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FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
Magistrado Ponente
AP8299-2016
Radicación n° 48924
Aprobado acta nº 387
Bogotá, D.C., noviembre treinta (30) de dos mil dieciséis (2016).
VISTOS
La Corte se pronuncia sobre el recurso de apelación propuesto por el postulado JAIRO ALTURO REYES contra la decisión de 4 de agosto de 2016 mediante la cual la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, resolvió excluirlo de los beneficios consagrados en la Ley 975 de 2005, previa petición de la Fiscalía General de la Nación.
ANTECEDENTES RELEVANTES
1. La Fiscalía 51 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá solicitud de exclusión del postulado JAIRO ALTURO REYES, desmovilizado del Bloque Central Bolívar, invocando la causal 5ª del artículo 11A de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 5º de la Ley 1592 de 2012, por la comisión de delitos dolosos con posterioridad a su desmovilización.
2. En audiencia celebrada el 2 de mayo de 2016, la Fiscalía expuso su pretensión, indicó la causal y su fundamento, la cual coadyuvaron los representantes del Ministerio Público y las víctimas.
En dicha diligencia, de acuerdo con los documentos y evidencias presentados por el Fiscal se dio a conocer, que JAIRO ALTURO REYES perteneció a las autodefensas unidas de Colombia y se desmovilizó como miembro del Bloque Central Bolívar el 31 de enero del año 2006.
Que ALTURO REYES permaneció en libertad hasta el 13 de junio de 2006 cuando fue capturado por hechos acaecidos el 30 de marzo anterior, por los que fue condenado el 11 de octubre de 2006, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Vélez, tras aceptar los cargos, como determinador de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte de armas y municiones; fallo que el 28 de noviembre del mismo año el Tribunal Superior de San Gil confirmó, con algunas modificaciones, cobrando ejecutoria el 15 de marzo de 2007.
El 7 de noviembre de 2006, JAIRO ALTURO REYES solicitó al alto comisionado para la Paz incluirlo en la lista de postulados a la ley de justicia y paz, argumentando ser miembro desmovilizado del Bloque Central Bolívar de las AUC, petición que reiteró ante la Fiscalía General de la Nación el 17 de enero de 2007, siendo postulado a la ley de justicia y paz el 22 de agosto del mismo año, en lista remitida al Fiscal General de la Nación, en razón de lo cual se adelantó el trámite administrativo y judicial respectivo sin que hasta la fecha se haya podido realizar la audiencia de imputación.
3. El 4 de agosto de 2016, esa Corporación declaró la terminación y exclusión del trámite de justicia y paz al prenombrado, decisión que fue impugnada por el propio postulado, no así por el defensor público que lo representaba, motivo por el cual la magistratura requirió al abogado a fin de que lo asistiera técnicamente para ese fin.
DECISIÓN IMPUGNADA
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá señaló, luego de referir las causales de terminación del proceso de justicia y paz y exclusión de la lista de postulados relacionadas en el artículo 11A de la Ley 975 de 2005, adicionado por la Ley 1592 de 2012, que la consecuencia para quienes incumplan los compromisos adquiridos al dejar las armas, sea en vigencia de la ley primaria o las reformas a ella introducidas por esta última, es la exclusión por cuanto la implementación de la figura fue un desarrollo de la Ley 975 de 2005, que preveía esta sanción por la inobservancia de los requisitos de elegibilidad o falta a las obligaciones impuestas, tal como lo ha precisado la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia.
Bajo esos parámetros, para el Tribunal resulta claro que el postulado contra el cual se emita condena por hechos cometidos después de la desmovilización debe perder continuidad dentro del proceso de justicia y paz, dada la inobservancia de las obligaciones impuestas al acogerse al mismo.
Señaló que en este caso se estableció que el 31 de enero de 2006 JAIRO ALTURO REYES se desmovilizó con el Bloque Central Bolívar y, contrario a su compromiso de paz y reconciliación, el 30 de marzo de 2006, por su orden, se ejecutó un hecho delictivo dando muerte a Jhon Jairo Quijano Rodríguez y atentando contra la vida de Iván Mauricio Suárez Puentes, Héctor Armando Medina Mahecha, Edilson Palomino y Sergio Leonardo Martínez Ayala, según lo confesó el autor del atentado.
Esta versión fue analizada en la sentencia de condena proferida en su contra el 11 de octubre de 2006 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Vélez – Santander, la cual fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de San Gil, ejecutoriada el 15 de marzo de 2007.
Así las cosas, concluyó el a quo, la solicitud presentada por la Fiscalía prospera en el sentido de dar por terminado anticipadamente el proceso, y la exclusión del postulado JAIRO ALTURO REYES, por cuanto se demuestra su repudio consciente y deliberado de los compromisos adquiridos.
LA IMPUGNACIÓN
JAIRO ALTURO REYES manifiesta que la sentencia se fundamentó en un error grave, pues se afirma que se desmovilizó el 31 de enero de 2006, cuando para esa fecha su nombre no aparece en ningún listado del gobierno, del Comisionado de Paz, del Ministerio de Justicia ni de la Fiscalía; además que no entiende porqué se aceptó su postulación a la ley de justicia y paz, si para el 22 de agosto de 2007 se tenía conocimiento de la comisión de ese delito.
Señala que es también errada la afirmación del Tribunal, de que al momento de la desmovilización se encontraba privado de la libertad, cuando su captura se produjo hasta el 13 de junio de 2006, fecha para la que aún no había adquirido ningún compromiso.
En criterio del postulado la decisión no se ciñe a derecho y es injusta, porque no ha faltado a sus obligaciones, motivo por el cual solicita su revocatoria pues desea continuar en el proceso de justicia y paz colaborando en el esclarecimiento de la verdad a la que tienen derecho las víctimas y contribuir así a la paz del país.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 975 de 20051, en concordancia con el artículo 68 ibídem y con el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, esta Colegiatura es competente para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta contra la providencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, por cuyo medio se terminó el proceso de justicia y paz seguido al postulado JAIRO ALTURO REYES.
2. Cuestiones previas
2.1. Sobre el recurso propuesto por JAIRO ALTURO REYES, ha de decir la Sala que acertó el Tribunal al otorgar al postulado la posibilidad de incoar y sustentar directamente la alzada en ejercicio del derecho de defensa material, porque de esta manera le garantizó esa prerrogativa fundamental.
Lo anterior por cuanto este evento no se ajusta a ninguno de los casos contemplado en el artículo 130 de la Ley 906 de 2004 según el cual “…en todo caso de mediar conflicto entre las peticiones y actuaciones de la defensa con las del imputado o procesado prevalecen las de aquella”, en tanto no se trata de diferencias con las pretensiones y/o acciones propuestas por el defensor técnico, sino del ejercicio autónomo del derecho de defensa material por parte del postulado, tal como lo precisó esta Corporación en anterior oportunidad2, frente a un caso similar.
La Sala ha señalado sobre la relación entre el derecho de defensa material y técnica lo siguiente,
(ii) Claramente los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, advierten cómo la defensa material y técnica, esto es, la que adelantan particularmente el procesado y su abogado, constituyen un todo que se retroalimenta de lo favorable que individualmente cada uno realiza, aunque, para favorecer la dinámica de la pretensión común, es factible que se desarrolle de manera separada, o mejor, se faculta que por vías diferentes el procesado y su representante para el proceso penal hagan solicitudes independientes o de manera autónoma estén habilitados para interponer recursos.
Esa articulación no obsta para que, en determinados eventos, deba preferirse, dada la naturaleza de la intervención o sus efectos, el criterio de uno u otro, como sucede, para citar apenas un ejemplo puntual, en los eventos de allanamiento a cargos, donde prima la voluntad del imputado o acusado. (CSJ AP, 26 oct. 2011, rad no. 37659).
En ese orden, el postulado se encontraba facultado para impugnar su exclusión del proceso transicional, aun cuando su defensor no hubiese hecho requerimiento en ese sentido.
2.2. No obsta lo visto, para llamar una vez más la atención a la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, por cuanto en este caso y en otros más3, ha dispuesto un trámite irregular para el recurso de apelación contra una decisión de índole interlocutoria.
En efecto, debió darse cabal aplicación a lo previsto en el artículo 178 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010, normativa que de conformidad con el artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el 27 de la Ley 1592 de 2012, es la que rige en materia de interposición del recurso de alzada, consagrando su procedencia contra las sentencias y los autos que decidan asuntos de fondo en desarrollo de las audiencias.
La remisión expresa al artículo 178 de la codificación procesal penal de 2004, cuando de interposición del recurso de apelación contra autos se trata, itera la Sala, impone acatar el referido precepto que consagra: “Se interpondrá (el recurso), sustentará y correrá traslado a los no impugnantes en la respectiva audiencia.”
El pronunciamiento judicial en cuestión es de fondo pero no resuelve el objeto primordial del proceso de justicia y paz, en tanto se refiere a la terminación anormal por el incumplimiento del postulado a las obligaciones propias del sometimiento al régimen especial transicional, por ende había de resolverse la solicitud de la Fiscalía, como se hizo, mediante proveído de carácter interlocutorio.
Así las cosas, dada a conocer y notificada en la audiencia pública la decisión de la magistratura, la apelación presentada por el propio postulado le imponía sustentar de inmediato las razones de inconformidad en la misma vista pública y de forma oral.
Sustentada la impugnación, correspondía al funcionario judicial de primera instancia, como director de la diligencia, dar traslado a las demás partes e intervinientes, a saber, la Fiscalía delegada, el Ministerio Público y la representación de las víctimas, para su intervención como no recurrentes por no haber impugnado la providencia judicial.
Empero, dio cabida a un trámite no previsto legalmente porque antes de cerrar el acto procesal autorizó y dispuso que en un lapso de cinco días el impugnante presentara las razones de inconformidad por escrito, e instruyó al abogado defensor para que diera acompañamiento al postulado ALTURO REYES en la elaboración de la sustentación; habilitó, con ese proceder, un término judicial no previsto en el ordenamiento aplicable que si bien constituye pretermisión del debido proceso, no lo afectó de manera sustancial pues los mencionados no recurrentes tuvieron igual oportunidad para pronunciarse al respecto, según reporta constancia secretarial visible a folio 194 de la actuación de primer grado.
Esto es, que a pesar de la advertida irregularidad se cumplió la actividad procesal sin afectación trascedente de los derechos y garantías de las partes e intervinientes.
3. Del recurso
Los motivos que plantea JAIRO ALTURO REYES para rebatir la terminación del trámite transicional decidido por el Tribunal, se contraen a argumentar que la decisión no se ajusta a derecho por cuanto ha cumplido los compromisos de la ley de justicia y paz y no es cierto, como se afirma en el proveído, que se haya desmovilizado el 31 de enero de 2006, antes de la comisión de los hechos delictivos que se le enrostran.
El Delegado Fiscal, como soporte de la solicitud, puso de presente diferentes documentos, las sentencias de primera y segunda instancia mediante las cuales se condenó al postulado y el registro del desmovilizado, que denominó hoja de vida, a la cual dio lectura.
Esto precisó en relación con el postulado:
(registro 6.22)…voy a presentar la hoja de vida de Jairo Alturo, quien en la organización tenía el alias de geovanny, Pedro, Omar o Petete, que su cédula de ciudadanía No. 77.131.902 de San Martín, Cesar; tiene la plena identidad la cual fue corroborada mediante informe de investigación de fecha 29 de enero de 2013, suscrito por el investigador de lofoscopia Gustavo Montañez Sánchez; que su fecha de nacimiento fue el 29 de abril de 1976 y el lugar de nacimiento fue Armero Guayabal, Tolima; estado civil, unión libre.
Bloques o Frentes a los que perteneció: Bloque Central Bolívar, AUC, Bloque Magdalena medio, Frente lanceros de Vélez y Boyacá, actualmente se encuentra detenido en el patio 6 de la Cárcel Modelo de la ciudad de Bucaramanga; nombre de sus padres: Lucrecia Reyes Linares y José Ladino Millán.
Fecha en la que ingresó a las autodefensas a finales del año 1995, lo reclutó Camilo Morantes, lugar donde fue reclutado San Rafael de Lebrija. Ingresó a finales de 1995 hasta 1996 en la AUC de Roberto Prada, de 1998 hasta 1999 en las AUC de Camilo Morantes, del año 2000 en adelante ingresó a la autodefensas del Magdalena medio de Ramón Isaza y hasta finales del año 2002; y ya en marzo 2003 a Walter Sánchez hasta finales del año 2004; ya a finales del año 2004 pasó a Lancero de Vélez hasta el 2005. La fecha en que fue capturado, 13 de junio del año 2006.
Se conoce que delinquió en San Rafael de Lebrija, Sabana de Torres – Santander, Puerto Wilches, La Gómez, Vélez, Chiquinquirá – Boyacá, Guepsa, Barbosa, Moniquirá, Socorro, Puente Nacional, Norcacia, eso es de Antioquia, Marquetalia, Samaná, La Dorada, zona del magdalena medio entre Antioquia y Caldas. Los cargos que ocupó dentro de la organización de escolta, patrullero y financiero. Se conoció que prestó el servicio militar en el año 1997 hasta julio de 1998, en Honda – Tolima Batallón de Infantería 16 Patriotas, durante 18 meses. Fecha de la desmovilización 31 de enero del año 2006.
En cuanto al desarrollo del proceso transicional, señaló:
…La etapa administrativa comenzó con escrito que presentó el 7 de noviembre del año 2006, donde solicita al alto comisionado para la paz incluirlo en la lista de postulados a la ley de justicia, argumentando que era miembro desmovilizado del Bloque Central Bolívar de la autodefensas unidas de Colombia, siendo capturado el 13 de junio de 2006, porque que para ese momento estaba sindicado por las conductas de concierto para delinquir, homicidios, extorsión, tentativa de homicidio, porte de armas, exacciones, en la fiscalía única de Vélez y la fiscalía especializada de San Gil.
En escrito recibido por la Fiscalía General de la Nación el día 17 de enero de 2007, Jairo Alturo Reyes ratificó su voluntad de acogerse al procedimiento y beneficio de la ley de justicia y paz por haber pertenecido al Bloque Central Bolívar. El Ministerio del Interior y de Justicia con oficio Of10721984–OAJ-0410 es postulado -está sin fecha de recibido, está, la fecha de recibido no aparece-; fue postulado a la ley de justicia y paz el 22 de agosto del año 2007, el cual fue remitido al Fiscal General de la Nación en una lista de 53 postulados de miembros de las autodefensas privados de la libertad, que trata el parágrafo 10 de la Ley 975.
La jefatura de la Unidad para la Justicia y la Paz, mediante acta de reparto 090 el 30 de agosto de 2009, lo asignó al Despacho 16 de Medellín al postulado Jairo Alturo Reyes. Mediante orden 166 del 17 de septiembre, la Fiscalía de Justicia y Paz de Medellín citó y emplazó a las presuntas víctimas de las conductas punibles imputables al postulado Jairo Alturo Reyes. Se fijó el edicto emplazatorio en lugar visible al público el día 13 de noviembre de 2007 a las 8 p.m. y se desfijó el 10 diciembre del año 2007, según constancia firmada por Jhon Fredy Encinales, Secretario Relator de la Unidad Justicia y Paz con sede en Bucaramanga.
Se allegó por acción social la separata donde aparece el edicto emplazatorio y se relaciona a Jairo Alturo Reyes. Posteriormente la jefatura para la justicia y la paz con acta de reparto 310 del 25 de agosto de 2008, lo asignó al despacho 51 de Grupos Satélite de Bucaramanga. En desarrollo de la ley de justicia y paz se dispuso oírlo en versión libre al postulado Jairo Alturo Reyes, diligencia que se cumplió el día 19 de agosto de 2009 en la sala D l piso 5 de la unidad de justicia y paz donde ratifica su voluntad de acogerse a esta ley y confesó conductas delictivas en las que tuvo participación como integrante de las autodefensas y del frente Lanceros de Vélez de Boyacá así como relato los hechos que conoció en razón a su pertenencia del grupo armado. La fiscalía elevó la petición de imputación parcial ante la magistrada de control de garantías de la Sala de justicia y paz del Tribunal superior de Bucaramanga el 3 de mayo de 2012, diligencia que hasta la fecha no se realizó.
Y en relación con la condena emitida en contra del mencionado postulado, indicó:
Se ha (sic) establecido los antecedentes penales del postulado y se encontró que está condenado por hechos ocurridos el 30 de marzo de 2006 por hechos, por una conducta delictiva contra la vida e integridad personal fue condenado por el Juzgado Segundo circuito de Vélez el 11 de octubre de 2006 decisión que fuera apelada y confirmada por el honorable Tribunal de San Gil de fecha 8 de noviembre de 2006 y ejecutoriada el 15 de marzo de 2007.
Por lo tanto, honorables magistrados se observa que todo el procedimiento administrativo y judicial ha sido cumplido por Jairo Antonio (sic) Reyes, pero conforme a lo dispuesto en la Ley 975 de 2005 y el Decreto Reglamentario 3011 de 2013, se observa que el postulado incumplió con los requisitos de elegibilidad, como es el hecho de haber delinquido con posterioridad a su desmovilización que fue 31 de enero del año 2006. La Fiscalía cuenta con las dos sentencias por las que fue condenado en primera y segunda instancia, anexando que esta se encuentra vigilada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de la ciudad de Bucaramanga.»
De tales documentos, por orden de la directora de la audiencia, se dio traslado a los intervinientes (registro 17:10), sin que JAIRO ALTURO REYES ni su defensor plantearan, en el momento de la discusión, ninguna objeción que refutara las afirmaciones de la Fiscalía acerca del momento de la desmovilización y de su vinculación posterior al proceso de justicia y paz, razón por lo cual ya se encuentra integrado al sistema de postulados a la ley de justicia y paz con identidad plena establecida.
De conformidad con lo anterior, se tiene entonces que JAIRO ALTURO REYES:
a. Perteneció a los bloques Central Bolívar, AUSA, Magdalena Medio y Frente Lanceros de Vélez y Boyacá.
b. Ingresó a las autodefensas a finales del año 1995, reclutado por Camilo Morantes en San Rafael de Lebrija.
c. Los cargos que ocupó dentro de la organización fueron los de escolta, patrullero y financiero.
d. La fecha de la desmovilización tuvo lugar el 31 de enero del año 2006.
e. Fue capturado el 13 de junio de 2006.
f. El 7 de noviembre del 2006, solicitó al Alto Comisionado para la Paz incluirlo en la lista de postulados a la ley de justicia y paz, argumentando ser miembro desmovilizado del Bloque Central Bolívar de las AUC. En escrito recibido por la Fiscalía General de la Nación el 17 de enero de 2007, JAIRO ALTURO REYES ratificó su voluntad de acogerse al procedimiento y beneficios de la ley de justicia y paz, reiterando su pertenencia al Bloque Central Bolívar.
g. El 22 de agosto del año 2007, fue postulado a la ley de justicia y paz, por lo cual su nombre fue remitido al Fiscal General de la Nación en una lista de 53 postulados.
h. El 11 de octubre de 2006, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Vélez profirió sentencia anticipada contra el postulado como coautor de los delitos de homicidio agravado en concurso con tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas, por hechos delictivos acaecidos el 30 de marzo anterior; fallo que el 28 de noviembre del mismo año confirmó, con algunas modificaciones, el Tribunal Superior de San Gil, cobrando ejecutoria el 15 de marzo de 2007.
Frente a esos hechos y elementos de juicio, el recurrente en la sustentación del recurso tampoco expone argumentos que contraríen o ataquen tales aserciones, que propugnen por la revocatoria o modificación de la providencia cuestionada.
Es así que si bien JAIRO ALTURO REYES alega que no se desmovilizó el 31 de enero de 2006 y que para la fecha en la que fue capturado aún no había adquirido ningún compromiso, no precisa en qué fecha, lugar y ante qué autoridad se desmovilizó, ni las circunstancias en las cuales ello tuvo ocurrencia, demostrando una situación diversa a la establecida en la actuación, de manera que la Sala no cuenta con ningún elemento de juicio, fuera de los aducidos en la audiencia, que permita confrontar su tesis con los fundamentos que soportaron la determinación adoptada por el Tribunal.
En ese orden de cosas, se habrá de concluir que el 31 de enero de 2006, cuando se desmovilizó JAIRO ALTURO REYES, como se acreditó por el peticionario, es la fecha que define el momento a partir de cuándo debía someterse al cumplimiento de los requisitos de elegibilidad como corresponde a quien pretenda acogerse a los beneficio de la ley de justicia y paz.
Por consiguiente, desde esa data JAIRO ALTURO REYES se encontraba obligado a cumplir todas las exigencias allí consagradas, esto es, contribuir a la paz nacional, colaborar con la justicia, el esclarecimiento de la verdad, la garantía de no repetición, la reparación de las víctimas y los requisitos de elegibilidad al tenor de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 975 de 2005.
Esta norma prevé:
ARTÍCULO 10. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA LA DESMOVILIZACIÓN COLECTIVA. Podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley los miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley que hayan sido o puedan ser imputados, acusados o condenados como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, cuando no puedan ser beneficiarios de algunos de los mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se encuentren en el listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación y reúnan, además, las siguientes condiciones:
10.1 Que el grupo armado organizado de que se trata se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional.
10.2 Que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal.
10.3 Que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutados.
10.4 Que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita.
10.5 Que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.
10.6 Que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su poder.
PARÁGRAFO. Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley que se encuentren privados de la libertad, podrán acceder a los beneficios contenidos en la presente ley y a los establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que en las providencias judiciales correspondientes se determine su pertenencia al respectivo grupo. (Énfasis fuera de texto).
En igual sentido lo previene el subsiguiente artículo 11 de la citada ley, al establecer que los miembros de los grupos irregulares desmovilizados de manera individual también están obligados, entre otras cosas, numeral 11.4., a cesar toda actividad ilícita.
Es claro que la ley estableció como presupuesto para acceder a los beneficios del proceso transicional, que los desmovilizados se obligaran a suspender cualquier actividad ilícita, a realizar acciones reales y efectivas encaminadas a enmendar los daños causados y modificar el comportamiento a partir de su desmovilización que el legislador especificó con los requisitos de elegibilidad, a cambio de que el Estado renuncie a una parte de la pena ordinaria por las conductas punibles cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado ilegal.
Así lo señala el artículo 3 de la Ley 975 de 2005:
Alternatividad es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. La concesión del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la presente ley.
De manera que cuando el desmovilizado no cumple alguna de esas exigencias, debe ser separado del proceso, tal como lo precisó esta Corporación en CSJ AP, 12 feb. 2009, rad. no. 30998:
a) Puede afirmar la Sala que, en términos generales, la exclusión del postulado de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, opera cuando éste no cumple con los requisitos generales objetivos establecidos en la Ley 975 de 2005, para su vinculación al trámite especial, o cuando en curso del proceso o dentro de la ejecución de la pena alternativa dispuesta por la justicia, incumple con las obligaciones propias de su condición.
A ese efecto, el artículo 10 de la Ley 975 de 2005, establece los requisitos puntuales que ha de cumplir la persona para que pueda ser postulada por el Gobierno Nacional en aras de acceder a los beneficios allí contenidos.
6. De no cumplirse estos, pese a que el Gobierno Nacional incluyó a la persona en la lista enviada a la Fiscalía, es obligación del funcionario acudir ante la sala de Conocimiento de Justicia y Paz, a fin de obtener la desvinculación de la persona a través del mecanismo de la exclusión.
Esa exclusión no representa pronunciamiento de fondo respecto de los delitos confesados por el postulado en su versión libre y objeto del proceso de Justicia y Paz, pues, simplemente su investigación y juzgamiento correrá eventualmente a cargo de la justicia ordinaria. (Subrayado ajeno al original).
Así las cosas, de acuerdo con lo acreditado en la actuación, no hay duda de la ocurrencia de la causal objetiva postulada por el ente acusador, la cual se configura una vez se emite la sentencia de condena por la comisión de un delito doloso, esto es, se cumplen los presupuestos previstos para la exclusión, en tanto se comprobó que JAIRO ALTURO REYES delinquió con posterioridad a su desmovilización.
Ciertamente, las sentencias que sustentan la solicitud de exclusión aluden a un delito doloso realizado por el postulado ALTURO REYES con posterioridad al 31 de enero de 2006, a pesar del compromiso adquirido para ese entonces de someterse a la ley de justicia y a la paz, y, entre otras cosas, abandonar toda actividad delictiva.
Se debe recordar que los actos de desmovilización y su materialización por sí mismos, no son suficientes para obtener los beneficios consagrados en la Ley 975 de 2005, pues es necesario que el postulado durante el trámite cumpla estrictamente la totalidad de requisitos y condiciones señalados por el legislador, ordenados expresamente en los artículos 3º y 10 de la Ley 975 de 2005, condicionamientos para su procedencia, en tanto que ningún sentido tiene la desmovilización si no se acompaña de la voluntad decidida de cesar toda actividad delictiva.
Concluye la Sala, en suma, que le asiste razón a la Fiscalía delegada cuando afirma que el postulado se encuentra incurso en la causal 5ª del artículo 11A de la ley transicional, adicionado por la Ley 1592 de 2012, de terminación del proceso de justicia y paz y exclusión de la lista de postulados, que corresponde al incumplimiento del deber de no continuar delinquiendo que asumió el 31 de enero de 2006 cuando se desmovilizó, con el fin único de acogerse a los beneficios de la ley de justicia y paz.
4. Finalmente, no sobra precisar que siguiendo lo explicado previamente por la Sala en AP7225-2014, 20 nov. 2014, rad. 43212, se debe tener presente que la decisión adoptada es la de declarar la terminación del proceso de justicia y paz al postulado como medida judicial, en tanto que la exclusión de la lista de postulados será de cargo del Gobierno Nacional por tratarse de una medida administrativa subsecuente a la firmeza de aquella, acorde con lo previsto en el artículo 11A de la Ley 975 de 2005 que en sus apartados pertinentes así lo consagra:
…Una vez en firme la decisión de terminación del proceso penal especial de Justicia y Paz, la Sala de Conocimiento ordenará compulsar copias de lo actuado a la autoridad judicial competente para que esta adelante las respectivas investigaciones, de acuerdo con las leyes vigentes al momento de la comisión de los hechos atribuibles al postulado, o adopte las decisiones a que haya lugar.
Si existieren requerimientos previos por investigaciones o procesos ordinarios suspendidos por virtud del proceso penal especial de Justicia y Paz, una vez terminado este, la Sala de Conocimiento, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, comunicará a la autoridad judicial competente a efectos de que se reactiven de manera inmediata las investigaciones, los procesos, las órdenes de captura y/o las medidas de aseguramiento suspendidas, si a ello hubiere lugar.
En todo caso, la terminación del proceso de Justicia y Paz reactiva el término de prescripción de la acción penal.
En firme la decisión de terminación del proceso de justicia y paz, la autoridad competente remitirá copia de la decisión al Gobierno nacional, para lo de su competencia. El desmovilizado no podrá ser nuevamente postulado para acceder a los beneficios establecidos en la presente ley.
En ese orden, el Tribunal de primera instancia habrá de proveer al cumplimiento de las anteriores previsiones normativas para que se consolide la consecuencia jurídica derivada de la determinación en estudio.
5. Por todo lo anterior, concluye la Corte que no alcanza éxito la impugnación y, en cambio, procede confirmar la decisión opugnada.
En mérito a lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
R E S U E L V E
Primero. CONFIRMAR la decisión de 4 de agosto de 2016 mediante la cual la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, resolvió la terminación del proceso de la Ley 975 de 2005 seguido a JAIRO ALTURO REYES.
Segundo. DEVUÉLVASE la actuación al Tribunal de origen para lo de su cargo.
Contra esta decisión no procede el recurso alguno.
Notifíquese y Cúmplase.
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012.
2 CSJ AP4493-2014, 5 ago. 2014, rad. n° 43341.
3 Ver AP6136-2016, 14 sep. 2016, rad. n° 48487.