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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
EYDER PATIÑO CABRERA
Magistrado ponente
AP4527-2016
Radicación No. 47272
(Aprobado Acta No. 211)
Bogotá, D. C., trece (13) de julio de dos mil dieciséis (2016).
Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de la decisión de 4 de diciembre de 2015, mediante la cual el magistrado de control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá concedió la suspensión de ocho sentencias condenatorias proferidas por la justicia ordinaria en contra del postulado Atanael Matajudíos Buitrago.
I. ANTECEDENTES
Atanael Matajudíos Buitrago formó parte del grupo armado ilegal denominado Autodefensas Unidas de Colombia, – Bloque Tolima, y en la actualidad se encuentra privado de la libertad en el centro penitenciario “La Picota” de esta capital, desde el 12 de julio de 2007.
Como consecuencia de la multiplicidad de hechos cometidos, le han formulado dos imputaciones parciales1 cuyo factum se encuentra legalizado en Justicia y Paz, pendiente de la emisión de la sentencia de primera instancia.
Durante los días 3 y 17 de noviembre de 2015, se llevaron a cabo audiencias para resolver la sustitución de la medida de aseguramiento impuesta en Justicia y Paz en su contra, despachándose favorablemente tal pretensión, decisión que, luego de los recursos, quedó en firme.
Posteriormente, el 4 de diciembre de 2015, a petición de la defensa de Atanael Matajudíos Buitrago, se realizó audiencia para tramitar la suspensión condicional de ocho2 sentencias en su contra, todas emanadas de la justicia ordinaria entre los años 2008 y el 2011.
II. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
El magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, el 4 de diciembre de 2015, se pronunció favorablemente a las pretensiones de la defensora, con los siguientes argumentos.
Está en firme la decisión que sustituyó la medida de aseguramiento, por lo que pasa a analizar si también es viable suspender la ejecución de las sentencias.
La pauta legal es el artículo 18B de la Ley 975 de 2005 y conforme a la interpretación que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, (Radicados 46098 y 46526)3 de prosperar la petición -dice el magistrado- se impartirá orden a los jueces que vigilan las sentencias para que procedan de conformidad.
Las ocho sentencias que en la justicia ordinaria se profirieron en contra del postulado, están ejecutoriadas y son vigiladas por jueces de ejecución de penas.
En relación con la primera4, expresa que de acuerdo con los hechos se ubica al postulado participando en la tentativa de extorsión y en el concierto para delinquir referido a grupos paramilitares, siendo la víctima Daniel Eduardo Viatela.
Si bien Atanael Matajudíos Buitrago no fue versionado, imputado y legalizado por esos acontecimientos, ello no resulta necesario, como lo pide la Fiscalía, porque del fallo se infiere que el hecho fue cometido durante y con ocasión de la pertenencia del postulado al grupo paramilitar.
Aunque existen imprecisiones –no las especifica- en la certificación expedida por el INPEC, ello es irrelevante, porque la decisión analizada permite la inferencia que exige la ley.
A pesar de lo expuesto por el fiscal, lo cierto es que en el pronunciamiento analizado Matajudíos Buitrago fue condenado por concierto para delinquir agravado y tentativa de extorsión y, en todo caso, es el acusador quien tiene la posibilidad de citar al postulado a ampliación de versión en la que se esclarezca lo pertinente, si es que considera que en ese asunto hay delitos impunes.
Como la ejecución de esa sentencia está a cargo del Juzgado 5 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, dispuso oficiarle para que proceda en consonancia con la orden que se le impartirá de suspender tal ejecución de la condena.
El magistrado si encontró satisfecho el requisito respecto de los fallos enumerados 25, 36, 47, 58, 79 y 810.
En lo que respecta a la sentencia número 6, esto es, la emitida por el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado Adjunto de Ibagué el 30 de septiembre de 2011, mediante la cual se condenó al postulado a 375 meses de privación de la libertad por el delito de extorsión agravada ejecutada contra Augusto Marín Acevedo por miembros de las AUC, Bloque Tolima, grupo del que el desmovilizado era segundo comandante, adujo el magistrado, que de lo expuesto se infiere que el hecho fue cometido durante y con ocasión a la pertenencia al grupo armado ilegal, por tanto, no requiere que sea imputado en Justicia y Paz.
Así las cosas, el funcionario suspendió condicionalmente las ocho condenas y ordenó oficiar a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad respectivos.
III. DEL RECURSO Y SU TRÁMITE
El Fiscal interpuso recurso de apelación que sustentó en la misma audiencia y pidió revocar la determinación en cuanto suspendió las sentencias marcadas como 1 y 6, ya que no han cumplido con el debido trámite (versión, imputación y legalización en Justicia y Paz), para merecer tal beneficio.
Ese argumento lo extrae el recurrente de su particular análisis de una decisión de esta Corporación [45.977], la cual leyó in extenso y concluyó que en todos los casos, los hechos por lo que se suspenderá la ejecución de las sentencias, deben haber sido versionados e imputados en el proceso transicional, lo que no se ha hecho en los eventos de las sentencias 1 y 6.
Concluyó pidiendo se compulse copias por una presunta conducta punible cometida por personal del INPEC, al expedir una certificación que obra en las carpetas.
Intervención de los no recurrentes:
El agente del Ministerio Público, quien se mostró conforme con la decisión cuando le fue notificada, adujo que ahora que escuchó al fiscal, éste es quien tiene la razón.
Atanael Matajudíos Buitrago expresó que las ocho condenas, cuya suspensión se pidió, fueron por hechos cometidos con ocasión y durante su permanencia en las AUC; que se produjeron después de su desmovilización11 y que él acudió a la totalidad de audiencias programadas.
Rememora que en el caso de la primera decisión, en el Juzgado sólo se sabía que quien había participado en el hecho era alías «Juancho» y que él clarificó que ese era su apodo.
Frente a lo expuesto en relación con el Señor Viatela de Expreso Purificación, afirma que el Fiscal lo conoce muy bien por el número de postulados que lo han tratado.
Sostiene que pervive su voluntad de esclarecer todos los hechos, pero que sabe que son entre 2500 y 3000, donde la Fiscalía le tiene documentados cerca de mil y que sólo le ha imputado 380.
Agrega que le preocupan las contradicciones del Delegado del Acusador, quien ante la Magistrada de conocimiento pidió acumulación de las mismas ocho condenas en el caso que está pendiente únicamente del fallo, en tanto que acá no comparte su suspensión.
Culmina su exposición aseverando que es la Fiscalía quien adelanta las diligencias según las reglas que cada funcionario determina.
A su turno la defensora del postulado expresó que los argumentos que trajo el Ente Acusador a esta audiencia son los mismos que no le prosperaron para oponerse a la sustitución de la medida de aseguramiento, decisión que ya está en firme.
Frente a la cita textual de la decisión 45.977 del delegado acusador, expresa la profesional que la providencia estudia los requisitos para sustituir la medida de aseguramiento y que, en este caso, lo que se debe analizar es la suspensión de la ejecución de las sentencias.
Reafirma el argumento según el cual, para la suspensión de fallos no se requiere que los hechos hubieren sido imputados, sino que de ellos se infiera que corresponden a hechos que reúnan las condiciones.
Dice que en el proceso transicional quien impulsa el asunto es el fiscal y la defensa trata de hablar el mismo lenguaje del delegado acusador, pero no lo puede obligar a imputar todos los hechos y, en asunto concreto, el mismo funcionario que asiste a la audiencia, ha escogido que a Atanael le imputará las extorsiones al final y que también a él lo dejará para lo último por ser un comandante, por tanto, las decisiones de la Fiscalía no pueden perjudicar a su cliente.
I. CONSIDERACIONES
1.- Competencia
De conformidad con lo establecido en el Parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el 27 de la Ley 1592 de 2012, en concordancia con el canon 68 ibídem y con el numeral 3º de la norma contenida en el 32 de la ley 906 de 2004, esta Sala es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto.
2.- Problema Jurídico
Tomando como base los argumentos de disenso, la Sala resolverá si para suspender la ejecución de las sentencias impuestas en la justicia ordinaria, cuando el allí condenado esté postulado en Justicia y Paz, se debe, en todos los casos, imputar los hechos juzgados en el trámite transicional?
3.- Suspensión de la Ejecución de las sentencias
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18B de la Ley 975 de 200512, es posible la suspensión condicional de las penas impuestas por la justicia ordinaria:
ARTÍCULO 18B. SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA EN JUSTICIA ORDINARIA. <Artículo adicionado por el artículo 20 de la Ley 1592 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> En la misma audiencia en la que se haya sustituido la medida de aseguramiento en los términos del artículo 18A, el postulado que además estuviere previamente condenado en la justicia penal ordinaria, podrá solicitar al magistrado de control de garantías de Justicia y Paz la suspensión condicional de la ejecución de la pena respectiva, siempre que las conductas que dieron lugar a la condena hubieren sido cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley.
Si el Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz puede inferir razonablemente que las conductas que dieron lugar a la condena en la justicia penal ordinaria fueron cometidas durante y con ocasión de la pertenencia del postulado al grupo armado organizado al margen de la ley, remitirá en un término no superior a quince (15) días contados a partir de la solicitud, copias de todo lo actuado al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad que tenga a su cargo la vigilancia de la condena respectiva, quien suspenderá condicionalmente la ejecución de la pena ordinaria.
La suspensión de la ejecución de la pena será revocada a solicitud del magistrado de control garantías de Justicia y Paz, cuando el postulado incurra en cualquiera de las causales de revocatoria establecidas en el artículo 18A.
En el evento de que no se acumulen en la sentencia de Justicia y Paz las penas impuestas en procesos de justicia ordinaria, o que habiéndose acumulado, la sala de conocimiento de Justicia y Paz no haya otorgado la pena alternativa, se revocará la suspensión condicional de la ejecución de la pena que en virtud del presente artículo se haya decretado. Para estos efectos, se suspenderá el término de prescripción de la pena en la justicia ordinaria, hasta cuando cobre ejecutoria la sentencia de Justicia y Paz.
De la disposición transcrita se extraen las exigencias que el legislador impone para que un postulado pueda solicitar y obtener la suspensión condicional de la ejecución de las penas impuestas por la justicia ordinaria, tales son:
i.- Que se haya sustituido la medida de aseguramiento que pesa en su contra dentro del trámite de Justicia y Paz;
ii.- Que existan condenas previas en contra del desmovilizado impuestas por la justicia ordinaria;
iii.- Las conductas que dieron lugar a la condena, se hayan cometido con ocasión y durante la pertenencia del postulado al grupo armado ilegal;
En cuanto al análisis valorativo es directamente aplicado al estudio del fallo del cual se debe colegir que los hechos materia de reproche fueron cometidos por el implicado «con ocasión y durante su permanencia en el grupo al margen de la ley».
De forma que si la sentencia brinda los elementos suficientes para predicar que el hecho juzgado fue cometido con ocasión y durante la permanencia del desmovilizado al grupo al margen de la ley, la pena impuesta puede ser suspendida, siempre que ya se hubiere sustituido la medida de aseguramiento.
Cuando la providencia emitida por la justicia ordinaria no permita la inferencia aludida, será la Fiscalía la que incorpore el hecho en Justicia y Paz, a través de una imputación que puede ser parcial, no para efectos de aplicación de la sanción penal sobre un hecho que ya fue sentenciado13, sino en razón a la «verdad»14 que debe prevalecer en este tipo de trámite especial.
Esta Corporación tiene dicho (CSJ AP3796- 1-jul-2015 Rad. 45977; AP, 30 Sep. 2015 Rad. 46098 y AP 8 Oct. 2015, Rad. 46525; AP 3946 23 Jun. 2016 Rad.48173) que en la audiencia para «suspender la ejecución de sentencias impuestas en la Justicia Ordinaria es el magistrado quien debe hacer la inferencia del requisito.
Basta citar en forma textual la primera decisión mencionada: (CSJ AP3796- 1-jul-2015 Rad. 45977)
«Cierto es que no le corresponde al Magistrado con funciones de control de garantías de Justicia y Paz calificar si una conducta determinada fue consumada en las condiciones señaladas en la parte final del párrafo anterior, porque esa es función del Magistrado de conocimiento que deberá resolver al respecto durante la legalización de la imputación o al pronunciarse sobre la solicitud de acumulación.
Lo anterior es obvio, pues cuando la conducta punible se tramita ante los jueces penales ordinarios, los caminos son dos: 1) si el delito que motiva la reclusión es objeto de investigación en la justicia ordinaria, lo procedente sería solicitar la suspensión del trámite correspondiente (artículo 22 de la Ley de Justicia y Paz) y 2) si, como en este caso, la conducta ya hubiere sido objeto de fallo en firme, sería del caso reclamar la suspensión condicional de la ejecución de la pena, conforme lo previsto en el artículo 18B de la Ley 975 de 2005, siempre y cuando el Magistrado de control de garantías pueda inferir razonablemente que los hechos objeto de condena en la justicia ordinaria fueron cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del postulado al grupo armado al margen de la ley.
El juicio de razonabilidad que debe hacer el servidor judicial sobre el vínculo entre el delito objeto de fallo en la sentencia ordinaria y la pertenencia de su autor a los grupos al margen de la Ley, procede únicamente para efectos de suspender la pena impuesta en dicha sentencia, una vez dispuesta la sustitución de la medida de aseguramiento.15»
Adicionalmente, esta Sala en providencia reciente de sobre el particular dijo: (CSJ AP3948 23 Jun. 2016 Rad. 48173)
«Como puede advertirse, la labor de verificación a que alude el inciso segundo de la norma transcrita, concerniente a que las conductas que dieron lugar a la condena en la justicia penal ordinaria fueron cometidas durante y con ocasión de la pertenencia del postulado al grupo armado organizado al margen de la ley, le compete desarrollarla al Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz»
Establecido lo expuesto, es evidente que las providencias supra citadas contienen la solución al evento del artículo 18B de la Ley 975 de 2005, cuando se trata del análisis de «hechos cometidos durante y con ocasión a la pertenencia al grupo irregular».
En consecuencia, cuando se trate de la aplicación de la norma contenida en el canon 18B Ley 975 de 2005, (suspensión de las condenas de la justicia ordinaria), lo que procede es la inferencia razonable del magistrado, que debe permitirle concluir que el delito por el que se condenó al postulado fue cometido dentro de las expresas condiciones indicadas y, además, es palmario que los efectos de tal determinación sólo son para la concesión de la suspensión irrogada, pues, en últimas, será la Sala de conocimiento quien legalice los hechos o acumule las sentencias, según el caso.16
5.- Caso concreto
Con fundamento en lo analizado, desde ya se anuncia que la decisión cuestionada habrá de ser confirmada en su integridad, con base en los siguientes razonamientos.
Quedó establecido en la audiencia respectiva que de las ocho sentencias proferidas por la justicia ordinaria en contra del desmovilizado, sólo las anunciadas como 1 y 6, se produjeron por hechos17 que no han sido imputados en Justicia y Paz.
El magistrado realizó, con miras a adoptar su determinación, un estudio lógico sobre los hechos por los cuales se produjeron las condenas, llegando a la conclusión que todos corresponden a acontecimientos que llenan las exigencias normativas para acceder a la solicitud, por lo que suspendió las sentencias y ordenó comunicar tal situación a los correspondientes juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.
De la intervención de los no recurrentes, cabe resaltar que Atanael Matajudíos expuso que el mismo fiscal, durante el trámite ante la magistrada de conocimiento -pendiente de sentencia- pidió la acumulación de las ocho condenas.
Pues bien, del análisis de lo acontecido en la audiencia, del contenido de las disposiciones que regulan la materia y de la teleológica interpretación que de ellas hiciera esta Corporación, es evidente que el magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz, actuó dentro del marco de su competencia al realizar el escrutinio sobre las decisiones emitidas por la justicia ordinaria de cara a determinar si los hechos por lo que se produjeron, fueron cometidos dentro de las precisas condiciones exigidas en la ley.
Se resalta que frente a las cuestionadas providencias 1 y 6, la defensora expuso y demostró con el aporte de las sentencias lo siguiente:
i.- Radicado 2005-00308. Emitida en primera instancia por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué – Tolima, de 11 de marzo de 2008. Segunda instancia ante el Tribunal Superior de Ibagué, el 20 de mayo de 2010, con decisión confirmatoria.
En cuanto a los hechos, se plasmaron en la sentencia así;
«Conforme la prueba recolectada se sabe que, un grupo de sujetos armados de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, auto denominado Bloque Tolima, que opera en algunos municipios del Departamento del Tolima, ha realizado un sin número de conductas ilícitas como extorsiones a ciudadanos que se desempeñan como agricultores, ganaderos, comerciantes, industriales, transportadores, empresarios, de las poblaciones de Espinal, Chicoral, Guamo, Saldaña, Purificación, entre otras, con las que se valían para consumar su ilegal proceder.
Dicha organización delictiva, además de perseverar en usurpar la potestad legal de las autoridades del Estado, respecto del control del orden público y de la delincuencia en general, hacían presencia en el sector urbano de estos municipios y zonas rurales aledañas, generando un caos social, y en desarrollo de esa gestión, entregaban a los ciudadanos a través de sujetos jóvenes pertenecientes a la organización, papeles con el nombre de CAMILO, y un número celular, para que ellos pudieran contactarse vía telefónica con éste, el cual identificándose como comandante de las AUC, les hacía exigencias económicas, tratando de llegar a algún acuerdo, con el fin de que quienes entregaban los papeles u otros sujetos que participaban en la labor de recolectar finanzas para la organización ilegal, en la fecha convenida recibieran el dinero»
Frente a las razones de la condena, concluye el fallador: (Cfr. Folio 21 de la sentencia visible en la carpeta aportada por la defensa).
«Todo apunta a demostrar sin dubitación, como lo determinó el Ente Acusador, que los mencionados individuos formaban parte del grupo de AUTODEFENSAS que ha hecho presencia en diferentes municipios del sur del Tolima, valiéndose de extorsiones para lograr el financiamiento de la organización»
Y finalmente, en la parte resolutiva de la determinación se plasmó:
«RESUELVE: PRIMERO: CONDENAR al acusado ATANAEL MATAJUDÍOS BUITRAGO ALIAS JUANCHO, de las condiciones civiles y personales reseñadas en el proceso, a la pena principal de ONCE (11) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE DOS MIL DOSCIENTOS (2.200) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, como autor responsable de CONCIERTO PARA ORZANIZAR, PROMOVER, ARMAR O FINANCIAR GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY, Y EXTORSIÓN EN LA MODALIDAD DE TENTATIVA, de que hiciera víctima a DANIEL VIATELA, según hechos ocurridos en las circunstancias de tiempo, modo y lugar analizados en la presente providencia»
Como pasa a verse, no es difícil entender que el hecho objeto de enjuiciamiento llena las expectativas normativas para acceder a la suspensión de la providencia, pues claramente corresponde a la conducta base de los paramilitares, es decir, el concierto para organizar, promover, armar o financiar grupos al margen de la ley.
Además, en relación con el segundo delito objeto de condena en la misma providencia – extorsión tentada cometida en contra de Daniel Viatela – denota el vínculo o conexión de la acción criminal con las finalidades del grupo armado ilegal, puesto que con ella se pretendía financiar la organización al margen de la ley, lo que contribuye a que la inferencia sea positiva para acceder a la pretensión suspensiva.
En cuanto al fallo número 6, corresponde al radicado 2011-108-00, proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Adjunto de Ibagué, el 30 de septiembre de 2011, por el delito de extorsión agravada.
Sobre los hechos la referida decisión los concretó, así: (Cfr. Folio 341 de la Carpeta)
«Entre los años 2002 y 2004 en el municipio de Alvarado Tolima, el señor Augusto Marín Acevedo, al igual que otros ciudadanos de dicha población, fue obligado por parte del miembros del Bloque Tolima de las autodefensas, entre quienes se encontraba Atanael Matajudíos Buitrago alias “Juancho” al pago sucesivo de extorsiones que consistieron en un pago inicial de $2.000.000= y de manera mensual y sucesiva la suma de $300.000=, sumas que eran exigidas bajo el pretexto que quienes no pagaran tendrían que asumir las consecuencias o en su defecto abandonar la región»
En relación con el factico que quedó demostrado, se determinó lo siguiente:
«Pues bien, de cara a esos criterios de imputación se tiene que reseñar que efectivamente en el proceso se logró establecer probatoriamente que Atanael Matajudíos Buitrago alias “Juancho” estaba vinculado al Bloque Tolima de las Autodefensas y fue uno de los coautores de las extorsiones de las cuales fue víctima el denunciante Augusto Marín Acevedo, así como los demás miembros de la jurisdicción de Alvarado Tolima, situación que se fortalece con la aceptación de responsabilidad efectuada en la diligencia de formulación de cargos»
Más adelante agregó:
«En el sub-lite se evidencia que Atanael Matajudíos Buitrago alias “Juancho” hacia parte de las Autodefensas, organización criminal que se propuso ese atentado contra la libertad de determinación y el patrimonio económico de Augusto Marín Acevedo donde se desprende la distribución de funciones para cometer tal fin y en el cual surge evidente que el aporte de cada uno de ellos resultó esencial y determinante para la consecución del objetivo común. En tales condiciones no queda más que afirmar que las pruebas obrantes en el proceso conllevan a afirmar de manera categórica que el procesado debe responder jurídico-penalmente por los comportamientos aquí investigados.»
Ya en punto del análisis probatorio la decisión expone:
«En consecuencia como el relato efectuado por la víctima encuentra respaldo en otros medios de convicción se puede evidenciar que efectivamente se consumó un ataque antijurídico en contra de la autonomía personal y el patrimonio económico de Augusto Marín Acevedo, acontecimientos que se perpetraron constriñendo al denunciante mediante amenazas de hurtarles el ganado que poseía en sus predios y de tener que abandonar la región ante el hecho de no cumplir con sus exigencias»
Y la parte resolutiva, expresó:
«RESUELVE PRIMERO: CONDENAR a Atanael Matajudíos Buitrago alias “Juancho” de condiciones civiles, personales y sociales señaladas en la parte motiva de esta sentencia, a la PENA PRINCIPAL PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE 10 AÑOS Y 18 DÍAS DE PRISIÓN Y MULTA DE 2.400 SMLMV PARA EL AÑO 2004, como coautor penalmente responsable de la ejecución dolosa de la conducta punible de extorsión agravada continuada»
Ahora bien, la causal de agravación de la extorsión por la que se condenó a Matajudíos Buitrago,18 es la del numeral quinto del artículo 245 del Código Penal, conforme con el cual: «5. Si el propósito o fin perseguido por el agente es facilitar actos terroristas constriñendo a otro mediante amenazas o hacer, suministrar, tolerar u omitir alguna cosa», lo cual también ayuda a establecer que se trata de un delito cometido con ocasión de la pertenencia al grupo armado ilegal.
Como corolario de lo analizado, se avizora que Atanael Matajudíos Buitrago cometió los delitos obedeciendo a los propósitos del grupo al margen de la ley al que pertenecía, pues la extorsión es la forma más recurrida de financiamiento que optó ese tipo de organizaciones, por lo que es viable reconocer que esta condena también reúne las exigencias normativas para que proceda su suspensión.
De otra parte, y frente al alegato de la Fiscalía en el sentido que en contra del Señor Viatela se cometieron otra serie de delitos que no se juzgaron por la justicia ordinaria, es evidente que no pude atenderse tal pedimento, cuando es función de ese mismo sujeto procesal determinar los otros delitos que considera impunes, llamar a versión al postulado y si lo considera jurídicamente viable, hacerle una imputación parcial y legalizar esas conductas dentro del trámite de Justicia y Paz.
Lo mencionado tiene más sentido cuando las versiones que recibe el Fiscal a los postulados no obedecen a una dinámica donde el desmovilizado libremente exponga los hechos, sino a la establecida por el funcionario acusador según la cual, es él quien plantea los hechos contenidos en una carpeta a un número plural de desmovilizados, para que el que más sepa del caso lo explique19.
Así las cosas, si la imputación de hechos depende de la actividad que realice el fiscal en procura de alcanzar los objetivos de verdad, justicia y reparación propios de la justicia transicional, no puede su decisión de adelantar el trámite en una determinada forma afectar al implicado, pues claramente si la actuación depende del acusador, no puede ser este sujeto procesal quien se oponga a la medida solicitada, argumentando como sustento, aquello que depende de su propia actividad.
Adicionalmente, en forma alguna se puede extraer de las normas que regulan la materia, que para acceder a la suspensión de sentencias producidas por la justicia ordinaria en contra de desmovilizados, deban estar imputados en justicia y paz todos los hechos por él cometidos, pues casos como el presente llevarían a que se hiciera nugatoria la aspiración a obtener su libertad, de quien ha completado ocho años en el proceso transicional, basta recordar que durante ese lapso (8 años) al postulado sólo le han imputado 380 hechos de los casi mil que le han documentado, aunque él reconoce que son entre 2500 y 3000 sucesos.
No puede una interpretación de la ley hacer más gravosa la situación del postulado, de suerte que al no ser un requisito legal expreso el que estén imputados todos los delitos cometidos durante su pertenencia al grupo armado ilegal, mal pude el intérprete exigir tal condición para acceder al beneficio que la ley establece y para el cual sólo requiere que se hubiere sustituido la medida de aseguramiento y que el magistrado logre inferir que los hechos reúnen las exigencias plurimencionadas.
Es más, al haber solicitado la acumulación de las precitadas decisiones al fallo que ha de producirse en Justicia y Paz, es indicativo que incluso para el Fiscal del caso, todas ellas obedecen a hechos delictuales, cometidos durante y con ocasión de la pertenencia de Atanael Matajudíos al grupo armado ilegal.
Conclusión de lo afirmado es que en relación con las dos sentencias (1 y 6) cuya suspensión impugnó el Ente acusador, se puede inferir que los hechos generadores fueron cometidos por el desmovilizado durante y con ocasión de su pertenencia al grupo de autodefensas bloque Tolima, por consiguiente, como se había anunciado, la decisión debe ser confirmada.
En mérito de lo expuesto, LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
RESUELVE
1. CONFIRMAR la providencia objeto de impugnación por las razones expuestas.
Contra esta decisión no procede ningún recurso.
Notifíquese y cúmplase.
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Hasta el momento de la audiencia el postulado ha versionado casi mil hechos, de los que le han imputado cerca de 380, aunque dice haber cometido entre 2500 y 3000 conductas.
2 En la audiencia se convino en que las sentencias serían enumeradas de 1 a 8 y en esa forma se refieren a ellas a lo largo de la actuación, según el número que le correspondió.
3 Conforme con las decisiones aludidas, es el magistrado de control de garantías quien toma la decisión de suspender o no las sentencias
4 Corresponde a la sentencia 2005-00308 emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué, de fecha 11 de marzo de 2008, vigilada por el Juzgado 5 de EPMS de Ibagué y ya tiene acumuladas a ésta las sentencias marcadas como números 2 y 3. Se le impusieron 11 años de prisión y multa, al hallarlo culpable de los delitos de Concierto para delinquir agravado y tentativa de extorsión. (Cfr. Folios 2 al 30 de la carpeta).
5 Asunto 2008-00191 del Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado Adjunto de Ibagué, de fecha 31 de marzo de 2011, producida por hechos de septiembre de 2004. La sentencia se produce por desaparición forzada siendo víctima Gabriel Buitrago Duque. Aunque la esposa de la víctima afirma desconocer por qué las autodefensas mataron a su esposo, en el proceso se verificó que fue por llevar informaciones equivocadas a las autodefensas. Este hecho fue versionado e imputado y legalizado en Justicia y Paz./Cfr. Folios 52 a 57 de la Carpeta).
6 Proceso 2008-00002 de fecha 1 de febrero de 2009 emitida por el Juzgado 10 Penal del Circuito OIT de Bogotá, confirmada en segunda instancia el 24 de noviembre de 2010 y ejecutoriada el día 10 de febrero de 2011. Los hechos son por el triple homicidio de Luis Eduardo Duque Barón, Antonio José Duque Barón y Alfonso López, y la causa, ser infiltrados en el Bloque Tolima del ELN. Esta sentencia está acumulada a la anterior por tanto, la vigila en mismo juez 5 de EPMS. Estos hechos fueron versionados y legalizados en Justicia y Paz, por los punibles de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. (Cfr. Folios 77 y siguientes de la Carpeta).
7 Fallo 2009-00451 del Juzgado 6 Penal del Circuito de Ibagué de fecha 19 de enero de 2010, ejecutoriada el 2 de mayo siguiente. La condena se produjo por homicidio. Los hechos fueron versionados, imputados y legalizados como secuestro simple agravado, tortura, homicidio, desaparición forzada, siendo víctima César Augusto Rugeles Barón. En cuanto al móvil, la víctima recogía vacunas para las FARC. (Cfr. Folios 214 de la Carpeta)
8 Desición 2010-00001 del Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado con Funciones de OIT, de 25 de junio de 2010, con segunda instancia de 13 de diciembre de 2012 y ejecutoria de 13 de junio de 2013. Víctima Lucas Galindo Buitrago y en cuanto al móvil, por ser Lucas colaborador del ELN. El hecho fue legalizado en Justicia y Paz como Homicidio en Persona Protegida por el DIH, Actos de Terrorismo, Violación de habitación ajena, secuestro simple y simulación de investidura. Esta sentencia es vigilada por el Juzgado 3 EPMS de Ibagué. (Cfr. Página 8 de la sentencia, folio 259 de la Carpeta).
9 Providencia 2011-00028 del Juzgado Penal del Circuito de Lérida, emitida el 30 de noviembre de 2011, ejecutoriada el 18 de mayo de 2012. Hechos del 20 de abril de 2004, cuando se causó la muerte a Fabio Nelson Parra Gómez, por vínculos con la guerrilla. (Cfr. Folio 363 de la Carpeta).
10 Sentencia 2011-00043 del Juzgado Penal del Circuito de Lérida, emitida el 29 de julio de 2011 y ejecutoriada el 22 de agosto de ese mismo año. En cuanto a los hechos fueron denunciados por Fernando Chávez Castro, quien fue desplazado el 3º de agosto de 2003, por ser identificado como parte de la guerrilla. La condena se produjo por desplazamiento forzado y vigila la condena el Juzgado 3 EPMS de Ibagué. (Cfr. Folio 383 de la Carpeta).
11 Sobre este aspecto, la defensora hizo énfasis en que luego de su desmovilización, por una mala interpretación de la ley de Justicia y Paz, le compulsaron copias a Atanael, para que la Justicia Ordinaria lo sentenciara, lo que explica las fechas de las decisiones, aunque todos los hechos son anteriores a su ingreso al proceso transicional.
12 Norma introducida a la Ley de Justicia y Paz mediante la disposición 20 de la Ley 1592 de 2012
13 Esto es sin afectar el non bis in ídem.
14 Como derecho de las víctimas a conocer, en realidad, cómo, por qué, cuándo, dónde, por quiénes fue que se suscitaron los hechos que les dan esa condición.
15 Cfr. Folios 16 y 17 de la providencia citada
16 Cfr. Folio 16 CSJ AP3796- 1-jul-2015 Rad. 45977
17 Conforme con la exposición de la defensora, el fiscal del caso decidió imputar al final del mismo las extorsiones y dejar a Atanael entre los últimos por ser un comandante, y los dos eventos de las sentencias, incluyen el punible de extorsión.
18 Cfr. Folio 346 de la Carpeta de sentencias)
19 Se aclara que tal forma de realizar las versiones colectivas está autorizada por la misma ley 975 de 2005 Parágrafo del Artículo 17 y fue mencionada por el postulado, pero también por el fiscal recurrente, quien expuso que versionar así a los desmovilizados es más ágil y permite que los hechos sean esclarecidos.