del Código Penal de 2000, referida a la carencia de antecedentes penales, el quantum punitivo debe determinarse entre los cuartos medios, que oscilan entre noventa (90) meses un (1) día y ciento veintiséis (126) meses de prisión.
59. Una vez establecidos los cuartos en los que ha de determinarse la pena, la ley establece que el sentenciador la impondrá considerando, entre otros fundamentos, “la mayor o menor gravedad de la conducta y el daño real o potencial creado.”
60. En efecto, es claro que el comportamiento del procesado GAVIRIA ZAPATA constituyó una grave afrenta contra el bien jurídico tutelado, al haber pactado compromisos con un grupo al margen de la ley, con el fin de quebrantar los valores democráticos que informan el Estado de Derecho, cuando era precisamente él quien estaba llamado a preservarlos con probidad y transparencia; sin embargo, no se tiene conocimiento de que desde la función legislativa haya propiciado acciones concretas que redundaran en beneficio del accionar político o militar de esos colectivos criminales, habida cuenta que cuando hubo de votar la Ley de Justicia y Paz en el Congreso de la República, se retiró del recinto en acatamiento de las directrices de la bancada del Partido Liberal, circunstancia que de algún modo informa un retraimiento en el componente lesivo del delito, lo que aunado a la carencia de antecedentes penales, desaconseja imponer los mínimos o máximos de los cuartos señalados.
61. De manera que, la Sala considera justo, legal y proporcionado imponer en este evento la pena de noventa y ocho (98) meses de prisión, que corresponde a un aumento del 8.8% de la pena mínima permitida, porcentaje que a su vez eleva la pena de multa mínima permitida a un total de siete mil setenta y dos (7.072) salarios mínimos legales mensuales vigentes, acorde con los parámetros del artículo 61 de la Ley 599 de 2000.
62. Sin embargo, en atención a que el doctor GAVIRIA ZAPATA se acogió a la figura de sentencia anticipada en la primera oportunidad señalada en la ley procesal penal, procede a su favor una reducción de hasta la mitad de la pena, en virtud de la aplicación favorable del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, que regula una disposición de carácter sustancial, similar a la contenida en la Ley 600 de 2000, tal cual ha sido el criterio mayoritaria de la Sala. (Sentencia de Casación del 1º de febrero de 2012. Radicado 34.853).
63. Por consiguiente, la Sala estima pertinente otorgar a GAVIRIA ZAPATA el máximo de reducción permitido por la ley de acuerdo con la fase procesal por la que se transita, equivalente a la mitad, en la medida en que la aceptación de cargos se produjo en la etapa instructiva, una vez adquirió firmeza el auto por el que se le resolvió su situación jurídica, evitando así el trasegar procesal ordinario, con lo cual se obtuvo un significativo ahorro de la actividad jurisdiccional.
64. Por lo tanto, luego de aplicadas las reducciones pertinentes, equivalentes a la mitad (1/2) de la pena, se impondrá a GAVIRIA ZAPATA cuarenta y nueve (49) meses de prisión y multa de tres mil quinientos treinta y seis (3.536) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
65. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 del Código Penal, la Sala condenará al doctor GUILLERMO GAVIRIA ZAPATA a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena privativa de la libertad impuesta.
La Condena de Ejecución Condicional
66. El artículo 63 del Código Penal, modificado por el artículo 29 de la Ley 1709 de 2014, dispone que la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia de primera, segunda o única instancia, se suspenderá por un período de 2 a 5 años, de oficio o a petición del interesado, siempre que: i) la pena impuesta sea de prisión que no exceda de cuatro (4) años; ii) que la persona condenada carezca de antecedentes penales y no se trate de uno de los delitos contenidos el inciso 2° del artículo 68A de la Ley 599 de 2000; y, iii) cuando el condenado cuente con antecedentes penales por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores, el juez podrá conceder la medida cuando los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena.
67. De acuerdo con la normativa señalada en precedencia, no hay lugar a la suspensión condicional de la pena que se impone en este evento al procesado GAVIRIA ZAPATA, toda vez que no se cumple con el requisito objetivo del quantum punitivo, que ciertamente excede los cuatro (4) años de prisión y además, el delito por el que se procede se encuentra excluido de los beneficios y subrogados penales en el artículo 68A de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 32 de la citada Ley 1079 de 2014, lo que excusa a la Sala de hacer el análisis del factor subjetivo.
La Prisión Domiciliaria
68. En relación con la sustitución de la pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario por la prisión domiciliaria, debe la Sala señalar no hay lugar a su concesión desde la perspectiva de la normatividad vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos, ni luego de su adición bajo las disposiciones de la Ley 1709 de 2014, como pasa a verificarse.
69. En efecto, la prisión domiciliaria está concebida en el artículo 38 de la Ley 599 de 2000, como un mecanismo sustitutivo de la prisión intramuros en establecimiento carcelario, para cuya concesión se deben complacer las exigencias relacionadas con el quantum punitivo que prevé la disposición sustantiva para el delito por el cual se condena al procesado, siempre que el desempeño personal, laboral, familiar y social de éste permita deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena.
70. Ahora bien, en atención a que el artículo 23 de la citada Ley 1709 de 2014, adicionó el artículo 38B al texto original de la Ley 599 de 2000 (art.38), que preveía la concesión de la prisión domiciliaria a los delitos cuya sanción mínima fuera de cinco (5) años o menos, haciéndola extensiva a los punibles cuya pena mínima sea ocho (8) años o menos, circunstancia que si bien, permitiría la aplicación del sustituto en cuestión al delito de concierto para delinquir agravado que tiene una pena mínima de seis (6) años de prisión, también lo es que el mismo fue excluido de dicho beneficio por su propia naturaleza en los artículos 28 y 32 de la aludida Ley 1709 de 2014, a través de los cuales adicionó los artículos 38G y 68A a la Ley 599 de 2000, respectivamente, lo que en definitiva impide la posibilidad legal de otorgar al procesado el sustituto de la prisión domiciliaria.
Indemnización de Perjuicios
71. No hay lugar a la condena por daños materiales y morales derivados del hecho punible, en la medida que no se demostró la causación concreta de los mismos en desmedro de persona alguna determinada.
Otras Decisiones
72. La Sala ha sostenido que la Ley 906 de 2004 asigna a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad la competencia para conocer de la fase de ejecución del fallo cuando se trate de condenados que gozan de fuero constitucional y que, la segunda instancia corresponde al respectivo juez de conocimiento. Se dispondrá entonces remitir el proceso al reparto de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad correspondiente.
73. De otra parte, se compulsarán copias para ante la Fiscalía General de la Nación, a efecto que investigue el posible delito de concierto para delinquir agravado en que pudo incurrir el ex Diputado antioqueño LEONARDO DE JESÚS ZAPATA SUÁREZ, según lo señalaron los testigos SIERRA RAMÍREZ y MURILLO BEJARANO.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO.- CONDENAR anticipadamente al doctor GUILLERMO LEÓN GAVIRIA ZAPATA, de condiciones personales y civiles consignadas en esta providencia, a la pena principal de cuarenta y nueve (49) meses de prisión y multa de tres mil quinientos treinta y seis (3.536) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del Tesoro Nacional, en calidad de autor responsable del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley, previsto en el inciso 2º del artículo 340 de la Ley 599 de 2000.
Igualmente se condena al doctor GAVIRIA ZAPATA a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante el mismo término de la pena de prisión.
SEGUNDO.- NEGAR al ex Senador GUILLERMO GAVIRIA ZAPATA el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, conforme a lo analizado en precedencia.
TERCERO.- NEGAR al ex Senador GAVIRIA ZAPATA la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión intramural, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO.- DECLARAR que no hay lugar a la condena en perjuicios.
QUINTO.- En firme esta providencia, remítase la actuación al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que corresponda, para lo de su cargo.
SEXTO.- COMPULSAR las copias indicadas en el capítulo de otras decisiones.
SEPTIMO.- La Secretaría de la Sala enviará las copias del fallo a las que alude el artículo 472 de la Ley 600 de 2000.
Contra esta sentencia no procede recurso alguno.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
José Luis Barceló Camacho
José Leonidas Bustos Martínez
Fernando Alberto Castro Caballero
Eugenio Fernández Carlier
Gustavo Enrique Malo Fernández
Eyder Patiño Cabrera
Patricia Salazar Cuéllar
Luis Guillermo Salazar Otero
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Miembro de la denominada Oficina de Envigado y extraditado a los Estados Unidos el día 13 de mayo de 2008.
2 dentro del radicado 26.625.
3 Justas electorales realizadas el 12 de marzo de 2006.
4 Folios. 30 al 34 cuaderno No.1.
5 Por los hechos revelados el día 7 de abril de 2008 dentro del radicado 29088 de esta Corporación, por DAVID HERNÁNDEZ LÓPEZ a. ‘Diego Rivera’, miliciano del Frente Libertadores del Sur de las AUC, que operó en Tumaco (Nariño).
6 La dejación del cargo en aquella oportunidad generó la pérdida de su condición foral y el cambio automático de la competencia de la Corte, cuyo trámite continuó a cargo del Juzgado 17 Penal del Circuito Especializado, en donde mediante sentencia del 16 de marzo de 2009, absolvió al doctor GAVIRIA ZAPATA, en reconocimiento de la duda probatoria.
7 Folio 9 del cuaderno No. 1.
8 Pruebas ordenadas en autos visibles a los folios 39, 89, 173, 196, 239, 280 y 300 del cuaderno No. 1 y folios 17 y 75 del cuaderno No. 2.
9 Folio 65 del cuaderno No. 1.
10 Folio 121 del cuaderno No. 1.
11 Folios 146 y ss. del cuaderno No. 1.
12 Folio 196 Ib.
13 Folio 208 Ib.
14 Folios 191, 239 y 265 del cuaderno No. 1.
15 Folio 280 del cuaderno No. 1.
16 Folios 9, 11 y 25 del cuaderno No. 2.
17 Folios 17 y 30 del cuaderno No. 2.
18 Folios 75, 80, 81, 82, 83 y 107 y ss. del cuaderno No. 2.
19 Radicado 29088.
20 Ex comandante del Frente Libertadores del Sur del BCB que denunció los hechos que dieron lugar a esa investigación iniciada por la Corte el 7 de abril de 2008 (fls. 98 del cdno. No. 1 y 206, 207, 209 y 212 del cuaderno de anexos No. 2).
21 Proferido por el Juzgado 17 Especializado de Bogotá, dentro del radicado 27042 (Folios 217, 239, 248, 252 y 253 del cuaderno No. 1. y los 9 cds del folio 253).
22 Parágrafo.- “Cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas.”
23 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2009, radicados 31653 y 27032, respectivamente.
24 De acuerdo con el parágrafo único del artículo 235 de la Carta Política.
25 Los consignados en el auto por el cual se definió su situación jurídica y en el acta de sentencia anticipada.
26 Sentencia C-1300 de 2001 de la Corte Constitucional.
27 Testimonios rendidos desde su lugar de presidio en los Estados Unidos durante los días 7 y 8 de junio del año 2010, dentro del radicado 26625, los cuales ratificó al interior de estas diligencias.
28 Porque durante los diálogos de paz entre el Gobierno y los grupos paramilitares prestos a la desmovilización, al testigo se le reconoció como vocero de esas agrupaciones, no obstante, al cabo de unos días fue públicamente excluido del programa de Justicia y Paz y, tras activarse en su contra una orden de captura con fines de extradición, nuevamente fue incorporado a ese escenario y finalmente se le extraditó a los Estados Unidos.
29 Hoy Cooperativa de Colombia.
30 Según el procesado y su defensor, ocurrió el día 13 de agosto de 2005.
31 Ex comandante militar del BCB.
32 Ex comandante del Frente Cacique Pipintá.
33 Reconocido líder del Movimiento No al Despeje.
34 Según el ‘Tuso’, cuando se hallaba privado de la libertad a raíz del proceso que la Corte tramitó hasta la fase de la calificación sumarial (Testimonio del 19 de mayo de 2011). (min. 31:30).
35 Para Carrara, en principio los actos preparatorios son impunes por ausencia de peligro actual, salvo que se puedan tener como actos de ejecución de la conducta punible, cuando de ellos se pueda advertir la comisión de un delito.
36 Los temas y datos traídos como introductorio hacen parte de la memoria histórica nacional y se encuentran documentados en decisiones de esta Corporación, informes de inteligencia, archivos periodísticos, obras literarias y manifestaciones de desmovilizados de grupos paramilitares.
37 Rendido el 14 de febrero del 2008 dentro del radicado 29.088.
38 Ex Diputado antioqueño, de quien el ‘Tuso’ declaró que era su informante y a su vez, trabajador de ‘Báez’ y Julián Bolívar (ver archivo N°. 4, min. 02:00:00).