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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado Ponente
CP142-2015
Radicación nº 46560
(Aprobado en Acta No. 366)
Bogotá D.C., catorce (14) de octubre de dos mil quince (2015).
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004, modificado por el parágrafo 1º del artículo 70 de la Ley 1453 de 2011, procede la Sala a rendir el concepto que en derecho corresponda en relación con el pedido de extradición del ciudadano colombiano JOHN EDWARD ROSALES CAICEDO, efectuada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
ANTECEDENTES
1. Mediante Nota Verbal No. 0582 de 13 de abril de 2015, el Gobierno de los Estados de Unidos de América, a través de su embajada en Colombia solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano JOHN EDWARD ROSALES CAICEDO quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 14.474.259, para comparecer a juicio «por delitos federales de narcóticos»1, en razón de la acusación No. 8:14-CR-63-T-24TBM dictada el 20 de febrero de 2014 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida División de Tampa2.
2. El Fiscal General de la Nación, atendiendo dicha solicitud, mediante resolución de 30 de abril de 2015, dispuso la correspondiente orden de captura del requerido3, la cual se hizo efectiva por miembros de la Policía Nacional el 31 de mayo del año en curso en la ciudad de Buenaventura (Valle del Cauca), según consta en el acta de los derechos del capturado4.
3. Mediante Nota Verbal No. 1260 de 24 de julio del presente año, la Embajada de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición del mencionado ciudadano colombiano JOHN EDWARD ROSALES CAICEDO, aportando para el efecto los siguientes documentos autenticados y con la correspondiente traducción al español:
3.1. Declaración jurada rendida el 29 de junio de 2015, por James C Preston, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, quien se refiere al procedimiento del Gran Jurado para dictar acusación, describe los hechos que dieron lugar a la petición de extradición, concreta los cargos formulados, precisa los elementos integrantes de cada delito, y la acusación formal en la cual se imputan infracciones penales a ROSALES CAICEDO5.
3.2. Transcripción de las disposiciones penales sustantivas supuestamente transgredidas por el requerido en extradición6.
3.3. Acusación Formal No. 8:14-CR-63-T-24TBM, proferida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida – División de Tampa, el 20 de febrero de 20147.
3.4. Orden de arresto expedida el 21 de febrero de 2014, en contra del requerido por la citada Corporación8.
3.5. Declaración jurada de apoyo rendida el 29 de junio de 2015, por Félix Romero Truppner, Agente Especial de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), quien suministra información acerca de la investigación, las actividades, la forma de operar de la organización criminal, un resumen de las pruebas contra el solicitado y la identidad de éste9.
3.6. Fotocopia de la tarjeta de preparación de la cédula de ciudadanía expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia a nombre JOHN EDWARD ROSALES CAICEDO10.
3.7. Certificación expedida por María Fernanda Cuellar Vice Cónsul de Colombia en Washington en la que se indica que es auténtica la firma de Fernesia T Crawford, quien para el 14 de julio de 2015 se desempeñaba como Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado11.
3.8. Documentos con sus respectivos sellos y cintas de seguridad, debidamente suscritos por el Secretario de Estado John F. Kerry y la Procuradora de los Estados Unidos Loretta E. Lynch12.
4. El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante oficio DIAJI No. 1723 de 24 de julio de 2015, remitió el trámite de extradición a su homólogo de Justicia y del Derecho, señalando que en atención a que la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias psicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, tratado aplicable entre las partes, no regula el presente asunto, según los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004, la extradición estará gobernada por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano13.
5. El Ministerio de Justicia y del Derecho consideró completo el expediente y lo remitió a esta Sala mediante oficio No. OFI15-0019755-OAI-1100 de 31 de julio de 2015, transcribiendo el concepto emitido por la cartera de Relaciones Exteriores de 24 de julio del presente año14.
6. El 19 de agosto del año en curso, la Sala reconoció personería para actuar al defensor de confianza designado por JOHN EDWARD ROSALES CAICEDO, y ordenó correr el traslado común de que trata el artículo 500 de la Ley 906 de 2004, sin que se haya presentado solicitud probatoria, razón por la que el 16 de septiembre se dispuso oír a las partes en alegaciones.
7. Al respecto, el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal luego de sintetizar la actuación, exponer consideraciones generales sobre la procedencia de la extradición, citar la normatividad aplicable y precisar cuáles son los fundamentos del concepto a cargo de la Corte, enunció los documentos aportados con la solicitud y la forma como fueron expedidos y autenticados en el país de origen, para concluir que está acreditada la validez formal de la documentación.
En lo que tiene que ver con la identificación plena del solicitado en extradición, manifestó que en la información allegada por el gobierno de los Estados Unidos, se precisa que el requerido, JOHN EDWARD ROSALES CAICEDO, es ciudadano colombiano, nacido el 24 de enero de 1981 en nuestro país y porta la cédula de identidad número 14.474.259, información que se consignó en la orden de captura librada por la Fiscalía y en los documentos que dieron cuenta de su aprehensión. Por lo que en su opinión, se cumple con este condicionamiento.
Como el hecho que motiva la extradición debe estar previsto en la legislación colombiana como delito, con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años, el Procurador Delegado aludió a los cargos señalados en la acusación foránea para determinar que las conductas descritas, tienen en nuestra normatividad su equivalente jurídico en los tipos penales de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado, encontrando correspondencia en la legislación nacional, en los artículos 376 y 340 inciso 2º del Código Penal, respectivamente, con penas superiores a esa proporción. Consideró, por tanto, que se cumple con el requisito de la doble incriminación.
En cuanto a la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero con la resolución acusatoria nacional, aseveró el Delegado que el indictment dictado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, guarda consonancia con los elementos propios de la ley procesal colombiana, ya que se indican los supuestos de hecho que fundamentan la decisión, establece la persona en quien recae, tiene como propósito dar comienzo a la etapa del juicio, y precisa las conductas delictivas por las cuales debe responder y defenderse el acusado. De ahí entonces, se cumple igualmente con esta exigencia.
Por ende, solicitó a esta Corporación, que conceptúe de forma favorable a la extradición de JOHN EDWARD ROSALES CAICEDO, pero pide que se exhorte al Gobierno Nacional, con el propósito de que advierta al país requirente que juzgue al reclamado por la conducta que originó la solicitud, además, que no se le someta a pena de muerte, desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o a penas de destierro, prisión perpetua y confiscación y se le reconozcan todos los derechos y garantías inherentes al ser humano, contenidos en la Constitución y el bloque de constitucionalidad.
8. La Defensa técnica del requerido dijo que el concepto debe ser desfavorable pues en ninguno de los documentos aportados por el país requirente como soporte de la extradición de su defendido ROSALES CAICEDO, existe prueba de que éste haya enviado estupefacientes a los Estados Unidos, mucho menos que se hubiese reunido con las personas que allí se mencionan para ejecutar tales conductas punibles.
Además, no existe en Colombia una investigación o proceso penal por delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes en su contra, que permita inferir que esté involucrado en una organización internacional dedicada al narcotráfico, como para que se diga por un país extranjero que estos hechos sí se materializaron.
CONSIDERACIONES
1. Aspectos generales
De conformidad con el artículo 35 de la Constitución Política (modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 1997), y el artículo 490 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), la extradición se concederá, solicitará u ofrecerá de acuerdo con los tratados públicos y, a falta de éstos, conforme las disposiciones legales.
Según lo manifestado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, es procedente obrar de conformidad con la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), toda vez que la Convención de Viena, si bien es el tratado aplicable entre las partes, éste no regula el trámite de extradición, entonces lo procedente es obrar según los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004, por lo que la extradición estará gobernada por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.
El concepto ha de fundamentarse por tanto acorde con lo preceptuado en el artículo 502 del referido estatuto, haciéndose un análisis sobre (i) la validez formal de la documentación allegada por el país requirente; (ii) la demostración plena de la identidad de la persona solicitada; (iii) la concurrencia de la doble incriminación, esto es, que el hecho que motiva la solicitud de extradición tanto en el Estado reclamante como en Colombia sea delito y además que la legislación nacional lo sancione con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años; y (iv) respecto de la equivalencia existente entre la providencia proferida en el extranjero y -por lo menos- la acusación del sistema procesal interno.
Todos estos elementos convergen en el expediente, como se señala a continuación:
2. Validez formal de la documentación presentada
Según lo establece el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, la solicitud de extradición debe efectuarse por la vía diplomática y, de manera excepcional, por la consular o de gobierno a gobierno, adjuntando copia auténtica del fallo o de la acusación proferida en el extranjero, con indicación de los actos que determinan la petición, así como del lugar y fecha en que fueron ejecutados, los datos que permitan establecer la plena identidad del reclamado y la copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso, documentos que deben ser expedidos en la forma prevista en la legislación del país requirente y traducidos al castellano, de ser necesario.
El artículo 251 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), prescribe que los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionarios de éste o con su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma de aquél se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de servidores consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el empleado competente del mismo y los de éste con el cónsul colombiano.
En este sentido, encuentra la Sala que dicho presupuesto fue observado por el Gobierno de los Estados Unidos al demandar la extradición del ciudadano colombiano JOHN EDWARD ROSALES CAICEDO por conducto de su Embajada en Colombia.
En efecto, la solicitud se hizo por la vía diplomática y a ella se acompañó copia de la Acusación Formal No. 8:14-CR-63-T-24TBM, proferida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida – División de Tampa- el 20 de febrero de 2014, decisión donde se indican los actos que sustentan la petición de entrega, el lugar y las fechas de su ejecución, mientras que en los restantes documentos son precisados tales datos y se ofrece la información necesaria para establecer la plena identidad de la persona requerida.
Lo anterior se corrobora al confrontar el contenido de las declaraciones juradas de la Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos en la Fiscalía del Distrito Central de Florida y del Agente Especial de las Investigaciones de la Seguridad Nacional (HSI) del mismo Tribunal, ya referidas en este concepto, quienes reseñan los pormenores de la investigación y posterior acusación, la relación de los cargos y la normatividad aplicable al caso, la cual está contenida en el Código de los Estados Unidos.
Dichos documentos a su vez obran certificados y autenticados por las autoridades del Estado requirente y están traducidos al castellano. Además, aparece la refrendación efectuada por la Vice Cónsul de Colombia, María Fernanda Cuellar, cuya firma fue abonada por el Jefe de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 15 de julio de 2015, lo que de conformidad con el artículo 251 del Código General del Proceso, permite suponer que se expidieron conforme a las leyes del país solicitante, por tanto este requisito se satisface.
3. Plena identidad del requerido en extradición
Esta exigencia se contrae a constatar la coincidencia que debe existir entre la persona solicitada por el Estado requirente y la aprehendida con fines de extradición, por lo cual es bajo este contexto que corresponde analizar a la Corte la identificación del ciudadano reclamado.
Al efecto se tiene, que en las Notas Diplomáticas No. 0582 y 1260 del 13 de abril y 24 de julio de 2015, de la Embajada de los Estados Unidos, por cuyo medio se solicitó la detención provisional y se formalizó el pedido de extradición de JOHN EDWARD ROSALES CAICEDO, se informó al Ministerio de Relaciones Exteriores que la persona requerida nació el 24 de enero de 1981 en Colombia y es portador de la cédula de ciudadanía No. 14.474.259, así como que también es conocido con los alias de «PAULO» o «PABLITO».
Ahora, de la documentación reunida en Colombia se infiere que se trata de la misma persona a que alude aquella petición, sin que haya lugar a cuestionar los demás datos exigidos para dar por acreditada la exigencia bajo examen, tal supuesto de coincidencia de la misma persona se constata con los datos registrados en la captura realizada con fines de extradición, acta derechos del capturado y la fotocopia de la tarjeta decadactilar con base en la cual se expidió la cédula al requerido en extradición (folio 5 y ss Carpeta anexa), así como en el memorial mediante el cual ROSALES CAICEDO confirió poder al abogado que lo representa (folio 7 Cuad. Corte).
Además, un funcionario de la Policía Judicial SIJIN, constató la plena identidad de JOHN EDWARD ROSALES CAICEDO, a través de confrontación dactiloscópica hecha entre las huellas tomadas al capturado y las obrantes en el informe de consulta web expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil15.
En esa medida, no hay duda alguna en cuanto a la plena identidad de la persona pedida en extradición, y su correspondencia con quien se encuentra privado de la libertad por cuenta de esta actuación jurídico administrativa, máxime cuando durante el presente trámite nunca fue cuestionada la identidad del requerido.
4. Principio de la doble incriminación
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 493 de la Ley 906 de 2004, para conceder la extradición es indispensable que el hecho que la motiva esté previsto en Colombia como delito y que el mismo se encuentre reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años.
En este sentido, se tiene que el ciudadano colombiano JOHN EDWARD ROSALES CAICEDO es requerido para que comparezca en juicio ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida – División de Tampa-, donde es objeto de la Acusación Formal No. 8:14-CR-63-T-24TBM de 20 de febrero de 2014, mediante la cual se le imputa:
CARGO UNO
Que desde una fecha desconocida y continuando hasta la fecha de esta acusación formal e incluyendo ésta, en el Distrito Central de Florida y en otros lugares, los acusados,
(…)
JOHN EDWARD ROSALES CAICEDO,
alias “Paulo”
alias “Pablito”
a sabiendas y voluntariamente se aunaron, conspiraron y acordaron con otras personas cuyos nombres son conocidos y desconocidos de parte del Gran Jurado, para distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la categoría II, sabiendo y con la intención de que tal sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, en violación de la Sección 959 del Código de los Estados Unidos.
Todo en violación de las Secciones 963 y 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
CARGO DOS
Que desde una fecha desconocida y continuando hasta la fecha de esta acusación formal e incluyendo ésta, en el Distrito Central de Florida y en otros lugares, los acusados,
(…)
JOHN EDWARD ROSALES CAICEDO,
alias “Paulo”
alias “Pablito”
a sabiendas y voluntariamente se aunaron, conspiraron y acordaron con otras personas conocidas y desconocidas de parte del Gran Jurado, para poseer con intención de distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la categoría II, estando a bordo de una nave sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en violación de las Secciones 70503(a) y 70506(a) y (b) del Título 46 del Código de los Estados Unidos y la Sección 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
En soporte al pliego de cargos figura la declaración jurada de Félix Romero Truppner, Agente Especial de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), quien reveló los siguientes datos de la investigación adelantada contra el requerido.
ANTECEDENTES
6. La investigación reveló que desde el 2012 hasta el 20 de febrero de 2014, los acusados fueron miembros de una DTO con sede en Colombia, que transportaba múltiples kilogramos de cocaína para importación a los Estados Unidos. Los testigos colaboradores (CW, por sus siglas en ingles) que participaron en estas operaciones de cocaína identificaron a (…) como el líder de la DTO, al explicar que él coordinaba, contrataba y les pagaba a los marineros para pasar la cocaína de contrabando. Los CW asimismo indicaron que (…) y Rosales Caicedo trabajaban para (…) y coordinaban el transporte de la cocaína vía lanchas rápidas desde los sitios clandestinos desde donde se botaban las lanchas en Colombia y Panamá, en donde la cocaína permanecía durante un corto periodo de tiempo hasta que se enviaba a Centroamérica y México, y finalmente, a los Estados Unidos. Los acusados son responsables de 14 operaciones de contrabando de cocaína por lo menos, cada una con promedio de alrededor de 1.000 kilogramos de cocaína. (Describe cada una de ellas, así como las incautaciones de estupefacientes que se realizaron y por las cuales se acusa al requerido).
Las normas sustanciales mencionadas en la acusación, de las cuales obra traducción al español en el expediente, tratan en los cargos uno y dos del delito de concierto para fabricar, distribuir o poseer sustancias controladas, de las establecidas en la Lista II, consignada en el Título 21 del Código de los Estados Unidos; conducta punible que en la legislación penal colombiana guarda identidad con el delito de concierto para delinquir agravado, previsto en el numeral 2° del artículo 340 (modificado por los artículos 8 de la Ley 733 de 2002, 14 de la Ley 890 de 2004 y 19 de la Ley 1121 de 2006) que prevé pena de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años.
Así la norma interna colombiana describe:
– Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuatro (4) a nueve (9) años.
Cuando el concierto sea para cometer delitos de (…) tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas (…) la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales.
La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir.
Y es que los actos de conspirar o concertar envuelven la idea de acordar voluntades para adelantar precisas actividades y obtener un fin, el cual sería, en este caso, el de cometer delitos de narcotráfico.
Además, de que la concreta distribución de estupefacientes, en cualquiera de sus modalidades, en el territorio de los Estados Unidos, tiene correspondencia en la legislación penal colombiana con el artículo 376 (modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011) del Código Penal, que tipifica el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, el cual prevé:
Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de la Naciones Unidas sobre sustancias sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de droga sintética, sesenta (60) gramos de nitrato de amilo, sesenta (60) gramos de ketamina y GHB, la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses de prisión y multa de dos (2) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de droga sintética, quinientos (500) gramos de nitrato de amilo, quinientos (500) gramos de ketamina y GHB, la pena será de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de ciento veinte y cuatro (124) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.».
Así, debe tenerse en cuenta que del relato fáctico descrito en la Nota Verbal No. 1260 de 24 de julio de 2015, a través de la cual se formalizó la solicitud de extradición, se deduce la presunta existencia de una organización de tráfico de narcóticos de alto nivel, «dedicada al contrabando de cocaína por vía marítima desde la costa Pacífica de Colombia, con destino a los Estados Unidos» utilizando para ello lanchas rápidas en las cuales se camuflaba el alcaloide (fl. 45 carpeta adjunta).
Específicamente, en el pedido formal se indicó que la investigación adelantada se enfocó en las actividades desarrolladas por esa organización criminal, a la cual según los testigos e incautaciones, entre otros medios, pertenecía JOHN EDWARD ROSALES CAICEDO, encargado de suministrar apoyo logístico, transporte e inteligencia, ejerciendo supervisión sobre los sitios secretos remotos de partidas de las lanchas rápidas y quien participó, junto con otros, en por lo menos 14 operaciones marítimas de contrabando de cocaína, cada una con un promedio aproximado de 1.000 kilogramos de cocaína. «…envió una lancha rápida desde Colombia hacia Panamá para su distribución e importación final a los Estados Unidos en julio del 2012, pero dicha embarcación fue interceptada por la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) en aguas internacionales el 24 de julio de 2012; (2) el 14 de agosto de 2012, la USCG interceptó una lancha rápida en aguas internacionales, la cual llevaba 1.150 kilogramos de cocaína de contrabando enviados por esta DTO desde Colombia con destino a Panamá para su distribución e importación final a los Estados Unidos; y (3) el 25 de octubre de 2012, la USCG interceptó una lancha rápida en aguas internacionales, la cual llevaba por lo menos 848 kilogramos de cocaína de contrabando, los cuales esta DTO envió desde Colombia con destino a Panamá para su distribución e importación final a los Estados Unidos…» (Fls. 45-46Ibídem).
Con lo anterior se verifica el cumplimiento del principio de doble incriminación, establecido en los artículos 493 y 502 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que las conductas por las que es requerido en extradición JOHN EDWARD ROSALES CAICEDO son también delictivas en Colombia, las cuales tienen una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no es inferior a cuatro años.
Por tanto, este requisito, al igual que los analizados en precedencia, también se satisface.
5. Equivalencia de la providencia proferida en el exterior con la acusación del sistema procesal colombiano
Esta exigencia igualmente se constata en el presente caso, por cuanto la decisión proferida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Central de Florida, División Tampa, es equivalente en su contenido a la acusación prevista en el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal colombiano (Ley 906 de 2004).
En efecto, revisada el acta de la Acusación Formal No. 8:14-CR-63-T-24TBM de 20 de febrero de 2014, emitida por la mencionada Corporación, se observa que allí se concretan las formulaciones de los cargos, los hechos con sus fechas de ocurrencia y las disposiciones transgredidas, así como el nombre del acusado y las conductas por él desarrolladas.
En relación con las pruebas que soportan la acusación en mención, como la declaración de la Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, al rendir testimonio en apoyo de la solicitud de extradición, manifestó que los Estados Unidos «comprobarán su caso contra los acusados mediante varios tipos de pruebas, incluidas el testimonio de testigos, pruebas físicas y documentarias entre otras pruebas » (fl. 120 carpeta anexa).
Por tanto, ninguna duda cabe acerca de la correspondencia existente entre el procedimiento del país requirente y la acusación del sistema colombiano, en el entendido que se trata de una equivalencia conceptual de decisiones y no de identidad de formas, que en ambas legislaciones dan comienzo a la etapa del juicio, donde la defensa del requerido puede controvertir los medios de conocimiento y la acusación formulada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, División Tampa, razón por la cual, este requisito también se cumple.
6. Cuestiones adicionales
6.1. Obsérvese que las imputaciones y su sustento dejan entrever con facilidad que los actos desplegados por el requerido y por la organización delincuencial de la que hacía parte, según las autoridades norteamericanas, traspasaron ontológica y jurídicamente las fronteras nacionales, ya que el cometido de la conspiración era la de introducir en Estados Unidos la cocaína, así como la de distribuirla en ese territorio.
Así, cualquiera de las hipótesis identificadas dogmática y doctrinariamente como instrumentos jurídicos para establecer el sitio de la ocurrencia del hecho (artículo 14 del Código Penal), tales como el lugar de realización de la acción, según el cual el hecho se entiende cometido en el lugar donde se llevó a cabo total o parcialmente la exteriorización de la voluntad; la del resultado, que concibe realizado el hecho donde se produjo el efecto de la conducta; y la teoría de la ubicuidad o mixta, la cual señala el lugar donde se efectuó la acción de manera total o parcial, como en el sitio donde se llevó a cabo o debió producirse el resultado, lo cierto es que en el presente caso, de acuerdo con la Acusación Formal No. 8:14-CR-63-T-24TBM de 20 de febrero de 2014, las conductas atribuidas por las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América a JOHN EDWARD ROSALES CAICEDO, satisfacen la condicionante constitucional de que el hecho haya sido cometido en el exterior.
De la misma manera, es claro que la acusación hace expresa indicación de los actos que determinaron la solicitud de extradición, así como de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron los delitos, por tanto no aparece motivo constitucional o legal impediente de la misma.
Adicionalmente, la conducta punible presuntamente se ejecutó con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, no es de naturaleza política, tampoco en la actuación existe información de la que se pueda deducir que los hechos aludidos en la acusación proferida en los Estados Unidos, fueron objeto de juzgamiento por alguna autoridad judicial colombiana.
6.2. Ahora, como la Acusación Formal No. 8:14-CR-63-T-24TBM de 20 de febrero de 2014, proferida en el Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, División Tampa, también incluye las declaratorias de extinción de dominio, al señalar: «que al ser declarados culpables de cualquiera o todas las violaciones que se aleguen en el cargo uno de esta acusación formal, que se castiga con encarcelamiento por más de un año, los acusados (…) JOHN EDWARD ROSALES CAICEDO alias “Paulo” alias “Pablito deberán ceder por extinción de dominio a favor de los Estados Unidos, conforme la Sección 853 del Título 21 del Código de los Estados Unidos y la Sección 970 del Título 21 de los Estados Unidos, cualesquier y todos los bienes que constituyan y se deriven de cualesquiera ganancias que los acusados haya obtenido, directa o indirectamente, como resultado de tales violaciones; y de cualquier y toda propiedad usada o que se haya intentado usar de cualquier manera o parte para cometer y facilitar la comisión de tales violaciones (…)» (fl. 142 carpeta adjunta), debe precisar la Sala que tal afirmación no puede ser entendida en estricto sentido como un cargo, por tanto éste no comporta imputación alguna, sino el anuncio de la consecuencia patrimonial que la declaratoria de responsabilidad acarrea respecto de los bienes involucrados en el delito, por cuya comisión se acusa al requerido, el tema es ajeno a la solicitud de extradición, razón por la cual, no se encuentra comprendido dentro de los aspectos a analizar en el concepto a emitir por parte de la Sala.
7. Alegaciones del defensor
Como ya se mencionó, el apoderado del requerido mediante escrito presentó alegatos de conclusión, no obstante, la Sala no acoge sus pretensiones, pues en reiteradas ocasiones se ha mencionado, que la competencia que atribuyó la Ley 906 de 2004 a la Corte Suprema de Justicia en el trámite de extradición, radica en revisar el cumplimiento de los postulados contemplados en el artículo 502 de la citada norma, quedando por fuera lo referente a entrar y debatir la culpabilidad o inocencia de quien es requerido.
Así mismo, el defensor argumenta, a juicio propio, que los requisitos para conceder la extradición del ciudadano ROSALES CAICEDO no se cumplen a cabalidad, censura que no tiene fundamento dado que después del análisis realizado en este concepto se logró establecer el cumplimiento de cada una de las exigencias demandadas en la normatividad colombiana para emitir concepto acogiendo la solicitud hecha por el estado requirente.
8. Concepto
Los anteriores razonamientos acordes con lo señalado por la representante del Ministerio Público, permiten tener por acreditadas las exigencias legales para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país, respecto del ciudadano colombiano JOHN EDWARD ROSALES CAICEDO por los cargos atribuidos en la Acusación Formal No. 8:14-CR-63-T-24TBM de 20 de febrero de 2014, proferida en el Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, División Tampa.
En este momento, considera la Corte pertinente, en orden a proteger los derechos fundamentales del requerido, prevenir al Gobierno Nacional, para que en el evento en que acceda a la extradición de ROSALES CAICEDO, advierta al Estado solicitante garantizarle a éste la permanencia en el país extranjero y el retorno al de origen en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, cuando el extraditado llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en razón de los cargos que motivaron la solicitud de extradición.
Del mismo modo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno Nacional puede subordinar la concesión de la extradición a las condiciones consideradas oportunas y exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por el país solicitante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la Constitución Política de Colombia y como lo sugiere la Procuraduría General de la Nación a través de su Delegado.
Así mismo, debe condicionar la entrega de JOHN EDWARD ROSALES CAICEDO a que se le respeten –como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones – todas las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular a que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que la sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social (Artículos 29 de la Constitución; 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Además, de que no puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, por mandato de la Carta Política, ni dársele una denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica.
Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país solicitante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, y garantiza su protección, lo cual se refuerza con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).
Aunado a lo anterior, advertirá al Estado requirente, que en caso de un fallo de condena, deberá computarse el tiempo que el requerido ha permanecido privado de la libertad con ocasión de este trámite de extradición.
Por todo lo anterior, de conformidad con lo establecido por el numeral 2º del artículo 189 de la Constitución Política, al Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, le corresponde hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del país requirente de los condicionamientos atrás referenciados y establecer, así mismo, las consecuencias de su inobservancia.
Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano JOHN EDWARD ROSALES CAICEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.474.259, cuyas demás notas civiles y condiciones personales fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, conforme con la Nota Verbal No. 1260 de 24 de julio de 2015, suscrita por la Embajada de los Estados Unidos de América, por los cargos UNO y DOS imputados en la Acusación Formal No. 8:14-CR-63-T-24TBM de 20 de febrero de 2012, proferida en el Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, División Tampa.
Por la Secretaría de la Sala se comunicará esta determinación al requerido, a su defensor, al representante del Ministerio Público, así como al Fiscal General de la Nación para lo de su cargo en relación con el detenido preventivamente con fines de extradición.
Finalmente, se devolverá la actuación al Ministerio de Justicia y del Derecho para los trámites legales pertinentes.
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
Presidente
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Fls. 26-30 Carpeta anexa
2 Fls. 140-144 ibídem
3 Fls. 16-18 ibídem
4 Fl. 5 ibídem
5 Fls. 115-121 ibídem
6 Fls. 124-138 ibídem
7 Fls. 140-144 ibídem
8 Fl. 152 ibídem
9 Fls. 154-168 ibídem
10 Fl. 174 ibídem
11 Fl. 52 ibídem
12 Fl. 53 y ss ibídem
13 Fl. 31-33 ibídem
14 Fl. 1 Cuaderno Corte
15 FLS. 11-12 ibídem