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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
PATRICIA SALAZAR CUELLAR
Magistrada Ponente
CP179-2015
Radicación No. 46959
Aprobado Acta No. 437
Bogotá, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil quince (2015)
VISTOS
Procede la Corporación a emitir concepto sobre la solicitud del Gobierno de España orientada a obtener la extradición del ciudadano español ALFONSO MARIAGES BURGUES.
ANTECEDENTES
Mediante Nota Verbal No. 454/2015 del 2 de octubre de 2015 la Embajada de España impetró ante el Gobierno de Colombia la extradición de ALFONSO MARIAGES BURGUES, requerido por el Juzgado Central de Instrucción No. 3 de la Audiencia Nacional de Madrid por los delitos de «Tráfico de drogas» y «Pertenencia a Organización Criminal».
Al efecto aportó la siguiente documentación:
(i) Solicitud de extradición suscrita por el Magistrado- Juez del Juzgado Central de Instrucción No. 3 de Madrid1.
(ii) Auto del 28 de agosto de 2015 del Juzgado Central de Instrucción No. 3 de Madrid, acuerda proponer al Gobierno de España que solicite la extradición de ALFONSO MARIAGES BURGUES. Incluye los datos de filiación, la exposición de los hechos y su calificación jurídica2.
(iii) Copia de la normatividad sustancial y procesal aplicable3.
(iv) Copia del auto del 16 de julio de 2015 mediante el cual el Juzgado Central de Instrucción No. 3 de Madrid acuerda la «busca y captura e ingreso a prisión de ALFONSO MARIAGES BURGUES»4.
Previamente la Embajada de España había radicado Nota Verbal No. 338/2015 del 5 de agosto, solicitando la detención preventiva con fines de extradición de MARIAGES BURGUES, por cuya razón la Fiscalía General de la Nación decretó su captura a través de Resolución del 10 de agosto, la cual se había hecho efectiva por la Policía Nacional en el Puesto de Control Fronterizo Terrestre Paraguachón (Guajira) en virtud de la Circular de la Interpol No. A-5830/7-2015.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, con oficio DIAJI No. 2312 del 7 de octubre de 2015 dirigido a la Cartera de Justicia y del Derecho, conceptuó:
Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la República de Colombia y el Reino de España: (…)
1. La “Convención de Extradición de Reos”, suscrita en Bogotá D.C., el 23 de julio de 1892.
2. El “Protocolo modificatorio a la Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España”, adoptado en Madrid, el 16 de marzo de 19995.
Por su parte, el Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho con oficio No. OFI15-0025691-OAI-1100 del 9 de octubre de 2015 remitió a esta Corporación la solicitud de extradición con la documentación reunida.
La Sala, en decisión del pasado 14 de octubre, asumió el conocimiento de la petición; posteriormente, reconoció al apoderado designado por el requerido y dio traslado al Ministerio Público de la solicitud de trámite simplificado presentado por el reclamado y su defensor.
El Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, previa entrevista con el requerido y verificación de sus garantías fundamentales6, coadyuva la petición, razón por la cual el expediente ingresa a la Sala para emitir concepto sin surtirse los traslados previstos para el trámite ordinario.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Sobre la extradición simplificada
El artículo 70 de la Ley 1453 del 24 de junio de 2011 introdujo al ordenamiento jurídico nacional la figura de la extradición simplificada, según la cual la persona requerida en extradición, con la aquiescencia de su defensor y del Ministerio Público, puede renunciar al procedimiento y solicitar la emisión de plano del concepto correspondiente.
En el evento bajo examen, la Sala encuentra reunidas las exigencias establecidas en dicha norma para conceptuar de plano sobre el requerimiento elevado por el Gobierno de España en relación al ciudadano español ALFONSO MARIAGES BURGUES, pues fue impetrada por el solicitado, su defensor y ha sido coadyuvada por la Procuraduría. Por ello, se procede a emitir concepto, previo análisis de los siguientes aspectos.
Aspectos Generales
Tratándose de un concepto sobre la viabilidad de una extradición, acorde con lo previsto en los artículos 490 a 511 de la Ley 906 de 2004, la Corte debe concentrarse en corroborar los siguientes aspectos: (i) demostración de la plena identidad del solicitado; (ii) validez formal de la documentación presentada como soporte de la solicitud; (iii) principio de doble incriminación; (iv) equivalencia de la providencia extranjera con la resolución de acusación colombiana; (v) cumplimiento de los tratados, si fuere el caso.
En evento bajo examen, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia conceptuó que los tratados aplicables son la «Convención de Extradición de Reos» del 23 de julio de 1892 y el «Protocolo modificatorio a la Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España», adoptado el 16 de marzo de 1999.
En ese orden, el artículo III del Protocolo modificatorio a la Convención prevé la extradición para las personas «a quienes las autoridades judiciales de la Parte requirente persiguieren por algún delito o buscaren para la ejecución de una pena privativa de libertad no inferior a un (1) año».
Así mismo, el canon VIII del «Convenio de Extradición de Reos» establece que la demanda de extradición debe ser presentada por vía diplomática, acompañada de los siguientes documentos:
1. Si se trata de un criminal condenado y evadido, se presentará copia autorizada de la sentencia.
2. Cuando se refiera a un individuo acusado o perseguido, se requerirá copia autorizada del mandamiento de prisión o auto de proceder expedido contra él, o de cualquier otro documento que tenga la misma fuerza que dicho auto y precise igualmente los hechos denunciados y la disposición que le sea aplicable.
3. Las señas personales del reo o encausado, hasta donde sea posible, para facilitar su busca y arresto. (subrayas fuera del texto).
Y el canon IV de dicho tratado prevé que no habrá extradición,
1. Cuando se pida por un crimen o delito por el cual el individuo reclamado sufre o ha sufrido ya la pena, o que ha sido juzgado y absuelto en el territorio de la otra Parte contratante. 2. Si se ha cumplido la prescripción de la acción o de la pena, según las leyes del país a quien el reo sea reclamado”. Y el artículo V establece que “No se concederá la extradición por delitos políticos o por hechos que tengan conexión con ellos (…).
De esta manera, los aspectos que la Corte debe constatar en punto de emitir concepto sobre la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de España respecto de ALFONSO MARIAGES BURGUES son los siguientes:
i) Que el pedido de extradición se haya formulado por vía diplomática, situación que exime del requisito de legalización; ii) En el caso de personas acusadas o investigadas, copia autorizada del mandamiento de prisión o auto de proceder donde se precisen los hechos denunciados y la disposición aplicable; iii) Que el hecho por el cual se solicita la extradición tenga carácter delictivo en ambos países, con independencia de la denominación que reciba, y tenga prevista una pena mínima superior a un año de prisión (principio de doble incriminación); iv) Que no esté prescrita la acción o la pena, conforme a las leyes del Estado requerido; v) Que el individuo no haya sido juzgado por el mismo delito en el país requerido y, vi) Que no se trate de un delito político o conexo a él.
Conducto diplomático y documentación necesaria
Con fundamento en lo preceptuado en el artículo VIII del Convenio de Extradición de Reos, la solicitud debe efectuarse por vía diplomática aportando copia autorizada de la sentencia o del mandamiento de prisión o auto de proceder, así como las señas de la persona reclamada.
Siendo ello así, la Corte constata el cumplimiento de tal exigencia toda vez que la solicitud fue presentada por la vía diplomática, esto es, fue radicada por conducto de la Embajada de España en Colombia ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y a ella se acompañó copia autorizada del auto del 16 de julio de 2015 proferido por el Juzgado Central de Instrucción No. 3, por cuyo medio decretó la prisión provisional del reclamado y su consecuente captura.
Identificación del requerido en extradición.
Esta exigencia se orienta a establecer si la persona procesada (acusada o condenada) en el país extranjero, es la misma sometida al trámite de extradición, lo cual implica conocer su verdadera identidad, por lo tanto, el requisito se cumple cuando existe plena coincidencia entre el individuo solicitado y aquél cuya entrega se encuentra en curso de resolver.
Confrontada la información contenida en la solicitud de extradición, advierte la Corte que el reclamado responde al nombre de ALFONSO MARIAGES BURGUES, nacido el 24 de mayo de 1968 en Barcelona (España) e identificado con DNI 43.673.601-M, datos que coinciden con los suministrados por el requerido al serle notificada la orden de captura, sin que, además, dicho aspecto haya sido cuestionado por la defensa o el solicitado.
Además, la Policía Nacional realizó cotejó las huellas dactilares del detenido con fines de extradición con las contenidas en la Circular de la Interpol No. A-5830/7-2015, coligiendo su uniprocedencia7. Por ende, se cumple el requisito.
Principio de la doble incriminación
Frente a esta exigencia la Corporación examina si los comportamientos atribuidos al requerido como ilícitos en el país extranjero tienen en Colombia la misma connotación, es decir, si son considerados delitos y, de ser así, si conllevan la pena mínima señalada en el tratado o en el Código de Procedimiento Penal, según sea el caso.
En tal sentido, el artículo III del Protocolo modificatorio a la Convención de Extradición de Reos prevé la extradición para los delitos sancionados con pena privativa de la libertad superior a un año.
Los sucesos por los cuales las autoridades españolas procesan a ALFONSO MARIAGES BURGUES son los siguientes:
Se investiga una organización afincada en España dedicada al tráfico de cocaína desde Venezuela o Colombia, para su distribución tanto en España como en otros países europeos (…). Los principales compradores o receptores de la droga en Europa, se trataría de la organización mafiosa N’Drangheta. Uno de los principales investigados es Gabriele Biondo, siendo su lugarteniente ALFONSO MARIAGES BURGUES, de nacionalidad española, siendo la misión de estos, la dirección logística de la salida, transporte y entrada de la droga en España, manteniendo numerosos contactos con los principales exportadores, vía persona, trasladándose frecuentemente a Colombia y Venezuela, o bien por medio de mensajería Blackberry. Fruto del intercambio de información y análisis de las diferentes intervenciones telefónicas entre las diferentes administraciones y autoridades policiales de los diferentes países, se pudo concretar el envío de un cargamento de cocaína, que sería fletado por el propio Gabriele Biondo y otros encartados, procediéndose al abordaje del velero “Adamas Berlin” el 31/12/14 a unas 40 millas náuticas de la isla del Hierro, interviniéndose 726 paquetes de cocaína de aproximadamente 1 kilogramo, procediéndose a la detención de los tripulantes, que se encuentran en prisión por esta causa desde el pasado 01/01/15 (…)8.
De acuerdo con el requerimiento, ese comportamiento se adecúa a la descripción típica de los artículos 368, 369, 369bis y 370 del Código Penal español, referidos a la «Pertenencia a Organización Criminal» y «Delitos contra la Salud Pública».
Siendo ello así, la Sala encuentra que el supuesto fáctico referido en el requerimiento constituye actividad punible en Colombia y se actualiza en el artículo 340, inciso segundo del Código Penal, modificado por los artículos 8° de la Ley 733 de 2002 y 19 de la Ley 1121 de 2006, del concierto para delinquir agravado, que contempla sanción privativa de la libertad de ocho (8) a dieciocho (18) años de prisión y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
También se identifica con en el tipo penal descrito en el artículo 376 del Código Penal, modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011, que tipifica el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, sancionado con una pena de prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Confrontados los supuestos fácticos referidos en el requerimiento y las normas invocadas por la autoridad extranjera con las disposiciones internas de Colombia, se advierte que las conductas de concertarse para traficar estupefacientes y materializar ese objetivo se encuentran penalizadas en los dos países con pena privativa de la libertad que supera ampliamente el término de un año, razón por la cual se colma este requisito contenido en el Convenio de Extradición de Reos y su Protocolo Modificatorio.
Prescripción de la acción y de la pena
De acuerdo con el canon IV del Convenio de Extradición de Reos, no habrá lugar a la extradición «Si se ha cumplido la prescripción de la acción o de la pena, según las leyes del país a quien el reo sea reclamado».
La anterior exigencia impone a la Corte examinar la configuración de esa categoría jurídica en Colombia, con la salvedad de que sólo se revisará la prescripción de la acción por cuanto el requerimiento tiene como propósito obtener la entrega del solicitado para lograr su juzgamiento por las autoridades judiciales españolas.
De acuerdo al artículo 83 del Código Penal nacional, la acción penal prescribe «…en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco años, ni excederá de veinte…».
Siendo ello así, no ha prescrito la acción según las leyes colombianas por cuanto desde la fecha de los hechos (año 2014), al momento actual no ha transcurrido un lapso superior a dieciocho años para el concierto para delinquir ni de veinte años para el tráfico de estupefacientes, términos de prescripción previstos para esos delitos en la normativa nacional.
Naturaleza jurídica de los hechos fundantes de la solicitud
El Convenio sobre Extradición de Reos proscribe la extradición de personas acusadas de delitos políticos y conexos, prohibición que para este evento no aplica por cuanto el punible objeto del requerimiento no ostenta tal connotación, por tratarse de una infracción penal ordinaria o delito común.
La otra limitante, relativa al ejercicio previo de la jurisdicción, no se configura, pues no se deduce de la documentación aportada ni ha sido reseñada por el país requirente o por la defensa.
En síntesis, tal como lo señala el delegado del Ministerio Público, están satisfechos los requisitos previstos en el Convenio sobre Extradición de Reos y su Protocolo modificatorio para acceder a la solicitud.
Conclusión
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición del ciudadano español ALFONSO MARIAGES BURGUES, solicitada al Gobierno de Colombia por el de España para ser procesado por delitos de «Tráfico de Drogas» y «Pertenencia a Organización Criminal» en el Juzgado Central de Instrucción No. 3 de Madrid.
Comuníquese por Secretaría de la Sala esta determinación al requerido, a su defensa, a la Procuraduría Delegada para la Casación Penal y a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su cargo.
Remítase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su competencia.
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUELLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Cfr. Folios 82 y ss de la carpeta anexa.
2 Cfr. Folio 86 y ss de la carpeta anexa.
3 Cfr. Folio 89 y ss de la carpeta anexa.
4 Cfr. Folios 97 y ss de la carpeta anexa.
5 Cfr. Folios 78 y ss carpeta anexa.
6 Ver folio 21 carpeta de la Corte, acta de verificación de garantías.
7 Cfr. folio 16 carpeta anexa.
8 Cfr. Folio 83 carpeta anexa.